1A La Prensa Panamá, jueves 17 de julio de 2025 El medio libre de Panamá 75¢ Jueves 17de julio de 2025 - Año 44 - Nº 15080 Hoy por hoy Panamá es el quinto país más lluvioso del mundo y el segundo en América. Y, sin embargo, miles de ciudadanos viven una sed que no se apaga. En comunidades como Tocumen, Arraiján y San Miguelito, pasar cinco días sin agua potable no es una excepción: es la regla. No se trata de una sequía, sino de negligencia. Redes viejas, mal mantenidas. Urbanizaciones aprobadas sin prever de dónde saldría el agua. Válvulas manipuladas por desesperación. Y detrás, la corrupción histórica del negocio de los camiones cisterna, muchos vinculados a exdiputados del área. El exceso no es de lluvia, sino de incapacidad de recogerla, almacenarla y distribuirla. Esa es la verdadera escasez: la de planificación, inversión y mantenimiento. Mientras tanto, la desesperación crece. El enfrentamiento entre residentes de Tocumen, liderados por su representante, Arielis Barría, y los antimotines durante una protesta por agua es una señal de alerta. El agua es un derecho. La deuda acumulada de varias administraciones ha llevado esta crisis al límite. Negar agua, en el país de la lluvia, es una bomba de tiempo. Darwin Pinzón confía en el poder del San Francisco 8A Deportes Panorama Teatro inmersivo: Tía Sam y lecciones para ser zonians 4B Panorama OMS hace un llamado sobre la vacunación infantil 6A Izabela Matusz, embajadora de la Unión Europea en Panamá. Anel Asprilla ‘Salir de la lista de lavado de dinero es un alivio, pero no definitivo’ ENTREVISTA Reyna Katiuska Hernández [email protected] La embajadora de la Unión Europea en Panamá, Izabela Matusz, afirmó que la salida del país de la lista de alto riesgo por lavado de activos es un logro importante, pero no definitivo. “Es un alivio, pero el trabajo es continuo; el crimen organizado evoluciona y siempre encuentra nuevas formas de operar”, señaló. Destacó la necesidad de mantener mecanismos sólidos de vigilancia y transparencia, y recordó que Panamá aún enfrenta dos retos esenciales: salir de la lista de paraísos fiscales mediante reformas que reduzcan la evasión y mejorar el control de su extensa flota internacional para eliminar la tarjeta amarilla por pesca ilegal. VEA 1B Sistema hídrico urbano, al borde del colapso Tocumen y San Miguelito reflejan el colapso del sistema hídrico capitalino: redes viejas, baja presión, válvulas manipuladas y falta de cisternas mantienen a miles sin agua pese a recientes mantenimientos. Ante la falta de agua en Tocumen, la representante del lugar, Arielis Barría, acudió a una protesta vecinal, donde tuvo un altercado con policías que intetaban despejar las vías. Denunció haber sido golpeada por los agentes. El director del Idaan , Rutilio Villareal aseguró en entrevista con ‘La Prensa’ que el suministro de agua podría normalizarse antes de fin de mes, mediante reparaciones urgentes en válvulas principales y redistribución con camiones cisterna. VEA 2A Policías condenados por caso de homicidios en Centro de Cumplimiento, en lista para rebaja de pena Hombres de Blanco asume contratos por $15.3 millones El Minsa adjudicó sin licitación a Hombres de Blanco la limpieza de ocho hospitales por $15.3 millones hasta junio de 2026. La empresa desplazó a Sicarelle, contratista desde 2017. El ministerio alega ahorro y contención del gasto. VEA 6A La lista de 188 reclusos que podrían recibir rebaja de pena incluye a seis policías condenados por la muerte de cinco jóvenes quemados en 2011 en Tocumen. Familiares rechazan su inclusión y recuerdan que no han cumplido las dos terNarciso Arellano: ‘Como máximo aspiramos a eliminar el fuero electoral’ El Tribunal Electoral ha recibido 10 solicitudes de revocatoria de mandato contra alcaldes, representantes y diputados. Narciso Arellano, quien dirige el equipo que hará las propuestas de reformas electorales, propone exigir una fianza para frenar procesos sin sustento. Dice que aspiran a que se limite o elimine el fuero penal electoral. VEA 5A ceras partes de sus condenas ni mostrado arrepentimiento. Además, advierten que la Policía Nacional no ha pagado las indemnizaciones ordenadas por la Sala Tercera, que responsabilizó al Estado por la tragedia. VEA 8A Les dije que no tiraran gases lacrimógenos a las personas y que no los agredieran (...) Me pegaron con un tolete en la cabeza”. La solución definitiva llegará con la modernización de las redes; mientras tanto, garantizaremos agua continua mediante ajustes operativos y apoyo logístico con cisternas”.
