6A La Prensa Panamá, viernes 11 de julio de 2025 La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia no acogió una casación interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción contra la decisión del Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales que declaró nula la investigación seguida al exgerente del Aeropuerto Internacional de Tocumen Juan Carlos Pino y al exministro de Economía y Finanzas Frank De Lima por presunto peculado en perjuicio de esa terminal aérea. A través del edicto No. 79 se informa a las partes de la decisión adoptada por dicha corporación de justicia, en cuanto a la apelación presentada por la Fiscalía. La decisión fue adoptada de manera unánime por las magistradas Maribel Cornejo Batista, Ariadne García y Juan Francisco Castillo (suplente de la magistrada María Eugenia López). El argumento usado por los magistrados de la Sala Penal se fundamentó en el artículo 2,439 del Código Judicial en el que se detallan los requisitos para admitir o no un recurso de casación, entre los que se encuentran: que la resolución objeto del recurso es de aquellas contra las cuales lo concede la ley; si el recurso ha sido interpuesto en tiempo; si el escrito por medio del cual fue interpuesto contiene una historia concisa del caso; si se determinan la causal o causales; y si se especifican los motivos, disposiciones legales infringidas, el concepto en que lo han sido y si la causal expresada es de las señaladas por la ley. Además, el citado artículo plantea que cuando no concurriesen los requisitos a los que se ha hecho mención, la Corte se limitará simplemente a negar la Sala Penal deja en firme sentencia que absolvió a Frank De Lima y Juan Pino ‘SKY PARKING’ admisión del recurso. El Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales revocó una sentencia de primera instancia que condenó a Pino y De Lima por el delito de peculado por el manejo irregular de la concesión para la administración y operación de los estacionamientos en el aeropuerto –por un periodo de 20 años– que fue adjudicada por Tocumen, S.A., en julio de 2011, a través del mecanismo de contratación directa por invitación a la empresa Sky Parking, S.A. La investigación contra De Lima y Pino se inició a raíz de una denuncia anónima el 21 de agosto de 2014 por presuntas irregularidades en la contratación. Según el fallo del Tribunal Superior y ratificado por la Sala Penal, la fiscalía se excedió en el término de investigación y no solicitó prórroga al juzgado para seguir investigando. La investigación de la fiscalía contenía una auditoría de la Contraloría General que tasó la lesión patrimonial en $1.9 millones. En la decisión de primera instancia, emitida en mayo de 2024, también se absolvió al exjefe de Bienes Patrimoniales de Tocumen Jaime Quintero y la representante legal de Sky Parking Dionisia Gutiérrez. El presidente brasileño, Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva, afirmó que Brasil ‘no aceptará ser tutelado por nadie’. EFE Cuando los aranceles se convierten en armas políticas Daniel Zovatto ESPECIAL PARA LA PRENSA [email protected] Juan Manuel Díaz [email protected] GEOPOLÍTICA Trump contra Lula. Una represalia geopolítica sin precedentes que sacude la relación entre Brasil y Estados Unidos. La decisión del presidente Donald Trump de imponer un arancel del 50% a las importaciones brasileñas —alegando violación a la libertad de expresión de parte de Brasil y una supuesta “persecución política” contra el expresidente Jair Bolsonaro— marca un antes y un después en las relaciones entre Washington y Brasilia. Lo que comenzó como una amenaza del 10% — parte del paquete global de Trump— y otro del 25% sobre acero y aluminio, escaló de forma abrupta hacia una medida comercial de una agresividad inédita en la historia reciente de ambos países. Pero más allá de carecer de sustento jurídico sólido, esta decisión constituye una clara injerencia política en los asuntos internos de una democracia soberana. El anuncio se produjo horas después de que la Cancillería brasileña convocara al encargado de negocios de Estados Unidos por una comunicación oficial de la embajada en defensa de Bolsonaro, calificada por la diplomacia brasileña como una “intromisión indebida”. No es un episodio aislado. Trump ya había intervenido retóricamente en otros escenarios, como al cuestionar la justicia israelí por el juicio que actualmente tiene lugar en contra de Benjamín Netanyahu por una causa de sobornos y conflicto de intereses. Ahora, va un paso más allá: transforma la Sección 301 —diseñada para penalizar prácticas comerciales desleales— en un instrumento de presión política. Brasil no está acusado de dumping ni de imponer barreras comerciales. De hecho, la balanza comercial favorece ampliamente a Estados Unidos, país que es el segundo socio comercial del gigante sudamericano por detrás de China. Sanciones políticas disfrazadas de aranceles Estamos ante una flagrante manipulación: sanciones políticas disfrazadas de aranceles para doblegar a gobiernos de otros países a cumplir con sus objetivos o en defensa de sus “amigos”. El pretexto esgrimido por Trump se apoya en una supuesta “cacería de brujas” judicial contra Bolsonaro, actualmente en juicio por su papel en el intento de golpe del 8 de enero de 2023. Si es hallado culpable, podría recibir hasta 43 años de prisión. La sentencia se espera en septiembre. La decisión de Trump equivale, en los hechos, a sancionar a un país por el funcionamiento de su poder judicial. Una aberración jurídica. Trump también argumenta que Brasil está atentando contra las libertades estadounidenses. Afirma que el Supremo Tribunal Federal ha emitido “órdenes de censura secretas e ilegales” contra redes sociales norteamericanas. La acusación, sin evidencia sólida, Frank De Lima y Juan Pino. Archivo ¿Dejará de ser el Ifarhu un botín político? Sabrina Sin