1A La Prensa Panamá, sábado 19 de julio de 2025 El medio libre de Panamá 75¢ Sábado 19 de julio de 2025 - Año 44 - Nº 15082 Hoy por hoy En un país donde la educación sigue siendo la única vía real para romper el ciclo de la pobreza, lo ocurrido en el Ifarhu no es un simple caso de corrupción más. Es una traición al futuro de miles de jóvenes que, con talento y esfuerzo, buscan una oportunidad para salir adelante. Durante años exigimos sin éxito que se publicaran los beneficiarios de auxilios y becas. Cuando finalmente logramos acceso a la información, lo que descubrimos fue indignante: personas allegadas al poder, con medios de sobra y sin méritos académicos evidentes, recibiendo sumas millonarias para estudiar carreras sin mayor rigor. La actual administración del Ifarhu ha dado un paso importante al presentar una querella penal contra su exdirector. Pero este no fue un delito de un solo hombre. La desfachatez, la opacidad y el abuso sistemático de los fondos públicos deben ser investigados hasta el fondo por el Ministerio Público. Porque lo que está en juego no es solo dinero malgastado: es la esperanza de un país más justo. Y eso, sencillamente, no se perdona. Ellas.pa Una noche de tradición en el Festival de Debutantes 5B Ainstein asume el reto de revivir al Árabe Unido 4B Deportes Suntracs alude a ‘patraña’; Capac mantiene convenio Juan Manuel Díaz Eliana Morales Gil [email protected] PROCESO El sindicato denunció persecución tras la demanda del Mitradel, mientras Capac reconoció que los derechos laborales adquiridos no se verán afectados. El Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs) rechazó la demanda presentada por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) para su disolución, calificándola de “patraña” y anunciando acciones legales para defender sus derechos, incluyendo recursos ante organismos internacionales. Los dirigentes y abogados del sindicato aseguraron que la protesta social es Chapman proyecta 4% de crecimiento en 2025 El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, reafirmó que el Gobierno mantiene su proyección de crecimiento económico del 4% en 2025, pese al impacto por la salida de Chiquita en Bocas del Toro. Aunque calificó esa pérdida como “devastadora” paReyna Katiuska Hernández [email protected] Docentes exigen reintegro y Meduca lanza advertencia EDUCACIÓN Yaritza Mojica [email protected] Docentes separados por el Meduca tras participar en huelgas continúan protestando frente a sus centros educativos para exigir su reintegro, mientras el Ministerio de Educación calificó como “inaceptable” la participación de estudiantes en esas manifestaciones. La entidad recordó que los procesos administrativos contra los educadores ya estaban en marcha antes del acuerdo del 11 de julio y aseguró que se respetan las garantías del debido proceso. Además, advirtió sobre el riesgo de pérdida del año escolar. VEA 5A La huelga se extendió por más de 80 días. Archivo El Ifarhu se convierte en querellante en proceso penal contra Meneses El Ifarhu se constituyó como querellante en el proceso penal contra su exdirector Bernardo Meneses, a quien señala por presuntos delitos contra la administración pública. La querella, presentada ante la Fiscalía Anticorrupción, se fundamenta en irregularidades detectadas en el otorgamiento de auxilios económicos durante 2019 y 2020. VEA 4A La Prensa patrocina al Fénix Chorrillo FC Campeón del fútbol femenino de Panamá El gerente general de Corporación La Prensa, Juan Carlos Planells (der) firmó un acuerdo de patrocinio con Luis César (izq.), gerente general del Club Fénix Chorrillo FC. El Fenix es el actual campeón del fútbol femenino panameño. El Fénix debutará en la Copa de Campeones Femenina de la Concacaf el 19 de agosto contra Pachuca en México. VEA 4B Alexander Arosemena legítima y denunciaron que las causales invocadas por el Mitradel son falsas. Por su parte, la Cámara Panameña de la Construcción (Capac) reafirmó que la Convención Colectiva 2022–2025 con Suntracs sigue vigente y que los derechos laborales adquiridos no se verán afectados pese a la demanda. Capac destacó que estos acuerdos han sido fundamentales para el desarrollo del sector y el bienestar de los trabajadores, y respaldó la labor del Mitradel en garantizar que las organizaciones sindicales actúen dentro del marco legal y en defensa de los derechos laborales. VEA 2A Y 4A ra la provincia, aseguró que el efecto macroeconómico es limitado. Chapman defendió los avances del primer año de gestión, destacando la estabilización de las finanzas, el aumento del 13% en la recaudación tributaria, y el combate a los abusos fiscales, sin necesidad de subir impuestos ni promover por ahora una reforma fiscal. VEA1B Muere Felix Baumgartner, la primera persona que saltó a la Tierra desde el espacio y rompió la barrera del sonido www.prensa.com/bbc/
2A La Prensa Panamá, sábado 19 de julio de 2025 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Eliana Morales Gil [email protected] Alejandro Ferrer, presidente de la Capac. Archivo El Suntracs está ante su mayor prueba Dirigentes políticos, representantes de organizaciones de la sociedad civil, juristas, diputados, entre otros actores, se pronunciaron sobre la demanda que presentó el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Labnoral (Mitradel) para disolver al otrora poderoso Suntracs. Hay voces a favor, la mayoría de ellas cercanas al gobierno de José Raúl Mulino, y voces en contra. Blandón vs Muñoz Uno de los más críticos de la medida es el presidente del Partido Panameñista, José Isabel Blandón. “Este Gobierno ha criminalizado la protesta social. Su primera respuesta a cualquier manifestación es la represión. No es un tema exclusivamente contra la ‘izquierda no democrática’ o el Suntracs, es contra todo aquel que proteste, ya sea que lo haga por falta de agua o un cambio de zonificación, sea un ciudadano común o una autoridad local”, escribió en X. En respuesta, Jackeline Muñoz, ministra de Trabajo, le lanzó un dardo cargado de veneno. “Es evidente que durante sus viajes a China intercambiaron información, lo cual demuestra un conocimiento profundo y estratégico del tema. Nuestro compromiso como gobierno es garantizar la seguridad y el respeto a la ley, actuando con responsabilidad y sin permitir que intereses particulares y politiqueros perturben la tranquilidad del país”. Blandón le respondió. “No le voy a contestar como corresponde, porque sé que está siguiendo órdenes”. El pasado jueves en la tarde Muñoz informó que la demanda está sustentada en el artículo 392 del Código de Trabajo y que responde a múltiples denuncias y hechos que evidencian cómo, bajo la fachada de una organización sindical, se han cometido actos reiterados de extorsión, violencia, estafa, abuso de poder y uso indebido de recursos. ¿Cuál es el mensaje...? Ernesto Cedeño, diputado del Movimiento Otro Camino y miembro de la bancada Seguimos, se posicionó en la acera de los que recriminan la acción.