2A La Prensa Panamá, jueves 17 de julio de 2025 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Yaritza Mojica [email protected] Rutilio Villarreal, director del Idaan. Carlos Vidal Director del Idaan: fallas en la red provocan la crisis del agua en Panamá este SERVICIO PÚBLICO El director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), Rutilio Villarreal, explicó las razones por las cuales comunidades del sector de Panamá Este y San Miguelito se mantienen, en estos momentos, sin acceso a agua potable, luego de haberse completado el mantenimiento de la planta potabilizadora Federico Guardia Conte de Chilibre el pasado domingo 13 de julio. Precisamente durante el fin de semana del 12 y 13 de julio, el Idaan realizó el quinto mantenimiento correspondiente a la primera fase del proceso de actualización de dicha planta. Una vez finalizada esta etapa, el personal técnico inició el proceso de presurización de la red. Fue en ese momento cuando se detectaron daños en la línea Oriente, que abastece a parte de San Miguelito, Tocumen, 24 de Diciembre, Don Bosco, Las Acacias y Costa Sur. Estas fallas han provocado, asegura, una despresurización del sistema que dificulta que el agua llegue a los puntos más altos y alejados, informó Villarreal. Como consecuencia, comunidades como Buena Vista, La Siesta, Parque de Santa Lucía, Santa Fe, Santa Lucía, Reserva Santa Fe, Villa Luchín, Cabuya, Concepción, Versalles, entre muchas otras, llevan más de cinco días sin agua potable. Según Villarreal, desde el domingo 13 de julio el personal del Idaan inició reparaciones en zonas como Villa Lucre y Pedregal, donde se registraron daños importantes. “El lunes se continuó con los trabajos en Concepción y Juan Díaz, y actualmente se está interviniendo una tubería de 42 pulgadas en el sector comprendido entre Chanis y Costa del Este. Además, se está haciendo un recorrido a lo largo del Corredor Sur para detectar la causa de la baja presión que impide que el agua llegue adecuadamente a Don Bosco y Costa Sur”. El director del Idaan destacó que el personal se mantiene trabajando en la reparación de los daños para lograr que la red se llene por completo y pueda abastecer a las comunidades más alejadas de Panamá este. En el caso particular de La Siesta, Villarreal señaló que ha sostenido más de cinco reuniones con la comunidad. Estos encuentros han contado con la participación de autoridades locales, representantes comunitarios y diputados del área. A partir de ese diálogo, se acordó una hoja de ruta para ejecutar mejoras en el sistema de distribución de agua. Uno de los principales compromisos del Idaan es la construcción de una interconexión de 16 pulgadas que irá desde el sector de La Doña, en 24 de Diciembre, hasta la rotonda donde se ubicaba el antiguo velódromo. Actualmente, este sector —que alberga entre 25,000 y 30,000 personas— depende de una tubería de apenas 10 pulgadas, lo cual, desde un punto de vista técnico, resulta insuficiente para abastecer adecuadamente a toda la población. Esta situación refleja el abandono histórico de la red de distribución de agua potable en la ciudad de Panamá, producto de años sin inversión. Los residentes de Panamá este reciben generalmente un servicio deficiente, se abastecen con carros cisterna y denuncian el manejo irregular de la sectorización del agua. El costo aproximado de este proyecto es de 2.1 millones de dólares. Villarreal señaló que “ya se cuenta con los fondos necesarios; sin embargo, estamos a la espera de completar los trámites burocráticos para la asignación definitiva de la partida presupuestaria. Juan Manuel Díaz Henry Cárdenas P. [email protected] Protesta por agua termina en denuncia contra policías MANIFESTACIÓN La representante de Tocumen, Arielis Barría, denunció ayer miércoles haber sido golpeada por agentes antidisturbios durante una protesta ciudadana realizada la noche anterior en el sector de Cabuya, donde residentes exigían el restablecimiento del suministro de agua potable. El hecho ocurrió durante el desalojo de una vía cerrada desde la tarde del martes. Barría fue detenida y posteriormente trasladada al hospital Irma de Lourdes Tzanetatos, donde recibió atención médica por golpes en la cabeza y el cuello. Acompañada por diputados de la coalición Vamos, la edil exigió que se identifique y destituya a los dos policías que, según ella, la agredieron durante el operativo. “Uno me pegó con un tolete en la frente, el otro me atacó en el cuello”, denunció. La Policía Nacional, por su parte, emitió un comunicado en el que afirmó que la representante fue conducida tras agredir a una unidad policial. Según el documento, su actitud provocó que otros manifestantes actuaran de forma hostil contra los agentes. La versión oficial indica que las unidades hicieron un llamado a la calma antes de intervenir. El director de la Policía, Jaime Fernández, respaldó la actuación de sus unidades y aseguró que el procedimiento se ajustó al protocolo. En declaraciones a TVN Noticias, afirmó que existen videos que muestran a Barría actuando con agresividad. También desmintió que la representante llegara al hospital con una fractura, como se dijo inicialmente en redes sociales. Así lo estableció un reporte del hospital Lourdes Tzanetatos. Fernández detalló que el cierre de la vía se mantuvo durante varias horas, afectando el libre tránsito de vehículos, y que por esa razón fue necesario intervenir. Cuatro personas fueron detenidas durante el operativo, incluida Barría, quien fue liberada luego de gestiones de representantes y diputados, según confirmó el propio director policial. Más tarde, Barría respondió con un video en redes sociales en el que rechazó las acusaciones y relató que la intervención policial comenzó con el lanzamiento de gas lacrimógeno, a pesar de que la protesta era pacífica. EL Idaan envió carros cisternas para las comunidades del corregimiento de Tocumen, que se mantienen sin agua desde hace varios días. Cortesía ¿Por qué no termina el calvario por la falta de agua en Tocumen y comunidades vecinas? Yolanda Sandoval Yaritza Mojica [email protected] RECURSO HÍDRICO Cortes programados por modernización en la planta de Chilibre exponen otra vez la fragilidad del sistema que deja sin agua a miles en Tocumen y alrededores. El agua vuelve a faltar en Tocumen. Esta vez, el motivo fue un corte programado para realizar trabajos de modernización en la planta potabilizadora Federico Guardia Conte, ubicada en Chilibre. Sin embargo, el impacto que dejó al descubierto esta interrupción no es nuevo ni aislado. Detrás de cada corte programado por el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) hay una estructura que ya no da más: una red sobrecargada, una infraestructura obsoleta que lucha por mantenerse operativa mientras la demanda de agua supera con creces la capacidad del sistema. Es un sistema al borde del colapso, cuya fragilidad se refleja cada vez que el agua deja de fluir en las comunidades. La situación de falta de agua potable en varias comunidades del corregimiento de Tocumen, así como en Pacora, al