1A La Prensa Panamá, martes 22 de julio de 2025 El medio libre de Panamá 75¢ Martes 22 de julio de 2025 - Año 44 - Nº 15085 Hoy por hoy La violencia del diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) es inadmisible desde cualquier punto de vista. Incapaz de sostener sus argumentos, recurrió a los golpes contra el diputado de la bancada Seguimos, Betserai Richards, mostrando una inestabilidad emocional incompatible con el cargo que le confiaron sus electores. Primero acudió a la Corte para demandar la legalidad de la nueva bancada y ahora esto. La Asamblea Nacional, las bancadas y el partido al que pertenece tienen la obligación de actuar. No es la primera vez: ya antes agredió a la diputada Kayra Harding. El PRD anunció entonces un proceso disciplinario del cual nunca se supo más, y tampoco hay claridad sobre el curso de la demanda presentada por Harding en la Corte. Esta vez no caben excusas. La inmunidad política no puede seguir siendo una coraza para quienes convierten la política en matonería. La Asamblea debe demostrar que no tolera estas prácticas con sanciones ejemplares. Atheyna Bylon conquista la Copa América de Boxeo 10A Deportes Panorama Otra jornada en la AN sin acuerdo para las comisiones 6A Economía Construcción de atracadero de Puerto Armuelles alcanza 48% 4B Nelva Reyes, secretaria general del Conato, junto a otros dirigentes de sindicatos. Isaac Ortega Jairo Salazar y Betserai Richards. LP ‘Disolución del Suntracs es un atentado contra el movimiento sindical’ PRONUNCIAMIENTO Mario De Gracia [email protected] El Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato), a través de su secretaria general Nelva Reyes y otros dirigentes, aseguró que la solicitud del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral para disolver el sindicato es “un atentado contra la libertad sindical” y podría sentar un precedente para otras organizaciones. La ministra Jackeline Muñoz afirma que su demanda —basada en el artículo 392 del Código de Trabajo— busca defender a los trabajadores, sustentada en “un riguroso análisis jurídico y técnico” por denuncias de extorsión, estafa, violencia, abuso de poder y lavado de activos. VEA 2A Puños en vez de debate: Salazar vuelve a agredir Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] VIOLENCIA POLÍTICA Tras los golpes contra Betserai Richards, el presidente de la Asamblea, Jorge Herrera, condenó la agresión y convocó al Comité de Ética para aplicar sanciones. El diputado independiente Betserai Richards, de la bancada Seguimos, denunció que fue agredido físicamente por Jairo Bolota Salazar, del PRD, en el salón Thelma King de la Asamblea Nacional. Según Richards, Salazar se le acercó de forma sorpresiva, le dio varios puñetazos y lo amenazó con “buscarlo donde lo encontrara”, lo que considera un riesgo para su vida y la de su familia. Richards anunció que presentará una denuncia formal ante las autoridades tras pasar por urgencias y medicatura forense. El presidente de la Asamblea, Jorge Herrera, condenó la agresión y convocó al Comité de Ética para aplicar sanciones. Según Richards, la disputa se originó por los cuestionamientos públicos que ha hecho Seguimos sobre el manejo de fondos estatales, en especial los más de 14 millones de dólares vinculados a la llamada “descentralización paralela”, que, según investigaciones periodísticas, habrían terminado en manos de Salazar, quien además de diputado es representante de la Junta Comunal de Barrio Norte, en Colón. VEA 4A Carta a nuestros lectores: Aclaración sobre la publicación de Sábado Picante La ausencia de la columna Sábado Picante, firmada por el periodista Rolando Rodríguez, en la edición del 19 de julio de 2025 generó especulaciones sobre censura en La Prensa. La dirección aclaró que fue un desacuerdo editorial con el autor, ofreció disculpas y reafirmó su compromiso con la libertad de expresión y el análisis crítico. Lea la columna completa y la carta a los lectores de la presidenta ejecutiva de Corprensa, Annette Planells. VEA 6A Hidroeléctricas y eólicas lideran la primera fase del cronograma energético 2025–2027 Panamá ejecutará cinco licitaciones energéticas entre 2025 y 2027 para hidroeléctricas, eólicas, solares y reconversión térmica. Busca diversificar la matriz, atraer inversiones millonarias y garantizar contratos de largo plazo. VEA 1B Flota de trenes Cortesía Línea 3: flota lista, pero falta el túnel y varios años más Ya está en Panamá la flota completa de trenes para la Línea 3 del metro. Sin embargo, la operación total requiere concluir el túnel bajo el Canal a finales de 2025, pruebas integrales en 2027, por lo que se prevé su apertura comercial en el segundo semestre de 2028. VEA 2B TRANSPORTE MASIVO El letal error de los pilotos en el accidente de avión con 179 muertos en Corea del Sur y las críticas de las familias de las víctimas a la investigación www.prensa.com/bbc/
2A La Prensa Panamá, martes 22 de julio de 2025 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama El Conato se pronunció ayer ante la solicitud de disolución del Suntracs hecha por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. Isaac Ortega Conato: ‘Disolución del Suntracs es un atentado al movimiento sindical’ Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] POLÉMICA De acuerdo con Conato, esta solicitud marca un punto de inflexión en la estrategia del Ejecutivo para reducir la beligerancia de las organizaciones sociales en los principales debates nacionales. Organizaciones sindicales, aglutinadas en el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato), reaccionaron ayer a la decisión del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) de solicitar a los juzgados laborales la disolución del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs). De acuerdo con Conato, esta solicitud marca un punto de inflexión en la estrategia del Ejecutivo para reducir la beligerancia de las organizaciones sociales en los principales debates nacionales. “Que hoy la víctima sea el Suntracs no significa que será el único sindicato en la mira”, advirtió la agrupación liderada por Nelva Reyes. Para la organización, la ofensiva contra el Suntracs ocurre en un momento clave: en vísperas de la renovación de su junta directiva y del inicio de negociaciones con la Cámara Panameña de la Construcción (Capac) para una nueva convención colectiva. “Se trata de un claro atentado contra la libertad sindical y los derechos fundamentales de los trabajadores”, expresó Conato. “Estamos ante una coyuntura histórica que exige firmeza de la justicia para poner freno a la arbitrariedad”, agregó Reyes. En su pronunciamiento, Conato también condenó las detenciones de dirigentes sindicales, los casos de asilo político y los hechos ocurridos en comunidades como Arimae, Bocas del Toro y territorios emberás. Asimismo, rechazó el proceso disciplinario abierto contra 700 docentes a nivel nacional, quienes —según denunciaron— fueron separados de sus puestos en medio de represiones por movilizarse en defensa de la educación pública. La disolución La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, anunció el pasado 17 de julio la presentación de una