1A La Prensa Panamá, martes 15 de julio de 2025 El medio libre de Panamá 75¢ Martes 15 de julio de 2025 - Año 44 - Nº 15078 Hoy por hoy La reactivación de las exportaciones de cacao desde Bocas del Toro, tras casi dos meses de bloqueos, no solo es una buena noticia económica: es también una lección de resiliencia. En una provincia históricamente asociada al monocultivo bananero y más recientemente al turismo, el cacao demuestra que hay espacio —y necesidad— de diversificar la producción agropecuaria. Más del 95% del cacao nacional proviene de Bocas y casi todo se exporta a Europa, donde es apreciado por su calidad. Aun así, este rubro sigue siendo invisibilizado frente a otros sectores más tradicionales. El Estado tiene una oportunidad clara: apoyar con infraestructura, asistencia técnica y acceso a mercados. No se trata de paternalismo, sino de crear condiciones para crecer. El alza del precio del grano puede atraer nuevas generaciones al campo y abrir oportunidades en turismo rural y gastronómico. Visitar fincas, conocer procesos y degustar chocolate de origen puede ser tan atractivo como nuestras playas. Iniciativas como Cocabo y Ficcap prueban que Panamá tiene potencial. Falta voluntad para que florezca. Ellas.pa Música, formación y cultura 6B Kiwanis: Kolts y Fighting Owls se reparten la gloria 10A Deportes El cacao bocatoreño vuelve a Europa tras el bloqueo NEGOCIOS Reyna Katiuska Hernández [email protected] Bocas del Toro reanudó las exportaciones de cacao tras 55 días de bloqueos, enviando 95% de su producción a Europa. Yoshiris Peña, presidenta de la marca de chocolatería artesanal Oro Moreno, destacó el alza del 400% en el precio como incentivo para nuevos productores. VEA 2B ¿Universidades de garaje? 4 cierran y otras sin acreditar Aleida Samaniego C. [email protected] EDUCACIÓN SUPERIOR María del Carmen Terrientes advierte que el Ministerio de Educación no convoca al Coneaupa. La calidad de la educación superior en Panamá vuelve a estar bajo la lupa: cuatro universidades privadas cierran y otras cuatro operan con acreditaciones provisionales mientras esperan el aval definitivo del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá (Coneaupa). María del Carmen Terrientes, secretaria ejecutiva del organismo, confirmó que la demora responde a que el Ministerio de Educación, que preside el consejo, no lo ha convocado recientemente. En lista de espera figuran la Universidad Interamericana a Distancia de Panamá, la Universidad Hispanoamericana de Panamá, la Universidad Iberoamericana de Panamá y la Universidad de Hosanna, todas en su periodo inicial de seis años con permiso provisional, impartiendo clases mientras son sometidas a evaluaciones académicas y administrativas. En contraste, las universidades que cierran lo hacen por baja matrícula, incumplimientos o inactividad. Entre ellas, La Salle College ¿Consenso o ruptura? La batalla por Credenciales La disputa por la Comisión de Credenciales mantiene trabadas las negociaciones en la Asamblea Nacional. RM y PRD hablan de consenso, pero la coalición de Herrera defiende su mayoría y no cede espacios clave. VEA 4A Eliana Morales Gil [email protected] Contraloría cuestiona contrato del Minsa ligado a Hombres de Blanco La entidad fiscalizadora plantea que el contrato de $2.8 millones requiere “subsanaciones” antes de su refrendo. Otro por $2.6 millones sigue en revisión. En total, Salud e Higiene Hospitalaria espera $5.4 millones. VEA 2A Internacional Panamá, con apenas 12 estudiantes antes de solicitar su clausura; la Universidad Bancaria, que también pidió cerrar voluntariamente; la Interamericana de Administración y Liderazgo, en cierre técnico; y la Panamericana, que falló reiteradamente en acreditaciones. VEA 6A Esta es la nueva ruta del retorno delosmigrantes del norte El efecto Trump en el fenómeno migratorio ha provocado un flujo inverso de viajeros: del norte hacia el sur. Además de usar el Caribe para regresar a sus países de origen, las autoridades colombianas han detectado que los migrantes también emplean rutas por el océano Pacífico. VEA 8A Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Automovilismo NASCAR llega a Centroamérica La NASCAR México Series llegará por primera vez a Centroamérica con el Nations Panama City, programado para el 13 y 14 de septiembre en el Autódromo Panamá. Se espera un importante impacto turístico y económico con la llegada de más de 2,500 visitantes. En la imagen, Manolo Parada, director comercial de Opemsa, y Juan Carlos Planells, gerente de Corprensa, que patrocinará el evento. Alexander Arosemena
2A La Prensa Panamá, martes 15 de julio de 2025 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Eliana Morales Gil [email protected] Genaro López y Saúl Méndez controlan la dirigencia del Suntracs desde 1990. Archivo Elecciones en el Suntracs serán en agosto y a mano alzada SINDICALISMO El Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) anunció que realizará elecciones internas en agosto para renovar su junta directiva, tal como establece su estatuto. Aunque aún no se ha revelado la fecha exacta, los dirigentes aseguraron que el proceso se llevará a cabo “pese a toda la situación que atraviesa el sindicato”. Un dato relevante del anuncio es que no se utilizará el voto secreto, sino que la elección se hará a mano alzada. Esta elección se da en medio de procesos judiciales y tensiones con el Ejecutivo. Elsindicatoacusaalgobierno de José Raúl Mulino de liderar una campaña de persecución, evidenciada —según sus voceros— por el cierre de cuentas bancarias, investigaciones judiciales y la declaración del propio presidente de que reduciría al Suntracs a su “mínima expresión”. Actualmente, el secretario general es Saúl Méndez, quien ocupa el cargo desde 2010 tras ser electo en una asamblea extraordinaria realizada en el gimnasio Yuyín Luzcando, donde fue aclamado “por ovación”. Desde entonces, ha sido reelecto en los comicios internos de 2013, 2016, 2019 y 2022. La elección de 2010 se realizó sin competencia: Méndez encabezó la única nómina inscrita, compuesta por 14 miembros. Hoy, se encuentra refugiado en la embajada de Bolivia, donde solicitó asilo por considerarse víctima de persecución política. Otros miembros de la cúpula sindical también enfrentan procesos judiciales. Más de 120 integrantes del Suntracs han sido señalados por distintos delitos. Jaime Caballero está detenido en la cárcel de Mega Joya, acusado de blanqueo de capitales y uso indebido de fondos sindicales. Genaro López, exsecretario general, permanece bajo arresto domiciliario mientras es investigado por delitos relacionados con un conflicto laboral en Bocas del Toro. Asimismo, Erasmo Cerrud, actual secretario de Defensa, se encuentra asilado en la embajada de