1A La Prensa Panamá, miércoles 23 de julio de 2025 El medio libre de Panamá 75¢ Míércoles 23 de julio de 2025 - Año 44 - Nº 15086 Hoy por hoy La contaminación en Azuero no es un accidente reciente, es el resultado de décadas de negligencia estatal y de una permisividad que hoy cobra su precio más alto: bebés naciendo con metales pesados y pesticidas en su sangre. El hallazgo del Instituto de Ciencias Médicas de Azuero confirma lo que por años se sospechó: la exposición a químicos agrícolas —entre ellos el DDT, prohibido hace más de 50 años— ha dejado una huella tóxica persistente en suelos, agua y ahora, en la salud genética de recién nacidos. Este no es solo un problema sanitario; es un dilema ético. Permitir que generaciones enteras hereden un ambiente envenenado equivale a traicionar nuestro deber más básico: proteger la vida, especialmente la de quienes aún no pueden defenderse. Ignorar esta crisis o tratarla como “una más” —emergencia en Cerro Patacón, en Bocas del Toro y otras— sería condenar a niños que ni siquiera han nacido a cargar con una enfermedad impuesta por nuestra indiferencia. La respuesta debe basarse en principios éticos, evidencia científica y responsabilidad intergeneracional, no en cálculos políticos ni en la improvisación que tanto daño ha hecho al país. De descartado a sin permiso: Walder no jugará en Colombia 10A Deportes Detectan metales pesados en bebés Aleida Samaniego C. [email protected] AZUERO Tras un estudio pionero, científicos exigen acción urgente contra la contaminación ambiental que amenaza a futuras generaciones. Un estudio pionero en Azuero, liderado por el genetista y pediatra Iván Landires del Instituto de Ciencias Médicas, reveló la presencia de metales pesados y pesticidas en bebés recién nacidos, transmitidos durante el embarazo. La investigación, realizada junto a universidades nacionales y los hospitales Cecilio Castillero y Joaquín Pablo Franco Sayas, analizó sangre del cordón umbilical y orina de madres e hijos. Se detectaron cromo, cobre y cadmio, además de residuos de DDT en placentas, a pesar de estar prohibido desde los años 70. El objetivo no fue solo medir contaminantes, sino identificar su impacto en el ADN. Según Landires, estas sustancias podrían provocar daños celulares, predisposición a enfermedades crónicas y alteraciones en el desarrollo infantil. “Estos daños pueden no ser visibles al nacer, pero sí afectar la salud a largo plazo”, advirtió. El hallazgo se relaciona con la contaminación del río La Villa, fuente de agua potable, donde estudios previos ya detectaron agroquímicos y metales pesados. Los científicos exigen políticas públicas, control de agroquímicos y monitoreo del agua. VEA 6A Violencia sin freno: el prontuario de Jairo Salazar Desde 2019, el diputado del PRD Jairo Salazar acumula agresiones y amenazas. Su más reciente episodio violento fue la golpiza propinada al diputado independiente Betserai Richards en la Asamblea Nacional. VEA 2A ‘Just do it’: Foro Marítimo de ‘La Prensa’ clama por acelerar las licitaciones portuarias LOGÍSTICA Reyna Katiuska Hernández [email protected] El Foro Marítimo y Logístico 2025, organizado ayer por La Prensa, dejó claro que Panamá corre el riesgo de perder su liderazgo como hub regional si no amplía con urgencia su capacidad portuaria. Antonio Domínguez, presidente de Maersk para América Latina y el Caribe, alertó que el país acumula 15 años de retraso y que ya se desvía carga hacia Colombia, México y Perú por falta de espacio. Ricardo Moya Quiroga, socio de McKinsey & Company, resumió la urgencia con el lema de Nike: “Just do it”. En tanto, el ministro de Asuntos del Canal, anunció que la licitación de los Jorge Luis Quijano, Enrique Clément, Francisco Bonomi, Antonio Domínguez, Annette Planells, José Ramón Icaza, Ilya Espino de Marotta, Marliz Bermúdez, Ricardo Moya Quiroga y René Gómez. Alexander Arosemena Unicef y Unesco sugieren al país extender el año escolar tras paro docente Los dos organismos de Naciones Unidas plantean que esta iniciativa pretende recuperar los aprendizajes perdidos tras el paro docente de 80 días y reducir la brecha educativa entre los estudiantes afectados. VEA 4A puertos de Corozal y Telfers podría concretarse en los próximos 12 meses, previendo que el proceso para Corozal se lance a mediados de 2026. VEA 1B Y 3B Planilla policial bajo la lupa por sueldos a reos; cobraban estando en la cárcel INDULTO Juan Manuel Díaz [email protected] El abogado Carlos Herrera Delegado denunció que tres policías condenados por la muerte de cinco jóvenes en el Centro de Cumplimiento de Tocumen permanecieron en la planilla de la Policía Nacional como si estuvieran en servicio activo, peseacumplirpenasde40a 46 años en El Renacer. La acusación coincide con los recientes indultos otorgados por el presidente José Raúl Mulino, que beneficiaron a los agentes. Se solicita investigar pagos irregulares y el incumplimiento de fallos que ordenan indemnizaciones a las familias de las víctimas. El caso de los jóvenes quemados generó indignación en enero de 2011, pues los condenados no intentaron ayudarlos y, por el contrario, se burlaron de lo ocurrido. VEA 2A Por qué Israel no había atacado hasta ahora la ciudad de Deir al-Balah, ‘el último bastión de Hamás’ en el centro de Gaza www.prensa.com/bbc/
2A La Prensa Panamá, miércoles 23 de julio de 2025 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Juan Manuel Díaz [email protected] El 9 de enero de 2011, cinco jóvenes murieron durante el incendio en el Centro de Cumplimiento de Menores. Archivo Diputado Betserai Richards acude al MP tras golpiza de Jairo ‘Bolota’ Salazar El diputado independiente Betserai Richards acudió ayer al Ministerio Público (MP) para poner en conocimiento del procurador general, Luis Carlos Gómez, el ataque sufrido por el diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Jairo Bolota Salazar, que le ocasionó varias lesiones. Richards expresó que se presentó al MP también para solicitar protección para él y su familia, ya que el diputado Salazar lo amenazó con ir a buscarlo a su residencia, lo que pone en riesgo a su núcleo familiar. El diputado Richards aseguró que Salazar lo atacó a traición. “Yo estaba sentado leyendo unos documentos, conversando con el diputado Jhonatan Vega; él se acercó y me dijo que esto ya no era político, sino personal, y acto seguido me lanzó varios golpes”, manifestó. Richards detalló que Salazar le había hecho amenazas a él y a otros diputados en varias ocasiones, y que ante los hechos ocurridos procedió a acudir al MP para que luego la denuncia sea remitida a la Corte Suprema de Justicia. Según el diputado Richards, la disputa se originó por los cuestionamientos públicos que ha hecho la bancada Seguimos sobre el manejo de fondos estatales, en especial los más de 14 millones de dólares vinculados a la llamada “descentralización paralela”, que —según investigaciones periodísticas— habrían terminado en manos de Salazar, quien, además de diputado, es representante de la Junta Comunal de Barrio Norte, en Colón. “Lo que he pedido es que aparezcan [el dinero]”, afirmó. Juan Manuel Díaz [email protected] Mulino indulta a policías condenados por homicidio JUSTICIA El presidente José Raúl Mulino concedió rebajas de pena y ordenó la libertad de 166 personas privadas de libertad, entre las que se