demanda ante los juzgados laborales para solicitar la disolución del Suntracs. La funcionaria aseguró que la medida se adoptó en defensa de los derechos de los trabajadores y que el proceso ahora queda en manos del sistema judicial. Según Muñoz, la decisión responde a un análisis jurídico y técnico sustentado en la legislación laboral vigente. “Esta decisión es el resultado de un riguroso análisis jurídico y técnico, con base en la legislación laboral vigente y en defensa del interés general de los trabajadores y trabajadoras del país”, afirmó la ministra al justificar la acción legal contra el sindicato más representativo del sector construcción. Muñoz indicó que la demanda está sustentada en el artículo 392 del Código de Trabajo y que responde a múltiples denuncias y hechos que evidencian cómo, bajo la fachada de una organización sindical, se han cometido actos reiterados de extorsión, violencia, estafa, abuso de poder y uso indebido de recursos. “El Suntracs extorsiona a los trabajadores. El Suntracs estafó a los trabajadores. Tiene vinculaciones con lavado de activos...”, aseguró. Una mirada al sindicalismo en Panamá Perspectiva legal Doris Zapata ESPECIAL PARA LA PRENSA [email protected] el padre del sindicalismo fue la explotación laboral, sustentada en la apetencia de ganancias. Hoy, con algunas variaciones debido a la existencia de normas laborales, el sindicalismo es parte activa de todas las actividades económicas organizadas a nivel nacional e internacional. Este tema, profundamente estudiado, se fundamenta en la doctrina de derechos humanos y la justicia social. Organismos internacionales, como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), han concluido que, además de la legislación nacional e internacional, el derecho de los trabajadores a organizarse, la negociación colectiva y la huelga, poseen máxima jerarquía normativa, por lo que son considerados derechos fundamentales o humanos. Panamá, siempre ha reconocido estos derechos, consagrados en la Constitución Política en los artículos 68 y 69, y también en las leyes que ratifican los Convenios núm. 87 de la OIT, sobre Libertad Sindical y la Protección del Derecho de Sindicación y el núm. 98, sobre Derecho de Sindicación y Negociación Colectiva, los cuales tienen rango constitucional, conocido como bloque de constitucionalidad, desde 2015. Esta jerarquía no es caprichosa, la doctrina concluye que negar a los trabajadores la posibilidad de organizarse para dialogar con sus empleadores o con las autoridades estatales en torno a las políticas y condiciones laborales que les afectan directamente, y si no se reconoce el derecho a huelga, se corre el riesgo de caer en una confrontación fratricida permanente que lejos de generar soluciones, impide el desarrollo armónico de la sociedad. Así lo ha demostrado la historia, tanto en Panamá, como a nivel internacional. Para dar un ejemplo, el Código de Trabajo de 1972, facilitó miles de convenios colectivos que evitaron confrontaciones permanentes entre trabajadores, empleadores y gobierno, lo que ayudó a impulsar el desarrollo del país, al permitir el ejercicio de estos derechos. Desde la creación del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, con el fin de promover el diálogo social tripartito, de forma permanente, como lo sugiere la OIT, la entidad ha jugado un rol fundamental para facilitar una relativa paz social, a veces alterada por las distorsiones en la distribución de la riqueza y los pendientes problemas estructurales del país, en donde, a diferencia de otros países capitalistas como los nórdicos, los trabajadores se sienten más excluidos. Los gobiernos, organizaciones de trabajadores y empleadores miembros de la OIT, en representación de 187 países, de los 193 que forman parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), lograron históricos acuerdos en esta materia, estableciendo que los sindicatos de trabajadores son una organización permanente que estudia, representa y defiende los derechos de los trabajadores. El Código de Trabajo de Panamá, en su artículo 341, describe al sindicato como toda asociación permanente de trabajadores, de empleadores o de profesionales, de cualquier clase, constituida para el estudio, mejoramiento, protección y defensa de sus respectivos intereses económicos y sociales comunes. Por otro lado, el artículo 357 describe los fines y funciones principales de estas organizaciones, tales como procurar mejoramiento de las condiciones de trabajo a sus miembros, y la defensa de sus intereses comunes; celebrar convenciones colectivas de trabajo y garantizar su cumplimiento; representar a sus miembros en los conflictos; propugnar que las relaciones entre trabajadores y empleadores se desarrollen sobre la base de justicia y mutuo respeto; promover la educación gremial, técnica de sus asociados; denunciar omisiones, irregularidades y violaciones que se cometan en la aplicación del Código y disposiciones complementarias, entre otras. La posibilidad objetiva de que un sindicato se haya alejado de manera evidente y permanente de sus fines y objetivos debe considerar las normas descritas y los conceptos universales contenidos en la teoría laboral, así como las normas internacionales del trabajo, contenidas en los convenios de OIT y los tratados de derechos humanos ratificados por Panamá, como la Convención Americana de Derechos Humanos y el Protocolo de San Salvador. Estas son herramientas que ayudarían a evitar repetir errores como el caso Ricardo Baena y otros, en el cual Panamá fue condenado a pagar sumas millonarias por violación de derechos humanos laborales tras un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2001 ya que, según dictamina este precedente, no se pueden fundamentar las acciones en subjetividades coyunturales, políticas o ideológicas. Para este caso que nos convoca al análisis de la normativa laboral y el rol de los sindicatos en la sociedad, la responsabilidad de definir la solución a este conflicto recaerá sobre el Órgano Judicial, considerando que el Órgano Ejecutivo ahora es parte directa del conflicto y no un mediador como históricamente ha sido llamado a ser. Panamá será mirado con atención en el ámbito internacional y el movimiento sindical en general se apoyará, generando un clima menos propicio para negociaciones futuras y comprometiendo los canales tradicionales de diálogo. Es indispensable valorar el papel y los fines de las organizaciones sindicales en la sociedad, para definir si cumplen con sus funciones y determinar si alguno se ha apartado “de manera evidente y permanente (…) de los fines exclusivos previstos en el Código de Trabajo” (artículo 392). Esto obliga a conocer de primera mano cuáles son esos fines y funciones, una tarea que debe asumir la academia, las autoridades laborales y judiciales, pero muy especialmente la sociedad en general. Los sindicatos nacieron en el siglo XIX, a partir de la superexplotación de los obreros en las fábricas durante la Revolución Industrial, es decir, La autora es exministra de Trabajo. SaúlMéndez reaparece con mensaje de lucha Luego de recibir asilo en Bolivia, el secretario general del Suntracs, Saúl