Nicaragua. Además de las elecciones, el Suntracs se prepara para negociar una nueva convención colectiva con la Cámara Panameña de la Construcción (Capac). La organización, fundada en 1972 y reconocidajurídicamenteen1973,enfrenta ahora uno de los momentos más desafiantes de su historia. Hospital Nicolás A. Solano de La Chorrera. Cortesía Frenan el refrendo a un contrato del Minsa ligado a Hombres de Blanco Mónica Palm [email protected] La Contraloría devolvió al Minsa el contrato por $2.8 millones a favor de Salud e Higiene Hospitalaria, solicitando “subsanaciones” no detalladas. Otro contrato por $2.6 millones sigue pendiente de refrendo; totalizan $5.4 millones. La Contraloría General de la República negó el refrendo a un pago solicitado por el Ministerio de Salud (Minsa) a favor del consorcio Salud e Higiene Hospitalaria, al que pertenece la empresa Hombres de Blanco Corp. El pago, por poco más de $2.8 millones, corresponde al servicio de limpieza y desinfección prestado entre enero y junio de 2025 en el Hospital Regional Nicolás A. Solano (La Chorrera), el Instituto de Salud Mental Matías Hernández (Río Abajo) y el Hospital San Miguel Arcángel (San Miguelito). La solicitud de refrendo fue enviada a la Contraloría el pasado 21 de mayo, cuando la empresa tenía casi cinco meses prestando el servicio. El viernes 11 de junio, la entidad fiscalizadora, a través del Sistema de Seguimiento, Control, Acceso y Fiscalización de Documentos (Scafid), notificó que el contrato había sido devuelto al Minsa para que se realizaran algunas “subsanaciones”. Se desconoce cuáles son los aspectos que deben corregirse o qué impide que el pago sea refrendado. La Prensa consultó tanto al Minsa como Hombres de Blanco Corp., pero ni una de las partes informó qué es lo que la Contraloría ha pedido subsanar. Ese mismo día (21 de mayo), el Minsa presentó una segunda solicitud de refrendo, correspondiente a otro contrato con Salud e Higiene Hospitalaria. Este abarca los servicios de limpieza en los hospitales Anita Moreno, Joaquín Pablo Franco Sayas y Cecilio Castillero, todos ubicados en Azuero, por un monto de $2.6 millones. Este contrato sigue en la Contraloría, pendiente de refrendo. En total, por ambos contratos, el consorcio debería recibir $5.4 millones. Salud e Higiene Hospitalaria llegó a un acuerdo con el Minsa para extender la prestación del servicio por al menos un año más, hasta el 30 de junio de 2026. No obstante, en esta extensión se incluyeron dos hospitales adicionales: el Dr. Aquilino Tejeira (Penonomé) y el Dr. Luis “Chicho” Fábrega (Santiago), que hasta el 30 de junio pasado eran atendidos por otro consorcio, de nombre Bioseguridad Hospitalaria, que incluye entre sus integrantes a Sicarelle Holdesde 2017, aunque en los últimos seis meses solo lo hacía en Penonomé y Santiago. Ahora, la totalidad del servicio está a cargo de Salud e Higiene Hospitalaria, que se adjudicó los contratos por contratación directa, sin que el Minsa convocara un acto público,comohabíaprometido el ministro Fernando Boyd en marzo pasado. El Minsa defiende su decisión de otorgar todo el servicio a un solo proveedor y argumenta que el presupuesto asignado no le permitía convocar un nuevo proceso de selección, ya que esto implicaría inversión de tiempo y costos adicionales. “Esta decisión permite asegurar la eficiencia en el uso de los recursos del Estado y garantizar la continuidad de un servicio que es crítico para el sistema de salud”, señaló el Minsa ante una consulta de La Prensa. El ministerio también argumenta que eligió a un solo proveedor con el fin de centralizar el servicio y que, en licitaciones previas, Salud e Higiene Hospitalaria presentó la oferta más baja. De hecho, los dos contratos correspondientes al periodo enero-junio de 2024 fueron adjudicados por un monto inferior al precio de referencia acordado. Además, según el Minsa, cumplieron “a cabalidad”. Se intentó conocer cuánto cobrará Salud e Higiene Hospitalaria por limpiar los ocho hospitales por un año, hasta el 30 de junio de 2026, pero ni el Minsa ni Hombres de Blanco Corp. respondieron. ding. Bioseguridad Hospitalaria había prestado el servicio en los ocho hospitales UI UNIDAD INVESTIGATIVA
3A La Prensa Panamá, martes 15 de julio de 2025
4A La Prensa Panamá, martes 15 de julio de 2025 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] TIC TAC.. Las bancadas de Realizando Metas (RM) y del PRD comunicaron ayer que están listas para conformar las comisiones legislativas. Se acerca la hora de poner a prueba el discurso del presidente. TUFO. ¿Por qué el partido RM está tan desesperado por obtener el control de la comisión legislativa de Credenciales? ¿Para promover leyes a favor de conocidos delincuentes? ¿O para intimidar al presidente de la República y tomar venganza contra los magistrados de la Corte Suprema? Si a usted le preocupaba que Shirley presidiera la junta directiva de la Asamblea Nacional, también debería interesarle lo que ocurra con esta elección. El pasado domingo por la noche, los 34 diputados que votaron por ella se reunieron en casa de Joan Guevara, del partido Alianza, buscando nuevas fórmulas para no repetir la derrota del 1 de julio. Seguramente algunos llegaron sin haberse bañado, pero eso era lo de menos. TBT. Para fomentar este clima de incertidumbre, Popi Varela difundió una foto de las urnas elaboradas en 2015, cuando se creía que la conformación de las comisiones legislativas se decidiría mediante votación en el pleno. Está bien recordar aquello, pero esas urnas no deberían utilizarse jamás; para eso existe el sistema de voto electrónico. Si cuando votan a viva voz algunos no tienen reparto en compartir sus apreciaciones y discursos inmorales, imaginen de lo que serán capaces si la elección es secreta. MALA NOTA. Quién entiende a los gremios docentes... Antes se resistían con todas sus fuerzas a regresar a las aulas, desatendiendo los múltiples ruegos de la ministra Barrio Norte en Colón, corregimiento que supuestamente se benefició de 14 millones de dólares. Archivo Descentralización paralela: 280 denuncias y una estela de $200 millones Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] FONDOS PÚBLICOS La cifra, incluida en un informe sobre el primer año de gestión, revela la magnitud del desvío de recursos que, según la entidad, debieron destinarse a obras comunitarias y proyectos municipales. La Autoridad Nacional de Descentralización (AND) informó que, hasta el 10 de julio de 2024, había remitido al Ministerio Público un total de 280 denuncias por presuntos malos manejos vinculados al esquema conocido como “descentralización paralela”, por un monto acumulado que supera los 200 millones de dólares. La cifra, incluida en un informe sobre el primer año de gestión, revela la magnitud