1A La Prensa Panamá, miércoles 30 de julio de 2025 El medio libre de Panamá 75¢ Miércoles 30 de julio de 2025 - Año 44 - Nº 15093 Hoy por hoy Panamá tiene una ley que ordena destinar el 7% del PIB a la educación, un supuesto logro que debería marcar un antes y un después en la calidad del sistema educativo. Pero ese porcentaje, tan celebrado en el papel, se ha convertido en un espejismo: el Meduca apenas ha ejecutado el 7% de su presupuesto de inversión en lo que va del año. No se trata de falta de necesidades. Hay escuelas rancho con piso de tierra, aulas con goteras, baños inservibles y estudiantes sin acceso a condiciones mínimas de dignidad. ¿De qué sirve un presupuesto elevado si no se convierte en soluciones concretas? El resultado es perverso: una asignación inflada sin capacidad de ejecución solo engorda la ineficiencia. Se alimenta la falsa idea de que la educación es prioridad, cuando en la práctica se abandonan a las comunidades educativas. No es solo una omisión técnica; es un fracaso político. Y uno que perpetúa el círculo de pobreza y desigualdad. Panamá no necesita más leyes para la educación. Necesita voluntad y capacidad para cumplirlas. Blackman y Guerrero en ronda previa de la Liga de Campeones 6B Deportes Meduca e Idaan, con pobre ejecución Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] GESTIÓN Solo se ha ejecutado 7% del presupuesto de inversión en educación y 11.6% en agua, pese a urgentes necesidades sociales e infraestructura. Durante los primeros seis meses de 2025, se observó una alarmante baja ejecución del presupuesto en sectores clave como educación y agua potable. El Ministerio de Educación (Meduca) recibió originalmente $1,652.7 millones para inversión, aunque luego fue ajustado a $1,340.9 millones; sin embargo, solo se ejecutaron $93.3 millones (7%) de ese monto. En contraste, su presupuesto de funcionamiento ($2,024.5 millones) alcanzó una ejecución del 40.6% (unos $822.4 millones). El subejercicio no se limitó a educación. El Ministerio de Obras Públicas ejecutó apenas 31.3% de su presupuesto de inversión de $890.1 millones (unos $278.9 millones), mientras que el Idaan utilizó solo 11.6% de su asignación de $247.4 millones (aproximadamente $28.7 millones). En contraste, sectores como salud (61.4%), desarrollo social (53.9%) y seguridad (50.2%) mostraron cifras más sólidas de ejecución. La parálisis en el uso de fondos destinados a infraestructura y acceso al agua afecta directamente la calidad educativa y el suministro básico, justo en momentos de necesidades urgentes en escuelas y comunidades afectadas por escasez hídrica. VEA 6A A un paso del acuerdo para armar las 15 comisiones Las bancadas de la Asamblea Nacional han logrado consenso en al menos 13 de las 15 comisiones permanentes. Aunque persisten diferencias sobre Presupuesto y Credenciales, el acuerdo completo podría cerrarse en las próximas horas. VEA 7A Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] ‘Hay más de 160 auditorías pendientes en la Contraloría desde 2015’: Gómez Juan Manuel Díaz [email protected] “Hay más de 160 auditorías pendientes en la Contraloría desde 2015”. Así resumió el procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez, uno de los principales obstáculos que, a su juicio, enfrenta el Ministerio Público para investigar casos de corrupción administrativa. En entrevista con TVN, Gómez explicó que los proyectos de ley presentados la semana pasada ante la Asamblea Nacional buscan agilizar los procesos penales, permitiendo el uso de Luis Carlos Gómez. Alexander Arosemena auditorías internas, informes del Instituto de Medicina Legal (Imelcf) o de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), en lugar de depender exclusivamente del informe de la Contraloría como elemento probatorio. Gómez detalló que, en el caso de la descentralización, se han recibido 300 denuncias y se solicitaron 196 auditorías, pero solo han llegado 30; en 27 se identificaron lesiones patrimoniales al Estado. VEA 2A Café con La Prensa Proponen reglas claras para el ‘fintech’ Durante el conversatorio “Fintech y Transformación Digital Bancaria”, tema central del Café con La Prensa ayer martes 29 de julio, los expertos Felipe Echandi (izq.), cofundador y CEO de Cuanto, y Rodrigo Barros (der.), vicepresidente para América Latina y el Caribe de Visa, abordaron los retos y oportunidades del ecosistema fintech en la región. Ambos coincidieron en que la claridad regulatoria y la confianza son claves para impulsar la inclusión financiera en países como Panamá, donde aún persisten brechas en el acceso a servicios digitales. VEA 1B Alexander Arosemena Reino Unido planea reconocer al Estado palestino a menos que Israel cumpla ciertas condiciones www.prensa.com/bbc/
2A La Prensa Panamá, miércoles 30 de julio de 2025 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Juan Manuel Díaz [email protected] El Ministerio Público y la Policía detectaron una afectación de $400 mil a través del fraude bancario. Cortesía Policía desmantela red de fraude bancario; falsificaban documentos BLAQUEO DE CAPITALES Una operación realizada por la Policía Nacional y el Ministerio Público dio con la aprehensión de 12 personas investigadas por la presunta comisión de los delitos financieros y de blanqueo de capitales a través de trámites fraudulentos para la obtención de préstamos en perjuicio de entidades bancarias. En los allanamientos, realizados en las provincias de Coclé, Panamá Oeste y Colón, las autoridades desmantelaron la red criminal que, a través de la falsificación de cartas de trabajo, fichas de la Caja de Seguro Social y notas de referencia de empresas inexistentes, daban cuenta del perfil de la persona solicitante del préstamo, quien era sujeto a créditos bancarios. De acuerdo con la investigación, con toda esta documentación, algunos de los miembros de la red criminal se acercaban a entidades bancarias para solicitar préstamos. Una vez entregado los primeros tramos de desembolso de los préstamos los sospechosos rompían todo contacto con la entidad bancaria y se apropiaban del dinero. Según la investigación, la red logró 14 préstamos por un valor aproximado de $400 mil en perjuicio de un banco de la localidad. Las autoridades investigan la presunta relación de esta organización criminal con otros fraudes cometidos en perjuicio de entidades bancarias. El pasado mes de abril, el Ministerio Público y la Policía detuvieron a otras 14 