Méndez, rompió el silencio con un tono desafiante. Denunció una supuesta persecución política encabezada por el actual gobierno y advirtió sobre el deterioro del Estado de derecho en Panamá. Méndez, acogido por el gobierno de Luis Arce, también cuestionó la presunta injerencia del Ejecutivo sobre el Ministerio Público y el sistema judicial, señalando intentos de ilegalizar al sindicato que lidera. Haciendo un llamado a la unidad del movimiento social y sindical, prometió continuar en pie de lucha “desde esta nueva trinchera” y convocó a docentes, campesinos, indígenas y estudiantes a defender las conquistas democráticas. “Vivimos momentos difíciles, de persecución, de lucha”, afirmó. Ohigginis Arcia J. [email protected] Mario De Gracia [email protected] ¿Habrá elecciones internas? Las elecciones internas del Suntracs, convocadas para agosto, podrían efectuarse a pesar de la demanda que presentó el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) para su disolución. Al ser consultada sobre el proceso de elecciones internas del sindicato, la ministra de trabajo, Jackeline Muñoz, dijo que “en cuanto a la nueva dirigencia, esto [la elección] debe ser solicitado por el secretario general [de Suntracs] como lo dice su propio estatuto”, dijo a TVN el domingo. Para el proceso de elecciones internas del sindicato se autorizó la creación de una comisión electoral, anunciada por el Consejo Nacional Sindical de Suntracs el pasado 12 de julio. Está previsto que el proceso pueda ser efectuado en agosto. Su subsecretario de organización, Yamir Córdoba, hizo eco de la decisión a través de las redes sociales del sindicato indicando que “darían la cara” por los trabajadores afiliados. Córdoba es una de las figuras que ha tomado mayor protagonismo en el sindicato tras las órdenes de aprehensión giradas por el Ministerio Público en contra de la mayoría de sus dirigentes y altos cargos. Hasta el momento, el Mitradel presentó la demanda para la disolución del sindicato, y Suntracs tendrá algunos días para responder. Consecuentemente, el juzgado debe fijar una fecha para la audiencia. Mientras no haya una decisión del juzgado a favor de Mitradel o de Suntracs, la existencia jurídica del sindicato sigue inalterada y el proceso de elecciones podría seguir. Una vez el juzgado emita un veredicto, la parte que considere que perdió la demanda podría apelar la decisión ante el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial, compuesto por cinco magistrados. Allí el proceso podría extenderse por semanas o meses. Y si persisten las discrepancias, el caso puede escalar a la Corte Suprema de Justicia, a través de un recurso de casación laboral ante la Sala Tercera. Mientras se espera la audiencia, el sindicato ha manifestadosuapoyoalosdirigentesbuscadosporelMinisterio Público, como Saúl Méndez, secretario general, quien se asiló en Bolivia.
3A La Prensa Panamá, martes 22 de julio de 2025 Panorama Celinda Sosa, ministra de Relaciones Exteriores de Bolivia. Tomado de X Canciller de Bolivia dice que asilo a Méndez no afecta relación con Panamá EFE. LA PAZ, BOLIVIA RELACIONES BILATERALES La ministra de Exteriores expresó que la situación de Méndez fue analizada en coordinación con el Gobierno de Panamá, en una reunión con el canciller Javier Martínez-Acha. E l asilo político que Bolivia le otorgó al líder del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Similares (Suntracs), Saúl Méndez, quien permanece desde el sábado 19 de julio en el país andino, no entorpece las relaciones con Panamá, aseguró ayer la canciller boliviana, Celinda Sosa. La ministra de Exteriores expresó que la situación de Méndez fue analizada por el Consejo Nacional del Refugiado (Conare) y es algo que “se ha tratado en coordinación con el Gobierno de Panamá”, en una reunión con el canciller Javier Martínez-Acha. Sosa argumentó que la concesión del refugio a Méndez se hizo en el marco de las atribuciones que otorga la Constitución de Bolivia sobre la protección de los derechos humanos y la Carta de las Naciones Unidas, por lo que el procedimiento “tiene un cierto nivel de reserva”. La canciller explicó que esto no afecta la relación entre ambos países, que es buena, y que incluso está prevista la llegada de su homólogo panameño el próximo 6 de agosto, jornada en la que se conmemorarán los 200 años de la independencia de Bolivia. En ese encuentro está prevista la firma de “algunos memorándums” entre Bolivia y Panamá, detalló Sosa. Méndez, refugiado en la embajada de Bolivia en Panamá desde el pasado 21 de mayo, después de que se emitiera una orden de captura en su contra por un caso de supuesta estafa, abandonó el sábado la sede diplomática y viajó como asilado al país suramericano, tras recibir el salvoconducto del Gobierno panameño. El dirigente, que desde 2010 es el secretario general del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Similares (Suntracs), partió en un vuelo comercial desde Panamá hacia la ciudad boliviana de Santa Cruz. El líder sindical es requerido por la Justicia de su país, que emitió una orden de captura por un caso de estafa y blanqueo de capitales presentado en 2022 por miembros del Suntracs y que involucra a una decena de directivos del organismo sindical. Por su parte, Méndez ha expresado su respaldo a gobiernos de “izquierda”, como el de Nicolás Maduro en Venezuela, y acusa al presidente panameño, José Raúl Mulino, de “dictadorzuelo”. Juan Diego Suñe, uno de los participantes. Tomada de aloha_panama Panamá brilla en Camboya con 21 niños campeones de cálculo mental COMPETENCIA EDUCATIVA Yasser Yánez García [email protected] Un grupo de 21 niños panameños hizo historia en el Campeonato Internacional de Cálculo Mental ALOHA 2025, celebrado el 20 de julio en Phnom Penh, Camboya. La delegación nacional, compuesta por 26 estudiantes, compitió frente a unos 800 participantes provenientes de Asia, Europa, África y América, logrando destacar entre las mejores del certamen. Este torneo internacional, organizado por ALOHA Mental Arithmetic —una red educativa presente en más de 30 países—, evalúa las habilidades de cálculo mental de niños mediante pruebas cronometradas que requieren velocidad, concentración y precisión. Vanessa Campos, directora ejecutiva de ALOHA Panamá, celebró el resultado alcanzado por los jóvenes, resaltando que todos los participantes fueron dignos representantes del país. “Tenemos buenísimas noticias de 26 competidores, tenemos 21 campeones internacionales, dejando el nombre de Panamá muy muy en alto. Cabe destacar que no solamente los 21, sino los 26 que representaron a Panamá con mucho orgullo. Estamos muy orgullosos y son campeones nacionales e internacionales”, expresó. Campos también agradeció el apoyo del público durante la competencia. “Muchísimas gracias Panamá por todo el apoyo, el seguimiento, los mensajes de aliento a los chicos. Estamos muy muy complacidos de recibir tanto cariño a pesar de estar tan lejos”, agregó. Además, informó que aunque el campeonato ha concluido, la delegación continuará su gira cultural por Asia, con visitas educativas en Camboya y Tailandia, como parte de una experiencia integral de aprendizaje y crecimiento.