encuentran la exdefensora del Pueblo, Patria Portugal, y cinco policías condenados por la muerte de cinco jóvenes en el Centro de Cumplimiento de Tocumen, ocurrida el 9 de enero de 2011. A través del Decreto Ejecutivo No. 24, emitido ayer, se establece que los reos incluidos en el listado cumplen con lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 184 de la Constitución, que faculta al Presidente de la República para conceder rebajas de pena e indultos por delitos comunes. Patria Portugal fue condenada a prisión por el delito de peculado relacionado con contratos que suscribió mientras ejercía como defensora del Pueblo (abril de 2011 - julio de 2013). Entre ellos, uno con la empresa Imaginarium Studio, S.A., por $249 mil para el rediseño de la página web de la entidad, y otro por $199 mil adjudicado a En Avant, S.A. Policías habrían cobrado estando en prisión Paralelo al anuncio de las rebajas de pena, se presentó una solicitud para que se investigue la posible permanencia en la planilla de la Policía Nacional de tres agentes condenados por homicidio y beneficiados con la medida presidencial. La denuncia, interpuesta por el abogado Carlos Herrera Delegado —representante de los familiares de los cinco jóvenes fallecidos—, sostiene que los policías Eduardo Bernal, Joel Rodríguez y Maikol González permanecieron en la planilla de la Policía Nacional como si estuvieran en servicio, a pesar de cumplir condenas de entre 40 y 46 años de prisión en el Centro Penitenciario El Renacer. Según la denuncia, la condena contra los tres funcionarios quedó en firme el 30 de octubre de 2020, y desde esa fecha la Policía Nacional debió declararlos de baja, ya que el delito por el cual fueron sancionados fue cometido mientras ejercían funciones como agentes del orden público. Además, se detalla que una revisión realizada el pasado 17 de julio a la planilla de la Policía Nacional —disponible en el sitio web de la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información— mostró que los tres sancionados aún figuraban como funcionarios activos. Herrera Delegado señaló que la Policía no ha cumplido con un fallo de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, que la condenó a pagar $75 mil a los familiares de Erick Batista y otros $75 mil a los de José Frías, ambos fallecidos en la celda 6 del centro de cumplimiento. El incendio que causó sus muertes se originó cuando una bomba lacrimógena lanzada por agentes provocó la ignición de un colchón. Se solicitó a la Policía Nacional una reacción a la denuncia presentada, y al cierre de esta edición no hubo respuesta. Diputado Jairo ‘Bolota’ Salazar. Elysée Fernández Amenazas, golpes y denuncias: el violento historial de Jairo Salazar Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] ASAMBLEA NACIONAL Desde su llegada a la Asamblea, el diputado del PRD ha protagonizado episodios violentos dentro y fuera del Legislativo, incluyendo agresiones a colegas como Betserai Richards, Mariano López y Kayra Harding, así como altercados con la Policía. Desde que asumió su curul en la Asamblea Nacional en 2019, el diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Jairo Salazar, ha protagonizado una serie de episodios marcados por la violencia. El más reciente ocurrió el lunes, en uno de los salones del Órgano Legislativo, donde, de forma intempestiva y visiblemente iracundo, arremetió contra el diputado independiente Betserai Richards. Según relataron varios testigos, el diputado Salazar irrumpió en el salón, se abalanzó sobre Richards y lo agredió físicamente hasta derribarlo. Mientras Richards yacía en el suelo, el político del PRD continuó golpeándolo ante la mirada atónita de sus colegas, algunos de los cuales intentaron separarlos y contener al agresor. Pero esta no es la primera vez que Salazar se ve envuelto en un hecho de esta índole. En noviembre de 2019, apenas meses después de llegar a la Asamblea, el diputado del PRD protagonizó una confrontación con unidades de la Policía Nacional que habían intervenido en una fiesta realizada en un multifamiliar del proyecto Altos de Los Lagos, en Colón. Según los reportes, Salazar acudió a la sala de guardia alegando que representaba a uno de los detenidos, quien presuntamente había agredido a los agentes. Durante la acalorada discusión, Salazar lanzó amenazas directas a uno de los policías. “Quítate el uniforme y yo me quito mi investidura, y te juro que yo te parto”, se le escucha decir en un video que circuló ampliamente en redes sociales. En marzo de 2020, volvió a circular en redes sociales un video que muestra al diputado perredista envuelto en un nuevo altercado con agentes de la Policía Nacional. En las imágenes se observa al parlamentario visiblemente alterado, luego de que los agentes lo detuvieran por supuestamente conducir a exceso de velocidad y sin placa en su vehículo Lexus blanco. Al descender del automóvil, Salazar increpó a los policías mientras era verificado, elevando el tono y exigiendo respeto: “Respétame tú, si te estoy diciendo quién soy, si te estoy mostrando mi carnet”, se le escucha decir en el video que nuevamente generó críticas en redes. Debido a estos dos incidentes, el exdirector de la Policía, Jorge Miranda, denunció penalmente en dos ocasiones al diputado del PRD, pero ninguna rindió frutos. Nuevos ataques Un mes después, el 22 de abril de 2020, la entonces diputada del PRD Kayra Harding denunció que fue agredida, junto con su colega de bancada Mariano López, por Salazar. Según declaró Harding en redes sociales, el incidente ocurrió durante una reunión interna del PRD en la que participaban unas 35 personas. te por Salazar, quien le lanzó una botella de agua que la impactó en el rostro. Las declaraciones generaron fuertes críticas en redes y en la opinión pública, al tratarse de un nuevo episodio de violencia relacionado con el diputado colonense. “Yo tenía miedo de salir de la junta, de ser agredida. Sentir miedo a que un hombre te pegue con su fuerza es terrible. No me voy a callar. He sido maltratada y golpeada. No me voy a callar”, declaró Harding aquella vez. Posteriormente, el pasado 2 de julio, Salazar protagonizó nuevamente un incidente, en esta ocasión con su colega del PRD, Crispiano Adames, durante la primera sesión del segundo periodo legislativo en la Asamblea Nacional. Según reportes obtenidos por este medio, el altercado tuvo lugar en el Salón Chanchoré del Palacio Legislativo, donde ambos parlamentarios habrían intercambiado empujones, puños y patadas frente a otros diputados y personal de la Asamblea. La causa de la disputa no ha sido aclarada oficialmente, pero testigos describieron una escena de alta tensión y descontrol. No obstante, horas después, ambos diputados publicaron un video en el que negaron que hubiera golpes. Último ataque Salazar esperó pocos días para volver a atacar. Richards denunció haber sido agredido físicamente por su colega Salazar: “La promesa de ataque se cumplió, pero esta vez fue física”, declaró Richards, aún visiblemente afectado. Según Richards, la disputa se originó por los cuestionamientos públicos que ha hecho la bancada Seguimos sobre el manejo de fondos estatales, en especial los más de 14 millones de dólares vinculados a la llamada “descentralización paralela”, que, según investigaciones periodísticas, habrían terminado en manos de Salazar, quien además de diputado es representante de la Junta Comunal de Barrio Norte, en Colón. La tarde de ayer, Salazar reapareció públicamente y, si bien intentó justificar su reacción, señaló que no se disculpa con Richards, sino con el país. “Lo que sucedió… yo le pido disculpas al país, al país, no a ese señor, porque ese señor ha cruzado líneas que nadie, nunca en mi vida, había cruzado en la política”, expresó. Así las cosas, la pregunta que cabe ahora es: ¿cuándo y a quién agredirá nuevamente Salazar? Todo se originó, explicó, por un intercambio de opiniones entre López y Salazar, que escaló rápidamente hasta que este último invitó a su copartidario a pelear y lo golpeó. “Le rompió la cabeza”, afirmó Harding en referencia a la agresión contra López. Cuando intentó intervenir para calmar los ánimos, Harding relató que también fue agredida verbalmen-
