1A La Prensa Panamá, viernes 25 de julio de 2025 El medio libre de Panamá 75¢ Viernes 25 de julio de 2025 - Año 44 - Nº 15088 Hoy por hoy La importancia del sector logístico vuelve a ocupar la agenda pública, y no es casualidad. En un reciente foro organizado por La Prensa, el clamor empresarial fue directo: “Hagan que ocurra”. El mensaje apunta a algo más que buenas intenciones; exige decisiones inmediatas para no seguir perdiendo oportunidades. El presidente de la República y el ministro de Asuntos del Canal han expresado su disposición a licitar lo antes posible proyectos estratégicos como Corozal y Telfers. No se trata de promesas menores: hablamos de la posibilidad real de generar empleos de calidad, atraer inversiones y fortalecer los aportes al Estado. Panamá invirtió miles de millones de dólares en la ampliación del Canal, pero hoy otros países sacan mayor provecho de nuestra posición geográfica. Por dejadez, falta de coordinación o intereses particulares, seguimos sin capitalizar plenamente esa ventaja competitiva. El momento exige acción. No podemos permitirnos continuar postergando decisiones que otros ya tomaron. Si queremos mantenernos como líder logístico mundial, es hora de actuar con visión y coherencia. Mazatlán le da la espalda a Bárcenas 5B Deportes No habrá puertos ‘con trampas’, dice Mulino Ereida Prieto-Barreiro [email protected] Las inversiones en el sector logístico acapararon la conferencia de prensa de ayer del presidente de la de la República, José LOGÍSTICA El mandatario aseguró que la concesión en Isla Margarita fue una “trampa” montada para paralizar el proyecto y venderlo después. Prometió recuperar propiedades y relanzar el puerto con reglas claras. Raúl Mulino. Entre ellas destacó el fallido puerto en Isla Margarita, Colón. Aseguró que su gobierno desmontará los traspasos ilegales y que “no habrá puertos con empresas corruptas ni ligadas a este entrampe”. Según Mulino, se usarán “todos los medios de la ley” para recuperar el control total de las propiedades antes de una nueva licitación. Al referirse al aplazado puerto de Corozal, señaló que se le está “pisando el acelerador” a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) para concretar la licitación de ese puerto, considerado clave para el hub logístico. Recordó que el 30 de julio se reunirá con del administrador de la ACP, Ricaurte Vásquez, y su equipo para definir la hoja de ruta, y que en septiembre presentará el proyecto en Japón. VEA 2A Y 1B Línea 3 del Metro El túnel tiene un 34% de avance La tuneladora Panamá alcanzó el 34% de avance en la excavación del túnel de la Línea 3 del Metro, con 1.5 km perforados de los 4.5 km previstos. Este tramo soterrado conectará Panamá Oeste con Albrook, aliviando el tráfico en el puente de las Américas y beneficiando a más de 500 mil usuarios diarios. LP Luis Carlos Gómez. Archivo El Ministerio Público considera que depender del informe de la Contraloría es un cuello de botella que retrasa las investigaciones de corrupción. Por eso, el procurador Luis Carlos Gómez propone que las auditorías institucionales sean prueba suficiente en procesos penales. Este es uno de los temas medulaes contenidos en dos proyectos de ley presentados ante la Asamblea Nacional. Además, plantea aumentar las penas: de 4 a 8 años por enriquecimiento injustificado y alteración de contrataciones públicas, y hasta 10 años para servidores judiciales involucrados en actos de corrupción. VEA 7A PROPUESTA LEGISLATIVA Sala Tercera niega freno cautelar a Puerto Barú Méndezsalió de Bolivia; Panamá emitirá una alerta roja Gómez no quiere depender de informes de Contraloría para llevar corruptos a juicio La Sala Tercera de la Corte negó un freno cautelar al proyecto Puerto Barú, manteniendo vigente el estudio ambiental y permitiendo que el desarrollo portuario en David continúe sin interrupciones, pese a cuestionamientos de grupos ambientalistas. VEA 2B El secretario general del Suntracs Saúl Méndez, salió de Bolivia, confirmaron las autoridades del país sudamericano, mientras que fuentes confirmaron que Panamá emitirá una solicitud de alerta roja para su aprehensión. Se desconoce su paredero. 6 claves para entender qué son los polémicos archivos Epstein y por qué despiertan tanto interés www.prensa.com/bbc/
2A La Prensa Panamá, viernes 25 de julio de 2025 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Eliana Morales Gil [email protected] ‘No jalemos a Panamá a un problema de dos gigantes’ El futuro del monumento chino en el Mirador del Puente de las Américas fue uno de los temas que surgió en la conferencia de prensa del presidente José Raúl Mulino de ayer jueves 24 de julio. Un periodista de The Washington Post le planteó que la comunidad china en Panamá está preocupada por el destino de este símbolo, pues la Alcaldía de Arraiján no ha renovado el convenio que respalda su permanencia en el sitio. El mandatario, primero dijo que no tiene “nada que ver con eso” y recordó que desde que él se acuerdo “está ahí”. “Yo no tengo ninguna objeción de que se mantenga ahí”, agregó. Descartó que ese mirador tenga algo que ver con las tensiones China-EstaConstrucción del puerto y patio de contenedores en isla Margarita, Colón. Cortesía Mulino tacha de corrupta a la concesionaria de Isla Margarita Ereida Prieto-Barreiro [email protected] El presidente de la República prometió recuperar terrenos y relanzar el proyecto con nueva licitación, tras años de incumplimientos, litigios y apenas 20% de avance. El presidente José Raúl Mulino calificó de “corrupta” a la empresa a cargo de la concesión del fallido proyecto portuario en Isla Margarita, Colón, aunque no mencionó su nombre. Afirmó que dicha concesión, ya anulada por su gobierno, fue una “real trampa” y un proceso “bastante dañado desde el inicio”. “Ese puerto es el único que queda en el Atlántico disponible para un desarrollo portuario, y no lo vamos a hacer con ninguna empresa corrupta ni que ha participado de este entrampe”, sentenció el mandatario durante su conferencia de prensa semanal de los jueves. Mulino advirtió que los trámites y traspasos ligados a ese proyecto se hicieron de forma ilegal, por lo que su administración analiza, con el equipo legal del Estado, cómo proceder para recuperar “lo antes posible” el control total de las propiedades involucradas. El proyecto se ubica en un punto estratégico: la entrada atlántica del Canal de Panamá. Una historia de incumplimientos La concesión, otorgada en 2013, fue adjudicada a las sociedades Panama Colon Container Port Inc. (PCCP) y United Crown Construction Inc., responsables de desarrollar una terminal portuaria y un patio de contenedores, respectivamente. “Ya se eliminó la concesión de fondo de mar; ahora nos queda un montón de propiedades que fueron ilegalmente traspasadas”, denunció el presidente. Agregó que esa anulación fue solo el primer paso, y que ahora el Ejecutivo trabaja en desmontar un esquema de transferencia de terrenos y derechos considerados irregulares. Según Mulino, el propósito real del “entramado” sería mantener el proyecto paralizado para luego vender los derechos