1A La Prensa Panamá, viernes 1 de agosto de 2025 El medio libre de Panamá 75¢ Viernes 1 de agosto de 2025 - Año 44 - Nº 15095 Hoy por hoy “Una de las bases de la sociedad democrática es que las personas puedan hablar sin miedo”, nos recuerda el académico Jordi Nieva Fenoll. Esa frase resuena hoy con más fuerza que nunca. En un mundo saturado de ruido y manipulación, la libertad de expresión sigue siendo el pilar que sostiene la crítica, la prensa libre y el pensamiento incómodo. El reciente fallo de la Corte Suprema que exonera a La Prensa tras casi dos décadas de litigio civil confirma que informar no es delito, y que incluso las figuras públicas deben tolerar el escrutinio si queremos preservar la democracia. Pero la libertad no basta con ejercerla: hay que protegerla. Como advertía Voltaire, la defensa del derecho a decir lo que pensamos — aunque moleste— es inseparable del progreso ilustrado. Las redes sociales, con todo su caos, no determinan las agendas ni las verdades, pero sí ponen a prueba nuestra capacidad de discernir. Como bien apunta Nieva: “La respuesta a la desinformación no es solo más información, sino mejor formación”. Panorama Gremios critican la baja ejecución presupuestaria del Meduca 2A ADEMÁS Queda en firme condena contra ex jefa de la UAF 3A Comisiones legislativas; de la disputa a la votación El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, denunció trabas para conformar las comisiones permanentes y convocó una votación del pleno para resolver la integración institucional mediante el artículo 43 del reglamento interno. VEA 6A Fallo de la Sala Civil de la Corte protege derecho a informar Rodrigo Noriega ESPECIAL PARA LA PRENSA [email protected] En un fallo mayoritario, la Sala Primera de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia confirmó la exoneración de Corporación La Prensa, S.A. tras casi dos décadas de litigio civil iniciado por LIBERTAD DE EXPRESIÓN La decisión confirmó la exoneración de La Prensa y aplicó la doctrina de la real malicia, reforzando que la crítica a figuras públicas no debe penalizarse si se basa en hechos. la exfiscal superior Argentina Barrera. Con ponencia del magistrado Olmedo Arrocha Osorio, el fallo no solo cierra un proceso judicial prolongado, sino que también sienta un precedente en la aplicación de la doctrina de la real malicia en Panamá. Este estándar, adoptado por primera vez en Estados Unidos en el caso New York Times vs. Sullivan (1964), establece que para condenar a un medio por presuntos daños a figuras públicas debe probarse que la información fue falsa y difundida con dolo. Si bien el fallo protege el derecho a informar con base en fuentes oficiales, también recuerda que la crítica pública no debe criminalizarse por incomodar al poder. VEA 2A ‘La Prensa’ entrevistó a Jordi Nieva Fenoll. Elysée Fernández José González Pinilla [email protected] En una entrevista con La Prensa, el catedrático Jordi Nieva Fenoll reflexiona sobre los riesgos que enfrenta la democracia actual, la fragilidad de la libertad de expresión, el poder de las redes sociales y la urgencia de formar ciudadanos críticos frente a la desinformación. “Una de las bases de la sociedad democrática es que las personas puedan hablar sin miedo”, advierte Nieva Fenoll. Frente al avance del autoritarismo y la autocensura, insiste en que la libertad de expresión debe defenderse incluso cuando incomoda al poder. VEA 7A ENTREVISTA Una conversación con Nieva Fenoll sobre democracia, derecho y libertad Se esperan unos 25 mil visitantes adicionales. Archivo Ejecutivo fija nuevas reglas paraimportar arroz Visa de compras abriría nuevas oportunidades para la ZLC Yasser Yáñez García [email protected] El Gobierno emitió el Decreto Ejecutivo N.° 14 del 31 de julio de 2025, que regula la importación de arroz para garantizar el abastecimiento sin afectar la producción nacional. Solo podrá importarse en caso de desabastecimiento y con autorización del Mida, previa recomendación de la Cadena Agroalimentaria. La norma prohíbe importaciones durante cosecha o precosecha. Aun así, el Mida confirmó que se importarán 550 mil quintales para abastecer ferias del IMA, según lo anunciado. VEA 6A La novedad de la visa de turismo de compras en la Zona Libre de Colón (ZLC) busca facilitar la llegada de unos 25 mil visitantes adicionales, especialmente de Cuba, Venezuela y República Dominicana. Según la ZLC, esta medida promete dinamizar la economía local al incrementar el turismo, generar empleos y atraer inversiones para fortalecer el comercio. VEA 1B ALIMENTOS TURISMO Tradición viva en Atlapa La creatividad artesanal se muestra en cada pieza La Feria Nacional de Artesanías abrió su edición número 45 con un vibrante homenaje a las tradiciones panameñas. Bajo el lema “Herencia: Saberes Ancestrales”, el evento celebra hasta este domingo 3 de agosto la riqueza del arte popular panameño y la transmisión de conocimientos generacionales. En el Centro de Convenciones Atlapa, al menos 600 artesanos exhiben piezas como molas, sombreros pintados, cerámica y tallas en madera, mientras el público puede disfrutar de una amplia programación folclórica y gastronómica. La agenda incluye presentaciones de artistas como Nenito Vargas, Ulpiano Vergara y Alejandro Torres. La entrada a la feria tiene un costo de $3 para adultos, $1.50 para jubilados y niños menores de 12 años entran gratis. VEA 5B Isaac Ortega
2A La Prensa Panamá, viernes 1 de agosto de 2025 Tal Cual Mónica Palm [email protected] ARREBATO. Osman Gómez armó una pataleta de niño malcriado, porque se empeñó en que a la bancada “mixta democrática” (a la que pertenece, junto a otros cuatro diputados) se le asigne un puesto en la Comisión de Credenciales y otro en la de Gobierno. Y este berrinche (fomentado por Benicio) acabó con la paciencia del diputado presidente Jorge Herrera, quien convocó a votaciones este viernes. Estas dos comisiones no son poca cosa: la de Credenciales examina los nombramientos del Ejecutivo, estudia las reformas al reglamento interno y decide qué hacer con las denuncias contra el presidente y los magistrados, mientras que la de Gobierno tiene que prohijar y aprobar —en primer debate— las reformas a los códigos y una eventual ley de amnistía política. Para estas cosas es que sirven las bancaditas satélites como la de Gómez: para negociar espacios y votos, y ponerlos a disposición de los demás cuando sea conveniente. LAMENTO. Ayer, Camacho acusó a la bancada de Vamos de querer ocupar posiciones que no le corresponden. Acto seguido, Roberto Zúñiga replicó que Camacho es un mentiroso y que no ha asimilado que perdió el control de la Comisión de Gobierno, por lo que finalmente se podrán discutir varios anteproyectos anticorrupción. El que tiene miedo, que se compre un yorkie… FILA. Hasta ayer, había 96 anteproyectos y proyectos de ley recién presentados, aguardando la conformación de las comisiones legislativas. Ahí están la propuesta del presupuesto general del Estado para el año 2026 y dos iniciativas del procurador Gómez Rudy. No cabe duda de que la Asamblea se ha convertido en un obstáculo para el buen funcionamiento de los demás. SUITES. Nelson Jackson y Jairo Salazar tienen despachos asignados para acomodar únicamente a sus “asesores legales”. Sin embargo, Jackson solo Olmedo Arrocha, magistrado ponente del caso de Argentina Barrera