personas, parte de una organización criminal también dedicada a la ejecución de fraudes bancarios. En esa ocasión, los allanamientos se realizaron en Panamá, Colón y Panamá Oeste, donde se ubicaron equipos electrónicos y celulares que eran utilizados para la comisión del ilícito. La investigación se inició a raíz de una denuncia en la que se conoció que la red logró sustraer $110 mil de una entidad bancaria a través de transacciones por el sistema de banca en línea, con la creación de perfiles falsos. También se desmanteló una red de personas dedicadas a la comisión de delitos de estafa a través de la compra y venta de autos. Yasser Yánez García [email protected] El BDA inicia cierres escalonados de sucursales en todo el país BURUCRACIA El Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA) anunció el cierre temporal de varias sucursales a nivel nacional como parte de un proceso de reorganización interna. La medida, que incluye oficinas en las provincias de Chiriquí, Veraguas, Los Santos, Coclé y Panamá, se empezó a implementar de forma escalonada a partir del lunes 28 de julio de 2025. Según detalla la entidad, el cronograma de cierres será el siguiente: • Lunes 28 de julio: Renacimiento y Volcán (Chiriquí). • Lunes 4 de agosto: Los Ruices, Soná, Montijo, San Francisco y Mariato (Veraguas). • Lunes 11 de agosto: Pedasí y La Villa de Los Santos (Los Santos); Aguadulce y Antón (Coclé). • Lunes 18 de agosto: Sucursal de Panamá (provincia de Panamá). Las operaciones crediticias que se manejaban en estas sucursales seguirán su curso normal en oficinas cercanas, que asumirán la atención de los usuarios sin afectar los trámites: • Coclé: Aguadulce se integrará a Natá; Antón a Penonomé. • Chiriquí: Renacimiento se integrará a Paso Canoas; Volcán a Bugaba. • Veraguas: Los Ruices, Soná, Montijo, San Francisco y Mariato se integrarán a Santiago. • Los Santos: Pedasí a Tonosí; La Villa de Los Santos a Macaracas. • Panamá: La regional se reubicará en Chepo. Según reveló Javier Carrizo Esquivel, gerente general del Banco Nacional de Panamá (BNP) y quien fue designado por el presidente José Raúl Mulino para liderar el proceso de reestructuración del BDA, aseguró que la entidad acumulaba pérdidas operativas anuales de más de $15 millones, a lo que se suma un deterioro en su cartera de crédito que oscila entre $15 millones y $20 millones adicionales por año. El cierre y la fusión de agencias procede luego de que el 1 de julio el mandatario anunciara un proceso de reestructuración de esta entidad. Mulino había alertado en febrero de este año, que el BDA era un “plomo que generaba gastos y pérdidas para el Estado”. Luis Carlos Gómez asumió como procurador el 2 de enero de 2025. Alexander Arosemena Auditorías, Odebrecht y Suntracs: la agenda del procurador Gómez Juan Manuel Díaz [email protected] ENTREVISTA El Ministerio Público tramita 61,072 casos. Una reforma legal busca agilizar las investigaciones por corrupción sin depender de auditorías de la Contraloría, cuya demora retrasa los casos por peculado. El procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez, aseguró que los dos proyectos de ley presentados la semana pasada ante la Asamblea Nacional buscan dar mayor agilidad a las investigaciones relacionadas con delitos de corrupción y “quitarnos la cadena” que representan las auditorías de la Contraloría General de la República. En su primera entrevista tras asumir como procurador el 2 de enero de 2025, Gómez afirmó en TVN que la obtención de los informes de auditoría por parte de la Contraloría suele demorar, lo que retrasa la tramitación de casos por peculado y otros delitos vinculados a la administración de bienes públicos. El jefe del Ministerio Público explicó que el proyecto de ley general anticorrupción propone el uso de mecanismos distintos al informe de auditoría como elemento probatorio en los delitos contra la administración pública. Aseguró que la nueva propuesta permite utilizar las auditorías internas de las instituciones, así como informes del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) y de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) para darle mayor agilidad a las investigaciones y presentarlos como evidencia durante la sustentación de los procesos ante los jueces. Reconoció que la tendencia de los tribunales ha sido exigir el informe de auditoría como pieza clave en los procesos por peculado, pero afirmó que las herramientas propuestas también poseen una gran carga probatoria. La iniciativa incluye, además, la aplicación de técnicas de investigación como el uso de agentes encubiertos y la interceptación de conversaciones telefónicas. Asimismo, se busca implementar mecanismos de protección para las personas que denuncien actos de corrupción, con el objetivo de salvaguardar su integridad física. Ministerio Público tramita 61,072 investigaciones Gómez detalló que en la actualidad el Ministerio Público mantiene unos 61 mil 072 casos activos de los cuales 3,840 corresponden a delitos contra la administración pública. Relató que, solo en el tema de la descentralización, se recibieron 300 denuncias. Como parte de esas investigaciones, se solicitaron 196 informes de auditoría a la Contraloría, de los cuales solo se han recibido 30; en 27 de ellos se detectaron lesiones patrimoniales en perjuicio del Estado. Casos de vandalismo en Bocas del Toro Con relación a las acciones judiciales emprendidas en Bocas del Toro, a raíz de los actos de vandalismo y la operación Omega llevada a cabo por la Policía, destacó que hasta el momento se han judicializado 281 casos por delitos como incendiasas de su deceso. El procurador Gómez afirmó que los hechos ocurridos en la provincia de Bocas del Toro no guardan relación con el derecho a la protesta pacífica, al que todo ciudadano tiene derecho. Se trató, según dijo, de actos de violencia contra instituciones y comercios que causaron un grave perjuicio. Auditorías de caso Odebrecht aún no llegan Con relación al juicio del caso Odebrecht, el procurador Gómez informó que la Fiscalía Anticorrupción aún no ha recibido dos auditorías clave: una proveniente de Brasil y otra de Estados Unidos. No obstante, aseguró que, de llegar dichos documentos, la fiscalía cuenta con suficientes elementos para sustentar la acusación durante el juicio. Gómez consideró poco probable que la audiencia se realice en la fecha inicialmente fijada, el próximo 11 de noviembre, y estimó que