1A La Prensa Panamá, jueves 24 de julio de 2025 El medio libre de Panamá 75¢ Jueves 24 de julio de 2025 - Año 44 - Nº 15087 Hoy por hoy Han pasado cuatro días desde la agresión del diputado del PRD, Jairo “Bolota” Salazar, contra su colega Betserai Richards, y el partido guarda un silencio más elocuente que cualquier comunicado. No hay condena pública, ni llamado a la reflexión, ni señales de que se abra un proceso disciplinario. Nada. Ese mutismo no es neutral: es complicidad. Callar ante un acto violento cometido por uno de sus principales voceros envía un mensaje peligroso, tanto para la Asamblea Nacional como para la convivencia democrática. Si el partido —que tiene la potestad de aplicar sanciones e incluso revocarle el mandato— no marca límites, ¿quién lo hará? La agresión de Salazar no es un incidente aislado. Forma parte de un patrón de conductas que, lejos de sancionarse, parecen normalizarse dentro de la política panameña. La democracia exige partidos que condenen con claridad estos actos. Porque quien calla, consiente. Y consentir la violencia es abrirle la puerta a su repetición. Ellas.pa Red de orquesta juvenil está de aniversario 4B Ismael Díaz al León de México: trayectoria, goles y calidad 8A Deportes Puertos de Balboa y Cristóbal: Cosco desafía a BlackRock en la compra de CK Hutchison Cosco, gigante chino del transporte marítimo, desafía a BlackRock en la compra del 90% de CK Hutchison, concesionaria de los puertos de Balboa y Cristóbal, exigiendo poder de veto en decisiones estratégicas. VEA 1B Caso Salazar: el escandaloso silencio del PRD Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Cuatro días después de que el diputado del PRD, Jairo “Bolota” Salazar, agrediera y amenazara a su colega Betserai Richards, el partido sigue guardando silencio. Ni condena pública, ni proceso disciplinario, ni siquiera un llamado a la reflexión han surgido de su diVIOLENCIA POLÍTICA Jairo Bolota Salazar agredió al diputado Betserai Richards y, en vez de disculparse, usó el pleno de la Asamblea para lanzar nuevas amenazas. rigencia. El presidente del PRD, Benicio Robinson, también ha optado por callar, pese a que el partido tiene la potestad de sancionar o revocar el mandato de Salazar. Este silencio ha provocado cuestionamientos sobre la respuesta institucional del colectivo frente a un hecho que reaviva las críticas a la conducta de algunos diputados en la Asamblea Nacional. VEA 2A Temporada de avistamiento Saltos que celebran la vida marina Llegó el tiempo de ver a estos gigantes del océano en Panamá. Una ballena jorobada se eleva sobre las aguas del Archipiélago de Las Perlas, recordando que cada salto celebra la vida marina y el turismo responsable en nuestras costas pacíficas. Julio marca el inicio de la temporada de avistamiento de ballenas jorobadas en Panamá, específicamente las que migran desde el Pacífico Sur para reproducirse y parir en aguas cálidas. Alexander Arosemena Benicio Robinson LP Una propuesta presentada por el diputado de libre postulación Roberto Zúñiga pretende eliminar beneficios como trabajo comunitario y arresto domiciliario para delitos de corrupción. Plantea penas de cárcel obligatorias, sin suspensión ni libertad condicional, e inhabilitación para cargos públicos, endureciendo el castigo a quienes afecten fondos o bienes del Estado. Se trata del proyecto que propone declarar imprescriptibles los delitos de corrupción contra la administración pública. VEA 4A IMPRESCRIPTIBILIDAD Exigen investigar presencia de metales pesados en bebés Detienen a cuatro exrepresentantes por caso de la descentralización Reformas proponen cárcel obligatoria para corruptos Diputados expresan alarma por estudio que detecta metales pesados en bebés de Azuero, posibles daños genéticos y contaminación del río La Villa. Exigen investigación urgente, independiente y medidas de protección para las comunidades. VEA 2A La Fiscalía Anticorrupción y la Policía Nacional aprehendieron a ocho personas, incluidos cuatro exrepresentantes, por presunto peculado con fondos de descentralización del Programa de Desarrollo Integral Sostenible. Investigaciones abarcan 70 juntas comunales y cuatro alcaldías en varias provincias del periodo 2019-2024. VEA 6A “Es un infierno lo que vivimos en El Salvador”: un barrio de Venezuela festeja el regreso de 4 repatriados que denuncian abusos en el CECOT www.prensa.com/bbc/
2A La Prensa Panamá, jueves 24 de julio de 2025 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Yaritza Mojica [email protected] Los análisis revelaron rastros de metales como cromo, cobre y cadmio. Archivo Diputados piden al Minsa que investigue casos de bebés que nacen con metales pesados en la sangre SALUD Varios diputados expresaron ayer en la Asamblea Nacional, su preocupación por un estudio del Instituto de Ciencias Médicas de Azuero que advierte que bebés nacen con metales pesados en la sangre transmitidos durante el embarazo. El estudio, dado a conocer por La Prensa, revela que los recién nacidos en Azuero presentan presencia de metales pesados en su organismo. La principal preocupación del equipo investigador es el posible impacto de estos contaminantes en el ADN de los recién nacidos, lo cual podría tener consecuencias a lo largo de toda su vida. Esta investigación fue liderada por el genetista y pediatra Iván Landires, en colaboración con universidades nacionales, los hospitales Cecilio Castillero en Chitré (Herrera) y Joaquín Pablo Franco Sayas en Las Tablas (Los Santos), y con el financiamiento de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt). El hallazgo establece una alarmante relación entre la contaminación ambiental y el daño genético, lo que generó la preocupación de diputados como Yarelis Rodríguez y Miguel Ángel Campos, de la coalición Vamos, y Manuel Cohen Salerno, de Cambio Democrático. La diputada Rodríguez destacó que “los bebés están naciendo con veneno en la sangre en Azuero” y que la investigación del Instituto de Ciencias Médicas confirmó la presencia de metales pesados y pesticidas prohibidos, como el DDT, en recién nacidos. Rodríguez solicitó a las autoridades una investigación inmediata e independiente, con participación del Ministerio Público, sobre la posible contaminación del río La Villa, principal fuente de agua de la región. “Necesitamos una investigación urgente e independiente sobre las fuentes de contaminación, así como protección real para las comunidades afectadas. No se puede hablar de desarrollo mientras nuestros niños nazcan contaminados. Hoy es Azuero, mañana puede ser tu comunidad”, concluyó en su intervención ante el pleno legislativo. La investigación surgió tras detectarse sustancias tóxicas —entre ellas un químico conocido como