vs. Corprensa. Archivo Un fallo que consolida la libertad de expresión en Panamá Rodrigo Noriega ESPECIAL PARA LA PRENSA [email protected] ANÁLISIS Tras casi 20 años de litigio, la Sala Primera de lo Civil falla a favor de La Prensa en una demanda impulsada por una exfiscal. El argumento central es que no se demostró la intención de hacer daño. La Sala Primera de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo mayoritario, con ponencia del magistrado Olmedo Arrocha Osorio, que puso fin a la demanda civil presentada por la exfiscal superior Argentina Barrera contra Corporación La Prensa, S.A. El fallo, de 69 páginas y fechadoel26demarzode2025, cierra un proceso civil iniciado tras la publicación en La Prensa, el 30 de agosto de 2005, de una nota de los periodistas José Somarriba Hernández y José Otero, que informaba sobre la separación de Barrera del Ministerio Público. La demanda En la portada del diario, la nota titulada “Destituyen a fiscal superior Barrera, Procuraduría a la caza de corruptos” se basó en un comunicado del Ministerio Público del 29 de agosto, que informaba sobre la destitución de Barrera y sanciones a otros funcionarios por el reemplazo irregular de un certificado médico que justificó la detención provisional de un ciudadano. Barrera demandó a Corporación La Prensa por un millón de dólares en concepto de daños y perjuicios, alegando que el título de la nota implicaba, aunque indirectamente, que había sido destituida por corrupción, un término que no figuraba en el comunicado oficial. El proceso Mediante la sentencia n.º 24-2010, del 30 de abril de 2010, la jueza segunda de circuito civil del Primer Circuito Judicial de Panamá acogió las pretensiones de la demandante y condenó a Corporación La Prensa al pago de 300 mil dólares por daño moral, además de ordenar la publicación de un extracto de la sentencia en el diario, y el pago de 51 mil dólares en costas. En su fallo, la jueza afirmó: “... al titular la publicación de esta manera ‘Destituyen a fiscal superior Barrera, Procuraduría a la caza de corruptos’, se presume ante el pensamiento de quienes leyeron o vieron el periódico que la precitada cometió actos de corrupción en el ejercicio de sus funciones públicas, lo cual, a todas luces, le causó serios perjuicios a la demandante”. Sin embargo, el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial revocó esa decisión el 25 de agosto de 2017, exonerando a la empresa de toda responsabilidad civil extracontractual. En su sentencia, el tribunal argumentó: “... la demandada no publicó una noticia falsa ni errónea de la actora, sino que publicó una noticia fundamentada en una nota de prensa del Ministerio Público; siendo que los medios de comunicación no pueden ser responsables cuando publican algo que un tercero o ente oficial ha sostenido, revelando la fuente de la noticia, mal puede ser la demandada condenada a indemnizar... por haber publicado una noticia falsa”. La casación civil Casi dos décadas después, la Sala Primera de lo Civil ratificó la exoneración de Corporación La Prensa, y desarrolló de forma más amplia que nunca en el país la aplicación de la doctrina de la “real malicia”. Esta doctrina —proveniente del caso New York Times vs. Sullivan (1964), en la Corte Suprema de Estados Unidos— establece que para que exista responsabilidad por una expresión contra una figura pública, debe demostrarse que fue falsa y divulgada con dolo, es decir, con conocimiento de su falsedad y con intención de causar daño. La carga de la prueba recae en quien reclama. La Corte identificó dos líneas argumentativas a favor de La Prensa. La primera, sostenida por el tribunal de apelación, fue que no se demostró culpa de la empresa. La segunda, planteada por la propia Sala Civil, fue la aplicación de la doctrina de la real malicia, cuyos requisitos no se cumplían en el caso. La Sala Civil erróneamente afirmó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no exige esta doctrina como requisito para determinar responsabilidad civil, cuando sí lo ha hecho. Por ejemplo, en el caso Moya Chacón y otro vs. Costa Rica (2022), el tribunal interamericano aplicó expresamente la doctrina de la real malicia en un conflicto sobre libertad de expresión. Aun así, la Sala Civil fundamentó su fallo en jurisprudencia de Argentina, Colombia y México, donde esta doctrina se aplica de forma explícita. El fallo incluyó un salvamento de voto del magistrado suplente Salvador Domínguez Barrios, quien, en seis páginas, defendió una interpretación en la que el derecho al honor y la libertad de expresión tienen igual peso, sin distinguir si se trata de figuras públicas o de expresiones de interés público. El resultado de un litigio Esta decisión no significa que los medios o periodistas puedan actuar con impunidad frente al honor de las personas. La propia Sala Civil reconoce un sistema dual de responsabilidad civil: uno basado en la real malicia para figuras públicas, y otro, en la culpa simple para personas sin proyección pública. La sentencia debe interpretarse como una protección contra la intimidación, la amenaza y el acoso judicial hacia periodistas, medios y ciudadanos que busquen denunciar el poder. No obstante, más allá del contenido del fallo, la duración del proceso en sí constituye una forma de castigo. Haber litigado durante casi 20 años implicó un alto costo humano y económico para esta casa editorial. Medios o ciudadanos sin los recursos de Corporación La Prensa quedarían en absoluta indefensión. Procesos civiles tan prolongados ponen en riesgo las libertades fundamentales de los panameños. El ejercicio de un derecho humano no debería depender de la capacidad económica para defenderlo durante dos décadas. Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Diputados y gremios exigen cuentas al Meduca por baja ejecución presupuestaria GESTIÓN El diputado del partido Vamos, Jorge Bloise, cuestionó duramente al Ministerio de Educación (Meduca) por la baja ejecución de su presupuesto de inversión durante el primer semestre del año. “Debo alzar mi voz porque, a pesar de la precaria situación en mis escuelas —pueden ver el informe completo en jorgebloise.com—, ya estamos en julio y el Meduca solo ha ejecutado el 7% de su presupuesto de inversión”, denunció desde el pleno. Según el diputado, mientras los centros escolares continúan en condiciones deplorables, el Viceministerio de Infraestructura parece ausente. “¿Dónde está el Viceministerio? ¿Qué ha hecho desde enero?”, cuestionó, visiblemente molesto. Bloise impulsó un estudio realizado en diciembre de 2024, el cual reveló que el 50% de los centros educativos públicos en los corregimientos de Juan Díaz, Don Bosco, Parque Lefevre, Río Abajo y San Francisco se encuentran en condiciones subóptimas. Según el informe, un 33.3% presenta condiciones regulares y un 16.7 % está en estado deficiente. Dirigencia magisterial Pero no solo el diputado se refirió a la baja ejecución del Meduca en materia de inversiones. La Asociación de Maestros Independientes Auténticos (AMIA) también cuestionó con dureza el rezago en la ejecución presupuestaria. “Ejecutar solo el 7% de un presupuesto multimillonario merece una respuesta”, reclamó el gremio, al enumerar las carencias persistentes en el sistema educativo: escuelas convertidas en ranchos, sin laboratorios, sin comedores, sin acceso