1A La Prensa Panamá, lunes 7 de julio de 2025 El medio libre de Panamá 75¢ Lunes 7 de julio de 2025 - Año 44 - Nº 15070 Hoy por hoy En 1994, la Corte Suprema de Justicia dejó claro que el Estado no está obligado a pagar salarios por días no laborados durante una huelga docente. En su fallo, el magistrado ponente Edgardo Molino Mola señaló que los educadores no cuentan con una cobertura legal clara para declarar huelgas y, por tanto, el Estado puede adoptar medidas como la suspensión de salarios sin que ello se considere ilegal. Han pasado más de 30 años y el fallo sigue teniendo plena vigencia. Hoy, tras 74 días sin clases, algunos sectores insisten en que los docentes deben ser remunerados, pese a no haber trabajado. Esta exigencia, además de carecer de sustento legal, busca imponer una presión política con alto costo para el país, tomando la educación de los jóvenes como rehén. Si el Gobierno cede, perpetuará la mala práctica de administraciones anteriores que, para evitar conictos, accedieron al chantaje gremial. Y si la Asamblea lo respalda, convertirá el chantaje en política de Estado. El que no trabaja, no cobra. Ceder ahora es institucionalizar la impunidad. Ellas.pa Babymetal, el poder ‘Kawaii’ de la música rock 5B Con 20 goles en el año, Ismael Díaz se cotiza alto 4B Deportes Panamá reclama al Parlamento Europeo su exclusión de la lista de lavado de dinero El embajador de Panamá ante la Unión Europea Ángel Riera Díaz formalizó la petición ante el organismo político europeo, tras alegar que el país cumple con los estándares del GAFI. El Parlamento se reunirá el próximo miércoles en Estrasburgo para decidir el tema. VEA 1B Docente que no trabaja no cobra: Molino Mola En 1993, bajo la ponencia de Edgardo Molino Mola, la Corte Suprema falló que los docentes no tienen derecho a salario durante huelgas, al no existir una ley que regule ese derecho en educación. Ese vacío legal persiste hasta hoy. La ministra Lucy Molinar anunció procesos disciplinarios contra docentes que no han retornado a clases alegando que se oponen a la nueva ley de la CSS. Rearmó que no rmará un niquito porque el paro es “ilegal”. Los docentes, a su vez, exigen al Gobierno un acuerdo de finiquito que garantice retorno sin represalia y pago de salarios retenidos. A cambio, ofrecen extender el calendario escolar y recuperar clases perdidas. VEA 2A Y 6A Estados Unidos Inundaciones catastróficas en Texas Tras las inundaciones en Texas que han dejado al menos 79 fallecidos, el presidente Donald Trump firmó ayer una declaración de emergencia por desastre natural. Entre los damnificados figura Jef Heflin (en la foto), residente de Kerrville. Equipos de emergencia buscan a diez niñas y una monitora del campamento cristiano Mystic, arrasado por la crecida del río Guadalupe el viernes en la madrugada. EFE Jorge Herrera. Elysée Fernández La Asamblea Nacional entra en una nueva fase de pulseo político con la distribución de las 15 comisiones permanentes. Vamos aspira a presidir Credenciales y Comercio; CD, la codiciada Comisión de Presupuesto. Las presidencias denen qué se discute y cuándo, por lo que el reparto se ha vuelto crucial para las bancadas que integran la coalición legislativa. Las negociaciones se intensican esta semana. El pasado 1 de julio, el panameñista Jorge A. Herrera fue escogido como presidente de la Asamblea Nacional en una cerrada votación: 37 votos a favor frente a 34 obtenidos por Shirley Castañedas. En esa misma sesión, fue elegido Eduardo Vásquez (Cambio Democrático) como primer vicepresidente, y Eliécer Castrellón (Partido Popular) como segundo vicepresidente. VEA 3A ASAMBLEA NACIONAL Investigación documenta el nuevo rostro de Darién ¿Quién controla qué? El ajedrez legislativo por las comisiones permanentes Una investigación del CEMCIT-AIP y la UTP documenta cómo Darién se ha convertido en una encrucijada de transformación. El paso de migrantes extrarregionales ha generado cambios profundos en comunidades indígenas panameñas: ingresos económicos repentinos, abandono FIN DE LA MIGRACIÓN de cultivos, deserción escolar y riesgos sanitarios. Los investigadores georreferenciaron rutas, aplicaron encuestas y entrevistaron a líderes locales. Sus hallazgos formarán parte del libro El Darién como encrucijada, que será publicado próximamente con apoyo de cooperación internacional. VEA 7A ‘No habría dejado mi hogar por el EUA de Trump’: la confesión de Martina Navratilova www.prensa.com/bbc/
