6A La Prensa Panamá, sábado 19 de julio de 2025 El Ministerio de Obras Públicas (MOP) anunció que a partir del lunes 21 de julio y hasta el viernes 2 de agosto de 2025 se realizarán trabajos de refuerzo con fibra de carbono en el puente ubicado sobre la autopista Arraiján–La Chorrera, específicamente en el sector de Vacamonte, en la provincia de Panamá Oeste. Las labores se ejecutarán en horario nocturno, de 10:00 p.m. a 3:00 a.m., e implicarán cierres intermitentes de tres carriles en ambas direcciones —hacia La Chorrera y hacia Panamá centro— dejando un solo carril habilitado para el paso vehicular. El MOP hizo un llamado a los conductores a circular con precaución, mantener una velocidad reducida y seguir las señales de tránsito instaladas en la zona de intervención para prevenir accidentes y facilitar el avance de los Habrá cierres en el puente de Vacamonte desde el 21 de julio AVISO trabajos. Estas obras forman parte del proyecto “Estudio, Diseño, Construcción y Financiamiento para la Rehabilitación y Ampliación de la carretera Autopista–Puerto Vacamonte”, ejecutado por el Consorcio Corredor Vacamonte bajo la supervisión del MOP. El contralor general de la República, Anel Flores, y el auditor Cirilo Ríos. Captura de video Descentralización paralela: más juntas comunales en el radar Eliana Morales Gil [email protected] Reyna Katiuska Hernández [email protected] USO DE FONDOS PÚBLICOS En un nuevo paquete de auditorías, que abarca siete informes, el perjuicio económico asciende a unos $7millones. No se detalló cuáles son las juntas involucradas ni el tipo específico de irregularidad. La Contraloría General de la República, a cargo de Anel Flores, entregó al Ministerio Público un nuevo paquete de auditorías que revelan irregularidades millonarias en el manejo de fondos públicos por parte de varias juntas comunales del país, correspondientes al período 2019–2024. Se trata de un escándalo que nació en el gobierno de Laurentino Cortizo: la descentralización paralela, millonarios fondos de la Autoridad Nacional de Descentralización que fueron repartidos con criterio político. La mayoría de esos millones fue a parar a juntas comunales y municipios que estaban controlados por autoridades cercanas a diputados influyentes del Partido Revolucionario Democrático (PRD), agrupación que en el quinquenio pasado gobernaba el país. Según la entidad fiscalizadora, el perjuicio económico identificado en este bloque de siete informes asciende a al menos $7 millones, lo que eleva a $14 millones la posible lesión al Estado si se toman en cuentas auditorías presentadas anteriormente. Sin embargo, el comunicado oficial no detalla cuáles son las juntas comunales señaladas ni el tipo específico de irregularidades encontradas. Recientemente el contralor Flores explicó que “el impacto económico varía según cada caso”. “Hay hallazgos que oscilan entre $300 mil y $800 mil, y otros que alcanzan varios millones”, agregó. Este grupo de auditorías es parte de una primera fase que contempla la revisión de 72 juntas comunales. La próxima semana, según la Contraloría, entregará un segundo grupo compuesto por 20 informes adicionales. Según estimaciones preliminares, la cifra total del posible daño patrimonial alcanzaría los $43 millones cuando se complete la revisión del primer bloque. 15 salieron bien libradas Durante el anuncio, el contralor Flores aseguró que 15 juntas comunales no presentan hallazgos ni irregularidades. “Es refrescante ver que hay personas sirviendo a su país con honestidad. A esos funcionarios los vamos a invitar a la Contraloría para reconocer su labor”, dijo el funcionario, sin mencionar tampoco cuáles fueron esas juntas que salieron libradas. Flores insistió en que el proceso de fiscalización se lleva a cabo con objetividad, y que los equipos técnicos han sido reforzados para acelerar el ritmo de las auditorías. Aun así, no hay información sobre los criterios utilizados para seleccionar las primeras 72 juntas ni sobre el calendario completo de la investigación. Además, el contralor anunció que también serán auditados los fondos destinados a becas. En estos casos, explicó, se evaluará individualmente cada expediente: los estudiantes que logren justificar el uso correcto de los fondos quedarán eximidos de responsabilidad, mientras que quienes no puedan hacerlo enfrentarán consecuencias legales y deberán devolver el dinero. Finalmente, Flores recordó que la labor de la Contraloría es auditar y remitir hallazgos, pero no juzgar. “Esa labor recae en el Ministerio Público y el Tribunal de Cuentas. Nuestro deber es vigilar el buen uso de los recursos públicos y proteger el patrimonio del Estado”, subrayó. Roxana Méndez, administradora de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND) informó que, hasta el 10 de julio de 2024, había remitido al Ministerio Público un total de 280 denuncias por presuntos malos manejos vinculados al esquema de descentralización paralela, por un monto acumulado que supera los $200 millones. El Tribunal Superior de Apelación ordenó el arresto de seis de los nueve imputados por el delito de blanqueo de capitales, falsificación de documentos y corrupción, entre los que se encuentran funcionarios de los ministerios de Salud, Economía y Finanzas, y particulares que sustrajeron $576,543. Los magistrados del Tribunal revocaron una serie de medidas cautelares de reporte periódico aplicadas a seis de los investigados, en su mayoría funcionarios, que participaron de manera directa en la alteración de documentos y movilización del dinero a través de cuentas bancarias. La investigación se inició en enero pasado, cuando funcionarios del MEF detectaron que $576,543, que debían ser entregados a la empresa China Construcción, fueron desviados a cuentas del Instituto Internacional para el Tratamiento de Enfermedades Inmunodepresoras (Atenas) y a la sociedad Salud Panamá. El desvío de los fondos fue gestionado por funcionarios de la Dirección del Minsa en Herrera, que solicitaron al MEF el cambio del número de las cuentas de China Construcción, a la que se le debían entregar los $576,543. Los nuevos números de cuenta no pertenecían a la empresa, sino al Instituto Internacional para el Tratamiento de Enfermedades Inmunodepresoras (Atenas) y a la sociedad Salud Panamá. La investigación del Ministerio Público reveló que Tribunal revoca fallo y envía a funcionarios del MEF y Minsa a prisión MEDIDAS CAUTELARES la gestión para el cambio de los números de cuenta se hizo desde la Dirección Regional de Salud de Herrera, al Departamento de Tesorería del MEF, cuyos funcionarios tenían acceso al sistema Istmo desde donde se hizo el cambio de las cuentas para proceder con la transferencia de los $576,000. Un informe de la Unidad de Análisis Financiero de la Dirección de Investigación Judicial reveló que algunos de los funcionarios del MEF y del Minsa recibieron transferencias por sumas que van desde los $300 hasta los $5,000, sin que dichos recursos tuvieran justificación. Una sola de las cuentas de los imputados recibió fondos por la suma $280,000, sin que existieran reportes de alguna actividad comercial que sustentara el desembolso de esa cantidad de dinero. El Tribunal de Apelaciones conformado por los magistrados Eric Vergara, José Carrera y Adrián Hernández confirmó las medidas cautelares al resto de los imputados. Juan Manuel Díaz [email protected] Agentes de la DIJ durante los allanamientos en busca de los implicados en la red de corrupción. Cortesía Se realizarán cierres intermitentes de tres carriles en la autopista, por lo que se pide atender las señales. Cortesía/MOP Panorama
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