4A La Prensa Panamá, sábado 12 de julio de 2025 Panorama El anuncio de que el Parlamento Europeo excluyó a Panamá de la lista de países no cooperantes en la prevención del blanqueo de capitales ha sido celebrado por el Gobierno y aplaudido por el sector privado y, en general, por la sociedad. Panamá estuvo en esa lista desde mayo de 2020, y después de años de gestiones del gobierno de Cortizo y de esta Administración, Panamá sale, aunque las dudas asomaron con preocupación evidente –y justificada– en un pronunciamiento que emitió la Presidencia un día antes de que Panamá estuviera fuera de esa lista. “El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, y el vicecanciller, Carlos Hoyos –decía la Presidencia el 9 de julio pasado– coinciden en que Panamá depende de una posición de carácter político en el Parlamento Europeo…”. Es decir, aunque Panamá “cumple con los criterios y controles técnicos para ser excluida de la lista… La decisión de actualizar esta lista será tomada desde posiciones políticas en el Parlamento Europeo y bajo el concepto de una bolsa de 17 países, lo que podría poner a Panamá en desventaja”. Creo que el criterio para excluir a Panamá fue político, efectivamente. Que Panamá cumpla con las exigencias del Parlamento Europeo para prevenir el lavado de activos es una cosa; otra distinta es que esas regulaciones se cumplan con el mismo rigor cuando los actores son políticos locales. No es mi opinión, son hechos. Y es una ironía que dos gobiernos, entre los que figuran los mayores escándalos de corrupción, sean los que hayan logrado tal hazaña. Vamos a los hechos. Empiezo por Martinelli. Desde él para abajo, incluidos dos de sus hijos, han sido condenados y/o enfrentan juicios por lavado de activos. En España se investiga el pago de coimas por unos $180 millones de FCC a funcionarios locales; decenas de millones más repartidos por Odebrecht; millones en Blue Apple e innumerables escándalos que involucran cientos de millones más saqueados a través de partidas circuitales, juntas comunales, contratos y compras del Programa de Ayuda Nacional (PAN), botellas y un largo etcétera que incluye el supuesto pago ilegal de comisiones de Finmeccanica. Muchosde esos millones fueron lavados aquí y fuera del país. Pero el principal protagonista de este desmadre está libre, gracias a que su nuevo gobierno –el que preside José Raúl Mulino– le extendió semanas atrás un salvoconducto para gozar de los millones robados, gracias a la más desvergonzada impunidad que avaló el propio presidente, y a quien solo le faltó agradecerle a Martinelli por sus “desinteresados” servicios a la Nación. Martinelli habría sido el equivalente a lo que el presidente dijo sobre los docentes despedidos por el Meduca: “Solo con un precedente duro se van a entender las cosas”. Con Martinelli, la justicia estableció ese precedente, pero Mulino –que dice ser respetuoso de la ley– lo pisoteó. Palo y plomo para aquellos, perdón y placer para el amigo. El otro gran involucrado en sacar a Panamá de la lista fue el gobierno de Cortizo, emergido de las cenizas para convertirse en la peor de todas las pesadillas gubernamentales. De hecho, fue su partido el que bloqueó la creación de la ley de extinción de dominio, que incluía confiscar activos del lavado de activos del narcotráfico y corrupción. Además, dinero de las drogas y sus operadores se han colado en distintos gobiernos, con el beneplácito de altos funcionarios o de políticos. Y aunque Panamá cumpla las regulaciones para prevenir el lavado de activos, desde las entrañas y cabeza del Gobierno también se incentiva el delito al impedir que la justicia alcance a sus encumbrados actores. Y esto, admitámoslo de una buena vez, desestabiliza la paz social y nuestra precaria democracia. Lo que hizo Panamá fue decirle a Europa que existe el marco legal para prevenir el lavado. Lo que no dice es que eso no es para todos, que hay intocables. Pero hay que admitir que su gente fuma bajo del agua, pues logró lo que evidentemente veían dudoso. Y, dado que los hechos son indiscutibles, hay que ¿felicitar? a los funcionarios que lograron –a punta de lobby– que los europeos miraran, no la galopante y escandalosa corrupción local y su consecuente lavado de activos, sino que se concentraran en la letra muerta de códigos y leyes que nadie respeta. Por eso pienso que la decisión del Parlamento Europeo fue estrictamente política, sin considerar la justicia selectiva que se practica en este país. Sábado Picante Rolando Rodríguez [email protected] Paulette Thomas, Manuel Cheng y Stephany Peñalba. Archivo ¿Revocatoria ciudadana o arma política? Mario De Gracia [email protected] POLÍTICA La figura de revocatoria vuelve al debate tras nuevas solicitudes en tres provincias y cambios en las reglas del Tribunal Electoral. El anuncio de nueve procesos de revocatoria de mandato para autoridades electas en tres provincias ha dividido posturas entre quienes los apoyan o los rechazan; todo mientras se conoció que el Tribunal Electoral (TE) modificó las reglas del proceso el pasado 7 de julio. Desde quienes piensan en procesos sin fundamento, hasta quienes consideran la figura como una legítima herramienta de participación ciudadana; así han oscilado las posturas. En el Legislativo, un proceso de revocatoria estremeció la coalición Vamos: el presentado a la diputada Paulette Thomas, del circuito 8-3, por su antiguo compañero de nómina en las elecciones de 2024, Rubén Darío de la Rosa, fundador de la coalición. La noticia provocó la reacción del diputado Ernesto Cedeño, de la bancada Seguimos y del Movimiento Otro Camino (Moca). “Es abiertamente inconstitucional. El peticionario fundamenta su solicitud porque ella [Thomas] votó en favor de la modificación de la ley de la Caja de Seguro Social (CSS)”, dijo Cedeño, alegando que los diputados “no son responsables por el voto y las opiniones que den en