10A La Prensa Panamá, jueves 10 de julio de 2025 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. estadista, no el de un agitador de campaña.¡Soñar no costaba nada, y sueños, sueños son! Su equipo de trabajo... algunos —muy pocos— se enmarcan dentro del patrón del respeto hacia el pueblo. Otros, ¡no! Tal es el caso del señor contralor de la República de Panamá. Su lenguaje es atrevido e irrespetuoso cuando aborda temas de contexto político o personal. Amenaza como si tuviera esa potestad dentro de sus funciones. Imita a su jefe. El puesto de contralor, primero, no es elegido por votación popular. Es escogido por el dedo del presidente y ratificado por la Asamblea Nacional. Sus funciones son fiscalizar y controlar los fondos y bienes públicos. Audita e inspecciona. No tiene autoridad para nombrar cargos en otras instituciones ni ministerios. Con motivo de la elección de la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional, al no salir vencedora la oferta gubernamental, y estando él presente en el recinto por más de cinco horas junto a su secretario general, se atrevió a decir que tenía dosieres, notas y cartas de diputados que votaron por la oferta no gubernamental, donde pedían nombramientos y favores. Además, afirmó que “dicen por ahí” que un millonario había comprado los votos de unos cuantos diputados. Eso sonó a lenguaje de baja estofa, a bochinche de cloaca hedionda. Y por si fuera poco, trató al rector de la Universidad de Panamá con un irrespeto insólito. Le dijo que era el peor gestor de los últimos años, que apadrinaba maleantes y facinerosos. Llamó a la Universidad “una guaLas colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. Panamá ante la nueva economía de Trump Riesgos y oportunidades La reciente aprobación de la One Big Beautiful Bill Act en Estados Unidos —una ambiciosa reforma impulsada por Donald Trump— abre un nuevo ciclo económico con efectos que se sentirán mucho más allá de sus fronteras. Esta ley extiende los recortes fiscales iniciados en 2017, favorece a empresas e individuos con nuevas deducciones, eleva el crédito tributario por hijos y flexibiliza ciertos límites tributarios locales. A cambio, reduce significativamente el gasto en programas sociales como Medicaid y SNAP, y elimina incentivos para energías limpias. También incrementa la inversión en defensa, seguridad y control migratorio. El impacto macroeconómico es notable. Se estima que esta reforma añadirá más de 3.3 billones de dólares al déficit fiscal estadounidense en los próximos diez años. Eso podría fortalecer al dólar frente a otras monedas, encarecer los préstamos internacionales y modificar los flujos de inversión global. Para una economía dolarizada como la panameña, estos cambios pueden sentirse de manera directa y profunda. Un dólar fuerte tiene doble filo. Por un lado, puede hacer más costoso el tránsito de mercancías por el Canal, restando competitividad frente a otras rutas. Por otro, puede atraer más turistas y aumentar el interés de inversionistas extranjeros que buscan estabilidad y activos seguros, especialmente en el mercado inmobiliario. El sector logístico panameño podría beneficiarse si la reforma provoca tensiones comerciales que redirijan flujos globales. Sin embargo, la eliminación de incentivos para energías limpias en Estados Unidos podría frenar inversiones verdes en la región, en un momento clave para proyectos solares, eólicos e hidroeléctricos en Panamá. A nivel social, el endurecimiento del control migratorio estadounidense puede empujar a más personas a buscar rutas por Centroamérica, generando nuevas presiones sobre servicios públicos y aumentando la informalidad. Además, si suben las tasas de interés globales, el costo de financiar proyectos de infraestructura o vivienda también crecerá, afectando especialmente a los sectores medios y más vulnerables del país. Pese a este panorama complejo, Panamá tiene espacio para actuar con inteligencia estratégica. El aumento en el tráfico marítimo global puede consolidar la importancia del Canal si se modernizan sus operaciones y se fortalecen los puertos y aduanas. La inversión extranjera puede crecer si se garantiza seguridad jurídica y un clima atractivo. Y, frente al retroceso estadounidense en políticas verdes, Panamá puede posicionarse como un referente regional en energías limpias, siempre que mantenga una política clara de incentivos y alianzas. El Estado panameño