a agua potable, electricidad, libros, internet nimedidasmínimasdeseguridad. Para AMIA, la inacción del Meduca frente a estas condiciones inaceptables demuestra un abandono institucional que exige explicaciones urgentes. Aunque el Meduca ha ejecutado el 40.6% de su presupuesto de funcionamiento —$822.4 millones de los $2,024.5 millones asignados para 2025—, la ejecución en el área de inversión revela un panorama mucho más preocupante. De los $1,652.7 millones originalmente presupuestados para mejorar infraestructura y servicios educativos, el monto fue recortado a $1,340.9 millones, y de esa suma solo se han utilizado $93.3 millones, equivalente al 7%. Mulino minimiza ejecución Por su parte, el presidente José Raúl Mulino se refirió al tema. “El presupuesto es una cosa muy complicada. La ejecución de hoy no tiene nada que ver con la que termina siendo en diciembre”, justificó el mandatario, en una intervención en la que atribuyó los retrasos a factores técnicos, políticos y administrativos. Mulino señaló como una de las principales causas del rezago en educación la crisis protagonizada por los gremios docentes, a quienes responsabilizó de haber puesto en riesgo el año escolar. “La educación ha pasado por un terremoto político de dos meses… por pura irresponsabilidad política”, dijo. Agregó que muchos actos públicos aún no han sido adjudicados, lo que impide reflejar en cifras los avances reales del gasto. “Uno no puede restar del presupuesto aquellos actos que están en proceso y que no se han adjudicado para empezar a gastar ese dinero”, recalcó. Mal cálculo El presidente también cuestionó el método con el que se calculó el presupuesto del Meduca, al considerar erróneo haberlo vinculado al 7% del Producto Interno Bruto (PIB), como se impuso en la Asamblea Nacional durante las protestas de 2023. “Le asignaron al Meduca, así como quien regala naranjas, el 7% del PIB, que no es una fuente de medición”, afirmó. Según Mulino, esa proporción es inalcanzable y distorsiona las expectativas sobre el desempeño del ministerio con mayor presupuesto del país. Pese a las cifras bajas en ejecución, Mulino aseguró que mantiene un control estricto sobre el ritmo de gasto de todas las entidades estatales. “Yo tengo un seguimiento muy rígido respecto de estos temas con todo el gabinete. Cada dos o tres semanas ponemos en pantalla cómo va la ejecución presupuestaria, porque para mí es fundamental que ejecuten. Los presupuestos no son para ahorrar, sino para gastar”, declaró. VEA 1B ha presentado dos anteproyectos de ley y Salazar, cuatro. Sería bueno que cambiaran los letreros de esas oficinas por otros que digan “botellas”. LECCIÓN. La Asociación de Maestros Independientes Auténticos (AMIA) ha protestado porque el pago de la segunda partida del XII (en agosto) viene “recortado”. Quizá no son maestros de matemáticas, porque si lo fueran, ya sabrían que no se puede trabajar menos y cobrar igual. 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3A La Prensa Panamá, viernes 1 de agosto de 2025 Panorama Emma Reyes, exdirectora de la Unidad de Análisis Financiero (2009-2014). Archivo CSJ mantiene condena a exjefa de la UAF Juan Manuel Díaz [email protected] FALLO La Sala Penal informó, a través de un edicto de la decisión asumida, en la que rechaza una aclaración del fallo que rechazó un recurso de casación. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia decidió mantener la condena impuesta a la exdirectora de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) Emma Reyes, sancionada con la pena de 120 meses de prisión por el delito de peculado en perjuicio de esa entidad. A través del edicto No.92, fijado en la secretaría de la Sala Penal de la Corte, se informa a las partes de la decisión asumida por esa corporación de justicia en la que rechaza una aclaración del fallo que rechazó un recurso de casación. El fallo contó con la ponencia de la magistrada Otilda Valderrama y los votos de las magistradas María Eugenia López y Ariadne García. La decisión asumida por la Sala Penal también alcanza a Bernuil Judith Tristán, exjefa de personal de la UAF, quien fue condenada a la pena de 84 meses de prisión. Reyes y Tristán fueron condenados por el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales a través de la sentencia No.74 del 10 de mayo de 2023, que fue confirmada por el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales el 13 de diciembre de 2023. A Reyes se le condenó por el delito de peculado doloso por el nombramiento de personas dentro de la UAF, pero que no asistían a laborar (entre ellas una persona que en realidad laboraba en su residencia), y por uso de fondos de la caja menuda de esa institución. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía Anticorrupción, a Reyes también se le atribuyó el uso de recursos de la UAF para eventos personales. La fiscalía también presentó un informe de auditoría elaborado por la Contraloría General de la República en el que se concluye que las acciones de Reyes ocasionaron una lesión por la suma de $101 mil 761 en perjuicio de la UAF. El informe detalla que dicho monto no solo correspondía a los desembolsos de caja menuda y órdenes de compra, sino también, su responsabilidad pecuniaria por los funcionarios que ordenó nombrar en la UAF. En este caso también se condenó a Lourdes Bermúdez, también exfuncionaria de la UAF, a la pena de 30 meses de cárcel. TI critica decisión de no convocar Pacto de Estado DESIGNACIONES EN CSJ Juan Manuel Díaz [email protected] La decisión del presidente José Raúl Mulino de excluir al Pacto de Estado por la Justicia como elemento verificador de los antecedentes de los aspirantes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia implica un retroceso en la generación de confianza en la comunidad. Así lo planteó Olga de Obaldía de la Fundación para el Desarrollo Ciudadano, capítulo panameño de Transparencia Internacional, quien aseguró que la decisión anunciada por el mandatario este jueves 31 de julio, durante su rueda de prensa semanal, puede ser legal, pero omite dos realidades fundamentales: el momento histórico que atraviesa el país, marcado por una profunda desconfianza ciudadana hacia las instituciones públicas, y el valor histórico del Pacto de Estado por la Justicia, que se convirtió en una hoja de ruta acordada entre el Estado y la sociedad para mejorar la administración de justicia. De Obaldía consideró que la decisión asumida es una oportunidad perdida para empezar a reconstruir la confianza ciudadana mediante acciones concretas en procesos claves para la calidad de la democracia, como lo es la designación de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Argumentó que desde la teoría constitucional la ratificación legislativa de los magistrados de la Corte es entendida como una forma de representación indirecta de la ciudadanía. Sin embargo, reconoció que la práctica ha demostrado lo contrario y que históricamente ha sido un proceso que no genera confianza y que en reiteradas ocasiones ha dado pie para el nombramiento de personas con claros conflictos de interés con el Ejecutivo, sin experiencia judicial, y en algunos casos, sin la probidad necesaria para impartir justicia. De Obaldía remarcó que omitir la convocatoria de esta comisión, reducir el proceso a su legalidad formal y excluir mecanismos legítimos de participación es desconocer la historia reciente y allanar el camino para repetir sus peores errores. Mulino deberá designar a dos magistrados de la Corte al final de este 2025. Los designados reemplazarán a Cecilio Cedalise en la Sala Tercera Contencioso Administrativa y Laboral, y a Ángela Russo de la Sala Civil.