lo más probable es que se lleve a cabo en su fecha alterna, el 12 de enero de 2026. Caso Suntracs Sobre las investigaciones a dirigentes del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), el procurador indicó que en el caso de Saúl Méndez ya se activó la alerta roja de Interpol para su ubicación y localización. Agregó que la fiscalía a cargo del caso evalúa las herramientas legales disponibles para lograr su retorno al territorio nacional. Sin embargo, detalló que en los últimos años Panamá no ha recibido respuesta a múltiples solicitudes de cooperación enviadas al Estado Bolivariano de Venezuela, donde se sospecha está Méndez. Mientras tanto, los procesos relacionados con otros dirigentes del Suntracs continúan su curso. rismo, apología del delito y atentado contra servidores públicos. También explicó que se iniciaron 64 investigaciones contra miembros de la Policía por supuestos casos de abuso policial en incidentes registrados tanto en Bocas del Toro, Veraguas, Chiriquí y Darién. A la vez reveló que se investiga la muerte de un menor de edad supuestamente afectado por gases lacrimógenos. Explicó que se realizará la exhumación del cuerpo de la supuesta víctima el próximo mes de agosto para determinar las cau-
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4A La Prensa Panamá, miércoles 30 de julio de 2025 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] PALACETE. El diputado Luis Duke quedó estupefacto cuando fue a recorrer los pisos superiores del Palacio Justo Arosemena (donde están los aposentos de varios diputados de RM y el PRD) y unos agentes de seguridad al servicio de Benicio Robinson y Raúl Pineda le impidieron el paso. Duke sostiene que hay diputados que tienen hasta cinco oficinas en ese edificio. ¿Para qué necesitan tanto espacio? ¿Para acomodar a las “botellas” el día que vienen los auditores? S.O.S. La noche del pasado lunes, en la reunión de junta directiva ampliada de la Asamblea, coincidieron Bolota y Betserai Richards. ¿Qué es más probable que ocurra? ¿Que la Corte emita una boleta de protección a favor de Betserai o que usted se gane la lotería? Si tiene que pensar la respuesta, eso ya es bastante preocupante. BERRINCHE. En esa misma reunión del lunes, la bancada del mal pretendía imponer la junta directiva de varias comisiones legislativas, burlando así el artículo 45 del reglamento interno de la Asamblea, que establece que esa conformación es producto de una elección interna entre los miembros de cada comisión. ¿Qué más quiere esta gente? ¿La sanción de una ley que los canonice o los declare divinidades? DEBERES I. Martinelli contó ayer que, durante su gobierno, se preparó una demanda contra un exministro “artista” por una presunta lesión patrimonial de más de 4 millones de dólares. Sin embargo, dicha demanda finalmente no se presentó porque un amigo le pidió “que lo dejara pasar”. Quedarse callado lo convirtió en cómplice de un delito, aunque ya nadie se escandaliza por estas confesiones. Total, otra raya no hará al tigre más rayado. DEBERES II. Aunque no aportó el nombre del exfuncionario responsable del supuesto peculado (tampoco el del amigo que habría intercedido), Así luce el tanque de regulación de agua potable de Santa María, en San Miguelito. Cortesía Filtraciones, óxido y abandono: los tanques que agravan la falta de agua Yaritza Mojica [email protected] SERVICIO DE AGUA El Idaan reconoce que la red hídrica requiere una modernización urgente. Por ello, se llevará a cabo un diagnóstico técnico integral en el distrito de San Miguelito. Con filtraciones, sin tapa, cubierto de óxido y en avanzado deterioro, así se encuentra el tanque de regulación de agua potable de Santa María, en el corregimiento Amelia Denis de Icaza, en el distrito de San Miguelito, administrado por el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan). Este tanque de almacenamiento, al igual que muchos otros en el distrito de San Miguelito y el área metropolitana, presenta deterioros en su estructura que han contribuido significativamente a los constantes problemas de desabastecimiento que enfrentan miles de residentes en esta zona densamente poblada. El diputado independiente de la Coalición Vamos, Eduardo Gaitán, junto con dirigentes comunitarios y representantes locales, ha denunciado e informado al Idaan que varias de estas estructuras presentan filtraciones, grietas visibles, óxido en las superficies metálicas y fallas en los sistemas de bombeo. Se conoció que algunos de estos tanques, ubicados en las partes altas de San Miguelito, son utilizados como tanques de rebombeo o generadores de presión para enviar con mayor fuerza el agua potable al sistema de distribución. Según Gaitán, el tanque de Santa María, que abastece a comunidades como Altos de Panamá, Altos de Santa María, y colinda además con Fuente del Fresno y parte de Condado del Rey, lleva más de una década con filtraciones que provocan la pérdida constante de agua. “Este tanque no es solo de reserva; está en operación constante, lo que significa que el agua oxidada llega directamente a las casas. No es un tema menor”, advirtió Gaitán. Además, explicó que en una reciente inspección con un dron constató que el tanque tiene la tapa abierta, lo que ha permitido el ingreso de aves. “Encontramos excremento alrededor del tanque. Eso es inaceptable”, enfatizó el diputado del circuito 8-2. La denuncia fue presentada formalmente en el pleno de la Asamblea Nacional, el lunes 28 de julio y enviada al director del Idaan, Rutilio Villarreal. “Entendemos que han estado presentando un plan en el Consejo Municipal para identificar estos problemas, no solo con los tanques, sino también con la falta de suministro en muchos sectores. Sin embargo, necesitamos acciones concretas y rápidas”, insistió. El diputado confirmó que continuará realizando inspecciones en los distintos tanques de reserva del distrito y que se está elaborando un mapeo detallado de su ubicación y estado. Entre las denuncias por el mal estado de los tanques se encuentran los de Rufina Alfaro; La Bloquera (sector 8), en Amelia Denis de Icaza; Tierra Negra, en Mateo Iturralde; y Samaria, sector 3, entre otros. Estas comunidades, a pesar de contar con tanques de almacenamiento, han tenido que recurrir a comprar agua embotellada, almacenar el líquido en recipientes o botellas, o incluso invertir en un sistema domiciliario de reserva de agua. Mientras tanto, las comunidades exigen una