“No estoy de acuerdo en que el gobierno extermine al Suntracs en Panamá”, afirmó. Cedeño piensa que al sindicato “hay que darle una oportunidad en la reingeniería que piensan hacer”. El pasado lunes, Suntracs anunció que renovará su junta directiva en agosto próximo. El diputado también argumenta que el Ejecutivo debe analizar: “¿Cuál es el mensaje que están mandando?”. “El mensaje de exterminio en un Estado de derecho debe ser la última acción”, añadió. Los procesos Recordó que aún no se ha emitido sentencia sobre los procesos judiciales que se les siguen a varios de sus dirigentes. Genaro López y Jaime Caballero, miembros de la cúpula del colectivo, enfrentan investigaciones judiciales. Mientras que Saúl Méndez, secretaYasser Yánez García [email protected] Convención colectiva sigue vigente, dice Capac La Cámara Panameña de la Construcción (Capac) aseguró ayer que la Convención Colectiva de Trabajo 2022–2025, firmada con el Suntracs, mantiene plena vigencia, a pesar de la demanda de disolución presentada por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) contra el sindicato. En un comunicado, la Capac reiteró también que “los derechos adquiridos no serán afectados” y que “las condiciones laborales pactadas seguirán siendo respetadas y aplicadas” conforme a la legislación laboral panameña y al convenio colectivo vigente. “La Capac ha negociado y suscrito convenios colectivos durante los últimos 50 años con el objetivo de garantizar reglas claras y sostenibles para todos los actores del sector”, señala el comunicado. “Estos acuerdos nunca han tenido como fin respaldar irregularidades o conductas fuera de la ley”, indicó el gremio empresarial. El gremio resaltó que las convenciones colectivas han sido utilizadas como herramientas para impulsar el desarrollo del sector construcción y mejorar las condiciones laborales de miles de trabajadores panameños. La organización también respaldó el rol de fiscalización del Mitradel en el cumplimiento de las normas que regulan el funcionamiento de las organizaciones sindicales, subrayando que es fundamental que “estas actúen conforme a los principios de defensa de los derechos laborales y dentro del marco de la institucionalidad”. En el orden usual, Mario Prado (abogado), Jorge Ardines (dirigente sindical), Antonio Vargas (abogado), Rolando Murgas Torraza (abogado), Reinaldo Garcés (dirigente sindical), y Celma Moncada (abogada). Juan M. Díaz ‘Esta patraña se va a caer’, responde el Suntracs ante anuncio de disolución Juan Manuel Díaz [email protected] SINDICALISMO Y DEMOCRACIA Luego del anuncio del Ministerio de Trabajo de que solicitará la disolución del sindicato, representantes de ese organismo que agrupa a obreros de la construcción dijo que recurrirán a la CIDH. ‘ Esta patraña se va a caer’, dijo uno de los dirigentes del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs), en referencia a la demanda que presentó el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) para disolver la organización. En una rueda de prensa celebrada en su sede de Calidonia, dirigentes y abogados del sindicato repudiaron la medida y anunciaron acciones para defenderse. “La protesta social es legítima”, dijo uno de los abogados. Por lo pronto, recordaron que el Suntracs ya tiene quejas presentadas ante el Comité de Libertad Sindical contra el gobierno, y que esta nueva acción se suma a ellas. También anunciaron que llevarán el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El abogado Antonio Vargas, por su lado, aseguró que las causales que invocó el Mitradel para presentar la demanda son falsas. Tildaron de “amañadas” las pruebas y alegaron que el caso no tiene fundamento jurídico. Además, anunciaron la presentación de acciones legales contra la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, tras el anuncio del proceso para la disolución de esa organización obrera. Antonio Vargas, del equipo legal del Suntracs, detalló que la ministra ilegalmente ha ordenado la retención de la cuota sindical que se les descuenta a los obreros afiliados al sindicato, sin que el proceso, presentado ante el Juzgado Primero Seccional de Trabajo, esté concluido. Vargas acusó al gobierno de haber orquestado todo un movimiento para intentar desaparecer al Suntracs, olvidando que todo trabajador tiene derecho a la sindicalización y que esa organización se ha mantenido vigente por años, logrando conquistas a favor de los obreros de la construcción. En tanto, Rolando Murgas Torraza también del equipo legal de Suntracs, alegó que ya se han presentado quejas contra el gobierno ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Murgas Torraza calificó como un atentado contra la democración el anuncio del gobierno de desaparecer a ese organización sindical. Por otra parte, el dirigente Reinaldo Garcés aseguró que Suntracs acudirá a las conversaciones con la Cámara Panameña de la Construcción (Capac) para la firma de una nueva convención colectiva de trabajo. Garcés apuntó que en este rio general, se encuentra refugiado en la embajada de Bolivia luego de declararse perseguido por el gobierno de Mulino. En medio del interés que genera el tema, también surgió otro lado de la historia. La politóloga Sabrina Bacal se pregunta, entonces, ¿por qué el gobierno ordenó abrirle las cuentas? “Si los delitos contra la dirigencia del Suntracs se están investigando desde hace años, ¿por qué el gobierno dio la instrucción de reabrir sus cuentas bancarias en agosto de 2024?”, planteó en X. En la rueda de prensa que el sindicato dio ayer, uno de los abogados confirmó que en 2024, el presidente Mulino dio la orden para abrirle las cuentas bancarias luego de una reunión. En noviembre de 2023, en medio de las masivas protestas ciudadanas en contra del contrato entre el Estado y Minera Panamá S.A., el gobierno de Laurentino Cortizo ordenó cerrarle las cuentas al sindicato. En ese momento se les acusó de terrorismo. El secretario general de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi), Marco Andrade, fue otro de los que se solidarizó