4A La Prensa Panamá, martes 22 de julio de 2025 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] DESQUICIADO. En la Asamblea, algunos de sus integrantes insisten en conducirse como si fueran miembros de una organización criminal: defienden su territorio, cuidan sus intereses, atormentan a la población, pasan facturas y actúan contra todo aquel que se interponga o vaya en contra de sus objetivos. No es la primera vez que el tal Bolota agrede o amenaza a un colega. Poco le importa que haya otros diputados presentes. Ayer había siete cuando entró al comedor del salón Thelma King con si fuese una zona roja, para ajustar cuentas con Betserai Richards, cuya gran ofensa ha sido preguntar qué hizo la junta comunal de Barrio Norte con $14 millones de la descentralización. Pero esta vez, Betserai cuenta con el respaldo de su colega Ernesto Cedeño, quien sí sabe pelear… pero en los tribunales. A ver si la Corte se decide a hacer su parte. ACOSO. Por cierto, Cedeño anunció que acompañaría a Betserai a Medicatura Forense y, poco después, se supo que hacia allá se dirigía Bolota. ¿Para qué? ¿Acaso quería agredirlo de nuevo? ¿O será que buscaba una selfie, abrazado, como hizo con Crispiano? MEDIDAS. El nivel de terror ha llegado a tal punto que sus propios copartidarios le temen. Flor Brenes, entre lágrimas, contó que en una pelea anterior casi la agrede a ella. Pronto habrá que solicitar una boleta de protección dentro del hemiciclo y los pasillos parlamentarios. MENSAJE. Bolota, al menos desde el pasado viernes, ya había anunciado que le declaraba la guerra a la bancada Seguimos y que sus miembros debían irse preparando. Así lo escribió en Instagram al comentar una noticia en la cuenta de EcoTV, aunque luego borró el mensaje. No importa. Ya todos saben de lo que es capaz. REBATIÑA. Detrás del berrinche está la disputa por las comisiones legislativas. Por eso, Bolota habría demandado la resolución de la Asamblea que, el pasado 3 de julio, reconoció a Seguimos como bancada legislativa. Resulta que a Seguimos se le asignaría un puesto en la Comisión de Credenciales y otro en la de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, dos instancias en las que el PRD y De acuerdo con el diputado Richards, su colega Salazar lo amenazó por los cuestionamientos a los fondos públicos cuyo uso se señala como dudoso, específicamente en el caso de la descentralización paralela. Archivo Diputado Jairo Salazar agrede a su colega Betserai Richards Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] ASAMBLEA NACIONAL Según el relato de Richards, el diputado Salazar se le acercó de forma inesperada y le propinó varios puñetazos mientras le gritaba amenazas. Una nueva polémica sacudió la Asamblea Nacional. El diputado independiente Betserai Richards, miembro de la bancada Seguimos, denunció haber sido agredido físicamente por su colega Jairo Bolota Salazar, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), en medio de un altercado que expone las crecientes tensiones políticas dentro del hemiciclo legislativo. “La promesa de ataque se cumplió, pero esta vez fue física”, declaró Richards ayer, aún afectado y con la marca visible de un golpe en su rostro. Según su relato, el diputado Salazar se le acercó de forma inesperada y le propinó varios puñetazos mientras le gritaba amenazas, asegurando que lo iba a “buscar hasta donde lo encontrara” y sugiriendo que su vida corría peligro. El altercado, que tuvo lugar en el salón Thelma King de la Asamblea, no solo dejó a Richards con heridas físicas visibles, sino que también levantó serias dudas sobre la seguridad interna del Órgano Legislativo y la tolerancia institucional hacia la violencia política. El diputado aseguró que presentará una denuncia formal ante las autoridades y responsabilizó a Salazar de cualquier cosa que pueda sucederle a él, a su familia o a los miembros de su bancada. Adelantó que acudiría a urgencias y luego a medicatura forense. Nuevo episodio de violencia El conflicto entre ambos diputados no es nuevo. Según Richards, la disputa se originó por los cuestionamientos públicos que ha hecho Seguimos sobre el manejo de fondos estatales, en especial los más de 14 millones de dólares vinculados a la llamada “descentralización paralela”, que, según investigaciones periodísticas, habrían terminado en manos de Salazar, quien además de diputado es representante de la Junta Comunal de Barrio Norte, en Colón. “Nosotros solo hemos pedido que se investigue quién robó esos recursos del Estado”, dijo Richards. “La semana pasada lo dijimos en los medios y Salazar respondió anunciando que este lunes iba a arremeter contra nosotros. Pensamos que iba a hablar en una intervención, pero lo que recibimos fueron golpes”. Richards no es el primer diputado en denunciar comportamientos violentos por parte de Salazar. En 2020, el propio Salazar habría agredido a la entonces diputada Kaira Harding, también del PRD, y este año también a Crispiano Adames, otro de sus colegas. Sin embargo, el episodio de hoy marca un nuevo escalón en la escala de confrontación: el paso a la violencia física. “La violencia no es el camino. Esto no puede normalizarse. ¿Qué más tiene que pasar para que toquemos fondo?”, cuestionó Richards con tono firme, haciendo un llamado a las autoridades judiciales y a los magistrados para que actúen ante lo que calificó como un patrón de conducta violenta del diputado Salazar. Los cuestionamientos La bancada Seguimos ha sido uno de los grupos legislativos más críticos frente al reparto discrecional de fondos, la opacidad en contrataciones y la falta de consecuencias ante irregularidades detectadas por la Contraloría. Esta postura ha generado tensiones con diputados de partidos tradicionales, particularmente del PRD. Desde su creación, Seguimos ha insistido en ejercer su rol fiscalizador. Pero la respuesta, según sus miembros, ha sido una escalada de ataques, incluida una demanda que cuestiona la legalidad de su conformación como bancada. Para Richards, la agresión recibida es una consecuencia directa de ese cerco político y judicial. De hecho, el propio Salazar presentó recientemente una demanda contra la conformación de la bancada Seguimos, integrada por los diputados Richards, Ernesto Cedeño, Grace Hernández y José Pérez Barboni. Estos tres últimos pertenecen al partido Movimiento Otro Camino (MOCA). “El pueblo panameño no se ve representado en diputados como Salazar. Somos un país pacífico y lo que pasó hoy es una vergüenza institucional”, lamentó Richards, visiblemente afectado por los golpes. “Nos eligieron para trabajar, no para pelearnos a golpes en los pasillos del Parlamento”. Tras el incidente, Richards