respuesta inmediata. “No podemos seguir viviendo con cortes cada dos días o sin agua por una semana. Los tanques están en ruinas, necesitan ser cambiados”, expresó en sus redes sociales María Flores, del sector de La Bloquera. Evaluaciones en Santa María Ante la denuncia, la subregión de San Miguelito del Idaan en San Miguelito informó que se están realizando adecuaciones en la estación de bombeo de Altos de Santa María para sacar de operación el tanque de almacenamiento. “El objetivo es realizar las evaluaciones a esta infraestructura y determinar si puede ser reparada o si, en todo caso, debe ser reemplazada. Mientras tanto, tomaremos medidas de contingencia para seguir abasteciendo a la comunidad”, indicó la entidad. El Idaan estima que alrededor de 200 viviendas se abastecen del tanque de reserva de Altos de Santa María. Ante este panorama, el Idaan reconoce que parte de la red de distribución, incluidos los tanques, requiere una modernización urgente. Por ello, se llevará a cabo un diagnóstico técnico integral en el distrito de San Miguelito, con el objetivo de evaluar las condiciones actuales de la infraestructura hídrica, incluyendo tanques de almacenamiento, red de distribución y estaciones de bombeo. Esta evaluación permitirá diseñar proyectos orientados a mejorar el suministro de agua potable para sus residentes. Para Villarreal —quien participó en la sesión del Concejo de San Miguelito el pasado 24 de julio— en este distrito convergen varias situaciones, como el crecimiento acelerado y desordenado, la inadecuada disposición de desechos sólidos —que obstruyen las tuberías— y las conexiones ilegales, factores que han afectado significativamente el servicio, especialmente en comunidades ubicadas en zonas elevadas. Villarreal destacó que San Miguelito presenta una de las tasas más altas de consumo de agua potable a nivel nacional, lo cual incide en la presión del sistema y en la disponibilidad del recurso. Entre los proyectos analizados por la entidad están la ampliación de las tuberías existentes —actualmente insuficientes para abastecer a toda la población— y la reparación de tanques de almacenamiento clave para mejorar la distribución. Villarreal indicó que, en atención a las consultas del Concejo de San Miguelito, se realizará un diagnóstico técnico que permitirá establecer con precisión las obras necesarias para mejorar el servicio de agua potable. El distrito de San Miguelito cuenta con más de 23 estaciones de bombeo y tanques de almacenamiento de gran capacidad, como el de Tinajitas y el de Cerro Ameglio, con capacidad de 10 millones de galones de agua cada uno. Tanque de Tinajitas. Archivo Martinelli apuntó que se trata de un “ícono nacional”. Eso fue suficiente para que la sospecha recayera en Rubén Blades, quien tres días antes protestó públicamente porque el gobierno panameño solicitó una alerta roja para Saúl Méndez, pero no para Martinelli. Pero, ¿acaso pensaban que nadie notaría el doble estándar? Y no vale la excusa de que su asilo es en Colombia y que de allí (todavía...) no ha salido. ¿Acaso hay que esperar a que se escape a otro país? Chiquita explica diferencia en el pago a extrabajadores Chiquita Panamá LLC e Ilara Holdings Inc. informaron que los cheques entregados a los extrabajadores bananeros de Bocas del Toro cubren la totalidad de los rubros exigidos por la legislación laboral panameña. En un comunicado, se explica que esta información fue proporcionada en atención a solicitudes de algunos extrabajadores. De acuerdo con las empresas, para los aproximadamente 5,000 extrabajadores cuyas relaciones laborales terminaron por abandono desde el 28 de abril de 2025, se realizó el pago íntegro de todos los derechos adquiridos, incluyendo prima de antigüedad, vacaciones pendientes y décimo tercer mes proporcional. En tanto, en el caso de los 1,553 extrabajadores despedidos por causas justificadas de naturaleza económica, con autorización del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, el pago incluyó los derechos adquiridos y, adicionalmente, la indemnización total establecida en el artículo 225 del Código de Trabajo. Así lo explicaron las empresas. Además, las empresas recordaron a los extrabajadores que aún no han retirado sus respectivos cheques de liquidación, que pueden hacerlo en las oficinas administrativas del Empalme (Changuinola) y recomendaron acudir a la mayor brevedad posible antes de que estos caduquen. Cabe recordar que desde el 28 de abril pasado, el Sindicato de Trabajadores de la Industria Bananera (Sitraibana) se unió a las protestas contra la nueva ley de la Caja de Seguro Social, con la paralización de labores en las fincas en Bocas del Toro y el bloqueo de vías en cerca de 30 puntos. SECUELAS DEL PARO Henry Cárdenas [email protected] La provincia de Bocas del Toro estuvo paralizada por casi dos me ses. Cortesía
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6A La Prensa Panamá, miércoles 30 de julio de 2025 Panorama Al grano Flor Mizrachi [email protected] Ya pasó un mes desde que la nueva Asamblea tomó posesión y nada que conforman las comisiones. Y sin comisiones, no hay trabajo. No hay leyes. No hay fiscalización. No hay justificación para cobrar el salario que, por supuesto, cobran completito. ¿Y por qué no las han conformado? Porque el PRD y Realizando Metas no quieren soltar el control. Estiran la cuerda para ver cómo controlan al gobierno desde adentro, como siempre. Las oficinas VIP del PRD y de Dana Castañeda son extorsión institucionalizada. Y eso es solo un ejemplito. Mientras tanto, más de 70 anteproyectos de ley duermen en la gaveta. El gobierno ya presentó el presupuesto para el próximo año, por $34 mil millones. Tienen que empezar con las vistas presupuestarias de 96 instituciones, paso clave para tener un presupuesto decente. Y no han avanzado en ratificaciones clave, como la del Tribunal Tributario. Antes de fin de año, además, se deben designar dos nuevos magistrados de la Corte. Y mientras todo eso se acumula en el congelador, el conflicto sigue siendo el de siempre: una guerra de poder. RM, con 15 diputados, le reclama espacios al Panameñista, que tiene ocho. Y entra Seguimos, que por ley tiene derecho a representación. ¿La jugada de RM y PRD? Dilatar. Por eso mandaron a Bolota a la Corte a impugnar a Seguimos. Para disolverla y quedarse con más sillas. Las comisiones clave — Presupuesto, Credenciales y Gobierno— siguen en el limbo. ¿Y