4A La Prensa Panamá, jueves 24 de julio de 2025 Panorama Tal Cual Redacción de La Prensa [email protected] RASPA Y GANA. Hace un año, Mulino prometió acabar con la lotería electrónica. Hoy Lotto anuncia medio millón en premios. Parece que a alguien se le pegó el billetito… o perdió el discurso en la tómbola. SE CALIENTA LA QUINIELA. Dicen las malas lenguas que viene cambio de Gabinete. Se abren las apuestas… y ya hay favoritos: los que pierden apoyo, los que sobran en la foto y los que nunca debieron estar ahí. ¡Tire su número! SIN APURO, HONORABLES.Otro día más sin que se formen las comisiones de la Asamblea. Mientras tanto, los traslados de partida se empolvan en los escritorios y los pagos a proveedores siguen en pausa. Qué tal si amarramos su planilla a la formación de comisiones. Ahí sí se apuran… y corriendo. LA PLANILLA ES SAGRADA. Cambia la directiva, pero las planillas de Benicio, Crispiano y Dana siguen igual de gorditas. ¿Auditoría? ¿Sanción? ¡Ni por accidente! Aquí lo único que rota es la silla… no Los reclamos ciudadanos por combatir la corrupción son reiterativos. Archivo Propuesta legislativa busca impedir que la corrupción tenga fecha de vencimiento Eliana Morales Gil [email protected] ASAMBLEA NACIONAL ¿Deberían los delitos de corrupción ser castigados aunque pasen los años? En la Asamblea ya hay una propuesta que lo haría posible. Vuelve a la agenda pública la imprescriptibilidad de los delitos contra la administración pública. El diputado Roberto Zúñiga, jefe de bancada de Vamos, presentó un anteproyecto de ley ante el pleno de la Asamblea Nacional para que delitos como peculado, enriquecimiento injustificado, corrupción de servidores públicos, concusión, cohecho, tráfico de influencias, fraude, entre otros, nunca prescriban en Panamá. Es decir, que puedan ser investigados y sancionados sin importar cuántos años hayan pasado desde que se cometieron. La propuesta contempla reformas al Código Penal para declarar “imprescriptibles” todos los delitos relacionados con actos de corrupción cometidos por funcionarios públicos o particulares que hayan afectado fondos o bienes del Estado. Además, se busca incrementar las penas para estos delitos. Ya no se permitirían beneficios como el trabajo comunitario o el arresto domiciliario para quienes cometan estos crímenes graves. En muchos casos, se eliminarían las penas sustitutivas para asegurar que los culpables cumplan condenas de cárcel. Incluso se restringiría la suspensión de la pena o la libertad condicional para estos delitos. Además, se haría obligatoria la inhabilitación para ejercer cargos públicos a quienes sean condenados por corrupción. Actualmente, la legislación panameña establece plazos de prescripción que, en muchos casos, impiden juzgar a funcionarios o exfuncionarios una vez transcurrido cierto tiempo, lo que ha derivado en una larga lista de casos cerrados sin sanción alguna. Por ejemplo, a los investigados por el caso Odebrecht no se les procesó por corrupción porque, precisamente, este delito prescribió. Fortalecer la lucha contra la corrupción Según el documento presentado esta semana, la iniciativa busca cerrar los espacios de impunidad y proteger el patrimonio del Estado. “La corrupción no puede seguir siendo premiada con el olvido”, señala la exposición de motivos. En esta parte de la propuesta se hace énfasis en que, al eliminar la prescripción, se fortalecería la lucha contra la corrupción y se reforzaría la confianza ciudadana en las instituciones. El anteproyecto también advierte que, al tratarse de delitos que afectan de forma directa el interés público, deben recibir un tratamiento jurídico más severo. Esta idea se ha planteado en otras ocasiones, pero hasta ahora no ha logrado convertirse en ley. En la actualidad, el Código Penal contempla penas que van desde seis meses hasta tres años de prisión para delitos como peculado o fraude en contrataciones públicas, e incluso pueden ser reemplazadas por trabajo comunitario o arresto domiciliario. “Estas sanciones no van acorde con el daño que estos delitos generan al país. El que entra a la administración pública para robar le temerá a este proyecto; el que entra para servirle al país, lo apoyará”, manifestó el diputado Zúñiga. La propuesta surge en medio de un marcado descontento social por la impunidad en casos de alto perfil que involucran millones de dólares en fondos públicos. En la última década, Panamá ha visto desfilar numerosos escándalos de corrupción que, en muchos casos, han quedado sin sentencia firme. El pasado 20 de julio, La Prensa publicó una noticia sobre el caso del exministro de Educación Belgis Castro, a quien el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales le declaró prescrita la acción penal por un caso donde se investigaba la supuesta comisión de peculado por la instalación de fibra de vidrio en las