4A La Prensa Panamá, lunes 28 de julio de 2025 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] GRACIA. La diputada Shirley Castañedas ha presentado un anteproyecto para establecer sanciones por las faltas al Código de Ética y Honor Parlamentario. Tiene gracia que sea ella la proponente, dada su estrecha relación con Bolota. Es casi tan cómico como cuando Raúl Pineda pretendía prohibir que se exigiera la presentación del récord policivo al solicitar un empleo. ENTONADO. Según el canciller Martínez Acha, Martinelli ha bajado el “tono” de sus opiniones, en comparación con sus mensajes anteriores en redes sociales. Si se refiere a que ahora habla del Ron Abuelo, eso no es bajar el tono. Es simplemente otro mensaje errático, como muchos otros que ha escrito. CHISTE. Volviendo al anteproyecto de Castañedas sobre las faltas a la ética parlamentaria, la lista de sanciones propuesta por la diputada es de lo más risible: amonestación oral, amonestación escrita, suspensión del derecho a voz en el período de incidencias por 15 a 30 días, y multa equivalente a entre 1 y 7 días de salario. ¿De qué sirve castigar a los diputados quitándoles el uso de la palabra en un espacio en el que no tienen responsabilidad alguna? Una sanción real sería que respondieran legalmente por cada disparate e infundio que dicen desde la comodidad de la curul. DESIDIA I. Todas las bancadas alegan estar listas para conformar las comisiones legislativas… pero no pasa nada. En ese relajo ya llevan cuatro semanas. ¿Acaso tienen miedo? DESIDIA II. La Comisión de Presupuesto de la Asamblea no se reúne desde el pasado 26 de junio, es decir, hace más de un mes. A menos que se haya ejecutado el 100 % del presupuesto correspondiente a este año, a La Fiscalía Anticorrupción hizo varios allanamientos por el caso del SIPE. Cortesía Red desfalcó la CSS y mutiló pensiones de cientos de trabajadores Ereida Prieto-Barreiro [email protected] Fraude en la CSS orquestado por funcionarios y particulares redujo ilegalmente salarios a un dólar, poniendo en riesgo pensiones de cientos de trabajadores. Veintinueve personas imputadas (de las cuales cinco ya fueron condenadas), $858,719.23 recuperados y 10 expedientes en curso. Ese es el saldo de las investigaciones judiciales, siete años después de que La Prensa revelara la existencia de una red que alteró el registro electrónico de cotizantes de la Caja de Seguro Social (CSS), para otorgar beneficios a personas que en su vida habían pagado una cuota obrero patronal a la entidad. Por estos hechos, ya hay cinco personas condenadas, seis detenidas provisionalmente y otras 16 con medidas cautelares distintas, como la obligación de notificarse periódicamente, hasta el primer semestre de 2025. Las condenas van desde la pena de prisión (aunque posteriormente alguna fueron reemplazadas por trabajo comunitario), al pago de multas y la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Solo uno de los condenados fue funcionario de la CSS; el resto son particulares, contó el fiscal anticorrupción David Garay. La red, integrada por funcionarios y particulares, operaba a través de alteraciones en el Sistema de Ingresos y Prestaciones Económicas (SIPE), donde están registrados los salarios de todos los trabajadores que cotizan en la CSS. Además de provocar un desfalcó de más de $800,000, provocó daños directos a trabajadores cuyos salarios fueron reducidos fraudulentamente —en algunos casos, a $1 mensual—, afectando así sus futuras pensiones, señaló el fiscal Garay. En una serie de publicaciones en el año 2018, La Prensa documentó cómo la red contactaba a empleadores morosos para ofrecerles eliminar o reducir los saldos, a cambio de un pago equivalente al 20% o 30% del monto adeudado a la CSS. Esta práctica, además de favorecer ilegalmente a empresarios, dejó a los empleados asegurados con registros salariales tan bajos que afectaron sus aportes al programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). En abril de 2018, el entonces director de la CSS, Alfredo Martiz, acusó a esta “mafia” de cometer “robos, fraudes y evasión”, lo que provocó un desfalco de más de $300 millones. Martiz dijo aquella vez que al menos 14 empresas estaban involucradas. Un año después, en marzo de 2019, las autoridades informaron que había 22 investigaciones relacionadas con estas defraudaciones, aunque el monto llegaba a $860 mil y no a los $300 millones denunciados por Martiz. Los más afectados Trabajadores de los sectores de la construcción, publicidad y restaurantes figuran entre los más perjudicados, al detectarse que, desde aproximadamente 2018, sus salarios fueron disminuidos drásticamente o eliminados en la planilla ingresada al SIPE. “Hemos visto en ocasiones que se han establecido salarios de $1 mensual. Ellos tienen un monto un poco superior y es ahí donde entra el perjuicio a la Caja de Seguro Social”, reveló Garay. La detección la hacen inicialmente los auditores de la CSS. “Ellos, de manera oficiosa, están ingresando al sistema y levantando las auditorías correspondientes. Posteriormente, la CSS, a través de su departamento Legal, presenta las denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción y el Ministerio Público adelanta las instrucciones sumariales en cada caso en particular”, dijo el fiscal. Los funcionarios implicados pertenecían a la Dirección de Investigación de Planillas Complementarias de la CSS. “Sobre esa base, la CSS realizó el cálculo de las