este de la provincia de Panamá, es un problema de años, que no se ha resuelto. La distribución de agua con tanques cisterna y la compra de tanques a $7.00 en el mercado privado han sido respuestas paliativas a esta crisis que, según diputados y autoridades locales, no ha sido abordada efectivamente por el Idaan. Sectores como La Siesta, Buena Vista, Parque de Santa Lucía, Santa Fe, Santa Lucía, Reserva Santa Fe, Villa Luchín, Cabuya, entre muchos otros, se ven afectados por la falta de agua potable. Este fin de semana, y por quinta vez en el año, el Idaan realizó mantenimiento a la planta, instalando nuevas válvulas, rejillas y compuertas, además del cambio de un interruptor trifásico de un tablero eléctrico de 480 voltios, la limpieza de los motores que activan las bombas, entre otras labores. Sin embargo, cada vez que esto ocurre, los efectos se sienten como una réplica sísmica: fallas en la presión, roturas en las tuberías y zonas donde el agua no llega, aunque la planta ya esté funcionando al 100%. En Tocumen, la situación es especialmente crítica. La planta potabilizadora de Chilibre abastece de agua a zonas desde Pedregal hasta La Siesta de Tocumen, siendo este el último corregimiento en recibir el suministro. Aunque los trabajos de mejora y modernización en la planta Federico Guardia Conte comenzaron el sábado 12 y concluyeron el domingo 13 de julio, en varios puntos de Tocumen el agua nunca llegó. En la barriada Buenavista llevan cinco días sin agua desde que se cortó el suministro el pasado sábado 12 de julio. Los trabajos de modernización de la planta de Chilibre se han convertido en un que impide que el agua llegue a los puntos más altos o más distantes. Por ello, muchos usuarios, aunque el servicio se haya restablecido oficialmente, reportan días enteros sin una sola gota, especialmente en zonas elevadas como San Miguelito y Betania, y en las más alejadas como Tocumen. Otro problema reportado por el Idaan es que, ante la desesperación, residentes manipulan las válvulas del sistema sin conocimiento técnico, afectando el suministro en otras zonas. Se han detectado casos en los que vecinos cerraron válvulas sin saber que con ello impedían la circulación del agua, generando más interrupciones. En los asentamientos informales, la situación es aún más compleja. La falta de títulos de propiedad impide al Estado realizar inversiones en redes formales de distribución, dejando a muchas comunidades completamente fuera del sistema. En Pacora, la situación es similar a la que viven los moradores de Tocumen. La planta potabilizadora Centenario, que abastece principalmente a las comunidades de Pacora, la barriada 24 de Diciembre, Nueva Esperanza y Felipillo, presenta constantes problemas. martirio para miles de ciudadanos, debido a la mala planificación del Idaan, según denunció Leticia Mendoza,residentedeestesector, quien expresó estar agotada de llegar del trabajo y no encontrar agua en el grifo. A esta situación se suman roturas frecuentes, como las ocurridas en Versalles y Concepción durante el fin de semana, y la falta de camiones cisterna tras la expiración del contrato nacional en abril, lo que ha limitado la entrega de agua a comunidades priorizadas. El problema de fondo no está solo en la planta, sino también en la red. El sistema de acueducto de la capital ha crecido a punta de empates, extensiones improvisadas y proyectos concebidos para una ciudad mucho más pequeña que la actual. La planta de Chilibre, que alguna vez fue suficiente, ahora intenta abastecer a una ciudad que se ha multiplicado, tanto en barrios formales como en asentamientos informales. A esto se suma un comportamiento que las autoridades no han logrado controlar: cuando regresa el suministro, los edificios llenan sus tanques al máximo y los usuarios acumulan agua sin medida. El resultado es una caída generalizada en la presión,
3A La Prensa Panamá, jueves 17 de julio de 2025
4A La Prensa Panamá, jueves 17 de julio de 2025 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] OBSTÁCULO. Si uno busca un factor común en la puja de poder que ocurre cada mes de julio en la Asamblea, encontrará a Benicio Robinson. Al menos en la última década. Cada año, después de la elección de la junta directiva, se empeña en hacernos pasar por el mismo trance. Por ejemplo, en 2015 (cuando había un pacto de gobernabilidad entre los panameñistas y seis diputados disidentes del PRD), a Robinson no le gustó la conformación de la Comisión de Presupuesto; insistía en que a su partido le correspondían seis de los 15 puestos en esa instancia. Por esa razón, mantuvo todo empantanado durante tres semanas, hasta el 21 de julio, cuando se resignó a quedarse con cinco. Tres años después, en 2018, se apoderó de la presidencia de esa comisión y ahí se quedó por seis años, hasta junio de 2024. No estaría mal introducir modificaciones para que el reglamento interno prohíba que un diputado permanezca más de dos años consecutivos en una misma comisión. EFEMÉRIDE. Este jueves se cumplen dos años de la sentencia condenatoria que dictó la jueza penal Baloisa Marquínez en el caso New Business. Ya ni siquiera es “new”. Lo único nuevo son las andanzas de su principal protagonista: asilo en la embajada de Nicaragua, huida a Colombia, paseos en yate por el Caribe, ley fallida de amnistía política y presunto distanciamiento con Mulino. GLOSA1. La pelea del PRD por el control de las comisiones legislativas debe estar bastante difícil, puesto que ahora Jairo Bolota intenta eliminar a un contrincante: la bancada Seguimos, integrada por los tres diputados de Moca y el independiente Betserai Richards. Bolota demandó la nulidad de la resolución de la Asamblea que el 3 de julio pasado reconoció la conformación de la nueva bancada. ¿Cuándo será el día en que este diputado sorprenda con algo inteligente? DESESPERACIÓN. La pelea del PRD por el control de las comisiones legislativas debe estar bastante difícil, puesto que ahora Jairo Bolota intenta eliminar a un contrincante: la bancada Seguimos, integrada por los tres diputados de Moca y el independiente Betserai Richards. Bolota demandó la nulidad de la resolución de la Asamblea que el 3 de julio pasado reconoció la conformación de la nueva bancada. ¿Cuándo será el día en que este diAnel Flores, contralor. Isaac Ortega Contraloría: desvío de fondos en juntas comunales por $20 millones Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] DESCENTRALIZACIÓN PARALELA Se trata de proyectos comunitarios y municipales, usados presuntamente de forma discrecional por juntas comunales entre 2019 y 2024. El Ministerio Público investiga. La Contraloría General de la República entregó este miércoles, 16 de julio, ocho informes de auditoría al Ministerio Público, como parte de una revisión que abarca el presunto manejo irregular de fondos públicos por parte de las juntas comunales entre 2019 y 2024. En total, se auditan 72 juntas comunales distribuidas en distintas regiones del país, en una investigación que podría destapar uno de los escándalos administrativos más significativos de los últimos