del desvío de recursos que, según la entidad, debieron destinarse a obras comunitarias y proyectos municipales. Estas denuncias forman parte de un esfuerzo, según la institución, por fortalecer la rendición de cuentas y la transparencia en el uso de fondos públicos. “La transparencia continúa siendo un pilar fundamental para una descentralización efectiva”, subraya el documento, que detalla que los casos fueron detectados mediante auditorías internas, revisiones de contratos y alertas ciudadanas. Diligencias Hasta el mes pasado, el Ministerio Público detalló que las fiscalías anticorrupción a cargo de estas investigaciones habían realizado 75 inspecciones oculares y 200 entrevistas a personas responsables de las juntas comunales y municipios a los que se les asignaron los fondos. La fiscalía también ha obtenido documentación de la Autoridad Nacional de Descentralización y de la Contraloría General de la República sobre la cantidad de recursos transferidos a las juntas comunales y municipios. Las fiscalías anticorrupción han calificado como causa compleja la investigación sobre el uso de fondos asignados mediante el esquema de descentralización paralela. El volumen de documentos requeridos a cada junta comunal, sumado a la ubicación remota de muchas de ellas, ha dificultado el acceso a las obras que supuestamente fueron construidas con estos recursos. Los fiscales enfrentan obstáculos logísticos para verificar en campo si las contrataciones realmente se ejecutaron. Fuentes cercanas a la investigación revelaron que varias juntas comunales y municipios no han logrado justificar el uso del dinero recibido. En algunos casos, no existe documentación alguna en los archivos institucionales que respalde el destino de los fondos, a pesar de que las transferencias fueron realizadas. La ausencia de expedientes, facturas o informes técnicos ha encendido las alertas del Ministerio Público. Proyectos inconclusos Como parte del proceso, las fiscalías deben comprobar la existencia y ejecución de cientos de obras supuestamente financiadas con recursos públicos. Varios representantes de corregimiento, que asumieron funciones en 2024, afirmaron haber encontrado proyectos inconclusos, sin sustento documental y con cuentas por pagar. La situación deja entrever una posible red de contrataciones fantasmas o mal gestionadas durante la administración anterior. Uno de los patrones identificados por las autoridades apunta a que la mayoría de las juntas comunales que recibieron mayores sumas de dinero están vinculadas al Partido Revolucionario Democrático (PRD). En enero pasado, el procurador general, Luis Carlos Gómez, solicitó al contralor, Anel Flores, información sobre los casos de 166 juntas comunales señaladas en las denuncias en trámite. Entre ellas figura la Junta Comunal de Barrio Norte, en Colón, que recibió 14 millones de dólares, una de las asignaciones más altas detectadas hasta ahora. Eliana Morales Gil [email protected] Pleno de la Asamblea Nacional ayer lunes. Elysée Fernández RM y PRD se declaran listos para formar las comisiones; consenso sigue en el aire ASAMBLEA NACIONAL Realizando Metas (RM) y el Partido Revolucionario Democrático (PRD) aseguraron ayer estar listos para arrancar el proceso de conformación “en consenso” de las comisiones de trabajo de la Asamblea Nacional. Lo hicieron en voz de sus jefes de bancada, Yuzaida Marín (RM) y Raphael Buchanan (PRD), quienes lo anunciaron durante la sesión plenaria de esta tarde. Sin embargo, algunos diputados consultados por este medio aseguran que no hay consenso ni señales claras de que el reparto de poder interno esté cerca de resolverse. El pulso sigue. Ambos partidos, que perdieron el control de la presidencia legislativa el pasado 1 de julio, han puesto la mira en espacios estratégicos, como la Comisión de Credenciales, pieza clave del engranaje legislativo. RM propone para presidirla a la diputada Dana Castañeda, expresidenta de la Asamblea. Pero esa comisión también es reclamada por la bancada Vamos, una de las fuerzas que impulsó la elección del panameñista Jorge Herrera como presidente de la Asamblea. Reunión de la directiva ampliada Aunque en el pleno se habla de disposición, los hechos muestran un proceso trabado. La junta directiva ampliada fue convocada para este martes 15 de julio a las 3:00 p.m., pero diputados de distintas bancadas coinciden en que “eso está verde” y algunos estiman que el reparto final podría concretarse a finales de julio. El diputado panameñista José Luis Popi Varela advirtió que, de no alcanzarse acuerdos políticos, habrá que activar el artículo 43 del reglamento interno, que obliga a someter cada comisión a votación en el pleno. Un recurso que la Asamblea ha utilizado antes, pero que refleja una ruptura en las negociaciones. La disputa por Credenciales El principal nudo es la Comisión de Credenciales, que revisa los nombramientos de magistrados de la Corte Suprema, directores de entidades autónomas y las denuncias contra el presidente de la República o los propios magistrados de la Corte Suprema de Justicia. “Si 37 diputados apoyaron el bloque el 1 de julio, debemos organizarnos para mantener esa mayoría. Pero basta con que uno se ausente o diga que tiene un compromiso familiar, y todo puede cambiar”, advirtió Augusto Tuto Palacios, diputado de Vamos y aspirante a presidir esa comisión. La coalición que llevó a Herrera a la presidencia, integrada por Vamos, Panameñistas, Seguimos, Cambio Democrático (3) y el Partido Popular (2), tiene una ventaja matemática de 37 votos frente a los 34 de PRD, RM y la bancada mixta. “No hay fecha límite” Carlos Alvarado, secretario general de la Asamblea, confirmó que este martes 15 vence el plazo para que las bancadas notifiquen quiénes serán sus coordinadores, paso que ya se cumplió. Sin embargo, aclaró que no existe un plazo legal para conformar las comisiones. “No es que tenemos una fecha límite”, dijo, y recordó que en años anteriores el proceso ha tomado desde tres días hasta un mes. ¿Qué significan las urnas? Popi Varela publicó en redes sociales una imagen de unas urnas electorales. ¿Una señal? De acuerdo con Alvarado, el antecedente más cercano remonta a 2018, cuando la Comisión de Credenciales fue disuelta y reconstituida en medio de una crisis interna. En ese momento se utilizaron utilizando urnas para elegir a los nuevos miembros. Molinar, y ahora están empeñados en reanudar las clases. Incluso aquellos educadores suspendidos por abandonar el cargo y desatender sus funciones reclaman que ningún director puede negarles el ingreso a las escuelas hasta que se resuelvan los múltiples recursos de reconsideración interpuestos. Han hecho lo que les ha dado la gana durante dos meses y todavía pretenden salirse con la suya.