sostuvo una reunión con el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, para abordar lo ocurrido. Hasta el momento, ni Salazar ni la bancada del PRD han emitido un comunicado oficial. Tampoco se ha reportado si se tomaron medidas disciplinarias inmediatas. Este nuevo episodio de violencia dentro del Legislativo no solo pone en entredicho la convivencia parlamentaria, sino que también proyecta una imagen deteriorada de la Asamblea Nacional ante la ciudadanía. En un país donde los escándalos por el uso de fondos públicos han erosionado la confianza en las instituciones, los puños parecen haberse impuesto al debate. Y esa, según Richards, es una señal alarmante de retroceso democrático. ‘La violencia es intolerable’, afirma Herrera La Asamblea Nacional emitió un comunicado en el que expresa que “rechaza categóricamente cualquier forma de violencia entre diputados” y reafirma su “compromiso con el debate democrático, el respeto mutuo y la defensa de la institucionalidad”. El comunicado señala que el presidente de la Asamblea, Jorge Herrera, “actuará con firmeza y serenidad institucional”, y que se convocará al Comité de Ética para que se apliquen sanciones conforme al reglamento. RM tienen especial interés. Por cierto, el loco fue el único que ayer andaba aplaudiendo las agresiones a diputados. Como si fuera el dueño de un perro de caza, regodeándose por la captura de su presa. ARREGLO. Anoche, al salón privado del restaurante Azafrán, ingresaron el presidente de la Asamblea, Jorge Herrera, junto con los diputados José Pérez Barboni, Luis Duke y Jorge Bloise, entre otros. ¿Será que van a crear una comisión contra la violencia legislativa? chards sostuvo una reu Asamblea Nacional, Jor ocurrido. Hasta el momen del PRD han emitido un co se ha reportado si se toma violencia dentro del Legis lativo no solo pone en entre dicho la convivencia parla proyecta una imagen dete riorada de la Asamblea Na En un país donde los escán confianza en las institucio nes, los puños parecen ha señal alarmante de retroce frontación: el paso a la vio no. Esto no puede norma judiciales y a los magistra de conducta violenta del di sido uno de los grupos le gislativos más críticos fren fondos, la opacidad en con trataciones y la falta de con
5A La Prensa Panamá, martes 22 de julio de 2025
6A La Prensa Panamá, martes 22 de julio de 2025 Lloraban ríos de lágrimas, más que mil magdalenas juntas. Lloriqueaban porque, en una canción sin fin, todos esos ministros y funcionarios del gobierno de Martinelli, incluyendo al actual presidente, José Raúl Mulino, sollozaban mientras reclamaban que se les violaba el debido proceso, que había que presumir su santa inocencia. Pero cuando no se trata de ellos, al pepino con el debido proceso. Eso es lo que ha hecho la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, quien, con una sobreactuada solemnidad, anunció al país haber solicitado la disolución del “Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción”, nombre que – por cierto– no corresponde a las siglas de Suntracs. La ministra, con título de abogada, aseguró que Suntracs no es más que una fachada para cometer “extorsión, violencia, estafa, abuso de poder y uso indebido de recursos”. Si solo bastan sus palabras para concluir que Suntracs es una mafia, no necesitaríamos mucho más para asegurar que aquí robaron a manos llenas en el gobierno de Martinelli, y que todos los que están procesados por lavado de activos y corrupción no necesitan que se les prueben tales afirmaciones. Solo basta con que un ministro lo diga, y todos a la cárcel. Con la desfachatez de un cínico, la ministra aseguró que su acción es en beneficio de los “derechos de los trabajadores y garantizar el respeto al marco legal…”. Que su decisión se basa en “el resultado riguroso de un análisis jurídico y técnico con base a la legislación laboral vigente” –que nadie más que ella ha visto– y en defensa de los trabajadores… porque Panamá necesita de un “sindicalismo responsable, democrático y representativo”. Y en este caso, ella es la que decide cuáles son los sindicatos con esas características. Toda una palabrería hueca e inútilmente pomposa para dorarnos la píldora para justificar la destrucción de sus enemigos. No recuerdo en toda mi vida profesional ni una sola vez que gobierno alguno haya pedido disolver un sindicato sólo porque le lleva la contraria a los máximos funcionarios del país. Esto no es más que síntomas de un autoritarismo creciente que practica un individuo que está avivando el fuego peligrosamente para una explosión social, que cualquier día de estos le reventará en la cara. Y cuando ocurra, no habrá poder policiaco –a menos que empiecen a matar gente– que contenga a enardecidos ciudadanos que siguen sin soluciones, con votantes que siguen esperando que cumpla su promesa del chen-chen, esa que solo es honrada a familiares y a unos cuantos allegados, como, por ejemplo, a los amigos de la empresa Hombres de Blanco. El ministro de Salud le concede a esta empresa contratos para limpiar hospitales y lo hace de forma directa, sin permiso sanitario de operación; sin presupuesto y extendiéndoles sus contratos; no convoca a licitación alguna; ignora los nefastos antecedentes de esta empresa en el aeropuerto de Tocumen, de donde la sacaron “por mutuo acuerdo” por graves incumplimientos; permite que se ejecuten sus contratos con objeciones y sin refrendo; practica el favoritismo consiguiendo dinero para esta empresa, pero no para la otra; oculta deliberadamente información pública y todo lo que hace en este asunto es de a dedo, burlándose de la Ley de Contrataciones Públicas. O sea, autoritarismo puro y duro en el manejo de la cosa pública. Como quien dice, palo y plomo para el enemigo, plata para los amigos, como decía Noriega, quien parece ser gemelo desaparecido del pichón de dictador que tenemos en el Palacio de las Garzas. Debo hacer notar que estas cosas que ahora parecen inocuas van en escalada, y poco a poco nos podemos ir acostumbrando a estas arbitrariedades, a que estas cada día se cuelen rápida y fácilmente en el panorama político. Y un día, sin darnos cuenta, amaneceremos con un dictadorzuelo dirigiendo el país. Ha pasado un año desde que Mulino llegó empujado por Martinelli a la Presidencia, pero su desgaste equivale al tres o cuatro años de gobierno; su estilo confrontacional atizó prolongadas huelgas de obreros, docentes y pueblos indígenas; su autoritarismo, soberbia y su creciente cinismo –en especial con lo que ha venido ocurriendo en la Asamblea Nacional– nos grita a la cara que este señor cree tanto en la democracia como lo cree Bukele, Maduro u Ortega. Le recuerdo al