4A La Prensa Panamá, jueves 10 de julio de 2025 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] GOLPE 1. En el Consejo Municipal de Colón se han combinado la falta de sentido común y de empatía con los graves problemas que enfrenta la población. Actualmente, hay dos representantes disputándose la presidencia: Hugo Castro (PRD) y Pedro Santizo (RM), de Escobal y Barrio Sur, respectivamente. Evidentemente, uno de ellos tiene derecho al cargo y el otro no. Por lo tanto, alguien está violando la ley y los demás concejales lo saben. GOLPE II. Los ánimos se caldearon el pasado martes, cuando Castro (que hace una semana fue juramentado en el cargo) llegó a presidir la sesión al Palacio Municipal de Colón y encontró que esta ya había iniciado, bajo la conducción de Santizo. Los bandos intercambiaron gritos e insultos. Se escucharon expresiones como: “¡se robaron la plata!” o “¡te deberían meter preso!”. Deberían llevar su gritería al Ministerio Público. Ni uno de ellos tiene inmunidad parlamentaria, así que cualquier fiscal podría investigarlos. ‘CASH BACK’. Solo una persona devolvió al Estado el dinero recibido como auxilio económico del Ifarhu, según fuentes de la Contraloría. ¿Qué ocurrió con aquellos beneficiarios que anunciaron públicamente que reembolsarían los fondos? ¿Quién auxilia al Ifarhu? NOMBRAMIENTO. Marielus De León Nieto es la nueva directora de Recursos Humanos de la Asamblea, a partir de este jueves. El cargo tiene un salario asignado de $5,000 mensuales. Antes, De León fue diputada suplente del panameñista Alcibiades Vásquez en el Parlacen, durante el quinquenio 2019–2024. Ahora tiene la oportunidad de redimirse... quebrando Momento de la detención de Bernardo Meneses en su residencia en Arraiján. LP Auditorías revelan lesión patrimonial de $24.2 millones y malos manejos Juan Manuel Díaz [email protected] IFARHU La defensa de Bernardo Meneses cuestionó la legalidad de los procesos abiertos en su contra y negó enriquecimiento ilícito. Ambas partes apelaron las medidas cautelares, y las audiencias se celebrarán el 17 de julio. La Fiscalía Anticorrupción atribuyó al exdirector del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu), Bernardo Meneses, haber incurrido en malos manejos del programa de auxilios económicos, lo que ocasionó una lesión patrimonial por $24 millones. Durante audiencias que iniciaron a las 12:00 m. d. del martes y culminaron a las 3:00 a. m. del miércoles, la fiscalía explicó que un informe de auditoría realizado por la Contraloría General de la República —entre julio de 2009 y diciembre de 2020— detectó una lesión patrimonial de $24,257,599. El informe revisó un total de 1,016 expedientes de auxilios económicos, y en 898 de ellos se identificaron incumplimientos con las normas establecidas por el Ifarhu. Entre las irregularidades detectadas figuran casos en los que los beneficiarios no presentaron certificados de matrícula, diplomas de conclusión de estudios o reportes de avance académico. Además, la fiscalía reveló que, según entrevistas realizadas a funcionarios del Ifarhu, los auxilios económicos eran autorizados directamente por el entonces director, Bernardo Meneses.A la vez el informe detalla que el Ifarhu realizó un desembolso de $690 mil a favor de un instituto que ofrecía cursos de inglés en Inglaterra, estos debían darse de manera presencial, pero información obtenida por la fiscalía reveló que algunos se dieron de manera virtual y que los pagos al instituto se hicieron a través de intermediarios, cuando las normas de Ifarhu precisan que deber ser hechos directamente a la entidad que presta el servicio. En el desarrollo de la audiencia también se mencionó el caso de grupos de estudiantes de la provincia de Bocas del Toro que habrían recibido auxilios económicos por un monto de $500 mil, pero los estudiantes no asistieron a los cursos y no rindieron un informe del uso dados a los recursos entregados por el Ifarhu. Meneses está imputado por los delitos de enriquecimiento injustificado, blanqueo de capitales y peculado. Por el primero de ellos se ordenó su detención provisional, en los otros dos procesos se le ordenó la medida cautelar de reporte periódico, impedimento de salida del país e impedimento de acercarse