1A La Prensa Panamá, viernes 11 de julio de 2025 El medio libre de Panamá 75¢ Viernes 11 de julio de 2025 - Año 44 - Nº 15074 Hoy por hoy Panamá y San Miguelito, los dos distritos más densamente poblados del país, enfrentan al mismo tiempo un dilema estructural: cómo garantizar un servicio de recolección de basura que no solo funcione, sino que responda a una visión urbana coherente. En uno, el Estado tuvo que asumir directamente la operación tras años de problemas acumulados. En el otro, la alcaldía lanza una consulta para diseñar su futura licitación. Ambos escenarios revelan la misma falla: la ausencia de planificación metropolitana. No se trata solo de elegir bien al contratista. Se trata de saber exigir, fiscalizar y corregir cuando se incumple. Durante años, las comunidades han convivido con basura acumulada, veredas intransitables y riesgos sanitarios, mientras las autoridades respondían con parches. La oportunidad actual es crítica. San Miguelito puede construir un modelo distinto. Pero para lograrlo, debe partir del principio más elemental: pensar en los habitantes primero, no en los contratos. Porque sin visión metropolitana, lo único que se seguirá reciclando es el fracaso. Qué impacto tiene en América Latina el nuevo impuesto a las remesas aprobado en Estados Unidos Atevo Cup: De cabezazos decisivos a golazos en contra 8A Deportes Panorama Zovatto: Cuando los aranceles se usan como armas políticas 6A Economía Panamá logra acuerdo con Royal Caribbean 2B Paro docente: ‘Tiene que haber un precedente’ Mario De Gracia [email protected] EDUCACIÓN El Ejecutivo cierra la puerta al finiquito que solicitan los gremios docentes, y mantiene la postura de no pagar retroactivos ni revertir reemplazos. Al cumplirse 79 días del inicio del paro docente contra la Ley 462, el presidente José Raúl Mulino reiteró que no habrá pago retroactivo ni reintegro para los educadores reemplazados. “Tiene que haber un precedente”, advirtió en su rueda de prensa semanal, al rechazar la propuesta de un finiquito de huelga. La medida, solicitada por los gremios magisteriales, busca garantizar que los docentes puedan regresar a las aulas sin represalias ni procesos administrativos en curso. Mulino fue enfático al afirmar que quienes ya fueron reemplazados “se quedan así”, cerrando cualquier posibilidad de reversión. El Ministerio de Educación informó el 8 de julio que al menos 500 docentes enfrentan procesos por abandono de cargo, pero no se han actualizado las cifras oficiales. Aunque la Asamblea NaRevocatoria: De la Rosa vs. Thomas; Vamos contra Vamos La diputada Paulette Thomas fue notificada de una solicitud de revocatoria presentada por Rubén De la Rosa, excompañero de nómina y fundador de Vamos. Thomas afirma que no existen causales legales para el proceso y lo atribuye a motivos políticos y frustraciones personales. VEA 2A San Miguelito pregunta: ¿qué hacer con la basura? SERVICIO PÚBLICO Yaritza Mojica [email protected] La Alcaldía de San Miguelito lanzó una solicitud de información para elaborar un nuevo pliego de cargos de cara a la futura licitación del servicio de recolección de basura, cuyo contrato actual con Revisalud vence en enero de 2026. La consulta está abierta a proveedores y ciudadanos, y busca insumos sobre capacidades técnicas, precios de referencia y necesidades reales del distrito. El sistema vigente arrastra múltiples quejas por recolección irregular, deficiencias operativas —como una flota insuficiente— y una alta morosidad en el pago del servicio por parte de los usuarios. VEA 4A José Raúl Mulino. Archivo Trump sacude el mercado del cobre Amenaza de arancel sube el precio del metal La decisión del presidente Donald Trump de imponer un arancel del 50% a las importaciones de cobre impulsó los precios a niveles históricos, con un alza del 13 % —el mayor incremento diario desde 1968— y un cierre récord de 5.69 dólares por libra. VEA 1B Mar Rojo Duro ataque a la navegación comercial El jefe de los rebeldes hutíes, Abdulmalik al Huti, advirtió que toda naviera que transporte mercancías hacia Israel será atacada con la misma contundencia que los buques Magic Seas y Eternity C, hundidos esta semana en el mar Rojo. Al Huti calificó los ataques como una “clara lección” y reiteró que la prohibición del tránsito marítimo hacia puertos israelíes es una política permanente mientras persista la ofensiva en Gaza. EFE cional, liderada por Jorge Herrera, ha intentado mediar y anunció la conformación de un “conversatorio”, Mulino reafirmó que las decisiones en materia educativa son exclusivas del Órgano Ejecutivo. Esa mediación, según Herrera, estaría a cargo de la Iglesia católica y del sector empresarial, y buscaría atender las inquietudes de los docentes sobre la reciente reforma a la Caja de Seguro Social (CSS) mediante la Ley 462. Fernando Ábrego, secretario general de Asoprof, dijo que a la dirigencia le preocupa “que podamos salvaguardar nuestros puestos de trabajo y la estabilidad laboral, pero también que logremos que la Ley 462 se revise, se reforme o se derogue”. VEA 3A
2A La Prensa Panamá, viernes 11 de julio de 2025 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] El diputado Neftalí Zamora, de la Coalición Vamos. Alexander Arosemena El diputado Neftalí Zamora habla sobre la revocatoria ENTREVISTA En entrevista con La Prensa, el diputado de la coalición Vamos, Neftalí Zamora, se refirió a las recientes notificaciones de revocatoria de mandato a diputados electos por la libre postulación, entre ellos sus colegas Paulette Thomas y Manuel Chen Peñalba. Aunque él no ha sido notificado, reconoció que desde hace tiempo se promueve una revocatoria en su contra, impulsada —según dijo— por un exfuncionario vinculado al exdiputado Tito Rodríguez. “Yo no tengo ninguna adversión a aceptar este proceso”, afirmó, y señaló que lo ve como una oportunidad para confirmar si los electores de Panamá Norte siguen sintiéndose representados por su gestión. Zamora también criticó los intereses detrás de los intentos de revocatoria. A su juicio, no son impulsados por ciudadanos descontentos, sino por figuras políticas que fueron desplazadas del poder. “Hoy, las personas que están buscando ese espacio son exautoridades que nosotros sacamos de esos puestos”, sostuvo. Consideró que se trata