atrazina— en el río La Villa, fuente principal de agua potable en Azuero. Se trata de una investigación inédita en Panamá y una de las primeras en Latinoamérica que busca comprender cómo la contaminación ambiental puede afectar la salud humana incluso antes del nacimiento. Por su parte, el diputado Cohen Salerno informó que se comunicó vía telefónica con el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, para conocer más sobre el estudio, pero este le respondió que no tenía información al respecto. Ante esto, Cohen también solicitó una investigación sobre lo que está ocurriendo con la salud de la población. El diputado cuestionó además qué medidas se adoptarán frente a la inversión de $1.2 millones en el saneamiento de las tuberías de la planta potabilizadora si el río La Villa continúa contaminado. Por otro lado, el diputado Campos, independiente por Veraguas, respaldó el estudio realizado por los científicos de Azuero y pidió mayor investigación y la intervención del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) en torno a la contaminación ambiental. “Señores, la salud de nuestros niños no puede ser negociable. ¿A dónde está mirando el Gobierno? Hoy es Azuero, mañana puede ser el país entero”, expresó. Hallazgos del estudio El equipo de investigación recolectó muestras biológicas de mujeres embarazadas y de sus recién nacidos: la primera orina de los bebés y sangre del cordón umbilical extraída directamente de la placenta. También se tomaron muestras de orina y sangre de las madres. Todo el procedimiento se realizó siguiendo estrictos protocolos éticos y de bioseguridad. Los análisis revelaron rastros de metales como cromo, cobre y cadmio, elementos potencialmente nocivos para la salud humana. Sin embargo,paraLandires,elobjetivo principal del estudio no era solo detectar estos contaminantes, sino analizar su impacto directo en el ADN humano. Según el investigador, la exposición a ciertos químicos durante el embarazo puede provocar alteraciones genéticas que podrían derivar en daños celulares, trastornos en el desarrollo o una mayor predisposición a enfermedades crónicas en etapas posteriores de la vida. El equipo de Azuero planea dar seguimiento a largo plazo a los niños incluidos en el estudio, con el fin de evaluar cómo estos contaminantes afectan su desarrollo físico y genético. “Es fundamental que se generen políticas públicas basadas en evidencia científica para proteger a futuras generaciones de los efectos nocivos de la contaminación ambiental”, concluyó Landires. Piden publicación científica El pediatra e investigador Xavier Sáez-Llorens subrayó la importancia de que este tipo de investigaciones sean revisadas por pares y publicada en revistas científicas. “Elhallazgoqueunorealice debe ser verificado, bien contrastado y publicado en revistas revisadas por pares antes de que se considere legítimo desde el punto de vista científico”, comentó. Sáez-Llorens enfatizó que encontrar metales pesados en la placenta o en la sangre de los recién nacidos no implica automáticamente un daño clínico, ya que eso dependerá de factores como la concentración, lo cual solo puede establecerse a través de estudios rigurosos y prolongados. En tanto, el pediatra e infectólogo Javier Nieto Guevara coincidió con su colega en que los resultados deben ser publicados en revistas científicas. “Es necesario demostrar que estos hallazgos tienen relevancia. Y eso no es tan sencillo, porque requiere seguimiento a largo plazo. Una cosa es identificar metales pesados, y otra es entender su implicancia clínica”, acotó. El diputado Jairo Salazar en el pleno de la Asamblea Nacional. Elysée Fernández Sánchez Cárdenas: ‘El silencio del PRD lo dice todo’ Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] ASAMBLEA NACIONAL La dirigencia del partido, que ha enfrentado múltiples cuestionamientos por su deterioro ético y doctrinario, optó esta vez por cerrar filas, casi como si la agresión no hubiese ocurrido. Han pasado tres días desde que el diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Jairo “Bolota” Salazar, agredió y amenazó a su colega de la bancada Seguimos, Betserai Richards. El episodio, ocurrido fuera del pleno de la Asamblea Nacional, desató un aluvión de críticas en redes sociales, en medios de comunicación y entre ciudadanos que observan con preocupación la creciente normalización de la violencia en el espacio legislativo. Pero mientras el rechazo crece, el PRD guarda silencio: ni un comunicado, ni una declaración, ni siquiera una expresión de inquietud. La dirigencia del partido, que ha enfrentado múltiples cuestionamientos por su deterioro ético y doctrinario, optó esta vez por cerrar filas, casi como si la agresión no hubiese ocurrido. Casi como si su jefe de bancada, el mismo Salazar, fuera intocable. Francisco Sánchez Cárdenas, uno de los fundadores del PRD, observa la escena desde la distancia con una mezcla de indignación y desencanto. Para él, lo ocurrido no es un hecho aislado, sino una prueba más del desgaste institucional que carcome a la Asamblea Nacional y de la complicidad de los partidos políticos que toleran estos comportamientos. “Lo que se ha visto en los últimos días ya va más allá del calor de un debate parlamentario”, dijo a estemedio. Sánchez Cárdenas habla conlacalmadequienhavisto muchas tormentas políticas, pero no disimula la gravedad del momento. En su opinión, el hecho de que la agresión ocurriera fuera del hemiciclo —en un salón del edificio legislativo— revela el nivel de descontrol que impera en el órgano del Estado encargado de hacer las leyes. “Eso es muy peligroso”, advierte. Peligroso para la convivencia democrática. Peligroso para la legitimidad del sistema. “Desgraciadamente, siempre ha participado el mismo diputado”, lamenta, refiriéndose a Salazar, quien en los últimos años ha protagonizado otros episodios violentos y que ahora, paradójicamente, lidera la bancada de su partido. Para Cárdenas, este tipo de reincidencia no se corrige con disculpas públicas, sino con sanciones claras. Pero no ve voluntad política para hacerlo. Complicidad En su análisis, el problema de fondo no es solo el carácter de un diputado, sino el modelo político que ha adoptadoelPRD.“Nopuedencondenar estos actos porque son parte de esa forma de pensar: la de defender a las personas y no a la doctrina ni a la estructura partidaria”, denuncia. El partido, asegura, ha dejado de ser un colectivo ideológico para convertirse en un instrumento de protección personalista. Renunció al PRD hace año y medio, pero militó en él desde 1979, cuando el partido apenas nacía como el brazo político del torrijismo. “Ya no podía seguir ahí”, confiesa. Lo que ve hoy es una organización que ha perdido el rumbo, que prefiere callar Más opiniones La voz de Cárdenas no es la única que se alza. Otro viejo militante del PRD, Mitchell Doens, también expresó su rechazo.