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4A La Prensa Panamá, miércoles 23 de julio de 2025 Panorama Tal Cual Redacción de La Prensa [email protected] ‘JUST DO IT’. El Foro Marítimo y Portuario 2025, organizado por La Prensa, logró un lleno completo. Empresarios, autoridades y expertos coincidieron en algo fundamental: Panamá tiene el potencial para ser un verdadero hub logístico y portuario, pero necesita actuar ya. Si no pudo asistir, el foro está disponible en el canal de YouTube de La Prensa, sin fila, sin corbata y sin excusas. Todos salimos claritos con las oportunidades… y con una frase que quedó flotando como boya en el mar: just do it. Porque el que pestañea, pierde el barco. BOLOTA, EDICIÓN LIMITADA. Jairo Bolota Salazar volvió a lo suyo: la agresión. Esta vez le tocó al diputado independiente Betserai Richards, pero no es su primer episodio violento. Antes ya se había enfrentado con la policía y hasta con sus propios compañeros del PRD —Mariano, La Princesa y Crispiano. El patrón es claro: Bolota no controla su ira, y lo más preocupante es que siempre se sale con la suya. ¿La Asamblea va a seguir tolerándolo? ¿O esperará que haya un herido de gravedad para tomar medidas? EL MUTIS DEL PRD. Y mientras tanto, el PRD guarda silencio. Ni una condena, ni un comunicado. Nada. Y no es casualidad: cada vez que hay un episodio de violencia en el pleno, siempre hay un diputado PRD en escena. Parece que tienen membresía vitalicia en el club del caos. Ese silencio no solo es escandaloso, también es cómplice. Si no pueden alzar la voz para rechazar la violencia dentro del propio Órgano Legislativo, ¿qué se puede esperar cuando se trata de gobernar? Bueno, ya esa película la hemos visto. EFECTO COLATERAL. Y es que la Asamblea está empezando a parecer más un gimnasio mal Un grupo de estudiantes del Colegio Remón Cantera protestó ayer contra la asignación de nuevos docentes. Tomada de RRSS Unicef y Unesco sugieren al Gobierno extender el año escolar EFE. NUEVA YORK, EUA PARO INDEFINIDO Los organismos de Naciones Unidas hicieron un llamado a continuar el diálogo en el mejor interés de los niños, niñas y adolescentes para proteger y fortalecer el derecho a la educación. La Unicef y la Unesco sugirieron ayer al Gobierno de Panamá que extienda el año escolar 2025, en aras de recuperar el aprendizaje en las aulas tras el paro docente de 80 días en el sector público que finalizó hace una semana, lo que amplió “la brecha entre quienes pudieron continuar aprendiendo y quienes no tuvieron acceso a la educación”. “El derecho a la educación es un derecho humano y un bien común de todas las sociedades. Retomar los aprendizajes debe ser la prioridad nacional. Por eso, sugerimos a las autoridades educativas considerar la posibilidad de extender el año escolar para recuperar clases en las escuelas donde sea necesario”, expresaron los entes de la ONU en un comunicado. También propusieron “centrar las estrategias en el fortalecimiento de los aprendizajes fundamentales mediante la priorización curricular, especialmente en comprensión lectora y lógica matemática, y el desarrollo de materiales educativos que puedan ser utilizados por docentes, estudiantes y familias”. “Acompañando estas estrategias, sugerimos trabajar en el desarrollo de las habilidades socioemocionales en el marco de entornos educativos sanos, seguros e inclusivos, que fortalezcan la convivencia en las comunidades educativas”, agregaron. Ambos organismos de la ONU hicieron “un llamado a todos los actores de la comunidad educativa -autoridades, docentes, padres de familia, estudiantes y administrativos, entre otros- a continuar el diálogo en el mejor interés de los niños, niñas y adolescentes para proteger y fortalecer el derecho a la educación”. Los gremios docentes del sector público, que atiende a cerca de 700,000 estudiantes de primaria y bachillerato, iniciaron el pasado 23 de abril un paro que se desarrolló de manera irregular y que culminó oficialmente el pasado 11 de julio, con la firma de un acuerdo con el Ministerio de Educación y sin que se lograra el objetivo de tumbar una reforma a las pensiones. El acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos docentes incluye el no pago de los días no laborados por los maestros y que se mantengan los procesos administrativos iniciados en contra aquellos que se ausentaron de las escuelas. “Reconocemos que esta crisis puede ser vista como un catalizador de reformas profundas así como también como una oportunidad para implementar estrategias que aumenten el acceso y la calidad de la educación para todas las poblaciones por igual, tal y como propone el Think Tank por la Educación”, expresaron la Unicef y la Unesco. Ambas organizaciones, que celebraron el fin del paro, lamentaron asimismo “que el derecho a la educación de miles de niños, niñas y adolescentes se haya visto afectado, lo que ha ampliado la brecha entre quienes pudieron continuar aprendiendo y quienes no tuvieron acceso a la educación en los centros educativos”. El paro de 80 días “se suma a la pérdida de más de 500 días de clases desde la pandemia” de la covid-19, dijeron los entes de la ONU, en referencia a otros paros sindicales que desde 2022 han afectado a las escuelas oficiales sin que los reclamos hayan tenido que ver con el sistema educativo. “El rezago de los aprendizajes puede contribuir a afectar la permanencia y la continuidad de las trayectorias educativas”, sostuvieron la Unicef y la Unesco, tras reiterar la “disposición para apoyar al Sistema Educativo Panameño para contribuir a la recuperación de los aprendizajes”. Protesta estudiantil Ayer, un grupo de alumnos del Colegio Remón Cantera cerró un carril de la vía Israel, en dirección a San Francisco. La protesta se dio en apoyo a los educadores que están siendo reemplazados y por aquellos que están siendo procesados administrativamente y a pesar de la advertencia hecha por autoridades de diversas entidades de gobierno sobre el uso de los jóvenes para actividades alejadas de su formación académica. La ministra de Educación expresó su preocupación ante una serie de hechos que han ocurrido y que no solo vulneran los derechos de niñas, niños y adolescentes, sino que además ponen en peligro su integridad. “Uno de los casos más alarmantes —señalaron— fue la difusión de un video en el que un menor con discapacidad es utilizado para leer una proclama, hecho que calificaron como especialmente grave”, afirmó la titular