con el grupo. “Persiguieron, judicializaron y encarcelaron a los máximos dirigentes de Suntracs, pero vieron que hay muchos más dirigentes; ahora intentan eliminarlos, quitarle su personería jurídica. Dictadura civil es lo que estamos viendo”, aseguró. No obstante, otros sectores lo celebran. “La caída de Suntracs no es el final de un sindicato, es el principio del fin de un modelo tóxico. Si CAPAC no se reinventa, el ciclo se repetirá. Es hora de liberar al sector construcción del chantaje y apostar por negociaciones directas, modernas y justas”, escribió en X Gabriel de Obarrio, asesor financiero. caso las negociaciones continuarán como hasta ahora y que también el Suntracs tiene previsto la escogencia de una nueva junta directiva. Mientras tanto, los ministros del gobierno de Mulino cerraron filas con la decisión anunciada por la ministra Muñoz. Julio Moltó, de Comercio e Industria, dijo: “No es aceptable que una organización sindical sea utilizada como escudo para acciones que atenten contra el orden, la convivencia y el bienestar colectivo”. Su colega Felipe Chapman, titular de Economía y Finanzas, ponderó el compromiso de la ministra Muñoz “con la institucionalidad democrática al tomar una decisión valiente”. Constitución Datos de interés del sindicato obrero El Suntracs fue fundado en septiembre de 1972 en Calidonia. De acuerdo con datos publicados por la propia organización, nació como fruto de la unión de obreros clandestinos de albañilería, carpintería y reforzadores. Su asamblea de constitución fue liderada por figuras como Hipólito Alvarado y José Rayo, con el objetivo de frenar los salarios indignos, condiciones precarias y jornadas extenuantes. Obtuvieron la personería jurídica en 1973 y, un año después, en 1974, negociaron su primera convención colectiva con la CAPAC. En 1990, Genaro López asumió la secretaría general hasta 2010, cuando pasó el liderazgo a Saúl Méndez.
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4A La Prensa Panamá, sábado 19 de julio de 2025 Panorama Yasser Yánez García [email protected] Boyas meteorológicas donadas por la ACP. Cortesía ACP traspasa boyas meteorológicas a la ARAP PROYECTO CIENTÍFICO La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) traspasó formalmente dos boyas meteorológicas y oceánicas a la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), las cuales serán utilizadas para fines científicos en el archipiélago de las Perlas. Durante el acto, el capataz general de talleres de la ACP, Alfredo Domínguez, explicó que los equipos están diseñados para incorporar sistemas de medición de variables como viento, salinidad y corrientes marinas, herramientas esenciales para el monitoreo oceánico. Por su parte, el secretario general de la ARAP, Víctor Tam, destacó que esta donación permitirá avanzar en un proyecto conjunto entre la ARAP, organizaciones no gubernamentales ambientales y el sector privado, orientado a la realización de estudios oceanográficos y de especies marinas migratorias en la región del Pacífico panameño. Contó además que, una vez instaladas las boyas, estas serán monitoreadas desde el Centro de Control y Seguimiento Pesquero de la ARAP, lo que facilitará la recolección de datos para investigaciones científicas y de conservación marina. Tam agradeció a la ACP por esta contribución, calificándola como un paso importante para el fortalecimiento de la gestión ambiental y pesquera del país. En el acto también participaron representantes de la Contraloría General de la República y del Ministerio de Economía y Finanzas, quienes supervisaron el traspaso de los bienes conforme a los procedimientos establecidos. Jackeline Muñoz, ministra de Trabajo, anunció el 17 de julio que el Mitradel solicitaría la disolución del Suntracs. Cortesía La ruta legal que sigue el caso Suntracs Eliana Morales Gil [email protected] DERECHO LABORAL ¿Qué dice la ley panameña sobre la disolución de sindicatos? Esta nota explica, paso a paso, el proceso legal que impulsa el gobierno y los escenarios posibles. La demanda que interpuso el Ministerio de Trabajo para disolver el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs), considerado el más influyente del país, es un hecho inédito que sacude al sistema laboral panameño. ¿Qué significa esto en términos legales? ¿Qué puede pasar ahora? ¿Y cuánto tiempo podría tomar? Para entender el proceso que sigue, La Prensa entrevistó a Candelario Santana, jurista especializado en derecho del trabajo y profesor universitario, quien explicó con claridad el procedimiento. ¿Dónde cae la demanda? La ruta arranca en los juzgados seccionales de trabajo de la ciudad de Panamá, ubicados en Plaza Edison, entre la vía Transístmica y la vía Ricardo J. Alfaro, en el corregimiento de Betania. Hay cuatro despachos y, por sorteo, uno de ellos recibirá el expediente. Los jueces a cargo son Rafael Pinzón, Orlando Tobares, Gilberto Hughes y Nicodemus Rodríguez. Una vez asignado el caso, el juzgado deberá notificar al sindicato y darle un breve plazo para responder la demanda. El Suntracs debe entonces designar abogados, presentar su defensa y prepararse para una audiencia que, según el artículo 991 del Código de Trabajo, puede resolverse incluso en el acto. ¿Qué tan rápido puede avanzar el proceso? A diferencia de otros procesos laborales que pueden tardar meses o años, este juicio se tramita por la vía especial abreviada, explicó Santana. “En una semana pueden estar notificando, a la siguiente fijar audiencia, y el fallo podría salir en 15 días”, dijo. Aunque la ley permite que el juez falle en la audiencia misma, también puede tomarse unos días más para deliberar. ¿Qué pasa si el juez le da la razón al ministerio? La parte que pierda, ya sea el sindicato o el Estado, podrá apelar ante el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial, compuesto por cinco magistrados. Allí el proceso podría extenderse por semanas o meses. Y si persisten las discrepancias, el caso puede escalar a la Corte Suprema de Justicia, a través de un recurso de casación laboral ante la Sala Tercera. ¿Qué tiene que probar el ministerio? El argumento del Ministerio de Trabajo es que el sindicato ha dejado de cumplir con los fines para los que fue creado. Pero, según Santana, la carga de la prueba recae en quien demanda, es decir, en el Estado. Debe demostrar, por ejemplo, si Suntracs incurrió en actividades que desbordan su misión sindical: actos comerciales, uso indebido de fondos, o excesiva participación política. “El problema es que a veces