a un tercero. Aseguró que el proyecto se maneja como “un coto privado que tienen de reserva para que nada se haga y entonces vender la concesión más adelante”. Desde su adjudicación hace más de una década, el proyecto enfrentó una cadena de tropiezos: incumplimientos del cronograma de inversión, retrasos sostenidos, morosidad en los pagos al Estado, disputas entre los socios y escaso avance físico. Una auditoría oficial reveló que las obras no llegaban ni al 20% de ejecución, pese a las múltiples prórrogas. Cancelación oficial y nuevos litigios El pasado 24 de abril, Mulino ya había advertido que su gobierno no continuaría respaldando el proyecto por su historial de irregularidades. Posteriormente, en mayo, confirmó que la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) había cancelado formalmente la concesión, mediante resoluciones aprobadas por su junta directiva. “La junta directiva ya canceló esa concesión. No vamos a seguir apoyando un contrato que nació mal y accionario y los derechos sobre el proyecto. En 2022, tras un fallido intento de cancelación, el contrato había sido revivido por el gobierno anterior, que lo prorrogó hasta 2042, argumentando que nuevos inversionistas —como Notarc Management Group, vinculado a la naviera MSC— aportarían capital fresco. Sin embargo, la ejecución volvió a estancarse. Paralelamente, se han reportado litigios entre antiguos socios, incluyendo arbitrajes en Panamá y demandas en tribunales de Delaware. La empresa china Landbridge Port Services alega que fue despojada fraudulentamente de sus acciones en el consorcio. Mulino ha dejado claro que no permitirá que “la trampa” continúe y que su gobierno no negociará con actores ligados a lo que considera un esquema de corrupción. “Lucharemos con todos los medios de la ley”, enfatizó. El Ejecutivo prepara una nueva licitación internacional para desarrollar el puerto, bajo condiciones completamente distintas. “Panamá necesita puertos modernos, no trampas encubiertas con disfraz de inversión”, recalcó el presidente. Finalmente, Mulino reveló que el gobierno trabaja en “sanear la mesa” en Isla Margarita, un proceso que, dijo, será más demorado de lo esperado por el nivel de supuestas irregularidades encontradas. No obstante, afirmó que el Estado usará todos los mecanismos legales necesarios para recuperar el control pleno de ese puerto logístico clave. La Prensa intentó obtener la versión del apoderado legal del consorcio; sin embargo, al cierre de esta nota no respondió las preguntas enviadas a su número de celular. se ejecutó peor”, expresó el mandatario. La AMP emitió las resoluciones JD No. 046-2025 y 047-2025, invocando cláusulas contractuales que facultaban la revocatoria ante el incumplimiento sostenido de los concesionarios. Las empresas involucradas no se quedaron de brazos cruzados. PCCP presentó cuatro amparos de garantías ante la Corte Suprema de Justicia entre el 2 y 6 de junio pasado, en un intento por revertir la cancelación. A la vez, persisten disputas legales locales e internacionales por el control RUEDA DE PRENSA SEMANAL Imágen del mirador de Las Américas. Isaac Ortega Gobierno impulsa nueva ley para reactivar etanol Yasser Yánez García [email protected] El proyecto de ley para reactivar la producción y uso de etanol como componente de los combustibles avanza como “una prioridad en la agenda legislativa del Ejecutivo”, según anunció el presidente de la República, José Raúl Mulino. La propuesta será presentada ante la Asamblea Nacional en las próximas semanas, luego de una serie de ajustes solicitados por el mandatario durante el más reciente Gabinete. Según explicó Mulino, el objetivo del proyecto es doble: fomentar la generación de empleo en el sector cañero del país y contribuir a una reducción en el precio del combustible que llega al consumidor. “En este momento no hay suficiente caña para producir etanol, por lo que se busca incentivar nuevas siembras destinadas exclusivamente a ese fin”, precisó. El mandatario subrayó que, aunque se podría utilizar parte de la caña destinada al azúcar, la intención del Gobierno es impulsar una expansión de las hectáreas cultivadas, con el fin de desarrollar una cadena de producción estable y sostenible. dos Unidos. “Ya eso es estirar demasiado la soga”, aseguró. “Ridículamente estirar la soga”, insistió y recordó que, si bien Panamá mantiene relaciones diplomáticas con China, el principal socio estratégico del país sigue siendo Estados Unidos. “Tenemos relaciones con China, pero nuestro socio estratégico comercial en materia de seguridad, turismo, visados, migración, etcétera, es y será Estados Unidos de América”, declaró el mandatario. El tema resurge semanas después del revuelo causado por las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien afirmó que el Canal de Panamá opera bajo la influencia china, asunto que Panamá niega de manera rotunda. Ohigginis Arcia Jaramilo [email protected] Presidente sobre el Suntracs: ‘libertad sindical sí, pero sin violencia ni extorsión’ El presidente José Raúl Mulino se refirió ayer jueves 24 de julio a la reciente visita de una delegación de la Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera (ICM), que se reunió esta semana con la ministra de Trabajo, Jaqueline Muñoz, y con representantes de nueve sindicatos panameños del sector. El encuentro se realizó en el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral como parte de un esfuerzo por abordar temas relacionados con la libertad sindical en el país. En su habitual conferencia, Mulino dijo que el Gobierno mantiene su postura de respeto a los derechos laborales y a la protección de los trabajadores, pero advirtió que no respaldará acciones vinculadas a la extorsión o la violencia. “Reiteramos, como lo hicimos ayer, la defensa de los trabajadores, pero alejando eso de cualquier sistema o práctica vinculada a la extorsión”, declaró el mandatario. Sus palabras se dieron en el contexto de las tensiones entre el Ejecutivo y el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs). El presidente también comentó que entre los visitantes había eurodiputados franceses con representación política limitada, según información recibida por sus asesores. Añadió que el Gobierno ha dado instrucciones a su embajador en Ginebra para explicar la posición oficial de Panamá ante Naciones Unidas. “Nuestro embajador ya tiene instrucciones para llevar las explicaciones pertinentes”, indicó Mulino. Esta visita se da en medio de un conflicto entre el Ejecutivo y el Suntracs. Como se recordará, la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral anunció el pasado 17 de julio la presentación de una demanda ante los juzgados laborales para solicitar la disolución del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs). Según la funcionaria, la medida se adoptó en defensa de los derechos de los trabajadores y que el proceso ahora queda en manos del sistema judicial. Además, defendió la acción legal contra el sindicato Suntracs, señalando que la decisión se basa en un análisis jurídico y técnico respaldado por la legislación laboral vigente.