deberá cuidar sus finanzas, evitar un sobreendeudamiento costoso y diversificar sus fuentes de financiamiento. A la vez, necesita reforzar su agenda de desarrollo sostenible, fomentar la inversión responsable y promover un turismo que aporte al crecimiento sin generar sobrecarga social. El rumbo económico que hoy marca Estados Unidos representa un nuevo desafío para Panamá, pero también una oportunidad. En tiempos de transformación global, los países que saben adaptarse con agilidad, visión y compromiso tienen la posibilidad de salir fortalecidos. Panamá aún está a tiempo de ser uno de ellos. El derecho a la educación Un paro indolente rio y ajeno a la necesidad de los niños y jóvenes al derecho a su educación, derecho que está siendo perjudicado por la dirigencia magisterial. Y si bien es cierto que según el artículo 92 de la Constitución, “la educación debe atender el desarrollo armónico e integral del educando dentro de la convivencia social, en los aspectos físico, intelectual, moral, estético y cívico”, dicho artículo agrega sabiamente que esto se logra a través de la capacitación del estudiante para el trabajo útil en interés propio y en beneficio colectivo. Es decir, la enseñanza presencial y tangible es imprescindible en el desarrollo del educando, y se pretende reemplazarla por la ausencia absoluta —e insólita— del aula de clases. Además, si bien los derechos propios terminan donde comienzan los derechos de los demás, en este caso ni siquiera se está ejerciendo un verdadero derecho a huelga, ya que esta no cumple con los elementos que la definen conceptualmente a nivel universal. Se trata de un paro indolente, manejado según el criterio individual de algunos, sin importarles en absoluto el derecho de niños y jóvenes a recibir educación. Y tal como señala el artículo 91 de la Constitución, “la educación se basa en la ciencia, utiliza sus métodos, fomenta su crecimiento y difusión y aplica sus resultados para asegurar el desarrollo de la persona humana y de la familia”. Nada de esto se logra dejando de dar clases. Además, la dirigencia magisterial pretende erigirse sobre una actuación que implica gozar de fueros y privilegios, porque además tienen la osadía de exigir salarios por tiempo no trabajado. Peor cuando ese salario es pagado con los impuestos de todos los panameños. Y esos fueros y privilegios se establecen cuando son prácticamente la única profesión que hoy pretende cobrar por no trabajar y a raíz de una huelga, que es ilegal y que viola los derechos humanos de niños y adolescentes. Solo imaginemos qué pasaría si todos Julio Ernesto Linares El pez muere por la boca Separación de poderes El significado del título de este artículo es una advertencia sobre los peligros de hablar demasiado o ser indiscreto. Un pez es atrapado cuando muerde un anzuelo. Las personas pueden meterse en problemas cuando hablan sin pensar. Análogamente, es una lección de prudencia y discreción. El gobierno del presidente José Raúl Mulino carece de ambas.Por alguna razón, cuando ciertas personas llegan a cargos de poder, se creen dueños y señores de la verdad absoluta. No te atrevas a contradecirlos, porque te ganas un enemigo gratis… y encima te responden con un lenguaje soez, crudo y ofensivo.El presidente Mulino es experto y maestro en este tipo de lenguaje. Por lo tanto, sus ministros y autoridades de alto rango... ¡lo imitan! Él dice que “él es así y punto”. Los panameños esperábamos tener en este quinquenio un presidente respetuoso, humilde, con responsabilidad democrática, inclusivo, sereno, sin gritos ni confrontaciones, que nos inspirara confianza y esperanza, no miedo y división. Que el pueblo pudiera ser crítico, de ser necesario, sin recibir a cambio respuestas insidiosas. Que su discurso fuera el de un rida” llena de clanes familiares y nepotismo. Exigió la lista de estudiantes con más de diez años en la institución y cuestionó el uso del presupuesto porque “los baños no sirven”. El poder, definitivamente, envilece. Olvidó que el rector sí es electo por voto popular: estudiantes, profesores y administrativos lo eligen por cinco años. En el lenguaje coloquial dicen: “No se debe escupir saliva para arriba, porque te cae en la cara”. Parece que en este gobierno lo que es malo para unos, es bueno para ellos. Para ellos, nepotismo no es nombrar en puestos diplomáticos a hermanos, cuñados, familiares o amigos. Buscar votos para la nueva directiva de la