5A La Prensa Panamá, martes 15 de julio de 2025 Panorama Los beneficiarios están a la espera del pago prometido. Cortesía ¿Qué pasó con las becas del concurso de oratoria y TalenPro? José Alejandro Rodríguez [email protected] EDUCACIÓN El Ifarhu inició gestiones para cumplir becas de TalenPro y Oratoria, pero admite demoras. Aunque ya hay fondos aprobados, ajustes en Contraloría han retrasado pagos, afectando a estudiantes internacionales. El director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), Carlos Godoy, informó a La Prensa que la institución ha iniciado gestiones para cumplir con las becas prometidas tanto del Concurso Nacional de Oratoria como del programa TalenPro, pero admite que han habido demoras. Godoy detalló que ya se han sostenido reuniones con representantes de ambas iniciativas. Explicó que en el caso de TalenPro hay un convenio que vencé en febrero del 2026. En el caso del Concurso Nacional de Oratoria, el Ifarhu había sido patrocinador en las ediciones anteriores, es decir, por los últimos 20 años y que en los últimos 4 años no fue honrado. Para el próximo año tratará de hacer un convenio formal porque se ha modificado el reglamento y que ya no permite este tipo de patrocinios. Agregó que solicitó el pasado 26 de junio en la comisión de presupuesto de la Asamblea Nacional, un crédito extraordinario por 1.2 millones de dólares para cubrir los gastos asociados a estas becas del concurso nacional de oratoria, monto que ya fue aprobado. Según el funcionario, esos fondos podrían cubrir la totalidad de las becas del concurso de oratoria y, dependiendo del monto individual, también permitirían financiar parcialmente las de TalenPro. Godoy señaló que una parte del retraso en los desembolsos se debe a ajustes recientes en los reglamentos de la Contraloría General de la República, lo que ha tenido un impacto directo en la revisión y aprobación de trámites que ya estaban en curso. Aseguró que, si bien comprende la preocupación de los beneficiarios, estos procesos no pueden ser acelerados ni siquiera por la dirección del Ifarhu. Expresó que hay trámites que deben seguir su curso conforme a la normativa vigente, y que la Contraloría está facultada para realizar estos ajustes. Por ello, es necesario revisar caso por caso hasta dónde es posible actuar. El director mencionó que algunos estudiantes ya han empezado a recibir sus desembolsos, pero reconoció que otros no obtendrán los fondos a tiempo para iniciar sus estudios superiores en el extranjero. En su intervención en la comisión de presupuesto, el director Godoy declaró que hay estudiantes internacionales, muchos se fueron con un contrato firmado pero no con una resolución aprobada por contraloría, por lo cual hay que cumplir con el debido proceso La Prensa conversó con un exfinalista del Concurso Nacional de Oratoria, quien confirmó que recientemente se realizó una reunión entre finalistas y el director del Ifarhu. “Nos llamaron individualmente y nos dieron una lista de documentos que debemos entregar para que nuestros expedientes puedan ser enviados” relató. Otro exfinalista, sin embargo, expresó su frustración por lo que considera avances mínimos, y afirmó que siguen prácticamente en el mismo punto que antes. “Algunos compañeros ya están contra el tiempo para pagar sus matrículas”, comentó. También hablamos con la madre de una estudiante beneficiaria de TalenPro, quien describió el programa como una experiencia transformadora para su hija, pero criticó las demoras del Ifarhu. Su esposo ha ido varias veces desde el año pasado y han recibido respuestas confusas, documentos devueltos e incertidumbre con respecto a los pagos de la beca a su hija que ya está estudiando en el extranjero y están contra el tiempo para el siguiente semestre. Este medio intentó contactar a TalenPro y a la Contraloría General de la República, pero hasta el cierre de esta nota no se obtuvo respuesta. Patria Portugal, en la lista de elegibles para rebaja de pena La exdefensora del Pueblo, Patria Portugal, -condenada por el delito de peculado- se encuentra en el listado de 108 privados de libertad elegibles para una rebaja de pena. Portugal fue condenada a la pena de 96 meses de prisión por el delito de peculado en perjuicio de la Defensoría del Pueblo, condena que fue confirmada en segunda instancia y por la Sala Penal de la Corte. Las investigaciones del caso, efectuadas por la Fiscalía Anticorrupción de Descarga, guardan relación con dos contratos que Portugal suscribió como defensora del Pueblo (abril de 2011-julio 2013), uno de ellos con la empresa Imaginarium Studio, S.A., por un monto de $249 mil 845, para el rediseño de la página web de la entidad, y el otro por $199 mil 983, para capacitaciones, adjudicado a la empresa En Avant , S.A. Portugal goza de una medida cautelar de depósito domiciliario por razones de salud. El Ministerio de Gobierno y Justicia hizo pública una lista de 108 privados de libertad que son elegibles para una rebaja de pena y que se encuentran recluidos en los distintos centros penitenciarios del país. SISTEMA PENITENCIARIO Juan Manuel Díaz [email protected]
6A La Prensa Panamá, martes 15 de julio de 2025 Panorama Después de 81 días de paro, los docentes regresaron a las aulas tras la firma de un acuerdo entre los gremios magisteriales y el Ministerio de Educación (Meduca). La protesta, iniciada el 23 de abril contra la Ley 462 — reforma al sistema de jubilaciones de la Caja de Seguro Social—, se convirtió en uno de los conflictos más prolongados del sector educativo. Sin embargo, el regreso a clases no significa el fin de las tensiones, ya que persisten preocupaciones por los procesos disciplinarios abiertos durante la huelga. En un webinar realizado la noche previa al reinicio de clases, dirigentes de los principales gremios reconocieron que muchos docentes han recibido notificaciones disciplinarias e incluso algunos fueron separados de sus cargos. Ante esto, los gremios recalcaron que el acuerdo firmado con Meduca incluye lineamientos claros para proteger los derechos de quienes participaron en la huelga. Uno de los puntos más polémicos es la validez de las notificaciones emitidas. Fernando Ábrego, secretario general de la Asociación de Profesores de la República de Panamá (Asoprof), precisó que no se puede considerar legalmente notificado a un docente si solo recibió mensajes, llamadas telefónicas, correos electrónicos o comunicaciones vía WhatsApp. Según el protocolo formal, debe cumplirse un procedimiento específico: dos visitas domiciliarias en días distintos registradas en el expediente; si no se encuentra al educador, debe colocarse un edicto en la puerta de su casa o del centro educativo; y si se niega a firmar en presencia de un testigo, también se considera notificado. Este procedimiento, de no cumplirse, podría anular numerosos procesos, advirtió Ábrego. El acuerdo también contempla que los docentes notificados formalmente tienen derecho a presentar un recurso de reconsideración ante los directores escolares, quienes deben responder en un plazo máximo de cinco días hábiles y justificar por escrito si mantienen abierto el expediente o lo archivan. Sin embargo, este mecaDocentes separados dependen de lo que decidan los directores de colegios FIN DEL PARO nismo ha generado dudas, ya que, según el contralor general Anel Flores, muchos directores simpatizaban con el paro y no reportaron asistencia de los educadores, lo que