3A La Prensa Panamá, viernes 25 de julio de 2025
4A La Prensa Panamá, viernes 25 de julio de 2025 Panorama Tal Cual Redacción de La Prensa [email protected] EL PERRO FIEL. La fidelidad es una virtud… hasta que se vuelve coartada. Cuando se usa para tapar abusos o blindar a corruptos, ya no es lealtad: es servilismo disfrazado de honor. Aunque el perro diga sentirse orgulloso, lo que está es rumiando los huesos que le tiran. Uno pensaría que ahora que gana su propio salario, ganaría también independencia y autoestima. Y cerramos con las palabras del diputado Jonathan Vega: “no tiene que ver con lealtad, tiene que ver con honestidad”. REBAJA MORTAL. Cinco menores calcinados vivos bajo custodia estatal. Los responsables fueron condenados, pero el presidente — el mismo que era ministro en ese momento— les rebajó la pena como quien borra un expediente incómodo. Legal, sí… pero inmoral hasta los huesos. Nuestra solidaridad con los padres de las víctimas, que hoy deben sentirse traicionados por el mismo Estado que les falló dos veces. JUNTAS...PERO REVUELTAS. La Contraloría sigue destapando ollas: $13 millones en juntas comunales, muchos con GPS político directo a los amigos del PRD. Todo bajo la etiqueta de “descentralización”, pero lo que huele es a distribución clientelista a la carta. Y eso que apenas están empezando a escarbar. Ojalá lleguen al fondo, y que los responsables vean la justicia… por dentro. SILLAS CALIENTES. Mientras el país pide cambios, en la Asamblea el pleito es otro: ¿quién controla las comisiones clave? Presupuesto, Credenciales, Gobierno… todos quieren agarrar el timón del botín legislativo. Lo llaman democracia, pero se parece más a una subasta entre amigos con saco y calculadora. Jairo Bolota Salazar es el jefe de la bandada del PRD en la Asamblea Nacional. Elysée Fernández La AN carece de herramientas legales para sancionar a sus diputados Eliana Morales Gil [email protected] LEGISLATIVO El golpe de Jairo “Bolota” Salazar a Betserai Richards evidenció la falta de sanciones en la Asamblea. Se plantea que el pleno, mediante reforma al Código de Ética, pueda suspender a diputados. El golpe que el diputado perredista Jairo Bolota Salazar propinó a su colega Betserai Richards, de la bancada Seguimos, reavivó el debate sobre la falta de mecanismos efectivos de sanción dentro de la Asamblea Nacional. Aunque el presidente del Legislativo, Jorge Herrera, del Partido Panameñista, anunció que convocará al Comité de Ética para investigar el incidente, la realidad institucional es otra: ni existe formalmente dicho comité, ni hay un instrumento jurídico claro que permita imponer sanciones. Desde la presidencia de la Asamblea invocan el artículo 50 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno, que asigna a la Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales la función de investigar “hechos graves” que ocurran dentro del órgano y de promover los valores éticos entre los diputados. Sin embargo, esa comisión no ha sido constituida. Las bancadas aún no logran un acuerdo para la conformación de las comisiones permanentes, lo que deja en el aire cualquier intento formal de investigación o sanción. Mientras que el Código de Ética y Honor Parlamentario (Ley 33 de 2005) no contempla sanciones para las conductas indebidas de los diputados, incluyendo agresiones físicas o verbales entre colegas. La norma establece principios y procedimientos para promover la integridad en el ejercicio parlamentario, pero no prevé castigos concretos en caso de incumplimiento. Esto deja a la Asamblea sin herramientas legales efectivas para sancionar episodios como el protagonizado el pasado lunes por los dos diputados. ¿Una comisión accidental? El diputado Ernesto Cedeño, del Movimiento Otro Camino, citó el artículo 12 del Código de Ética y planteó que podría activarse una comisión accidental, tal como lo permite el artículo 70 del reglamento interno. Esa comisión serviría como instancia investigadora y emitiría recomendaciones a la Comisión de Credenciales, cuando esta finalmente se conforme. Sin embargo, reconoció que aun con este esfuerzo, el marco actual no contempla sanciones específicas. “La comisión de credenciales no puede sancionar con nada porque no hay una norma que sancione, ni en el reglamento interno ni en la Ley 33. Podrá decir que se violó el honor, pero no hay sanción”, señaló. Ante ese vacío, Cedeño considera viable que el pleno de la Asamblea, como máximo órgano del Legislativo, adopte un instrumento sancionatorio de carácter reglamentario. “Es una posibilidad que, ante la laguna, el pleno establezca una reglamentación de procedimiento que pudiera determinar un grado de sanción. Esa es una posibilidad que existe, pero ahorita mismo no tenemos nada”, admitió. A esta discusión se suma un anteproyecto de ley presentado esta semana por la diputada Shirley Castañeda, del partido Realizando Metas, para reformar el Código de ética. “Entiendo que establece sanciones como suspensión provisional sin sueldo. Eso habría que analizarlo para ver si es viable. Me parece buena la iniciativa porque llena las lagunas que tiene el reglamento interno”, comentó. Cedeño también sugirió que se podría debatir incluso la posibilidad de establecer sanciones más severas, como la suspensión del cargo. “Podríamos analizarlo para ver si es viable. Por lo menos lo que planteó Shirley es bueno porque gravita en torno al reglamento interno. Pero primero hay que constituir la Comisión de Ética y luego llevar la propuesta al pleno para darle velocidad”, concluyó. Mario De Gracia [email protected] Pleno de la Asamblea. Elysée Fernández Pulseo por el control de las comisiones de Credenciales, Presupuesto y Gobierno ASAMBLEA La actividad parlamentaria semanal de la Asamblea Nacional acabó ayer jueves 24 de julio sin acuerdos definitivos por las comisiones legislativas. Son tres comisiones, las más codiciadas del Legislativo, sobre las que recae el peso del estancamiento en la conformación y elección de sus miembros: Presupuesto; Credenciales, Reglamento y Ética Parlamentaria; y Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales. Así lo explica el diputado Ernesto Cedeño, de la bancada ‘Seguimos‘, y otras fuentes legislativas consultadas por La Prensa al respecto. “Todos queremos tener la mayoría y lógicamente, ahí es donde se requieren los consensos”, explicó Cedeño, haciendo énfasis en las comisiones más codiciadas por lo que representan: control, fiscalización o exposición. El denominado ‘bloque de 37 diputados, que logró la presidencia del Legislativo con apoyo de los diputados del Partido Panameñista, la coalición Vamos, la bancada ‘Seguimos’, el Cambio Democrático (CD) y el Partido Popular (PP), considera