2A La Prensa Panamá, lunes 7 de julio de 2025 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Defensor alerta contra manipulación de grabaciones sobre crisis en Bocas del Toro DERECHOS HUMANOS El defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, hizo un llamado urgente a la ciudadanía a actuar con responsabilidad frente a la circulación de videos y audios relacionados con los recientes enfrentamientos en Bocas del Toro. A través de un mensaje, pidió no alterar ni modicar el contenido audiovisual antes de enviarlo a las autoridades. “Hemos tenido que recurrir e invertir en inteligencia articial y aplicaciones pagadas para detectar manipulaciones. Esto no es hacer patria”, advirtió, subrayando que muchos de los materiales difundidos no corresponden a los hechos ocurridos en Changuinola ni en el área bananera. Leblanc alertó que la desinformación solo contribuye a profundizar el odio, la división y el resentimiento en un momento en que el país necesita reconciliación. “Lo único que creamos con esto es más violencia y rencor. Nos aleja de sanar nuestras heridas. No más fake news”, enfatizó. El defensor instó a enviar los materiales auténticos a los canales ociales de la Defensoría del Pueblo, especialmente a sus líneas de WhatsApp, donde se está realizando un análisis detallado del contenido recibido. Al igual que la Defensoría del Pueblo, la Policía Nacional advirtió sobre la circulación de imágenes que no corresponden a los hechos en Bocas del Toro. Según la institución, se ha difundido un video de un incidente ocurrido en Guatemala como si hubiera sucedido en territorio panameño, lo que ha generado alarma innecesaria entre la ciudadanía. Informe preliminar Esta semana, la Defensoría del Pueblo de Panamá presentó un informe preliminar sobre presuntas violaciones a los derechos humanos durante los recientes actos de violencia y el Estado de urgencia decretado en la provincia de Bocas del Toro. Leblanc informó que, de 186 personas privadas de libertad entrevistadas entre el 23 de junio y el 2 de julio, se analizaron 104 testimonios que describen un patrón de abusos por parte de las fuerzas de seguridad. Entre los casos más frecuentes destacan las detenciones arbitrarias, el uso excesivo de la fuerza, los esposamientos prolongados y la aplicación de gas. Según el informe, el 88.5% de los entrevistados reportó haber sido detenido arbitrariamente, mientras que el 97.1% aseguró haber sufrido algún tipo de trato cruel, inhumano o degradante. Además, 99 personas relataron haber sido víctimas de tortura, y 26 denunciaron coerción para obtener confesiones. Leblanc advirtió que estos hechos podrían constituir violaciones sistemáticas a los derechos humanos, y adelantó que ya se interpuso una denuncia penal ante la Procuraduría General de la Nación. El equipo que recopiló la información estuvo integrado por especialistas del Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura, quienes realizaron entrevistas en centros de detención de la región. De los 186 entrevistados, 172 eran hombres y 14, mujeres. La Defensoría aclaró que no existen indicios de que las detenciones o los malos tratos hayan sido motivados por razones étnicas, aunque la mayoría de los detenidos pertenece al pueblo indígena Ngäbe Buglé. En conferencia de prensa, Leblanc subrayó que la institución actuó con apego a principios como la con- dencialidad, la prudencia y la protección de las víctimas, evitando la revictimización y la exposición innecesaria. “Este informe se basa en entrevistas y observación directa, levantando indicios que deben ser investigados con seriedad”, enfatizó. La cúpula de los docentes se reunió la semana pasada con un grupo de diputados para plantear su