9A La Prensa Panamá, lunes 14 de julio de 2025 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. lentadas. Entre ellas se encuentran las mujeres, la niñez, los pueblos indígenas, las personas afrodescendientes, migrantes y la población LGBTIQ+, entre otras. De igual forma, el principio de progresividad prohíbe cualquier acción que implique retrocesos en la protección de estos derechos. En este contexto, a raíz de las recientes declaraciones del presidente de la República sobre la posible eliminación del Ministerio de la Mujer, es fundamental recordar el principio de progresividad y de no retroceso. La creación de un mecanismo nacional especializado en garantizar los derechos de las mujeres —quienes representan la mitad de la población— constituye un avance significativo en materia de derechos humanos. Por ello, la estrategia del Estado debe orientarse a fortalecer dicho mecanismo, asegurando una atención adecuada a las diversas problemáticas que enfrentan las mujeres en el país. Por otro lado, en el marco de la reciente conflictividad social —marcada por protestas de docentes, estudiantes e indígenas contra la Ley 462 de reforma a la Caja de Seguro Social y por el estado de urgencia en Bocas del Toro— la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano encargado de velar por el cumplimiento de la Declaración Americana sobre los Derechos Humanos, emitió un comunicado de prensa en el que insta al Estado panameño a continuar el diálogo y respetar los derechos humanos. En dicho comunicado, la CIDH advierte que la suspensión de garantías judiciales indispensables no está autorizada por el derecho internacional de los derechos huLas colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. La fiebre no está en la sábana Ministerio de la Mujer Con el anuncio del cierre del Ministerio de la Mujer, múltiples voces políticas y de la sociedad civil han declarado que esta acción representa un retroceso en la garantía y protección de losderechoshumanosdemujeresyniñas en el país. Por extraño que les parezca a los más puristas de ambos lados de la cerca, me considero liberal y también feminista, por lo que este hecho me ha provocado un fuerte caso de disonancia cognitiva. En su comunicado del día siguiente, la Dra. Juana Herrera, primera titular del Ministerio, habló de forma elocuente sobre la capacitación, las instancias de denuncia de violencia y la asistencia a víctimas, todo lo cual es justo y necesario. Sin embargo, estas funciones ya forman parte de las competencias de otras instituciones que le preceden. Por ejemplo, están el Inadedh, el ITSE o las direcciones de extensión de las universidades estatales, que ofrecen formación técnica y continua; la Ampyme, que promueve el emprendimiento y brinda capital semilla; y la Policía Nacional, que cuenta con un Servicio Policial Especializado en Violencia Doméstica y de Género. Personalmente, no me parece descabellado que la formulación de políticas públicas en materia de género se realice desde una secretaría o instituto bajo el paraguas del Ministerio de Desarrollo Social (que, cabe recordar, es una iteración del antiguo Ministerio de la Juventud, la Niñez, la Mujer y la Familia), y que la ejecución de programas se lleve a cabo de forma transversal, mediante colaboración interinstitucional con enfoque de género (porque sí, la perspectiva de género es importante). Entiendo y reconozco la necesidad de atender a poblaciones históricamente vulnerables; yo misma he vivido la incompetencia, insensibilidad y desidia de las instancias de justicia. Pero también me preocupa que la duplicación de funciones termine perjudicando tanto a los contribuyentes como a las propias poblaciones que se pretende proteger. Lastimosamente, ya es tarde para entender o defender la función de un ministerio que ha sido desahuciado. Buena parte de sus escasos dos años de existencia se diluyó entre su incorporación, la transición entre gobiernos y el burocratismo que agobia a nuestras instituciones. Si el objetivo era reducir gastos, había muchos otros lugares donde el dinero fluye como hemorragia, y cuya eliminación habría resultado más beneficiosa. Como liberal, abogo por un Estado más pequeño, pero robusto y con una injerencia limitada en la vida de las personas. ¿Queremos un Estado más eficiente, sostenible y menos endeudado? Empecemos por eliminar las jubilaciones especiales y reducir la grasa en los 182 cargos de comisionados y subcomisionados en planilla, según el portal de transparencia de la Policía Nacional. De nada sirve cerrar instituciones si, al mismo tiempo, tenemos diputados asistiendo a conferencias religiosas con dinero público, seguimos inflando la planilla estatal con nuevos corregimientos y municipios, o compramos vehículos de lujo para funcionariosyasesoresministeriales.Nihablar de que en la Asamblea aún está engavetada la propuesta para eliminar los Bingos Nacionales. Al final del día, Panamá no necesita más instituciones. Necesita mejores instituciones, con formación pertinente y oportuna, donde el mandato de servicio realmente se cumpla. Tras el regreso a clases: balance de una confrontación inconclusa Paro docente de 70 días solo en esta ocasión, sumados a cerca de 550 días de afectación acumulada desde 2020— profundiza un rezago educativo estructural. Diversos estudios advierten que las consecuencias de estas interrupciones no solo comprometen el rendimiento académico, sino también las trayectorias de vida y las oportunidades socioeconómicas de generaciones enteras. Los docentes que encabezaron la huelga tampoco salen indemnes. Regresan sin garantías de pago por los días no laborados, sin certezas sobre su estabilidad laboral y bajo la amenaza de procesos disciplinarios. La aplicación inflexible del principio “quien no trabaja, no cobra” refuerza una lógica punitiva que debilita la posición gremial y siembra desconfianza hacia futuras negociaciones. Por su parte, los sindicatos y movimientos sociales sufrieron una derrota simbólica. La falta de respuesta institucional, sumada