4A La Prensa Panamá, sábado 19 de julio de 2025 Panorama Yasser Yánez García [email protected] Boyas meteorológicas donadas por la ACP. Cortesía ACP traspasa boyas meteorológicas a la ARAP PROYECTO CIENTÍFICO La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) traspasó formalmente dos boyas meteorológicas y oceánicas a la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), las cuales serán utilizadas para fines científicos en el archipiélago de las Perlas. Durante el acto, el capataz general de talleres de la ACP, Alfredo Domínguez, explicó que los equipos están diseñados para incorporar sistemas de medición de variables como viento, salinidad y corrientes marinas, herramientas esenciales para el monitoreo oceánico. Por su parte, el secretario general de la ARAP, Víctor Tam, destacó que esta donación permitirá avanzar en un proyecto conjunto entre la ARAP, organizaciones no gubernamentales ambientales y el sector privado, orientado a la realización de estudios oceanográficos y de especies marinas migratorias en la región del Pacífico panameño. Contó además que, una vez instaladas las boyas, estas serán monitoreadas desde el Centro de Control y Seguimiento Pesquero de la ARAP, lo que facilitará la recolección de datos para investigaciones científicas y de conservación marina. Tam agradeció a la ACP por esta contribución, calificándola como un paso importante para el fortalecimiento de la gestión ambiental y pesquera del país. En el acto también participaron representantes de la Contraloría General de la República y del Ministerio de Economía y Finanzas, quienes supervisaron el traspaso de los bienes conforme a los procedimientos establecidos. Jackeline Muñoz, ministra de Trabajo, anunció el 17 de julio que el Mitradel solicitaría la disolución del Suntracs. Cortesía La ruta legal que sigue el caso Suntracs Eliana Morales Gil [email protected] DERECHO LABORAL ¿Qué dice la ley panameña sobre la disolución de sindicatos? Esta nota explica, paso a paso, el proceso legal que impulsa el gobierno y los escenarios posibles. La demanda que interpuso el Ministerio de Trabajo para disolver el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs), considerado el más influyente del país, es un hecho inédito que sacude al sistema laboral panameño. ¿Qué significa esto en términos legales? ¿Qué puede pasar ahora? ¿Y cuánto tiempo podría tomar? Para entender el proceso que sigue, La Prensa entrevistó a Candelario Santana, jurista especializado en derecho del trabajo y profesor universitario, quien explicó con claridad el procedimiento. ¿Dónde cae la demanda? La ruta arranca en los juzgados seccionales de trabajo de la ciudad de Panamá, ubicados en Plaza Edison, entre la vía Transístmica y la vía Ricardo J. Alfaro, en el corregimiento de Betania. Hay cuatro despachos y, por sorteo, uno de ellos recibirá el expediente. Los jueces a cargo son Rafael Pinzón, Orlando Tobares, Gilberto Hughes y Nicodemus Rodríguez. Una vez asignado el caso, el juzgado deberá notificar al sindicato y darle un breve plazo para responder la demanda. El Suntracs debe entonces designar abogados, presentar su defensa y prepararse para una audiencia que, según el artículo 991 del Código de Trabajo, puede resolverse incluso en el acto. ¿Qué tan rápido puede avanzar el proceso? A diferencia de otros procesos laborales que pueden tardar meses o años, este juicio se tramita por la vía especial abreviada, explicó Santana. “En una semana pueden estar notificando, a la siguiente fijar audiencia, y el fallo podría salir en 15 días”, dijo. Aunque la ley permite que el juez falle en la audiencia misma, también puede tomarse unos días más para deliberar. ¿Qué pasa si el juez le da la razón al ministerio? La parte que pierda, ya sea el sindicato o el Estado, podrá apelar ante el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial, compuesto por cinco magistrados. Allí el proceso podría extenderse por semanas o meses. Y si persisten las discrepancias, el caso puede escalar a la Corte Suprema de Justicia, a través de un recurso de casación laboral ante la Sala Tercera. ¿Qué tiene que probar el ministerio? El argumento del Ministerio de Trabajo es que el sindicato ha dejado de cumplir con los fines para los que fue creado. Pero, según Santana, la carga de la prueba recae en quien demanda, es decir, en el Estado. Debe demostrar, por ejemplo, si Suntracs incurrió en actividades que desbordan su misión sindical: actos comerciales, uso indebido de fondos, o excesiva participación política. “El problema es que a veces los sindicatos se contagian de ideologías y se desvían del sindicalismo puro”, dijo Santana. “Si se volvieron más comerciantes que sindicalistas, eso podría justificar la acción del Estado… pero hay que probarlo con evidencias claras”, añadió. ¿Y qué puede alegar Suntracs? Para defenderse, el sindicato