9A La Prensa Panamá, martes 15 de julio de 2025 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. dueño de un partido, como si no hablara de él. No estoy seguro de que entendiera siquiera lo que compartía, pero ese es otro tema. Políticamente, el presidente de la República puede sentirse satisfecho por la firma del acuerdo. Pero no creo que se haya mareado tanto como para no notar que el país queda herido. Él sale fortalecido, ¿pero cómo queda el país? Al menos, ya no tenemos a los eternos líderes sindicales del caos, expertos en bloquear calles sin respaldo popular, afectando a quienes sí quieren trabajar y construir futuro. Lo cierto es que lo ocurrido también deja lecciones. Ese 60% que no votó por el presidente tampoco está cruzado de brazos, y no necesariamente salió a defenderlo. Como todo en la política panameña, las cosas dependen de cuánto convienen a quienes deberían ser la oposición. A diferencia del mensaje en X, creo que hoy se vislumbran nuevos liderazgos. Si juegan sus cartas con esLas colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. La Constitución no puede ser un proyecto de palacio Instituciones Panamá atraviesa un momento histórico. Hoy se discute la redacción de una nueva Constitución, una tarea que marcará el destino del país por generaciones. Esta oportunidad para renovar nuestra democracia encierra, sin embargo, un riesgo profundo: que los llamados “redactores” —60 ciudadanos que supuestamente no serán políticos y tendrán solvencia moral— terminen siendo escogidos a discreción del presidente de la República o de grupos cercanos al poder. ¿Por qué debe importarnos? ¿Por qué debemos alzar la voz? Porque la legitimidad de una Constitución no nace solo de sus artículos o de sus promesas escritas. Su fuerza moral y política proviene de la convicción de que fue concebida de manera abierta, transparente y participativa. Si la selección de quienes la redacten se convierte en un reparto de cuotas políticas disfrazadas de neutralidad, estaremos ante un simulacro de cambio. La experiencia nos enseña que, cuando un solo poder controla los hilos de un proceso constituyente, el resultado suele ser un documento diseñado para proteger privilegios y perpetuar lealtades, no para sanar las fracturas sociales que nos dividen. Panamá merece algo mejor. Merece una Constitución auténticamente ciudadana, que recoja la diversidad de ideas, regiones y sectores. Un documento construido con la voz de las mujeres, los jóvenes, los trabajadores, los pueblos originarios, los empresarios y las organizaciones sociales; no por un puñado de allegados elegidos en despachos oficiales. La solvencia moral no se define desde el poder como un favor ni como un sello de aprobación. La solvencia moral nace del compromiso con la verdad, con el bien común y con la valentía de disentir cuando es necesario. Por eso, cada panameño debe estar alerta. La indiferencia es el mejor aliado de quienes sueñan con un proceso constituyente manejado a su conveniencia. Si hoy guardamos silencio, mañana no podremos reclamar cuando descubramos que nuestra nueva Constitución no nos pertenece. La democracia no se construye con decretos ni con gestos simbólicos. Se construye con participación, transparencia y vigilancia ciudadana. Hoy tenemos la responsabilidad de exigir mecanismos claros, públicos y verificables para elegir a quienes redactarán nuestra carta fundamental. De lo contrario, este proceso nacerá contaminado de dudas, y el desencanto ciudadano se profundizará aún más. Panamá no puede permitirse una Constitución impuesta. No podemos resignarnos a que el futuro del país se decida a puertas cerradas. No podemos permitir que la promesa de cambio sea otra oportunidad perdida. La historia nos observa. Y nuestros hijos nos preguntarán si tuvimos el coraje de defender la democracia cuando más nos necesitaba. Que nadie se quede callado. Que nadie se quede afuera. Que nadie se quede indiferente. Un pueblo indiferente es la herramienta que le permite a los gobernantes seguir actuando contra el ciudadano. Servicios públicos y huelgas Educación oficial cada. Está claro que muchos gremios y sindicatos fueron creados para luchas políticas e ideológicas, no para la superación de sus miembros ni de la sociedad. Nuestra