que debe lograr la mayoría de los asientos en las comisiones, de acuerdo a Cedeño. Pero lo mismo quiere asegurar la otra gran fracción de la Asamblea, aquella conformada por 34 diputados del oficialista partido Realizando Metas (RM), el Partido Revolucionario Democrático (PRD) y la bancada mixta (con diputados de partidos minoritarios y por la libre postulación). La aritmética para lograr mayoría en las comisiones se entiende fácil. En Credenciales y Gobierno, que tienen 9 asientos, cada una, las bancadas pueden lograr mayoría asegurando un mínimo de 5 diputados. La comisión restante: Presupuesto, tiene 15 asientos, por lo que para lograr mayoría se requieren 8 diputados. En ambos casos, se busca lograr “la mitad más uno”. Lo complejo está en cómo se reparten los asientos, los acuerdos de por medio y las negociaciones entre bancadas, o diputados. En el resto de comisiones, las negociaciones por asientos han sido, relativamente, más sencillas; según informaron diferentes fuentes legislativas. En un número importante ya existiría consenso, como en la de Asuntos Agropecuarios o la de Comunicación y Transporte. No obstante, en los casos que no se logren nóminas de consenso, la conformación de los miembros de las comisiones sería por votación en el pleno legislativo. “Si nosotros vamos a una elección, porque no hay consenso, 37 matan 34. Eso es así. Nuestros números nos van a favorecer en una elección voto a voto. Si los 37 nos mantenemos firmes, creemos que así va a ser”, señaló Cedeño. No obstante, persisten dudas sobre cohesión en ambos bloques. “El riesgo es para todos lados, por eso todo el mundo lo quiere evitar [elección de miembros por votación]”, dijo Cedeño. Por otro lado, el diputado Luis Eduardo Camacho, de RM, considera que la conformación de comisiones no está estancada por su colectivo. Durante una entrevista con Telemetro este jueves, Camacho dijo que se debe a que la bancada de la coalición Vamos “estaba exigiendo tener tres comisionados en las principales comisiones, salvo la de Presupuesto, donde piden una mayor participación”. No obstante, el diputado de RM señaló que “es normal que no se escojan [las comisiones] tan rápido como uno espera”. A pesar de los argumentos por un bloque, o por el otro, las negociaciones siguen estancadas. Tras la suspensión de la última reunión de la junta directiva ampliada el pasado 21 de julio, no se ha vuelto a reagendar la conversación, crucial para definir si la conformación será definida por consenso o por votación. Aquello tendrá que esperar al próximo lunes. GOLPE Y PASES. Días después de que un diputado le metiera tremenda puñera a otro frente a varios diputados, seguimos esperando una sanción. La Asamblea prometió enviar el caso al Comité de Ética… que no existe. No hay reglas con castigo ni voluntad de imponer orden. Y si no se actúa a tiempo, lo que hoy es un escándalo podría mañana convertirse en tragedia. Las alarmas ya suenan, pero adentro parece que nadie escucha.
5A La Prensa Panamá, viernes 25 de julio de 2025
6A La Prensa Panamá, viernes 25 de julio de 2025 La Contraloría General de la República entregó 12 nuevos informes al Ministerio Público, como parte de las distintas auditorías que esta entidad lleva a cabo en diferentes juntas comunales a nivel nacional. En un comunicado, la Contraloría aseguró que los informes, correspondientes a juntas ubicadas en el interior del país, revelan presuntas irregularidades por un monto estimado en 4.5 millones de dólares. Con esta nueva remisión, ya son 25 las juntas auditadas, acumulando un impacto económico de más de 13 millones de dólares entre los años 2019 y 2024, específicamente durante la administración del expresidente Laurentino Cortizo. El contralor general, Anel Flores, ha expresado que las auditorías se ejecutan con “objetividad, rigor técnico y sin excepciones”. De igual forma, aseguró que continuará con la entrega de informes en los próximos días, con el fin de que el “Ministerio Público determine las responsabilidades penales o administrativas correspondientes” en los casos detectados. Según estimaciones preContraloría identifica nuevas presuntas irregularidades en juntas comunales FONDOS PÚBLICOS liminares, la cifra total del posible daño patrimonial podría alcanzar los $43 millones cuando se complete la revisión del primer bloque. Las presuntas irregularidades nacieron de la llamada “descentralización paralela” del gobierno de Cortizo. De dicho programa, las autoridades aseguran que millonarios fondos de la Autoridad Nacional de Descentralización fueron repartidos con criterio político. La mayoría de esos millones fue a parar a juntas comunales y municipios que estaban controlados por autoridades cercanas a diputados influyentes del Partido Revolucionario Democrático (PRD), agrupación que en el quinquenio pasado gobernaba el país. Richard Morales entrevistado por Mario De Gracia. LP Richard Morales: ‘Aquí ya no hay Estado de Derecho’ Mario De Gracia [email protected] Mario De Gracia [email protected] ENTREVISTA Afín a las ideas de Suntracs y otros movimientos sociales, el excandidato a vicepresidente da un vistazo sobre la demanda para disolver el sindicato. Tras regresar de China, señala que en ese país hubo ‘perplejidad’ por la relación con Estados Unidos. Richard Morales, excandidato a la vicepresidencia de la República, regresó a Panamá. Después de las elecciones generales de 2024, torneo en el que acompañó a Maribel Gordón como fórmula por la libre postulación, se trasladó a China para realizar un doctorado en desarrollo nacional. Ahora, de vuelta en la vida pública, lanza una advertencia contundente: “Aquí ya no hay Estado de derecho”. Morales no estuvo en el país durante la mayoría del primer año de gestión del presidente de la República, José Raúl Mulino, pero asegura haber seguido de cerca las manifestaciones que marcaron los primeros meses del mandatario. Así lo expresó en entrevista exclusiva con La Prensa. “Regreso al país sumamente preocupado y, a la vez, indignado por lo que está sucediendo. Es claro que estamos ante una deriva autoritaria”, afirmó, en referencia a la demanda presentada por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) para disolver el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs). Entre los argumentos del Mitradel, según explicó la ministra, Jackeline Muñoz, cuando anunció la medida el pasado 17 de julio, el sindicato “ha desvirtuado por completo su propósito original de defender a los trabajadores panameños”. Muñoz también argumentó que la acción legal está sustentada en el artículo 392 del Código de Trabajo y que responde a múltiples denuncias y hechos que evidencian cómo, bajo la fachada de una organización sindical, se habrían cometido presuntos actos reiterados de extorsión, violencia, estafa, abuso de poder y uso indebido de recursos. Pero Morales cuestiona: “Suntracs ha estado en las calles defendiendo el derecho de los panameños a una pensión. ¿No es eso una misión que le corresponde a todo sindicato?”