“Laviolenciadeberechazarse en la vida política, y eso es lo que hemos recomendado a los amigos y miembros del partido”, señaló. Reconoció que Salazar pidió disculpas al país, aunque no directamente al diputado Richards. “Creo que Richards, por ser joven, es agresivo en su discurso frente a algunos diputados”, sugirió Doens, tratando de matizar. Aun así, Doens cree que el PRD debe pronunciarse. “Estoy seguro de que lo van a hacer, porque este no es solo un problema de la Asamblea, también toca al partido”, afirmó. Otros episodios En la Asamblea Nacional, los episodios de violencia no son exclusivos de un solo diputado perredista; el historial del PRD revela varios nombres marcados por la confrontación. Raúl Pineda protagonizó, en agosto de 2021, un acalorado altercado con el diputado independiente Edison Broce durante una sesión de la Comisión de Presupuesto. Pero esa no fue su única muestra de agresividad: en 2012, Pineda llegó al pleno armado con un tolete y empujó violentamente al entonces primer vicepresidente Marcos González, dejando una imagen de caos y descontrol en el órgano legislativo. En 2019, Crispiano Adames desató una tormenta al lanzar insultos y amenazas físicas contra su colega Leandro Ávila durante una sesión, lo que obligó a suspender la reunión. Y si se retrocede aún más en el tiempo, el episodio entre Luis “Lucho” Gómez, del PRD, y Guillermo “Willy” Cochez, del Partido Democracia Cristiana, en 1989, marcó un hito. ante la violencia antes que romper con sus propios liderazgos. “El país ha visto cómo la Asamblea ha venido cayendo paulatinamente en una situación de descrédito que cada día se hace más evidente”, advierte. Desde su perspectiva, el partido debió actuar de inmediato: emitir un comunicado, condenar la agresión, iniciar un proceso disciplinario. En vez de eso, silencio. “Y ese silencio lo dice todo”, sentencia. Para él, no hay democracia sin responsabilidad política, y no hay responsabilidad política sin autocrítica.
3A La Prensa Panamá, jueves 24 de julio de 2025
4A La Prensa Panamá, jueves 24 de julio de 2025 Panorama Tal Cual Redacción de La Prensa [email protected] RASPA Y GANA. Hace un año, Mulino prometió acabar con la lotería electrónica. Hoy Lotto anuncia medio millón en premios. Parece que a alguien se le pegó el billetito… o perdió el discurso en la tómbola. SE CALIENTA LA QUINIELA. Dicen las malas lenguas que viene cambio de Gabinete. Se abren las apuestas… y ya hay favoritos: los que pierden apoyo, los que sobran en la foto y los que nunca debieron estar ahí. ¡Tire su número! SIN APURO, HONORABLES.Otro día más sin que se formen las comisiones de la Asamblea. Mientras tanto, los traslados de partida se empolvan en los escritorios y los pagos a proveedores siguen en pausa. Qué tal si amarramos su planilla a la formación de comisiones. Ahí sí se apuran… y corriendo. LA PLANILLA ES SAGRADA. Cambia la directiva, pero las planillas de Benicio, Crispiano y Dana siguen igual de gorditas. ¿Auditoría? ¿Sanción? ¡Ni por accidente! Aquí lo único que rota es la silla… no Los reclamos ciudadanos por combatir la corrupción son reiterativos. Archivo Propuesta legislativa busca impedir que la corrupción tenga fecha de vencimiento Eliana Morales Gil [email protected] ASAMBLEA NACIONAL ¿Deberían los delitos de corrupción ser castigados aunque pasen los años? En la Asamblea ya hay una propuesta que lo haría posible. Vuelve a la agenda pública la imprescriptibilidad de los delitos contra la administración pública. El diputado Roberto Zúñiga, jefe de bancada de Vamos, presentó un anteproyecto de ley ante el pleno de la Asamblea Nacional para que delitos como peculado, enriquecimiento injustificado, corrupción de servidores públicos, concusión, cohecho, tráfico de influencias, fraude, entre otros, nunca prescriban en Panamá. Es decir, que puedan ser investigados y sancionados sin importar cuántos años hayan pasado desde que se cometieron. La propuesta contempla reformas al Código Penal para declarar “imprescriptibles” todos los delitos relacionados con actos de corrupción cometidos por funcionarios públicos o particulares que hayan afectado fondos o bienes del Estado. Además, se busca incrementar las penas para estos delitos. Ya no se permitirían beneficios como el trabajo comunitario o el arresto domiciliario para quienes cometan estos crímenes graves. En muchos casos, se eliminarían las penas sustitutivas para asegurar que los culpables cumplan condenas de cárcel. Incluso se restringiría la suspensión de la pena o la libertad condicional para estos delitos. Además, se haría obligatoria la inhabilitación para ejercer cargos públicos a quienes sean condenados por corrupción. Actualmente, la legislación panameña establece plazos de prescripción que, en muchos casos, impiden juzgar a funcionarios o exfuncionarios una vez transcurrido cierto tiempo, lo que ha derivado en una larga lista de casos cerrados sin sanción alguna. Por ejemplo, a los investigados por el caso Odebrecht no se les procesó por corrupción porque, precisamente, este delito prescribió. Fortalecer la lucha contra la corrupción Según el documento presentado esta semana, la iniciativa busca cerrar los espacios de impunidad y proteger el patrimonio del Estado. “La corrupción no puede seguir siendo premiada con el olvido”, señala la exposición de motivos. En esta parte de la propuesta se hace énfasis en que, al eliminar la prescripción, se fortalecería la lucha contra la corrupción y se reforzaría la confianza ciudadana en las instituciones. El anteproyecto también advierte que, al tratarse de delitos que afectan de forma directa el interés público, deben recibir un tratamiento jurídico más severo. Esta idea se ha planteado en otras ocasiones, pero hasta ahora no ha logrado convertirse en ley. En la actualidad, el Código Penal contempla penas que van desde seis meses hasta tres años de prisión para delitos como peculado o fraude en contrataciones públicas, e incluso pueden ser reemplazadas por trabajo comunitario o arresto domiciliario. “Estas sanciones no van acorde con el daño que estos delitos generan al país. El que entra a la administración pública para robar le temerá a este proyecto; el que entra para servirle al país, lo apoyará”, manifestó el diputado Zúñiga. La propuesta surge en medio de un marcado descontento social por la impunidad en casos de alto perfil que involucran millones de dólares en fondos públicos. En la última década, Panamá ha visto desfilar numerosos escándalos de corrupción que, en muchos casos, han quedado sin sentencia firme. El