2A La Prensa Panamá, jueves 10 de julio de 2025 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Eliana Morales Gil [email protected] Un momento de la jornada en Montevideo, Uruguay. Tomada de @pastoredwinalvarez AN pagó boletos aéreos para que tres diputados fueran a congreso evangélico FONDOS PÚBLICOS La Asamblea Nacional financió con fondos públicos los boletos aéreos de tres diputados que asistieron al Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia, un evento de orientación evangélica celebrado en Montevideo, Uruguay, entre el 16 y el 21 de junio pasados, cuando Dana Castañeda ejercía como presidenta del Legislativo. Según documentos publicados en Panamá Compra, los diputados beneficiados con el viaje fueron Lilia Batista y Yuzaida Marín, del partido oficialista Realizando Metas (RM), y Jairo Bolota Salazar, del Partido Revolucionario Democrático (PRD). El boleto de Batista, diputada del circuito 13-4 (La Chorrera), tuvo un costo de $2,289. El de Marín, también representante del mismo circuito, costó $2,789. En tanto, el pasaje de Salazar, diputado del circuito 31 (Colón), representó un gasto de $2,491. El evento El Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia es un foro con marcado enfoque religioso y conservador, de corte cristiano evangélico, que promueve una agenda denominada “pro‑vida”. Según su sitio web oficial, el objetivo del congreso es “influir en todos los gobiernos de Iberoamérica, a través de la gestión legislativa, políticas públicas y acciones de la sociedad civil”. Entre los principales oradores figuraron pastores evangélicos de diversos países, incluido el panameño Edwin Álvarez, fundador de la Comunidad Apostólica Hosanna. Durante la actividad, el diputado Salazar —quien en sus redes sociales se describe como “hombre pecador”— fue homenajeado. Vestido con saco y corbata, subió al podio para pronunciar un discurso. “La creencia del panameño en su gran mayoría es que existe el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Creemos en la familia como el único modelo que dejó Jesucristo (...) Aspiramos a tener un gobernante cristiano, un creyente en Jesucristo (...)”, afirmó el diputado colonense. De hecho, la participación de los diputados panameños en la actividad figuraba en el programa oficial. Otro participante en la actividadfueeldiputadoErnesto Cedeño, del Movimiento Otro Camino; sin embargo, a diferencia de sus colegas, no hay registros de que su boleto aéreo haya sido cubierto con fondos públicos. ¿Viaje oficial o participación religiosa? Se desconoce si la participación de los diputados fue considerada una misión oficial de la Asamblea Nacional o si asistieron a título personal, como creyentes. En la sección de Transparencia del portal oficial del Legislativo no aparece ningún registro del viaje: la información más reciente corresponde a abril de 2025, con un aviso que indica que no se realizaron viajes ese mes. Tampoco se ha publicado ningún informe que detalle los resultados o aportes legislativos derivados de la asistencia al evento. Este tipo de rendición de cuentas es habitual cuando se trata de viajes institucionales con fondos públicos, especialmente si se argumenta que están relacionados con funciones del cargo. En junio pasado, el Legislativo se encontraba en receso; no obstante, el Ejecutivo convocó a sesiones extraordinarias para analizar varios nombramientos realizados por el presidente José Raúl Mulino. La ausencia de documentación pública deja abierta la duda sobre la naturaleza del viaje: si fue una representación formal del Estado panameño ante un foro internacional o una participación voluntaria en un evento de índole religiosa. El artículo 35 de la Constitución garantiza la libertad de religión, pero también subraya que “no se establecerá el carácter oficial de ninguna religión”. Esta disposición busca evitar que el Estado favorezca o promueva doctrinas religiosas específicas mediante recursos públicos o respaldo institucional. Desde el pasado 1 de julio, la Asamblea Nacional tiene una nueva junta directiva que está presidida por el diputado Jorge Herrera, del Partido Panameñista. José González Pinilla [email protected] Presentan iniciativa de ley contra la corrupción RESTITUCIÓN DE FONDOS Una propuesta de ley busca establecer como obligatoria la restitución integral del dinero, bienes y fondos sustraídos del erario público como consecuencia de delitos contra la administración pública. “En otras palabras: esta propuesta de ley obliga a que devuelvan lo que se robaron”, afirmó la diputada Grace Hernández, proponente del proyecto. Sostuvo que también se busca disuadir a quienes consideren incurrir en estos actos: “Que se lo piensen bien antes de meter la mano”. La diputada señaló que las normas vigentes en el país no establecen con claridad la restitución obligatoria e integral del daño patrimonial causado al Estado, ni mecanismos efectivos de recuperación, ejecución y seguimiento de los fondos. Indicó que, con esta iniciativa, se busca corregir esa ausencia en el marco legal, sin modificar las normas existentes, sino complementarlas para fortalecer la