2A La Prensa Panamá, viernes 1 de agosto de 2025 Tal Cual Mónica Palm [email protected] ARREBATO. Osman Gómez armó una pataleta de niño malcriado, porque se empeñó en que a la bancada “mixta democrática” (a la que pertenece, junto a otros cuatro diputados) se le asigne un puesto en la Comisión de Credenciales y otro en la de Gobierno. Y este berrinche (fomentado por Benicio) acabó con la paciencia del diputado presidente Jorge Herrera, quien convocó a votaciones este viernes. Estas dos comisiones no son poca cosa: la de Credenciales examina los nombramientos del Ejecutivo, estudia las reformas al reglamento interno y decide qué hacer con las denuncias contra el presidente y los magistrados, mientras que la de Gobierno tiene que prohijar y aprobar —en primer debate— las reformas a los códigos y una eventual ley de amnistía política. Para estas cosas es que sirven las bancaditas satélites como la de Gómez: para negociar espacios y votos, y ponerlos a disposición de los demás cuando sea conveniente. LAMENTO. Ayer, Camacho acusó a la bancada de Vamos de querer ocupar posiciones que no le corresponden. Acto seguido, Roberto Zúñiga replicó que Camacho es un mentiroso y que no ha asimilado que perdió el control de la Comisión de Gobierno, por lo que finalmente se podrán discutir varios anteproyectos anticorrupción. El que tiene miedo, que se compre un yorkie… FILA. Hasta ayer, había 96 anteproyectos y proyectos de ley recién presentados, aguardando la conformación de las comisiones legislativas. Ahí están la propuesta del presupuesto general del Estado para el año 2026 y dos iniciativas del procurador Gómez Rudy. No cabe duda de que la Asamblea se ha convertido en un obstáculo para el buen funcionamiento de los demás. SUITES. Nelson Jackson y Jairo Salazar tienen despachos asignados para acomodar únicamente a sus “asesores legales”. Sin embargo, Jackson solo Olmedo Arrocha, magistrado ponente del caso de Argentina Barrera vs. Corprensa. Archivo Un fallo que consolida la libertad de expresión en Panamá Rodrigo Noriega ESPECIAL PARA LA PRENSA [email protected] ANÁLISIS Tras casi 20 años de litigio, la Sala Primera de lo Civil falla a favor de La Prensa en una demanda impulsada por una exfiscal. El argumento central es que no se demostró la intención de hacer daño. La Sala Primera de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo mayoritario, con ponencia del magistrado Olmedo Arrocha Osorio, que puso fin a la demanda civil presentada por la exfiscal superior Argentina Barrera contra Corporación La Prensa, S.A. El fallo, de 69 páginas y fechadoel26demarzode2025, cierra un proceso civil iniciado tras la publicación en La Prensa, el 30 de agosto de 2005, de una nota de los periodistas José Somarriba Hernández y José Otero, que informaba sobre la separación de Barrera del Ministerio Público. La demanda En la portada del diario, la nota titulada “Destituyen a fiscal superior Barrera, Procuraduría a la caza de corruptos” se basó en un comunicado del Ministerio Público del 29 de agosto, que informaba sobre la destitución de Barrera y sanciones a otros funcionarios por el reemplazo irregular de un certificado médico que justificó la detención provisional de un ciudadano. Barrera demandó a Corporación La Prensa por un millón de dólares en concepto de daños y perjuicios, alegando que el título de la nota implicaba, aunque indirectamente, que había sido destituida por corrupción, un término que no figuraba en el comunicado oficial. El proceso Mediante la sentencia n.