podría influir en su imparcialidad. Los gremios insistieron en que participar en una huelga legal no debe ser interpretadocomounafaltaética o moral, por lo que no puede servir de base para sanciones. Asimismo, reafirmaron su compromiso de respaldar legalmente a todos los docentes afectados, advirtiendo que vigilarán cualquier represalia. Alberto Díaz, del Movimiento Gremialista de Educadores de la República de Panamá, anunció acciones legales ante la Autoridad Nacional de Transparencia, el Ministerio Público, la Procuraduría de la Administración y la Defensoría del Pueblo, acusando a directores de abuso de autoridad y violación de derechos laborales. El Meduca, a través de su asesor legal Jaime Castillo, aseguró que las notificaciones son actos institucionales y que se respetará el derecho a la defensa, pues los procesos aún no constituyen pliegos de cargos formales. No obstante, el tema disciplinario seguirá siendo uno de los principales focos de atención en las próximas semanas, mientras se aplican reconsideraciones y se revisa la legalidad de las notificaciones emitidas durante el conflicto. Cuatro universidades en proceso de cierre; otras esperan acreditación Aleida Samaniego C. [email protected] Aleida Samaniego C. [email protected] EDUCACIÓN SUPERIOR El organismo regulador detectó baja matrícula, inactividad prolongada e incumplimiento de estándares académicos. Incluso, carreras sin aprobación oficial, que reflejan graves deficiencias en calidad y control institucional. En medio de una creciente preocupación por la calidad y estabilidad de la educación superior en Panamá, cuatro universidades privadas están en proceso de cierre, mientras al menos otras cuatro permanecen a la espera de recibir su acreditación oficial, requisito indispensable para continuar operando legalmente en el país. La situación fue confirmada por María del Carmen Terrientes de Benavides, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá (Coneaupa), ente encargado de supervisar y otorgar las acreditaciones dentro del sistema universitario panameño. Terrientes de Benavides explicó que la demora en la acreditación oficial de estas instituciones se debe principalmente a que el Consejo —único organismo autorizado para emitir la promulgación definitiva— no ha sido convocado por el Ministerio de Educación (Meduca), entidad que lo preside. “El Meduca ha estado concentrado en resolver la crisis del año escolar, pero confiamos en que la situación de la convocatoria será subsanada en el corto plazo”, señaló Benavides durante una entrevista con La Prensa. Universidades en espera de acreditación Las universidades que esperan su acreditación definitiva son: Universidad Interamericana a Distancia de Panamá, Universidad Hispanoamericana de Panamá, Universidad Iberoamericana de Panamá y Universidad de Hosanna. Terrientes de Benavides detalló que las universidades nuevas cuentan con un plazo inicial de seis años para funcionar bajo un decreto provisional, que les permite impartir clases y formar estudiantes mientras se someten a rigurosas evaluaciones. Durante este periodo, son evaluadas por pares nacionales e internacionales, quienes verifican el cumplimiento de estándares académicos y administrativos. Una vez cumplidos estos requisitos, reciben un decreto definitivo por parte del Coneaupa. Sin embargo, la supervisión no termina allí: dos años después deben someterse nuevamente a un proceso obligatorio de acreditación institucional para garantizar la continuidad de la calidad educativa. Universidades en proceso de cierre Paralelamente, cuatro universidades han solicitado o enfrentan el proceso de cierre por diferentes causas, principalmente relacionadas con baja matrícula, incumplimiento de estándares o inactividad: La Salle College Internacional Panamá: institución de origen canadiense que cesó operaciones tras la pandemia, debido a la drástica caída en la cantidad de estudiantes. “Llegó a tener solo 12 estudiantes. Ellos mismos solicitaron el cierre”, explicó Benavides. Universidad Bancaria: también solicitó su cierre de forma voluntaria. Universidad Interamericana de Administración y Liderazgo (UIAL): inactiva desde hace varios años, mantiene un estatus de cierre técnico. Universidad Panamericana (UPAN): ha enfrentado dificultades en varios procesos de acreditación institucional, fallando en más de una ocasión. Terrientes de Benavides enfatizó que, conforme a las reformas del Decreto Ejecutivo 539 aprobadas mediante el Resuelto 723 del 21 de marzo de 2022, cualquier universidad que no supere el proceso de acreditación institucional en dos ocasiones está destinada al cierre obligatorio. “Esto no es una cuestión discrecional ni negociable, está claramente establecido en el marco normativo vigente. La calidad educativa no puede ser comprometida”, puntualizó. La supervisión del Coneaupa ha detectado además la oferta de carreras no aprobadas oficialmente por la Comisión Técnica de Desarrollo Académico (CTDA) en algunas universidades, un incumplimiento que constituye una falta grave. Entre ellas se encuentran programas de mercadeo sin resolución oficial, una práctica ilegal que puede acarrear severas sanciones administrativas, incluida la clausura definitiva de la institución infractora. El Coneaupa está integrado por 13 miembros que representan a diversas instituciones del Estado y del sector privado, incluyendo el Meduca, el Ministerio de Economía y Finanzas, la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), universidades públicas y privadas, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) y organizaciones profesionales. “El ministro de Educación o su representante preside el Coneaupa, pero solo tiene voto en caso de empate”, aclaró Terrientes de Benavides. En cuanto a la integración del consejo, la secretaria ejecutiva expresó que sería conveniente incluir representantes del Ministerio de Trabajo, dada la estrecha relación entre la calidad educativa y la empleabilidad de los egresados universitarios. Avances y retos A pesar de estos retos, Terrientes de Benavides subrayó que Panamá ha logrado avances significativos en materia de regulación y control de la educación superior. Actualmente, todas las universidades activas con más de seis años de operación deben estar acreditadas, y el objetivo para el año 2028-2029 es que todas las carreras ofrecidas en el país también cuenten con acreditación obligatoria. “La acreditación en Panamá es un requisito obligatorio, lo que nos posiciona muy por delante de muchos países de América Latina donde la acreditación aún es voluntaria”, concluyó Terrientes de Benavides. Este proceso riguroso de evaluación busca garantizar que las instituciones educativas ofrezcan programas de calidad, formadores capacitados y condiciones adecuadas para la formación académica y profesional, elementos esenciales para el desarrollo económico y social del país. Algunas de las protestas de las últimas semanas. Archivo María del Carmen Terrientes de Benavides. Isaac Ortega Universidad Bancaria Internacional (IBI) La Salle College International Panamá (LCI) Universidad Internacional América Latina (UIAL) Universdiad Panamericana (UPAM) Infografía: LP - Fuente: Coneaupa Universidades en proceso de cierre Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey Universidad de La Paz Delphi University Palladium University Univesidad Metropolitana de Panamá International University Oxford International University Universdiad Internacional de Comercio y Educación (UICE) Universidad Rafael Nuñez Universidad de Cartago (UC) Universidad de Técnicas de la Comunicación (UTC) Internacional School of Medical Sciences (SMS) Universidad de San Martín SAN MARTÍN Universidades cerradas
