6A La Prensa Panamá, viernes 25 de julio de 2025 La Contraloría General de la República entregó 12 nuevos informes al Ministerio Público, como parte de las distintas auditorías que esta entidad lleva a cabo en diferentes juntas comunales a nivel nacional. En un comunicado, la Contraloría aseguró que los informes, correspondientes a juntas ubicadas en el interior del país, revelan presuntas irregularidades por un monto estimado en 4.5 millones de dólares. Con esta nueva remisión, ya son 25 las juntas auditadas, acumulando un impacto económico de más de 13 millones de dólares entre los años 2019 y 2024, específicamente durante la administración del expresidente Laurentino Cortizo. El contralor general, Anel Flores, ha expresado que las auditorías se ejecutan con “objetividad, rigor técnico y sin excepciones”. De igual forma, aseguró que continuará con la entrega de informes en los próximos días, con el fin de que el “Ministerio Público determine las responsabilidades penales o administrativas correspondientes” en los casos detectados. Según estimaciones preContraloría identifica nuevas presuntas irregularidades en juntas comunales FONDOS PÚBLICOS liminares, la cifra total del posible daño patrimonial podría alcanzar los $43 millones cuando se complete la revisión del primer bloque. Las presuntas irregularidades nacieron de la llamada “descentralización paralela” del gobierno de Cortizo. De dicho programa, las autoridades aseguran que millonarios fondos de la Autoridad Nacional de Descentralización fueron repartidos con criterio político. La mayoría de esos millones fue a parar a juntas comunales y municipios que estaban controlados por autoridades cercanas a diputados influyentes del Partido Revolucionario Democrático (PRD), agrupación que en el quinquenio pasado gobernaba el país. Richard Morales entrevistado por Mario De Gracia. LP Richard Morales: ‘Aquí ya no hay Estado de Derecho’ Mario De Gracia [email protected] Mario De Gracia [email protected] ENTREVISTA Afín a las ideas de Suntracs y otros movimientos sociales, el excandidato a vicepresidente da un vistazo sobre la demanda para disolver el sindicato. Tras regresar de China, señala que en ese país hubo ‘perplejidad’ por la relación con Estados Unidos. Richard Morales, excandidato a la vicepresidencia de la República, regresó a Panamá. Después de las elecciones generales de 2024, torneo en el que acompañó a Maribel Gordón como fórmula por la libre postulación, se trasladó a China para realizar un doctorado en desarrollo nacional. Ahora, de vuelta en la vida pública, lanza una advertencia contundente: “Aquí ya no hay Estado de derecho”. Morales no estuvo en el país durante la mayoría del primer año de gestión del presidente de la República, José Raúl Mulino, pero asegura haber seguido de cerca las manifestaciones que marcaron los primeros meses del mandatario. Así lo expresó en entrevista exclusiva con La Prensa. “Regreso al país sumamente preocupado y, a la vez, indignado por lo que está sucediendo. Es claro que estamos ante una deriva autoritaria”, afirmó, en referencia a la demanda presentada por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) para disolver el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs). Entre los argumentos del Mitradel, según explicó la ministra, Jackeline Muñoz, cuando anunció la medida el pasado 17 de julio, el sindicato “ha desvirtuado por completo su propósito original de defender a los trabajadores panameños”. Muñoz también argumentó que la acción legal está sustentada en el artículo 392 del Código de Trabajo y que responde a múltiples denuncias y hechos que evidencian cómo, bajo la fachada de una organización sindical, se habrían cometido presuntos actos reiterados de extorsión, violencia, estafa, abuso de poder y uso indebido de recursos. Pero Morales cuestiona: “Suntracs ha estado en las calles defendiendo el derecho de los panameños a una pensión. ¿No es eso una misión que le corresponde a todo sindicato?”. Y agregó: “Aquí ya no hay Estado de derecho, y queda claro cuando un gobierno dice que va a destruir un sindicato”. Detonantes del descontento Las protestas del Suntracs y otras agrupaciones sindicales, gremiales y sociales tuvieron como principal detonante el proceso de reformas a la Caja de Seguro Social (CSS), que culminó con la sanción de la Ley 462, el 18 de marzo de 2025. Morales respalda los planteamientos de las organizaciones sindicales que se opusieron a los cambios. Considera que se aprobó “el peor sistema de pensiones posible”, al ser enteramente de cuentas nocionales —individuales—, a pesar de que el Gobierno ha defendido que la nueva ley permite un mayor rendimiento de las pensiones bajo este modelo. Las manifestaciones han cesado en distintos puntos del país, luego de que los estamentos de seguridad intensificaran su presencia para mantener el orden público. La situación alcanzó su punto más crítico en Bocas del Toro, donde se decretó un Estado de Urgencia que implicó la suspensión de garantías constitucionales a finales de junio, luego de disturbios y saqueos en Changuinola por parte de grupos al margen de la ley, según las autoridades. El excandidato a la vicepresidencia considera que no han perdido la lucha. “Ha habido un sacrificio enorme de docentes, del Suntracs, así como de distintos sectores que protestaron y han sido criminalizados (...). Pero por encima de las afectaciones que pueda haber, hay una necesidad de protestar (...). Yo diría que este pueblo no está debilitado; al contrario, nos hemos fortalecido porque hemos forjado conciencia en niveles de muy dura adversidad”, afirmó Morales. Futuro político y la izquierda Morales y Gordón encabezaron la única propuesta de la izquierda en las elecciones