de Educación. Molinar también indicó que han recibido denuncias de padres de familia sobre situaciones coercitivas, como el caso de una estudiante a la que se le impidió salir de una marcha escolar bajo amenazas. Juan Manuel Díaz [email protected] La droga estaba oculta en boyas que estaban abordo de una lancha. Cortesía Fracasa plan de un cabo del Senafront para rescatar lancha con droga; irá a prisión INVESTIGACIÓN Un cabo segundo del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) deberá cumplir una pena de 96 meses de prisión, luego de que intentó rescatar una lancha aprehendida por el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) que mantenía ocultos 115 kilos de drogas. La captura del cabo segundo se logró en una operación encubierta realizada por la Fiscalía de Drogas y un oficial del Senafront, a quien el sancionado intentó sobornar para liberar la embarcación. La embarcación había sido detenida por el Senan el pasado mes de junio durante una revisión de rutina, en la que se encontraron siete kilos de cocaína, caso en el cual se imputaron cargos a dos personas. Sin embargo, en la primera revisión las autoridades no ubicaron la totalidad de la droga, ya que una parte se encontraba oculta en unas boyas de la nave. Según la investigación de la Fiscalía de Drogas, el cabo segundo fue contactado por el grupo responsable del transporte de los estupefacientes para rescatar la droga que aún no había sido detectada. Para ello, el cabo segundo contactó a un subcomisionado del Senafront al que le propuso realizar el arriesgado plan, por lo cual le ofreció una considerable cantidad de dinero. Sin embargo, el subcomisionado alertó a los fiscales de drogas, quienes idearon una operación encubierta, en la que dieron seguimiento al cabo segundo y le interceptaron los teléfonos. El cabo segundo alteró una serie de documentos y recibió la suma de $1,500 para realizar la operación, de los cuales $500 serían entregados al subcomisionado en un primer pago. El cabo segundo y un supuesto propietario de la embarcación fueron detenidos, el día de ayer, lunes, cuando acudieron a la base del Senan para reclamar la embarcación. Este es el segundo miembro de los estamentos de seguridad condenado en la última semana por delitos relacionados con el transporte y posesión de drogas. El pasado 17 de julio, un juez de garantías condenó a un miembro de la Policía Nacional, quien fue detectado cuando introducía dos maletas con droga a la cárcel pública de Penonomé. ventilado que un recinto de debate democrático. Con un diputado hinchado, rabioso y listos para pelear como si estuvieran en una jaula de UFC. ¿Será que estamos viendo los efectos secundarios de los anabólicos? Una cosa es tener pasión por el debate, y otra muy distinta es convertir el pleno en un ring. Si de verdad quiere ayudar a su gente, que empiece por controlar la ira… y de paso, deje el drama para Netflix.
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6A La Prensa Panamá, miércoles 23 de julio de 2025 Panorama Yasser Yánez García [email protected] Queda prohibido su uso en áreas deportivas, zonas comunes de edificios comerciales y residenciales, ambientes laborales, instituciones educativas y de salud. Archivo Regulación sobre cigarrillos electrónicos empezará a aplicarse el 13 de agosto SALUD PÚBLICA A partir del 13 de agosto entrará en vigor una nueva medida del Ministerio de Salud (Minsa) que regula la venta, el uso y la publicidad de cigarrillos electrónicos —también conocidos como vapes—, productos de tabaco calentado y nicotina oral en Panamá. Mediante la Resolución N.º 146 del 31 de enero de 2025, las autoridades prohíben la venta de estos productos a menores de edad, así como cualquier tipo de publicidad, promoción, patrocinio o propaganda. La norma establece que los cigarrillos electrónicos, con o sin nicotina, y sus accesorios no podrán utilizarse en oficinas públicas y privadas, medios de transporte y terminales, así como en lugares cerrados de acceso público como iglesias, salones de belleza, cafés internet, restaurantes, cafeterías, bares, discotecas y hoteles. También queda prohibido su uso en áreas deportivas, zonas comunes de edificios comerciales y residenciales, ambientes laborales, instituciones educativas y de salud. Adicionalmente, los comercios que vendan estos productos deberán mantenerlos fuera del alcance directo de los clientes, a excepción de vitrinas o anaqueles cerrados. Esta disposición será obligatoria durante los primeros dos años posteriores a la entrada en vigor de la norma. Los establecimientos también deberán colocar un cartel visible que indique: “Se prohíbe la venta de cigarrillos electrónicos a los menores de edad”. Asimismo, se prohíbe que menores de edad comercialicen estos productos o trabajen para otros con ese fin. El Minsa argumenta que esta medida busca proteger la salud de la población y reducir la exposición a vapores dañinos, ya que los dispositivos contienen sustancias químicas como nitrosaminas y dietilenglicol. También se advierte sobre posibles riesgos para la salud respiratoria y cardiovascular, además de la contaminación ambiental generada por residuos de cartuchos y baterías. Personal médico y científico recolectó muestras biológicas de recién nacidos y sus madres como parte del estudio. iStock Bebés en Azuero nacen con presencia de metales pesados en el organismo Aleida Samaniego C. [email protected] ESTUDIO PIONERO Científicos panameños advierten que bebés en Azuero nacen con metales pesados en la sangre, adquiridos desde el vientre materno. El hallazgo revela una alarmante relación entre contaminación ambiental y daño genético. Un grupo de científicos del Instituto de Ciencias Médicas de Azuero ha lanzado una seria advertencia: bebés en la región están naciendo con metales pesados en la sangre, transmitidos desde sus madres durante el embarazo. Más allá de la presencia de estas sustancias tóxicas, lo que preocupa al equipo investigador es su posible impacto en el ADN de los recién nacidos, con consecuencias que podrían manifestarse a lo largo de toda su vida. El estudio, liderado por el genetista y pediatra Iván Landires, se llevó a cabo en colaboración con universidades nacionales y los hospitales Cecilio Castillero en Chitré (Herrera) y Joaquín Pablo Franco Sayas en Las Tablas (Los Santos). Se trata de una investigación inédita en Panamá y una de las primeras en Latinoamérica que busca comprender cómo la contaminación ambiental puede afectar la salud incluso antes del nacimiento. La idea surgió tras la detección de sustancias tóxicas —entre ellas un químico conocidocomo“atrazina”— en el río La Villa, fuente principal de agua potable para la región de Azuero. “El hallazgo en el agua fue solo el primer paso. Nos preguntamos: si estos contaminantes están en el río, ¿pueden estar también en el cuerpo de las personas que consumen esa agua?”, explicó Landires. Muestras recolectadas de madres y bebés El equipo recolectó muestras biológicas de mujeres embarazadas y sus recién nacidos: la primera orina de los bebés —tomada por personal de enfermería en las primeras horas de vida— y sangre del cordón umbilical extraída directamente de la placenta. También se obtuvieron muestras de orina y sangre de las madres. Todo el procedimiento se realizó sin intervenir directamente sobre los bebés, siguiendo