7A La Prensa Panamá, martes 15 de julio de 2025
8A La Prensa Panamá, martes 15 de julio de 2025 Panorama El Comando Sur de los Estados Unidos y miembros del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y de la Policía Nacional iniciaron ayer lunes, 14 de julio, la segunda fase de entrenamiento a 80 miembros de las fuerzas especiales, denominado Panamax Alpha 2025. Las maniobras, que involucran ejercicios de preparación ante situaciones de crisis o rescate, buscan que el personal de los estamentos de seguridad panameños alcance un nivel de preparación óptimo para el desarrollo de tareas para prevenir, mitigar y detectar, a través de operaciones conjuntas, posibles amenazas al Canal de Panamá. Los ejercicios se estarán desarrollando en la Bahía de Panamá, Colón y Darién, en los que los miembros de las fuerzas especiales deberán realizar tareas de prevención de posibles amenazas. El comandante aéreo del Senan, Juan Alvarado, explicó que los ejercicios buscan afinar las destrezas de los miembros de las fuerzas especiales en la búsqueda y verificación de diversos objetivos. El director de operaciones navales del Senan, Mayco Palacios, explicó que los entrenamientos involucran trabajo táctico en el área del helipuerto de Panama Clinic y en el sector de Amador, en donde se realizará un simulacro de abordaje de una embarcación. En tanto, el coronel Lance Abrey, del Comando Sur, expresó que los ejercicios buscan establecer una mejor cooperación entre los estamentos de seguridad de Panamá y los Estados Unidos para enfrentar posibles amenazas. Planteó que se busca mantener el nivel de cooperación con los estamentos de seguridad de Panamá y mejorar sus habilidades. Las operaciones incluyen la presencia de dos helicópteros tipo Black Hawk, un helicóptero de transporte tipo Chinook e instructores del Comando Sur, cuya cantidad no se especificó. El pasado 4 de abril, el Comando Sur y los estamentos de seguridad panameños realizaron una primera fase de la operación Panamax 2025, que incluyó el diseño de estrategias para enfrentar posibles amenazas a la seguridad del Canal de Panamá, garantizar la seguridad y reforzar las estrategias de reacción ante eventos relacionados con el tráfico de drogas, la ciberseguridad y el crimen organizado. La fase uno incluyó la capacitación de 90 unidades de los estamentos de seguridad panameños, que fueron entrenadas en tácticas para combatir el tráfico de drogas, la ciberseguridad y en la integración de las capacidades operativas para enfrentar posibles amenazas al Canal de Panamá. Además, se informó que luego se desarrollará una tercera fase, que involucra la evaluación de los ejercicios prácticos desarrollados durante la operación Panamax 2025 y la determinación de los puntos que se necesitan reforzar en materia de seguridad. El pasado 8 de abril, los Estados Unidos y Panamá firmaron un memorando de entendimiento que permite la presencia no permanente, en territorio panameño, de militares estadounidenses. Conozca por qué el Comando Sur ejecutará maniobras en la Bahía de Panamá, Colón y Darién OPERACIÓN CONJUNTA Migrantes salen del puerto de Miramar, en Colón, hacia Colombia. Archivo La nueva ruta de la migración inversa cruza el Pacífico Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Juan Manuel Díaz [email protected] DARIÉN La Defensoría del Pueblo de Colombia informó que la migración inversa no solamente se está realizando por Capurganá (Chocó), del lado del mar Caribe, sino también por el océano Pacífico. Este año, la selva del Darién ha estado inusualmente callada. Hasta junio, solo 2,927 personas se han atrevido a cruzarla, una cifra mínima si se compara con las más de 200 mil que lo hicieron en los primeros seis meses de 2024. Las huellas en el barro se borran más rápido, los campamentos improvisados se oxidan sin visitantes y los pasos clandestinos parecen haberse detenido en el tiempo. En las aldeas fronterizas, los habitantes ya no ven pasar, a diario, las largas caravanas de rostros agotados. Algo ha cambiado en la ruta más temida del continente. El desplome en el flujo migratorio ha sido interpretado por las autoridades panameñas como un efecto directo de las nuevas medidas de control fronterizo impuestas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y por su vecino país, México, así como del reforzamiento de los operativos en Colombia. El contraste entre ambos años evidencia un cambio radical en una de las rutas migratorias más peligrosas del hemisferio. Migración inversa En cambio, el fenómeno conocido como migración inversa está tomando fuerza. El pasado mes de junio, el presidente de la República, José Raúl Mulino, expresó su preocupación por el incremento de lo que denominó “migración inversa”, refiriéndose al flujo de ciudadanos que se desplazan desde Estados Unidos hacia América del Sur, pasando por Panamá. “Me preocupa que va subiendo el número de ciudadanos viniendo norte-sur”, advirtió. Según datos oficiales citados por el mandatario, hasta mediados de junio se han registrado 11,810 personas en esta ruta migratoria atípica, de las cuales 2,500 transitaron por el país durante el mes de mayo. En junio, la cifra parcial es de 859 personas, aunque Mulino señaló que estos movimientos son cíclicos y responden a factores cambiantes. Entre las nacionalidades más comunes en esta nueva oleada destacan los venezolanos, quienes representan, según Mulino, “la nacionalidad más importante que está en esas travesías”, seguidos por ciudadanos de Colombia, Perú y Ecuador. “Esta es una realidad que seguiremos afrontando mientras la situación de retorno de todo este montón de personas sea impedida para llegar a Estados Unidos o expulsadas de los Estados Unidos”, afirmó Mulino. Nueva ruta Recientemente, la Defensoría del Pueblo de Colombia informó que la migración inversa no solamente se está realizando por Capurganá (Chocó), del lado del mar Caribe, sino también por el océano Pacífico. Personas de todas las edades que vienen de Centroamérica, porque no pudieron llegar a Estados Unidos, están siendo trasladadas por redes que se ofrecen a llevarlas en embarcaciones hasta Buenaventura (Valle del Cauca). Esta constituiría una nueva ruta de migración a la inversa, desde el corregimiento de Jaqué, en la provincia panameña del Darién. Sin embargo, la Defensoría pudo comprobar que las y los migrantes son trasladados únicamente hasta el municipio de Juradó y Ciudad Mutis (esta última, cabecera municipal de Bahía Solano), en el departamento del Chocó. También los trasladan desde el mismo punto hasta El Valle, otro corregimiento de Bahía Solano, donde no hay control migratorio. Esa amplia zona presenta una débil presencia institucional, lo cual agrava la situación. “Encontramos que niñas y niños vienen con personas adultas que no son sus padres ni familiares, además de que no tienen identificación. Esto pone en riesgo la integridad de las y los menores de edad, que son sujetos de especial protección constitucional. Adicionalmente, llegan sin permiso de ingreso y salida”, manifestó la defensora del Pueblo de Colombia, Iris Marín Ortiz. Un juez de garantías de la provincia de Darién ordenó la detención provisional de 15 