pasado 20 de julio, La Prensa publicó una noticia sobre el caso del exministro de Educación Belgis Castro, a quien el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales le declaró prescrita la acción penal por un caso donde se investigaba la supuesta comisión de peculado por la instalación de fibra de vidrio en las escuelas oficiales de la provincia de Panamá Oeste. De aprobarse, la medida no sería retroactiva; es decir, aplicaría solo a los delitos cometidos a partir de la entrada en vigencia de la ley, aunque podría generar un efecto simbólico y político significativo: un mensaje claro de que la corrupción ya no tendrá fecha de caducidad en los tribunales. El proyecto debe ser discutido en la Comisión de Gobierno antes de pasar al pleno legislativo. No obstante, la Asamblea aún no ha instalado sus comisiones de trabajo debido a desacuerdos entre las bancadas. Juan Manuel Díaz [email protected] Cecilo Cedalise, María Cristina Chen S. y Carlos Vásquez. Archivo Sala Tercera anula sanción a jueza por caso Pérez Balladares vs. La Prensa JUSTICIA La Sala Tercera Contencioso Administrativa y Laboral de la Corte Suprema de Justicia declaró nula − por ilegal− una sentencia del Tribunal de Integridad y Transparencia, por la cual se sancionó a la juez decimoquinta civil Lina Castro de León a raíz de una denuncia presentada por el expresidente Ernesto Pérez Balladares, luego de que dicha juzgadora rechazó una demanda del exmandatario contra el diario La Prensa. En un fallo con fecha del pasado 21 de julio, los magistrados Cecilio Cedalise, Carlos Vásquez y María Cristina Chen Stanziola −de formaunánime−decidieron declarar prescrita la sanción aplicada por el Tribunal de Integridad y Transparencia aplicada a la juez De León por haber concluido el término para la presentación de la denuncia. El Tribunal de Integridad y Transparencia sancionó a la juez Castro por considerar que incurrió en una falta grave en la tramitación de la demanda civil que Pérez Balladares interpuso contra el diario La Prensa por la presunta comisión de un delito contra el honor. La demanda presentada por Pérez Balladares alegaba que la juez Castro dilató en exceso el fallo de la demanda presentada contra La Prensa, ya que fue presentada el 19 de marzo de 2012 y se falló en junio de 2023. El fallo de primera instancia sancionó a la juez Castro con la suspensión del pago de salario por un término de 15 días, que fue confirmada también en segunda instancia. Sin embargo, al resolver demanda de nulidad interpuesta por la juez Castro ante la Sala Tercera, los magistrados reconocieron que la denuncia presentada por Pérez Balladares estaba prescrita. Según el fallo de la Sala Tercera, la juez Castro tenía hasta finales de 2021 para emitir una decisión en el proceso propuesto por Pérez Balladares contra La Prensa y a partir de esa fecha los abogados del expresidente tenían un término de un año para denunciar a la juez, pero dicha acción se presentó el 23 de junio de 2023. El fallo sostiene que en este caso el Tribunal de Integridad y Transparencia carecía de la potestad de investigar a la servidora judicial sancionada y que se incurrió un clara violación del proceso penal. Pérez Balladares demandó civilmente a La Prensa por la suma de $5.5 millones por presuntos daños y perjuicios a raíz de una serie de publicaciones de un caso por presunto blanqueo. La juez Castro exoneró a La Prensa y ordenó que Pérez Balladares debía pagar $581 mil por las costas del proceso. Castro fue designada como suplente la magistrada Ángela Russo el pasado 26 de noviembre de 2024 por el presidente José Raúl Mulino. las mañas. DESPACHOS Y DESPACHADOS. Ernesto Cedeño denuncia que hay diputados con más despachos que ideas. Mientras unos acumulan oficinas, a otros se les cae el techo encima. Porque todos son diputados por igual, pero no todos los diputados son iguales. Alcalde alista licitación para el alumbrado navideño La Alcaldía de Panamá, dirigida por Mayer Mizrachi, ya inició el proceso para organizar las fiestas navideñas de 2025. Este mes de julio realizará unalicitaciónpormejorvalor, con un precio de referencia de $2.8 millones, para el alumbrado navideño en diferentes parques y en las principales avenidas de los corregimientos que integran la capital. La iniciativa recibió el visto bueno del Consejo Municipal el pasado 3 de junio de 2025, y será el 31 de julio cuando se lleve a cabo el acto público. Previo a ello, la Alcaldía realizó estudios de mercado para conocer el costo estimado del alumbrado y tratar de “disminuirlo”. Solo una empresa envió al municipio, vía correo electrónico, el detalle pormenorizado de los costos, incluyendo el ITBMS. Se trata de la empresa Disaroca, S.A., que presentó una propuesta por $3.2 millones. El municipio recordó que, en el pasado, las anteriores administraciones firmaron contratos similares para el alumbrado, por lo que revisó en sus archivos los contratos previos. La empresa Contraseñas Production, S.A. cobró $2.9 millones en 2022, y Disaroca Group, S.A., $3.2 millones en 2023. FONDOS PÚBLICOS José González Pinilla [email protected] Mayer Mizrachi Cortesía
5A La Prensa Panamá, jueves 24 de julio de 2025 Panorama Ministra de Educación, Lucy Molinar en el lanzamiento del programa de almuerzos escolares en el Centro Educativo Samaria Sinaí, ubicada en el corregimiento Belisario Porras en San Miguelito Yaritza Mojica Molinar formaliza cancelación de millonaria licitación de comida Yaritza Mojica [email protected] CONTRATO El Meduca canceló la licitación de $53.9 millones para almuerzos escolares tras la orden de Mulino, luego de controversias por la propuesta más alta de Importadora Virzi. Se atenderían 245,447 estudiantes en 1,876 escuelas. Un mes después de que el presidente de la República, José Raúl Mulino, ordenara la suspensión “inmediata” de la millonaria licitación para adquirir los alimentos de los almuerzos escolares, el Ministerio de Educación (Meduca) emitió la Resolución N.º 290, mediante la cual rechaza las propuestas recibidas y cancela el acto público correspondiente al suministro de alimentos para los almuerzos escolares. La Resolución N.