estrictos protocolos éticos y de bioseguridad. En los análisis se detectaron rastros de metales como cromo, cobre y cadmio, elementos que pueden tener efectos nocivos en la salud humana. Pero para Landires, el verdadero objetivo del estudio no era solo detectar contaminantes, sino investigar su impacto directo en el ADN humano. “Yo no quería solo medir pesticidas o metales en la sangre. Como genetista, me interesaba saber qué le hacen al ADN del bebé y de su madre. ¿Qué huellas dejan estos contaminantes en su información genética?”, señaló. Según el investigador, la exposición a ciertos químicos durante el embarazo puede provocar alteraciones en el material genético, lo que podría traducirse en daños celulares, trastornos en el desarrollo o una mayor predisposición a enfermedades crónicas en etapas posteriores de la vida. “Estos daños pueden no ser visibles al nacer, pero pueden afectar la salud del niño en el mediano y largo plazo”, añadió. Este estudio es uno de los primeros en su tipo en Panamá y, según Landires, posiblemente también en Latinoamérica. “No he visto ningún estudio en la región, ni a nivel mundial, que correlacione daño cromosómico con contaminantes ambientales en recién nacidos, especialmente en una población tan particular como esta”, afirmó. Y es que, explicó, estos bebés no han vivido más que nueve meses en el vientre materno; su única exposición a contaminantes ha sido a través de sus madres durante ese periodo. La investigación forma parte de un esfuerzo mayor que incluye un estudio previo, donde el Instituto de Ciencias Médicas solicitó a madres de Azuero la donación de placentas, con consentimiento informado y bajo la aprobación del comité de bioética de la Universidad de Panamá. Estos tejidos fueron enviados a laboratorios en España para analizar la presencia de pesticidas organoclorados. Los resultados fueron sorprendentes: encontraron una amplia variedad de estos pesticidas, incluyendo DDT (diclorodifenil tricloroetano), en placentas de mujeres jóvenes de 20 a 25 años. El DDT, un pesticida prohibido desde la década de 1970, persiste en el ambiente y aún puede detectarse en el organismo de personas jóvenes, debido a su alta resistencia y permanencia en suelos y cuerpos de agua. “Es alarmante que después de más de 50 años de prohibición, el DDT siga presente en las placentas, lo que indica una contaminación ambiental de larga duración”, explicó Landires. Estos contaminantes no solo provienen de pesticidas, sino también de fertilizantes, productos mineros y otras actividades humanas que liberan metales pesados al ambiente. En este sentido, el químico José Villarreal, del VIADU, realizó en 2020 un estudio en la cuenca del río La Villa, encontrando niveles significativos de metales pesados en el agua, confirmando la contaminación ambiental que afecta a toda la región. Landires también mencionó estudios internacionales que correlacionan la contaminación ambiental, especialmente la calidad del aire y la dieta materna, con daños cromosómicos en recién nacidos, lo que refuerza la importancia de su investigación local. “La dieta de la madre, el ambiente que la rodea, incluso la polución aérea, son factores que inciden en la salud genética de los bebés”, comentó. Daños al ADN y riesgos a largo plazo El equipo de Azuero planea continuar con el seguimiento a largo plazo de los niños incluidos en el estudio, para evaluar cómo estos contaminantes impactan su desarrollo físico y genético en el tiempo. “Es fundamental que se generen políticas públicas basadas en evidencia científica para proteger a futuras generaciones de los efectos nocivos de la contaminación ambiental”, concluyó Landires. “La gente debe saber si el agua que consume o el ambiente donde vive puede estar afectando la salud de sus hijos incluso antes de que nazcan”, recalcó, subrayando la urgencia de actuar frente a un problema que, aunque invisible, amenaza la salud de toda una comunidad. Los hallazgos del Instituto de Ciencias Médicas confirman lo que por años ha sido una sospecha silenciada: la contaminación ambiental está afectando la salud de los habitantes de la región desde antes de nacer. La detección de metales pesados y pesticidas en la sangre y tejidos de recién nacidos evidencia que el cuerpo humano, incluso en su etapa más temprana, ya está expuesto a una carga tóxica proveniente del entorno. El estudio no solo abre una puerta a nuevas líneas de investigación genética y ambiental, sino que también exige acción inmediata por parte de las autoridades. Políticas públicas de salud, regulación de agroquímicos y monitoreo constante del agua deben ser prioridades inaplazables. Este llamado a la acción cobra mayor relevancia ante la crisis actual que atraviesa la provincia de Los Santos, donde desde el pasado 27 de mayo de 2025 el agua suministrada ha sido declarada no apta para el consumohumano.Lasituación, atribuida a altos niveles de contaminantes detectados en la cuenca del río La Villa, no es solo un problema ambiental: es una emergencia de salud pública que requiere una respuesta urgente, integral y basada en evidencia científica. Detalles del estudio, que lidera el genetista y pediatra Iván Landires. Captura de video
7A La Prensa Panamá, miércoles 23 de julio de 2025 Panorama Lucy Molinar y Andrés Pagés Chanis. Cortesía Anati entrega títulos de colegios al Meduca Yaritza Mojica [email protected] PROPIEDAD DE TIERRAS Los títulos de propiedad entregados incluyen escuelas en Veraguas y Colón, y certificaciones de trámite. Un total de 13 títulos de propiedad, correspondientes a 12 centros educativos situados en las regiones escolares de Panamá Centro, Colón y Veraguas, fueron entregados por la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) al Ministerio de Educación (Meduca). Con esta entrega, se formaliza la propiedad de los terrenos, lo que garantiza que formen parte del patrimonio institucional del Meduca. Dentro de los títulos entregados había terrenos con más de 70 años de uso que no le pertenecían al Estado. La ministra de Educación, Lucy Molinar, destacó que tener los centros educativos perfectamente titulados es sinónimo de poder hacer inversiones. “La norma establece que nosotros no podemos invertir ni Fece (Fondo de Equidad y Calidad de la Educación), ni fondos del Estado en una tierra que no tiene títulos”. Agregó que “los títulos ayudan a que esas escuelas puedan beneficiarse como merecen”. Molinar también resaltó el apoyo recibido de la Anati, incluso en momentos de urgencia, y solicitó nuevamente colaboración para titular dos terrenos en la provincia de Veraguas. “Varios institutos profesionales y técnicos agropecuarios han enfrentado intentos de despojo de terrenos, y esos colegios producen comida para otras escuelas. Es un beneficio muy grande y necesitamos una operación como las que ustedes realizan”, dijo la titular de Meduca. Andrés Pagés Chanis, administrador de la Anati, destacó que los títulos de propiedad entregados corresponde a escuelas en Veraguas y Colón. Además, se dieron certificaciones de trámite, incluyendo la de la Escuela de Artes y Oficios. “Cuando el Estado asegura legalmente sus propios terrenos, fortalece su capacidad de invertir, construir y garantizar mejores condiciones para los estudiantes”, señaló. La meta es que los títulos estén a nombre del Meduca, y no de