de un acto “politiquero” y no de un movimiento legítimo. Junta directiva Respecto a la reciente elección de la nueva junta directiva de la Asamblea, Zamora la calificó como un proceso tenso, pero necesario para avanzar en reformas urgentes. Dijo haber apoyado la candidatura de Jorge Herrera a la presidencia del legislativo y destacó que el acuerdo parlamentario alcanzado no implica un cheque en blanco, sino un compromiso condicionado al cumplimiento de una agenda concreta. Esta incluye la reforma al reglamento interno, la eliminación de “botellas” y el impulso de proyectos clave en temas como el agua, el empleo y la educación. El diputado también defendió su propuesta de regular los hospedajes turísticos tipo Airbnb. Zamora señaló que existen más de 13 mil alojamientos de este tipo en el país, operando en un limbo legal que desalienta la inversión. “Queremos regularizar estemercadoparaatraerinversión y generar empleo”, dijo. Además, subrayó que su bancada aspira a presidir comisiones estratégicas en la Asamblea, como Economía, Gobierno y Credenciales. Entre los diputados notificados se encuentran los independientes Paulette Thomas y Manuel Cheng. Cortesía ‘Me da tristeza por él’: Thomas tras intento de revocatoria Eliana Morales Gil [email protected] ASAMBLEA La solicitud de revocatoria de mandato contra la diputada Thomas fue presentada por Rubén De La Rosa, miembro de Vamos y excompañero de nómina suyo en la campaña pasada. La diputada Paulette Thomas se enteró por una colega. No fue el Tribunal Electoral, ni una notificación oficial; fue Yarelis Rodríguez, otra diputada de la bancada Vamos, quien le comentó que su nombre estaba en una lista que circulaba. Minutos después, Thomas confirmaría que sí: alguien había solicitado su revocatoria de mandato. Y no era cualquiera. La mañana del jueves 10 de julio, Thomas recibió una llamada directa del Tribunal Electoral. Le informaron que un emisario iría personalmente a entregarle la notificación formal. A las 10:00 a.m., el funcionario llegó con el documento en mano: se iniciaba así un proceso legal que, en palabras de la diputada, tiene más de político que de jurídico. “Esto es político”, dijo sin titubeos en entrevista con La Prensa. “Hay personas que usan este tipo de situaciones como trampolín para ser visibilizados, y es lamentable”, añadió. ¿Quién es? El nombre detrás de la solicitud no es ajeno: Rubén Darío de la Rosa, antiguo compañero de nómina en el circuito 8-3 y miembro fundador de la coalición Vamos, el mismo que, según Thomas, “se subió a la cresta de la ola” durante la recolección de firmas sin cumplir compromisos reales con la candidatura. El proceso de revocatoria, según la diputada, se sustenta en el artículo 494 del Código Electoral, pero Thomas sostiene que debió invocarse el ordinal tercero del artículo 492, que establece causales claras. Ninguna de ellas, mudanza de residencia fuera del circuito, condena penal o referendo revocatorio, aplica en su caso, afirma. “Ni me he cambiado de residencia, ni tengo condenas, ni ha habido referendo. Entonces, ¿por qué procede esto?”, cuestiona. Próximos pasos A la diputada le concedieron dos días para responder a la notificación, tiempo en el que analiza la posibilidad de una apelación. Para ella, el proceso es injusto, aunque reconoce que forma parte del juego democrático. “La democracia también es esto: escuchar incluso a quienes no están de acuerdo con una gestión, aunque se trate de una gestión transparente que trabaja de lunes a lunes”, aseguró. Como prueba, señala sus redes sociales, los proyectos legislativos impulsados, entre ellos, la ley que aumentó penas por delitos sexuales. Más allá de lo legal, lo que inquieta a Thomas es la intención de De la Rosa. “Es una persona que ha esperado un año y un día para interponer esto. Me da tristeza por él”, dijo, sugiriendo que detrás de la acción hay frustración personal más que argumentos políticos sólidos. La última vez que lo vio fue en una academia abierta organizada por Vamos. Se saludaron, “como por educación hago con todo el mundo”, pero no cruzaron palabra. El ambiente dentro de la bancada, al menos públicamente, le ha sido favorable. Asegura contar con “el apoyo irrestricto” de sus colegas, algo que valora profundamente en medio del vendaval. Y mientras el proceso avanza, ella sigue firme en sus funciones: seguirá en las comisiones de Mujer, Niñez y Familia, y de Educación, Cultura y Deportes, al tiempo que evalúa los pasos legales que tomará para responder a lo que considera una distorsión del espíritu democrático. “El primero de julio fue una muestra de madurez política”, dice sobre la reciente instalación de la nueva Asamblea, un día tenso pero crucial para Vamos. “Nos decían que no sabíamos negociar, y lo logramos. Por el país”. Ahora, deberá demostrar esa misma capacidad de negociación y temple político frente a un desafío inesperado, pero, al parecer, no del todo sorpresivo. Instituto Dr. Alfredo Cantón ubicado en San Miguelito. Yaritza Mojica Padres del Instituto Alfredo Cantón rechazan retorno a sede alquilada EDUCACIÓN Yaritza Mojica [email protected] Los padres de familia del Instituto Dr. Alfredo Cantón, ubicado en San Miguelito, exigen una solución al Ministerio de Educación (Meduca) sobre el lugar donde se impartirán las clases a los estudiantes. Esto se debe a que las autoridades quieren enviar nuevamente a los estudiantes a recibir clases en la antigua sede del Colegio Oxford, en Vía España (cerca de la Iglesia del Carmen). Los alumnos fueron retirados de ese plantel el año pasado por no cumplir con las condiciones adecuadas para impartir clases. En una reunión realizada en la cancha del Instituto Alfredo Cantón, en Paraíso, corregimiento Mateo Iturralde, los acudientes exigieron una respuesta inmediata a la directora regional de Educación de San Miguelito, Aymeth Espinosa, quien acudió al llamado de los padres, que amenazaron con cerrar las calles. Los acudientes explicaron que no enviarán a sus hijos al Colegio Oxford, ya que este plantel —actualmente alquilado por un costo aproximado de $35,064.32 mensuales— presenta problemas como techos en mal estado, inundaciones durante las lluvias, falta de cafetería, hurto de aires acondicionados, presencia de roedores, entre otras deficiencias. Estas