años, el cual se conoce como la descentralización paralela. Los informes entregados revelan graves irregularidades en el uso de fondos destinados a proyectos comunitarios, según informó el contralor general, Anel Flores. Las anomalías documentadas ya están bajo análisis del Ministerio Público, que deberá determinar la posible comisión de delitos contra la administración pública. Flores adelantó que, en los próximos días, se sumarán entre seis y siete auditorías adicionales, con lo cual la primera fase del proceso concluiría con al menos 14 informes. Aunque los detalles específicos se mantienen bajo reserva judicial, el contralor advirtió que los montos mal manejados podrían superar los 20 millones de balboas. “El impacto económico varía según cada caso”, explicó Flores. “Hay hallazgos que oscilan entre $300 mil y $800 mil, y otros que alcanzan varios millones”, agregó, sin precisar el nombre de las juntas involucradas. La amplitud de las irregularidades refuerza la preocupación sobre el uso discrecional de fondos descentralizados. Otras diligencias Recientemente, la Autoridad Nacional de Descentralización (AND) informó que, hasta el 10 de julio de 2024, había remitido al Ministerio Público un total de 280 denuncias por presuntos malos manejos vinculados al esquema conocido como “descentralización paralela”, por un monto acumulado que supera los 200 millones de dólares. La cifra, incluida en un informe sobre el primer año de gestión, revela la magnitud del desvío de recursos que, según la entidad, debieron destinarse a obras comunitarias y proyectos municipales. Las fiscalías anticorrupción han calificado como causa compleja la investigación sobre el uso de fondos asignados mediante el esquema de descentralización paralela. El volumen de documentos requeridos a cada junta comunal, sumado a la ubicación remota de muchas de ellas, ha dificultado el acceso a las obras que supuestamente fueron construidas con estos recursos. Los fiscales enfrentan obstáculos logísticos para verificar en campo si las contrataciones realmente se ejecutaron. Como parte del proceso, las fiscalías deben comprobar la existencia y ejecución de cientos de obras supuestamente financiadas con recursos públicos. Varios representantes de corregimiento que asumieron funciones en 2024 afirmaron haber encontrado proyectos inconclusos, sin sustento documental y con cuentas por pagar. La situación deja entrever una posible red de contrataciones fantasmas o mal gestionadas durante la administración anterior. Uno de los patrones identificados por las autoridades apunta a que la mayoría de las juntas comunales que recibieron mayores sumas de dinero están vinculadas al Partido Revolucionario Democrático (PRD). Juan Manuel Díaz [email protected] Los hechos ocurrieron el 9 de enero de 2011. Archivo Rebaja de pena para policías condenados en caso de jóvenes infractores JUSTICIA La lista de 188 privados de libertad hecha pública por el Ministerio de Gobierno, que pueden aspirar a una rebaja de pena, incluye los nombres de cinco miembros de la Policía Nacional condenados por homicidio en perjuicio de cinco jóvenes que murieron quemados el 9 de enero de 2011 en el Centro de Cumplimiento de Tocumen. En el listado aparecen los policías Luis Carlos Ortega, Eduardo Barreno, Rogelio Blake, Maikol Ariel González, Ángel Batista y Joel Alexis Rodríguez, todos condenados a penas de 46 y 40 años de prisión por su participación en la muerte de los jóvenes. El 20 de octubre de 2020, la Sala Penal de la Corte Suprema mantuvo las condenas de 46 años para Ortega, Batista y Barreno, mientras que Rodríguez y González recibieron penas de 40 años de cárcel. Familiares rechazan decisión Carlos Herrera Delegado, abogado de los familiares de las víctimas, anunció que presentará ante la Dirección del Sistema Penitenciario un escrito para que los excluyan del listado de posibles beneficiarios, ya que no han cumplido las dos terceras partes de la pena ni han mostrado arrepentimiento. Recordó que el fallo condenatorio quedó en firme en 2020, por lo que no es legalmente posible considerarles para una rebaja. Herrera Delegado también precisó que, mientras el proceso penal estuvo activo, los policías condenados continuaron realizando labores administrativas en la institución. Por otra parte, señaló que la Policía Nacional no ha cumplido con un fallo de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, que la condenó a pagar $75 mil a los familiares de Erick Batista y otros $75 mil a los de José Frías, ambos fallecidos en la celda 6 del centro. El incendio fue provocado cuando una bomba lacrimógena lanzada por agentes encendió un colchón. El fallo de la Sala Tercera responsabilizó a la Policía Nacional y al Ministerio de Gobierno por los perjuicios morales ocasionados por sus funcionarios, en ejercicio de sus funciones o con el pretexto de ejercerlas. También advirtió a todas las autoridades de seguridad que es deber esencial del Estado garantizar la protección de la población. La mañana del 9 de enero de 2011, un grupo de internos protestó por la falta de agua en el centro, lo que motivó la intervención policial. La investigación de la Fiscalía Primera Superior determinó que los jóvenes no pudieron escapar porque la celda estaba cerrada con candado. Pese a sus súplicas, los agentes no los auxiliaron a tiempo. putado sorprenda con algo inteligente? BALDE . La Policía Nacional emitió un comunicado en el que informó que la representante de Tocumen, Arielis Barría, fue “conducida y puesta a órdenes de las autoridades correspondientes” por “agredir” a un agente durante una protesta por falta de agua potable. Luego, ese comunicado fue reemplazado por otro en el que ya no aparece la mención sobre la conducción de Barría. En su lugar, se habla de un “incidente” con la representante. Si la entidad cree que con eso va a cambiar el curso de los acontecimientos, se equivocó. ¿Dónde están los carros? Alex Lee, bajo investigación La Fiscalía Anticorrupción admitió una querella penal contra el exalcalde de Colón, Alex Lee (2019-2024), por la presunta comisión del delito de peculado, relacionado con una serie de autos de lujo que le fueron entregados en custodia por la Dirección de Bienes Patrimoniales, algunos de los cuales no fueron ubicados por la nueva administración. La querella fue presentada por el abogado Leonel Hernán Rosales, en representación del actual alcalde, Diógenes Galván. La investigación está a cargo de la fiscal Ilka Poveda Puga, quien ya notificó a las partes sobre la admisión de la querella. Las pesquisas tienen su origen en julio de 2024, cuando Galván asumió el cargo como alcalde de Colón y no logró ubicar 28 vehículos que habían sido entregados a la administración de Lee por la Dirección de Bienes Patrimoniales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). A raíz de estos hechos, el Ministerio Público abrió una investigación de oficio para determinar el paradero de los vehículos. Sin embargo, poco después, 13 de los autos fueron devueltos, sin que se especificara a quiénes habían sido entregados. MINISTERIO PÚBLICO Juan Manuel Díaz [email protected]