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6A La Prensa Panamá, viernes 1 de agosto de 2025 La Asamblea Nacional recibirá en 2026 un presupuesto de $98.7 millones, según consta en el proyecto de presupuesto general del Estado para el próximo año, presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). De ese total, $95.7 millones estarán destinados a funcionamiento y $3 millones a inversión, lo que refleja una distribución similar a la del año 2025, cuando el Legislativo también contó con una asignación de $98.7 millones. La cifra, que no varía respecto al periodo anterior, sugiere una línea de continuidad en el gasto institucional del órgano parlamentario, en medio de crecientes demandas de austeridad y transparencia en el uso de los recursos públicos. Aunque el presupuesto de la Asamblea no disminuyó de un año para otro, sí registró una reducción en 2024 con respecto a 2023, lo que podría indicar que se estancaron los recortes, mientras aumenta la deuda pública y el MEF advierte de pocas salidas para contener el gasto operativo del país. Esta semana, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, reconoció el deterioro de la infraestructura legislativa al asegurar que “el edificio se cae, los aires no sirven y urge reformar informática”. No obstante, prometió prudencia en el manejo de los recursos: “Seremos mesurados con el presupuesto”, afirmó, en alusión a las prioridades que enfrenta el órgano legislativo de cara al proyecto para 2026. Asamblea repetirá presupuesto de $98.7 millones en 2026 En el hemiciclo legislativo fueron colocadas ayer dos urnas que generaron molestia, y que anticipaban que sería necesario recurrir a una votación secreta. Elysée Fernández Herrera habla del pulseo: ‘Panamá no puede seguir esperando’ Mario De Gracia [email protected] Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] COMISIONES LEGISLATIVAS Al cierre de una jornada de intensas negociaciones, el presidente de la Asamblea Nacional citó al pleno para el lunes, a propósito de votar la integración de las comisiones permanentes. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Luis Herrera, informó al final del día de ayer que tras no haber logrado el consenso para la confor mación de las comisiones permanentes de ese órgano del Estado, y en vista de que “algunos actores” insistieron en “entorpecer el proceso” y de que “Panamá no puede seguir esperando” se va a poner en marcha la opción que establece la ley. “Hemos tomado la decisión de aplicar lo que manda el Reglamento Interno en su artículo 43 y someter a votación en el Pleno la conformación de las comisiones”, manifestó Herrera a através de un comunicado. El presidente de la Asamblea citó a los diputados para el próximo lunes, a las 11:00 a.m., para el establecimiento de las 15 comisiones. “El país necesita una asamblea que funcione, que legisle, que fiscalice, que actúe. Y así lo vamos a hacer”, añadió. Horas antes del anuncio, la sesión ordinaria correspondiente al jueves 31 de julio se cayó, luego de que se decretara un receso y transcurrieran más de cuatro horas sin que se reanudara la sesión. Discusiones, reuniones y declaraciones de última hora caracterizaron la tensa jornada en el Legislativo. Mientras las horas trnscurrían y pese a la caída de la sesión a las 2:58 p.m., en el quinto piso del edificio de la Asamblea Nacional se mantuvo una reunión de la junta directiva ampliada del Legislativo para definir los pasos a seguir. El acceso a los medios a este nivel era limitado, y la presencia de agentes de seguridad, mayor que la habitual. “Esperen en recepción”, indicó un guardia a los medios de comunicación en el sitio. La discusión a puertas cerradas giraba en torno a la conformación de dos comisiones clave: la de Credenciales, Reglamento y Ética Parlamentaria, y la de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, para cuya conformación no se había alcanzado consenso. En medio de ese ambiente, dos urnas fueron colocadas en el hemiciclo, específicamente detrás de la mesa directiva, lo que fue interpretado como un intento por generar presión, al avanzar a lo que correspondería en caso de que no se lograra consenso: una votación secreta, como lo mandata el artículo 43 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno (RORI). “Artículo 43. Procedimiento alternativo de elección. Cuando no sea posible la presentación de nóminas de consenso, los miembros de las Comisiones Permanentes serán elegidos mediante el siguiente procedimiento: 1. El número total de Diputados y Diputadas que componen la Asamblea Nacional se dividirá entre el número de miembros de la Comisión que se va a elegir, cuyo resultado se denominará cociente de elección. De machos, prófugos y alertas Sabrina Sin Censura Sabrina Bacal ESPECIAL PARA LA PRENSA [email protected] “Este señor que se presentaba como perseguido político, se le cayó toda la careta. Se fugó del país de asilo y ahora se convierte en un vulgar prófugo internacional”. Así describió la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, al dirigente sindical Saúl Méndez, tras su salida voluntaria de Bolivia con presunto rumbo a Venezuela. Pero nadie se fuga de un país de asilo. La gente se fuga de la cárcel. La condición de perseguido político la estableció Bolivia, no Panamá. Y en cuanto a “prófugo”, la RAE lo define como quien huye de la justicia. Esa clasificación de “internacional” es un disparate. Méndez no ha sido condenado en ninguna instancia. Tiene una orden de aprehensión de la fiscalía, lo cual puede o no encajar en esa definición. Donde no hay duda es con Ricardo Martinelli: condenado, asilado, y evadiendo la cárcel. Prófugo, sin adornos. El mensaje de Muñoz fue seguido por otros funcionarios, incluido el canciller Javier Martínez-Acha, quien no dudó en repetir la etiqueta de “prófugo internacional”. Cerró el coro el propio presidente Mulino, en tono de macho alfa: “Si había alguna duda de que yo hago lo que digo que voy a hacer, pregúntenle al que anda huyendo. Que era muy machito al frente, pero míralo por dónde anda”. Además de dinamitar la poca apariencia de separación de poderes que nos quedaba, el presidente dejó en evidencia la doble vara del gobierno frente a Méndez y Martinelli. Tan notorio fue el contraste que Hilde lo inmortalizó en una caricatura: un panameño confundido se pregunta si el que “era tan machito y anda huyendo” es Ricardo o Saúl. Buena pregunta. A diferencia de Méndez, Martinelli sí tiene una condena en firme. Se asiló en la embajada de Nicaragua desde febrero de 2024 para evadir la justicia. Ningún funcionario lo llamó “vulgar prófugo”. Ni siquiera “prófugo fino”, tras haber sido recibido por el embajador panameño en Bogotá. Parece que el diccionario del gobierno tiene excepciones... distinguidas. Rubén Blades criticó que a Méndez se le haya emitido una alerta roja y a Martinelli no. Le faltó mencionar un detalle clave: cuando el expresidente se preparaba para su supuesto viaje a Nicaragua, el director de la Policía sospechosamente anunció que existía una alerta roja y luego reculó. Esa declaración inicial le dio a Martinelli la excusa perfecta para alegar un plan para matarlo y conseguir un mejor país de huida. La amenaza fantasma de la alerta terminó ayudándolo. La aplicación o no de una alerta roja depende de cada país y cada caso. En Colombia, el estatus de asilado protege a Martinelli. En el caso de Méndez, aunque la alerta está activa, el propio procurador ha admitido que Venezuela rara vez extradita, menos aún a sus aliados ideológicos. Pero aquí la verdadera alerta es otra: un gobierno que trata con varas distintas casos que tienen algunas similitudes. La agresividad contra Méndez contrasta con la ambigüedad y hasta el silencio cómplice hacia Martinelli. Esa doble moral no proyecta fortaleza, sino debilidad. Porque el poder no se ejerce para ver quién es el más macho y menos cuando la competencia de bravucones ocurre a costa del Estado de derecho. 