a la táctica de sustituciones parciales, produjo un desgaste interno y fragmentó la unidad que venían consolidando en los últimos años. La imposibilidad de imponer condiciones mínimas de diálogo representó un retroceso significativo en su capacidad de presión social. En este contexto, el Gobierno consolida su imagen de autoridad y eficacia, mientras algunos sectores oficialistas intentan reposicionarse sin asumir costos reales. La opinión pública, mayoritariamente apática o crítica del paro docente, terminó por facilitar la postura del Ejecutivo. En cambio, tanto estudiantes como gremios resultan sacrificados bajo el peso del pragmatismo político. Gabriel J. Perea Evolución y progresividad de los derechos humanos Principios rectores Es importante recordar que los derechos humanos no son un listado casual de garantías para las personas. Han sido reconocidos como respuesta a las históricas desigualdades y formas de violencia sufridas por amplios sectores de la población mundial. Representan el reconocimiento de cada persona como sujeto de derechos desde su nacimiento, sin ningún tipo de distinción. Uno de los principios rectores de los derechos humanos es el de progresividad. Este principio impone a los Estados la obligación de avanzar continuamente en la garantía de estos derechos, conforme a las necesidades y contextos de las personas. Gracias a ello, se han logrado avances significativos, como la inclusión de los derechos relacionados con los recursos naturales, el acceso a las tecnologías de la información, la protección del ambiente, entre otros. La progresividad —o evolución— de los derechos humanos exige al Estado promover y construir estos avances mediante políticas públicas (leyes, programas, proyectos, decisiones judiciales o administrativas) orientadas a ampliar el marco de garantías, con especial atención a poblaciones históricamente excluidas, discriminadas o viomanos, en referencia al Decreto Ejecutivo 27 de 2025 que declara el estado de urgencia en Bocas del Toro. Asimismo, enfatiza que las garantías judiciales deben ser salvaguardadas para todas las personas, incluso en contextos de excepción como la privación de libertad. La CIDH también expresa su preocupación por las restricciones al acceso y la libertad de información, en particular por la suspensión de servicios de internet y comunicaciones, que pueden constituir violaciones a los derechos de asociación y reunión. Además, señala el incumplimiento de los estándares interamericanos en materia de consulta previa, libre e informada en el contexto de proyectos extractivos. Todo esto subraya la importancia de la progresividad en la protección de los derechos vinculados a la información, la comunicación y el medio ambiente. La Constitución Política de la República de Panamá reconoce el principio de convencionalidad, es decir, la primacía de las normas del derecho internacional en materia de derechos humanos. Por tanto, el Estado panameño está obligado a salvaguardar las libertades personales y la justicia social, con base en el respeto de los derechos esenciales. Este compromiso justifica la protección internacional de dichos derechos, ya sea de forma convencional o como complemento al sistema jurídico interno. Los derechos humanos no son negociables. Opinión LA AUTORA es integrante de la Fundación Libertad. LA AUTORA es abogada. EL AUTOR es máster en administración industrial y está certificado en IA generativa. Susana Lezcano No obstante, este no es el punto final del conflicto. De cara a las próximas elecciones, sectores magisteriales y organizaciones sociales podrían reactivar el discurso de justicia educativa, señalando la traición de los legisladores que hoy buscan suavizar el impacto de sus decisiones. La izquierda intentará reeditar alianzas sindicales, como ocurrió en 2023, con el objetivo de exigir una derogación sustantiva de la Ley 462. El oficialismo, en cambio, buscará proyectar estabilidad y avance institucional; aunque, si persisten los procesos disciplinarios, podría abrirse un flanco de crítica por supuestas derivas autoritarias. En definitiva, el balance inmediato favorece al Gobierno y a los sectores políticos que mantuvieron el control del relato. Los docentes cedieron en sus principales demandas sin garantías claras, y los estudiantes permanecen atrapados en un sistema que les responde con lentitud, castigo y desatención. Si bien el retorno a clases cierra una etapa, no clausura el conflicto: la educación, como campo de disputa política, seguirá siendo terreno fértil para movilizaciones, narrativas de campaña y ajustes legislativos. El país aún no ha dado por concluido este capítulo. Queda por ver si la ciudadanía responderá con castigo en las urnas o con resignación frente a una institucionalidad que sigue postergando su deuda con la escuela pública. El retorno de los docentes a las aulas, luego de más de dos meses de huelga, marca un punto de inflexión en el conflicto educativo, pero no su cierre definitivo. El Gobierno logró su objetivo inmediato: reinstalar a los profesores sin ceder en demandas centrales como el pago retroactivo ni la revisión urgente de la controvertida Ley 462. Lo hizo mediante una estrategia de firmeza institucional basada en la sustitución temporal de huelguistas, la ausencia de negociación directa y la proyección de control. En términos tácticos, fue una jugada efectiva. En paralelo, algunos diputados oficialistas —tras haber apoyado la aprobación acelerada de la reforma a la Caja de Seguro Social— intentan ahora matizar su responsabilidad política con propuestas de enmiendas menores. Esta maniobra busca contener el desgaste electoral, aunque sin alterar sustancialmente el contenido de la ley ni revertir el daño ya percibido por parte de gremios y ciudadanía. Quienes llevan la peor parte de este proceso, como ha sido habitual en los últimos años, son los estudiantes y sus familias. La interrupción prolongada de clases —más Joyce J. Araujo
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