condiciones han generado quejas por parte de estudiantes, docentes y padres de familia. Solo en el año 2024, el Meduca pagó aproximadamente $420,000 en concepto de alquiler al Colegio Oxford. Para el año lectivo 2025, el Meduca retomó el contrato para utilizar nuevamente este plantel, extendiendo su vigencia por aproximadamente 36 meses. No obstante, ante las protestas y solicitudes de los padres, los más de 1,200 estudiantes de premedia y media del Instituto Alfredo Cantón permanecerán en la sede de Paraíso. Durante la reunión, la tarde de ayer jueves 10 de julio, los padres de familia, la dirección y la directora regional, acordaron que las clases se alternarán por grado cada semana, hasta finalizar el año escolar, ya que la sede de Paraíso cuenta con un solo pabellón en condiciones aceptables y no dispone de la cantidad de salones necesarios para atender a todos los estudiantes desde séptimo hasta duodécimo grado. Actualmente, la comunidad educativa desconoce cuándo será licitado el proyecto de remodelación o reconstrucción del nuevo Alfredo Cantón, el cual tiene 55 años de existencia.
3A La Prensa Panamá, viernes 11 de julio de 2025 Panorama Miles de estudiantes de colegios oficiales han sido afectados por la paralización. Elysée Fernández Paro de docentes en el sector oficial: ‘No habrá pago retroactivo’ Mario De Gracia [email protected] La Asamblea Nacional ha intentado mediar en el conflicto docente por la Ley 462, pero el presidente José Raúl Mulino reafirmó la autoridad del Ejecutivo sobre reemplazos, pagos y reintegros. Sin punto final al paro docente, sin regreso completo a las clases en escuelas oficiales y sin pago retroactivo a docentes despedidos. Esta es la situación tras 79 días de huelga por los educadores adscritos a gremios magisteriales, quienes se oponen a la Ley 462, que reformó la Caja de Seguro Social (CSS). El presidente de la República, José Raúl Mulino, reaccionó a ello en su conferencia semanal del jueves 10 de julio. “Lo que pasa en el Ministerio de Educación (Meduca) es potestad del Órgano Ejecutivo. Hay algunos temas que están siendo analizados, el primero es que el número de educadores que ya fueron reemplazados se quedan así y no habrá pago retroactivo”, dijo el mandatario al ser consultado en su conferencia de prensa semanal. Sin embargo, no se detallaron cifras actualizadas de cuántos docentes han sido reemplazados, luego de que el Ejecutivo adelantará el Decreto Ejecutivo N° 17 del 24 de junio de 2025, que permite una contratación expedita a posiciones que el Ejecutivo califica como vacantes por los educadores que se mantienen en huelga. El último balance del Meduca se dio el pasado 8 de julio, detallando más de 500 docentes en procesos administrativos por abandono de cargo. Los docentes han apelado y rechazado la medida. Esta misma semana buscaron mediación en la Asamblea Nacional, cuyo diputado presidente, Jorge Herrera, dijo haber enviado una carta a la ministra de Educación, Lucy Molinar, el pasado lunes 7 de julio y anunció la conformación de un conversatorio sobre la Ley 462 que permitiera el reintegro de los docentes a las aulas. Entre las peticiones de los 23 gremios docentes que acudieron a reuniones con el Legislativo, se encuentra la firma de un finiquito de huelga por parte del Meduca que les blinde de posibles represalias al momento de su reintegro. No obstante, Mulino señaló que “no tiene problema con que [los docentes en paro] regresen a clases, pero en este país tiene que haber un precedente (...) solo con un precedente duro aquí se van a entender las cosas”. Al tiempo, catalogó a los grupos que buscaron mediación en la Asamblea como “rebeldes”. Rol del Legislativo A pesar de que el Legislativo buscó el diálogo con los docentes, el presidente Mulino recalcó que desde el Ejecutivo es que se toman las decisiones en materia administrativa de la educación. La Prensa consultó al diputado Jorge Bloise, de la coalición Vamos y uno de los perfilados a presidir la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional, sobre el rol Legislativo. El diputado reconoce que hay limitaciones, sobre todo en la petición de grupos docentes de la firma de un finiquito de huelga. Bloise señaló que el Legislativo abrió el compás para escuchar propuestas de modificación a la Ley 462, pero que tiene limitaciones por la separación de poderes sobre decisiones del Meduca, como la del reemplazo docente. ¿Qué dicen los educadores? Dos dirigentes de gremios educadores que participaron en las conversaciones con la Asamblea se han referido a la continuidad del paro y sus exigencias para finalizarlo. Durante un webinar organizado por la Asociación de Profesores de la República de Panamá (Asoprof), participante en las conversaciones con el Legislativo, el dirigente Fernando Ábrego señaló: “A mí me preocupa que podamos salvaguardar nuestros puestos de trabajo y la estabilidad laboral, pero también que logremos que la Ley 462 se revise, se reforme o se derogue. Esta lucha no termina aquí”, expresó Ábrego. Ábrego advirtió que en escuelas como el Instituto América ya se están notificando a cerca de 40 docentes por presunto abandono del puesto y violación de los derechos del menor. El Ejecutivo, por su parte, no ha dado cifras oficiales. En tanto, el profesor Noriel Salinas, de la Asociación de Educadores de la Comarca Ngäbe-Buglé (Aembu), adelantó que pidieron a la Asamblea “tomar cartas en el asunto” para redactar una nueva ley de seguridad social. Adicionalmente, Salinas dijo que exigieron a la ministra Molinar un documento de finiquito de huelga. “Nosotros los docentes estamos pidiendo que se haga un finiquito donde se garantice el retorno seguro a las escuelas. Eso implica que no haya persecución”, apuntó. Sin humo blanco entre gremios docentes, Ejecutivo y Legislativo, el paro de labores sigue su curso y sin cifras oficiales de los estudiantes afectados por la paralización. El presidente de la República, José Raúl Mulino, reveló que sostuvo una reunión el pasado martes con el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, y los dos vicepresidentes del Legislativo, Eduardo Vásquez y Eliecer Castrellón, para discutir los principales proyectos del Ejecutivo que deben impulsarse entre julio y diciembre de este año. Durante el encuentro, Mulino