2. Cada Diputado o Diputada votará en una sola papeleta por su candidato o candidata, y se declararán electos los que hayan obtenido un número de votos no menor del cociente de elección. 3. Si después de adjudicadas las representaciones por razón del cociente de elección quedan puestos por llenar, se declararán electos para ocuparlos a los que hayan obtenido el mayor número de votos. En los casos de empate decidirá la suerte.” Pero las urnas no surtieron efecto: quedaron a oscuras en el hemiciclo mientras la reunión se mantenía en el quinto piso. La bancada de la coalición Vamos esperó en el pleno hasta que la sesión se cayó. Los diputados Roberto Zúñiga y Janine Prado, de Vamos, reclamaron que se acelerara la conformación de comisiones. “A último momento hay algunos articuladores políticos que quieren venir a hacer rejuego en algunas comisiones, a quitar puestos donde ya estaba todo acordado. Eso es lo que recientemente tiene afectada la conformación de las comisiones”, dijo Zúñiga, también jefe de bancada de Vamos. Entre los señalados de hacer “rejuego”, diputados de Vamos apuntaron a Osman Gómez, diputado del partido Alianza e integrante de la bancada mixta. Minutos antes, mientras la bancada de Vamos salió un momento del hemiciclo para tener una reunión, Gómez conversaba con algunos diputados. Desde el palco de prensa se pudo escuchar a Gómez cuando dijo que “tenía los votos” si se llevaba a cabo la votación para la conformación de las comisiones. El diputado de la bancada mixta conversó con Benicio Robinson, del Partido Revolucionario Democrático (PRD); Manuel Cohen, de Cambio Democrático (CD), Fátima Agrazal, subsecretaria del Legislativo y tuvo un breve intercambio de palabras con Patsy Lee, del Partido Popular, a quien le reiteró que su colectivo tenía votos si la conformación de Gobierno y Credenciales llegaba a las urnas. Lee, por su parte, es aliada estratégica de Vamos. Zúñiga se mostró confiado en el bloque que se consolidó tras la elección de la junta directiva del Legislativo el pasado 1 de julio: del Partido Panameñista, Cambio Democrático (CD), la coalición Vamos, la bancada ‘Seguimos’ y el Partido Popular. El llamado ‘bloque de 37. “Nosotros podemos garantizar nuestros puestos dentro de las comisiones, estamos dispuestos a ir a votación”, dijo Zúñiga. Consecuentemente, Vamos pidió que se sesione hoy para que, ‘pase lo que pase’ en una eventual votación, se avance en la conformación de comisiones. Ejecución en 2025 El presupuesto de la Asamblea Nacional ha registrado un incremento significativo en lo que va del año, según revelan los informes más recientes de la Dirección de Presupuesto del MEF, actualizados hasta el mes de mayo. De acuerdo con la ejecución preliminar del presupuesto modificado —tanto en funcionamiento como en inversiones—, los fondos asignados al órgano legislativo pasaron de $98.7 millones, establecidos inicialmente en la Ley de Presupuesto, a $115.2 millones hasta mayo. Este ajuste representa una ampliación de $16.5 millones, equivalente a un aumento aproximado del 16.72 %. El informe del MEF indica que el incremento contempla tanto gastos operativos como partidas de inversión, aunque no detalla en qué programas o actividades específicas se han concentrado los mayores aumentos. Recientemente, el nuevo presidente de la Asamblea Nacional intentó enviar un mensaje de contención presupuestaria con la decisión de cancelar los contratos de alquiler de vehículos para los miembros de la directiva. La medida, que representa un ahorro estimado de $277 mil anuales, ha sido interpretada como un gesto de austeridad en medio de crecientes cuestionamientos sobre el uso de los fondos públicos. Pero estos intentos siguen siendo tímidos con respecto a la totalidad del presupuesto. Desde su primer discurso como presidente, Herrera anunció que impulsará la revisión del reglamento interno, la eliminación de las llamadas “botellas” —personas que cobran sin trabajar—, la digitalización de procesos y la rendición de cuentas al final de cada período. Panorama
7A La Prensa Panamá, viernes 1 de agosto de 2025 Panorama Jordi Nieva Fenoll, doctor en Derecho y catedrático de Derecho Procesal en la Universidad de Barcelona. Elysée Fernández ‘Hablar sin miedo’: Jordi Nieva y el termómetro de la democracia José González Pinilla [email protected] ENTREVISTA El catedrático Jordi Nieva Fenoll, experto en Derecho Procesal y libertad de expresión, reflexiona sobre los riesgos autoritarios, el impacto de las redes sociales y la necesidad de formar ciudadanos críticos ante la desinformación. Jordi Nieva Fenoll, doctor en Derecho y catedrático de Derecho Procesal en la Universidad de Barcelona, quien está en Panamá para participar del XX Congreso Panameño de Derecho Procesal, habla sobre los riesgos que enfrenta la democracia contemporánea. Con más de 20 publicaciones dedicadas al cruce entre la inteligencia artificial y el proceso judicial, y colaborador habitual del diario El País, Nieva Fenoll analiza el presente de la libertad de expresión, el rol de los medios tradicionales y los peligros que acechan desde las redes sociales. —¿Cuál es su diagnóstico sobre el estado actual de la libertad de expresión? “Yo creo que estamos viviendo en un momento de libertad de expresión que probablemente no ha existido nunca”, asegura el académico, comparándolo con el modelo estadounidense de derechos fundamentales. Sin embargo, advierte que esa conquista no es absoluta ni permanente. “Ha costado mucho que se reconociera con entusiasmo en muchos países, y todavía hoy hay reacciones autoritarias cuando alguien dice algo que molesta a una autoridad”. Nieva Fenoll menciona el retroceso observado durante la administración de Donald Trump como un ejemplo claro: “Se dedica a señalar a periodistas, entre otros colectivos, que no le gustan. Es una pena, porque una de las bases de la sociedad democrática es que las personas puedan hablar sin miedo”. Antes de la era de Trump, recordó, en Estados Unidos los presidentes y autoridades políticas “simplemente aceptaban” las opiniones que se daban en la prensa. Cuando no estaban de acuerdo, naturalmente respondían. “Pero no se quejaban por el hecho de que un periodista hubiera hablado”, añadió. Relata cómo en países con regímenes autoritarios, la autocensura es visible incluso en los gestos cotidianos: “La gente baja la voz cuando habla del gobierno, se tapa la boca o hace señas para referirse al