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prensa_2025_07_31

6A La Prensa Panamá, jueves 31 de julio de 2025 Panorama Un programa de tutorías intensivas, que beneficiará a estudiantes de duodécimo grado de las escuelas oficiales del país, se desarrollará tras la alianza entre la Universidad de Panamá (UP) y el Ministerio de Educación (Meduca). Según la UP, el proyecto busca reforzar las competencias en áreas clave como matemáticas, física, química, biología, inglés y español, abriendo una ruta de preparación a los estudiantes efectiva para ingresar con éxito a la educación superior. La iniciativa es impulsada por el rector de la UP, Eduardo Flores Castro, y coordinada por la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles (VAE). Se desarrollará en dos facultades: la de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología (Facinet) y la de Humanidades. Facinet ofrecerá 250 cupos presenciales, gestionados mediante el programa de Servicio Social Universitario, en el que estudiantes de tercer año apoyarán como facilitadores, acompañados por docentes especialistas. Esta fase se ejecutará entre agosto y octubre de 2025, con una estructura basada en la guía oficial de admisión del Meduca, disponible gratuitamente en el Unos 250 estudiantes graduandos podrán recibir refuerzo académico EDUCACIÓN sitio web de la universidad. Por su parte, la Facultad de Humanidades aportará al programa desde la modalidad virtual, enfocándose en el reforzamiento de inglés y español. Inicialmente se abrirán 40 cupos, con posibilidad de ampliación, y se capacitará previamente a los facilitadores para garantizar una enseñanza de calidad. Mayanín Rodríguez, vicerrectora de Asuntos Estudiantiles, destacó que “esta colaboración representa más que un plan de tutorías; es un puente institucional que enlaza a la educación media con la universidad. Meduca y la Universidad de Panamá mantendrán un canal activo para el seguimiento y la evaluación del avance estudiantil”. Agentes custodiana a Rubén De Ycaza en su residencia en Betania (año 2020). EFE Juzgado condena a empresario por caso de comida deshidratada Juan Manuel Díaz [email protected] Yaritza Mojica [email protected] JUSTICIA La jueza Agueda Rentería condenó a Rubén De Ycaza a 15 años de prisión por peculado, tráfico de influencias y delito contra la salud pública en el caso de la comida deshidratada del PAN. El Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales condenó a 15 años de prisión al empresario Rubén De Ycaza, representante legal de la empresa Lerkshore International Limited, por el delito de peculado en la compra de comida deshidratada a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN), destinada a escuelas públicas del país. A través del edicto n.º 843, fijado en la sede del juzgado y con fecha del 5 de mayo de 2025, se notificó a las partes la decisión, en la que se impone la sanción a De Ycaza como cómplice primario en los delitos de peculado y tráfico de influencias, y como autor del delito contra la salud pública. En el fallo, con la firma de Agueda Rentería, también se decretó veredicto absolutorio a favor de Jorge Noel García y Cintia del Rosario Quirós, para quienes la fiscalía había solicitado condena. En el juicio, que se celebró el 19 de febrero de 2024, el Ministerio Público alegó que el contrato por $14 millones entre el PAN y Lerkshore International Limited no cumplió con los requisitos legales, y que la empresa incumplió con la entrega de los alimentos deshidratados. En esta causa, la fiscalía también presentó cargos contra el exdirector del PAN, Giacomo Tamburelli (q.e.p.d.), por su presunta participación en la aprobación de los contratos. Según la investigación del Ministerio Público, Lerkshore vendió arroz precocido al PAN a $15.85 por “unidad”, cuando en el mercado local el precio era de $5. Asimismo, la sopa instantánea fue vendida a $26.04 por unidad, pese a tener un valor comercial también de $5. La investigación se inició en 2015, tras un informe de auditoría de la Contraloría General de la República que detectó irregularidades en la adquisición de alimentos deshidratados para escuelas oficiales en los corregimientos más pobres del país, revelando una lesión