5A La Prensa Panamá, jueves 17 de julio de 2025 Panorama Magistrado presidente del Tribunal Electoral, Narciso Arellano. Carlos Vidal Arellano: se evaluará propuesta de fianza para revocatoria José González Pinilla [email protected] PLANTEAMIENTO Hasta la fecha, el Tribunal Electoral ha recibido diez solicitudes de revocatoria de mandato, dirigidas a alcaldes, representantes y diputados. El magistrado presidente del Tribunal Electoral y de la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE), Narciso Arellano, reveló que una de las propuestas que se analizará es el establecimiento de una fianza para quienes impulsen procesos de revocatoria de mandato sin fundamentos sólidos. Arellano explicó que hasta la fecha, el Tribunal ha recibido diez solicitudes de revocatoria de mandato, dirigidas a alcaldes, representantes y diputados. Aclaró, una vez más, que esta figura no aplica al presidente de la República, como erróneamente se ha interpretado en algunos sectores. La última solicitud de revocatoria que recibieron fue para el alcalde de la capital, Mayer Mizrachi. La solicitud de revocatoria fue presentada por el ciudadano José Guardia este lunes 14 de julio. Para que sea efectiva la revocatoria debe recolectarse el 30% de firmas de los ciudadanos que conformen el padrón electoral de la circunscripción correspondiente al momento de la elección. El magistrado explicó que, ahora con el cambio de reglamentación, el ciudadano que quiere firmar tiene que asistir de forma presencial a las oficinas del Tribunal Electoral, así como a sus regionales. Un método muy diferente al que había dispuesto la institución hace unos años con la plataforma Tribunal Contigo y kioscos digitales. “El tribunal se vio precisado a limitar esa forma de recolección de firmas, toda vez que las otras que existían anteriormente, actualmente no es posible”, dijo. Ello es “porque la plataforma actualmente no lo permite, no está diseñada para eso y el costo de actualizarlo es enorme”. Dijo que cuando llegó al cargo, en enero de este año, le informaron que los libros móviles que se le entregaban al candidato para que fuera a recoger firmas fueron “objeto de fraude” y “objeto de violaciones” que le costó dinero al Tribunal para poder auditar a través de peritos. Avances en la CNRE Además de esta propuesta, el magistrado Arellano ofreció un balance del avance de los trabajos de la CNRE. Según el magistrado, ya se han discutido dos de los cinco bloques temáticos en que se dividió la reforma, con un avance estimado del 30%. Entre los cambios ya aprobadosdestacanvariostemas. Entre ellos el aumento del porcentaje mínimo de adherentes necesarios para constituir un partido político, que pasaría del 2% al 3% del padrón electoral; el fortalecimiento de los derechos electorales para personas privadas de libertad o con discapacidad, así como el abordaje del voto adelantado. ¿Senacyt no recibirá fondos? El magistrado también adelantó que proponen modificar el uso y devolución de fondos públicos por parte de candidatos por libre postulación, incluyendo la devolución obligatoria de los fondos en caso de renuncia. Sobre este tema, el magistrado indicó que en la actualidad si alguna autoridad electa declina a recibir el financiamiento poselectoral, la suma que le corresponde debe pasar para la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt). “Nosotros estamos proponiendo que esos fondos regresen al Tesoro Nacional, que es de donde provinieron”, aseguró. Respecto al fuero electoral, tema aún pendiente de discusión en el cuarto bloque, Arellano reconoció que existen diferencias internas entre los magistrados del Tribunal. En su caso, expresó estar a favor de eliminarlo completamente, aunque otros colegas abogan por reducir su duración y alcance. A su juicio, lo importante es que el fuero no sea un escudo para “evadir responsabilidades penales”. “Como mínimo, reducir el término. Como máximo, eliminarlo”. Pero ve difícil que los partidos políticos acepten renunciar a esa coraza legal. Sobre el cronograma, el magistrado Arellano indicó que la CNRE aspira a culminar su trabajo en diciembre, como ha ocurrido en procesos anteriores, aunque advirtió que el avance dependerá de la complejidad de los temas y del número de propuestas presentadas por los actores que integran la Comisión, entre ellos ocho partidos políticos, la Fiscalía Electoral y representantes del Foro Nacional de Reformas Electorales. Recordó que todas las reformas acordadas por la CNRE deberán ser enviadas a la Asamblea Nacional, que tiene la facultad constitucional de aprobarlas, modificarlas o rechazarlas. “Será tarea nuestra defender esas propuestas ante la Asamblea, acotó. La Comisión iniciará hoy jueves la discusión del tercer bloque de reformas, centrado en el financiamiento político.
6A La Prensa Panamá, jueves 17 de julio de 2025 Panorama El diputado Ernesto Cedeño, coordinador de la bancada ‘Seguimos’ y del Movimiento Otro Camino (Moca), informó que su colega Jairo ‘Bolota’ Salazar, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), interpuso una demanda ante la Corte Suprema de Justicia contra la formación de la nueva bancada. El recurso busca que se declare nula —por considerarla ilegal— la resolución 2 del 3 de julio de 2025 que aprobó la conformación de la nueva bancada legislativa ‘Seguimos’. La bancada en cuestión está conformada por los diputados José Pérez Barboni y Grace Hernández, de Moca; Betserai Richards, electo por la libre postulación y Cedeño —postulado por Moca—. Según el documento difundido por Cedeño, Salazar habría presentado el recurso a través de sus apoderados legales de la firma Cruz, Ríos y Asociados el martes 15 de julio. Bolota intenta tumbar la formación de nueva bancada ASAMBLEA Por la limpieza y desinfección del Hospital Regional Dr Cecilio Castillero de Chitré, el consorcio Salud e Higiene Hospitalaria (al que pertenece la empresa Hombres de Blanco Corp.) deberá cobrar $967,882.32. Cortesía Sin licitación: Hombres de Blanco recibirá $15.3 millones Mónica Palm [email protected] Mario De Gracia [email protected] El Minsa otorgó a Salud e Higiene Hospitalaria la limpieza de ocho hospitales para garantizar la continuidad del servicio, argumentando contención del gasto y menores precios frente a otros proveedores. El consorcio Salud e Higiene Hospitalaria (cuya cabeza visible es la empresa Hombres de Blanco Corp.) cobrará $15.3 millones por limpiar y desinfectar ocho hospitales tutelados por el Ministerio de Salud (Minsa), por un año, hasta el 30 de junio de 2026. Esa cantidad es similar al precio de referencia de una licitación convocada por el Minsa hace nueve años para contratar el mismo servicio, pero por un período de 24 meses, es decir, el doble que ahora. En febrero de 2016, el Minsa convocó una licitación para adjudicar los servicios de aseo, limpieza y desinfección en los hospitales Nicolás Solano (La Chorrera), Instituto de Salud Mental Matías Hernández (Río Abajo), San Miguel Arcángel (San Miguelito), Anita Moreno (El Ejido de Los