º 290 del Meduca, firmada el lunes 21 de julio por la ministra de Educación, Lucy Molinar, rechaza las propuestas recibidas para el proyecto “Suministro, transporte, entrega y descarga en sitio de alimentación a requerimiento para la preparación del almuerzo escolar saludable en los centros educativos para los años 2025-2026”. Esta licitación tenía un precio de referencia de $53,990,819.52, y siete empresas habían mostrado interés. Sin embargo, la controversia surgió cuando la Comisión Evaluadora del Meduca recomendó adjudicar el contrato a Importadora Virzi, S.A., pese a que esta empresa presentó la propuesta más alta, por $57.6 millones, en comparación con la de Compañía Goly, S.A. (que opera bajo el nombre comercial de El Machetazo) y Transporte Ligo, S.A., que ofertó $51.3 millones, es decir, $2 millones menos que el precio de referencia establecido por el Meduca. Tras la publicación en La Prensa del informe de una “comisión verificadora” que recomendaba adjudicar el contrato a Importadora Virzi, S.A., el Meduca salió al paso aclarando que el acto público no se había adjudicado. No obstante, el presidente Mulino ordenó cortar el problema de raíz y suspender el proceso. “No hay razón que justifique” la gran diferencia de precio entre una propuesta y otra. “Siete millones de dólares, que entiendo es la distancia entre una [propuesta] y otra… Mejor cancelemos eso, que no se necesita un problema más en el Meduca”, declaró el mandatario durante la conferencia de prensa del pasado jueves 19 de junio. Con la cancelación de la licitación, el Meduca indicó que como entidad contratante se actuó en cumplimiento de la normativa de Contrataciones Públicas, obedeciendo lo establecido en el artículo 161 del Texto Único de la Ley 22 de 2006. El resuelto establece rechazar las propuestas recibidas para el acto público de suministro de almuerzos escolares, cancelar la licitación y ordenar su publicación en el portal de Panamá Compras. El documento también fue firmado por el secretario general del Meduca, Luis Herrera. Originalmente, la licitación contemplaba el suministro, transporte, entrega y descarga de los alimentos que se utilizarían en las escuelas para preparar los almuerzos entre el lunes 4 de agosto de 2025 y el 31 de diciembre de 2026. Con este contrato se atendería a 1,876 centros educativos a nivel nacional, se servirían 1,472,682 platos en 19 entregas (para un total de 27,980,958 platos) destinados a alimentar a 245,447 estudiantes del sistema de educación pública. Ahora le corresponderá al Meduca definir un nuevo acto público que cumpla con los precios de referencia establecidos, para contratar los servicios de un proveedor de alimentos para los almuerzos escolares. Meduca dice que docentes instigan a alumnos a protestar DESTITUCIONES Yaritza Mojica [email protected] El Ministerio de Educación (Meduca), a través de su Dirección Regional de Panamá Centro, advirtió a los padres de familia, acudientes y estudiantes del Colegio José Antonio Remón Cantera —especialmente a los de duodécimo grado— que corren el riesgo de perder el año escolar si continúan ausentándose de clases debido a las recientes manifestaciones y cierres de calle registrados en las inmediaciones del plantel. Según la entidad, estas protestas estudiantiles estarían siendo inducidas por autoridades del plantel, en rechazo a la designación de nuevos docentes que reemplazan a educadores actualmente notificados y con procesos administrativos, producto de la paralización de labores. El Meduca denunció que algunos docentes estarían instigando a los estudiantes a participar en estas acciones, situación que considera “inaceptable”. “La pérdida de clases no autorizada ni justificada tendrá consecuencias académicas serias, en especial para los estudiantes de graduación”, advirtió la entidad en un comunicado. Asimismo, recordó que el derecho a la educación está por encima de intereses individuales o gremiales, y que ningún educador debe instrumentalizar a los alumnos para promover conflictos que comprometan su formación. Según el Meduca, la designación de nuevos docentes busca garantizar la continuidad del proceso educativo y evitar mayores retrasos en el calendario escolar 2025. La entidad también fue enfática al señalar que los estudiantes que no retomen las clases de forma inmediata e ininterrumpida podrían no cumplir con los requisitos mínimos para aprobar el año lectivo, por lo que se aplicarán las medidas disciplinarias correspondientes, conforme al reglamento escolar. La institución hizo un llamado a los padres de familia y acudientes a actuar con responsabilidad, velando por el derecho de sus hijos a completar el año escolar. “La educación debe estar por encima de intereses ajenos al bienestar estudiantil”, enfatizó el comunicado.
6A La Prensa Panamá, jueves 24 de julio de 2025 El secretario general de la Asamblea Nacional, Carlos Alvarado, manifestó ayer miércoles 23 de julio su confianza en que la próxima semana se concrete un acuerdo entre las distintas bancadas para la conformación de las 15 comisiones permanentes del órgano legislativo. Aunque no se ha celebrado la reunión de junta directiva ampliada —como venía ocurriendo los lunes anteriores— Alvarado explicó que las fuerzas parlamentarias se mantienen activas en conversaciones informales. “Las bancadas se han estado reuniendo por su cuenta, negociando y tratando de llegar a acuerdos. Esperamos que la próxima semana esos acuerdos se concreten, idealmente a inicios de semana”, dijo. El retraso en la conformación de las comisiones se debe, según Alvarado, a diferencias en torno a la distribución de los espacios. “El cuello de botella, yo diría, son algunas matemáticas. Bancadas negocian contrarreloj: confían en definir pronto las comisiones LEGISLATIVO Cada fracción tiene aspiraciones de tener más representación en algunas comisiones más que en otras”, explicó. Una de las más disputadas es la Comisión de Presupuesto, que aún no ha sido discutida formalmente. A pesar de las demoras, Alvarado sostuvo que la situación no es inédita y recordó que en legislaturas anteriores este proceso ha tomado hasta mes y medio. La aspiración, dijo, es que para el martes ya tengan conformadas las primeras comisiones. También advirtió que, aunque el proceso está en marcha, espera que no se tenga que recurrir a una votación para definir la integración, lo que evidenciaría falta de consenso. Actualmente, hay más de 30 proyectos de ley presentados, listos para ser discutidos apenas se instalen las comisiones. “Definitivamente, los diputados están poniendo de su parte”, aseguró. La Fiscalía Anticorrupción aprehendió a cuatro exrepresentantes de corregimiento por presunto peculado en el manejo de fondos de la descentralización. Cortesía Exrepresentantes aprehendidos por presunto peculado Juan Manuel Díaz [email protected] José González Pinilla [email protected] DESCENTRALIZACIÓN Las diligencias forman parte de la investigación que adelanta la Fiscalía Anticorrupción relacionada con fondos de la descentralización en los años 2019-2024, Una operación realizada entre la Fiscalía Anticorrupción y la Policía Nacional logró la aprehensión de ocho personas, entre ellas cuatro exrepresentantes de corregimiento, que son investigados por la presunta comisión del delito de peculado