patrimonial de $14 millones. De acuerdo con el expediente, Lerkshore International —que abasteció de comida deshidratada a escuelas públicas entre 2010 y 2011— no tenía experiencia previa en la fabricación o importación de este tipo de productos. En este proceso, la fiscalía cauteló varias propiedades de De Ycaza, entre ellas cuatro fincas y dos cuentas bancarias. Dos de las fincas corresponden a apartamentos a nombre de hijos del empresario, quienes mantenían hipotecas con el Balboa Bank & Trust, y en los que De Ycaza figuraba como garante. Además, el Ministerio Público señaló que, según la auditoría de la Contraloría, el proyecto de comida deshidratada carecía de justificación, pues ya existía un programa de comedores infantiles del Ministerio de Educación en funcionamiento. La defensa de Ycaza estuvo a cargo de la abogada Gladys Quintero. En operativos realizados ayer la Fiscalía Anticorrupción y la Policía Nacional lograron la aprehensión de los exrepresentantes de corregimiento de Tierras Altas y Bugaba, en la provincia de Chiriquí, por la presunta comisión del delito de peculado, relacionado con el uso de fondos de la descentralización entregados al Programa de Desarrollo de Interés Social (PDIS). Las diligencias se llevaron a cabo de manera casi simultánea por parte de las autoridades judiciales, con el objetivo de ubicar a dos exrepresentantes y dos extesoreros que actualmente son investigados por la fiscalía. En el caso de la Junta Comunal de Solano, en Bugaba, la fiscalía investiga una posible lesión patrimonial por un monto de 350 mil dólares. Mientras que, en la Junta Comunal de Volcán, en el distrito de Tierras Altas, la lesión en perjuicio del Estado se estima en 389 mil 784 dólares. La fiscalía también realizó diligencias en los distritos de David y Tierras Altas, donde se logró la aprehensión de dos personas presuntamente vinculadas con el ilícito bajo investigación. Dentro de este caso, la Fiscalía Anticorrupción ha imputado cargos por peculado a 10 personas, entre exrepresentantes de corregimiento y extesoreros, por Aprehenden a los exrepresentantes de Bugaba y Tierras Altas en Chiriquí DESCENTRALIZACIÓN supuestos manejos irregulares de los fondos del PDIS. La semana pasada, jueces de garantías imputaron cargos por peculado y aplicaron medidas cautelares de impedimento de salida del país a los representantes de corregimiento de Dolega y Quebrada de Piedra, en el distrito de Tolé, provincia de Chiriquí, por supuestas irregularidades en el manejo de fondos. Asimismo, se imputaron cargos y se dictaron medidas cautelares de notificación periódica para los exrepresentantes y extesoreros de las juntas comunales de Bisvalles y Boró, ambas ubicadas en el distrito de La Mesa, provincia de Veraguas. El exrepresentante y el extesorero de la Junta Comunal de Villa Rosario también fueron imputados por peculado, en este caso por una investigación relacionada con la descentralización paralela. Juan Manuel Díaz [email protected] Las aprehensiones se realizaron en Tierras Altas y Dolega. Cortesía Miles de estudiantes fueron afectados por el paro docente. Alexander Arosemena Padres quieren saber si habrá aumento de matrícula La diputada Alexandra Brenes hizo un llamado a los colegios particulares para que informen con antelación a los padres de familia si prevén aumentos en las matrículas para el año escolar 2026. “Ya estamos a mitad de año y las escuelas están obligadas a convocar a los padres para comunicar cualquier incremento”, advirtió Brenes. Padres agrupados en la Unadepa recordaron que el Decreto Ejecutivo 601 de 2015 obliga a los colegios a justificar los aumentos y presentarlos a las asociaciones de padres. No obstante, el procedimiento tiene vacíos: aunque los padres pueden oponerse, la última palabra la tiene el colegio. “Muchos hacen sacrificios enormes para pagar educación privada, lo mínimo que esperan es transparencia y fiscalización del Meduca”, expresó Javier Lombardo. Añadió que algunos colegios prometen mejoras que no se cumplen. EDUCACIÓN PARTICULAR Yaritza Mojica [email protected] En el sector particular estudian unos 145 mil niños y jóvenes. Archivo Rubén De Ycaza. Archivo

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