los sindicatos se contagian de ideologías y se desvían del sindicalismo puro”, dijo Santana. “Si se volvieron más comerciantes que sindicalistas, eso podría justificar la acción del Estado… pero hay que probarlo con evidencias claras”, añadió. ¿Y qué puede alegar Suntracs? Para defenderse, el sindicato puede demostrar que ha cumplido con sus estatutos y con lo que establece el Código de Trabajo, que ha representado a los trabajadores en sus luchas legítimas y ha promovido condiciones laborales más justas. “Tienen abogados, tienen estructura, deben tener pruebas también”, asegura el jurista. ¿Hay antecedentes de algo así? No con esta magnitud. Santana recuerda intentos históricos de proscribir sindicatos, como ocurrió con el sindicato bananero en Puerto Armuelles, Chiriquí; o con el Partido Comunista. Pero una demanda para disolver a un sindicato como Suntracs, con presencia nacional y miles de afiliados, no tiene precedentes cercanos. Un mensaje para ambos bandos Más allá del pleito jurídico, Santana lanza una advertencia con equilibrio: ni los sindicatos deben olvidar su razón de ser ni el Estado puede caer en intervencionismos excesivos. “El sindicalismo debe replantearse. No estamos en la era de la Revolución Industrial, estamos en la era de la inteligencia artificial”, dijo. “Y por otro lado, el Estado debe actuar con responsabilidad, sin extralimitarse, porque la libertad sindical es un derecho constitucional y protegido internacionalmente”. Lo que ocurra en las próximas semanas definirá no solo el futuro del sindicato más poderoso del país, sino también el rumbo del sindicalismo panameño. El pasado jueves en la tarde, Jackeline Muñoz, ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, informó que la demanda está sustentada en el artículo 392 del Código de Trabajo y que responde a múltiples denuncias y hechos que evidencian cómo, bajo la fachada de una organización sindical, se han cometido actos reiterados de extorsión, violencia, estafa, abuso de poder y uso indebido de recursos. Yolanda Sandoval [email protected] Bernardo Meneses. Archivo Ifarhu formaliza querella contra exdirector Bernardo Meneses INVESTIGACIÓN JUDICIAL La administración del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) se unió al proceso judicial en contra del exdirector de la institución, Bernardo Meneses, y presentó una querella penal en su contra, por la presunta comisión de delitos contra la administración pública. La acción interpuesta ante la Fiscalía Anticorrupción se basa en las irregularidades detectadas en el otorgamiento de auxilios económicos durante 2019 y 2020, documentadas y atribuídas a Meneses. El documento fija una cuantía provisional de $25 millones como lesión patrimonial al Estado. Entre las anomalías se señala la falta de controles, el uso arbitrario de fondos, y el otorgamiento de beneficios a personas que no cumplían con criterios mínimos de necesidad o mérito académico. Puntos clave de la querella ¿Quién presenta la querella y contra quién? El Ifarhu, representado por su actual director Carlos Godoy, presenta la acción penal contra Meneses, exdirector de la institución. ¿Qué delitos se denuncian? Delitos contra la administración pública, específicamente distintas formas de peculado, de acuerdo con el Código Penal de Panamá. ¿Qué monto está en juego? Se estima un perjuicio económico provisional de $25 millones, derivados de asignaciones irregulares de auxilios económicos. ¿Qué reveló una auditoría de la Contraloría? De 1,016 expedientes revisados, 898 presentaban irregularidades, lo que equivale al 88% de los casos. Se encontraron expedientes sin matrícula, sin diplomas, ni reportes de avances académicos, que son requisitos escenciales para la justificación y otorgamiento de fondos. Ejemplos de casos señalados en la querella: $690,000 fueron transferidos a un instituto en Inglaterra para cursos de inglés presenciales, pero se comprobó que algunos se dictaron en modalidad virtual, lo que incumple lo pactado. Además, los pagos fueron realizados a través de intermediarios, cuando las normas del IFarhu exigen que se hagan directamente a la entidad educativa. $500,000 fueron otorgados a un supuesto grupo de estudiantes de Bocas del Toro, quienes no asistieron a los cursos y no rindieron informes académicos. ¿Cómo se autorizaron los auxilios? Según testimonios recopilados en las investigaciones, los auxilios económicos eran autorizados directamente por Meneses, al margen de los procedimientos y sin evaluación técnica, lo que evidencia un uso arbitrario de recursos públicos. ¿Por qué se considera grave el caso? Porque las asignaciones irregulares no solo causaron un daño económico al Estado, sino que obstaculizaron el acceso justo a oportunidades educativas, privando de recursos a estudiantes con excelencia académica y en condiciones de pobreza. ¿Cuál es el estado del proceso? La investigación fue abierta formalmente por el Ministerio Público el 30 de noviembre de 2023. La querella se apoya en informes de auditoría, diligencias realizadas por la Fiscalía Anticorrupción y documentación interna del Ifarhu.
5A La Prensa Panamá, sábado 19 de julio de 2025 Panorama Las autoridades del Ministerio de Educación (Meduca) calificaron como “inaceptable” el uso de estudiantes como medio de presión en luchas gremiales, en referencia a las protestas realizadas ayer por docentes separados de sus cargos y que están siendo procesados administrativamente. Jaime Castillo, asesor legal del Meduca, manifestó en rueda de prensa que en algunos centros educativos —donde dirigentes gremiales están siendo investigados por abandono del puesto— se han detectado focos de protesta en los que se utiliza a los estudiantes para reforzar la presión. “No se puede estar utilizando a los estudiantes para este tipo de manifestaciones”, advirtió Castillo. Recordó que los estudiantes tienen derecho a educarse, pero que, por su condición de niños, niñas y adolescentes, deben ser protegidos. Esa responsabilidad principal también recae sobre los educadores. Agregó que las acciones observadas en algunos planteles —principalmente en la provincia de Panamá— contradicen los acuerdos pactados, y que el Meduca no puede tolerarlas. Las protestas donde participaron estudiantes se dieron en el Instituto José Dolores Moscote, en ciudad de Panamá, y los colegios Abel Bravo y José Guardia Vega en la provincia de Colón. También han protestado esta semana los educadores del Centro Educativo Básico General Manuel Urbano Ayarza. Castillo subrayó