migrantes, a quienes se les imputaron cargos por la presunta comisión del delito de incendiarismo, luego de que el pasado 10 de julio quemaran la estación transitoria de migrantes ubicada en Metetí, provincia de Darién. El Ministerio Público abrió una investigación de oficio tras un confuso incidente en el que un grupo de migrantes prendió fuego a colchones y enseres que se encontraban dentro del albergue. Al parecer, el incidente se originó cuando algunos migrantes se quejaron por permanecer varias semanas en el albergue, sin que se aclarara su situación migratoria o se les informara cuándo serían devueltos a sus países de origen. Durante la investigación, el Ministerio Público logró establecer la presunta participación de los imputados en los hechos que Imputan cargos por incendiarismo en Darién a 15 migrantes INVESTIGACIÓN llevaron a la destrucción casi total de la estación migratoria. En los últimos meses, el flujo de migrantes procedentes de Colombia que transitan por el Darién ha disminuido significativamente, a raíz de los controles implementados por el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront). Este descenso también se atribuye a la política adoptada por el gobierno de los Estados Unidos, que ha iniciado procesos de deportación masiva de personas que ingresan ilegalmente a su territorio. La política del presidente Donald Trump ha generado un movimiento inverso de migrantes, que ahora intentan regresar a sus países al no poder ingresar a Estados Unidos. Cabe recordar que en marzo de 2024, otro grupo de migrantes fue imputado por incendiarismo, tras prender fuego a un albergue ubicado en San Vicente, también en Darién. En esa ocasión, se formularon cargos contra 45 personas, y a varios de ellos se les impuso la medida cautelar de detención preventiva. Juan Manuel Díaz [email protected] El Comando Sur y estamentos de seguridad de Panamá realizan ejercicios conjuntos para garantizar seguridad del Canal. Cortesía El pasado 10 de julio fue incendiada la estación transitoria de migrantes en Metetí, provincia de Darién. Captura de pantalla
9A La Prensa Panamá, martes 15 de julio de 2025 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. dueño de un partido, como si no hablara de él. No estoy seguro de que entendiera siquiera lo que compartía, pero ese es otro tema. Políticamente, el presidente de la República puede sentirse satisfecho por la firma del acuerdo. Pero no creo que se haya mareado tanto como para no notar que el país queda herido. Él sale fortalecido, ¿pero cómo queda el país? Al menos, ya no tenemos a los eternos líderes sindicales del caos, expertos en bloquear calles sin respaldo popular, afectando a quienes sí quieren trabajar y construir futuro. Lo cierto es que lo ocurrido también deja lecciones. Ese 60% que no votó por el presidente tampoco está cruzado de brazos, y no necesariamente salió a defenderlo. Como todo en la política panameña, las cosas dependen de cuánto convienen a quienes deberían ser la oposición. A diferencia del mensaje en X, creo que hoy se vislumbran nuevos liderazgos. Si juegan sus cartas con esLas colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. La Constitución no puede ser un proyecto de palacio Instituciones Panamá atraviesa un momento histórico. Hoy se discute la redacción de una nueva Constitución, una tarea que marcará el destino del país por generaciones. Esta oportunidad para renovar nuestra democracia encierra, sin embargo, un riesgo profundo: que los llamados “redactores” —60 ciudadanos que supuestamente no serán políticos y tendrán solvencia moral— terminen siendo escogidos a discreción del presidente de la República o de grupos cercanos al poder. ¿Por qué debe importarnos? ¿Por qué debemos alzar la voz? Porque la legitimidad de una Constitución no nace solo de sus artículos o de sus promesas escritas. Su fuerza moral y política proviene de la convicción de que fue concebida de manera abierta, transparente y participativa. Si la selección de quienes la redacten se convierte en un reparto de cuotas políticas disfrazadas de neutralidad, estaremos ante un simulacro de cambio. La experiencia nos enseña que, cuando un solo poder controla los hilos de un proceso constituyente, el resultado suele ser un documento diseñado para proteger privilegios y perpetuar lealtades, no para sanar las fracturas sociales que nos dividen. Panamá merece algo mejor. Merece una Constitución auténticamente ciudadana, que recoja la diversidad de ideas, regiones y sectores. Un documento construido con la voz de las mujeres, los jóvenes, los trabajadores, los pueblos originarios, los empresarios y las organizaciones sociales; no por un puñado de allegados elegidos en despachos oficiales. La solvencia moral no se define desde el poder como un favor ni como un sello de aprobación. La solvencia moral nace del compromiso con la verdad, con el bien común y con la valentía de disentir cuando es necesario. Por eso, cada panameño debe estar alerta. La indiferencia es el mejor aliado de quienes sueñan con un proceso constituyente manejado a su conveniencia. Si hoy guardamos silencio, mañana no podremos reclamar cuando descubramos que nuestra nueva Constitución no nos pertenece. La democracia no se construye con decretos ni con gestos simbólicos. Se construye con participación, transparencia y vigilancia ciudadana. Hoy tenemos la responsabilidad de exigir mecanismos claros, públicos y verificables para elegir a quienes redactarán nuestra carta fundamental. De lo contrario, este proceso nacerá contaminado de dudas, y el desencanto ciudadano se profundizará aún más. Panamá no puede permitirse una Constitución impuesta. No podemos resignarnos a que el futuro del país se decida a puertas cerradas. No podemos permitir que la promesa de cambio sea otra oportunidad perdida. La historia nos observa. Y nuestros hijos nos preguntarán si tuvimos el coraje de defender la democracia cuando más nos necesitaba. Que nadie se quede callado. Que nadie se quede afuera. Que nadie se quede indiferente. Un pueblo indiferente es la herramienta que le permite a los gobernantes seguir actuando contra el ciudadano. Servicios públicos y huelgas Educación oficial cada. Está claro que muchos gremios y sindicatos fueron creados para luchas políticas e ideológicas, no para la superación de sus miembros ni de la sociedad. Nuestra Constitución destaca, tanto en lo dogmático como en su diseño orgánico, el predominio del interés público sobre el particular. Por simple lógica, procura proteger a la población, empezando por los servicios esenciales que el Estado debe garantizar sin interrupción: educación, transporte, salud pública, electricidad, agua, comunicaciones, recolección de basura, seguridad, servicios sociales, abastecimiento de alimentos, entre otros. Ignorar esta realidad es, por decir lo menos, reprensible. Aunque existe un vacío legislativo específico, la Corte Suprema de Justicia ya dispuso hace 30 años que, en tanto ese vacío persista, rige el principio de legalidad en la educación pública. En consecuencia, hay que aplicar la ley. Los desertores del magisterio público saben que apelar a la OIT no es una opción válida. La Organización ha identificado varios servicios esenciales exentos del derecho a huelga, y ha determinado que la esencialidad depende tanto de las condiciones del país como del daño que la duración del paro puede causar a la población. Aquí no hay espacio para maniobras