puede demostrar que ha cumplido con sus estatutos y con lo que establece el Código de Trabajo, que ha representado a los trabajadores en sus luchas legítimas y ha promovido condiciones laborales más justas. “Tienen abogados, tienen estructura, deben tener pruebas también”, asegura el jurista. ¿Hay antecedentes de algo así? No con esta magnitud. Santana recuerda intentos históricos de proscribir sindicatos, como ocurrió con el sindicato bananero en Puerto Armuelles, Chiriquí; o con el Partido Comunista. Pero una demanda para disolver a un sindicato como Suntracs, con presencia nacional y miles de afiliados, no tiene precedentes cercanos. Un mensaje para ambos bandos Más allá del pleito jurídico, Santana lanza una advertencia con equilibrio: ni los sindicatos deben olvidar su razón de ser ni el Estado puede caer en intervencionismos excesivos. “El sindicalismo debe replantearse. No estamos en la era de la Revolución Industrial, estamos en la era de la inteligencia artificial”, dijo. “Y por otro lado, el Estado debe actuar con responsabilidad, sin extralimitarse, porque la libertad sindical es un derecho constitucional y protegido internacionalmente”. Lo que ocurra en las próximas semanas definirá no solo el futuro del sindicato más poderoso del país, sino también el rumbo del sindicalismo panameño. El pasado jueves en la tarde, Jackeline Muñoz, ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, informó que la demanda está sustentada en el artículo 392 del Código de Trabajo y que responde a múltiples denuncias y hechos que evidencian cómo, bajo la fachada de una organización sindical, se han cometido actos reiterados de extorsión, violencia, estafa, abuso de poder y uso indebido de recursos. Yolanda Sandoval [email protected] Bernardo Meneses. Archivo Ifarhu formaliza querella contra exdirector Bernardo Meneses INVESTIGACIÓN JUDICIAL La administración del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) se unió al proceso judicial en contra del exdirector de la institución, Bernardo Meneses, y presentó una querella penal en su contra, por la presunta comisión de delitos contra la administración pública. La acción interpuesta ante la Fiscalía Anticorrupción se basa en las irregularidades detectadas en el otorgamiento de auxilios económicos durante 2019 y 2020, documentadas y atribuídas a Meneses. El documento fija una cuantía provisional de $25 millones como lesión patrimonial al Estado. Entre las anomalías se señala la falta de controles, el uso arbitrario de fondos, y el otorgamiento de beneficios a personas que no cumplían con criterios mínimos de necesidad o mérito académico. Puntos clave de la querella ¿Quién presenta la querella y contra quién? El Ifarhu, representado por su actual director Carlos Godoy, presenta la acción penal contra Meneses, exdirector de la institución. ¿Qué delitos se denuncian? Delitos contra la administración pública, específicamente distintas formas de peculado, de acuerdo con el Código Penal de Panamá. ¿Qué monto está en juego? Se estima un perjuicio económico provisional de $25 millones, derivados de asignaciones irregulares de auxilios económicos. ¿Qué reveló una auditoría de la Contraloría? De 1,016 expedientes revisados, 898 presentaban irregularidades, lo que equivale al 88% de los casos. Se encontraron expedientes sin matrícula, sin diplomas, ni reportes de avances académicos, que son requisitos escenciales para la justificación y otorgamiento de fondos. Ejemplos de casos señalados en la querella: $690,000 fueron transferidos a un instituto en Inglaterra para cursos de inglés presenciales, pero se comprobó que algunos se dictaron en modalidad virtual, lo que incumple lo pactado. Además, los pagos fueron realizados a través de intermediarios, cuando las normas del IFarhu exigen que se hagan directamente a la entidad educativa. $500,000 fueron otorgados a un supuesto grupo de estudiantes de Bocas del Toro, quienes no asistieron a los cursos y no rindieron informes académicos. ¿Cómo se autorizaron los auxilios? Según testimonios recopilados en las investigaciones, los auxilios económicos eran autorizados directamente por Meneses, al margen de los procedimientos y sin evaluación técnica, lo que evidencia un uso arbitrario de recursos públicos. ¿Por qué se considera grave el caso? Porque las asignaciones irregulares no solo causaron un daño económico al Estado, sino que obstaculizaron el acceso justo a oportunidades educativas, privando de recursos a estudiantes con excelencia académica y en condiciones de pobreza. ¿Cuál es el estado del proceso? La investigación fue abierta formalmente por el Ministerio Público el 30 de noviembre de 2023. La querella se apoya en informes de auditoría, diligencias realizadas por la Fiscalía Anticorrupción y documentación interna del Ifarhu.
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