que, durante 2025 se han perdido muchas clases debido a los 80 días de paralización docente, y que ya no hay margen para seguir postergando la atención en las aulas. “No solo está en riesgo el año escolar —lo cual es una verdad innegable—, también está en riesgo que los estudiantes repitan de grado. Esa es una lesión que, como Ministerio, no podemos permitir ni guardar silencio”, indicó. Luis Herrera, secretario general del Meduca, afirmó que han cumplido todos y cada uno de los compromisos adquiridos en la Declaración de Principios. Aclaró que, antes de la firma del acuerdo, ya se habían iniciado procesos administrativos contra aproximadamente 700 docentes que suspendieron de forma unilateral e ilegal el proceso de enseñanza-aprendizaje y que “estos procesos deben continuar, garantizando el derecho al debido proceso para que cada docente pueda presentar los recursos legales correspondientes, los cuales serán resueltos mediante las resoluciones respectivas”. El asesor legal también remarcó que no se están iniciando nuevos procesos disciplinarios desde el lunes posterior a la firma del acuerdo. Lo que se está resolviendo en cada plantel corresponde a las etapas finales de los procesos ya iniciados, en los que los docentes han presentado los recursos que la ley les permite. Estas resoluciones están siendo gestionadas conforme al derecho administrativo, y corresponde a los directores de plantel dar seguimiento a cada caso. Edwin Gordón, director General de Educación, aclaró que el Meduca garantizó desde el primer momento que ningún estudiante se quedaría sin profesor y, tras las notificaciones a docentes investigados por abandono de puesto, se ha alcanzado una cobertura superior al 90% de las vacantes generadas. “Queremos dejar claro que actualmente no hay ningún docente destituido. Los mensajes que buscan generar confusión o zozobra carecen de fundamento. Los procesos en curso buscan determinar si hubo abandono de funciones, conforme al compromiso asumido por los gremios y el Meduca ante la Asamblea Nacional y el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep)”, añadió. En virtud de ese compromiso, se estableció un plazo de cinco días para responder a cada recurso interpuesto, y el Meduca ha cumplido con ello, dijo. Meduca rechaza uso de estudiantes en protestas Momento en que una profesora de Asoprof es aprehendida durante las protestas (Izq.) y escena de uno de los dirigentes magisteriales cuando firma el acuerdo sellado el 11 de julio con el Meduca. LP Docentes separados de sus puestos exigen reintegro Yaritza Mojica [email protected] Yaritza Mojica [email protected] EDUCACIÓN OFICIAL El acuerdo firmado el 11 de julio señala que el Meduca no pagará los salarios correspondientes a los días no laborados y que los procesos administrativos ya iniciados continuarán según lo establece la ley. Los docentes que estaban en paro de labores y que fueron separados de sus puestos mediante procesos administrativos por parte del Ministerio de Educación (Meduca) protestaron ayer en los predios de los centros educativos, exigiendo que se les permita el reintegro a las clases. En ese grupo están docentes del Instituto José Dolores Moscote, en la ciudad de Panamá, y de los colegios Abel Bravo y José Guardia Vega, en la provincia de Colón. También protestaron esta semana los educadores del Centro Educativo Básico General (CEBG) Manuel Urbano Ayarza. En el Moscote, el Abel Bravo y el Guardia Vega, los estudiantes también protestaron. Tanto los docentes que estuvieron protestando en las afueras de los planteles como los estudiantes exigen a la ministra de Educación, Lucy Molinar, el reintegro de los profesores a sus respectivos centros educativos. Hasta el pasado 11 de julio, cuando la ministra de Educación y los gremios magisteriales firmaron el acuerdo denominado “Declaración de Principios por la Educación y por el Retorno Inmediato e Ininterrumpido de Clases”, 700 docentes habían sido notificados por las autoridades educativas de sus procesos. Como parte del acuerdo, el Meduca advirtió que no se pagarán los salarios correspondientes a los días no laborados y que los procesos administrativos ya iniciados continuarán según lo establece la ley, respetando el debido proceso. Además, se estableció que los educadores mantendrán su derecho al debido proceso y a la defensa legal. No obstante, Diógenes Sánchez, dirigente y miembro de la Asociación de Profesores de Panamá (Asoprof), exigió a las autoridades del Meduca que “cumplan con el compromiso” de permitir el retorno de todos los docentes separados de sus puestos de trabajo. “Hablamos de casi 700 educadores a nivel nacional que estamos plenamente dispuestos a reincorporarnos a nuestras funciones. El único delito que hemos cometido es luchar por mejorar las pensiones en este país. Como consecuencia de ello, hemos sido injustamente separados”, indicó. El dirigente informó que en el Instituto José Dolores Moscote 43 docentes fueron apartados de sus puestos. Además, precisó que ayer empezaron a llegar los docentes que los están reemplazando. “Nos están sometiendo a un cerco de hambre, a una presión psicológica y emocional inaceptable”. La Asociación de Maestros Independientes Auténticos (AMIA), por su parte, pide a la ministra de Educación que reconozca que continuar con los procesos administrativos —que ellos consideran ilegales— en contra de los docentes que ejercieron el derecho a huelga, contamina la paz y la tranquilidad en los colegios. Alberto Díaz, secretario de la Asociación Movimiento Gremialista de Educadores de la República de Panamá, manifestó que el Meduca ha emitido resoluciones para abrir investigaciones administrativas contra docentes, incluyendo medidas como la suspensión provisional del cargo y del salario. Aseguró que estas resoluciones no permiten reconsideración y afectan derechos fundamentales, lo cual constituye una violación del debido proceso y de las garantías laborales. “La Corte Suprema de Justicia ha establecido que no se puede suspender el salario de un docente mientras no exista una sanción firme”, apuntó el docente. El defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, hizo un llamado a respetar los derechos humanos y advirtió que “el uso del cepo como método de castigo es inaceptable y constituye una forma de trato cruel, inhumano y degradante”. El pronunciamiento se da porque un grupo de padres de familia de una escuela en la comarca Ngäbe Buglé decidió no recibir a los docentes nuevos y anunció que, si llegan, tomarán acciones. En