presidente que él es un servidor del pueblo panameño; no somos sus vasallos ni sus siervos ni estamos a su servicio. Tenga eso siempre presente, y quizás llegue a entender que usted nos debe respeto. Sábado Picante Rolando Rodríguez [email protected] Carta a nuestros lectores: Aclaración sobre la publicación de Sábado Picante Estimados lectores, Queremos referirnos a la situación surgida el pasado 19 de julio, fecha en la que, por primera vez en mucho tiempo, la columna Sábado Picante no fue publicada. Sabemos que esto generó inquietud y comentarios entre quienes nos leen cada semana, por lo que consideramos fundamental explicar lo ocurrido de forma transparente. La razón detrás de la ausencia de la columna fue una diferencia de criterio editorial respecto a ciertos datos contenidos en la nota. Esta diferencia fue abordada y aclarada internamente en una conversación franca, como corresponde en un medio comprometido con la veracidad y la responsabilidad informativa. Reconocemos que la falta de comunicación efectiva tanto con nuestro columnista, Rolando Rodríguez, como con ustedes, nuestros lectores, propició especulaciones y reacciones que dieron por sentado que se trataba de un caso de censura. Nada más lejos de la realidad: La Prensa ha mantenido una línea editorial firme y valiente, y Sábado Picante ha sido, desde su inicio, un espacio de análisis y opinión crítica que continuará publicándose cada sábado. Es importante aclarar, además, que Rolando Rodríguez nunca fue despedido de La Prensa, como se ha afirmado erróneamente en algunas redes sociales. Rolando sigue siendo parte de nuestro equipo y cuenta con nuestro respeto y aprecio profesional. Ofrecemos disculpas a Rolando por la falta de claridad en el manejo de la situación y, sobre todo, a ustedes, por no haber explicado oportunamente la causa de la ausencia de la columna. Aprendemos de esta experiencia y reafirmamos nuestro compromiso con la transparencia y la libertad de expresión. Agradecemos la confianza depositada en La Prensa y reiteramos que seguiremos defendiendo, como siempre, la independencia editorial y el derecho de nuestros lectores a estar bien informados. Atentamente, Annette Planells Presidenta Ejecutiva Corporación La Prensa Según informaron desde el Legislativo, la reunión agendada para ayer quedaría reprogramada para hoy. Elysée Fernández Otro día sin comisiones: suspenden reunión de junta directiva ampliada Mario De Gracia [email protected] ASAMBLEA NACIONAL El bloque de 37 podría imponerse para ubicar sus nominados en las comisiones, pero dudas sobre cohesión que recaen en diputados de Cambio Democrático mantienen la suspicacia por la definición. La reunión de la junta directiva ampliada de la Asamblea Nacional, pactada para ayer, fue suspendida. Estaba previsto que se tratara la conformación de las comisiones permanentes legislativas, pero esto no ocurrió. Fuentes del Órgano Legislativo informaron que ya existe un número importante de diputados para lograr consenso en la determinación de los miembros de las comisiones. Sin embargo, aún no se ha formalizado. Se esperaba que ayer se determinara el rumbo que seguiría la conformación de comisiones, pero no se dieron razones de la cancelación de la reunión. “Secretaría no ha recibido propuesta de nómina”, dijo Carlos Alvarado, secretario general del Legislativo, cuando se leyó el quinto punto del orden del día referente a la conformación de las comisiones. A pesar de que el diputado Jorge Herrera, presidente de la Asamblea, señaló a La Prensa que el bloque del Partido Panameñista, Cambio Democrático (CD), la coalición Vamos y la bancada Seguimos controlaría la directiva de las comisiones y contarían con mayoría de asientos, esto no se ha visto reflejado en el pleno legislativo. Ante la dilación, la diputada Janine Prado, de la coalición Vamos, fue la única en exigir celeridad durante su incidencia en el pleno. “Hago un llamado a la junta directiva y a los jefes de bancada (...) ya urge la instalación de las comisiones. No es momento para estar velando por otro tipo de interés que no sea el de la ciudadanía”, señaló Prado. La fórmula Repetir la fórmula del pasado 1 de julio sería la vía para conformar las comisiones, según dijeron fuentes legislativas. Aquel día, 37 diputados del bloque CD, Vamos, Seguimos, Panameñistas y dos diputados del Partido Popular aseguraron su respaldo a la candidatura de Herrera, logrando mayoría en la Asamblea y consolidando la junta directiva. La fórmula se repetiría para la conformación de las comisiones, dejando menos posibilidades de asientos para el Partido Realizando Metas (RM), el Partido Revolucionario Democrático (PRD), así como para la bancada mixta. Ya sea vía consenso en conversaciones con RM, PRD y mixtos; o mediante la vía alternativa de elección por votación , el bloque de 37 se impondría para ubicar sus nominados en las comisiones. No obstante, la dilación en la definición de quiénes ocuparán las sillas de las comisiones ha levantado suspicacias sobre la cohesión del bloque. Según dijeron fuentes legislativas, parte de las dudas en la cohesión recaen en diputados de Cambio Democrático (CD). Anteriormente, este medio reportó cómo ese colectivo fraccionó su voto a la presidencia del Legislativo, cuando cinco diputados votaron por Jorge Herrera y otros tres lo hicieron por la candidata de RM, Shirley Castañedas. En el más reciente Knockout de La Prensa, Herrera señaló que el diputado del CD, Manuel Cohen, le había garantizado su apoyo, pero terminó votando por Castañedas. Lo mismo ocurrió con Osman Gómez, de la bancada mixta y el Partido Alianza. A pesar de ello, este medio pudo conocer que se dan conversaciones entre el propio bloque de 37 para ultimar detalles de cohesión y evitar “sorpresas”. Según informaron desde el Legislativo, la reunión agendada para ayer quedaría reprogramada para hoy. Panorama