a través del uso de fondos de la descentralización a través del Programa de Desarrollo Integral Sostenible (PDIS). Las diligencias se realizaron en las provincias de Chiriquí y Veraguas, en las que se ubicaron evidencias presuntamente relacionadas con los fondos entregados por la descentralización. Las diligencias forman parte de la investigación que adelanta la Fiscalía Anticorrupción relacionada con fondos de la descentralización en los años 2019-2024, en los que se involucran fondos por varios millones de dólares para la ejecución de obras de interés comunitario. En la provincia de Veraguas, los allanamientos se realizaron en el distrito de La Mesa, en donde se aprehendieron a dos exrepresentantes de corregimientos y dos extesoreros, a quienes se les atribuye el manejo irregular de fondos del programa PDIS entre los años 2021-2024. En la provincia de Chiriquí, se detuvo al exrepresentante y al tesorero de la Junta Comunal de Quebrada de Piedra, ubicada en el distrito de Tolé. También se logró la aprehensión de otros dos exrepresentantes en el distrito de Dolega. La operación estuvo liderada por ocho fiscales anticorrupción, que se encargaron de realizar los allanamientos en conjunto con agentes de la Policía Nacional. La semana pasada la Fiscalía Anticorrupción comisionó a la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) para ubicar a los representantes de corregimiento y alcaldes que recibieron fondos provenientes del PDIS. La orden fue impartida por la fiscalía luego de practicar una serie de diligencias en el Banco Nacional de Panamá(BNP) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y en la Autoridad Nacional de Descentralización (AND) en donde se ubicaron nombres de las personas que recibieron cheques del programa PDIS. La diligencia realizadas en el MEF y BNP también estuvo enfocada en la ubicación de información relacionada con una serie de denuncias realizadas en el año 2024 y verificar los desembolsos realizados por la AND a 70 juntas comunales y municipios que recibieron fondos del PDIS. La investigación abarca a unas 70 juntas comunales y cuatro alcaldías que recibieron fondos de la descentralización y que no han jstificado el uso de estos fondos. Entre las juntas comunales bajo investigación se encuentran las de Amelia Denis de Icaza, Belisario Porras y Ernesto Córdoba en el distrito de San Miguelito. En la provincia de Chiriquí aparecen las juntas comunales de Tolé, Volcán, Quebrada de Piedra, Solano y Dolega Cabecera. A su vez aparecen en el listado las juntas comunales de San Francisco, Pedregal, Ancón y Pacora en la provincia de Panamá. Mientras que en la provincia de Colón se encuentran las juntas comunales de San Juan, Barrio Sur, Playa Chiquita, Puerto Pilón, Cristóbal, Barrio Norte, Cristóbal Este y Salamanca. En tanto, en la provincia de Panamá Oeste aparecen las juntas comunales de los corregimientos de Burunga, Veracruz, Villa Rosario, Lídice, La Trinidad, Nueva Gorgona, Ciri Grande, San Carlos, Ciri de Los Sotos, El Coco y El Higo. En tanto, en la provincia de Veraguas se mencionan las juntas comunales de Boro, El Higo, Gatuncito, Santiago cabecera, Bisvalles y La Huaca. En Herrera se mencionan a las juntas comunales Parita cabecera, Los Cerros de Paja, Las LLanas y Peñas Chatas. En la provincia de Darién se mencionan las juntas comunalesdeWargandí,Peña Blanca, Guoroní, Río Sábalo, Jigurundó y Pinogana. En Bocas del Toro se mencionan los corregimientos Punta Laurel, Bocas del Toro y Barriada Guaymí. La Sala Tercera de lo Contencioso Administrativa de la Corte admitió una demanda de nulidad presentada contra la resolución No. 45 de 30 de mayo del 2025 del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) en donde se establece un plan de preservación, gestión segura de la mina Cobre Panamá y que se permite a la minera la disposición del concentrado de cobre. Bajo la ponencia del magistrado Cecilio Cedalise, la Sala Tercera admitió una demanda interpuesta por el abogado Roberto Ruíz Díaz que busca que se declare la nulidad de la resolución emitida por el MICI. Con fecha del pasado 18 de julio, la Sala Tercera solicitó al ministro Julio Moltó que rinda un informe de conducta de los alcances y propósitos de la resolución del 30 de mayo de 2025 y le concedió un término de cinco días para presentar su respuesta a la demanda interpuesta por Ruiz Díaz. La demanda está dirigida directamente contra el acápite F del citado documento que permite el traslado y disposición del concentrado de cobre que se encuentra en las instalaciones de la mina. La demanda plantea que Minera Panamá no puede disponer del concentrado de cobre que se encuentra en los depósitos, ya que para ello debería tener una concesión para la explotación minera metálica, pero que la Ley 407 que se encuentra vigente prohíbe este tipo de actividades. Ruiz Díaz, quien presentó la demanda, alega que es necesario que la Sala Tercera de la Corte aclare la legalidad o no de la esa parte de la resolución expedida por MICI que permita a la emCorte admite demanda por venta de concentrado de cobre de la mina MINERA presa Cobre Panamá disponer del concentrado de cobre. El decreto del MICI permite realizar tareas ambientales y operativas esenciales para evitar el deterioro de la infraestructura y del entorno natural, mientras la producción permanece paralizada tras la anulación del contrato minero. Según la compañía, estas acciones se financiarán con la exportación de 121 mil toneladas métricas secas de concentrado de cobre que permanecen almacenadas en el sitio. El plan es ejecutado por la empresa First Quantum Minerals, bajo la supervisión de más de diez instituciones, incluyendo el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), el Ministerio de Ambiente (Mi Ambiente), el Ministerio de Seguridad, la Secretaría de Energía (SEP), el Ministerio Público, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel). También en enero de 2025 se inició el proceso de retiro de 7,960 toneladas de nitrato de amonio, un compuesto extremadamente explosivo, de la mina Cobre Panamá. Juan Manuel Díaz [email protected] Area de molinos en el proyecto minero Cobre Panamá. Alexander Arosemena El secretario general de la Asamblea Nacional, Carlos Alvarado. Archivo Panorama