Santos), Joaquín Pablo Franco Sayas (Las Tablas), Cecilio Castillero (Chitré), Dr. Aquilino Tejeira (Penonomé) y Dr. Luis “Chicho” Fábrega (Santiago). El precio de referencia se fijó en $15.4 millones. Entonces el Minsa adjudicó ese contrato a Sicarelle Holding Inc., que ofertó $14.9 millones. En aquel acto público también concursó Hombres de Blanco Corp. Sin embargo, la empresa presentó una propuesta únicamente para prestar el servicio en tres de los ocho hospitales. No fue seleccionada. En mayo de 2022, el Minsa hizo una nueva licitación, estableciendo el precio de referencia en $29.9 millones, ya que la prestación del servicio se amplió a dos años. Por segunda ocasión, Sicarelle (que participó a través del consorcio Bioseguridad Hospitalaria) se llevó el contrato, al ofertar $30.8 millones ($15.4 millones por cada año de servicio). Hombres de Blanco no participó. El contrato vencía el 31 de diciembre de 2024. El Minsa, en lugar de convocar una nueva licitación, decidió aplicar un procedimiento abreviado y directo: el de cotización en línea. También optó por contratar a más de un proveedor. De ese modo, la limpieza de los ocho hospitales se repartió en tres contratos, por seis meses cada uno: del 1 de enero al 30 de junio de 2025. Hasta ahora, ninguno ha recibido el refrendo de la Contraloría General de la República, por lo que el Estado no ha pagado por un servicio ya prestado. A Hombres de Blanco (que concursó con el consorcio Salud e Higiene Hospitalaria) le fueron adjudicados dos de los tres contratos. Por la limpieza del Nicolás Solano, el Matías Hernández y el San Miguel Arcángel se le pagaría $2.8 millones. Por los tres de Azuero, $2.6 millones. Sicarelle, que había prestado el servicio desde 2017, de pronto se quedó con dos de los ocho hospitales: el de Penonomé y el de Santiago, por lo que debe cobrar $2.4 millones. Actualmente, desde el 1 de julio pasado, los ocho centros de salud están a cargo del consorcio en el que participa Hombres de Blanco. El Minsa llegó a este acuerdo por la vía directa, sin licitación, “atendiendo la necesidad de asegurar la continuidad ininterrumpida del servicio y en cumplimiento de las medidas de contención del gasto público”. Ante una consulta de La Prensa, el Minsa aseguró que solicitó a Salud e Higiene Hospitalaria prestar el servicio por un año, del 1 de julio de 2025 al 30 de junio de 2026, porque fue la empresa que propuso los precios más bajos en el acto de cotización en línea, que se celebró meses atrás. Incluso compartió unas tablas en las que comparó los precios de ambos proveedores y, al final, calculó que su decisión representa un ahorro de $156,563 por semestre, o $313,126 al año. La limpieza más costosa es la del Luis “Chicho” Fábrega, en Santiago: poco más de $3.1 millones por año. Le sigue el Anita Moreno, en El Ejido ($2.5 millones). En cambio, la menos costosa es la del Cecilio Castillero (Chitré): $967,882. El Minsa también resaltó que no quiso prorrogar su relación con Sicarelle y sus socios porque el primer contrato, adjudicado en 2017, que era por $14.9 millones y 24 meses, terminó costando casi $53.6 millones y su vigencia se prorrogó por cuatro años adicionales, hasta el 31 de diciembre de 2022. En total, a este contrato se le hicieron hasta 10 adendas. El monto total de los dos contratos a Sicarelle en 2017 y 2022 fue de $84.5 millones. La entidad aduce que otra razón para no prorrogar la contratación de Sicarelle con una nueva adenda es “la necesidad de promover la competencia y la transparencia en los procesos de contratación pública”. Sin embargo, no convocó a un acto público, como se prometió en marzo pasado, y ahora esa posibilidad ni siquiera se contempla en las respuestas enviadas a La Prensa. “En resumen, en atención a las medidas de contención del gasto público, el presupuesto asignado no permite la apertura de un nuevo proceso de selección de contratista, el cual implicaría tiempo y costos adicionales que no se ajustan a la realidad presupuestaria vigente”, remarcó el ministerio por escrito, a este medio. Falta conocer qué ocurrirá el 30 de junio, cuando culmine el acuerdo actual con el consorcio de Hombres de Blanco. También se quiso ampliar el tema con Hombres de Blanco, pero hasta ahora la empresa no ha atendido las preguntas de La Prensa. UI UNIDAD INVESTIGATIVA Aunque la vacunación infantil en las Américas ha mostrado señales de recuperación en 2024, Panamá enfrenta desafíos importantes en este ámbito, según datos recientes publicados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). El informe de las Estimaciones de la Cobertura Nacional de Inmunización (WUENIC, por sus siglas en inglés) revela que Panamá registró una disminución de más del 14% en su población objetivo de vacunación entre 2023 y 2024. Esta reducción inusual ha generado preocupaciones en los organismos internacionales, que recomiendan al país realizar una encuesta de alta calidad para validar las cifras reportadas. El objetivo de esta encuesta sería determinar si la caída se debe a un cambio real en la población objetivo, una variación metodológica en los cálculos o, peor aún, una disminución efectiva en la cobertura de vacunación. Para la OMS y Unicef, contar con datos precisos y verificables es crucial para tomar decisiones de salud pública informadas. A este panorama se suma otro factor que podría haber influido directamente en las cifras: el desabastecimiento de vacunas que enfrentó Panamá durante tres meses en 2024. Este hecho, reconocido en el propio informe, habría afectado especialmente a los grupos más vulnerables, donde el acceso a los servicios de salud suele ser más limitado. En cuanto a los indicadores nacionales, la primera dosis contra la difteria, el tétanos y la tos ferina (DTP1) se mantuvo estable, con un 91% de cobertura tanto en 2023 como en 2024. No obstante, la tercera dosis (DTP3) mostró apenas una leve mejora, al subir del 71%al72%enesemismoperiodo. Esta diferencia entre la primera y tercera dosis es relevante, ya que evidencia dificultades para completar los esquemas de vacunaVacunación infantil: OMS insta a Panamá a comprobar datos con encuesta SALUD ción en ciertos segmentos de la población. Por otro lado, el informe señala datos positivos en cuanto a la vacunación contra el sarampión. La cobertura de la primera dosis (MCV1) aumentó de 88% en 2023 a 93% en 2024, mientras que la segunda dosis (MCV2) tuvo un incremento notable: del 77% al 94% en un año. En respuesta a estas cifras y como parte de su estrategia de contención, el Ministerio de Salud (Minsa) desarrolló dos jornadas nacionales de vacunación bajo el lema “Mi Amor va más allá”, dirigidas a niños y niñas en riesgo de quedar fuera del esquema regular. Durante estas campañas se aplicaron vacunas contra sarampión y rubéola, con el objetivo de reforzar la eliminación de estas enfermedades y prevenir la reaparición de síndrome de rubéola congénita, una condición que puede afectar severamente a los recién nacidos. A nivel regional, el informe de OMS y Unicef también alerta sobre un fenómeno preocupante: más de 1.4 millones