º 24-2010, del 30 de abril de 2010, la jueza segunda de circuito civil del Primer Circuito Judicial de Panamá acogió las pretensiones de la demandante y condenó a Corporación La Prensa al pago de 300 mil dólares por daño moral, además de ordenar la publicación de un extracto de la sentencia en el diario, y el pago de 51 mil dólares en costas. En su fallo, la jueza afirmó: “... al titular la publicación de esta manera ‘Destituyen a fiscal superior Barrera, Procuraduría a la caza de corruptos’, se presume ante el pensamiento de quienes leyeron o vieron el periódico que la precitada cometió actos de corrupción en el ejercicio de sus funciones públicas, lo cual, a todas luces, le causó serios perjuicios a la demandante”. Sin embargo, el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial revocó esa decisión el 25 de agosto de 2017, exonerando a la empresa de toda responsabilidad civil extracontractual. En su sentencia, el tribunal argumentó: “... la demandada no publicó una noticia falsa ni errónea de la actora, sino que publicó una noticia fundamentada en una nota de prensa del Ministerio Público; siendo que los medios de comunicación no pueden ser responsables cuando publican algo que un tercero o ente oficial ha sostenido, revelando la fuente de la noticia, mal puede ser la demandada condenada a indemnizar... por haber publicado una noticia falsa”. La casación civil Casi dos décadas después, la Sala Primera de lo Civil ratificó la exoneración de Corporación La Prensa, y desarrolló de forma más amplia que nunca en el país la aplicación de la doctrina de la “real malicia”. Esta doctrina —proveniente del caso New York Times vs. Sullivan (1964), en la Corte Suprema de Estados Unidos— establece que para que exista responsabilidad por una expresión contra una figura pública, debe demostrarse que fue falsa y divulgada con dolo, es decir, con conocimiento de su falsedad y con intención de causar daño. La carga de la prueba recae en quien reclama. La Corte identificó dos líneas argumentativas a favor de La Prensa. La primera, sostenida por el tribunal de apelación, fue que no se demostró culpa de la empresa. La segunda, planteada por la propia Sala Civil, fue la aplicación de la doctrina de la real malicia, cuyos requisitos no se cumplían en el caso. La Sala Civil erróneamente afirmó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no exige esta doctrina como requisito para determinar responsabilidad civil, cuando sí lo ha hecho. Por ejemplo, en el caso Moya Chacón y otro vs. Costa Rica (2022), el tribunal interamericano aplicó expresamente la doctrina de la real malicia en un conflicto sobre libertad de expresión. Aun así, la Sala Civil fundamentó su fallo en jurisprudencia de Argentina, Colombia y México, donde esta doctrina se aplica de forma explícita. El fallo incluyó un salvamento de voto del magistrado suplente Salvador Domínguez Barrios, quien, en seis páginas, defendió una interpretación en la que el derecho al honor y la libertad de expresión tienen igual peso, sin distinguir si se trata de figuras públicas o de expresiones de interés público. El resultado de un litigio Esta decisión no significa que los medios o periodistas puedan actuar con impunidad frente al honor de las personas. La propia Sala Civil reconoce un sistema dual de responsabilidad civil: uno basado en la real malicia para figuras públicas, y otro, en la culpa simple para personas sin proyección pública. La sentencia debe interpretarse como una protección contra la intimidación, la amenaza y el acoso judicial hacia periodistas, medios y ciudadanos que busquen denunciar el poder. No obstante, más allá del contenido del fallo, la duración del proceso en sí constituye una forma de castigo. Haber litigado durante casi 20 años implicó un alto costo humano y económico para esta casa editorial. Medios o ciudadanos sin los recursos de Corporación La Prensa quedarían en absoluta indefensión. Procesos civiles tan prolongados ponen en riesgo las libertades fundamentales de los panameños. El ejercicio de un derecho humano no debería depender de la capacidad económica para defenderlo durante dos décadas. Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Diputados y gremios exigen cuentas al Meduca por baja ejecución presupuestaria GESTIÓN El diputado del partido Vamos, Jorge Bloise, cuestionó duramente al Ministerio de Educación (Meduca) por la baja ejecución de su presupuesto de inversión durante el primer semestre del año. “Debo alzar mi voz porque, a pesar de la precaria situación en mis escuelas —pueden ver el informe completo en jorgebloise.com—, ya estamos en julio y el Meduca solo ha ejecutado el 7% de su presupuesto de inversión”, denunció desde el pleno. Según el diputado, mientras los centros escolares continúan en condiciones deplorables, el Viceministerio de Infraestructura parece ausente. “¿Dónde está el Viceministerio? ¿Qué ha hecho desde enero?”, cuestionó, visiblemente molesto. Bloise impulsó un estudio realizado en diciembre de 2024, el cual reveló que el 50% de los centros educativos públicos en los corregimientos de Juan Díaz, Don Bosco, Parque Lefevre, Río Abajo y San Francisco se encuentran en condiciones subóptimas. Según el informe, un 33.3% presenta condiciones regulares y un 16.7 % está en estado deficiente. Dirigencia magisterial Pero no solo el diputado se refirió a la baja ejecución del Meduca en materia de inversiones. La Asociación de Maestros Independientes Auténticos (AMIA) también cuestionó con dureza el rezago en la ejecución presupuestaria. “Ejecutar solo el 7% de un presupuesto multimillonario merece una respuesta”, reclamó el gremio, al enumerar las carencias persistentes en el sistema educativo: escuelas convertidas en ranchos, sin laboratorios, sin comedores, sin acceso a agua potable, electricidad, libros, internet nimedidasmínimasdeseguridad. Para AMIA, la inacción del Meduca frente a estas condiciones inaceptables demuestra un abandono institucional que exige explicaciones urgentes. Aunque el Meduca ha ejecutado el 40.6% de su presupuesto de funcionamiento —$822.4 millones de los $2,024.5 millones asignados para 2025—, la ejecución en el área de inversión revela un panorama mucho más preocupante. De los $1,652.7 millones originalmente presupuestados para mejorar infraestructura y servicios educativos, el monto fue recortado a $1,340.9 millones, y de esa suma solo se han utilizado $93.3 millones, equivalente al 7%. Mulino minimiza ejecución Por su parte, el presidente José Raúl Mulino se refirió al tema. “El presupuesto es una cosa muy complicada. La ejecución de hoy no tiene nada que ver con la que termina siendo en diciembre”, justificó el mandatario, en una intervención en la que atribuyó los retrasos a factores técnicos, políticos y administrativos. Mulino señaló como una de las principales causas del rezago en educación la crisis protagonizada por los gremios docentes, a quienes responsabilizó de haber puesto en riesgo el año escolar. “La educación ha pasado por un terremoto político de dos meses… por pura irresponsabilidad política”, dijo. Agregó que muchos actos públicos aún no han sido adjudicados, lo que impide reflejar en cifras los avances reales del gasto. “Uno no puede restar del presupuesto aquellos actos que están en proceso y que no se han adjudicado para empezar a gastar ese dinero”, recalcó. Mal cálculo El presidente también cuestionó el método con el que se calculó el presupuesto del Meduca, al considerar erróneo haberlo vinculado al 7% del Producto Interno Bruto (PIB), como se impuso en la Asamblea Nacional durante las protestas de 2023. “Le asignaron al Meduca, así como quien regala naranjas, el 7% del PIB, que no es una fuente de medición”, afirmó. Según Mulino, esa proporción es inalcanzable y distorsiona las expectativas sobre el desempeño del ministerio con mayor presupuesto del país. Pese a las cifras bajas en ejecución, Mulino aseguró que mantiene un control estricto sobre el ritmo de gasto de todas las entidades estatales. “Yo tengo un seguimiento muy rígido respecto de estos temas con todo el gabinete. Cada dos o tres semanas ponemos en pantalla cómo va la ejecución presupuestaria, porque para mí es fundamental que ejecuten. Los presupuestos no son para ahorrar, sino para gastar”, declaró. VEA 1B ha presentado dos anteproyectos de ley y Salazar, cuatro. Sería bueno que cambiaran los letreros de esas oficinas por otros que digan “botellas”. LECCIÓN. La Asociación de Maestros Independientes Auténticos (AMIA) ha protestado porque el pago de la segunda partida del XII (en agosto) viene “recortado”. Quizá no son maestros de matemáticas, porque si lo fueran, ya sabrían que no se puede trabajar menos y cobrar igual. 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