la Nación, para garantizar la legalidad, evitar invasiones y facilitar proyectos educativos. Por el momento, la Anati trabaja en cientos de solicitudes de titulación pendientes, labores que se realizan de forma continua. Además, estima que se han entregado al menos 50 títulos. Al grano Flor Mizrachi [email protected] En junio de 2013, hace 12 años y piquito, publiqué un artículo en este medio sobre los nombramientos a 7 años que estaba promoviendo Ricardo Martinelli en uno de sus tantos chanchullos. A Mayín Correa la incomodó, por llamarlo de alguna manera, que yo hubiera expuesto los nombres de los posibles beneficiarios de la movida. Entonces en su programa de radio se refirió a mí como “la judiíta de la Gestapo”. El hecho provocó todas las reacciones del mundo. Literalmente, porque hasta el centro Simón Weisenthal alzó la voz. En algunos casos fueron un rechazo a sus palabras, otros eran ataques a ella o a mí, otros me apoyaban a mí... y así. Pero por más de dos semanas las páginas de Opinión de La Prensa se vistieron de artículos del tema, todos repudiando lo dicho por la entonces gobernadora de la provincia de Panamá... Hasta que a Opinión llegó un artículo que se fue a la raíz del insulto, a la contradicción de las palabras de Mayín Correa, e hizo su análisis de la comunidad judía en Panamá. Con razón, enfureció a media comunidad. Y muchos me preguntaron que cómo dejé que publicaran eso, que se basaba en generalizaciones injustas. De tanto que las repetí, recuerdo mis palabras textuales: “no fue mi decisión. Pero si lo hubiera sido, también lo hubiera publicado”. Porque la libertad de expresión es permitir que todos se expresen, no que solo se expresen los que opinan como yo. Y las columnas de en este periódico que me ha visto crecer. Y al que amo profundamente. Por su valiente historia, por su idealismo —que se me pegó desde el día uno—, y por su larga tradición de defensa a la libertad de expresión. Si la ley del Seguro es buena o no, podemos debatirlo. Cuántas comisiones debería presidir cada bancada, podemos debatirlo. Si las revocatorias de mandato tienen asidero legal, podemos debatirlo. Si el presidente respeta el sistema de justicia en Panamá, podemos debatirlo. Si procede legalmente la disolución de Suntracs, podemos debatirlo. Y para eso necesitamos oír y oírnos. Yo todavía confío, ciegamente, en “que la voz que cuestione nunca calle”. derecho a decir lo que quiera. Incluso de mí. ¿Si eso es justo? No, a veces no. ¿Si se puede señalar sin pruebas? No está bien y puede acarrear problemas legales. Pero de que se puede, se puede. Eso es difícil, sí. Tolerar infamias y ver cómo se riega una mentira puede doler. Ataques sexistas o religiosos, por ejemplo, generan impotencia y frustración. ¿Pero sabes qué? Eso me ha permitido aprender un montón cosas. A debatir con argumentos en algunos casos, a saber que ceder un punto no es perder… a informarme y formarme criterios en temas importantes, a ignorar en algunos casos para tener una buena salud mental, y por qué no decirlo, a hacer análisis sociológicos de bastantes “personajes”. Yo llegué a La Prensa a los 17 años. Llevo casi 23 años opinión reflejan la opinión del columnista, no del diario. Que muchas veces coinciden con las posiciones del diario, sí, pero pueden no hacerlo. Esté yo de acuerdo o no con lo que diga otro, tengo claro que ese otro tiene #RealidadAutismo SEA CONSISTENTE EN EXPONER A SU HIJO A LOS OBJETIVOS ESCOGIDOS.
8A La Prensa Panamá, miércoles 23 de julio de 2025 Ciudad de Colón. LP Panamá y la comunicación interoceánica: de 1849 a 1876 Percy Núñez Jáuregui ESPECIAL PARA LA PRENSA [email protected] Antecedentes previos a Wise, Reclus y Sosa. La California es el nombre con que se conoce el periodo en que miles de norteamericanos, procedentes del este de Estados Unidos, atravesaron Panamá rumbo a San Francisco en busca del codiciado oro recién descubierto. Inicialmente remontaban el río Chagres y continuaban por los antiguos caminos coloniales. A partir de 1855, empezaron a viajar en el ferrocarril transístmico. Si bien esta migración trajo consigo beneficios económicos, también resultó perturbadora y estuvo lejos de ser pacífica. Prueba de ello es el conocido incidente de La tajada de sandía, ocurrido en abril de 1856. Al llegar a la ciudad capital desde Chagres o Colón, los forty-niners (llamados así porque el fenómeno comenzó en 1849) debían esperar cupos para continuar su travesía marítima. En un entorno sin suficiente personal ni capacidad policial, fueron frecuentes los hechos de violencia entre estos anglosajones —en muchos casos prepotentes, ignorantes y armados— y los nativos: hoteleros, vendedores y transportistas, también abusivos y aprovechados. Todas las mañanas amanecían cientos de botellas vacías frente a las cantinas. La migración masiva y sus consecuencias fueron de tal magnitud que, en el Senado colombiano, se llegó a proponer seriamente vender el territorio del Istmo como posible alternativa, propuesta que, por supuesto, no prosperó. La preocupación de Colombia por el futuro de Panamá —la provincia privilegiada— motivó al visionario estadista Tomás Cipriano de Mosquera a considerar seriamente la posibilidad de construir un canal interoceánico, una idea latente desde hacía más de tres siglos. En 1856 ordenó una exploración a cargo del ingeniero y geógrafo militar Agustín Codazzi, quien contaba con vasta experiencia cartográfica adquirida en Colombia y Venezuela. Codazzi, con un equipo de 200 personas, recorrió durante dos años al menos seis posibles rutas, y concluyó que las más factibles partían de la desembocadura del Chagres o de la bahía de Limón. También afirmó que el costo de la obra estaría muy por encima de las posibilidades financieras de Colombia y dejó un vaticinio inquietante: “Nuestros nietos no lo disfrutarán, ya que de aquí a entonces los estadounidenses se habrán apoderado legalmente del Istmo”. Durante la siguiente década, Colombia recibió unas cinco o seis propuestas de construcción, la mayoría descabelladas. Dos, sin embargo, resultaron razonables. La primera fue la del francés Luciano de Puydt, en representación de una sociedad franco-inglesa. No prosperó, víctima de la politiquería parlamentaria. La segunda fue mucho más relevante. En 1866, impulsado por el éxito del ferrocarril, el secretario de Estado norteamericano William Seward motivó y contribuyó a la formación de una compañía canalera mediante un discurso en Nueva York, y encomendó al embajador Peter Sullivan iniciar conversaciones con el gobierno colombiano. Por parte de Colombia, intervinieron los juristas José María Samper y Francisco Javier Cuenca. Se elaboró un proyecto de tratado, pero no satisfizo las aspiraciones de ambas partes. Al año siguiente se reaTomás Cipriano Mosquera fue presidente de Colombia. LP Ferdinand de Lesseps. LP Estatua a Justo Arosemena (1817-1896) frente a la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá. Archivo La tajada de sandía. LP nudaron las negociaciones, esta vez con representación colombiana a cargo del eminente jurista Justo Arosemena. Su visión y conocimientos sobre el tema canalero, lamentablemente, han sido poco divulgados. Se celebraron múltiples sesiones y el resultado fue un tratado favorable a ambas naciones. Sin embargo, fue rechazado por el Senado estadounidense. Los intereses