de niños en las Américas no recibieron ni una sola dosis de la vacuna DTP. Esto representa un aumento de los llamados “niños cero dosis”, es decir, aquellos que no han recibido ninguna vacuna del esquema básico. En total, se estima que 1,465,000 niños en la región se encuentran en esta situación. Estos hallazgos subrayan la urgencia de reforzar las políticas de salud pública, mejorar los sistemas de registro y monitoreo, y garantizar un suministro constante y equitativo de vacunas. En el caso de Panamá, validar la información mediante una encuesta técnica confiable permitirá comprender mejor el alcance del problema y actuar con mayor eficacia. Evitar retrocesos en la protección de la niñez panameña requiere decisiones basadas en evidencia, y una acción coordinada entre instituciones nacionales e internacionales. Las Américas han mostrado un compromiso firme con la protección de su población infantil, pero las brechas en la cobertura nos recuerdan que debemos hacer más”, señaló Jarbas Barbosa, director de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), oficina regional de la OMS para las Américas. “La vacunación sigue siendo una de las herramientas más efectivas para prevenir enfermedades y salvar vidas. No podemos permitir que ningún niño quede sin protección”, añadió. Aleida Samaniego C. [email protected] 1.4 millones de niños en las Américas no recibieron ni una sola dosis de la vacuna DTP. Archivo
7A La Prensa Panamá, jueves 17 de julio de 2025 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. desafueros, crímenes y arbitrariedades cometidas en contra del pueblo panameño durante aquel fúnebre y negro período de nuestra historia. El problema es que ahora no estamos en los tiempos de “regáñeme, mi general”, ni se trata de palabras dichas al viento por parte de un periquito o periquita, o de un primo lejano del diputado Camacho, o incluso de las desabridas declaraciones de un pelechador y rezagado varillero del noriegato. Por el contrario, estamos hablando de las declaraciones públicas de un ministro de Estado del actual gobierno de José Raúl Mulino, quien aseguró con vehemencia ante los medios que: “Debemos estar agradecidos de Ricardo Martinelli, quien ayudó a que el país tuviera una elección y una transición democráticas”, y reiteró además, con pasmosa convicción, la manida frase utilizada en la campaña pasada: “Martinelli es Mulino y Mulino sigue siendo Martinelli”. Si el presidente Mulino pasa por alto las recientes declaraciones de Navarro, o peor aún, las celebra como una inocente mamarrachada de su Las colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. Una victoria pírrica Primer año de gestión En el año 279 a. C., en la batalla de Asculum, Pirro, rey griego de Epiro, logró una importante victoria contra el gran y glorioso Imperio Romano. Sin embargo, perdió a gran parte de sus guerreros. Al finalizar la batalla, uno de sus generales exclamó: “Rey, hemos vencido”, a lo que Pirro, contemplando el campo de batalla y la devastación de sus tropas, respondió: “Con otra victoria como esta, estamos perdidos”. Este pasaje histórico dio origen a la expresión “victoria pírrica”, utilizada para referirse a un resultado favorable obtenido a un costo tan alto que, en realidad, se asemeja a una derrota para el vencedor. El presidente de la República ha asumido múltiples batallas de forma simultánea: la Ley 462, los memorandos de entendimiento con Estados Unidos, las jubilaciones de los empleados bananeros en Bocas del Toro, las protestas del Suntracs, de los grupos originarios y de los gremios docentes. Ha enfrentado estos problemas de manera frontal y directa, logrando imponerse y doblegar a los grupos que protestaban, algo que ningún mandatario anterior había conseguido, pues sus predecesores solían terminar firmando armisticios con sus opositores. Coincido en que, en muchos de estos casos, el mandatario tenía razón respecto a las oscuras intenciones que gravitaban sobre algunos grupos y gremios, movidos principalmente por intereses políticos y no por una verdadera voluntad de resolver problemas nacionales. En ese sentido, no podemos censurar la acción del Órgano Ejecutivo ni la forma en que enfrentó la conflictividad. No obstante, esta victoria ha tenido un alto costo: la contracción económica y la pérdida de empleos en Bocas del Toro, además de la muerte y las graves lesiones de personas, que la propia Defensoría del Pueblo ha catalogado, en algunos casos, como violaciones a los derechos humanos. A esto se suma la caída en la aceptación del presidente y de sus ministros, reflejada en encuestas nacionales e internacionales que sitúan su aprobación en apenas 9%. Reconozco que el presidente ha acertado en algunos aspectos de su gestión y ha asumido riesgos que ningún otro mandatario se atrevió a tomar. Sin embargo, esas victorias le han causado bajas significativas que afectarán su gobierno en los próximos cuatro años. El tema que se avecina es el de la mina, un asunto espinoso ante el cual la población manifestó una férrea oposición en 2023. Lo más recomendable, para evitar sobresaltos que amenacen la paz social, es que el presidente consulte mediante un plebiscito si Panamá quiere o no minería. Si la consulta es aprobada, tendría luz verde para reactivar la mina de Donoso sin mayores oposiciones. En conclusión, las victorias logradas en el primer año de gobierno de José Raúl Mulino se han conseguido a un alto costo social y económico, cuyos efectos solo podrán evaluarse con el tiempo. Esos efectos implican, y seguirán implicando, un elevado costo político para el presidente y para su partido, Realizando Metas, especialmente en el próximo torneo electoral. Carrera legislativa: ¿botín político o purga institucional? Servicio público profesionalizar el servicio público — como la Ley 12— se usan para blindar y proteger nombramientos políticos injustificados, innecesarios y onerosos. Esto genera cuatro problemas que debemos visibilizar y enfrentar: 1. Clientelismo institucionalizado: cada directiva hereda compromisos de planilla, perpetuando un sistema opaco y sin control. 2. Falta de transparencia: muchas plazas carecen de trazabilidad; no se sabe quién las ocupa ni qué funciones cumplen. 3. Ausencia de tecnología: no existen registros digitales de desempeño, horarios ni productividad, lo que impide toda evaluación objetiva. 