presentó su hoja de ruta legislativa y pidió a los diputados “madurez y responsabilidad” para tramitar iniciativas que calificó como “delicadas e importantes”. Uno de los temas centrales abordados fue la reformulación de la carrera administrativa, una propuesta que busca profesionalizar el servicio público y desvincularlo de intereses políticos y clientelistas. Mulino también sostuvo ayer una reunión separada con los diputados Augusto Palacios y Jorge Bloise, ambos de la coalición Vamos, quienes —según le indicaron— podrían asumir la presidencia de las comisiones de Credenciales y de Educación, respectivamente. No obstante, reconoció que la conformación final de las comisiones aún está en proceso. El mandatario enfatizó la importancia de que la Comisión de Credenciales actúe con mesura y seriedad, especialmente ante las próximas ratificaciones que debe presentar su administración. En agosto, Mulino deberá nominar a dos nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia: uno para la Sala Civil y otro para la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo. La revelación de Mulino generó algunas preguntas: ¿por qué los diputados no lo comunicaron antes? ¿Se buscaba un guiño presidencial en el reparto de las comisiones legislativas? ¿O simplemente fue una conversación más entre poderes? La respuesta surgió un par de horas después de la conferencia de prensa del presidente de la República. El nuevo jefe de bancada Vamos, Roberto Zúñiga, lo dijo a los periodistas que se encontraban cerca del pleno legislativo, entre ellos, un equipo de La Prensa. “Yo creo que los diputados deben poder esclarecer cuáles fueron los temas que se trataron en esas converMulino hace ‘lobby’ con diputados; jefe de bancada de Vamos reclama explicación saciones. He estado hablando con ellos para que salgan, den la cara y le expliquen al país qué fue lo que se conversó con el presidente de la República”, explicó. Zúñiga informó que los diputados le notificaron “en su momento” sobre la reunión con el Presidente. Valoró la importancia de mantener espacios de diálogo y comunicación entre los órganos del Estado, siempre respetando la separación de poderes que establece la Constitución. Después que habló Zúñiga, tomó el microfono Jorge Bloise. “Nosotros fuimos con una misión muy clara”, aseguró. Según su relato, no fueron a buscar el visto bueno del Ejecutivo, sino a discutir dos temas que están en el radar del gobierno: el proyecto de ley sobre Mercosur, que preocupa a los productores, y el prolongado paro docente. De acuerdo con Bloise, también aprovecharon para pedirle al Presidente que no interfiriera en el proceso de asignación de comisiones. “Eso debe ser una decisión exclusivamente legislativa”, repitió Bloise. Bloise contó a los periodistas que lleva semanas reuniéndose con gremios docentes y afirma que la Asamblea ha hecho su parte para buscar una salida al paro y así los estudiantes vuelvan a clases: escuchar, mediar, abrir canales. El problema es que el “finiquito de huelga”, uno de los temas que piden los gremios docentes como condición para volver a las aulas, no depende del Legislativo, sino del Ejecutivo. Y allí, Bloise le pide diálogo a la ministra de Educación, Lucy Molinar. “Al final el diálogo es lo único que puede construir en el país y llevar beneficios para todos”, manifestó. Ohigginis Arcia Eliana Morales [email protected] Jorge Bloise y Roberto Zúñiga. LP RUEDA DE PRENSA SEMANAL Ministerio de la Mujer se hizo a ‘la carrera’ y generó burocracia El presidente de la República, José Raúl Mulino, profundizó sobre sus planes para eliminar el Ministerio de la Mujer. “Primero que todo, yo no tengo nada en contra de las mujeres panameñas”, dijo Mulino, al abordar lo que calificó como una entidad “creada a la carrera” y que, según su criterio, “no genera lo que debió generar, salvo una buena burocracia”. El mandatario explicó que ha recibido solicitudes de reunión por parte de algunos sectores, incluyendo grupos feministas que abogan por mantener o fortalecer el Instituto de la Mujer, así como otros que respaldan el Viceministerio de la Mujer dentro del Ministerio de Desarrollo Social (Mides). “Con mucho gusto voy a acceder a ella”, aseguró. ‘No puede haber corona; todos deben pagar impuestos’ El mandatario lanzó un mensaje contundente contra la evasión fiscal y advirtió que su administración no tolerará prácticas que afecten la recaudación tributaria en el país. “Aquí no puede haber corona de que unos pagan y otros chiflan, como decimos en Panamá. No señor, los impuestos hay que pagarlos”, afirmó José Raúl Mulino. El presidente también hizo énfasis en que se está fortaleciendo la capacidad operativa de la Dirección General de Ingresos con más personal y recursos para perseguir a quienes evaden sus obligaciones. Relató una anécdota para ilustrar la gravedad del problema: “Fui a comer pizza con mi familia y me preguntan si quiero la factura fiscal. Les dije: ‘¿Tú sabes quién soy yo? Por supuesto que quiero mi factura fiscal’. Así está esto”, expresó.
4A La Prensa Panamá, viernes 11 de julio de 2025 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] TERTULIA. Ayer, luego de cerrar la sesión ordinaria, los diputados Benicio Robinson, Jairo Salazar, Jaime Vargas y Marco Castillero, entre otros, se agruparon en una esquina del hemiciclo legislativo. Ahí, en petit comité (aunque sin bajar ni un poco la voz), Robinson expresó su inconformidad porque Vamos podría presidir hasta la mitad de las comisiones legislativas, relegando al PRD, al que —según él— le correspondería la presidencia de dos dos de ellas. La Asamblea ha operado tanto tiempo como un ente disfuncional, que ya hay diputados que creen que pueden hacer lo que les da la gana y, aún así, salirse con la suya. ‘BLA...BLA...BLA’. Pero el ejercicio de ridiculez no acaba ahí. Bolota anunció que, “en el próximo gobierno”, serán revocadas todas aquellas resoluciones del Meduca en las que se ordena la apertura de procesos sancionatorios a los docentes en “huelga”. En lugar de hablar incoherencias, debería utilizar sus valiosos minutos en el pleno para dar explicaciones sobre su asistencia al congreso evangélico en Uruguay, costeado por la Asamblea. ¿Qué podía aportar a ese evento con su presencia? ¿Será que lo llevaron para mostrarlo