aspiración de que le hagan reformas a la nueva ley de la CSS. Cortesía ‘Los docentes no tienen derecho a exigir pago si no trabajan’ Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] EDUCACIÓN El exmagistrado Edgardo Molina Mola recordó que, como hace 30 años, sigue sin existir una ley que regule las huelgas en servicios públicos educativos. La Constitución lo permite, pero nunca se ha reglamentado. En 1993, un grupo de docentes presentó una demanda contencioso-administrativa contra el Ministerio de Educación (Meduca), al considerar que la institución había vulnerado sus derechos fundamentales. El con¡icto se originó cuando los educadores iniciaron una huelga parcial durante el período de vacaciones para exigir un ajuste salarial. Ante la falta de respuesta del Ejecutivo, muchos mantuvieron la protesta durante el año lectivo, lo que llevó al Meduca a suspender temporalmente el pago de salarios a quienes seguían en paro. La decisión del ministerio fue considerada por los docentes como una medida arbitraria. Sin embargo, el caso no prosperó en los tribunales. La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia falló a favor del Meduca y declaró que su resolución “no era ilegal”. El magistrado ponente, Edgardo Molina Mola, argumentó que la actuación del ministerio se ajustaba a derecho, ya que los docentes, al no estar amparados por una ley que regule de forma especíca su derecho a huelga, los educadores no cuentan con una cobertura legal clara para declarar huelgas. El artículo 486 del Código de Trabajo establece qué sectores son considerados servicios públicos esenciales y, por ende, sujetos a restricciones en el ejercicio de la huelga. Entre ellos están las comunicaciones, el transporte, el suministro de gas, luz y agua, así como los servicios de limpieza, hospitales, cementerios y alimentación. La exclusión del sistema educativo de esa lista ha generado un vacío legal que persiste hasta hoy, dejando a los docentes en una especie de limbo jurídico cuando optan por paralizar sus labores. Aunque la Constitución reconoce el derecho a huelga en su artículo 69, también advierte que la ley podrá reglamentar su ejercicio y establecer restricciones especiales para ciertos servicios públicos. Con base en esta disposición, Molina Mola concluyó que, en ausencia de una legislación especíca, los educadores no cuentan con una cobertura legal clara para declarar huelgas y, por tanto, el Estado puede adoptar medidas como la suspensión de salarios sin que ello se considere ilegal. de salarios por días no laborados. “Ellos estaban reclamando sueldos y no habían trabajado. Es el mismo caso”, dijo a La Prensa. Molina Mola advirtió que, al igual que hace tres décadas, actualmente no existe una legislación especíca que regule las huelgas en los servicios públicos educativos. “La Constitución establece que se podrán establecer reglas especiales para las huelgas en los servicios públicos, pero eso jamás se ha reglamentado”, subrayó. En ese sentido, consideró que los principios legales del fallo de 1994 “se mantienen totalmente vigentes”. Molina Mola fue más allá al señalar que muchos países del mundo han legislado esta materia y han establecido condiciones claras para limitar y restringir las huelgas en servicios públicos esenciales. “Aquí no se atreven. Es una morosidad por temor porque no quieren tocar el tema”, opinó. También sugirió que debería habilitarse una gura que obligue a la Asamblea Nacional a cumplir con los mandatos constitucionales pendientes. Respecto a la actual paralización docente, el jurista fue tajante: “Los maestros no tienen derecho a exigir el pago de dos meses en los que no han trabajado. Esa es una presión sin fundamento legal”, declaró. A su juicio, corresponde al Gobierno actuar con rmeza. “Yo sí creo que es orden de disciplinar a estas personas. El que no trabaja, que no cobre. Si quieren regresar a clases, que regresen con las manos vacías”, sentenció. Los educadores mantienen un paro de labores desde hace 74 días. Principio que se mantiene Consultado sobre si el principio de este fallo se