8A La Prensa Panamá, viernes 18 de julio de 2025 Los caminos conducen al Ministerio Público (MP). Así lo señalan el presidente de la República, José Raúl Mulino, y el defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, para “esclarecer” reportes de presuntos fallecimientos en Bocas del Toro durante el Estado de urgencia decretado entre el 20 y 30 de junio de 2025. A pesar de que el mandatario negó cualquier fallecimiento en la provincia ayer, reconoció que “si el Ministerio Público tiene que investigar, que investigue”, pero que “no patrocinaría ningún otro tipo de investigación en este país”. “Yo no tengo nada que ocultar. Hicimos lo que hicimos en función de la Constitución Nacional”, remarcó. Leblanc, por su parte, manifestó que tanto la Defensoría del Pueblo como el MP tienen conocimiento de una persona que “murió en lugares cercanos a la protesta”, reportada por la propia Policía Nacional. La información circuló Mulino y Leblanc señalan que es el MP el llamado a esclarecer hechos en Bocas PRESUNTAS MUERTES por redes sociales durante el estado de Urgencia en Bocas del Toro, sin embargo, las autoridades no han informado cómo murió exactamente la persona. “No se ha determinado evidencia científica de que haya sido en la protesta o en manos de la Policía Nacional (...). Sin lugar a dudas el Ministerio Público es el que investiga y nosotros presentamos las dos denuncias”, dijo Leblanc, quien participaba de un encuentro interinstitucional para abordar la realidad luego de las manifestaciones de pueblos originarios en Arimae, Darién, otro de los frentes de protesta. La Defensoría del Pueblo presentó dos denuncias, una por el ciudadano que murió cerca del lugar de las manifestaciones y otra por la presunta muerte de una menor de un año de edad reportada por la organización no gubernamental Aldeas SOS. Mulino negó la conformación de comisiones ad hoc de investigación y aseguró que deja cualquier denuncia en manos de la entidad que dirige el procurador Luis Gómez Rudy. Algunos sectores políticos han solicitado la creación de un grupo especial para investigar supuestos abusos policiales durante la represión de las protestas y los actos de vandalismo que tuvieron lugar en Bocas del Toro. La Defensoría del Pueblo adelantó la mesa interinstitucional para recuperar la confianza en las instituciones del Estado en la comunidad de Arimae. Pleno de la Asamblea Nacional. Elysée Fernández Bloques legislativos en pugna se medirán el lunes en una reunión crucial Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Mario De Gracia [email protected] ASAMBLEA NACIONAL Los diputados mantienen posiciones enfrentadas por el control de las comisiones legislativas. permanentes. El lunes se reunirán en una sesión clave que definirá presidencias y el equilibrio de poder. La conformación de las comisiones legislativas continúa en un terreno incierto, mientras los distintos bloques políticos miden fuerzas y negocian cuotas de representación. En medio de este ambiente cargado de expectativas y tensiones, la junta directiva ampliada de la Asamblea Nacional prevé reunirse la tarde del próximo lunes 21 de julio, con el objetivo de dar los primeros pasos hacia la instalación de las 15 comisiones permanentes del Legislativo. Varios diputados y jefes de bancada han dado cuenta de las intensas disputas por el control de comisiones clave, como Presupuesto, Gobierno y Credenciales, donde los cálculos de poder pesan tanto como la necesidad de consenso. Actualmente, 14 de las 15 comisiones están conformadas por nueve diputados, y una —la de Presupuesto— por quince. El grupo que logre, en votación interna, cinco votos o más en las comisiones de nueve miembros, obtiene la directiva; mientras que, en la de quince, se requiere un mínimo de ocho votos. “Estamos avanzando. Hay comisiones bastante definidas. Alguien tiene que ceder con miras a la reunión del lunes”, dijo el diputado del partido Movimiento Otro Camino y jefe de la bancada Seguimos, Ernesto Cedeño, al referirse al complejo proceso de conformación de las comisiones legislativas. Como ejemplo de lo difícil que resultan las negociaciones, citó el caso de la Comisión de Credenciales, que, aunque debe tener nueve miembros, hoy tiene once nombres en disputa. “El bloque de diputados que perdió el 1 de julio dice tener cinco, y el que ganó, seis. Pero solo son nueve”, advirtió. Actualmente, la bancada del Partido Revolucionario Democrático (PRD) considera que debe tener dos diputados, mientras que Realizando Metas (RM) también reclama dos puestos, y la bancada mixta exige uno, con lo cual suman cinco. Del otro lado están los diputados de la coalición Vamos, que piensan que deben tener tres representantes; el Partido Panameñista, uno; Cambio Democrático, uno; y la bancada Seguimos, uno más. En total, suman seis. Uno de los aspectos que vuelve particularmente disputada a la Comisión de Credenciales es que tiene la facultad de procesar a los magistrados, al presidente, y de analizar en primera instancia los nombramientos del Ejecutivo. “Esto es un rejuego, y cada uno está viendo por lo suyo”, dijo Cedeño. Por su parte, el diputado de Vamos Luis Duke expresó que espera que este proceso culmine la próxima semana. “Se está avanzando y el bloque de los 37 diputados está consolidado. Esperamos tener un avance la próxima semana”, reiteró. El también diputado de Vamos, Manuel Samaniego, señaló que se habrían alcanzado consensos entre diversas fuerzas políticas, al menos por ahora, en la Comisión de Comunicación y Transporte y la Comisión de Asuntos Agropecuarios. Los coordinadores de bancada estarían satisfechos con los nombres propuestos para esas comisiones, aunque aún no se han hecho públicos. No obstante, la conformación de las demás sigue estancada por desacuerdos en