. Y agregó: “Aquí ya no hay Estado de derecho, y queda claro cuando un gobierno dice que va a destruir un sindicato”. Detonantes del descontento Las protestas del Suntracs y otras agrupaciones sindicales, gremiales y sociales tuvieron como principal detonante el proceso de reformas a la Caja de Seguro Social (CSS), que culminó con la sanción de la Ley 462, el 18 de marzo de 2025. Morales respalda los planteamientos de las organizaciones sindicales que se opusieron a los cambios. Considera que se aprobó “el peor sistema de pensiones posible”, al ser enteramente de cuentas nocionales —individuales—, a pesar de que el Gobierno ha defendido que la nueva ley permite un mayor rendimiento de las pensiones bajo este modelo. Las manifestaciones han cesado en distintos puntos del país, luego de que los estamentos de seguridad intensificaran su presencia para mantener el orden público. La situación alcanzó su punto más crítico en Bocas del Toro, donde se decretó un Estado de Urgencia que implicó la suspensión de garantías constitucionales a finales de junio, luego de disturbios y saqueos en Changuinola por parte de grupos al margen de la ley, según las autoridades. El excandidato a la vicepresidencia considera que no han perdido la lucha. “Ha habido un sacrificio enorme de docentes, del Suntracs, así como de distintos sectores que protestaron y han sido criminalizados (...). Pero por encima de las afectaciones que pueda haber, hay una necesidad de protestar (...). Yo diría que este pueblo no está debilitado; al contrario, nos hemos fortalecido porque hemos forjado conciencia en niveles de muy dura adversidad”, afirmó Morales. Futuro político y la izquierda Morales y Gordón encabezaron la única propuesta de la izquierda en las elecciones de 2024, aunque ambos evitaron etiquetas ideológicas. La dupla obtuvo 24 mil 563 votos, lo que representó el 1.08% del total de acuerdo con el Tribunal Electoral. Pero el excandidato no pierde la fe. Apuesta por un nuevo modelo de país, construido desde los sectores populares. Sostiene que una eventual disolución del Suntracs no eliminará las ideas en las que se basa. “Destruir organizaciones no cambia nada en el fondo, porque lo que se expresa a través del proyecto político de las izquierdas es la necesidad de un proyecto de país popular, que logre desarrollo nacional y permita crear y compartir riqueza de forma equitativa y sostenible”, indicó. Morales tiene pasado en el partido político en formación, Frente Amplio por la Democracia (FAD), agrupación que está a pocos pasos de obtener reconocimiento legal. Señaló que siguió el proceso organizativo mientras estuvo en China, aunque aclaró que no participa directamente, pero respalda su constitución. Para el excandidato, es urgente consolidar un proyecto político que “represente a las mayorías”, frente a adversarios políticos que describe como “una pequeña minoría oligárquica de la clase dominante que se ha apropiado de la riqueza del país”. Visa, Estados Unidos y China Durante su estancia en China, Morales asegura que sus colegas universitarios estaban “perplejos” por las decisiones del gobierno panameño frente a la presión de Estados Unidos (EUA) sobre el Canal de Panamá. El presidente estadounidense, Donald Trump, acusó en varias ocasiones la supuesta “maligna influencia de China” sobre el Canal, discurso que repite la representación diplomática estadounidense en Panamá. Morales asegura: “En la historia panameña, no hay ningún caso de injerencia [de China] en nuestros asuntos internos. El único país que ha tenido injerencia en asuntos internos de la política panameña son los Estados Unidos”. “Distintos profesores en la universidad estaban perplejos de cómo Panamá se da un tiro en el pie. ¿Por qué corta relaciones con China?”, agregó. Panamá mantiene relaciones con China desde 2017, establecidas durante la administración de Juan Carlos Varela, no obstante, el actual gobierno puso en pausa el Memorándum de la Ruta de la Seda en febrero pasado, en medio de una visita de Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos. Al ser consultado sobre su visa para ingresar a EUA, Morales dijo que, si bien tuvo visado en el pasado, cuando estudió una maestría en políticas públicas en la Universidad de Harvard, no ha vuelto a solicitar su renovación y no tiene planes de viajar a ese país por el momento. Sede la Contraloría en avenida Balboa. Archivo Justicia selectiva: cuando el poder exonera a los suyos Sabrina sin Censura Sabrina Bacal [email protected] Por más que estén revestidas de legalidad, hay decisiones que apestan a impunidad. La rebaja de penas que otorgó el presidente a los policías condenados por la muerte atroz de cinco menores en el Centro de Cumplimiento de Tocumen es una de ellas. El 9 de enero de 2011 policías arrojaron latas con gases lacrimógenos dentro de un celda en respuesta a un motín en el que los reos exigían agua y comida. Cinco adolescentes fueron calcinados vivos mientras sus gritos desesperados de auxilio eran ignorados. La crueldad de las escenas conmocionó al país. Las víctimas estaban bajo custodia del Estado y el ministro de Seguridad de ese entonces era José Raúl Mulino. En 2020, después de casi una década de lucha judicial, se logró la condena de los policías con penas de hasta 46 años de prisión por homicidio, tentativa de homicidio y vejámenes contra privados de libertad. Los culpables no esperaron su condena en centros penitenciarios como la mayoría de ciudadanos. Aun así, tras apenas cinco años en la cárcel, el Ejecutivo decidió reducirles la pena. No cumplieron ni un tercio de su condena. Y como si esto fuera poco, se reveló que al menos tres de ellos siguieron cobrando su salario de la Policía mientras estaban presos, según enseña el propio portal de la ANTAI. Sencillamente escandaloso. Es innegable que la rebaja de penas es una potestad constitucional del presidente, pero también lo es que, con esta decisión, se envían mensajes que debilitan la democracia. Si tienes poder o relaciones con el poder, la justicia te da un trato preferencial. ¿Qué credibilidad tiene el principio universal que establece que todos somos iguales ante la ley, cuando la realidad enseña que en Panamá “unos son más iguales que otros”? ¿Con qué cara se le dice a una madre o un padre que hay justicia, cuando el propio presidente -quien tenía la responsabilidad política en el momento del crimen- es quien decide liberar