gobernante. Vivir así es terrible”. —¿Cómo evalúa el papel de los medios tradicionales y el fenómeno de las noticias falsas? Para Nieva Fenoll, las noticias falsas no son una novedad. “Han existido siempre, pero ahora su capacidad de difusión es a una velocidad insólita”. Alguien con 100,000 seguidores en redes puede viralizar una mentira en segundos. Ante esto, plantea que la única defensa efectiva es una combinación de información contrastada y formación ciudadana. “La respuesta a la desinformación no es solo más información, sino mejor formación”, dice. También muestra preocupación por cómo las redes sociales moldean ideologías autoritarias entre jóvenes seguidores de influencers. Ahí está el verdadero peligro, sostiene. Para el catedrático, no se trata solo de fake news, sino de la creación de tendencias peligrosas por desconocimiento de la historia y la teoría política. —¿Cree que actualmente se utilizan instrumentos legales para presionar a los medios? “El problema se acentúa en países con democracias recientes o frágiles, como muchos en América Latina, e incluso en España”, responde. Añade un caso reciente: un exministro español, según algunos periodistas, habría intimidado a medios para que no publicaran información que le perjudicaba. “Esto es terrible, es terrible cuando ocurre. Es terrorífico verdaderamente porque es la negación de todo lo que hemos hablado antes sobre libertad de expresión, uno de los pilares fundamentales de la democracia”, indica. A su juicio, la amenaza a la prensa debería provocar una respuesta ciudadana contundente, “pero lamentablemente no suele ser así, y eso es un problema de formación”. —¿Cuál es la raíz del problema con la independencia de los medios en España? Nieva-Fenoll expone un diagnóstico claro: la dependencia económica de los medios respecto al poder político. “Los medios de comunicación se han quejado muchas veces de presiones que han recibido de un político o de otro, pero no. El problema fundamentalmente que existe en España es que los medios de comunicación suelen ser deficitarios. Es decir, suelen no tener suficiente dinero con sus suscripciones, como para poder sobrevivir, y entonces necesitan subvenciones públicas. Subvenciones de dinero público para sobrevivir. Ahí el político de turno la reparte de una forma u otra según lo que le interesa, y eso evidentemente hace que la orientación de los medios pueda ser una o pueda ser otra. Eso se observa con demasiada claridad en España y es un problema gravísimo”. —¿Qué se puede hacer frente a ese riesgo? El catedrático sugiere que los medios reciban subvenciones públicas fijas y objetivas, desvinculadas del color político del gobierno. “Como ocurre con la universidad, que es deficitaria pero presta un servicio esencial, también se debería hacer algo parecido. Hay que pensar en que tengan unas subvenciones fijas con independencia de su orientación, que podrían estar establecidas en función de otros parámetros más objetivos. Pero lo que me preocupa, insisto, es que esas aportaciones aumenten o disminuyan en función de quién esté gobernando en aquel momento. Ese es el problema”. —¿Los medios tradicionales están destinados a desaparecer ante el auge de las redes sociales? “No lo creo”, afirma tajante. “Las redes también tendrán su crisis. La gente se cansará del ruido y buscará información contrastada. Ahí es donde los medios tradicionales deben marcar la diferencia”. “No hay nada en la historia del mundo que haya permanecido incólume y sin alteración a lo largo de toda su trayectoria. También las redes sociales tendrán un momento probablemente de hartazgo, de hastío por parte de la población, que buscará otro tipo de información de más calidad y, sobre todo, que esté contrastada”, dice. Nieva Fenoll insiste en que la supervivencia de los medios pasa por recuperar su esencia: la verificación rigurosa, la calidad informativa y las corresponsalías en el extranjero. “Los periódicos tienen que hacer un esfuerzo por mantener corresponsales. Ya sé que es caro. Ya sé que mantener una persona en el extranjero no es sencillo. Se necesita periodistas que hablen el idioma local, que salgan a la calle, que entiendan lo que pasa más allá de lo que se publique”, sostiene. Rodrigo Rodríguez. Cortesía Rodrigo Rodríguez reemplaza a Juan Urriola en la Secretaría de Energía RELEVO Getzalette Reyes [email protected] El presidente de la República, José Raúl Mulino, designó a Rodrigo Rodríguez como nuevo secretario nacional de Energía. Hasta la fecha, Rodríguez se desempeñaba como director nacional de Electricidad, Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP). Rodríguez reemplazará en el cargo a Juan Urriola, quien renunció el miércoles. “He tomado la decisión con un profundo sentido de responsabilidad institucional y con la convicción de haber servido al país con compromiso, integridad y dedicación”, se lee de la carta presentada por Urriola en el Palacio de Las Garzas, dirigida al presidente Mulino. Según detalla la hoja de vida, Rodríguez es doctor en Ingeniería Eléctrica e Ingeniero Eléctrico con más de 30 años de trayectoria en el sector energético, tanto a nivel nacional como regional. Su experiencia abarca áreas clave como regulación de mercados eléctricos, tarifas, integración de nuevas tecnologías y transacciones transfronterizas de electricidad. A lo largo de su carrera, ha ejercido como consultor en energía, jefe del Mercado Mayorista de Electricidad y director de Electricidad, Agua Potable y Alcantarillado en la ASEP. La decisión de cancelar la personería se adoptó luego de varias auditorías a la cooperativa del Suntracs. Archivo Ipacoop cancela personería jurídica de la cooperativa del Suntracs tras detectar ‘faltas graves’ CONFLICTO Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] La junta directiva del Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (Ipacoop) tomó la decisión de cancelar la personería jurídica de la Cooperativa de Servicios Múltiples Suntracs, R.L., tras considerar que incurrió en faltas graves que comprometen la transparencia e integridad del sistema cooperativo panameño. La resolución fue adoptada luego de agotar el debido proceso y analizar los descargos presentados por la cooperativa, los cuales fueron considerados insuficientes. Según explicó el Ipacoop, desde el año 2017 se realizaron diversas supervisiones a la cooperativa vinculada al Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs). A lo largo de este periodo se detectaron múltiples irregularidades que la organización no logró desvirtuar, ni con los descargos ni mediante recursos de reconsideración o apelación. La resolución definitiva fue anunciada el pasado 20 de mayo de 2025 mediante el documento D.E/A.L./ N.079/2025, el cual permanece en firme. Entre los hallazgos señalados por la entidad reguladora se encuentran violaciones graves y reiteradas a la Ley N.º 23 del 27 de abril de 2015, normativa que establece medidas contra el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. La investigación reveló que la cooperativa no contaba con una matriz de evaluación de riesgos ni con mecanismos adecuados para clasificar a sus clientes según niveles de riesgo, como lo exige el marco legal vigente. El Ipacoop también detectó la inexistencia de un sistema de monitoreo para identificar operaciones inusuales o sospechosas, lo que compromete severamente la capacidad de la entidad para cumplir con sus obligaciones como sujeto regulado. Esta omisión —según la entidad— representa una grave falla en la prevención de delitos financieros y un riesgo para el sistema cooperativo nacional. Otras irregularidades señaladas incluyen el incumplimiento de los requisitos mínimos de debida diligencia. La auditoría encontró expedientes con información incompleta sobre el perfil financiero de los asociados, falta de documentación sobre el origen de los fondos, omisión en la identificación de beneficiarios finales y ausencia de controles sobre los directivos de sociedades vinculadas como clientes de la cooperativa. Finalmente, el Ipacoop destacó que la cooperativa no contaba con cuentas bancarias funcionales, lo cual limitaba sus operaciones dentro del sistema financiero. Además, se detectó una preocupante concentración de créditos en préstamos a terceros, un patrón de riesgo que contribuyó al deterioro de la situación financiera de la organización. Pies. EFE