el pasado, algunas comunidades han aplicado el cepo como una herramienta de castigo con la que retienen a las personas. En redes sociales, los líderes comarcales se manifestaron en contra del Decreto 17 del 24 de junio de 2025, emitido por el Ministerio de Educación (Meduca), que establece un procedimiento especial para el nombramiento de docentes en aqueDefensor del Pueblo condena el uso del cepo como método de castigo llas escuelas afectadas por el paro de clases. En un video se observa cómo los padres de familia piden levantar la mano Yaritza Mojica [email protected] Foto ilustrativa del cepo. Archivo Jaime Castillo, asesor legal del Meduca. Isaac Ortega a quienes no están de acuerdo con los docentes nuevos. En la región de Nedrini, en la comarca Ngäbe-Buglé, algunos padres de familia han tomado la decisión de colocar en el cepo a los docentes nuevos que lleguen a esta comunidad. En un video que circula en redes sociales, se observa a un grupo de originarios agredir a un hombre, mientras dos educadoras, visiblemente nerviosas, deciden retirarse del lugar. Ante esta situación, el defensor del Pueblo manifestó ayer en X, que “ninguna tradición, norma consuetudinaria o autoridad local puede justificar la vulneración de la dignidad humana. Los derechos no se negocian ni se encadenan”. En un comunicado, la Defensoría señaló que observa con preocupación la ausencia de pronunciamientos por parte de la Cacica General y del Congreso General de la Comarca, ante esta situación que se registra. Instó a las autoridades a recordar que su liderazgo es fundamental para garantizar la tranquilidad y confianza de la ciudadanía. Asimismo, destacó la importancia de la Ley 285, promulgada el 15 de febrero de 2022, que establece el Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia en Panamá.
6A La Prensa Panamá, sábado 19 de julio de 2025 El Ministerio de Obras Públicas (MOP) anunció que a partir del lunes 21 de julio y hasta el viernes 2 de agosto de 2025 se realizarán trabajos de refuerzo con fibra de carbono en el puente ubicado sobre la autopista Arraiján–La Chorrera, específicamente en el sector de Vacamonte, en la provincia de Panamá Oeste. Las labores se ejecutarán en horario nocturno, de 10:00 p.m. a 3:00 a.m., e implicarán cierres intermitentes de tres carriles en ambas direcciones —hacia La Chorrera y hacia Panamá centro— dejando un solo carril habilitado para el paso vehicular. El MOP hizo un llamado a los conductores a circular con precaución, mantener una velocidad reducida y seguir las señales de tránsito instaladas en la zona de intervención para prevenir accidentes y facilitar el avance de los Habrá cierres en el puente de Vacamonte desde el 21 de julio AVISO trabajos. Estas obras forman parte del proyecto “Estudio, Diseño, Construcción y Financiamiento para la Rehabilitación y Ampliación de la carretera Autopista–Puerto Vacamonte”, ejecutado por el Consorcio Corredor Vacamonte bajo la supervisión del MOP. El contralor general de la República, Anel Flores, y el auditor Cirilo Ríos. Captura de video Descentralización paralela: más juntas comunales en el radar Eliana Morales Gil [email protected] Reyna Katiuska Hernández [email protected] USO DE FONDOS PÚBLICOS En un nuevo paquete de auditorías, que abarca siete informes, el perjuicio económico asciende a unos $7millones. No se detalló cuáles son las juntas involucradas ni el tipo específico de irregularidad. La Contraloría General de la República, a cargo de Anel Flores, entregó al Ministerio Público un nuevo paquete de auditorías que revelan irregularidades millonarias en el manejo de fondos públicos por parte de varias juntas comunales del país, correspondientes al período 2019–2024. Se trata de un escándalo que nació en el gobierno de Laurentino Cortizo: la descentralización paralela, millonarios fondos de la Autoridad Nacional de Descentralización que fueron repartidos con criterio político. La mayoría de esos millones fue a parar a juntas comunales y municipios que estaban controlados por autoridades cercanas a diputados influyentes del Partido Revolucionario Democrático (PRD), agrupación que en el quinquenio pasado gobernaba el país. Según la entidad fiscalizadora, el perjuicio económico identificado en este bloque de siete informes asciende a al menos $7 millones, lo que eleva a $14 millones la posible lesión al Estado si se toman en cuentas auditorías presentadas anteriormente. Sin embargo, el comunicado oficial no detalla cuáles son las juntas comunales señaladas ni el tipo específico de irregularidades encontradas. Recientemente el contralor Flores explicó que “el impacto económico varía según cada caso”. “Hay hallazgos que oscilan entre $300 mil y $800 mil, y otros que alcanzan varios millones”, agregó. Este grupo de auditorías es parte de una primera fase que contempla la revisión de 72 juntas comunales. La próxima semana, según la Contraloría, entregará un segundo grupo compuesto por 20 informes adicionales. Según estimaciones preliminares, la cifra total del posible daño patrimonial alcanzaría los $43 millones cuando se complete la revisión del primer bloque. 15 salieron bien libradas Durante el anuncio, el contralor Flores aseguró que 15 juntas comunales no presentan hallazgos ni irregularidades. “Es refrescante ver que hay personas sirviendo a su país con honestidad. A esos funcionarios los vamos a invitar a la Contraloría para reconocer su labor”, dijo el funcionario, sin mencionar tampoco cuáles fueron esas juntas que salieron libradas. Flores insistió en que el proceso de fiscalización se lleva a cabo con objetividad, y que los equipos técnicos han sido reforzados para acelerar el ritmo de las auditorías. Aun así, no hay información sobre los criterios utilizados para seleccionar las primeras 72 juntas ni sobre el calendario completo de la investigación. Además, el contralor anunció que también serán auditados los fondos destinados a becas. En estos casos, explicó, se evaluará individualmente cada expediente: los estudiantes que logren justificar el uso correcto de los fondos quedarán eximidos de responsabilidad, mientras que quienes no puedan hacerlo enfrentarán consecuencias legales y deberán devolver el dinero. Finalmente, Flores recordó que la labor de la Contraloría es auditar y remitir hallazgos, pero no juzgar. “Esa labor recae en el Ministerio Público y el Tribunal de Cuentas. Nuestro deber es vigilar el buen uso de los recursos públicos y proteger el patrimonio del Estado”, subrayó. Roxana Méndez, administradora