7A La Prensa Panamá, jueves 24 de julio de 2025 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. do, como en efecto estoy, con la sanción ejemplar que merecen en caso de ser hallados culpables de los aberrantes delitos de corrupción y robo que se les ha imputado a los eternos dirigentes de Suntracs, otra cosa diferente, es pretender hacer desaparecer el sindicato como tal, por las mismas razones. En todos los países civilizados y de corte democrática, los sindicatos, los gremios y demás grupos organizados constituyen factores claves en el equilibrio o relación de contrapeso económico y social necesarios para la buena marcha de la democracia. Sin la presión de estos grupos, los trabajadores, por ejemplo, no tendrían motivación alguna para mejorar la remuneración de los trabajadores ni sus condiciones de trabajo. Bajo esta dinámica regresa a la época de las cavernas en donde el más fuerte se impone sin discusión sobre el más débil. De hecho, esta medida equivale a dispararse en el pie, puesto que se mermaría el poder adquisitivo de los panameños y, en consecuencia, por igual, disminuiría el consumo interno y el crecimiento económico del país. Esta desprotección haría, por supuesto, más vulnerables a los trabajadores panameños, especialmente por parte del sector privado, haciéndolos víctimas de la explotación y la adopción de decisiones arbitrarias en su contra por parte de muchos de esos mismos empresarios, que han dado muestras en la historia de nuestro país, de ser auspiciadores y benefactores de la misma corrupción que en esta ocasión se le endilga, con razón y por desgracia, a la dirigencia sindical panameña. Espero que el presidente Mulino reconsidere su arrogante postura de gobernante empresarial cuando dijo -voy a reducir a Suntracs a su mínima expreLas colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. Educar en tiempos de posverdad Civismo Vivimos en tiempos en los que la mentira ha dejado de ser una anomalía del discurso para convertirse en la norma. En este escenario, dominado por la posverdad —un concepto definido por el Diccionario de Oxford como aquellas circunstancias en que los hechos objetivos son menos influyentes en la formación de la opinión pública que los llamamientos a la emoción y la creencia personal—, la educación cívica enfrenta el desafío urgente de adaptarse o fracasar en su propósito fundamental: formar ciudadanos críticos, responsables y comprometidos con la democracia. Zygmunt Bauman, sociólogo contemporáneo, advertía que la posverdad no es solo una mentira más sofisticada, sino el síntoma de una sociedad que ha perdido la confianza en la objetividad, el conocimiento experto y las instituciones democráticas. En ese contexto, la educación cívica no puede limitarse a ser una asignatura marginal en los planes de estudio. Debe convertirse en un eje transversal del currículo escolar que enseñe a discernir entre hechos y opiniones, a cuestionar la manipulación informativa y a valorar el bien común por encima de los intereses individuales. La adecuación curricular exige una revisión profunda de los contenidos, métodos y propósitos de la educación cívica. No basta con aprender los órganos del Estado o memorizar los derechos fundamentales; es imprescindible desarrollar habilidades para detectar noticias falsas, analizar discursos políticos y reconocer los mecanismos de manipulación mediática. La alfabetización digital y mediática debe ser parte central de esta transformación. En este esfuerzo, el papel del docente es insustituible. Son los educadores quienes median entre el currículo y la experiencia vivida del estudiante. Su formación continua en pensamiento crítico, ética de la información y pedagogía del diálogo es clave para que puedan guiar a las nuevas generaciones en un entorno saturado de desinformación. Además, deben ser ejemplo de integridad intelectual y apertura al debate, generando espacios seguros donde el disenso no sea reprimido, sino comprendido. Educar en tiempos de mentira es una tarea contracorriente, pero necesaria. Implica no solo enseñar verdades, sino enseñar a buscar la verdad, a dudar de lo dudoso y a comprometerse con el rigor de la razón en un mundo que premia el ruido y la emoción sobre la reflexión. Es una tarea política en el mejor sentido de la palabra: la de formar ciudadanos libres y conscientes. Frente a los desafíos de la posverdad, la educación cívica no debe retroceder, sino avanzar. No puede ser un adorno curricular, sino la columna vertebral de la escuela democrática. Solo así será posible educar para la libertad, la justicia y la verdad. El subsistema solidario y los sueños de opio Seguridad social la ley anterior solo se ahorraba un 10%, lo que significa que esos ahorros ahora se elevan en un 50% (el 5% del anterior subsistema mixto se utilizaba para apoyar el decadente y hoy desaparecido SEBD). Además, ese aumento del 5% se aplicará a favor de estos cotizantes de manera retroactiva, es decir, desde el inicio de sus cotizaciones, hace casi veinte años. Pero no olvidemos que quienes desde 2005 se mantuvieron en el SEBD por la edad, la Ley 462 no les afecta: se jubilarán con base en el 60% de los diez mejores años (casi el 50% de los actuales cotizantes). Tal vez la incertidumbre surge porque hoy no hay un solo jubilado del subsistema mixto o de cuentas individuales (transformado o reconvertido por la Ley 462 en nocional); es decir, aunque no existe una cuenta individual como tal, dada la unificación de los dos subsistemas (SEBD y mixto), a la hora de la jubilación se tomará en cuenta la tasa de reemplazo con base en el aporte individual de cada cotizante, o al menos así se entiende. Pero la realidad es que este subsistema, hoy nocional, ha mejorado porque el ahorro individual pasa del 10% al 15% de lo cotizado. El hecho de lograr mejores pensiones no tiene nada que ver con la ley del seguro social, sea la 462 o cualquier otra; depende de que haya buenos salarios en el mercado panameño. Esto, sin embargo, no está contemplado en la ley del Seguro Social ni le compete. Para tener buenos salarios Julio Ernesto Linares ‘Me gusta cuando callas porque estás como ausente’ Sindicalismo Los evidentes desaciertos e intransigencia en el manejo del tema de la Ley 462 (CSS) por parte de la dirigencia de los gremios docentes, sumado al desfase de objetivos y posturas absurdas por parte de la dirigencia en Bocas del Toro, amén de la evidencia de corrupción y politización de los directivos de Suntracs, contribuyeron -por cuenta propia y de manera irresponsable- a la auto descalificación y desprestigio de todos ellos. Vaya regalo que le pusieron en bandeja de plata al presidente José Raúl Mulino, quien ahora se cree a pies juntillas que la postura firme de su gestión fue lo que logró hacer trastabillar y poner de rodillas a estos grupos, tradicionalmente beligerantes y exitosos. Tanto es así que, parodiando al poeta Pablo Neruda en su célebre poema, engolosinado por el triunfo alcanzado, el gobierno pretende avanzar un paso más y se dispone a silenciar y acallar, de una vez por todas, al sindicato de los trabajadores de la construcción para con ello producir un ejemplar escarmiento