prestaciones económicas, lo que significa que muchos trabajadores recibirán bajas pensiones sin saber siquiera que sus historiales fueron manipulados”, alertó el fiscal. Lo recuperado Por ahora, la fiscalía ha recuperado $858,719.23 a través de cinco empleadores que aceptaron pagar la reparación por los daños causados.Estemontorepresenta apenas una fracción del daño total. El fiscal Garay no especificó a cuánto asciende exactamente la lesión a la CSS. “Estamos hablando de personas que desde 2018 ya venían morosas y se les eliminó la deuda o se modificó en algunos casos”, resaltó. Hasta ahora, ya han ingresado al Tesoro Nacional unos $38,800, en concepto de multas impuestas por los tribunales a algunos imputados que ya han aceptado su participación y recibido condena. ¿Habrá más allanamientos y detenciones? “No se descartan”, aseguró Garay a La Prensa. Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Janine Prado. Isaac Ortega Prado pide a sus colegas un acuerdo para instalar pronto las comisiones legislativas ASAMBLEA NACIONAL La diputada de la coalición Vamos, Janine Prado, criticó con firmeza el retraso en la conformación de las comisiones permanentes de la Asamblea Nacional y llamó a sus colegas a anteponer los intereses del país por encima de los cálculos políticos. “Hago un llamado nuevamente, porque ya lo hice en el pleno, a que de una buena vez se pueda dar esta conformación de las comisiones. Y si no hay consenso, lo responsable es bajarlo al pleno para votación”, reclamó. Prado lamentó que, a pocos días de terminar julio, el Legislativo siga sin avanzar en un proceso fundamental para el funcionamiento institucional. La diputada veragüense advirtió que más de 70 anteproyectos esperan ser discutidos en comisiones, además de iniciativas pendientes del periodo anterior que ya fueron prohijadas y requieren primer debate. “Hay que tener en cuenta que hay proyectos importantes para el país en materia de educación, salud, agua y energía eléctrica”, subrayó, al tiempo que destacó que también hay nombramientos por resolver en la Comisión de Credenciales y traslados de partidas en la Comisión de Presupuesto, los cuales considera urgentes ante la falta de reactivación económica. Prado responsabilizó a ciertas bancadas de prolongar innecesariamente las negociaciones. Aunque no mencionó directamente a sus colegas, sugirió que algunos partidos priorizan intereses particulares. “Desde el primero de julio estamos listos para trabajar. Ya sabemos quiénes somos los comisionados de nuestra parte”, aseguró. Desde su perspectiva, el mensaje que se está enviando al país es preocupante. “Mientras las comisiones no estén andando, todo está paralizado. Hay leyes para combatir la corrupción que siguen esperando ser debatidas”, lamentó. Para Prado, la falta de voluntad política contradice la promesa de construir una “nueva Asamblea” y urgió a los diputados, sin importar su origen partidario o si son de libre postulación, a hacer un ejercicio de autocrítica. “Es momento de que cada uno haga un análisis personal y tome correctivos”, insistió. Las reuniones Por su parte, el diputado del Movimiento Otro Camino (MOCA), Ernesto Cedeño, reconoció que aún no se ha alcanzado un consenso definitivo para conformar las comisiones permanentes de la Asamblea Nacional, lo que ha provocado un retraso en su instalación. Según indicó, hasta el momento solo se han celebrado reuniones por separado entre bancadas, a las que calificó como “reuniones de cabildeo”, en las que se intenta encontrar puntos de acuerdo. Cedeño subrayó que este lunes podrían comenzar las reuniones para tratar el tema, pero advirtió que los encuentros están condicionados por la llegada tardía de algunos diputados del interior del país. Además, admitió que no se ha convocado a una junta directiva ampliada para la semana y que el tema sigue trabado por diferencias en las comisiones de Presupuesto y Credenciales. Son tres comisiones —las más codiciadas del Legislativo— sobre las que recae el peso del estancamiento en la conformación y elección de sus miembros: Presupuesto; Credenciales, Reglamento y Ética Parlamentaria; y Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales. El denominado bloque de 37 diputados —que logró la presidencia del Legislativo con el apoyo del Partido Panameñista, la coalición Vamos, la bancada Seguimos, Cambio Democrático (CD) y el Partido Popular (PP)— considera que debe obtener la mayoría de los asientos en las comisiones. Sin embargo, la otra gran fracción de la Asamblea, conformada por 34 diputados del oficialista partido Realizando Metas (RM), el Partido Revolucionario Democrático(PRD)ylabancadamixta —conformada por diputados de partidos minoritarios y de libre postulación— también aspira a controlar dichos espacios. Esta semana podría ser decisiva, aunque todo dependerá de la disponibilidad que muestren bancadas como las de RM y el PRD, que apuestan por llevar la escogencia de las comisiones a votación en el pleno. esta instancia todavía le corresponde avalar todos los traslados de partida y créditos extraordinarios solicitados por los ministerios y otras entidades. El año pasado, el MEF calculó que, en un mes “complicado”, se atienden hasta mil traslados de partida. Así que seguramente ahora mismo hay una pila inmensa de traslados por aprobar. ¿O será que ya se acabó la plata y, por eso, no hay ningún afán? UI UNIDAD INVESTIGATIVA
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