2A La Prensa Panamá, lunes 7 de julio de 2025 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Defensor alerta contra manipulación de grabaciones sobre crisis en Bocas del Toro DERECHOS HUMANOS El defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, hizo un llamado urgente a la ciudadanía a actuar con responsabilidad frente a la circulación de videos y audios relacionados con los recientes enfrentamientos en Bocas del Toro. A través de un mensaje, pidió no alterar ni modicar el contenido audiovisual antes de enviarlo a las autoridades. “Hemos tenido que recurrir e invertir en inteligencia articial y aplicaciones pagadas para detectar manipulaciones. Esto no es hacer patria”, advirtió, subrayando que muchos de los materiales difundidos no corresponden a los hechos ocurridos en Changuinola ni en el área bananera. Leblanc alertó que la desinformación solo contribuye a profundizar el odio, la división y el resentimiento en un momento en que el país necesita reconciliación. “Lo único que creamos con esto es más violencia y rencor. Nos aleja de sanar nuestras heridas. No más fake news”, enfatizó. El defensor instó a enviar los materiales auténticos a los canales ociales de la Defensoría del Pueblo, especialmente a sus líneas de WhatsApp, donde se está realizando un análisis detallado del contenido recibido. Al igual que la Defensoría del Pueblo, la Policía Nacional advirtió sobre la circulación de imágenes que no corresponden a los hechos en Bocas del Toro. Según la institución, se ha difundido un video de un incidente ocurrido en Guatemala como si hubiera sucedido en territorio panameño, lo que ha generado alarma innecesaria entre la ciudadanía. Informe preliminar Esta semana, la Defensoría del Pueblo de Panamá presentó un informe preliminar sobre presuntas violaciones a los derechos humanos durante los recientes actos de violencia y el Estado de urgencia decretado en la provincia de Bocas del Toro. Leblanc informó que, de 186 personas privadas de libertad entrevistadas entre el 23 de junio y el 2 de julio, se analizaron 104 testimonios que describen un patrón de abusos por parte de las fuerzas de seguridad. Entre los casos más frecuentes destacan las detenciones arbitrarias, el uso excesivo de la fuerza, los esposamientos prolongados y la aplicación de gas. Según el informe, el 88.5% de los entrevistados reportó haber sido detenido arbitrariamente, mientras que el 97.1% aseguró haber sufrido algún tipo de trato cruel, inhumano o degradante. Además, 99 personas relataron haber sido víctimas de tortura, y 26 denunciaron coerción para obtener confesiones. Leblanc advirtió que estos hechos podrían constituir violaciones sistemáticas a los derechos humanos, y adelantó que ya se interpuso una denuncia penal ante la Procuraduría General de la Nación. El equipo que recopiló la información estuvo integrado por especialistas del Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura, quienes realizaron entrevistas en centros de detención de la región. De los 186 entrevistados, 172 eran hombres y 14, mujeres. La Defensoría aclaró que no existen indicios de que las detenciones o los malos tratos hayan sido motivados por razones étnicas, aunque la mayoría de los detenidos pertenece al pueblo indígena Ngäbe Buglé. En conferencia de prensa, Leblanc subrayó que la institución actuó con apego a principios como la con- dencialidad, la prudencia y la protección de las víctimas, evitando la revictimización y la exposición innecesaria. “Este informe se basa en entrevistas y observación directa, levantando indicios que deben ser investigados con seriedad”, enfatizó. La cúpula de los docentes se reunió la semana pasada con un grupo de diputados para plantear su aspiración de que le hagan reformas a la nueva ley de la CSS. Cortesía ‘Los docentes no tienen derecho a exigir pago si no trabajan’ Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] EDUCACIÓN El exmagistrado Edgardo Molina Mola recordó que, como hace 30 años, sigue sin existir una ley que regule las huelgas en servicios públicos educativos. La Constitución lo permite, pero nunca se ha reglamentado. En 1993, un grupo de docentes presentó una demanda contencioso-administrativa contra el Ministerio de Educación (Meduca), al considerar que la institución había vulnerado sus derechos fundamentales. El con¡icto se originó cuando los educadores iniciaron una huelga parcial durante el período de vacaciones para exigir un ajuste salarial. Ante la falta de respuesta del Ejecutivo, muchos mantuvieron la protesta durante el año lectivo, lo que llevó al Meduca a suspender temporalmente el pago de salarios a quienes seguían en paro. La decisión del ministerio fue considerada por los docentes como una medida arbitraria. Sin embargo, el caso no prosperó en los tribunales. La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia falló a favor del Meduca y declaró que su resolución “no era ilegal”. El magistrado ponente, Edgardo Molina Mola, argumentó que la actuación del ministerio se ajustaba a derecho, ya que los docentes, al no estar amparados por una ley que regule de forma especíca su derecho a huelga, los educadores no cuentan con una cobertura legal clara para declarar huelgas. El artículo 486 del Código de Trabajo establece qué sectores son considerados servicios públicos esenciales y, por