7A La Prensa Panamá, martes 22 de julio de 2025 Durante la verificación, se constató la acumulación de lodos y la conexión de aguas tratadas a un sistema pluvial que desemboca en una tubería de descarga al mar. Cortesía Miambiente paraliza industria en Boca La Caja Getzalette Reyes [email protected] FISCALIZACIÓN Esta medida busca evitar que se agraven los impactos mientras se lleva a cabo la investigación correspondiente, informó el Ministerio de Ambiente. E l Ministerio de Ambiente (Miambiente) informó ayer que ordenó la paralización temporal de las actividades de una industria ubicada en la comunidad de Boca La Caja, corregimiento de San Francisco, ciudad de Panamá. Según explicó la entidad, la decisión se tomó tras detectar descargas inadecuadas de aguas tratadas y conexiones ilegales al sistema pluvial, que desemboca directamente en la bahía de Panamá. La medida fue adoptada mientras se desarrolla una investigación por infracciones ambientales identificadas durante inspecciones técnicas. Durante la verificación, se constató la acumulación de lodos y la conexión de aguas tratadas —provenientes de la planta de tratamiento de la empresa— a un sistema pluvial que desemboca en una tubería de descarga al mar, lo que representa un riesgo para la calidad del agua y los recursos naturales del área, advirtió Miambiente. “Esta medida busca evitar que se agraven los impactos mientras se lleva a cabo la investigación correspondiente. Nuestra responsabilidad es actuar cuando se identifican posibles riesgos ambientales, siempre en cumplimiento del marco legal vigente”, indicó Edgar Naterón, director regional del Ministerio de Ambiente en Panamá Metropolitana. La Resolución DRPMAL-OF-173-2025 establece que la paralización permanecerá vigente mientras se completan las diligencias técnicas y administrativas necesarias para determinar las medidas correctivas y sancionatorias que correspondan. MiAmbiente reiteró a todas las empresas e instituciones que operan cerca de cuerpos de agua la importancia de garantizar un manejo adecuado de sus sistemas de tratamiento, vertido y saneamiento, conforme a la normativa ambiental vigente. Además, hizo un llamado a la ciudadanía para que continúe reportando posibles afectaciones a través de la línea 311, las redes sociales oficiales o el Web Chat disponible en el sitio web www.miambiente.gob.pa. Se retrasaproceso de adjudicación de hospital de mascotas PROYECTO SOCIAL José González Pinilla [email protected] La Dirección General de Contrataciones Públicas anuló de forma parcial el informe de la Comisión Evaluadora emitido el pasado 30 de junio, en el que se detallaba que dos empresas calificaron en la licitación para el diseño, construcción, mantenimiento y equipamiento del Hospital de Mascotas, cuyo precio de referencia es de $14.2 millones. La decisión fue tomada el viernes 18 de julio mediante la Resolución N.º DSDF-821-2025, luego de que una de las empresas licitantes presentara un reclamo. En el documento, la Dirección también ordenó a la entidad licitante —en este caso, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)— que proceda, a través de la misma Comisión Evaluadora, a realizar un nuevo análisis parcial de la propuesta presentada por Construction Management Group, Inc. y Administradora de Proyectos de Construcción, S.A. (Aprocosa). Estas dos empresas habían calificado tras cumplir con los requisitos establecidos en el pliego de cargos. Aprocosa propuso un precio de $14.9 millones, mientras que Construction Management Group, Inc. ofertó $14.1 millones. No superaron la evaluación Constructora Rigaservices, S.A. ni el Consorcio Sanando Huellas. Esta última empresa presentó el reclamo, el cual fue acogido, lo que motivó la anulación parcial del informe. Ahora, La comisión evaluadora deberá emitir un nuevo informe. LA construcción estaba prevista para iniciar en junio de este año, con una entrega estimada para diciembre de 2026. El hospital estará ubicado en Costa Sur, a la altura del corredor Sur, en un punto estratégico cercano al metro y con acceso a las rutas del metrobús.
8A La Prensa Panamá, martes 22 de julio de 2025 Los trabajadores rurales responden al operativo de los agentes migratorios en una zona agrícola del sur de California. Getty Images Cómo las redadas de Trump cambiaron la vida en California En el sur de California residen aproximadamente 1.4 millones de inmigrantes indocumentados. Muchos de ellos viven con tanto miedo que evitan salir a trabajar, llevar a sus hijos a la escuela o incluso hacer las compras básicas. Cuando los agentes de inmigración llegaron a la finca donde trabajaba, Jaime Alanis intentó esconderse. Mientras decenas de sus compañeros eran detenidos, trepó al techo de un invernadero. Alanis esperaba pasar inadvertido. Pero la huída no le salió bien: Alanis se cayó, se rompió el cuello y se fracturó el cráneo. Unas horas después, murió en el hospital. Mientras tanto, los agentes de inmigración lanzaban gases lacrimógenos contra unas 500 personas que se había concentrado para frenar las redadas frente a dos granjas de cannabis legal. Algunos manifestantes lanzaron piedras y el FBI asegura que uno de ellos disparó un arma contra agentes federales. La muerte de Alanis y los violentos enfrentamientos que se produjeron en las plantaciones de cannabis son los últimos ejemplos del caos desatado en el sur de California desde principios de junio, cuando las redadas empezaron a intensificarse en la región. Las redadas migratorias provocaron una ola de protestas que empujó al presidente Donald Trump a movilizar a la Guardia Nacional y a los Marines, con el objetivo de blindar a los agentes federales frente a los manifestantes y cumplir con las deportaciones masivas que prometió al inicio de su mandato. Aunque muchos estadounidenses apoyan las duras políticas migratorias de Trump, las sucesivas redadas en la región también provocaron una fuerte reacción entre vecinos y activistas. En el sur de California residen aproximadamente 1.4 millones de inmigrantes indocumentados. Muchos de ellos viven con tanto miedo que evitan salir a trabajar, llevar a sus hijos a la escuela o incluso hacer las compras básicas. Las redadas alteraron el panorama de una de las regiones más pobladas del país. Los comercios están cerrados y las ciudades suspendieron eventos sociales, entre ellos, las fiestas de fuegos artificiales del 4 de julio. “Todos miran por encima del hombro”, dice una vendedora de helados en Los Ángeles en un parque donde los campos de fútbol y las mesas de picnic, normalmente llenos, se ven casi vacíos. Mientras prepara el helado de hielo raspado con jarabe dulce de fresa, parece incómoda ante las preguntas, pero agradecida de tener un cliente: “Esto nunca pasó”. “Simplemente te secuestran” Las redadas en las dos granjas de cannabis son presentadas ahora como la mayor operación migratoria desde que Trump asumió la presidencia. De los 361 migrantes detenidos durante esas redadas, cuatro tenían antecedentes penales “extensos”, incluyendo violación, secuestro e intento de abuso sexual infantil, según informaron los medios. Los agentes de inmigración también encontraron a 14 niños migrantes quienes, según el gobierno, fueron “rescatados de una posible explotación, trabajo forzoso y trata de personas”. Aunque el gobierno suele destacar a los violadores, asesinos y narcotraficantes condenados que ha detenido en sus operativos, decenas de inmigrantes — muchos sin antecedentes penales