como ejemplo de lo que no se debe hacer? Tomando en cuenta que viajó acompañado de dos diputadas de RM, puede ser que también haya ido hasta allá a pedir oración por la salud del loco y la ley de amnistía. GRIETA. El diputado Pérez Barboni ha presentado un anteproyecto que reconoce una indemnización por los daños vehiculares ocasionados por el mal servicio de alguna entidad. Es decir que si su automóvil sufre algún desperfecto por caer en un hueco, puede presentar un reclamo ante el MOP. Lo malo es que la indemnización la pagará el Estado, es decir, todos los que tributan. Lo bueno sería que el monto se le descontara del salaLa mayoría de casos de este año se registran en la región metropolitana y San Miguelito. Cortesía Van 10 muertes por dengue y 6,458 casos hasta el 21 de junio Aleida Samaniego C. [email protected] EPIDEMIOLOGÍA La mayoría de los casos son de las regiones de salud de San Miguelito y metropolitana. Un reciente informe del departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud (Minsa) evidencia que hasta la semana epidemiológica No.25 (del 15 al 21 de junio de 2025), Panamá ha registrado un total de 6,458 casos confirmados de dengue, con 10 muertes notificadas y un aumento en las áreas más afectadas, como San Miguelito y la región Metropolitana. Distribución regional de casos Según los datos proporcionados por el Minsa, las regiones más afectadas continúan siendo San Miguelito y la región Metropolitana, con una alta concentración de casos: —San Miguelito: 1,379 —Metropolitana: 1,374 —Panamá Oeste: 754 —Panamá norte: 696 —Bocas del Toro: 453 Por otro lado, 576 pacientes han requerido hospitalización, lo que refleja la gravedad de la enfermedad en muchas de las personas afectadas. El informe epidemiológico también resalta que la tasa de incidencia nacional en la semana No.25 es de 125.8 casos por 100,000 habitantes. Este dato sugiere un riesgo elevado de propagación del virus y la necesidad de redoblar esfuerzos en el control de vectores y la prevención de nuevos brotes. En cuanto a los grupos de edad más afectados, la mayoría de los casos se concentran en personas de 10 a 59 años, lo que refleja una alta carga en la población adulta joven y de mediana edad. No obstante, la enfermedad no discrimina por edad, y los niños y adultos mayores también están expuestos a un riesgo significativo de complicaciones graves. Serotipos predominantes Uno de los factores más preocupantes en la actual epidemia de dengue en Panamá es la cocirculación de los serotipos DEN-3 y DEN-4. La presencia simultánea de estos serotipos aumenta el riesgo de casos graves y complicaciones fatales, ya que las infecciones previas con un serotipo distinto pueden predisponer a las personas a desarrollar formas más severas de la enfermedad en futuros contagios. Esto representa un desafío adicional para el control epidemiológico y la prevención de brotes. El Minsa ha intensificado las acciones de control vectorial y ha solicitado el apoyo de la población para eliminar los criaderos de mosquitos, una de las medidas más efectivas para prevenir la proliferación del Aedes aegypti, el mosquito transmisor del dengue. Entre las principales estrategias preventivas, se incluyen: Eliminar los criaderos de mosquitos: Recipientes con agua estancada como neumáticos, latas y botellas deben ser retirados de los hogares y áreas cercanas. Realizar fumigaciones en las zonas de mayor incidencia, con el objetivo de reducir la población de mosquitos adultos. Monitoreo y diagnóstico temprano: El Minsa insta a la población a no automedicarse y buscar atención médica temprana en caso de presentar síntomas de fiebre, dolor de cabeza, dolor ocular y dolores musculares, comunes en el dengue. Además, la entidad reitera que la lucha contra el dengue no es solo responsabilidad de las autoridades sanitarias, sino que requiere un compromiso colectivo para eliminar los criaderos de mosquitos y asegurar un entorno libre de vectores. La educación comunitaria es clave para reducir los riesgos y evitar que más personas se vean afectadas por la enfermedad. El dengue, si bien es una enfermedad prevenible, sigue siendo un problema de salud pública que requiere una respuesta rápida y coordinada entre las autoridades y la población. En San Miguelito se generan aproximadamente entre 400 y 440 toneladas diarias de residuos sólidos urbanos, lo que representa un desafío sustancial para la capacidad operativa del sistema actual de recolección y transporte. Sectores como Belisario Frías, Mano de Piedra, Nuevo Veranillo, Samaria y Santa Librada, entre otros, continúan enfrentando problemas con la disposición de los desechos domiciliarios. Con una población estimada de 375,000 habitantes, San Miguelito genera un promedio mensual de 11,504.80 toneladas de residuos, lo que equivale a una generación per cápita de aproximadamente 1.02 kilogramos por persona por día. Según el estudio de Linvestor Group INC, este valor se encuentra dentro del rango típico para zonas urbanas de América Latina, aunque se aproxima al límite superior. Entre las conclusiones más relevantes del informe destaca “la urgencia de avanzar hacia un sistema de gestión de residuos más eficiente, enfocado en la reducción en la fuente, la separación de materiales reciclables y la valorización de los desechos”. Yaritza Mojica [email protected] Muchos residentes de San Miguelito deben caminar por la calle porque las aceras están llenas de basura. Archivo Municipio de San Miguelito lanza consulta de mercado para futura licitación de servicio RECOLECCIÓN DE DESECHOS La Alcaldía de San Miguelito lanzó una Solicitud de Información (SDI) como parte del estudio previo y consulta al mercado sobre el “Servicio de recolección, transporte y disposición final de desechos sólidos en el distrito de San Miguelito”. El objetivo es recopilar datos que permitan elaborar un pliego de cargos para la futura licitación de este servicio. Actualmente, la empresa Recicladora Vida y Salud San Miguel (Revisalud, S.A.) mantiene un contrato de concesión con el Municipio de San Miguelito, que le otorgó hace 25 años los derechos exclusivos sobre la recolección, tratamiento, disposición final y comercialización de los desechos urbanos en el distrito. Este contrato vence en los próximos seis meses, específicamente