eso por qué importa? Porque ahí se juega el poder real.En Presupuesto, el pulso es por la presidencia. PRD, RM y algunos CD aliados buscan ocho votos para devolverle el trono a Benicio Robinson. Pero no los tienen. La otra opción es Julio de la Guardia, del “opositor” CD, que en teoría sí tiene los votos. ¿Alguno acabará con los chantajes, las prebendas y los cuartitos? Ja. En Credenciales, RM y PRD tienen cuatro votos. gociar, sino qué negocian. Llegaron a un acuerdo preliminar en el que cederían las presidencias de las comisiones como lo acordaron con Vamos, a cambio de ceder el control de la comisión. ¿Cómo? Dejándolos nombrar a un diputado más, el quinto voto, que sería el decisivo. Y al final la decisión la determinan los votos, no el presidente. Todo esto se resuelve si votan en el pleno. Escogen los miembros. Luego las directivas. Dos votaciones. Dejen el capricho y la sed de poder. Voten. Conformen las comisiones y trabajen. Panameñistas, Vamos: ustedes dijeron que venían a cambiar las cosas. Perder algunas votaciones es parte del juego. Pero actúen. Y la próxima vez, negocien mejor antes de llegar a acuerdos. Las comisiones no son secundarias. Son el corazón del poder legislativo. Por eso hay que conformarlas. Lo demás es show. En Gobierno, a Vamos le tocaba presidir. Pero RM y PRD quieren poner a Camacho. ¿Para qué? Para impulsar una amnistía que perdone a Martinelli y compañía por Odebrecht, Blue Apple y lo que venga. Esa comisión ve reformas al código penal, civil y electoral. Se les hace agua la boca.Las comisiones no son una bobada. Son el primer filtro de toda ley. El presidente de cada una decide si un proyecto vive o muere. ¿Quieres una ley anticorrupción? ¿Y si quien la decide vive de la corrupción? Mientras tanto no se discuten leyes, no se ratifican cargos, no se revisan presupuestos. Eso cuesta plata, paz social y competitividad. Mientras ellos pelean por sillas, hay escuelas rotas, basura acumulada y empresas esperando resoluciones fiscales. Y el problema es más grave todavía, porque Jorge Herrera se sentó el jueves con el PRD a negociar. Y ojo, el problema no es neQuieren meter a Dana Castañeda o a Bolota como presidente. Buscan un quinto, tal vez de la mixta. Si gana Bolota, él será el filtro de denuncias contra magistrados, el presidente o reformas internas. ¿Se imaginan al investigado por agredir a un colega decidiendo si se sanciona a sí mismo? ¿O al esposo de una abogada de Martinelli juzgando a quienes investigan a Martinelli y de paso a él? La ministra de Educación, Lucy Molinar y el director del Idaan, Rutilio Villarreal. Archivo Presupuesto de 2025 con baja ejecución en educación y agua Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] FONDOS PÚBLICOS Aunque el proyecto de presupuesto para 2026 plantea un panorama prometedor en materia de inversión social, la experiencia reciente deja dudas sobre su ejecución. El Gobierno dio a conocer el proyecto de Presupuesto General del Estado para 2026, que asciende a $34,900 millones, una cifra que, según el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, busca equilibrar la inversión social con la disciplina fiscal. El plan contempla un componente de inversión pública de $11,151 millones, lo que representa un aumento del 26% respecto al año anterior. De ese monto, el 12% se destinará a infraestructura física y el 9.5% a programas sociales y de desarrollo humano. Entre las prioridades se destacan proyectos en salud, acceso a agua potable, educación e infraestructura crítica. Aunque la educación mantendrá su asignación equivalente al 7% del Producto Interno Bruto (PIB), Chapman advirtió sobre la urgencia de alcanzar un equilibrio intersectorial en el gasto público. El proyecto de presupuesto para 2026 plantea un panorama prometedor en materia de inversión social, pero la experiencia reciente deja dudas sobre su ejecución. En lo que va de 2025, a pesar de los miles de millones asignados a sectores clave, varias entidades no lograron ejecutar de forma eficiente los recursos disponibles, particularmente en áreas sensibles como educación y el acceso al agua potable. Casos notables Uno de los casos más alarmantes es el del Ministerio de Educación (Meduca), que entre enero y junio apenas ejecutó el 7% de su presupuesto de inversión, según datos oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Esta baja ejecución ocurre en un momento crítico, cuando persisten las demandas por mejores condiciones en la infraestructura educativa y una mejora sustancial en la calidad docente. La parálisis en el uso de fondos destinados a inversión pone en riesgo avances urgentes en el sistema educativo. Del total de $2,024.5 millones asignados al Meduca para funcionamiento en 2025, ya se han utilizado $822.4 millones, lo que representa un 40.6%. Sin embargo, la situación cambia radicalmente en el renglón de inversión. El presupuesto original de $1,652.7 millones fue recortado a $1,340.9 millones, de los cuales apenas se han ejecutado $93.3 millones. Esta cifra representa tan solo el 7% del total, un desempeño que ha generado cuestionamientos dentro y fuera del sector. El comportamiento del Meduca no es nuevo. En 2024, la ejecución del gasto en funcionamiento fue eficiente, alcanzando un 95.3% de los $1,925.3 millones asignados. No obstante, en el área de inversión volvió a quedar en deuda. A pesar de que el presupuesto inicial para este fin era de $1,638.3 millones, varios traslados de partidas redujeron el monto disponible a $950.9 millones. De ese total, solo se ejecutaron $465.1 millones, lo que equivale al 48.9 %. En el pasado reciente, la ministra Molinar ha intentado justificar este tema, explicando que su cartera ha asignado los recursos a las diferentes obras, pero esto no significa que finalmente se ha ejecutado. El presupuesto ejecutado refleja cuánto del dinero fue realmente usado, es decir, cuánto se desembolsó para pagar obras. La baja ejecución no se limita al sector educativo. Otras instituciones con presupuestos millonarios también muestran cifras poco alentadoras. El Ministerio de Obras Públicas (MOP), por ejemplo, tiene asignados $890.1 millones para inversión y apenas ha ejecutado $278.9 millones, es decir, un 31.3 %. En tanto, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), con un presupuesto de $247.4 millones en este mismo renglón, solo ha logrado ejecutar $28.7 millones, lo que representa un escaso 11.6 %. Mejor inversión A diferencia