a los condenados por asesinar a su hijo? ¿A qué se debe el silencio de gremios y asociaciones que suelen pronunciarse con celeridad ante las amenazas a la seguridad jurídica? ¿O es que el Estado de derecho solo se aplica cuando se trata de proteger inversiones y contratos, pero no la vida de los más vulnerables? Esta decisión no solo es un golpe a la memoria de las víctimas y el esfuerzo de sus familias, sino un pésimo precedente para cualquier intento de construir confianza en la justicia. La impunidad se institucionaliza cuando quienes ostentan el poder utilizan sus facultades legales para proteger a los suyos. La excomisionada de la CIDH, Esmeralda Arosemena de Troitiño, repudió esta rebaja de penas, calificándola de “vergüenza para la justicia”. Si aspiramos a que en Panamá exista verdadera certeza del castigo, no se puede seguir premiando la impunidad, especialmente en los casos más dolorosos. No hay vidas que valgan menos que otras. Ni crímenes que se puedan borrar con una firma presidencial. Panorama
7A La Prensa Panamá, viernes 25 de julio de 2025 Panorama Luis Carlos Gómez, procurador general de la Nación. Archivo Procurador plantea cambios para combatir la corrupción Juan Manuel Díaz [email protected] PROYECTOS DE LEY La propuesta del procurador Luis Carlos Gómez implica que los fiscales ya no tendrán que esperar el informe de auditoría con refrendo de la Contraloría para avanzar procesos penales por corrupción. El procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez, presentó dos proyectos de ley que endurecen las penas por delitos de corrupción, como en los casos de funcionarios que cobran sin trabajar, enriquecimiento injustificado y alteración de información en actos de contrataciones públicas. Durante la presentación de sus iniciativas, Gómez enfatizó que la corrupción es un “cáncer que corroe los cimientos del Estado de derecho y erosiona la confianza de los ciudadanos” en la administración de los recursos públicos. Entre las reformas propuestas se encuentra la modificación del artículo 349 del Código Penal, que sanciona a los funcionarios que cobran sin trabajar. La nueva pena sería de 4 a 6 años de prisión, en lugar de la multa vigente, que oscila entre 150 y 300 dólares. En el caso del delito de enriquecimiento injustificado, contemplado en el artículo 351 del Código Penal, se propone aumentar la pena de 4 a 8 años de prisión; actualmente es de 3 a 6 años. Aumento de penas en contrataciones públicas El procurador también planteó cambios al artículo 364 del Código Penal, que actualmente establece penas de seis meses a dos años de prisión para quienes se concierten con otros con el fin de alterar un acto de contratación pública. La modificación eleva la sanción a 4 a 8 años de cárcel. Esta misma pena aplicaría a quienes distorsionen o difundan noticias falsas relacionadas con actos de contratación pública. Asimismo, se propone modificar el artículo 347 del Código Penal, que sanciona actos de corrupción con penas de 3 a 6 años de cárcel; la nueva sanción sería de 4 a 8 años de prisión. En el caso de los servidores judiciales, la sanción aumentaría de 4 a 8 años a 5 a 10 años de reclusión. Gómez también presentó un proyecto de Ley General Anticorrupción, que contempla la aplicación de nuevas estrategias y herramientas para la investigación de casos de corrupción. En su artículo 7, el proyecto establece que, en los procesos penales, bastará la presentación de una auditoría realizada por las propias instituciones como prueba, sin requerir el refrendo de la Contraloría General de la República para la acreditación o validez de sus efectos en el proceso penal. Las auditorías necesarias para acreditar los hechos delictivos podrán ser practicadas por servidores públicos de entidades estatales, autónomas y semiautónomas; universidades oficiales; miembros de los entes policiales y del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, conforme al principio de libertad probatoria. El proyecto también faculta a los fiscales para realizar investigaciones patrimoniales a personas naturales o jurídicas, con el objetivo de identificar activos no justificados, ordenar la aprehensión provisional de bienes, declarar una causa compleja y mantenerla en reserva por hasta 30 días. Asimismo, prevé el uso de acuerdos de pena como herramienta en la investigación de delitos contra la administración pública. En estos casos se introduce la figura del acuerdo reparatorio, mediante el cual el investigado, además de aceptar su responsabilidad, se compromete a restituir bienes al Estado y rendir testimonio en juicio. Los beneficios para quienes se acojan a esta figura incluyen: -Reducción de la pena de prisión o su sustitución. -No formulación de cargos. -Separación penitenciaria. -Medidas de protección, que pueden incluir el uso de escolta, supresión de identidad y otorgamiento de fuero laboral. También se establece la posibilidad de conformar equipos conjuntos de investigación en casos internacionales. Aumento de los plazos de prescripción Otro aspecto relevante del proyecto es el aumento del tiempo de prescripción de la acción penal, que será el doble del máximo de la pena para delitos de peculado, corrupción de servidores públicos, enriquecimiento injustificado, delitos patrimoniales y cualquier delito contra la administración pública mientras el funcionario siga en el cargo. El proyecto también contempla medidas de protección para quienes denuncien, declaren o colaboren con las autoridades en investigaciones de corrupción. Estas personas tendrán acceso a mecanismos de protección previstos en el Código Procesal Penal, en convenios internacionales o en leyes especiales. La autoridad competente elegirá las medidas en función del nivel de riesgo. Además, se introduce una restricción para jueces y exfiscales, quienes quedarán impedidos de actuar posteriormente como abogados o mediante interpuesta persona en casos penales en los que hayan tenido participación. Justifica modificaciones Gómez sustentó los cambios en los métodos de investigación y las sanciones, señalando que son necesarios para cerrar la brecha que permite a la corrupción evolucionar. Detalló que, en la actualidad, el Ministerio Público mantiene 3,840 causas activas relacionadas con delitos contra la administración pública. Agregó que la corrupción tiene un impacto devastador en la economía nacional, ya que desvía recursos públicos hacia fines privados en detrimento de las grandes mayorías. También contribuye al deterioro de los servicios esenciales, como salud, educación, vivienda, infraestructura pública, acceso a agua potable y saneamiento, además de socavar la confianza ciudadana en las instituciones y favorecer la impunidad.