Censura Sabrina Bacal [email protected] El exdirector necesitó de poderosos padrinos políticos para la lesión patrimonial de $24 millones que revela la auditoría y el esquema de pagos cash back que investiga el Ministerio Público. Si Meneses operó tan libremente es porque contó con la complicidad de altos funcionarios: los miembros de Junta Directiva del Ifarhu y el excontralor que refrendó los traspasos y ocultó los nombres de los beneficiados. ¿Rendirán ellos cuentas ante la justicia? Pero además de buscar en las altas jerarquías del gobierno anterior hay que mirar hacia atrás. Y es que la distorsión de la figura de los auxilios económicos - cuya intención original era ayudar a estudiantes de escasos recursos y méritos académicos- no la inventó Meneses. La manipulación de las normas del Ifarhu empezó en el gobierno de Ricardo Martinelli con modificaciones al reglamento. Un proceso perverso que terminó por convertir una institución que debería estar regida por criterios técnicos orientados a formar los recursos humanos que el país necesita, en otro aparato del clientelismo y la politiquería. Solo en los últimos 10 años se repartieron $385 millones. No sabemos qué porcentaje de beneficiarios cumplía con la esencia para la cual se concibieron estas ayudas. Lo que sí sabemos es que se trata de un club de sinvergüenzas mucho más amplio que el PRD. Hay personas de todos los partidos políticos, reconocidos empresarios, abogados y allegados al actual gobierno. En su discurso de toma de posesión José Raúl Mulino prometió “una exhaustiva investigación para transformar esas ayudas no merecidas en préstamos y que empiecen a pagar lo que se llevaron”. Nada de eso ha pasado, pero si el presidente lo prometió, debemos asumir que pensó en algún mecanismo legal para recuperar ese dinero. ¿O fue una promesa para ganar el aplauso fácil? Como sea, conviene aprovechar este impulso de la justicia y exigir que se cumpla con tan importante compromiso presidencial. Además de que se divulguen, sin selectividad política, todos los nombres de los beneficiados. La pregunta del millón (más bien de los millones) es si se han hecho las transformaciones legales e institucionales para evitar que este escándalo se repita. Mulino aseguró que los auxilios económicos “no serán lo que fueron en el pasado”, pero no todas las señales apuntan en ese sentido. Durante su gobierno han desfilado por el cargo tres directores del Ifarhu. Jaime Díaz fue destituido por serias fallas administrativas. Gabriel Cajiga asumió interinamente la dirección e hizo cambios al reglamento, transformando la figura del auxilio en becas socioeconómicas y por mérito. Pero -siempre hay un pero- quien debe implementar las nuevas reglas es Carlos Godoy, cuyo perfil y equipo de trabajo apuntan a lo mismo de siempre: la politización de la institución. Godoy se benefició de un auxilio económico para un doctorado virtual que aún está tomando. Tras su ratificación aseguró que no usará todo el dinero y que de ahora en adelante pagará sus estudios. ¿Quién fiscalizará eso? ¿Es ése el perfil que se requiere para adecentar el Ifarhu? Más preocupante aún: el equipo que trabajó en las modificaciones al reglamento de becas fue reemplazado en menos de un mes por miembros del partido gobernante. Cargos clave han quedado en manos de funcionarios con vínculos a la Presidencia o candidatos de RM derrotados en las elecciones. Proyectos que se habían iniciado para digitalizar y reducir la discrecionalidad en el otorgamiento de becas han sido paralizados. Es urgente que se haga pública la información de planes y personal en el Ifarhu. Sin eso, queda la impresión que ganará la inercia del clientelismo y la politiquería. El pecado original de haber desnaturalizado una institución que fue creada para promover la movilidad social en un país inmensamente desigual aún no ha sido corregido. Si Panamá quiere que este escándalo quede en el pasado -como aseguró el Presidente- se necesita ir mucho más allá de la detención de Meneses. El Ifarhu ha sido el botín político de varias administraciones y aquí tienen que asumir responsabilidad no solo los funcionarios, si no también los cientos de amigos del poder, que sin tener necesidad económica o méritos, utilizaron fondos públicos para sus hijos o familiares. Meneses es solo la punta del iceberg de una gran masa de privilegios e impunidad. El arresto del exdirector del Ifarhu, Bernardo Meneses, por presunto enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales no garantiza que el saqueo descarado de fondos del Estado en esta institución haya terminado. Tampoco significa que todos los que permitieron y se beneficiaron de este esquema de corrupción rendirán cuentas ante la justicia. Meneses es la punta del iceberg pero el fondo del problema persiste. refuerza el carácter ideológico del ataque: castigar a un gobierno progresista liderado por Lula, que ha ganado visibilidad internacional y ha marcado distancia de la subordinación geopolítica a Washington. Trump ordenó asimismo a la oficina del representante comercial de Estados Unidos, una investigación a Brasil, por prácticas comerciales desleales, lo que podría incluso llegar en endurecer el arancel del 50%. ¿Se trata acaso de una represalia encubierta por las palabras de Lula en la clausura de la cumbre de los BRICS en Río, cuando en respuesta al ataque y amenaza de Trump a ese grupo de países declaró: “El mundo cambió. No queremos un emperador. Somos países soberanos”? Aunque Trump no lo menciona explícitamente en su carta, el momento y el tono de su respuesta sugieren que, más allá del tema “Bolsonaro”, podría haber una motivación política más profunda: un castigo con efecto disciplinador para quienes se atreven a criticarlo públicamente. PRENSA.COM Escanee el QR y acceda a más información sobre este artículo. Panorama
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