capacidad del Estado. “Un condenado, hace poco, se declaró confeso por peculado de 12.3 millones de dólares y solo devuelve 2.3 millones. ¿Qué pasó con los otros 10 millones?”, cuestionó. El proyecto de ley incluye algunas innovaciones clave: restitución obligatoria (una vez haya sentencia en firme y sin afectar la responsabilidad penal), trazabilidad de fondos (responsables directos e indirectos), mecanismos de recuperación (embargo, decomiso, subasta y responsabilidad solidaria), registro como deuda fiscal (reporte a la DGI), inhabilitaciones más severas (para cargos públicos), exclusión de registros oficiales (contratar con el Estado). Dana Castañedas conversa con un grupo de diputados en el hemiciclo legislativo el 22 de abril de 2025. Archivo Presupuesto de la Asamblea Nacional crece $16.5 millones Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] TRANSPARENCIA De acuerdo con la ejecución preliminar del presupuesto modificado, los fondos asignados pasaron de $98.7 millones —establecidos en la Ley de Presupuesto— a $115.2 millones hasta mayo de 2025. El presupuesto de la Asamblea Nacional ha registrado un incremento significativo en lo que va del año, según revelan los informes más recientes de la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) hasta mayo. De acuerdo con la ejecución preliminar del presupuesto modificado de funcionamiento e inversiones, los fondos asignados al Órgano Legislativo pasaron de 98.7 millones de dólares — establecidos inicialmente en la Ley de Presupuesto— a 115.2 millones de dólares hasta el mes de mayo. Este ajuste representa una ampliación de 16.5 millones de dólares, lo que equivale a un aumento aproximado del 16.72%. El informe del MEF indica que el incremento contempla tanto gastos operativos como partidas de inversión, aunque no especifica en qué programas o actividades se han concentrado los mayores aumentos. En su momento, la entonces presidenta de la Asamblea, Dana Castañeda, argumentó que uno de los motivos del ajuste presupuestario y de la solicitud de traslado de partidas dentro del Legislativo fue el pago del décimo tercer mes. En el desglose por tipo de gasto, los recursos destinados a funcionamiento pasaron de 95.7 millones a 111.3 millones de dólares, con una ejecución de 51.7 millones hasta mayo, equivalente al 46.4%. En cuanto a inversiones, el monto aprobado aumentó de 3 millones a 3.9 millones de dólares, de los cuales ya se han ejecutado 2.1 millones, lo que representa un 52.6%. Aunque las cifras reflejan cierto nivel de ejecución, aún no se conoce con precisión en qué áreas específicas se están utilizando estos fondos. Recientemente, el nuevo presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, intentó enviar un mensaje con la decisión de cancelar los contratos de alquiler de vehículos para los miembros de la directiva. La medida, que representa un ahorro estimado de 277 mil dólares anuales, ha sido interpretada como un gesto de austeridad en medio de crecientes cuestionamientos sobre el uso de fondos públicos. El discurso Desde su primer discurso como presidente de la Asamblea Nacional, delineó una agenda institucional centrada en la transparencia y la eficiencia. Anunció que impulsará la revisión del reglamento interno, la eliminación de las llamadas “botellas” —personas que cobran sin trabajar—, la digitalización de procesos y la rendición de cuentas al final de cada periodo legislativo. Entre sus primeras iniciativas también destacó la creación de una junta directiva ampliada, encargada de definir metas mensuales con énfasis en tres ejes: generación de empleo, acceso al agua y lucha contra la corrupción. No obstante, el verdadero reto de Herrera no radica solo en los gestos de austeridad, sino en el manejo de la abultada planilla legislativa. En abril pasado, la Asamblea reportaba 4,022 personas contratadas, una cifra que representa la mayor parte de su presupuesto de funcionamiento para 2025, es decir, al menos 85.2 millones de dólares anuales destinados exclusivamente al pago de personal. Mensajes similares Como se recordará, la anterior presidenta del Legislativo emitió un discurso similar, reiterando su compromiso con una “nueva Asamblea”. “La Asamblea, que es la casa del pueblo, tiene que ser de puertas abiertas, y este compromiso es una realidad, no un eslogan. Hoy estamos dando inicio a la nueva Asamblea que queremos construir todos”, dijo Castañeda en su momento. Uno de los temas a los que con frecuencia hacía mención la expresidenta de la Asamblea era la eliminación de la planilla 172, que contaba con cerca de 2,000 funcionarios y estaba vinculada a servicios profesionales. En los últimos años, la Asamblea Nacional se ha convertido en el órgano del Estado más cuestionado por el uso discrecional de sus recursos. Las críticas se centran en la existencia de planillas abultadas, pagos a personal sin funciones claras y un manejo opaco de fondos públicos, lo que ha alimentado el malestar ciudadano frente a una gestión que, lejos de transparentarse, parece repetirse con cada administración legislativa.
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