8A La Prensa Panamá, viernes 25 de julio de 2025 les (botellas, dinero). Impunidad. Malversan fondos, sobornos, contratos amañados, clientelismo. 2. Servicios públicos en el piso El presidente obedece ciegamente a su círculo cero. Siguen la doctrina de Noam Chomsky: engaño y distracción a discreción. A. Educación muy pobre e irregular. B. Seguridad mediocre, con elevado costo en personal y jubilaciones. C. Crisis de agua, basura, carreteras y energía. D. Atención de salud (CSS y Minsa): para llorar, increíblemente con un presupuesto anual que significa el 31% del presupuesto nacional, su costo-beneficio es de 3 en una escala del 1 al 10. Engañan al presidente. No existe noble y buena voluntad de los despachos superiores; desconocen el día a día en la gestión de este sector, y tampoco poseen conocimiento científico para realizar auditorías o diagnósticos situacionales que permitan conocer la realidad. Es para llorar: se gastan 7.6 mil millones en la CSS y 5 mil millones en el Ministerio de Salud; la gestión cabal diaria involucra 37 mil funcionarios en la CSS y 5 mil en el Minsa. Atención maquillada e inflada. Más increíble: desconocen el estatus del El laboratorio vivo de la ciudad cumple 40 años Parque Metropolitano Este 2025, el Parque Natural Metropolitano (PNM) celebra cuatro décadas de existencia. Ubicado en pleno corazón de la ciudad de Panamá, este parque urbano ha demostrado que es posible conservar la naturaleza incluso rodeados de concreto, tránsito y edificios, consolidándose como uno de los espacios verdes más valiosos y biodiversos dentro de una ciudad capital en Centroamérica. Desde su creación en 1985, el PNM se ha convertido en un refugio para cientos de especies y en un laboratorio natural para la investigación científica. Con más de 230 hectáreas de bosque tropical seco, el parque resguarda aves migratorias, mariposas coloridas, árboles centenarios y mamíferos como el mono tití panameño y el mono aullador que aún pueden verse cruzando entre ramas en los senderos más densos. En los últimos 20 años, más de 30 investigaciones científicas han profundizado en el conocimiento de este ecosistema urbano. Gracias a estos estudios se han descubierto especies únicas como la mosca Megaselia metropolitanoensis, encontrada solo en este parque, así como colémbolos del suelo, nuevos registros de aves y complejas interacciones entre insectos y plantas del dosel. Además de su valor biológico, el PNM es un centro de educación ambiental, esparcimiento y conexión con la naturaleza para los habitantes y visitantes de la ciudad. Recorrer senderos como el de Cienaguita o Mono Tití, además de una actividad recreativa, ofrece una oportunidad de entender cómo la biodiversidad urbana contribuye al bienestar colectivo. A 40 años de su fundación, el Parque Natural Metropolitano no solo ha resistido la presión del desarrollo urbano, sino que ha demostrado que proteger la naturaleza urbana es posible. Su historia de conservación, educación y ciencia representa un ejemplo de lo que puede lograrse cuando ciudadanos, autoridades y científicos trabajan juntos por un mismo propósito. Silencio Autoritarismo salvajes para inmovilizar ciudadanos en plena luz del día, en avenidas y calles pobladas de transeúntes, la atmósfera viciada por gases lacrimógenos, y la actitud prepotente, avasalladora y cruenta de soldados, policías y maleantes, sus rostros escondidos, contra mujeres, hombres y niños, solo armados de dignidad. Lo vimos en las masacres de las plazas de Tiananmen y de Tlatelolco y ahora, en todas las ciudades de la democracia burlada de América del Norte. El silencio se logra inundando la boca con chorros de agua que se desbordan hasta la asfixia o empacándola con trozos de telas y papel higiénico que ahogan, cortando la lengua, cuando no se alcanza a destrozar las cuerdas vocales; haciendo un “nudo de corbata”, a la altura de la incisión para traqueostomías, o levantando un estrado de juristas maleables y sin origen, para una corte de injusticias, una oficina del Estado para controlar el relato, y un expediente engrosado con mentiras. Hablando de silenciar, no hay una picadura de tabaco menos dañina que otra. Todos los productos de tabaco, se conozcan como cigarros, cigarrillos, tabaco de enrollar o de liar, tabaco calentado e inhalado son nocivos. Toda enfermedad tiene dos elementos esenciales: un agente nocivo y un huésped, que lo hospeda. Si el argumento del fumador es que un tabaco es menos dañino que otro, hay que entenderle que señala que ambos son dañinos. Si afirma que una forma de usar reemplaza a otra y facilita que se abandone una de la otra, lo dice quizás todavía como esclavo de la adicción. Es necesario no justificar la aparente toxicidad inferior de vapear, negar la presencia de nicotina o marihuana en los cartuchos de vapear, ni el poder destructivo del aceite, metales y aromatizantes inhalados en los pulmones. Si se disiente de estos hechos científicos probados y se quiere eliminar el Pedro Ernesto Vargas Herencia: más de lo mismo desde hace 20 años Mala gestión Nuestro compromiso con Dios, con el país y con nuestra dignidad obliga a reflexionar (85 años y médico con 50 años en el Seguro Social) e intentar convencer a todos los habitantes como materia prima: cambiar de actitud y rumbo, y erradicar la corrupción, la impunidad y la falta de rendición de cuentas. La acción de los políticos criollos, que son el 5% de la población y dirigen el país, consiste en secuestrar subliminalmente al presidente y hacerle creer que es quien manda, con información maquillada e inflada. Este nefasto grupo de panameños y panameñas, genéticamente piensan y actúan con ambición, avaricia y engaño, buscando apoderarse de haberes nacionales y particulares sin reparo o conciencia. En la Asamblea Nacional, los concejos municipales, los ministerios y las entidades autónomas prevalecen los premios: “¿Qué hay para mí?”. Época de Hidalgo: acaban con el país. No existe ética y sí hay desviación del poder público para beneficios personales, lo que afecta el funcionamiento del Estado en esta crisis de desconfianza total. 