4. Falta de sanciones reales: la estabilidad se ha convertido en un escudo frente a la rendición de cuentas. A esto se suma un problema aún más grave: las llamadas “botellas históricas”. Funcionarios que llevan décadas en la Asamblea sin evaluación alguna, y en algunos casos ni siquiera se sabe si siguen activos o bajo qué condiciones. Por eso, urge una “purga legislativa” de carácter técnico y legal, orientada a ordenar el sistema con criterios claros, verificables y constitucionalmente sostenibles, sin persecuciones ni venganzas políticas. Esto no implica debilitar a la Asamblea ni negar su necesidad operativa. Es cierto que los diputados requieren personal de confianza para asesoría, gestión en circuito y atención ciudadana. La clave está en regular con David Montenegro Al buen callar llaman, Sancho Exabruptos La frase aparece en el capítulo 43 de la Segunda Parte del Quijote, cuando Sancho se deja venir con una letanía de necedades, logrando enfurecer a don Quijote, y este lo reprende. Una recomendación similar le habría convenido acatar al ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, antes de dar a conocer sus recientes e inoportunos exabruptos. La verdad es que, en estos momentos, viniendo de un miembro del PRD, no deberían sorprendernos tanto sus almibaradas declaraciones en favor de Martinelli, puesto que hace poco también escuchamos, por ejemplo, al diputado Bolota Salazar gritar a todo pulmón en la Asamblea que Martinelli era lo máximo, llegando incluso a conmover hasta las lágrimas al propio Camacho con su inusitada intervención. Se suponía que, en aquella ocasión, tal desafuero era producto del acostumbrado oportunismo conductual, muy propio de este honorable padre de la patria. Pero al parecer, la adulación y la cepillería les viene de arrastre por igual a estos dos personajes, y de seguro a muchos otros de la misma camada, incubada desde aquellos tiempos en que en dicho partido se le rendía culto y veneración absoluta al dictador Noriega, a quien consideraron su emblemático padrino y mentor, sin importar los flamante ministro de Ambiente, entonces todos los panameños tendríamos razones para sentirnos preocupados y, en consecuencia, para considerar sospechosamente ciertas las aseveraciones de Navarro. Qué lamentable sería que, a estas alturas del partido —transcurrido apenas el primer año de gobierno—, tengamos que llegar al convencimiento de haber estado asistiendo a la presentación de una obra de teatro muy bien montada, en la que el presidente Mulino tuvo la habilidad suficiente para engañarnos y convencernos a todos, desde el primer día de su gestión, de la veracidad de su supuesta “metamorfosis kafkiana” para bien del país, que todos nos creímos. Ello sería verdaderamente frustrante y desalentador para todos los panameños, y supongo que terriblemente frustrante, además, para la mayoría de sus actuales ministros, quienes —al igual que yo— llegamos a creer a pies juntillas en las palabras del presidente Mulino cuando, al tomar posesión del cargo, dijo emocionado: “Tengo la intención de dejarle como legado un buen ejemplo a los panameños, a mis hijos y a mis nietos”, propósito que, como él sabe, y todos sabemos, ni remotamente pudo ni podrá lograr jamás su amigo, el delincuente condenado y prófugo de la justicia Ricardo Martinelli, pese a las múltiples y oficiosas adulaciones adicionales que continúe recibiendo en su yate, ahora de parte de sus nuevos aliados y súbditos del PRD. Opinión EL AUTOR es abogado. EL AUTOR es pintor y escritor. EL AUTOR es abogado y director de la Fundación de Gobernanza Democrática. Irving Domínguez Bonilla firmeza. Estas posiciones deben estar claramente definidas, supervisadas y excluidas del ingreso automático a la carrera. Esta reforma, a mi juicio, debe incluir los siguientes parámetros: 1. Concursos públicos obligatorios: derogar los procedimientos especiales y establecer el concurso como única vía de ingreso a la carrera legislativa. 2. Regulación del personal de confianza: establecer mecanismos verificables, con rendición de cuentas clara sobre funciones y desempeño. 3. Transformación digital: implementar un sistema integrado de gestión legislativa que incluya expedientes electrónicos del personal, registro biométrico de asistencia, evaluaciones de desempeño basadas en indicadores objetivos y una plataforma en línea accesible al público donde se publiquen, en tiempo real, vacantes, salarios y funciones, conforme a las mejores prácticas de gobierno abierto y las demandas de transparencia de la ciudadanía panameña. La Asamblea enfrenta un momento decisivo: puede seguir siendo un símbolo del clientelismo o liderar su propia transformación. La nueva junta directiva tiene en sus manos la oportunidad de limpiar la casa y demostrar que los partidos políticos aún pueden actuar con responsabilidad. Esta no es solo una cuestión técnica, sino de voluntad y compromiso con el país. Panamá espera que sus líderes estén a la altura. Esta podría ser la última oportunidad para recuperar la confianza de un pueblo que ya no cree en promesas vacías. La Asamblea Nacional de Panamá atraviesa una crisis de confianza sin precedentes. Según una encuesta de La Prensa de marzo de 2024, el 84.1% de los panameños tiene poca o ninguna fe en este órgano del Estado, una cifra que en provincias como Coclé alcanza el 98.6%. Una de las raíces principales de este problema es la deficiente aplicación de la carrera del servicio legislativo, creada por la Ley 12 del 10 de febrero de 1998, cuyo objetivo era profesionalizar la administración legislativa y garantizar estabilidad basada en el mérito. Sin embargo, esta ley se ha convertido en un mecanismo para proteger intereses políticos ilegítimos. Entre 2008 y 2024, más de 1,200 personas ingresaron a la carrera legislativa por vías especiales, sin concursos ni evaluaciones. Solo en abril de 2024 se acreditaron 450 funcionarios, sin pruebas técnicas que validaran su capacidad ni su rendimiento. Estos datos no deben analizarse de forma aislada. Según cifras citadas por este mismo periódico, para abril de 2024, la Asamblea tenía una planilla de 4,022 personas. Del presupuesto total asignado, casi el 97% se destina a funcionamiento, y apenas el 3% a inversión. Hablamos de más de 113 millones de dólares anuales que no encuentran justificación ni sustento en planes de eficiencia institucional. Mientras la planilla crece desmesuradamente, las leyes diseñadas para Estamos hablando de las declaraciones públicas de un ministro de Estado del actual gobierno de José Raúl Mulino, quien aseguró con vehemencia ante los medios que: ‘Debemos estar agradecidos de Ricardo Martinelli, quien ayudó a que el país tuviera una elección y una transición democráticas”. Joaquín González J. Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente Ejecutiva y Directora Editorial Annette Planells Gerente Comercial Sudy S. de Chassin Subdirectora y Editora de la Unidad de Investigación Mónica Palm Editora Digital Yolanda Sandoval Editor del Impreso Juan Luis Batista ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com Aviso sobre el uso de Inteligencia Artificial Este periódico emplea inteligencia artificial (IA) para asistir en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. Utilizamos la IA como herramienta de apoyo para asegurar la precisión y calidad de la información que entregamos a nuestros lectores. Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción, sin la autorización escrita de su titular. Presidente fundador Roberto Eisenmann Jr. Director emérito Guillermo Sánchez Borbón La nueva junta directiva de la Asamblea Nacional tiene ahora la oportunidad de limpiar la casa y demostrar que los partidos políticos aún pueden actuar con responsabilidad.
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