el 18 de enero de 2026. La alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, ha iniciado el proceso para reemplazar a Revisalud, S.A. una vez concluya su contrato. Por ello, el 2 de julio se publicó en el portal de PanamáCompra una SDI dirigida a proveedores directos e indirectos interesados en participar en la consulta al mercado para este servicio. “Esta SDI forma parte del estudio de mercado que realiza esta entidad para obtener información sobre la realidad del sector, los perfiles de los posibles proveedores del rubro de aseo urbano, innovación ambiental y gestión de desechos sólidos. Cabe señalar que esta información permitirá conocer las virtudes y limitaciones del mercado respecto a las especificaciones técnicas requeridas, así como garantizar una mayor participación de los interesados en aportar insumos para construir un pliego de cargos que integre diversas aristas”, detalla el documento. Los interesados deberán presentar sus propuestas en la Alcaldía de San Miguelito a más tardar el 14 de julio, hasta las 4:00 p.m. La entidad indicó que la información proporcionada será de uso exclusivo para la elaboración y estructuración del pliego de cargos, y se basará en la experiencia de mercado, capacidades técnicas, financieras y organizacionales, precios de referencia y necesidades presupuestarias. Plan de gestión de residuos Ante las múltiples quejas por el deficiente servicio de recolección de basura en los nueve corregimientos del distrito, Hernández contrató en noviembre del año pasado a la empresa Linvestor Group INC, por un monto de 33 mil dólares, para realizar una consultoría destinada a la elaboración de un Plan de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos en San Miguelito. El estudio reveló que, aunque la frecuencia oficial de recolección es de tres veces por semana por sector, esta no se cumple de manera sistemática, lo que genera retrasos prolongados en diversas comunidades. Esta “disfunción operativa” fue atribuida a la capacidad insuficiente de la flota activa, que al momento del análisis contaba con solo 22 camiones y 230 trabajadores. rio al ministro o director de turno. CLAUSURA. La Changuinola American Academy comunicó que cerrará al finalizar el año escolar 2025. La escuela, que era operada por la empresa Chiquita Panamá LLC, funcionó durante 76 años de manera ininterrumpida. Los manifestantes tardaron dos meses en acabar con ella. Felicidades a los dirigentes de Sitraibana. Han demostrado que, destruyendo, sí son eficaces.
5A La Prensa Panamá, viernes 11 de julio de 2025 Panorama Unas 40 toneladas de droga se han decomisado en lo que va del año. Cortesía Decomisan una tonelada de droga; siete detenidos Juan Manuel Díaz [email protected] CRIMEN ORGANIZADO Un día antes, en operativos vinculados a trasiego de estupefacientes ‘contaminando’ contenedores, fueron aprehendidas 11 personas. Al menos una tonelada de droga fue decomisada por los estamentos de seguridad en operaciones realizadas en el archipiélago de Las Perlas, el Aeropuerto Internacional de Tocumen y en un puerto del atlántico. La primera operación fue realizada por el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) en las inmediaciones de las islas Casaya y Mogo Mogo, ubicadas en el archipiélago de Las Perlas. En esa operación fueron ubicadas dos embarcaciones procedentes de Colombia que llevaban 848 kilos de droga. Una de las lanchas fue interceptada en las inmediaciones de la isla Casaya con un tripulante y la segunda embarcación fue detectada semi hundida en las cercanías de la isla Mogo Mogo; en ella se logró la aprehensión de seis personas. La segunda operación se realizó en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, cuando agentes policiales dieron con 35 kilos de droga que se encontraban ocultos en un avión que tenía como destino México. En esta diligencia se capturó a un hombre de 51 años. En tanto, en una diligencia de registro realizada en un puerto de la costa atlántica se incautaron de 200 kilos de droga que estaban dentro de un contenedor procedente de Guatemala, que se mantenía en tránsito con destino final España. En este caso no se reportaron personas detenidas. Solo ayer, en la denominada operación Leyenda, la Policía Nacional y la Fiscalía de Drogas aprehendieron a 11 personas implicadas en la introducción de drogas en contenedores en tránsito en los puertos de las provincias de Colón y Panamá Oeste. La operación se inició en marzo de 2024, cuando las autoridades detectaron la existencia de un grupo criminal que colaboraba con redes del narcotráfico para el tráfico de drogas hacia el mercado europeo. En esta operación se decomisaron 1,351 kilos de cocaína. En lo que va de 2025, las autoridades han confiscado unas 40 toneladas de drogas con destino a Europa y Estados Unidos. Aunque una tonelada pueda parecer una carga voluminosa, en realidad equivale a unos 1,000 bloques de droga prensada, de aproximadamente un kilo cada uno, similares en tamaño a un ladrillo pequeño. Todo ese cargamento puede compactarse en un volumen cercano a 1.2 metros cúbicos, lo que ocuparía apenas el espacio de dos maleteros grandes de auto o el fondo de una camioneta tipo panel. Buscan documentos relacionados con el Sipe. Cortesía CSS: Aprehenden a empresario por caso de afiliaciones irregulares OPERACIÓN SIPE 2.0 Juan Manuel Díaz [email protected] La Fiscalía Anticorrupción ordenó la aprehensión del representante legal de una empresa ubicada en el corregimiento de San Francisco, provincia de Panamá, dentro de la investigación relacionada con la operación del Sistema de Ingresos y Prestaciones Económicas (Sipe), en la que se investiga la alteración de planillas de la Caja de Seguro Social (CSS). La investigación se remonta al 19 de abril de 2018, cuando la CSS alertó sobre irregularidades en el manejo del Sipe, en el que se deben reflejar los pagos realizados por las empresas al descontar las cuotas obrero patronales a los trabajadores. Durante la diligencia, la fiscalía ubicó a la persona y dispuso su aprehensión para llevarla ante un juez de garantías para la formulación de imputación y aplicación de medidas cautelares. De acuerdo con la investigación, a la fecha se ha detectado una lesión patrimonial por $184 mil 451. En octubre de 2018, un juez de garantías imputó cargos al representante legal de otra empresa que había registrado 184 afiliaciones a la CSS a través de la plataforma Sipe. La fiscalía pudo determinar que la mayoría de las personas afiliadas eran extranjeros y que la empresa para la que supuestamente prestaban servicio no tenía una estructura física, ni existía una relación laboral y que las afiliaciones se daban para cumplir los requisitos de regularización que exige el Servicio Nacional de Migración. La fiscalía también practicó una diligencia en la sede de la CSS, para ubicar documentación relacionada con el Sipe y los funcionarios encargados de su manejo. La fiscalía no descarta la posible vinculación de funcionarios de la CSS que pudieran haber alterado los registros y nombres de las personas a las que debían registrar.