adicional a todos los demás grupos sindicales y gremios organizados. De lograrlo, resultaría mucho más fácil y menos traumático -tanto para el gobierno como para el sector empresarial-, lidiar con la aprobación de otros temas polémicos y urticantes que se avecinan, como el de la reapertura de la mina, por citar un ejemplo. Independientemente de estar de acuersión- y recuerde que no existe democracia sin libertad sindical. Por el contrario, el gobierno debe reafirmar su compromiso de rescatar y preservar un sindicalismo serio, responsable, honesto, democrático y verdaderamente representativo, libre —eso sí— de los mafiosos que han sido precursores de la desestabilización y la violencia. Estos han sometido, lamentablemente, al movimiento sindical panameño, arrastrando en esta vorágine de alienación ideológica a la sumisa e inoperante dirigencia actual de los gremios docentes. Para ser congruentes con esta postura de buscar la fiebre en el cuerpo y no en la manta no es comprensible, al menos para mí, que el gobierno nacional, a través de la Cancillería, haya otorgado, sin más, un beneplácito o salvoconducto -con escolta incluida-, para que Saúl Méndez abandone el país ante el asilo concedido por Bolivia, cuando es bien conocido, que este personaje -máximo líder del sindicato que se pretende abolir- se encuentra formalmente acusado por los mismos delitos por los que hoy se encuentra a Jaime Caballero en la cárcel la Joya, y Genaro López con prisión domiciliaria. Pensándolo bien, claro que lo entiendo, la razón obedece a que, de no hacerlo así, nuestro flamante canciller, Javier Martínez Acha tendría que explicar en caso tal, a los medios, el por qué al maleante condenado Ricardo Martinelli sí se le otorgaron estos privilegios con recepción incluida en Colombia de parte del embajador panameño, desafortunado y vergonzoso episodio que todos recordamos. Vaya manera de soslayar la paradoja, de que en nuestro país existe o no, la justicia selectiva. Opinión EL AUTOR es especialista en Ciencias Sociales. EL AUTOR es pintor y escritor. EL AUTOR es abogado. Rogelio Mata Grau debe generarse inversión nacional y extranjera, fundamentada en la confianza, la cual se construye con estabilidad política y social. Salarios que, además, deben provenir del empleo formal porque, de no ser así, el Seguro Social seguirá siendo afectado al no incrementarse el número de cotizantes. Por consiguiente, no aplica la teoría según la cual los “requisitos” para llegar a un 60% de tasa de reemplazo, en la Ley 462, son inalcanzables, pues no se trata de requisitos sino de realidades vinculadas al mercado laboral. Y estas realidades dependen del ambiente económico, político y social del país, de la estabilidad ciudadana y de la confianza del inversionista para invertir en Panamá. Para obtener buenos salarios y asegurar buenos retornos a la hora de jubilarnos, hay que enfrentar factores como el desempleo, el déficit fiscal, la deuda pública, el grado de inversión, la recaudación tributaria, la rigidez presupuestaria, la planilla estatal, los subsidios, los incentivos tributarios y la informalidad; en fin, son temas de los que dependemos los ciudadanos para tener buenos salarios y, de esa manera, lograr una jubilación aceptable que incluso supere el 60% en la tasa de retorno. Estos factores, que deben mejorarse o superarse, son ajenos a la Ley 462 o, al menos, no están ligados a su redacción ni a los requerimientos técnicos para su creación e implementación. Están ligados a un ambiente de paz y tranquilidad social, alejado de la anarquía, los paros, las huelgas ilegales, los saqueos y la destrucción pública y privada. Actos que, paradójicamente, han sido promovidos y organizados por quienes dicen proteger los empleos de los panameños, pero que, con sus actos delictivos, los destruyen. En conclusión, la Ley 462 eleva el rendimiento del antiguo subsistema mixto (hoy nocional) en un 50%. Dependiendo de cómo se desarrolle y crezca la economía panameña, a través de la confianza que genere mayor inversión, los panameños podrán jubilarse con una tasa de reemplazo superior al 60% que ofrecía el SEBD o de reparto (mal llamado solidario). El subsistema exclusivo de beneficio definido (SEBD), mal llamado solidario, desapareció en 2005. No era solidario, sino de reparto; es decir, se repartían entre los cotizantes parte de sus fondos para subsidiar a los jubilados. Esto funcionó durante los primeros años de creación de aquel subsistema dentro del sistema de invalidez, vejez y muerte (IVM), cuando había muchos más cotizantes y muchos menos jubilados. La matemática, junto con la realidad demográfica, permitía esta posibilidad, que incluía una tasa de retorno del 60% sobre los diez mejores años. Sin embargo, previendo que esa pirámide se invertiría y el SEBD perdería dinero, hasta consumirse sus propias reservas, se inició en 2007 un nuevo subsistema denominado mixto o de cuentas individuales, aplicable a sus cotizantes. Esa inversión piramidal se debió a la realidad demográfica de contar con muchos menos cotizantes y muchos más jubilados; es decir, ya el reparto no alcanzó por haber muy pocos repartidores frente a muchos subsidiados. Comparar, por consiguiente, la nueva Ley 462 con el SEBD no tiene sentido, lógica u objetividad. Lo que debería compararse, en todo caso, es la Ley 462 con el nuevo sistema establecido hace veinte años, que fue el mixto o de cuentas individuales. Al hacerlo, se observa que la Ley 462 elevó un 5%, hasta un total del 15%, los ahorros provenientes de las cotizaciones de cada individuo en este grupo. Con Joquín J. González Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente Ejecutiva y Directora Editorial Annette Planells Gerente Comercial Sudy S. de Chassin Subdirectora y Editora de la Unidad de Investigación Mónica Palm Editora Digital Yolanda Sandoval Editor del Impreso Juan Luis Batista ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com Aviso sobre el uso de Inteligencia Artificial Este periódico emplea inteligencia artificial (IA) para asistir en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. Utilizamos la IA como herramienta de apoyo para asegurar la precisión y calidad de la información que entregamos a nuestros lectores. Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción, sin la autorización escrita de su titular. Presidente fundador Roberto Eisenmann Jr. Director emérito Guillermo Sánchez Borbón Comparar, por consiguiente, la nueva Ley 462 con el SEBD no tiene sentido, lógica u objetividad. Lo que debería compararse, en todo caso, es la Ley 462 con el nuevo sistema establecido hace veinte años, que fue el mixto o de cuentas individuales.
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