de 2024, aunque ambos evitaron etiquetas ideológicas. La dupla obtuvo 24 mil 563 votos, lo que representó el 1.08% del total de acuerdo con el Tribunal Electoral. Pero el excandidato no pierde la fe. Apuesta por un nuevo modelo de país, construido desde los sectores populares. Sostiene que una eventual disolución del Suntracs no eliminará las ideas en las que se basa. “Destruir organizaciones no cambia nada en el fondo, porque lo que se expresa a través del proyecto político de las izquierdas es la necesidad de un proyecto de país popular, que logre desarrollo nacional y permita crear y compartir riqueza de forma equitativa y sostenible”, indicó. Morales tiene pasado en el partido político en formación, Frente Amplio por la Democracia (FAD), agrupación que está a pocos pasos de obtener reconocimiento legal. Señaló que siguió el proceso organizativo mientras estuvo en China, aunque aclaró que no participa directamente, pero respalda su constitución. Para el excandidato, es urgente consolidar un proyecto político que “represente a las mayorías”, frente a adversarios políticos que describe como “una pequeña minoría oligárquica de la clase dominante que se ha apropiado de la riqueza del país”. Visa, Estados Unidos y China Durante su estancia en China, Morales asegura que sus colegas universitarios estaban “perplejos” por las decisiones del gobierno panameño frente a la presión de Estados Unidos (EUA) sobre el Canal de Panamá. El presidente estadounidense, Donald Trump, acusó en varias ocasiones la supuesta “maligna influencia de China” sobre el Canal, discurso que repite la representación diplomática estadounidense en Panamá. Morales asegura: “En la historia panameña, no hay ningún caso de injerencia [de China] en nuestros asuntos internos. El único país que ha tenido injerencia en asuntos internos de la política panameña son los Estados Unidos”. “Distintos profesores en la universidad estaban perplejos de cómo Panamá se da un tiro en el pie. ¿Por qué corta relaciones con China?”, agregó. Panamá mantiene relaciones con China desde 2017, establecidas durante la administración de Juan Carlos Varela, no obstante, el actual gobierno puso en pausa el Memorándum de la Ruta de la Seda en febrero pasado, en medio de una visita de Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos. Al ser consultado sobre su visa para ingresar a EUA, Morales dijo que, si bien tuvo visado en el pasado, cuando estudió una maestría en políticas públicas en la Universidad de Harvard, no ha vuelto a solicitar su renovación y no tiene planes de viajar a ese país por el momento. Sede la Contraloría en avenida Balboa. Archivo Justicia selectiva: cuando el poder exonera a los suyos Sabrina sin Censura Sabrina Bacal [email protected] Por más que estén revestidas de legalidad, hay decisiones que apestan a impunidad. La rebaja de penas que otorgó el presidente a los policías condenados por la muerte atroz de cinco menores en el Centro de Cumplimiento de Tocumen es una de ellas. El 9 de enero de 2011 policías arrojaron latas con gases lacrimógenos dentro de un celda en respuesta a un motín en el que los reos exigían agua y comida. Cinco adolescentes fueron calcinados vivos mientras sus gritos desesperados de auxilio eran ignorados. La crueldad de las escenas conmocionó al país. Las víctimas estaban bajo custodia del Estado y el ministro de Seguridad de ese entonces era José Raúl Mulino. En 2020, después de casi una década de lucha judicial, se logró la condena de los policías con penas de hasta 46 años de prisión por homicidio, tentativa de homicidio y vejámenes contra privados de libertad. Los culpables no esperaron su condena en centros penitenciarios como la mayoría de ciudadanos. Aun así, tras apenas cinco años en la cárcel, el Ejecutivo decidió reducirles la pena. No cumplieron ni un tercio de su condena. Y como si esto fuera poco, se reveló que al menos tres de ellos siguieron cobrando su salario de la Policía mientras estaban presos, según enseña el propio portal de la ANTAI. Sencillamente escandaloso. Es innegable que la rebaja de penas es una potestad constitucional del presidente, pero también lo es que, con esta decisión, se envían mensajes que debilitan la democracia. Si tienes poder o relaciones con el poder, la justicia te da un trato preferencial. ¿Qué credibilidad tiene el principio universal que establece que todos somos iguales ante la ley, cuando la realidad enseña que en Panamá “unos son más iguales que otros”? ¿Con qué cara se le dice a una madre o un padre que hay justicia, cuando el propio presidente -quien tenía la responsabilidad política en el momento del crimen- es quien decide liberar a los condenados por asesinar a su hijo? ¿A qué se debe el silencio de gremios y asociaciones que suelen pronunciarse con celeridad ante las amenazas a la seguridad jurídica? ¿O es que el Estado de derecho solo se aplica cuando se trata de proteger inversiones y contratos, pero no la vida de los más vulnerables? Esta decisión no solo es un golpe a la memoria de las víctimas y el esfuerzo de sus familias, sino un pésimo precedente para cualquier intento de construir confianza en la justicia. La impunidad se institucionaliza cuando quienes ostentan el poder utilizan sus facultades legales para proteger a los suyos. La excomisionada de la CIDH, Esmeralda Arosemena de Troitiño, repudió esta rebaja de penas, calificándola de “vergüenza para la justicia”. Si aspiramos a que en Panamá exista verdadera certeza del castigo, no se puede seguir premiando la impunidad, especialmente en los casos más dolorosos. No hay vidas que valgan menos que otras. Ni crímenes que se puedan borrar con una firma presidencial. Panorama
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