Asamblea usando el poder del Ejecutivo no es clientelismo. Otorgar salvoconductos humanitarios a personas juzgadas y condenadas no es impunidad. Permitir que funcionarios de otras entidades deambulen durante más de cinco horas por la Asamblea Nacional buscando votos no es corrupción. Entonces, ¿dónde está el lado bueno y dónde el lado equivocado? Y para rematar, un ministro ha dicho públicamente que el presidente Mulino y él llegaron al poder gracias al apoyo de un expresidente… y que, además, fue por ese apoyo —desde el exilio en una embajada— que Panamá tuvo elecciones y una transición democrática. Diría Robin, el de Batman: ¡Recórcholis! ¿Y dónde estaba el Tribunal Electoral y la Corte Suprema?¿Pintados en la pared? ¡Vergonzoso! ¡Desconexión total! Por eso y más... el pez muere por la boca. Opinión EL AUTOR es máster en administración industrial y está certificado en IA generativa. LA AUTORA es arquitecta. EL AUTOR es abogado. Gabriel J. Perea los panameños decidimos, igual que los maestros y docentes del sector público, dejar de trabajar hasta que la Ley 462 sea derogada. Sencillamente se acabó el país. Pero entonces la dirigencia magisterial, y los cada vez menos docentes y maestros que la siguen, pretenden convertirse en los adalides de una causa perdida, porque están violando la Constitución, están violando derechos humanos de niños y jóvenes, y lo más triste, se sienten empoderados moralmente para cobrar sin trabajar. ¡Qué vergüenza! Para terminar, no voy a caer en la trampa de entrar a dilucidar en este artículo la falta de gobernabilidad, de representatividad, la corrupción, la impunidad, la incapacidad, el clientelismo y el despilfarro de fondos públicos que ha caracterizado a los últimos gobiernos, incluyendo el actual. Al punto que considero indispensable reemplazar a la actual ministra de Educación, aunque coincido con ella en no firmar ningún finiquito con los docentes que pretenda resarcirles el tiempo no laborado. Pero estos temas no pueden mezclarse con la responsabilidad de ejercer la labor educativa en el sector público, así como el resto de los panameños no hemos dejado de cumplir con nuestras profesiones y oficios, tanto en el ámbito público como en el privado, pese a no estar de acuerdo con muchas de las decisiones que se toman desde el gobierno. Para ello existen el derecho a la libertad de expresión, de opinión y de crítica responsable, siempre que no se vulneren los derechos de terceros. En conclusión, el educador que no da clases no cobra (tal como lo estableció la sentencia de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia del 23 de agosto de 1994, bajo la ponencia del entonces magistrado Edgardo Molino Mola), y a quien no cobra porque no trabaja se le debe desvincular —mediante el debido proceso— por abandono del cargo. La Constitución Política, en su artículo 91, dice claramente que todos los ciudadanos “tienen el derecho a la educación y la responsabilidad de educarse”. Y al final agrega que “la educación es democrática y fundada en principios de solidaridad humana y justicia social”. Muy cierto que el artículo 93 establece que su finalidad es “fomentar en el estudiante una conciencia nacional”. Pero esa conciencia nacional no se fundamenta en la ausencia del maestro en el aula de clase, sino -como adiciona ese mismo artículo- “en el conocimiento de la historia y los problemas de la patria”. Es decir, la educación es presencial entre docente y alumno. Porque, además, esa es la cúspide de la relación humana: sentir y vivir el gesto, la frase, la oración... en fin, todo lo que se conjuga en la palabra del sabio, porque el ejemplo arrastra. Pero la dirigencia magisterial en el ámbito oficial actúa a conveniencia. Introduce en la ecuación el elemento “huelga”, como un derecho incluido en la Constitución. Es cierto que la huelga está reconocida en el artículo 69. Pero este concepto no significa simplemente dejar de trabajar por cualquier razón. La huelga es un principio universal en el derecho de trabajo, pero relacionada íntimamente con reclamos o quejas dentro de una relación laboral. Tan sencillo como eso. El paro decretado por la dirigencia sindical docente no tiene absolutamente nada que ver con una aspiración relacionada con la reivindicación de sus derechos laborales. Tiene que ver con un tema, que, aunque no menos importante, es accesoDiana Peña de Ortiz
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