y con décadas dedicadas a construir negocios, familias y hogares— han quedado atrapados en la línea de fuego. “Simplemente te secuestran”, dice Carlos, quien no quiso que se revelara su nombre completo por temor a ser deportado a su natal Guatemala. Carlos tiene mucho miedo de ir a trabajar desde que su hermana Emma fue detenida mientras vendía tacos afuera de un local de Home Depot el mes pasado. “Si soy moreno, si soy hispano, simplemente vienen, te atrapan y te llevan”. El gobierno de Trump dice que las denuncias de que las personas están siendo atacadas por el color de su piel son “repugnantes” y falsas. Carlos dice que se siente un poco más seguro desde que un juez federal en California ordenó al gobierno de Trump que dejara de detener “indiscriminadamente” a personas con “patrullas móviles” de agentes federales. De todos modos, no confía en que estos operativos se detengan y al mismo tiempo necesita volver a trabajar. “¿Cómo voy a pagar la renta?. Estoy atrapado en casa”, dice Carlos. Iglesias y grupos defensores de los derechos de los inmigrantes han estado organizando entregas de alimentos a domicilio para aquellas personas que están con miedo de salir de sus casas. También han estado capacitando a personal para proteger a los inmigrantes en las calles mediante aplicaciones, cadenas de mensajes de texto y redes sociales para mantenerlos alertas de la presencia de agentes federales en la zona. Operativo en el parque Cuando decenas de agentes armados y camuflados irrumpieron en el Parque MacArthur de Los Ángeles a caballo y en vehículos blindados a principios de este mes, pocos se sorprendieron. La noticia del operativo se había extendido rápidamente, y corrieron rumores de que “la migra” se avecinaba horas antes de la llegada de las tropas. En ese momento, decenas de manifestantes acudieron en masa a recibir a las tropas, incluida la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, quien exigió que abandonaran el parque. De acuerdo a los testigos, no se realizaron arrestos ni se vio a nadie corriendo para escapar. Para cuando llegaron las tropas, con equipos de cámaras profesionales grabando la evidente demostración de fuerza, las únicas personas en el parque eran manifestantes, algunos niños en un campamento de verano y algunas personas sin hogar durmiendo en el césped. “Ha sido desgarrador”, dice Betsy Bolte, quien vive cerca del parque y se presentó para protestar y gritar obscenidades a los agentes. “Es una guerra contra la gente, el corazón y el alma de la economía. Y todo es intencional. Es parte del plan”, agrega llorando mientras muestra a los periodistas lo que logró grabar con su celular. Los activistas acusan al gobierno de aterrorizar a su propia gente. “Esto es parte de un programa de terror. Desde Los Ángeles hasta la Costa Central, la administración Trump está utilizando al gobierno federal y al ejército como armas contra los californianos”, afirma Cause, un grupo de defensa de los migrantes. Trump contra Los Ángeles Pero no todos los californianos están de acuerdo. Trump ganó el 38% de los votos en noviembre. Recientemente, la BBC presentó la historia de una mujer que sigue siendo fiel al expresidente y a sus planes de deportación masiva, incluso mientras está detenida como inmigrante indocumentada. Al mismo tiempo, un solitario simpatizante de Trump se presentó solo en la protesta en la finca de cannabis la semana pasada y terminó siendo golpeado, abucheado y escupido por los manifestantes. Irónicamente, el artífice de muchas de las políticas de deportación de Trump es oriundo de Los Ángeles. Stephen Miller, asesor principal de la Casa Blanca, se crió en la liberal Santa Mónica, donde de adolescente era conocido en la radio conservadora por condenar el uso del español en su escuela. La semana pasada, declaró a Fox News que los políticos demócratas “violentos” de California que se presentan a protestar incitan a la violencia contra los agentes federales de inmigración. “Ninguna ciudad puede ayudar ni instigar una invasión de este país que ignore la voluntad del pueblo estadounidense y de los agentes del orden con la autoridad para hacerla cumplir”, afirmó. El “zar fronterizo” de Trump, Tom Homan, afirma que Los Ángeles tiene la culpa porque las leyes santuario de Los Ángeles impiden que las fuerzas del orden locales cooperen con los agentes de inmigración dentro de las cárceles, donde podrían detener a inmigrantes infractores sin la mirada del público. “Vamos a redoblar los esfuerzos en las ciudades santuario”, declaró Homan a la prensa y agregó que en Florida no se realizan redadas públicas tan visibles porque todos los jefes de policía de allí permiten que los agentes de inmigración ingresen a las cárceles para detener a inmigrantes. “Si no nos dejan arrestar al delincuente en la cárcel del condado, lo arrestarán en la comunidad, en un lugar de trabajo”, agregó. Impacto en la vida cotidiana En Los Ángeles, el impacto de las redadas del último mes es notable. En los parques y barrios donde antes se escuchaban a las personas comprando, el sonido de la música y los vendedores ambulantes, ahora se escucha el silencio. El condado de Los Ángeles cuenta con 88 ciudades y muchas de ellas han cancelado eventos públicos de verano debido a las continuas medidas de control migratorio. “Muchos residentes han expresado temor e incertidumbre, lo que los ha llevado a permanecer en sus hogares, abstenerse de trabajar y retirarse de la vida pública diaria”, declaró la ciudad de Huntington Park en un comunicado sobre la cancelación de eventos. “Nuestra prioridad es y seguirá siendo la seguridad y la tranquilidad de nuestra comunidad”, agregó. Incluso, algunos inmigrantes tienen miedo de presentarse a sus audiencias programadas porque mucha gente está siendo detenida en las puertas del tribunal. El pastor Ara Torosian, de la Iglesia Cornerstone en el oeste de Los Ángeles, dijo que la mayoría de los fieles de habla persa eran solicitantes de asilo. Una pareja con una hija de tres años fue detenida fuera del tribunal cuando se presentaron a lo que creían que era una audiencia “de rutina” y ahora se encuentran en Texas, en un centro de detención familiar. Cinco miembros de su congregación fueron detenidos en junio, dos de ellos en la calle mientras el pastor Torosian los grababa y le pedía a los agentes que pararan. “No son delincuentes. Obedecían todo y no ocultaban nada”, añadió. ‘Mi abuela no es una criminal’ se lee en el cartel de una niña. Getty Images Los vecinos rápidamente respondieron a un operativo que se desplegó en el parque MacArthur de Los Ángeles. Getty Images Panorama
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