del Meduca, cuya ejecución en inversión ha sido históricamente baja, otras instituciones del Estado muestran un desempeño relativamente más eficiente. Entre enero y junio de este año, el Ministerio de Salud alcanzó un 61.4% de ejecución de su presupuesto de inversión, ya que de $305.6 millones se han utilizado $187.6 millones. También destacan el Ministerio de Desarrollo Social, con una ejecución del 53.9 %, y el Ministerio de Seguridad, con un 50.2 %. José González Pinilla [email protected] CSS investiga escándalo de incapacidades médicas usadas para viajar TRÁFICO DE INFLUENCIA La Caja de Seguro Social (CSS) informó ayer martes 29 de julio que ha iniciado una investigación contra dos funcionarias denunciadas por el uso irregular de incapacidades médicas. Se trata de servidoras públicas que viajaron al extranjero durante los días en que, según las incapacidades médicas presentadas, debían permanecer en reposo por motivos de salud. La denuncia fue recibida por la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), entidad que realizó la investigaciónycomprobó,conapoyo del Servicio Nacional de Migración, la salida del país de ambas funcionarias, incluyendo una adscrita a la Autoridad de Descentralización. Como resultado, la Antai recomendó sus destituciones y remitió los expedientes a la Fiscalía Anticorrupción. “La CSS reafirma que no tolerará prácticas que vayan en contra de la ética, por lo que la institución sigue ejerciendo su rol fiscalizador, con el compromiso de garantizar una administración eficiente de los recursos de todos los asegurados”, destacó la entidad en un comunicado. Una de las funcionarias de la CSS permaneció fuera del país por aproximadamente tres meses. Durante ese periodo, según indicó la Antai, se le expidieron nuevas incapacidades médicas en Panamá, pese a encontrarse en el extranjero. Esto le permitió seguir cobrando su salario. En cuanto a un funcionario que se encuentra inhabilitado para ejercer cargos públicos desde octubre de 2023 hasta octubre de 2026, la CSS informó que ya no labora en la institución. De acuerdo con la Antai, dicho funcionario fue contratado en 2021, sancionado e inhabilitado en 2023, pero fue denunciado por continuar figurando en la planilla institucional. Las secuelas La baja ejecución presupuestaria y los constantes traslados de partidas del Meduca hacia otras entidades —discutidos en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea— han generado críticas hacia las autoridades responsables del ministerio. Entre 2019 y 2024, los señalamientos recayeron en Maruja Gorday de Villalobos, y ahora en Lucy Molinar. Por ejemplo, en noviembre del año pasado, el diputado de Vamos, Roberto Zúñiga, cuestionó que se trasladaran $505 millones del Meduca a entidades como el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Otros diputados, como Jorge Bloise, han reclamado un mejor estado de los centros escolares del país. Bloise impulsó un estudio realizado en diciembre de 2024, el cual reveló que el 50 % de los centros educativos públicos en los corregimientos de Juan Díaz, Don Bosco, Parque Lefevre, Río Abajo y San Francisco se encuentran en condiciones subóptimas. Según el informe, un 33.3 % presenta condiciones regulares y un 16.7 % está en estado deficiente. En el tema de distribución de agua potable, en varias regiones de Panamá — incluyendo Panamá Oeste, Panamá Norte, Panamá Este, David, Azuero y San Miguelito— se están reportando problemas de escasez, lo que ha llevado a ciudadanos y comunidades a manifestar su descontento y exigir soluciones mediante mejores inversiones. El último incidente se registró en Tocumen, donde residentes y autoridades locales protagonizaron un enfrentamiento con la Policía Nacional por la falta de agua.
7A La Prensa Panamá, miércoles 30 de julio de 2025 Panorama Los diputados Jorge Bloise y José Pérez Barboni. Isaac Ortega Diputados logran consenso en 13 comisiones; hoy será un día clave Ohiggis Arcia Jaramillo Mario De Gracia [email protected] ASAMBLEA NACIONAL La Asamblea alcanzó consenso en 13 de 15 comisiones, pero persisten disputas por Presupuesto y Credenciales. Algunos diputados advierten imposiciones y desequilibrios, mientras crece la presión para completar la integración de todas las comisiones esta semana. Las bancadas de la Asamblea Nacional han logrado algunos avances en las conversaciones para la conformación de las 15 comisiones permanentes. Así lo aseguró el secretario general del Legislativo, Carlos Alvarado, quien afirmó que esta misma semana podría cerrarse el acuerdo. “Yo diría que el barco va a llegar a puerto esta misma semana”, expresó con optimismo. Hasta el cierre de la jornada de ayer ya existía consenso sobre la integración de 13 comisiones. Según Alvarado, la mesa de diálogo se reanudó poco después del mediodía del martes y se logró consenso sobre una comisión adicional: la de Comercio. “Estimamos tener pronto las 15”, indicó, aunque reconoció que aún hay diferencias en torno a Presupuesto y Credenciales. Se logró destrabar las diferencias en Economía . Las conversaciones han fluido de manera constructiva, aseguró el funcionario, quien explicó que el objetivo es llevar al pleno una propuesta consensuada. “Sí, porque las conversaciones están fluyendo bien y todos están positivos de que podamos acordar para bajar ya en bloque a votar”, adelantó. Según sus estimaciones, para el miércoles 30 de julio podrían anunciarse “buenas noticias”. La conformación Consultado sobre cómo quedaría la conformación de las comisiones ya definidas, Alvarado prefirió no adelantar detalles. Aclaró que los espacios aún están sujetos a ajustes, ya que las negociaciones continúan en paralelo para las comisiones que restan. “Todavía, en las que quedan, puede variar algún espacio de las ya acordadas para acceder a otro, y esa es la potestad de los diputados”, explicó. El secretario también recordó que, conforme al reglamento interno, el proceso habitual en la Asamblea es alcanzar consensos antes de votar. “Esperar todo este tiempo para que haya nómina de consenso es el proceso usual; el atípico es la votación”, sostuvo, en alusión a la expectativa que ha generado el retraso en la conformación de las comisiones estratégicas. Uno de los temas que ha generado mayor discusión ha sido la distribución interna de las posiciones dentro de las bancadas. No obstante, precisó que aún se afinan detalles. En cuanto a si las comisiones estratégicas