6A La Prensa Panamá, viernes 11 de julio de 2025 La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia no acogió una casación interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción contra la decisión del Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales que declaró nula la investigación seguida al exgerente del Aeropuerto Internacional de Tocumen Juan Carlos Pino y al exministro de Economía y Finanzas Frank De Lima por presunto peculado en perjuicio de esa terminal aérea. A través del edicto No. 79 se informa a las partes de la decisión adoptada por dicha corporación de justicia, en cuanto a la apelación presentada por la Fiscalía. La decisión fue adoptada de manera unánime por las magistradas Maribel Cornejo Batista, Ariadne García y Juan Francisco Castillo (suplente de la magistrada María Eugenia López). El argumento usado por los magistrados de la Sala Penal se fundamentó en el artículo 2,439 del Código Judicial en el que se detallan los requisitos para admitir o no un recurso de casación, entre los que se encuentran: que la resolución objeto del recurso es de aquellas contra las cuales lo concede la ley; si el recurso ha sido interpuesto en tiempo; si el escrito por medio del cual fue interpuesto contiene una historia concisa del caso; si se determinan la causal o causales; y si se especifican los motivos, disposiciones legales infringidas, el concepto en que lo han sido y si la causal expresada es de las señaladas por la ley. Además, el citado artículo plantea que cuando no concurriesen los requisitos a los que se ha hecho mención, la Corte se limitará simplemente a negar la Sala Penal deja en firme sentencia que absolvió a Frank De Lima y Juan Pino ‘SKY PARKING’ admisión del recurso. El Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales revocó una sentencia de primera instancia que condenó a Pino y De Lima por el delito de peculado por el manejo irregular de la concesión para la administración y operación de los estacionamientos en el aeropuerto –por un periodo de 20 años– que fue adjudicada por Tocumen, S.A., en julio de 2011, a través del mecanismo de contratación directa por invitación a la empresa Sky Parking, S.A. La investigación contra De Lima y Pino se inició a raíz de una denuncia anónima el 21 de agosto de 2014 por presuntas irregularidades en la contratación. Según el fallo del Tribunal Superior y ratificado por la Sala Penal, la fiscalía se excedió en el término de investigación y no solicitó prórroga al juzgado para seguir investigando. La investigación de la fiscalía contenía una auditoría de la Contraloría General que tasó la lesión patrimonial en $1.9 millones. En la decisión de primera instancia, emitida en mayo de 2024, también se absolvió al exjefe de Bienes Patrimoniales de Tocumen Jaime Quintero y la representante legal de Sky Parking Dionisia Gutiérrez. El presidente brasileño, Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva, afirmó que Brasil ‘no aceptará ser tutelado por nadie’. EFE Cuando los aranceles se convierten en armas políticas Daniel Zovatto ESPECIAL PARA LA PRENSA [email protected] Juan Manuel Díaz [email protected] GEOPOLÍTICA Trump contra Lula. Una represalia geopolítica sin precedentes que sacude la relación entre Brasil y Estados Unidos. La decisión del presidente Donald Trump de imponer un arancel del 50% a las importaciones brasileñas —alegando violación a la libertad de expresión de parte de Brasil y una supuesta “persecución política” contra el expresidente Jair Bolsonaro— marca un antes y un después en las relaciones entre Washington y Brasilia. Lo que comenzó como una amenaza del 10% — parte del paquete global de Trump— y otro del 25% sobre acero y aluminio, escaló de forma abrupta hacia una medida comercial de una agresividad inédita en la historia reciente de ambos países. Pero más allá de carecer de sustento jurídico sólido, esta decisión constituye una clara injerencia política en los asuntos internos de una democracia soberana. El anuncio se produjo horas después de que la Cancillería brasileña convocara al encargado de negocios de Estados Unidos por una comunicación oficial de la embajada en defensa de Bolsonaro, calificada por la diplomacia brasileña como una “intromisión indebida”. No es un episodio aislado. Trump ya había intervenido retóricamente en otros escenarios, como al cuestionar la justicia israelí por el juicio que actualmente tiene lugar en contra de Benjamín Netanyahu por una causa de sobornos y conflicto de intereses. Ahora, va un paso más allá: transforma la Sección 301 —diseñada para penalizar prácticas comerciales desleales— en un instrumento de presión política. Brasil no está acusado de dumping ni de imponer barreras comerciales. De hecho, la balanza comercial favorece ampliamente a Estados Unidos, país que es el segundo socio comercial del gigante sudamericano por detrás de China. Sanciones políticas disfrazadas de aranceles Estamos ante una flagrante manipulación: sanciones políticas disfrazadas de aranceles para doblegar a gobiernos de otros países a cumplir con sus objetivos o en defensa de sus “amigos”. El pretexto esgrimido por Trump se apoya en una supuesta “cacería de brujas” judicial contra Bolsonaro, actualmente en juicio por su papel en el intento de golpe del 8 de enero de 2023. Si es hallado culpable, podría recibir hasta 43 años de prisión. La sentencia se espera en septiembre. La decisión de Trump equivale, en los hechos, a sancionar a un país por el