Constitución destaca, tanto en lo dogmático como en su diseño orgánico, el predominio del interés público sobre el particular. Por simple lógica, procura proteger a la población, empezando por los servicios esenciales que el Estado debe garantizar sin interrupción: educación, transporte, salud pública, electricidad, agua, comunicaciones, recolección de basura, seguridad, servicios sociales, abastecimiento de alimentos, entre otros. Ignorar esta realidad es, por decir lo menos, reprensible. Aunque existe un vacío legislativo específico, la Corte Suprema de Justicia ya dispuso hace 30 años que, en tanto ese vacío persista, rige el principio de legalidad en la educación pública. En consecuencia, hay que aplicar la ley. Los desertores del magisterio público saben que apelar a la OIT no es una opción válida. La Organización ha identificado varios servicios esenciales exentos del derecho a huelga, y ha determinado que la esencialidad depende tanto de las condiciones del país como del daño que la duración del paro puede causar a la población. Aquí no hay espacio para maniobras políticas. El problema es la vieja y aberrante práctica nacional de pactar soluciones ignorando la legalidad institucional. ¿Así se protegen los derechos de la población y se fortalece la seguridad jurídica? Por supuesto que no. Solo se transa con la ilegalidad y con los intereses de grupos específicos. Veamos: se estima que en los últimos años se han perdido más de 500 días Ramón Morales Quijano ¿Vamos a seguir de espectadores? Lecciones La semana pasada, varios medios de comunicación mostraron el momento en que el Gobierno Nacional, a través de la ministra de Educación, junto a gremios magisteriales y empresariales, firmaba un documento que ponía fin a un paro docente tan extenso como innecesario. Lo califico de “amargo” porque, desde una perspectiva justa, no tenía mayor razón de ser. Los dirigentes gremiales cayeron en una trampa de la que no les fue fácil salir. No es lo mismo bailar tamborito en una marcha que regresar a casa sin el sustento para el hogar, luego de semanas sin salario. Siempre me cuestioné de dónde salían los recursos que financiaron esta y otras manifestaciones que vimos en el país durante más de dos meses. Pero bueno, todo indica que se acabaron, como habíamos previsto, justo después del 1 de julio. ¿Coincidencia? No lo creo... Recientemente circuló en redes un mensaje que fue reposteado por el trategia y autenticidad, podrían representar una oposición seria. Si no, perderán más de lo que creen tener. Ver los toros desde la barrera permite observar con más claridad, algo que deben tomar en cuenta tanto oficialistas como opositores. Todos deben entender que el país va primero. Hay que corregir lo corregible y avanzar con visión. La Asamblea Nacional debe mirarse al espejo: quienes gritan no siempre representan al país. Llegará el momento de recomponer ese órgano y reflejar mejor el sentir de la mayoría. Y no olvidemos que el crimen organizado sigue al acecho. No podemos permitir que el narcotráfico, que ya ha infiltrado gobiernos, bancos e instituciones en la región, nos robe lo que hemos construido. Ahora toca enfocarnos en reformar la ley educativa, en el nombramiento de nuevos magistrados, en una reforma electoral seria, en una eventual nueva Constitución, y en garantizar que los diputados legislen para el país y no para sus bolsillos. Ojalá hayamos aprendido que, como simples espectadores, no ganaremos la batalla por la decencia ni por los valores éticos y cívicos que tanto necesita Panamá. Opinión LA AUTORA es abogada. EL AUTOR es dirigente cívico y analista político. EL AUTOR fue embajador de Panamá ante la ONU. Carmen Guerra de clases en colegios oficiales. Si el calendario escolar es de 190 días por año, los estudiantes del sistema público han sufrido el equivalente a dos años y medio de educación negada. Las “curitas” no saldan esa pérdida de contenido educativo. En resumen, los movimientos de los llamados “educadores” solo lograron interrumpir el aprendizaje, obstaculizar el acceso a empleos formales de sus víctimas y frenar por largo tiempo el desarrollo socioeconómico del país. Volvieron a socavar el hoyo, aunque el viernes pasado firmaron un nuevo “acuerdo”. Es difícil valorar ese “acuerdo” que, a todas luces, nunca debió existir como un nuevo puente roto en el camino hacia una solución definitiva del problema educativo. Es comprensible, en términos políticos y económicos, que quienes lograron una pacificación temporal del país se sientan satisfechos. Pero no puede decirse que ganaron Panamá o sus jóvenes, ni que se está fortaleciendo el sistema educativo. Lo cierto es que los educadores, pese al fracaso de su rebelión, han revalidado “su derecho” a abandonar sus responsabilidades legales cuando quieran y con cualquier excusa, a ser reintegrados sin cuestionamientos e incluso remunerados como si nada hubiese pasado. La ciudadanía, por su parte, continúa exigiendo el respeto a los derechos de niños y jóvenes, y a la institucionalidad jurídica, política, social y económica del país. En este contexto se firma el confuso “acuerdo” del 11 de julio: suspensión de las notificaciones de reemplazos, ausencia de garantía en el pago de salarios, no más reemplazos, compromiso de reanudar las clases presenciales y el adelanto de una quincena como contraprestación por “actividades de reforzamiento académico”. Como bien dijo uno de los dirigentes de esta conmoción civil al agradecer la participación de los educadores: el acuerdo es “por el interés de los educadores”. Así lo recogió la noticia. Pobre país. Inexplicablemente, cargamos casi como una tara cultural la costumbre de no profundizar en la ejecución del ordenamiento jurídico nacional. Solemos dar importancia solo a lo tangible de las acciones que impactan a diario a la sociedad, aplicando reacciones insustanciales. Un ejemplo muy válido es la reciente “huelga” de educadores. Hasta donde he observado, la suspensión de labores por parte de trabajadores responde, legalmente y en doctrina, a la necesidad legítima de presionar a los empleadores para negociar asuntos relacionados con salarios y condiciones laborales. También es norma que una huelga ilegal conlleve la suspensión del contrato de trabajo y, en general, la interrupción del pago de cotizaciones a la seguridad social. Esa lógica existe. Pero en Panamá, el Estado-empleador (que somos todos) tolera la degeneración del concepto de huelga y hasta financia la paralización de servicios públicos esenciales. Hay una larga historia de “reintegro sin represalias y sin descuento salarial”, como si los daños fueran auto infligidos. La posición del actual gobierno frente a esta nueva irresponsabilidad de los gremios de educadores ha sido correcta, y largamente esperada por la sociedad. No hay justificación alguna para lo que esas asociaciones hicieron, y sería un disparate revivir la práctica de que “aquí no ha pasado nada”. Porque sí ha pasado, y es imperdonable. ¿Son realmente educadores? También se educa con el ejemplo. El que ofrecieron fue el de falsedad en sus causas, desconocimiento de sus propios argumentos y desprecio por el derecho de la comunidad a recibir servicios esenciales. Ese desprecio es parte de la razón por la cual la educación pública en nuestro país está tan descalifiLa Asamblea Nacional debe mirarse al espejo: quienes gritan no siempre representan al país. Llegará el momento de recomponer ese órgano y reflejar mejor el sentir de la mayoría. Juan B. McKay Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente Ejecutiva y Directora Editorial Annette Planells Gerente Comercial Sudy S. de Chassin Subdirectora y Editora de la Unidad de Investigación Mónica Palm Editora Digital Yolanda Sandoval Editor del Impreso Juan Luis Batista ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com Aviso sobre el uso de Inteligencia Artificial Este periódico emplea inteligencia artificial (IA) para asistir en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. Utilizamos la IA como herramienta de apoyo para asegurar la precisión y calidad de la información que entregamos a nuestros lectores. Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción, sin la autorización escrita de su titular. Presidente fundador Roberto Eisenmann Jr. Director emérito Guillermo Sánchez Borbón La posición del actual gobierno frente a esta nueva irresponsabilidad de los gremios de educadores ha sido correcta, y largamente esperada por la sociedad.
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