8A La Prensa Panamá, viernes 1 de agosto de 2025 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. casos que tomamos… pero también a través de los principios que decidimos no abandonar, incluso cuando nadie nos observa. Esta época actual exige, más que nunca, recordar la esencia de la profesión. Hoy, donde cualquiera puede dar consejos legales en redes sociales y donde la desinformación jurídica se difunde con la misma rapidez que un meme, los abogados tenemos una responsabilidad distinta: no solo saber, sino saber discernir. Informar no es simplificar al punto de distorsionar. Los abogados tenemos el deber de comunicar con claridad, sí, pero también con rigor. Educar no es volvernos influencers, sino convertirnos en referentes confiables para una sociedad que necesita comprensión, no confusión. El acceso a la ley está abierto, pero la comprensión del Derecho sigue siendo compleja. No basta con repetir artículos o subir sentencias a Instagram. Los abogados debemos resistir la tentación de volvernos solo “creadores de contenido legal”, y mantenernos como guardianes del criterio, del análisis y de la verdad procesal, aunque eso no siempre genere likes. Todos tienen su lugar, siempre que no olviden lo fundamental: la ética, la honestidad intelectual y el compromiso con la justicia, incluso cuando esta no se alinee con el interés inmediato del cliente. Y es que, al final, no importa si un abogado litiga todos los días, si redacta contraLas colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. Más allá del aula: ciencia para aprender mejor Educación La forma en que aprendemos está cambiando rápido. Ya no basta con pizarras, libros de texto y repasar apuntes. Hoy, la ciencia del aprendizaje nos muestra cómo funciona el cerebro, cómo recordamos mejor y qué prácticas realmente mejoran la educación. La neurociencia educativa revela que no todos los estudiantes asimilan de igual manera. Hay investigaciones que demuestran que repetir información sin contexto tiene menos impacto que usar ejemplos prácticos, imágenes y relatos reales. Esto se conoce como aprendizaje multisensorial, que activa más áreas del cerebro y refuerza la memoria a largo plazo. Por esta razón, cada vez más escuelas y universidades integran plataformas interactivas, análisis de datos e inteligencia artificial (IA). Estas herramientas basadas en IA pueden personalizar ejercicios, detectar áreas débiles y adaptar contenidos según el progreso de cada estudiante. Project Astra es un ejemplo reciente: un prototipo de asistente de inteligencia artificial multimodal, desarrollado por Google DeepMind, que combina reconocimiento de voz, procesamiento de lenguaje y datos en tiempo real para resolver preguntas y reforzar conceptos. Según un reporte de HolonIQ, el gasto global en tecnología educativa crecerá de 227 mil millones de dólares en 2020 a alrededor de 404 mil millones en 2025. Sin embargo, no todo es software. La ciencia también estudia la motivación y la permanencia escolar. Diversos estudios en Panamá muestran que uno de los retos es mantener a los jóvenes interesados y reducir la deserción. Para eso, entender sus contextos, usar ejemplos cercanos y aplicar técnicas comprobadas como la retroalimentación inmediata, la gamificación o el aprendizaje colaborativo pueden marcar la diferencia. Detrás de cada app educativa, cada tablero digital o cada plan de estudios actualizado hay evidencia científica. Comprenderla y aplicarla no es tarea solo de expertos. Docentes, familias y estudiantes pueden beneficiarse si sabemos preguntar: ¿qué dice la ciencia sobre cómo aprendemos mejor? Aprender mejor también es una forma de acercar la ciencia a nuestra vida diaria y exigir políticas educativas que se basen en hechos, no en intuiciones. Una educación basada en ciencia es progreso para todos. Miocardio Salud pública su altísima mortalidad, seguramente tiene propósitos que distan mucho de reconocer el derecho de la gente a la verdad, porque las cifras no se le han ocultado ni vedado a nadie y se han divulgado a todo lo largo del sufrimiento y desgaste anímico de tantos fallecidos, durante 5 años, desde finales del año 2019. Como el corazón de quienes conspiran contra la ciencia y las vacunas late a un ritmo agónico, su digitalización es dar información parcial, falsamente asociada a data correcta y lograr así, sacarle ventaja a la distracción de la mayoría de las audiencias, que no tienen por qué conocer datos científicos. Ahora tergiversan la información sobre la aparición de miocarditis y pericarditis, en individuos vacunados contra covid-19. Un primer informe canadiense, publicado en el 2023, sugirió un aumento de miocarditis y/o pericarditis durante la semana posterior a la aplicación de la vacuna ARNm para covid-19 administrada en Canadá (Comirnaty, de Pfizer-BioNTech y Spikevax, de Moderna). El grupo revisó los informes del Sistema de Vigilancia Canadiense por Efectos Adversos de las Inmunizaciones de diciembre 2020 a marzo 2022. Los casos atribuidos a individuos de 18-39 años fueron estimados para cada vacuna y se compararon con las ratas conocidas de los años 2015 a 2019, cuando no había pandemia ni vacunas contra el SARS-CoV-2 (el coronavirus 2 del Síndrome Respiratorio Severo Agudo). En 1,273 recipientes varones de 18-29 años de edad, que recibieron una segunda dosis de la vacuna ARNm covid-19 de Moderna, el riesgo de miocarditis y/o pericarditis que se podía atribuir a la vacuna de Moderna (106 individuos) fue entre 4.72 a 5.69 veces mayor al compararlo con la vacuna de Pfizer (33 individuos). La conclusión fue: “el riesgo de miocarditis y/o pericarditis es superior después de la 2ª. dosis de la primera vacunación con la vacuna mRNA-1723 (Moderna), en aquellos varones entre 18-39 años de edad, especialmente entre 18-29 años de edad”. En junio de 2023, Julia Stowe y sus investigadores en Inglaterra, publicaron sus resultados sobre el riesgo de miocarditis y pericarditis con unos 50 millones de individuos elegibles para (1) recibir la primera serie de la vacuna de ARNm, (2) después de la vacunación refuerzo, y (3) en aquellos que habían tenido una infección previa con el virus SARS-CoV-2. Entre el 22 de febrero de 2021 y el 6 de febrero de 2022, hubo en Inglaterra 2,284 admisiones hospitalarias por miocarditis y 1,651 por pericarditis. Pedro