funcionamiento de su poder judicial. Una aberración jurídica. Trump también argumenta que Brasil está atentando contra las libertades estadounidenses. Afirma que el Supremo Tribunal Federal ha emitido “órdenes de censura secretas e ilegales” contra redes sociales norteamericanas. La acusación, sin evidencia sólida, Frank De Lima y Juan Pino. Archivo ¿Dejará de ser el Ifarhu un botín político? Sabrina Sin Censura Sabrina Bacal [email protected] El exdirector necesitó de poderosos padrinos políticos para la lesión patrimonial de $24 millones que revela la auditoría y el esquema de pagos cash back que investiga el Ministerio Público. Si Meneses operó tan libremente es porque contó con la complicidad de altos funcionarios: los miembros de Junta Directiva del Ifarhu y el excontralor que refrendó los traspasos y ocultó los nombres de los beneficiados. ¿Rendirán ellos cuentas ante la justicia? Pero además de buscar en las altas jerarquías del gobierno anterior hay que mirar hacia atrás. Y es que la distorsión de la figura de los auxilios económicos - cuya intención original era ayudar a estudiantes de escasos recursos y méritos académicos- no la inventó Meneses. La manipulación de las normas del Ifarhu empezó en el gobierno de Ricardo Martinelli con modificaciones al reglamento. Un proceso perverso que terminó por convertir una institución que debería estar regida por criterios técnicos orientados a formar los recursos humanos que el país necesita, en otro aparato del clientelismo y la politiquería. Solo en los últimos 10 años se repartieron $385 millones. No sabemos qué porcentaje de beneficiarios cumplía con la esencia para la cual se concibieron estas ayudas. Lo que sí sabemos es que se trata de un club de sinvergüenzas mucho más amplio que el PRD. Hay personas de todos los partidos políticos, reconocidos empresarios, abogados y allegados al actual gobierno. En su discurso de toma de posesión José Raúl Mulino prometió “una exhaustiva investigación para transformar esas ayudas no merecidas en préstamos y que empiecen a pagar lo que se llevaron”. Nada de eso ha pasado, pero si el presidente lo prometió, debemos asumir que pensó en algún mecanismo legal para recuperar ese dinero. ¿O fue una promesa para ganar el aplauso fácil? Como sea, conviene aprovechar este impulso de la justicia y exigir que se cumpla con tan importante compromiso presidencial. Además de que se divulguen, sin selectividad política, todos los nombres de los beneficiados. La pregunta del millón (más bien de los millones) es si se han hecho las transformaciones legales e institucionales para evitar que este escándalo se repita. Mulino aseguró que los auxilios económicos “no serán lo que fueron en el pasado”, pero no todas las señales apuntan en ese sentido. Durante su gobierno han desfilado por el cargo tres directores del Ifarhu. Jaime Díaz fue destituido por serias fallas administrativas. Gabriel Cajiga asumió interinamente la dirección e hizo cambios al reglamento, transformando la figura del auxilio en becas socioeconómicas y por mérito. Pero -siempre hay un pero- quien debe implementar las nuevas reglas es Carlos Godoy, cuyo perfil y equipo de trabajo apuntan a lo mismo de siempre: la politización de la institución. Godoy se benefició de un auxilio económico para un doctorado virtual que aún está tomando. Tras su ratificación aseguró que no usará todo el dinero y que de ahora en adelante pagará sus estudios. ¿Quién fiscalizará eso? ¿Es ése el perfil que se requiere para adecentar el Ifarhu? Más preocupante aún: el equipo que trabajó en las modificaciones al reglamento de becas fue reemplazado en menos de un mes por miembros del partido gobernante. Cargos clave han quedado en manos de funcionarios con vínculos a la Presidencia o candidatos de RM derrotados en las elecciones. Proyectos que se habían iniciado para digitalizar y reducir la discrecionalidad en el otorgamiento de becas han sido paralizados. Es urgente que se haga pública la información de planes y personal en el Ifarhu. Sin eso, queda la impresión que ganará la inercia del clientelismo y la politiquería. El pecado original de haber desnaturalizado una institución que fue creada para promover la movilidad social en un país inmensamente desigual aún no ha sido corregido. Si Panamá quiere que este escándalo quede en el pasado -como aseguró el Presidente- se necesita ir mucho más allá de la detención de Meneses. El Ifarhu ha sido el botín político de varias administraciones y aquí tienen que asumir responsabilidad no solo los funcionarios, si no también los cientos de amigos del poder, que sin tener necesidad económica o méritos, utilizaron fondos públicos para sus hijos o familiares. Meneses es solo la punta del iceberg de una gran masa de privilegios e impunidad. El arresto del exdirector del Ifarhu, Bernardo Meneses, por presunto enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales no garantiza que el saqueo descarado de fondos del Estado en esta institución haya terminado. Tampoco significa que todos los que permitieron y se beneficiaron de este esquema de corrupción rendirán cuentas ante la justicia. Meneses es la punta del iceberg pero el fondo del problema persiste. refuerza el carácter ideológico del ataque: castigar a un gobierno progresista liderado por Lula, que ha ganado visibilidad internacional y ha marcado distancia de la subordinación geopolítica a Washington. Trump ordenó asimismo a la oficina del representante comercial de Estados Unidos, una investigación a Brasil, por prácticas comerciales desleales, lo que podría incluso llegar en endurecer el arancel del 50%. ¿Se trata acaso de una represalia encubierta por las palabras de Lula en la clausura de la cumbre de los BRICS en Río, cuando en respuesta al ataque y amenaza de Trump a ese grupo de países declaró: “El mundo cambió. No queremos un emperador. Somos países soberanos”? Aunque Trump no lo menciona explícitamente en su carta, el momento y el tono de su respuesta sugieren que, más allá del tema “Bolsonaro”, podría haber una motivación política más profunda: un castigo con efecto disciplinador para quienes se atreven a criticarlo públicamente. PRENSA.COM Escanee el QR y acceda a más información sobre este artículo. Panorama
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