4A La Prensa Panamá, lunes 14 de julio de 2025 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] PUGNA. La rebatiña de la semana podría trasladarse a la Comisión de Credenciales de la Asamblea. Hay dos candidatos a la presidencia de esta instancia: Tuto Palacios, apoyado por quienes derrotaron a Shirley el 1 de julio, y Dana Castañeda, respaldada por las bancadas PRD-RM-Mixta (PRM). Lo único seguro es que el nombre del ganador tendrá cuatro letras. El bando de Dana aspira, además, a ocupar cinco de los nueve puestos de esta comisión. Sobra decir para qué quieren controlarla y por qué es una de las prioridades del Loco. BASES ROBADAS. El juicio por presunto peculado en el manejo de fondos e implementos deportivos no ha podido celebrarse, porque tres abogados defensores recusaron a los jueces. Entretanto, hay por lo menos un imputado en la planilla de la Asamblea: Aníbal Reluz Vásquez, quien recibe un salario mensual de $3,500 como “asesor II”. También hay otro con un nombre similar (Aníbal Reluz González), quien figura como asistente administrativo en la planilla del diputado Benicio Robinson, con un salario de $2,500. Ahora solo falta que aparezcan los bates. PERDIDO. Rubén de la Rosa, el excandidato a diputado que presentó la solicitud de revocatoria de mandato contra Paulette Thomas, está esperando que el Tribunal Electoral le indique la cantidad exacta de firmas que necesita para avanzar con este procedimiento. De la Rosa insiste en que Thomas debe perder la curul por haber votado a favor de la Ley 462. Una rápida lectura del artículo 154 de la Constitución no estaría de más. CONSEJO. La procuradora de la Administración, Grettel Villalaz de Allen, ante una consulta de la diputada Alexandra Brenes, advirtió que una eventual derogación de la Ley 462 de 2025 no Sede del hospital Anita Moreno, ubicado en el corregimiento de El Ejido, en el distrito de Los Santos. Cortesía Adiós a Sicarelle: Hombres de Blanco asume la limpieza total de hospitales Mónica Palm [email protected] Hombres de Blanco reemplazó por completo a Sicarelle en la limpieza de ocho hospitales públicos, sin licitación ni convocatoria, pese a que ambas empresas han sido cuestionadas por sus contratos previos con el Estado. El consorcio Salud e Higiene Hospitalaria, al que pertenece la empresa Hombres de Blanco Corp., llegó a un acuerdo con el Ministerio de Salud (Minsa) para prestar el servicio de limpieza y desinfección de ocho hospitales por un año, a partir del 1 de julio. La adjudicación fue por vía directa, ya que el Minsa invocó un “procedimiento excepcional” fundamentado en “las necesidades operativas de los hospitales”. Dicho de otro modo, lo que ocurrió fue que los proveedores anteriores tenían contratos vigentes hasta el pasado 30 de junio y el Minsa nunca convocó a un acto público para dar continuidad al servicio, como la entidad prometió hacer en marzo pasado. Salud e Higiene Hospitalaria no es ajena a estas tareas. En los últimos seis meses, ya se encargó de limpiar seis de esos ocho hospitales: el Nicolás Solano (La Chorrera), el Instituto de Salud Mental Matías Hernández (Río Abajo), el San Miguel Arcángel (San Miguelito), el Anita Moreno (El Ejido de Los Santos), el Joaquín Pablo Franco Sayas (Las Tablas) y el Cecilio Castillero (Chitré). Por los tres primeros hospitales, el consorcio recibiría poco más de 2.8 millones de dólares por prestar el servicio del 1 de enero al 30 de junio de 2025. Por los tres de Azuero, 2.6 millones, también por seis meses. Ambos contratos los obtuvo en diciembre pasado, a través del procedimiento de cotización en línea previsto en la Ley de Contrataciones Públicas. El monto total de los dos contratos asciende a $5.4 millones. Ahora, Salud e Higiene Hospitalaria limpiará estos seis hospitales y dos más por un año adicional: del 1 de julio de 2025 al 30 de junio de 2026. Al respecto, no hay nada publicado en Panamá Compra. La Prensa conoció estos planes porque le preguntó al Minsa quién asumió la ejecución de estas tareas tan críticas para el sistema de salud. La entidad respondió que había solicitado al consorcio que diera continuidad al servicio, “debido a que dicha empresa fue la que presentó la oferta económica más baja en los procesos de contratación anteriores, cumpliendo a cabalidad con los requisitos técnicos y operativos exigidos por la institución”. Agregó que el consorcio, “actuando de buena fe, decidió continuar con el servicio durante el período en que se formalice el contrato”. La Prensa preguntó cuánto se pagará por el aseo de los ocho hospitales hasta el 30 de junio de 2026, pero no obtuvo respuesta. Lo que sí informó el Minsa, es que “en atención a las medidas de contención del gasto público, el presupuesto asignado no permite la apertura de un nuevo proceso de selección de contratista, el cual implicaría tiempos y costos adicionales que no se ajustan a la realidad presupuestaria vigente”. Los desplazados Los otros dos hospitales que ahora también serán limpiados y desinfectados por Salud e Higiene Hospitalaria son el Dr. Aquilino Tejeira y el Dr. Luis “Chicho” Fábrega, en Penonomé (Coclé) y Santiago (Veraguas), respectivamente. En los últimos seis meses (enero-junio 2024), el servicio de limpieza en ambos fue prestado por un consorcio distinto, llamado Bioseguridad Hospitalaria, que tiene entre sus miembros a la empresa Sicarelle Holding. Este grupo había recibido el contrato a través del mismo procedimiento de cotización en línea invocado por el Minsa en diciembre