de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND) informó que, hasta el 10 de julio de 2024, había remitido al Ministerio Público un total de 280 denuncias por presuntos malos manejos vinculados al esquema de descentralización paralela, por un monto acumulado que supera los $200 millones. El Tribunal Superior de Apelación ordenó el arresto de seis de los nueve imputados por el delito de blanqueo de capitales, falsificación de documentos y corrupción, entre los que se encuentran funcionarios de los ministerios de Salud, Economía y Finanzas, y particulares que sustrajeron $576,543. Los magistrados del Tribunal revocaron una serie de medidas cautelares de reporte periódico aplicadas a seis de los investigados, en su mayoría funcionarios, que participaron de manera directa en la alteración de documentos y movilización del dinero a través de cuentas bancarias. La investigación se inició en enero pasado, cuando funcionarios del MEF detectaron que $576,543, que debían ser entregados a la empresa China Construcción, fueron desviados a cuentas del Instituto Internacional para el Tratamiento de Enfermedades Inmunodepresoras (Atenas) y a la sociedad Salud Panamá. El desvío de los fondos fue gestionado por funcionarios de la Dirección del Minsa en Herrera, que solicitaron al MEF el cambio del número de las cuentas de China Construcción, a la que se le debían entregar los $576,543. Los nuevos números de cuenta no pertenecían a la empresa, sino al Instituto Internacional para el Tratamiento de Enfermedades Inmunodepresoras (Atenas) y a la sociedad Salud Panamá. La investigación del Ministerio Público reveló que Tribunal revoca fallo y envía a funcionarios del MEF y Minsa a prisión MEDIDAS CAUTELARES la gestión para el cambio de los números de cuenta se hizo desde la Dirección Regional de Salud de Herrera, al Departamento de Tesorería del MEF, cuyos funcionarios tenían acceso al sistema Istmo desde donde se hizo el cambio de las cuentas para proceder con la transferencia de los $576,000. Un informe de la Unidad de Análisis Financiero de la Dirección de Investigación Judicial reveló que algunos de los funcionarios del MEF y del Minsa recibieron transferencias por sumas que van desde los $300 hasta los $5,000, sin que dichos recursos tuvieran justificación. Una sola de las cuentas de los imputados recibió fondos por la suma $280,000, sin que existieran reportes de alguna actividad comercial que sustentara el desembolso de esa cantidad de dinero. El Tribunal de Apelaciones conformado por los magistrados Eric Vergara, José Carrera y Adrián Hernández confirmó las medidas cautelares al resto de los imputados. Juan Manuel Díaz [email protected] Agentes de la DIJ durante los allanamientos en busca de los implicados en la red de corrupción. Cortesía Se realizarán cierres intermitentes de tres carriles en la autopista, por lo que se pide atender las señales. Cortesía/MOP Panorama
7A La Prensa Panamá, sábado 19 de julio de 2025 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. Las colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. Opinión La opinión de Hilde saludable del principio republicano de separación de poderes, consagrado en el artículo 2 de nuestra Constitución. Este establece que el Estado se organiza en tres poderes independientes: el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. La independencia funcional de cada órgano crea equilibrio, evitando la concentración de poder. Que Ejecutivo y Legislativo pertenezcan a partidos distintos es legítimo y deseable: obliga al diálogo, frena impulsos autoritarios y fortalece la fiscalización. La historia reciente lo demuestra. En múltiples ocasiones, la Asamblea ha corregido decisiones del Ejecutivo: reformas a la Caja de Seguro Social, ajustes a la ley de contrataciones públicas, vetos superados Lo que espera Panamá del Gobierno Impunidad pán en sus mansiones de playa o fincas en el interior del país. El presidente José Raúl Mulino ha traído consigo una expectativa renovada. No solo por su promesa de gobernar con firmeza y sentido de Estado, sino porque ha demostrado, desde sus primeras acciones, que no piensa ser cómplice del pasado. Con su forma peculiar de decir las cosas, ha iniciado una depuración institucional, ha marcado distancia de viejos pactos de silencio y ha dado luz verde a órganos clave para que hagan su trabajo sin presiones ni ataduras políticas. La Contraloría General de la República, bajo el liderazgo del contralor Anel Flores, ha reactivado auditorías congeladas, ha desenterrado expedientes que dormían el sueño de los justos y ha comenzado a entregar informes sólidos, con nombres, cifras y responsabilidades claras. No se trata solo de revisar papeles: se trata de reconstruir la confianza en una institución que debe velar por el uso correcto de cada centavo públiPoll Anria Un aplauso a la democracia en Panamá Separación de poderes Panamá es un país diverso, también en lo político. Hay ciudadanos que morirán votando por un solo color; otros cambian su voto según el partido que más los convenza; y algunos más se declaran apolíticos. Esta diversidad política es saludable: refleja respeto por la libertad ajena. Las autoridades elegidas libremente por el pueblo son quienes administran nuestra libertad. Que el partido del presidente de la República no sea el mismo que el de la Asamblea Nacional —el primer y el segundo órgano del Estado— es una muestra de madurez democrática. La reciente elección del diputado Jorge Herrera, del Partido Panameñista, como presidente de la Asamblea Nacional — distinto al partido gobernante Realizando Metas (RM)— representa una expresión na decisiones unilaterales. Pero toda democracia sólida necesita un cuarto poder transversal: el periodismo libre e independiente. En Panamá, ese periodismo ha sido garante de la diversidad política. La alternancia de poder entre partidos existe porque el periodismo la defiende. Ojalá ninguna autoridad intente sofocar este cuarto poder, que permite informar, fiscalizar y denunciar lo que ataca a nuestra democracia. Mientras el periodismo trabaje libremente, los otros tres poderes cumplirán su función, y la alternancia seguirá viva. Pero el día en que una autoridad ponga sus garras sobre un periodista, terminará la alternancia y se apagará la democracia. Por eso, las negociaciones políticas hasta altas horas de la madrugada, los acuerdos entre bancadas, y hasta los “madrugonazos” en la Asamblea pueden ser señales de que la democracia funciona. Aplaudamos, pues, a nuestra