se han dejado para el final, Alvarado prefirió no categorizar ninguna como más importante que otra. “Eso se mide con el ojo de quien lo ve”, comentó, en alusión a que el valor de cada comisión depende del interés político de cada bancada. A pesar de las diferencias, todo apunta a que esta semana se definirá la composición de los grupos legislativos. Hasta el cierre de esta nota, los jefes de bancada se mantenían reunidos con la junta directiva de la Asamblea Nacional, presidida por el diputado Jorge Herrera. Sin embargo, fuentes legislativas confirmaron que parte del estancamiento obedece a disputas sobre la presidencia de ciertas comisiones, en especial Presupuesto y Credenciales. Estas pugnas han provocado señalamientos cruzados entre bancadas que acusan a otras de buscar un control político desproporcionado dentro de las comisiones. El diputado José Pérez Barboni, del Movimiento Otro Camino, advirtió que algunas bancadas están condicionando el respaldo a los nombramientos a cambio de presidencias, lo que —según dijo— violaría el artículo 45 del reglamento interno, que prohíbe la imposición de miembros para garantizar directivas. Desde Realizando Metas, el diputado Luis Eduardo Camacho acusó a la bancada Vamos de buscar más espacios de los que le corresponden. “Se está tratando de desequilibrar la proporcionalidad establecida por el reglamento. Si no hay corrección, no respaldaremos el acuerdo”, afirmó. A su vez, el diputado Manuel Samaniego (Vamos) señaló que ya hay “humo blanco” en al menos ocho comisiones desde la semana pasada, y que si no se logra consenso final, se deberá aplicar el artículo 43 del reglamento, que permite una votación secreta para integrar las comisiones. El presidente Jorge Herrera reiteró que “la prioridad es el consenso, pero si no se logra, haremos uso del mecanismo que prevé el reglamento”. Varios sectores, incluso algunos diputados, han cuestionado el atraso en la conformación de las comisiones, ya que esto ha impedido la discusión de nuevos proyectos de ley. También ha dilatado la aprobación de traslados de partidas y el nombramiento de funcionarios clave en el sector público.
8A La Prensa Panamá, miércoles 30 de julio de 2025 Los pasaportes de las cinco islas nación permiten entrar sin visado en la mayoría de los países. Las agencias inmobiliarias extranjeras están aprovechando el auge. Getty Images Pasaporte en Islas del Caribe a cambio de comprar vivienda Cinco de las naciones islas de la región - Antigua y Barbuda, Dominica, Granada, San Cristóbal y Nieves y Santa Lucía - ofrecen este tipo de ciudadanía por inversión (CBI, por sus siglas en inglés) con tan sólo 200,000 dólares. Si se echa un vistazo a las casas en venta en el Caribe Oriental, ya no se trata sólo de playas encantadoras y un estilo de vida relajado para atraer a los compradores. Cada vez son más los anuncios de propiedades que ofrecen un pasaporte, y se dice que la volatilidad política y social en Estados Unidos está alimentando un aumento del interés. Cinco de las naciones islas de la región - Antigua y Barbuda, Dominica, Granada, San Cristóbal y Nieves y Santa Lucía - ofrecen este tipo de ciudadanía por inversión (CBI, por sus siglas en inglés) con tan sólo 200,000 dólares. Compre una casa y obtendrá un pasaporte que le permitirá entrar sin visado en hasta 150 países, incluidos el Reino Unido y la zona Schengen. Para los ricos, la ausencia en las islas de impuestos sobre plusvalías y sucesiones, y en algunos casos también sobre la renta, es otro gran atractivo. Además, los cinco programas de la región permiten a los compradores conservar su nacionalidad. En Antigua, las agencias inmobiliarias tienen dificultades para satisfacer la demanda, dice Nadia Dyson, propietaria de Luxury Locations. “Hasta el 70% de los compradores buscan la nacionalidad, y la gran mayoría son estadounidenses”, explica a la BBC. “No hablamos de política con ellos, pero el inestable panorama político [en Estados Unidos] es sin duda un factor”, señala. “El año pasado por estas fechas, todos eran compradores de estilo de vida y unos pocos CBI. Ahora todos dicen ‘quiero una casa con ciudadanía’. Nunca habíamos vendido tantas”. A pesar de que el programa de Antigua no exige la residencia, algunos compradores desean mudarse a tiempo completo, afirma Dyson, y añade: “Algunos ya lo han hecho”. Los ciudadanos estadounidenses representaron el grueso de las solicitudes de CBI en el Caribe durante el pasado año,confirman los expertos en migración por inversión Henley & Partners. Ucrania, Turquía, Nigeria y China son otros de los países de origen con más frecuencia de solicitantes, afirma la empresa británica, que tiene oficinas en todo el mundo. Añade que las solicitudes globales para los programas de CBI del Caribe han aumentado un 12% desde el cuarto trimestre de 2024. Todo, desde la violencia armada hasta el antisemitismo tienen en vilo a los estadounidenses, según Dominic Volek, de la consultora. “Alrededor del 10-15% se muda. Para la mayoría es una póliza de seguro contra lo que les preocupa. Tener una segunda nacionalidad es un buen plan de respaldo”, explica. Volek afirma que las ventajas de viajar que ofrecen los pasaportes caribeños atrae a las personas de negocios, y también pueden suponer un beneficio de seguridad. “Algunos clientes estadounidenses prefieren viajar con un pasaporte políticamente más benigno”. Antes de la pandemia de covid, Estados Unidos ni siquiera estaba en el “radar” de Henley, comenta Volek. Las restricciones de circulación produjeron un “impacto considerable” en las personas adineradas acostumbradas a viajar libremente en jets privados, lo que provocó el primer aumento de solicitudes de CBI en EUA. El interés volvió a aumentar tras las elecciones estadounidenses de 2020 y 2024. “Hay demócratas a los que no les gusta Trump, pero también republicanos a los que no les gustan los demócratas”, afirma Volek. “En los dos últimos años hemos pasado de tener cero oficinas en Estados Unidos a ocho en las principales ciudades, y en los próximos meses abriremos otras dos o tres”, agrega. Robert Taylor, de Halifax, en Canadá, compró una propiedad en Antigua, donde piensa jubilarse a finales de este año. Invirtió $200,000 justo antes de que el umbral inmobiliario se elevara a $300,000 el verano pasado. Ser ciudadano no sólo le evita restricciones en cuanto a la duración de la estancia, sino que también le da libertad para aprovechar