el ejercicio de su cargo”, citando el artículo 154 de la Constitución. La propia coalición Vamos emitió un comunicado respaldando la labor de Thomas y de otro miembro del colectivo en proceso de revocatoria: José Pérez, representante de Vacamonte, Arraiján, y su suplente Magualida Sánchez. En Arraiján también hay otros procesos de revocatoria de mandato, tres de ellos presentados por un solo abogado. Se trata del proceso de revocatoria a Stefany Peñalba, alcaldesa de Arraiján; Oliver Ríos, vicealcalde y Manuel Cheng, diputado del circuito 13-1. Los tres procesos fueron solicitados por Abdiel González Tejeira, excandidato a diputado en el circuito y coordinador del denominado Movimiento Revocatoria Arraiján, según consta en el registro del TE. Al ser consultado por La Prensa, González Tejeira negó motivaciones políticas y señaló que actúa con el respaldo de cerca de 400 personas que saldrán a recoger firmas. El abogado expresó descontento con la gestión de Peñalba alegando irregularidades en nombramientos del Municipio de Arraiján y criticó algunos decretos impulsados por la alcaldía, como uno sobre multas de hasta $1,500 para quien tuviera animales en soltura o de $100 para los dueños de animales que generaran ruido excesivo en horas de la noche. Ese decreto fue suspendido por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Este medio trató de contactar a Peñalba para tener sus reacciones sobre el proceso de revocatoria impulsado por González Tejeira, pero no hubo respuesta desde el municipio. Por otro lado, el abogado criticó al diputado Cheng, alegando que se aprovechó de un concepto de la coalición Vamos y luego se cambió de bancada. Por su parte, Cheng emitió un comunicado señalando que tiene “disposición al diálogo” con quienes mantienen inquietudes sobre su gestión, señalando que afrontará el proceso respetando los “mecanismos democráticos”. Además de estos procesos polémicos, hay otros que avanzan contra Raquel Murillo y Salvador Lobos, representante y suplente, respectivamente, de la junta comunal de Juan Demóstenes Arosemena de Arraiján. En Barú, Chiriquí, avanza la revocatoria del alcalde de ese distrtio, Franklin Valdez. Antes de que se notificaran los procesos públicamente, el Tribunal Electoral (TE) difundió un boletín con modificaciones importantes al proceso de revocatoria de mandato a través del Decreto N°8 del 7 de julio de 2025. Dos modificaciones resaltan: el cambio en el método de recolección de firmas, que deberá ser presencial, según el artículo 7 del decreto y la posibilidad de que un ciudadano que firmó la revocatoria pueda retractarse, retirando su firma. Yaritza Mojica [email protected] El Idaan hará mejoras a planta de Chilibre; el servicio será suspendido a las 7:00 p.m. SERVICIO PÚBLICO El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) realizará por 21 horas trabajos de mejoras y modernización de la planta potabilizadora Federico Guardia Conte, durante este fin de semana. Para realizar estos trabajos, se suspenderán temporalmente las operaciones de la planta a partir de hoy a las 7:00 p.m. hasta las 4:00 p.m. de mañana. El superintendente de la planta de Chilibre, Javier Sánchez, explicó que los trabajos se concentrarán en cinco frente. Por ejemplo, las labores se realizarán en las tres estaciones de bombeo, una en la toma de agua cruda del lago Alajuela y las otras dos, en las estaciones que envían agua potable a la ciudad de Panamá. En el sector del lago, personal de la entidad trabajará en la instalación de nuevas válvulas, rejillas y compuertas que datan de Tribunal Electoral Nuevo decreto •El Decreto N°8 del 7 de julio de 2025 elimina métodos contemplados en el anterior decreto —del 24 de noviembre de 2020—, como la recolección de respaldo a través del canal de atención digital de la página web del TE, kioscos de autoservicio y una aplicación de validación biométrica. • A pesar de las recientes modificaciones, el número de firmas de respaldo que se deben conseguir por los activistas de la revocatoria se mantiene igual: debe ser un 30% del padrón electoral de la circunscripción al momento de la elección de la autoridad. • Un nuevo artículo permite a un ciudadano renunciar en cualquier momento a la iniciativa de respaldo. La renuncia deberá realizarse de forma presencial en la oficina del TE de la circunscripción. • Hasta el momento, para ninguno de los procesos señalados se ha autorizado el inicio de la recolección de firmas. Las autoridades tendrán oportunidad de apelar a las notificaciones formales en los próximos días. 1975. Sánchez también detalló que se hará el cambio de un interruptor trifásico de un tablero eléctrico de 480 voltios, además de limpieza de los motores, que son los que hacen que funcionen las bombas. Asimismo, se realizará una limpieza profunda de la estructura de los filtros, limpieza exterior de los motores de las estaciones de bombeo y optimización del transformador en la subestación eléctrica, entre otras labores técnicas. El superintendente indicó que “en las dos estaciones de agua potable se reemplazarán las válvulas existentes, que están cercanas a cumplir su vida útil y colocarán válvulas que son más modernas de las que existen”. Una vez terminados los trabajos --explicó el funcionario--, a las 4:00 p.m., la planta potabilizadora empezará a producir. Sin embargo, advirtió que la producción y distribución es un solo sistema, por lo que las redes empezarán a llenarse de forma paulatina. Los sitios altos, como San Miguelito y algunos sectores de la capital, tardarán más en recibir el agua. Con estos trabajos, que se califican como integrales, se busca optimizar el funcionamiento de la planta y asegurar el suministro de agua potable seguro, confiable y sostenible para los residentes de Panamá y San Miguelito, tanto en el presente como en el futuro, aseguró el Idaan.
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