democracia, que sigue viva, plural y en movimiento.r EL AUTOR es profesor e investigador de la Universidad de Panamá. EL AUTOR es consultor de Comunicación Estratégica y Política. con motivaciones personales, porque él ya vivió esto. Lo que se espera es que no frene, no encubra ni negocie lo que debe ser justicia. Que permita que los órganos fiscalizadores, auditores y judiciales hagan su trabajo con independencia. Que proteja a los funcionarios valientes y exponga a los cómplices del pasado. Y que, si llegan los ataques —porque llegarán—, los enfrente con firmeza, sabiendo que tiene a la mayoría del país de su lado. La lucha contra la impunidad es, además, una inversión en gobernabilidad. Cuando la gente ve que las instituciones funcionan, que nadie está por encima de la ley, que el dinero robado regresa y los culpables son sancionados, crece la confianza, disminuye la protesta, mejora la convivencia y se fortalece la democracia. Esta es una oportunidad histórica que no puede perderse. En este primer año, se han dado señales importantes. Pero la ciudadanía, con razón, no se conforma con gestos: quiere resultados. Quiere ver a los verdaderos responsables en el banquillo, enfrentando a la justicia como cualquier ciudadano, sin fueros ni privilegios. Este gobierno tiene en sus manos la posibilidad de cambiar la narrativa. De dejar atrás la era del “no pasa nada” y abrir paso a una etapa donde robar al Estado sea un delito que sí se paga. Donde el poder no sea un escudo, sino una responsabilidad. Panamá ya no quiere excusas. Quiere justicia. Y la quiere ya. En la mente de muchos panameños hay una palabra que duele, que pesa, que enfurece: “Impunidad”. Durante décadas, ha sido el sello que ha marcado a buena parte de la clase política panameña. Escándalo tras escándalo, gobierno tras gobierno, nombres que se repiten, procesos que se diluyen, fiscales que desaparecen del radar, pruebas que se esfuman. El resultado es siempre el mismo: nadie paga, o si alguien paga, nunca es el verdadero responsable. La justicia, esa que debería proteger al ciudadano y castigar al corrupto, se queda mirando hacia otro lado. Pero algo ha cambiado… Las últimas encuestas de opinión lo confirman con claridad: más allá del empleo, la salud, el agua o el costo de la vida, que siguen siendo temas urgentes, lo que más le preocupa hoy al ciudadano es la impunidad. Es el deseo creciente de que, por fin, el ciclo se rompa. Que el que robó, devuelva y pague por eso; que el que abusó de su poder enfrente las consecuencias; que las cárceles dejen de llenarse de ladrones de iguanas, mientras los saqueadores del Estado brindan con chamMientras el periodismo trabaje libremente, los otros tres poderes cumplirán su función, y la alternancia seguirá viva. Pero el día en que una autoridad ponga sus garras sobre un periodista, terminará la alternancia y se apagará la democracia. Miguel Ángel Esbrí Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente Ejecutiva y Directora Editorial Annette Planells Gerente Comercial Sudy S. de Chassin Subdirectora y Editora de la Unidad de Investigación Mónica Palm Editora Digital Yolanda Sandoval Editor del Impreso Juan Luis Batista ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com Aviso sobre el uso de Inteligencia Artificial Este periódico emplea inteligencia artificial (IA) para asistir en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. Utilizamos la IA como herramienta de apoyo para asegurar la precisión y calidad de la información que entregamos a nuestros lectores. Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción, sin la autorización escrita de su titular. Presidente fundador Roberto Eisenmann Jr. Director emérito Guillermo Sánchez Borbón Cuando la gente ve que las instituciones funcionan, que nadie está por encima de la ley, que el dinero robado regresa y los culpables son sancionados, crece la confianza, disminuye la protesta, mejora la convivencia y se fortalece la democracia. co… y lo está haciendo. El Ministerio Público, por su parte, ha recibido estos informes y, en muchos casos, los ha transformado en investigaciones formales. Hay nuevos fiscales, hay voluntad de actuar, pero la ciudadanía exige más. No basta con detener a funcionarios de mediano rango o a proveedores fantasmas. Lo que se reclama con fuerza, con hartazgo y con claridad es que se llegue hasta los verdaderos responsables: los peces gordos. Esos que durante años ocuparon las sillas más altas del poder y convirtieron al Estado en una caja registradora para sus negocios personales. Los panameños no han olvidado los contratos con sobrecostos, los equilibrios contractuales, las licitaciones hechas a la medida, las botellas en la Asamblea, los auxilios económicos a quienes no lo merecían. Tampoco han olvidado los nombres: expresidentes, exvicepresidentes, exministros que hoy se pasean tranquilamente por todo el país o, peor aún, se presentan como víctimas, cuando en realidad acumulan fortunas que no se pueden explicar. La impunidad no es solo un problema legal, es un problema político. Es una señal de debilidad del Estado frente a los corruptos. Y es, sobre todo, una fuente de desesperanza para el ciudadano común. Por eso, si este gobierno quiere dejar una huella histórica, tiene que ser el que rompa la cadena. Nadie espera que el presidente persiga por mayoría legislativa. Esa separación partidaria permitió mejorar políticas públicas y abrió espacios a la participación ciudadana. Dialogar y pactar son expresiones de una democracia sana. No es la primera vez que Ejecutivo y Legislativo son de partidos diferentes. Desde la transición democrática de 1989, esta dinámica ha evitado la concentración de poder y promovido la diversidad. Gobiernos como los de Mireya Moscoso (1999-2004), Martín Torrijos (2004-2009), Ricardo Martinelli (2009-2014), Juan Carlos Varela (20142019) y Laurentino Cortizo (2019-2024) enfrentaron asambleas de composición variada, que limitaron excesos, negociaron reformas y fortalecieron el control institucional. Desde julio de 2024, el gobierno de José Raúl Mulino tuvo inicialmente una Asamblea presidida por Dana Castañeda (RM). Con la llegada de Jorge Herrera, se retoma la alternancia partidista. Ya se notan diferencias: la Comisión de Salud votó en contra del aumento en la edad de jubilación propuesto por el Ejecutivo. La alternancia entre Ejecutivo y Legislativo ha sido esencial para nuestra democracia. Promueve transparencia, negociación y fre-
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