a las oficinas del Ifarhu. Ángel Álvarez, abogado defensor de Meneses, alegó que la fiscalía ha utilizado los mismos elementos para abrir tres procesos distintos, lo que —según dijo— constituye una violación a las garantías fundamentales de su cliente. Además, aseguró que en los procesos por enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales, la fiscalía no ha presentado evidencia de los bienes que su cliente habría adquirido con fondos supuestamente mal habidos. No obstante, tanto la fiscalía como la defensa de Meneses apelaron las medidas cautelares impuestas por los jueces de garantías. Las audiencias para resolver dichas apelaciones fueron fijadas para el próximo 17 de julio. Durante el desarrollo de las tres audiencias, estuvieron presentes en el recinto familiares y amigos de Meneses, quienes alegaron que las acusaciones presentadas tienen un trasfondo político. Mario De Gracia [email protected] A la izquierda, la diputada de Vamos, Paulette Thomas. Al centro, el diputado de la bancada mixta, Manuel Cheng. A la derecha, la alcaldesa de Arraiján, Stephany Peñalba. Archivo Piden revocar mandato de 3 autoridades electas; TE analiza solicitudes ELECTORAL El director de Organización Electoral del Tribunal Electoral (TE), Rubén Darío González, informó que se han presentado 9 solicitudes para revocatoria de mandato de autoridades electas por la libre postulación. La alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba; la diputada de la coalición Vamos, Paulette Thomas y el diputado de la bancada mixta, ex miembro de Vamos, Manuel Cheng, se encuentran entre los solicitados para revocatoria, según aseguró González. También hay revocatorias presentadas para el vicealcalde de Arraiján, Oliver Joel Ríos. Asimismo, los procesos alcanzan a alcaldes y representantes de corregimiento de Panamá Oeste y el interior del país. En Chiriquí, el alcalde de Barú, Franklin Valdez, enfrenta un proceso de revocatoria de mandato, según informó el TE. En Arraiján, Panamá Oeste, enfrentan solicitudes de revocatoria de mandato el representante de Vacamonte, José Enrique Pérez y su suplente Maygualida Sánchez; la representante de Juan Demóstenes Arosemena, Raquel Murillo y su suplente Salvador Lobos. En cuanto a las autoridades electas a través de partidos políticos, no se registran procesos de revocatoria de mandato, puesto que siguen un proceso distinto. Modificación reciente No obstante, justo ayer, martes 8 de julio, el TE publicó una modificación al decreto que rige el proceso de revocatoria. Para revocar el mandato a una autoridad electa por la libre postulación, el proceso se inicia en la Dirección de Organización Electoral del TE. De ser admitida la solicitud del ciudadano que busca la revocatoria, prosigue un periodo de notificación a la autoridad que se busca revocar, que tiene derecho a una apelación. La información también debe ser notificada a la Fiscalía General Electoral. En caso del que el proceso avance, se autoriza un proceso de recolección de firmas de ciudadanos que apoyan la revocatoria. Para que sea efectiva la revocatoria debe recolectarse el 30% de firmas de los ciudadanos que conformen el padrón electoral de la circunscripción correspondiente al momento de la elección. El plazo para recolectar las firmas a una iniciativa de revocatoria dependerá de la circunscripción y la cantidad de electores del área. Las modificaciones más recientes abarcan el método y el respaldo, que se encuentran en el decreto N° 8 del 7 de julio de 2025. Se añade que, para garantizar el respaldo, los ciudadanos que llevan adelante la recolección deberán llevar a los firmantes presencialmente a una oficina regional del TE. Asimismo, agrega que cualquier ciudadano que garantice su respaldo a la revocatoria, podrá renunciar al respaldo de forma presencial en las oficinas del Tribunal. botellas. TERCOS. RM es el único partido, bancada o facción que aún no ha presentado sus propuestas para conformar las 15 comisiones legislativas. Esa es la razón por la que aún no se han instalado. Si esto no es una muestra de negligencia, al menos evidencia una escasa madurez para asumir la derrota y cumplir con las funciones que le corresponden.
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