Ernesto Vargas ‘Ser abogado, más allá del título y de una vocación que no se quita’ 9 de agosto En la facultad de Derecho se nos enseña no solo a argumentar o a resolver problemas legales, sino que existen educadores que nos entrenan para interpretar el mundo, un mundo dinámico y de constante transformación. Pero llega un punto en el que debemos tomar una decisión: ¿A qué rama del Derecho quiero dedicarme? ¿Por qué me interesa cierto tipo de casos más que otros? Ya sea por vocación, por la defensa de derechos humanos o por la adrenalina que genera litigar en la rama penal, algunos encuentran en el Derecho de familia una forma de proteger la dignidad en los vínculos más vulnerables. Otros se inclinan por el Derecho Corporativo o Tributario, y también están los que, por diversas circunstancias, siguen la línea del bufete donde hicieron su pasantía, del profesor que los marcó o del primer cliente que les cambió la vida. Sea cual sea el camino, todos construimos nuestra identidad profesional a través de los tos desde una oficina, si trabaja para el Estado o para una fundación, si se dedica a la docencia o, incluso, si lo hace desde un escenario. Lo cierto es que quien ha sido formado en Derecho nunca deja de ser abogado. Tenemos al intérprete de Pedro Navaja, que, aunque no litigue en los tribunales, lleva al Derecho en la médula de sus canciones; escuchar sus letras es escuchar demandas sociales, denuncias al poder, defensa de los olvidados y construcción de justicia desde la música. Porque ser abogado no es solo ejercer una profesión, es encarnar un compromiso. A los nuevos colegas, en vísperas de conmemorarse el Día del Abogado en Panamá, les dejo esta reflexión: no se angustien si aún no han encontrado su especialidad. Lo importante es no perder el sentido del oficio, ese que no se aprende solo en libros ni se mide en diplomas, sino en la forma en que uno se pone al servicio de la verdad, la justicia y la dignidad humana. Porque ser abogado no es solo un título: es una forma de estar en el mundo. Y cuando se ejerce con convicción, no hay escenario donde no se note. Honremos el Derecho en cada acto, en cada palabra y en cada silencio. Porque eso es lo que de verdad nos define. Opinión EL AUTOR es consultor de empresas con MBA en Finanzas Corporativas e integrante de Ciencia en Panamá. EL AUTOR es abogado. EL AUTOR es médico. Franklin Ward Se observó un mayor riesgo de miocarditis, principalmente en hombres, en los primeros 6 días de la segunda dosis de la vacunación primaria y la dosis de refuerzo (por nuevo linaje) de las vacunas de ARNm, con los mayores riesgos en varones entre 16 y 39 años, con un riesgo superior entre 16 y 24 años de edad; y un menor riesgo en personas con infección previa por SARS-CoV-2 y ausencia de un mayor riesgo, tras la dosis de refuerzo. En cambio, el riesgo de miocarditis y pericarditis fue elevado a los 27 días después de la infección por SARS-CoV-2 y fue mayor en varones de 40 años y más. Ryan Ruiyang Ling, de la escuela de Medicina de la Universidad Nacional de Singapur, junto a sus colaboradores, hicieron una revisión sistemática de datos internacionales, de incidencia de miocarditis y pericarditis asociadas con las vacunas contra covid-19 y compararon con aquellas asociadas a otras vacunas. La incidencia total de miocarditis y pericarditis observada en 22 estudios (405,272,721 dosis de vacunas) fue de 33.3 casos por millón de dosis de vacunas, y no fue significativamente diferente entre individuos que recibieron las vacunas contra covid-19 (11 estudios y 395,361,933 dosis) y aquellos que recibieron vacunas no contra covid-19 (11 estudios y 9,910,788 dosis). Comparada con los casos asociados con las vacunas de covid-19, la incidencia de miocarditis y pericarditis fue significativamente superior después de la vacunación contra la viruela, y no lo fue frente a la vacunación contra la influenza, ni en otros estudios sobre su incidencia con otras vacunas que no eran contra la viruela. Con respecto a la miocarditis y pericarditis con las vacunas contra covid-19, se observó igual que en otros estudios, mayor riesgo en grupos de varones, menores de 30 años de edad, después de recibir vacunas ARNm y después de la 2ª. dosis de la vacunación primaria vs la primera y la dosis de refuerzo. La miocarditis después de la vacunación contra covid-19 con vacunas ARNm (19.7 por cada millón de dosis) fue muy inferior a la producida por la infección con el virus de la covid-19, el SARS-CoV-2 (2,76 por cada 1,000 infecciones). Quienes enferman con covid-19 tiene 35 veces más riesgo de desarrollar miocarditis o pericarditis, que aquellos que no enferman. Su curso posterior a la vacunación es benigno comparado con el curso de la miocarditis por la infección, caracterizado por falla cardíaca y muerte. El liderazgo en la ciencia y la medicina no se beneficia de uno atado a una ideología política, como tampoco de uno deslegitimado por una profunda brecha en el conocimiento de ellas o un interés insano de falsearla, porque lo que se logra es arrastrar con ese liderazgo, decisiones y actuaciones que ponen en peligro, no solo el descubrimiento de la verdad, sino la salud y la vida de millones de seres humanos. Robert F. Kennedy, Jr., quien lidera el ministerio de salud de los Estados Unidos -el Departamento de Salud y Servicios Humanos, HHS, por sus siglas en inglés- es reconocido por su profundo compromiso y larga historia con el movimiento anti-vacunas y, como bien se ha comprobado, su pobre y nada relevante formación científica ni higiénica. En nuestro medio, esa desaventurada propuesta sanitaria de la administración Trump de acabar con todo lo logrado en salud pública, comienza a ser utilizada para rescatar teorías de conspiración y fábulas extravagantes con respecto a la pandemia de covid-19: “no hubo tales muertos por una pandemia que no existió”, “las vacunas mataron más personas por miocarditis y pericarditis”. Es muy difícil encajonar estas afirmaciones en el contexto de la ciencia, de la epidemiología, de las estadísticas y del respeto al duelo de millones de personas en el mundo. A nivel mundial, para el 1 de abril 2025, la covid-19 produjo 7,057,132 muertes confirmadas y 18.2-33.5 millones de muertes estimadas. En comparación, entre 1959 y 1960 se produjo un pico en la mortalidad global, con 54.61 millones de muertes totales, con la contribución significativa del “flu asiático”. Esto fue un aumento de la mortalidad mundial, similar al ocurrido durante los años de la pandemia de covid-19, cuyo pico se alcanzó en el 2021 con 69.73 millones de muertes. Afirmar que la pandemia del covid-19 no existió, que el virus no se aisló, que la vacuna fue un fraude y mató más gente es una burla con serios visos inmorales. Quien continúa negando la pandemia y Tomás Sucre Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente Ejecutiva y Directora Editorial Annette Planells Gerente Comercial Sudy S. de Chassin Subdirectora y Editora de la Unidad de Investigación Mónica Palm Editora Digital Yolanda Sandoval Editor del Impreso Juan Luis Batista ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com Aviso sobre el uso de Inteligencia Artificial Este periódico emplea inteligencia artificial (IA) para asistir en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. 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