políticas. El problema es la vieja y aberrante práctica nacional de pactar soluciones ignorando la legalidad institucional. ¿Así se protegen los derechos de la población y se fortalece la seguridad jurídica? Por supuesto que no. Solo se transa con la ilegalidad y con los intereses de grupos específicos. Veamos: se estima que en los últimos años se han perdido más de 500 días Ramón Morales Quijano ¿Vamos a seguir de espectadores? Lecciones La semana pasada, varios medios de comunicación mostraron el momento en que el Gobierno Nacional, a través de la ministra de Educación, junto a gremios magisteriales y empresariales, firmaba un documento que ponía fin a un paro docente tan extenso como innecesario. Lo califico de “amargo” porque, desde una perspectiva justa, no tenía mayor razón de ser. Los dirigentes gremiales cayeron en una trampa de la que no les fue fácil salir. No es lo mismo bailar tamborito en una marcha que regresar a casa sin el sustento para el hogar, luego de semanas sin salario. Siempre me cuestioné de dónde salían los recursos que financiaron esta y otras manifestaciones que vimos en el país durante más de dos meses. Pero bueno, todo indica que se acabaron, como habíamos previsto, justo después del 1 de julio. ¿Coincidencia? No lo creo... Recientemente circuló en redes un mensaje que fue reposteado por el trategia y autenticidad, podrían representar una oposición seria. Si no, perderán más de lo que creen tener. Ver los toros desde la barrera permite observar con más claridad, algo que deben tomar en cuenta tanto oficialistas como opositores. Todos deben entender que el país va primero. Hay que corregir lo corregible y avanzar con visión. La Asamblea Nacional debe mirarse al espejo: quienes gritan no siempre representan al país. Llegará el momento de recomponer ese órgano y reflejar mejor el sentir de la mayoría. Y no olvidemos que el crimen organizado sigue al acecho. No podemos permitir que el narcotráfico, que ya ha infiltrado gobiernos, bancos e instituciones en la región, nos robe lo que hemos construido. Ahora toca enfocarnos en reformar la ley educativa, en el nombramiento de nuevos magistrados, en una reforma electoral seria, en una eventual nueva Constitución, y en garantizar que los diputados legislen para el país y no para sus bolsillos. Ojalá hayamos aprendido que, como simples espectadores, no ganaremos la batalla por la decencia ni por los valores éticos y cívicos que tanto necesita Panamá. Opinión LA AUTORA es abogada. EL AUTOR es dirigente cívico y analista político. EL AUTOR fue embajador de Panamá ante la ONU. Carmen Guerra de clases en colegios oficiales. Si el calendario escolar es de 190 días por año, los estudiantes del sistema público han sufrido el equivalente a dos años y medio de educación negada. Las “curitas” no saldan esa pérdida de contenido educativo. En resumen, los movimientos de los llamados “educadores” solo lograron interrumpir el aprendizaje, obstaculizar el acceso a empleos formales de sus víctimas y frenar por largo tiempo el desarrollo socioeconómico del país. Volvieron a socavar el hoyo, aunque el viernes pasado firmaron un nuevo “acuerdo”. Es difícil valorar ese “acuerdo” que, a todas luces, nunca debió existir como un nuevo puente roto en el camino hacia una solución definitiva del problema educativo. Es comprensible, en términos políticos y económicos, que quienes lograron una pacificación temporal del país se sientan satisfechos. Pero no puede decirse que ganaron Panamá o sus jóvenes, ni que se está fortaleciendo el sistema educativo. Lo cierto es que los educadores, pese al fracaso de su rebelión, han revalidado “su derecho” a abandonar sus responsabilidades legales cuando quieran y con cualquier excusa, a ser reintegrados sin cuestionamientos e incluso remunerados como si nada hubiese pasado. La ciudadanía, por su parte, continúa exigiendo el respeto a los derechos de niños y jóvenes, y a la institucionalidad jurídica, política, social y económica del país. En este contexto se firma el confuso “acuerdo” del 11 de julio: suspensión de las notificaciones de reemplazos, ausencia de garantía en el pago de salarios, no más reemplazos, compromiso de reanudar las clases presenciales y el adelanto de una quincena como contraprestación por “actividades de reforzamiento académico”. Como bien dijo uno de los dirigentes de esta conmoción civil al agradecer la participación de los educadores: el acuerdo es “por el interés de los educadores”. Así lo recogió la noticia. Pobre país. Inexplicablemente, cargamos casi como una tara cultural la costumbre de no profundizar en la ejecución del ordenamiento jurídico nacional. Solemos dar importancia solo a lo tangible de las acciones que impactan a diario a la sociedad, aplicando reacciones insustanciales. Un ejemplo muy válido es la reciente “huelga” de educadores. Hasta donde he observado, la suspensión de labores por parte de trabajadores responde, legalmente y en doctrina, a la necesidad legítima de presionar a los empleadores para negociar asuntos relacionados con salarios y condiciones laborales. También es norma que una huelga ilegal conlleve la suspensión del contrato de trabajo y, en general, la interrupción del pago de cotizaciones a la seguridad social. Esa lógica existe. Pero en Panamá, el Estado-empleador (que somos todos) tolera la degeneración del concepto de huelga y hasta financia la paralización de servicios públicos esenciales. Hay una larga historia de “reintegro sin represalias y sin descuento salarial”, como si los daños fueran auto infligidos. La posición del actual gobierno frente a esta nueva irresponsabilidad de los gremios de educadores ha sido correcta, y largamente esperada por la sociedad. No hay justificación alguna para lo que esas asociaciones hicieron, y sería un disparate revivir la práctica de que “aquí no ha pasado nada”. Porque sí ha pasado, y es imperdonable. ¿Son realmente educadores? También se educa con el ejemplo. El que ofrecieron fue el de falsedad en sus causas, desconocimiento de sus propios argumentos y desprecio por el derecho de la comunidad a recibir servicios esenciales. Ese desprecio es parte de la razón por la cual la educación pública en nuestro país está tan descalifiLa Asamblea Nacional debe mirarse al espejo: quienes gritan no siempre representan al país. Llegará el momento de recomponer ese órgano y reflejar mejor el sentir de la mayoría. Juan B. McKay Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente Ejecutiva y Directora Editorial Annette Planells Gerente Comercial Sudy S. de Chassin Subdirectora y Editora de la Unidad de Investigación Mónica Palm Editora Digital Yolanda Sandoval Editor del Impreso Juan Luis Batista ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com Aviso sobre el uso de Inteligencia Artificial Este periódico emplea inteligencia artificial (IA) para asistir en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. Utilizamos la IA como herramienta de apoyo para asegurar la precisión y calidad de la información que entregamos a nuestros lectores. Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción, sin la autorización escrita de su titular. Presidente fundador Roberto Eisenmann Jr. Director emérito Guillermo Sánchez Borbón La posición del actual gobierno frente a esta nueva irresponsabilidad de los gremios de educadores ha sido correcta, y largamente esperada por la sociedad.
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