de las compañías ferroviarias de ese país se impusieron, pues un canal por Panamá habría competido directamente con el ferrocarril transcontinental, recién inaugurado. Es probable que las disposiciones del Tratado Clayton-Bulwer, firmado en 1850 entre Estados Unidos e Inglaterra —en ese entonces el máximo poder marítimo— también hayan sido un factor limitante. En 1869, además de inaugurarse el ferrocarril estadounidense, se abrió a la navegación el canal de Suez, obra cumbre de Ferdinand de Lesseps. Ese mismo año, el presidente Ulysses Grant, héroe de la guerra civil, ordenó un nuevo estudio canalero. Lo motivó el éxito egipcio y el fracaso de las negociaciones con Colombia. Además, Grant conservaba una amarga experiencia personal: en 1852, antes de completarse el ferrocarril istmeño, cruzó Panamá con un batallón destinado a California. Sufrió grandes penalidades y bajas. No lo olvidó. Con la guerra civil ya concluida, el clima era de progreso. Las exploraciones estuvieron a cargo del comodoro Daniel Ammen, y en los años siguientes, con el apoyo de más de 800 personas, se evaluaron con gran detalle las rutas de Tehuantepec (a cargo de Shufeldt), las de Nicaragua (Lull y Menocal), y las de Panamá y Darién (Selfridge). Fue un emprendimiento costoso, laborioso y prolongado. El informe final, emitido en febrero de 1876, favoreció unánimemente la ruta nicaragüense. Mientras tanto, en Europa, en 1871, se celebró en Amberes un Congreso de Ciencias Geográficas en el que Anthoine de Gogorza presentó resultados de exploraciones en el Darién. Más importante aún, en 1875, bajo el auspicio de la Sociedad de Geografía de Francia —la más antigua y prestigiosa del mundo— se realizó otro evento. Allí participó nuevamente el entusiasta Gogorza y estuvo presente, interesado, el gran francés, Ferdinand de Lesseps. Este panorama coincidía con las conclusiones del informe Ammen de 1876. El éxito de Suez y la iniciativa de Ulysses Grant renovaron el interés por una vía interoceánica en el istmo centroamericano, tanto en Norteamérica como en Europa. Todo ello desembocaría en la formación del Sindicato Turr y en las exploraciones de Wise, Reclus y Sosa. El autor es médico e historiador aficionado. Panorama
9A La Prensa Panamá, miércoles 23 de julio de 2025 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. para forzar la venta de los puertos de Balboa y Cristóbal, operados por CK Hutchison desde hace años. Argumentaron que, al estar en manos chinas, representaban un peligro para la seguridad del Canal. A través de uno de los secuaces del Desquiciado se armó una pantomima: un consorcio liderado por BlackRock como socio mayoritario y la naviera MSC adquiriría esos puertos en un paquete global. Pero no esperaban que China objetara la transacción, que hasta hoy sigue bloqueada. La voracidad del Desquiciado y sus secuaces —que también intentaron comprar Groenlandia, anexar Canadá y adquirir Gaza— quedó al descubierto, pero la “torta” de los puertos se les volteó. China vetó la transferencia de esos cuarenta y tantos puertos a BlackRock, a menos que Cosco participe en la operación. Si se concreta, los chinos mantendrían su cuota en Balboa y Cristóbal y aumentarían su dominio marítimo. Por ahora CK Hutchison sigue al mando. La intromisión en nuestra soberanía no se limita a eso. También presionan para que el tren Panamá–Paso Canoas pase a manos estadounidenses, bajo el argumento de contrarrestar la “influencia maligna china” en toda Centroamérica. Igual ocurre con la empresa que construye el túnel bajo el Canal: alegan que podría instalar mecanismos de espionaje. Y ni hablar del Memorándum de Entendimiento que permitió la creación de “estancias vacacionales” para albergar tropas estadounidenses con el pretexto de proteger el Canal de infiltraciones chinas y, de paso, proteger a Gringolandia de supuestas amenazas a su seguridad nacional. Regresando a la frase “Cosas veredes, Las colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. Transparencia, resiliencia y soberanía tecnológica Encrucijada digital La semana del 14 al 20 de julio dejó tres hechos aparentemente inconexos, pero unidos por un mismo hilo conductor: la necesidad urgente de un Panamá más transparente, resiliente y tecnológicamente soberano. La salida del país de la lista negra de jurisdicciones de alto riesgo en materia de lavado de dinero, por parte de la Unión Europea, representa un alivio diplomático y financiero. El sismo de magnitud 6.1, registrado en el océano Pacífico a una profundidad de 10 kilómetros, nos recordó —sin víctimas que lamentar— cuán vulnerable sigue siendo nuestro amado istmo. Y el ejercicio militar conjunto entre Panamá y Estados Unidos para reforzar la seguridad del Canal se enmarca en un escenario geopolítico de crecientes tensiones, donde nuestra posición estratégica nos convierte en partícipes de un tablero en el que apenas somos espectadores. Estos tres hechos colocan al país en una encrucijada. La pregunta es inevitable: ¿estamos realmente preparados para enfrentar los desafíos del siglo XXI en materia de transparencia, infraestructura crítica y soberanía tecnológica? Salir de una lista negra no equivale a salir de la opacidad.Lasreformasadoptadasparasatisfacer exigencias externas deben traducirse en transformaciones reales dentro de nuestros sistemas de control financiero. No basta con promulgar leyes: es indispensable garantizar su cumplimiento efectivo. Panamá puede aspirar a convertirse en un referente regional en trazabilidad financiera mediante el uso de tecnologías emergentes. Herramientas como blockchain permitirían registrar operaciones de forma inviolable, mientras que la inteligencia artificial reforzaría los sistemas de monitoreo y detección de operaciones sospechosas. El obstáculo no es técnico, sino de voluntad institucional y de planes de Estado que trasciendan al gobierno de turno. El reciente movimiento telúrico puso en evidencia lo que muchos expertos en urbanismo y protección civil advierten desde hace años: nuestras ciudades, sobre todo fuera de la capital, carecen de sistemas robustos de monitoreo y respuesta ante desastres naturales. En un país con riesgos sísmicos, climáticos y logísticos, urge implementar soluciones tecnológicas como sensores inteligentes para evaluar estructuras, plataformas digitales para reportes ciudadanos en tiempo real y redes de alerta temprana con inteligencia artificial para identificar zonas de riesgo. La prevención no debe ser un eslogan: debe convertirse en datos, sistemas interconectados y decisiones basadas en evidencia científica. Los ejercicios militares orientados a proteger el Canal no son un gesto simbólico. En la actualidad, los conflictos no solo se libran con tropas, sino también con algoritmos. La ciberseguridad es hoy un pilar esencial de la defensa nacional. Infraestructuras críticas como el Canal, los puertos, la red eléctrica y las telecomunicaciones son vulnerables a ataques digitales. Ante la competencia creciente entre potencias como Estados Unidos y China, Panamá necesita una estrategia propia de defensa tecnológica. Esto requiere inversión en talentolocal,fortalecimientodecapacidadesestatales y una cultura de protección de datos y soberanía digital. Panamá puede convertirse en un modelo regional si asume esta encrucijada como una oportunidad, como un reto, tal