la distribución de espacios entre bancadas. ¿Ganando tiempo? Algunos diputados consideran que las bancadas del PRD y RM están dilatando el proceso para ganar tiempo, aunque sus miembros lo niegan. El diputado de RM, Alaín Cedeño, minimizó los retrasos y aseguró que todo se desarrolla dentro de los tiempos habituales. “Eso siempre ha sido así. Incluso en el quinquenio pasado, cuando el partido de gobierno tenía mayoría, también demoraron casi un mes”, explicó. Según Cedeño, durante los primeros días de julio, las bancadas negociaron internamente qué diputados integrarían cada comisión, lo cual requiere acuerdos individuales. “No estamos fuera de tiempo. Eso es lo normal”, reiteró. Cedeño detalló que, por proporcionalidad, a RM le corresponde representación en todas las comisiones, en su mayoría con dos diputados. Para el diputado, la próxima cita clave será el lunes, cuando la junta directiva ampliada de la Asamblea se reunirá con los jefes de bancada para definir la composición de las 15 comisiones. Una vez acordados los nombres, cada comisión se instalará por separado para escoger su directiva. Mulino niega injerencia A esto hay que agregar que este jueves, el presidente de la República, José Raúl Mulino, negó cualquier injerencia del Ejecutivo en el proceso de conformación de las comisiones permanentes de la Asamblea Nacional, en medio de crecientes cuestionamientos sobre presiones políticas. “El Ejecutivo no está participando en los debates de la Asamblea”, afirmó, al tiempo que subrayó que su gobierno observa con atención la agenda legislativa, pero sin intervenir. Mulino insistió en que la distribución de las comisiones responde a un criterio matemático y proporcional, según el número de diputados por bancada. Además, hizo un llamado a los parlamentarios a alcanzar pronto un acuerdo, advirtiendo que hay leyes clave que deben discutirse para impulsar el desarrollo del país. (Con información de Mario De Gracia) El manual de las lacrimógenas Sabrina Sin Censura Sabrina Bacal ESPECIAL PARA LA PRENSA [email protected] rría exige disculpas a la Policía y pide que se identifiquen a las unidades que la agredieron. Mientras que la institución oscureció en vez de aclarar: tras los hechos, publicaron un comunicado, lo borraron, y lo reemplazaron por otro. El director de la Policía responsabilizó a la representante de 22 años por lo ocurrido por actuar con “desafío y agresividad”. ¿Y qué adjetivos describen entonces la violenta actuación policial contra una autoridad local? Ni el lema “Dios y Patria” los exime de su responsabilidad. Más allá de los sinsabores de este incidente, lo fundamental es el mensaje que se envía: las soluciones de políticas públicas para problemas como la falta de agua pasan a un segundo plano frente a la mano dura policial. Ese parece ser el manual del gobierno. En ese esquema hay poco espacio para reflexionar sobre si el protocolo policial fue el correcto o si los antimotines deben ser la primera respuesta ante una protesta. Aquí hay una lógica que se busca imponer: lo cuestionable no es el desproporcionado uso de la fuerza policial, sino que ciudadanos cierren una calle tras semanas sin agua. El argumento es reforzado por la cámara de eco gubernamental en la opinión pública. Pero las imágenes de Tocumen se quedan pequeñas si las comparamos con las denuncias no esclarecidas sobre excesos policiales en Bocas del Toro y Darién. Los abusos detallados por el informe de la Defensoría del Pueblo exigen una respuesta por parte del gobierno. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunció al respecto y la abogada Yanel Venado habló ante el Mecanismo de Derechos Indígenas en la ONU. Un grupo de diputados ha impulsado la creación de una comisión legislativa para esclarecer lo ocurrido. El esfuerzo ha sido en vano. Ningún diputado del gobierno está dispuesto a participar y el reglamento exige la presencia de miembros del gobierno y de la oposición. Más importante que eso: el Presidente dijo que no patrocinará ningún tipo de investigación sobre lo ocurrido durante el estado de urgencia. Negó que hubiesen muertos, a pesar de que la Defensoría investiga la muerte de una bebé y de un joven indígena. El gobierno busca echarle tierra a lo ocurrido, o peor aún, mostrarlo como un gran logro. Así lo considera el exmagistrado Arturo Hoyos, quien parece tener la tarea de revestir con un velo de legalidad las acciones gubernamentales. Para este jurista, directivo de First Quantum y padre de un viceministro, el estado de urgencia fue “exitoso” pues “derrotó a la coalición para el retroceso que integraban Sitraibana, Suntracs, educadores, estudiantes extremistas y pandillas”. Su mensaje en X concluyó, por supuesto, con una felicitación al mandatario. Su versión no concuerda con la del ministro Frank Ábrego (quien hizo una diferencia entre el vandalismo y las protestas). Pero aquí la congruencia es lo de menos cuando lo que se quiere es justificar un método para ejercer el poder: responder policialmente a problemas que requieren de soluciones políticas, privilegiar la confrontación sobre el diálogo y ver las necesidades no resueltas de los ciudadanos como “situaciones de orden público”. La realidad es que la buena gestión de un gobierno y la confianza ciudadana no pueden ser reemplazadas por antimotines y bombas lacrimógenas. No importa cuántos aplausos y vítores de victoria pululen en el círculo presidencial. Una protesta por falta de agua potable en Tocumen terminó en una violenta intervención policial. Las imágenes de la representante más joven del país enfrentándose a las unidades antimotines y siendo esposada y detenida, se viralizaron en redes sociales y medios. Con una fractura y varias lesiones, Arielis BaPanorama
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