de 2024, para los seis hospitales adjudicados a Salud e Higiene Hospitalaria. Con la decisión que adoptó el Minsa, Bioseguridad Hospitalaria (Sicarelle) ha quedado fuera de estos hospitales, sustituida por Salud e Higiene Hospitalaria (Hombres de Blanco), de la noche a la mañana. Y sin licitación. Pestilencia Como se recordará, de 2017 a 2024, Sicarelle prestó el servicio en los ocho hospitales. En varias ocasiones, el ministro de Salud, Fernando Boyd, se ha expresado con asombro cuando habla de Sicarelle. La última vez que lo hizo fue el 1 de julio. “Había una empresa que tenía 10 años con el contrato, continuamente prorrogados”, dijo ese día, destacando que a uno de esos contratos se le hicieron hasta 10 adendas. El primer contrato adjudicado a Sicarelle Holding —el de las 10 adendas—, originalmente era por $14.9 millones y 24 meses. Terminó costando casi $53.6 millones y su vigencia se extendió por seis años: del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2022. En aquel acto público participó Hombres de Blanco, que presentó una propuesta para limpiar tres de los ocho hospitales. Luego hubo un segundo contrato, por 24 meses (del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2024), adjudicado al consorcio Bioseguridad Hospitalaria (al que pertenece Sicarelle), por $30.8 millones. En total, ambos contratos suman $84.5 millones. En esta licitación, Hombres de Blanco no concursó. Sicarelle ahora quedó sin nada y Hombres de Blanco, con todo. El desalojo Cuando se acercaba la fecha en que vencía su contrato en los dos únicos hospitales que le quedaban (el Aquilino Tejeira, de Penonomé, y el Chicho Fábrega, de Santiago), Bioseguridad Hospitalaria empezó a preguntar qué ocurriría. La duda fue parcialmente resuelta el 23 de junio pasado. Ese día, el ministro Boyd les recordó por escrito que su contrato terminaba el 30 de junio. Por tanto, lo ocurriría después de esa fecha no era de su incumbencia. La empresa quiso saber quién limpiaría los dos hospitales y preguntó si ya se había convocado un nuevo acto público. Incluso ofreció continuar prestando el servicio. El Minsa nunca les respondió. En el Chicho Fábrega ocurrió que la propia dirección del centro les avisó verbalmente que debían desalojar las instalaciones. No hubo cronograma de transición. Seguramente ya imaginaban lo que el Minsa le confirmó a La Prensa el pasado viernes. Nosehainformadoelmonto del nuevo contrato a favor del consorcio en el que está Hombres de Blanco Corp. Tanto Sicarelle como Hombres de Blanco dieron mucho que hablar en el gobierno pasado, por sus contratos con el Estado. La Prensa quiso conocer más al respecto y contactó a su presidente y representante legal, Rubén Daniel Argüelles Sánchez, quien hasta el momento no ha respondido. Rubén Daniel tiene un hermanogemelo,RubénDarío Argüelles Sánchez, que fue candidato a diputado del partido Realizando Metas (RM) y ahora es cónsul de Panamá en Río de Janeiro, Brasil. Eliana Morales Gil [email protected] Diputada defiende pago oficial de viaje a congreso evangélico FONDOS PÚBLICOS La diputada Yuzaida Marín, del circuito 13-4 (La Chorrera) y miembro del partido Realizando Metas (RM), respondió a las críticas surgidas por su participación en el Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia, realizado en Montevideo, Uruguay, entre el 16 y el 21 de junio. En un comunicado publicado en sus redes sociales, Marín dijo que asistió al evento en funciones oficiales y como representante del Estado panameño, con pasaje aéreo gestionado por la Asamblea Nacional, “como parte de su política de participación en espacios de diálogo internacional”. Según la diputada, en el congreso se abordaron temas legislativos de relevancia social, como la promoción de políticas públicas orientadas a la protección de la vida humana y de la familia como núcleo de la sociedad. También destacó que aprovechó el espacio para presentar los ejes de trabajo de su gestión como presidenta de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia. “Lamento profundamente que existan sectores malintencionados que pretendan desvirtuar ese importante esfuerzo, presentándolo falsamente como un viaje de carácter personal. Nada más alejado de la verdad”, expresó Marín. Añadió que su presencia respondió a un compromiso institucional con los valores que defiende como servidora pública. Junto a Marín viajaron también los diputados Lilia Batista (RM) y Jairo “Bolota” Salazar (PRD), cuyos pasajes aéreos también fueron cubiertos por fondos legislativos. Según registros de Panamá Compra, los boletos costaron $2,289 (Batista), $2,789 (Marín) y $2,491 (Salazar), respectivamente. El evento, de orientación evangélica, tiene como objetivo influir en gobiernos iberoamericanos mediante la promoción de políticas “pro-vida”. Participaron pastores de diversos países, incluido el panameño Edwin Álvarez. También asistió el diputado Ernesto Cedeño (Movimiento Otro Camino), aunque sin registro de financiamiento público. implica que reviva automáticamente la Ley 51 de 2005. Así que no es tan fácil como lo pintan algunos. Para traer de vuelta la Ley 51 sería necesario que esta aparezca “reproducida” en una nueva ley o que se redacte una norma que exprese claramente que recobra su vigencia. La Corte tiene suficiente jurisprudencia al respecto. Solo hay que ir al motor de búsqueda del sitio web del Órgano Judicial, escribir “reviviscencia” y listo. UI UNIDAD INVESTIGATIVA
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