como cuando tomó en sus manos la administración del Canal. La tecnología existe. El conocimiento también. Lo que falta es visión, coordinación y determinación. Modernizar no es solo digitalizar: es proteger a la ciudadanía, hacer más eficientes las instituciones, garantizar la transparencia y defender la soberanía. Estamos a tiempo. Pero el tiempo no espera. Los intocables Crimen organizado Era difícil asegurar pruebas sobre asesinatos, extorsiones o contrabando, pero la experiencia de Ness en investigar evasión fiscal permitió armar un expediente sólido que condenó a Capone a 11 años de prisión por fraude tributario y puso fin a su reinado de terror. Hoy encuentro una analogía entre el Chicago del siglo pasado y lo que vivimos en Panamá. El narcotráfico transfronterizo, que desde el sur abastece al mercado mundial, se ha convertido en un negocio exponencial para productores, distribuidores y traficantes. Nuestra posición geográfica y el intenso movimiento de contenedores en los puertos nos vuelven un cauce ideal para esa maldita droga. Incluso algunos gobiernos autoritarios vecinos, en contubernio con mafias, han optado por mirar hacia otro lado, pues estas exportaciones ilegales representan una fuente importante de divisas para equilibrar sus escasas reservas monetarias. Al igual que en la Ley Seca de 1920, esa cadena del mal inevitablemente corrompe a funcionarios, policías y jueces, e incluso financia campañas de políticos y líderes sindicales para debilitar los controles del Estado. Por fin, después de varias décadas, tenemos un presidente y un grupo de funcionarios públicos honestos, dispuestos a desafiar a esas narcopandillas, resistir sus amenazas, desarticular sindicatos corruptos, enfrentar ataques mediáticos y hacer cumplir la ley, pese a los lentos y tediosos procesos legales. Tristemente, el mundo parece andar en reversa. Nuestros verdaderos “intoRobertoAlfaro Estripeaut ‘Cosas veredes, Sancho, que farán fablar las piedras’ Soberanía Quiero hacer alusión a esta frase en este escrito para referirme a la soberanía de Panamá en su territorio, un tema que deja más dudas que respuestas. Desde que el Desquiciado inició su campaña para “recuperar” el Canal de Panamá y envió emisarios como “el pelao” para cumplir un capricho presidencial disfrazado de misión diplomática, el país no ha dejado de estar sometido a intensos e incesantes embates en una guerra geopolítica entre dos potencias, sostenida con una campaña basada en mentiras. La mejor prueba es que funcionarios de alto nivel expresan continuamente su respaldo a ese capricho presidencial. Todo empezó con la designación de China como una “influencia maligna” para Panamá y con la presión para que abandonáramos el convenio de la Ruta de la Seda. Desde entonces las presiones no han cesado. Cuando existía la Zona del Canal, Panamá tenía claro que era soberana en todo su territorio, menos en esa franja canalera. Hoy, sin esa demarcación, tenemos a los gringos entrometidos a lo largo y ancho del país diciéndonos qué podemos o no hacer; en otras palabras, somos soberanos solo en lo que ellos permiten. Un claro ejemplo fue la presión ejercida Sancho...”, llama la atención el descaro de “el pelao” en asuntos nacionales: anunció ejercicios militares conjuntos en nuestro territorio y el reemplazo de las torres y equipos de comunicación de Huawei por tecnología “con altos niveles de seguridad gringos”. Eso, en la práctica, les daría acceso a nuestras comunicaciones, como ocurrió con el equipo de escuchas instalado por los israelíes a petición de un expresidente. La reciente visita de “el pelao” a Panamá Oeste pareció una campaña electoral: se mezcló con el pueblo, tomó chicheme y —aunque no sabemos si “tiró besitos”— se reunió con el “chino malévolo” alcalde. En la escuela Pedro Sánches anunció que “en octubre próximo se iniciarán las conversaciones para revisar el Tratado de Promoción Comercial”, declaraciones que el propio Gobierno pareció desconocer. También impulsó el proyecto del embalse del río Indio y repartió mochilas con la bandera gringa estampada, para que los estudiantes se fueran mentalizando de la “benévola” intervención. Antes, las mochilas de la AID llevaban discretamente la leyenda “Donada por AID”, pero como el Desquiciado eliminó esa institución, le tocó a “el pelao” hacer de relacionista público. Estamos ante una política “maligna” del coloso del norte: la del garrote y la zanahoria. Ahora resulta que salimos de las listas grises gracias a Gringolandia, que movió su músculo para borrarnos de allí. Definitivamente: “Cosas veredes, Sancho, que farán fablar las piedras”. Opinión EL AUTOR es máster en administración industrial y está certificado en IA generativa EL AUTOR es ciudadano. EL AUTOR fue embajador de Panamá ante la ONU. Gabriel J. Perea cables” ya no son los funcionarios decentes que auditan o investigan la corrupción e imponen el orden público. Hoy los “intocables” locales son pandilleros que incendian vehículos, roban y destruyen propiedades privadas; grupos indígenas que, bajo la excusa de defender sus derechos, bloquean por meses el libre tránsito, cobran peajes, talan árboles y destruyen vías públicas; políticos que se dicen perseguidos mientras roban y evaden la justicia; maestros que han condenado al sistema educativo y a la juventud al fracaso; y mal llamados líderes sindicales que dejaron sin empleo a miles de trabajadores. Ante esta triste dicotomía moral, patrocinada incluso por legisladores, defensores del pueblo, religiosos, educadores y juristas —quienes han jurado cumplir con la Constitución y con las leyes de Dios y la República—, crecen las dudas entre los buenos ciudadanos sobre hacia qué lado debe inclinarse la balanza de la justicia. Las leyes no siempre son claras ni justas, pero cuando se aplican debe prevalecer el bienestar de la mayoría silenciosa, inocente y trabajadora, por encima de una minoría escandalosa, corrupta y dañina. Ojalá que nuestro “Eliot Ness” y su equipo mantengan la perseverancia del de Chicago y que, en los próximos cuatro años, podamos sacudirnos, aunque sea temporalmente, la anarquía que promueven y financian las fuerzas del mal. Hace más de cien años, durante la llamada Ley Seca en los Estados Unidos, promulgada para frenar el alto consumo de alcohol y reducir la violencia doméstica, apareció un desconocido agente federal del Tesoro que encabezó una campaña contra el crimen organizado en Chicago. Eliot Ness formó un pequeño grupo, conocido como los “Untouchables”, que asumió la difícil tarea de desmantelar una creciente red de producción, distribución y venta de bebidas alcohólicas controlada por el mafioso Al Capone. Aquella prohibición, lejos de reducir el consumo, le ofreció a las pandillas locales formidables fuentes de negocio: contrabando transfronterizo, lujosos bares clandestinos (speakeasies), prostitución y, lo peor, una corrupción que penetró todos los niveles de la política; jueces y policías pasaron a servir al capo. A Capone no le preocupaba mucho aquel grupo de alguaciles inexpertos reclutados por Ness, confiaba más en sus suculentas coimas y en sus amenazas de muerte. Sin embargo, los agentes federales fueron allanando poco a poco las operaciones ilegales y obteniendo valiosa información contable. Jorge Obediente
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