oportunidades de negocio, explica. “Elegí Antigua porque tiene unas aguas preciosas, la gente me parece muy, muy amable y también significa un tiempo estupendo para la última fase de mi vida”. Sin embargo, estos programas no están exentos de polémica. Cuando el entonces Gobierno de Antigua planteó por primera vez la venta de pasaportes en 2012 como una forma de apuntalar la débil economía, algunos consideraron que era éticamente dudoso. Manifestantes salieron a la calle en señal de condena, recuerda la ex presidenta de la Cámara Baja Gisele Isaac. “Había un sentimiento de nacionalismo; la gente sentía que estábamos vendiendo nuestra identidad, por así decirlo, a personas que no sabían nada de nosotros”, afirma. Los líderes de otras naciones caribeñas que no ofrecen CBI también se han apresurado a criticar, entre ellos el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, quien ha declarado que la ciudadanía no debe ser “una mercancía en venta”. La comunidad internacional teme que una supervisión laxa ayude a los delincuentes a burlar sus fronteras. La Unión Europea ha amenazado con retirar su codiciado acceso sin visado a los países caribeños de CBI, mientras que Estados Unidos ha expresado previamente su preocupación por la posibilidad de que estos programas se utilicen como vehículo para la evasión fiscal y la delincuencia financiera. Una portavoz de la Comisión Europea le dijo a la BBC que está “monitoreando” los cinco programas caribeños y que mantiene conversaciones con sus respectivas autoridades desde 2022. Según ella, se realiza una evaluación para determinar si la ciudadanía por inversión constituye “un abuso del régimen de exención de visados de que disfrutan esos países respecto a la UE y si es probable que suponga riesgos para la seguridad de la UE”. La Comisión ha reconocido las reformas llevadas a cabo por las islas, que, según afirma, repercutirán en su evaluación. Por su parte, las cinco naciones caribeñas han reaccionado airadamente a las afirmaciones de que no están haciendo lo suficiente para escrutar a los solicitantes. El primer ministro de Dominica, Roosevelt Skerrit, ha calificado el programa CBI de su país de “sólido y transparente”, y ha añadido que las autoridades han trabajado arduamente para garantizar su integridad. El Gobierno afirma que la venta de pasaportes ha permitido recaudar más de $1,000 millones desde el inicio de la iniciativa en 1993, con los que se han financiado infraestructuras vitales como un hospital de última generación. En Santa Lucía, el primer ministro, Philip J Pierre, afirma que la isla se adhiere a las normas de seguridad más estrictas para garantizar que su CBI no contribuya inadvertidamente a actividades ilícitas. La necesidad de apaciguar a las superpotencias mundiales frente al aumento de los ingresos es un delicado acto de malabarismo para las pequeñas naciones caribeñas, con escasos recursos y dependientes de los vaivenes del turismo. Los programas del CBI fueron calificados de salvavidas en una cumbre regional de la industria celebrada en abril, y los fondos se utilizan para todo, desde la recuperación tras catástrofes naturales hasta el refuerzo de los planes nacionales de pensiones. El Primer Ministro de Antigua, Gaston Browne, afirmó que el dinero recaudado había sacado a su país del borde de la bancarrota en la última década. Aparte de la compra de propiedades, otras vías para obtener la ciudadanía caribeña a través de inversiones suelen incluir una donación única a un fondo nacional de desarrollo o similar. Las donaciones oscilan entre $200,000 en Dominica para un único solicitante y $250,000 para un solicitante principal y hasta tres familiares a su cargo en Dominica y San Cristóbal. En Antigua, los inversores también tienen la opción de donar $260,000 a la Universidad de las Antillas. Ante la presión internacional, las islas se han comprometido a adoptar nuevas medidas para reforzar la supervisión, incluida la creación de un regulador regional que establezca normas, monitoreé las operaciones y garantice el cumplimiento. Además, seis principios acordados con EUA incluyen una mayor diligencia debida, auditorías periódicas, entrevistas obligatorias con todos los solicitantes y la eliminación de una laguna jurídica que anteriormente permitía a un solicitante denegado por un país presentar su solicitud en otro. Hoy por hoy, la venta de pasaportes representa entre el 10% y el 30% del PIB de las islas. Andre Huie, periodista de San Cristóbal, afirma que el plan CBI de su país cuenta con un “apoyo generalizado” como resultado. “El público entiende su valor para la economía y aprecia lo que el Gobierno ha podido hacer con el dinero”. El pleno de la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate, el proyecto de ley No. 168, que elimina la obligatoriedad de presentar un examen de barra para obtener la idoneidad para ejercer la abogacía. Un examen de barra es una prueba de conocimientos prácticos y éticos de derecho. Con una votación de 47 votos a favor, dos abstenciones y cero votos en contra, el pleno aprobó el citado proyecto de ley, presentado por el diputado Ernesto Cedeño. La propuesta de Cedeño plantea que, para obtener la idoneidad de abogado, se podrán seguir tres opciones: la práctica profesional, una tesis o un examen. Al momento de la presentación del proyecto de ley, Cedeño explicó que la Corte Suprema de Justicia no tenía facultades para establecer un examen de suficiencia como requisito para obtener la idoneidad para ejercer como abogado en el país. Según el diputado, los estudiantes de Derecho cumplen con un pénsum académico en las universidades que los habilita para el ejerExamen de barra para los abogados pasaría a ser una opción, no obligación ASAMBLEA NACIONAL cicio del Derecho. Aunque reconoció que, en algunos casos, la formación de los abogados puede haberse debilitado por intereses económicos, señaló que estos aspectos deben ser abordados por las propias universidades o los entes encargados de verificar sus estándares de calidad. Agregó que la Ley 350 del 21 de diciembre de 2022, que regula el ejercicio de la abogacía en Panamá, confería atribuciones a la Corte Suprema de Justicia que no son competencia del Órgano Judicial, siendo este un tema que debe ser atendido privativamente por el Órgano Ejecutivo. Juan Manuel Díaz [email protected] Imagen conceptual de iStock. Panorama
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