1. Corrupción Funcionarios que abusan del poder = laissez-faire para obtener beneficios persona90% de las 900 facilidades sanitarias (100 en la CSS y 800 en el Minsa). No hay supervisión periódica como rutina estatal, ni programa de mantenimiento preventivo, solo resolutivo y tardío. No hay docencia programada uniforme. Se desconoce la meritocracia y la excelencia; prevalecen el amiguismo y el clientelismo. Su doctrina: “pienso, creo, opino, así hacemos”. No existen reglas ni normas institucionales y uniformes en las facilidades que permitan identificar y corregir falencias. No se trata de buscar culpables, sino de desatar nudos que aseguren el cumplimiento cabal de los contratos de cada funcionario y cada grupo. Existen múltiples reglas y normas; hay que revisarlas y actualizarlas. Maquillaje discrecional político: inauguró el hospital de Colón después de 13 años (herencia) con doble cantidad de camas, pero con el mismo presupuesto y el mismo personal del hospital viejo. Sin conocer su gestión, inauguró una policlínica especializada en David, sin personal suficiente y con presupuesto incierto. Va a inaugurar un hospital en Bugaba, supuestamente oncológico pero inoperativo. Todos con igual falla y a lo panameño: “no se preocupen, poco a poco se van adaptando y se arreglan las cosas”. Hemos solicitado hablar con el presidente Mulino, pero el círculo cero bloquea. Solo debe escuchar a millonarios y empresas que representen supernegocios. Las propuestas basadas en meritocracia y experiencias no tienen cabida alguna en esta época de política globalizada, por no representar premios. EL AUTOR es biólogo con maestría en entomología para Ciencia en Panamá. EL AUTOR es médico retirado. EL AUTOR es médico. Samuel Valdés Díaz disenso, la forma más eficaz es induciendo el silencio. Silenciar busca callar la verdad. Es infortunado que los años y los resultados de miríadas de estudios sobre el tabaquismo, su uso y abuso, su carácter nocivo y adictivo, incluso encuentre hoy en nuevas autoridades sanitarias, asidero para instrumentar el silencio como herramienta para ocultar la evidencia probada. El cigarrillo de combustión daña, no porque se fuma humo, sino porque se fuman unos 7,000 productos químicos que dañan células y tejidos del pulmón humano y otros órganos. El vapeo daña, aunque no sea humo de alquitrán y monóxido de carbono como con el cigarrillo, porque se inhala un aerosol de múltiples partículas químicas y metales pesados dañinos en suspensión, tanto sólidas como líquidas, aceites y calor, que pueden contener o no nicotina y resultan en sustancias irritantes y algunas, cancerígenas. La mayoría de los cigarrillos electrónicos contienen nicotina, por eso, vapear sí puede conducir al uso de cigarrillos de combustión. También se vapea marihuana. Vapear no es menos inocuo que el cigarrillo y tampoco ha probado ser la alternativa al tabaco de combustión, ni como actividad recreativa, ni como forma para tratar la adicción a la nicotina, ni para abandonar el cigarrillo de combustión. Si se hace con mayor frecuencia es el resultado de su promoción que, además, inculca que confiere “clase” y presencia social a quien vapea. Las personas que dejaron el cigarrillo vapeando, porque “fui disminuyendo la cantidad de nicotina fumada”, no lo dejaron por inhalar en lugar de fumar, sino por un proceso de desensibilización, como se superan algunas alergias, mediante la exposición progresiva a menores concentraciones del alérgeno y, en este caso, de nicotina. Sin embargo, esas personas es probable que hayan ganado daño extra, el que producen inhalar calor y aceites que alteran y modifican la estructura de los tejidos y células de los pulmones. Y, peor, no se conocen aún los efectos a largo plazo de vapear. El autoritarismo busca el silencio, no para meditar, sino para amedrentar. Los dictadores lo conocen. Sus víctimas también. Pero no hay que ser muchas cosas, basta con ser autoritario y criminalizar el disenso. Se le señalará como dictador o tirano, sátrapa y asesino, o, por sus métodos, animal. Se pueden ser todas esas cosas juntas cuando se encuentre a quien lo cuestiona o lo confronta. Cuando a una persona la denuncian por expresar sus ideas, sus conocimientos, sus creencias, sus temores, sus agravios, sus molestias, su inconformidad con lo que oye y ve, la denuncia es el instrumento para silenciarla. Cuando el derecho a la expresión lo reclaman los pueblos, la desobediencia civil se empodera, y la gente sale a la calle a defender sus derechos, su libertad y su democracia, el instrumento para silenciarlos es tomarse las instituciones de justicia, los entes de seguridad nacional, las fuerzas policiales y militares y, cuando esto no es suficiente, la administración de las fosas comunes. Las lecciones de la Historia son recientes y la empresa docente ha educado a todos los tiranos de regímenes totalitarios y de otrora, sociedades libres. Lo señaló Hannah Arendt, en Los orígenes del totalitarismo, cuando en 1951 desnudó los rasgos totalitarios en el marxismo, y lo hace Ryszard Legutko, en Las tentaciones totalitarias en las sociedades libres, en el 2012, donde revela que los liberales demócratas -ahora gobierno- tuvieron mayor dificultad para adaptarse a la democracia que los comunistas, antes gobierno, en los países de la Europa del Este y la Europa Central, después de la caída del Muro de Berlín en 1989. Sin embargo, sigue sorprendiendo la incredulidad o la ingenuidad de no pocos, aun teniendo frente a sus ojos, los golpes No se trata de buscar culpables, sino de desatar nudos que aseguren el cumplimiento cabal de los contratos de cada funcionario y cada grupo. Existen múltiples reglas y normas; hay que revisarlas y actualizarlas. Carlos Pareja Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente Ejecutiva y Directora Editorial Annette Planells Gerente Comercial Sudy S. de Chassin Subdirectora y Editora de la Unidad de Investigación Mónica Palm Editora Digital Yolanda Sandoval Editor del Impreso Juan Luis Batista ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com Aviso sobre el uso de Inteligencia Artificial Este periódico emplea inteligencia artificial (IA) para asistir en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. Utilizamos la IA como herramienta de apoyo para asegurar la precisión y calidad de la información que entregamos a nuestros lectores. Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción, sin la autorización escrita de su titular. Presidente fundador Roberto Eisenmann Jr. Director emérito Guillermo Sánchez Borbón Cuando a una persona la denuncian por expresar sus ideas, sus conocimientos, sus creencias, sus temores, sus agravios, sus molestias, su inconformidad con lo que oye y ve, la denuncia es el instrumento para silenciarla. Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. Las colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. Opinión
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