escuelas oficiales de la provincia de Panamá Oeste. De aprobarse, la medida no sería retroactiva; es decir, aplicaría solo a los delitos cometidos a partir de la entrada en vigencia de la ley, aunque podría generar un efecto simbólico y político significativo: un mensaje claro de que la corrupción ya no tendrá fecha de caducidad en los tribunales. El proyecto debe ser discutido en la Comisión de Gobierno antes de pasar al pleno legislativo. No obstante, la Asamblea aún no ha instalado sus comisiones de trabajo debido a desacuerdos entre las bancadas. Juan Manuel Díaz [email protected] Cecilo Cedalise, María Cristina Chen S. y Carlos Vásquez. Archivo Sala Tercera anula sanción a jueza por caso Pérez Balladares vs. La Prensa JUSTICIA La Sala Tercera Contencioso Administrativa y Laboral de la Corte Suprema de Justicia declaró nula − por ilegal− una sentencia del Tribunal de Integridad y Transparencia, por la cual se sancionó a la juez decimoquinta civil Lina Castro de León a raíz de una denuncia presentada por el expresidente Ernesto Pérez Balladares, luego de que dicha juzgadora rechazó una demanda del exmandatario contra el diario La Prensa. En un fallo con fecha del pasado 21 de julio, los magistrados Cecilio Cedalise, Carlos Vásquez y María Cristina Chen Stanziola −de formaunánime−decidieron declarar prescrita la sanción aplicada por el Tribunal de Integridad y Transparencia aplicada a la juez De León por haber concluido el término para la presentación de la denuncia. El Tribunal de Integridad y Transparencia sancionó a la juez Castro por considerar que incurrió en una falta grave en la tramitación de la demanda civil que Pérez Balladares interpuso contra el diario La Prensa por la presunta comisión de un delito contra el honor. La demanda presentada por Pérez Balladares alegaba que la juez Castro dilató en exceso el fallo de la demanda presentada contra La Prensa, ya que fue presentada el 19 de marzo de 2012 y se falló en junio de 2023. El fallo de primera instancia sancionó a la juez Castro con la suspensión del pago de salario por un término de 15 días, que fue confirmada también en segunda instancia. Sin embargo, al resolver demanda de nulidad interpuesta por la juez Castro ante la Sala Tercera, los magistrados reconocieron que la denuncia presentada por Pérez Balladares estaba prescrita. Según el fallo de la Sala Tercera, la juez Castro tenía hasta finales de 2021 para emitir una decisión en el proceso propuesto por Pérez Balladares contra La Prensa y a partir de esa fecha los abogados del expresidente tenían un término de un año para denunciar a la juez, pero dicha acción se presentó el 23 de junio de 2023. El fallo sostiene que en este caso el Tribunal de Integridad y Transparencia carecía de la potestad de investigar a la servidora judicial sancionada y que se incurrió un clara violación del proceso penal. Pérez Balladares demandó civilmente a La Prensa por la suma de $5.5 millones por presuntos daños y perjuicios a raíz de una serie de publicaciones de un caso por presunto blanqueo. La juez Castro exoneró a La Prensa y ordenó que Pérez Balladares debía pagar $581 mil por las costas del proceso. Castro fue designada como suplente la magistrada Ángela Russo el pasado 26 de noviembre de 2024 por el presidente José Raúl Mulino. las mañas. DESPACHOS Y DESPACHADOS. Ernesto Cedeño denuncia que hay diputados con más despachos que ideas. Mientras unos acumulan oficinas, a otros se les cae el techo encima. Porque todos son diputados por igual, pero no todos los diputados son iguales. Alcalde alista licitación para el alumbrado navideño La Alcaldía de Panamá, dirigida por Mayer Mizrachi, ya inició el proceso para organizar las fiestas navideñas de 2025. Este mes de julio realizará unalicitaciónpormejorvalor, con un precio de referencia de $2.8 millones, para el alumbrado navideño en diferentes parques y en las principales avenidas de los corregimientos que integran la capital. La iniciativa recibió el visto bueno del Consejo Municipal el pasado 3 de junio de 2025, y será el 31 de julio cuando se lleve a cabo el acto público. Previo a ello, la Alcaldía realizó estudios de mercado para conocer el costo estimado del alumbrado y tratar de “disminuirlo”. Solo una empresa envió al municipio, vía correo electrónico, el detalle pormenorizado de los costos, incluyendo el ITBMS. Se trata de la empresa Disaroca, S.A., que presentó una propuesta por $3.2 millones. El municipio recordó que, en el pasado, las anteriores administraciones firmaron contratos similares para el alumbrado, por lo que revisó en sus archivos los contratos previos. La empresa Contraseñas Production, S.A. cobró $2.9 millones en 2022, y Disaroca Group, S.A., $3.2 millones en 2023. FONDOS PÚBLICOS José González Pinilla [email protected] Mayer Mizrachi Cortesía
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