ende, sujetos a restricciones en el ejercicio de la huelga. Entre ellos están las comunicaciones, el transporte, el suministro de gas, luz y agua, así como los servicios de limpieza, hospitales, cementerios y alimentación. La exclusión del sistema educativo de esa lista ha generado un vacío legal que persiste hasta hoy, dejando a los docentes en una especie de limbo jurídico cuando optan por paralizar sus labores. Aunque la Constitución reconoce el derecho a huelga en su artículo 69, también advierte que la ley podrá reglamentar su ejercicio y establecer restricciones especiales para ciertos servicios públicos. Con base en esta disposición, Molina Mola concluyó que, en ausencia de una legislación especíca, los educadores no cuentan con una cobertura legal clara para declarar huelgas y, por tanto, el Estado puede adoptar medidas como la suspensión de salarios sin que ello se considere ilegal. de salarios por días no laborados. “Ellos estaban reclamando sueldos y no habían trabajado. Es el mismo caso”, dijo a La Prensa. Molina Mola advirtió que, al igual que hace tres décadas, actualmente no existe una legislación especíca que regule las huelgas en los servicios públicos educativos. “La Constitución establece que se podrán establecer reglas especiales para las huelgas en los servicios públicos, pero eso jamás se ha reglamentado”, subrayó. En ese sentido, consideró que los principios legales del fallo de 1994 “se mantienen totalmente vigentes”. Molina Mola fue más allá al señalar que muchos países del mundo han legislado esta materia y han establecido condiciones claras para limitar y restringir las huelgas en servicios públicos esenciales. “Aquí no se atreven. Es una morosidad por temor porque no quieren tocar el tema”, opinó. También sugirió que debería habilitarse una gura que obligue a la Asamblea Nacional a cumplir con los mandatos constitucionales pendientes. Respecto a la actual paralización docente, el jurista fue tajante: “Los maestros no tienen derecho a exigir el pago de dos meses en los que no han trabajado. Esa es una presión sin fundamento legal”, declaró. A su juicio, corresponde al Gobierno actuar con rmeza. “Yo sí creo que es orden de disciplinar a estas personas. El que no trabaja, que no cobre. Si quieren regresar a clases, que regresen con las manos vacías”, sentenció. Los educadores mantienen un paro de labores desde hace 74 días. Principio que se mantiene Consultado sobre si el principio de este fallo se mantiene en la actualidad, el exmagistrado recordó que sus fundamentos siguen vigentes en el escenario actual, en el que un paro docente se mantiene desde hace 74 días. Según explicó, en aquel momento la Corte concluyó que los maestros no tenían derecho a exigir el pago Tal Cual Mónica Palm [email protected] BINBIN. Parece que Juan Carlos Navarro vive en una realidad paralela. Ahora dice estar “agradecido” con Martinelli y hasta le atribuye al expresidente un importante rol en que el país tuviera elecciones democráticas. Ya olvidó que fue objeto de pinchazos en el gobierno de Martinelli y que, por esos hechos, incluso se constituyó en querellante en el proceso seguido contra el expresidente. Sin embargo, posteriormente, en el año 2021, retiró la querella tras haber alcanzado un presunto acuerdo extrajudicial (otras víctimas reconocieron haber recibido dinero a cambio de desistirse). Desde entonces, Martinelli ha sido condenado por blanqueo de capitales, designado como corrupto por un gobierno extranjero, señalado por sus propios hijos como instigador de delitos, inhabilitado para ejercer cargos públicos y enviado a otro país en calidad de asilado, con el único fin de evadir la cárcel. Pocas cosas pueden ser tan contundentes como todo eso, pero a Navarro no le importa. PARKING. La diputada Patsy Lee dijo la semana pasada que en la Asamblea todo se negoció, “hasta los estacionamientos”. Hay diputados que tienen hasta 10, aunque en teoría a cada uno solo le corresponde uno. ¿Para que un diputado necesitaría tantos estacionamientos? Aunque le preste uno al suplente, otro al asesor y otro a la querida, todavía le sobrarían seis. ESTRENO. Este lunes, Jorge Herrera preside su primera reunión de junta directiva ampliada de la Asamblea Nacional. Será el debut de Bolota como jefe de bancada del PRD. Mejor es que Roberto Zúñiga se tome una pastilla para la presión. FALTAS. Una de las propuestas de modificación del reglamento interno de la Asamblea es imponer un descuento a los diputados paviolos. Seguramente esta iniciativa será saboteada por aquellos que, el pasado martes, dejaron esperando a ministros y directores mientras buscaban desesperadamente los votos para Shirley. Ya va siendo hora de que entiendan lo que cuesta perder un día entero de trabajo. VARA. Por cierto, ahora se ha sabido que Yanibel estaba operando a favor de Shirley y hasta habría amenazado con revocar el mandato a aquellos diputados de CD que apoyaran al bloque opositor. Ella no está precisamente dotada de autoridad moral para quitarle la curul a nadie. En 2022, el tribunal de honor de CD revocó el mandato y expulsó a 15 diputados que entonces votaron por Crispiano Adames como presidente de la Asamblea Nacional. Hay políticos que solo creen en aquello que les conviene. Y así tratan a sus electores.
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