mantiene en la actualidad, el exmagistrado recordó que sus fundamentos siguen vigentes en el escenario actual, en el que un paro docente se mantiene desde hace 74 días. Según explicó, en aquel momento la Corte concluyó que los maestros no tenían derecho a exigir el pago Tal Cual Mónica Palm [email protected] BINBIN. Parece que Juan Carlos Navarro vive en una realidad paralela. Ahora dice estar “agradecido” con Martinelli y hasta le atribuye al expresidente un importante rol en que el país tuviera elecciones democráticas. Ya olvidó que fue objeto de pinchazos en el gobierno de Martinelli y que, por esos hechos, incluso se constituyó en querellante en el proceso seguido contra el expresidente. Sin embargo, posteriormente, en el año 2021, retiró la querella tras haber alcanzado un presunto acuerdo extrajudicial (otras víctimas reconocieron haber recibido dinero a cambio de desistirse). Desde entonces, Martinelli ha sido condenado por blanqueo de capitales, designado como corrupto por un gobierno extranjero, señalado por sus propios hijos como instigador de delitos, inhabilitado para ejercer cargos públicos y enviado a otro país en calidad de asilado, con el único fin de evadir la cárcel. Pocas cosas pueden ser tan contundentes como todo eso, pero a Navarro no le importa. PARKING. La diputada Patsy Lee dijo la semana pasada que en la Asamblea todo se negoció, “hasta los estacionamientos”. Hay diputados que tienen hasta 10, aunque en teoría a cada uno solo le corresponde uno. ¿Para que un diputado necesitaría tantos estacionamientos? Aunque le preste uno al suplente, otro al asesor y otro a la querida, todavía le sobrarían seis. ESTRENO. Este lunes, Jorge Herrera preside su primera reunión de junta directiva ampliada de la Asamblea Nacional. Será el debut de Bolota como jefe de bancada del PRD. Mejor es que Roberto Zúñiga se tome una pastilla para la presión. FALTAS. Una de las propuestas de modificación del reglamento interno de la Asamblea es imponer un descuento a los diputados paviolos. Seguramente esta iniciativa será saboteada por aquellos que, el pasado martes, dejaron esperando a ministros y directores mientras buscaban desesperadamente los votos para Shirley. Ya va siendo hora de que entiendan lo que cuesta perder un día entero de trabajo. VARA. Por cierto, ahora se ha sabido que Yanibel estaba operando a favor de Shirley y hasta habría amenazado con revocar el mandato a aquellos diputados de CD que apoyaran al bloque opositor. Ella no está precisamente dotada de autoridad moral para quitarle la curul a nadie. En 2022, el tribunal de honor de CD revocó el mandato y expulsó a 15 diputados que entonces votaron por Crispiano Adames como presidente de la Asamblea Nacional. Hay políticos que solo creen en aquello que les conviene. Y así tratan a sus electores.
3A La Prensa Panamá, lunes 7 de julio de 2025 Panorama Bancada de la coalición Vamos y al fondo la junta directiva de la Asamblea Nacional 2025-26. Elysée Fernández Presidir es poder: el juego por las comisiones ya comenzó Mario De Gracia [email protected] ASAMBLEA NACIONAL La Comisión de Presupuesto, clave para definir recursos estatales, es la más codiciada. CD, Vamos y Panameñista pujan por liderar espacios estratégicos. El pulseo por el control de las comisiones legislativas permanentes está en marcha y la junta directiva ampliada de la Asamblea Nacional tiene previsto abordar el tema en su primera reunión formal este lunes, así como otros detalles de la agenda legislativa. Son 15 comisiones que los diputados de diversas bancadas buscarán presidir, no sin antes buscar consensos en el seno directivo del Legislativo. Esas conversaciones ya se han adelantado, al menos, desde el segundo día del mes de julio. Pero hay algunas comisiones más codiciadas que otras por el poder que ostentan: la Comisión de Presupuesto, la Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales, o la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales. El Presupuesto General del Estado para la vigencia scal 2026, la reforma al Reglamento Orgánico del Régimen Interno (RORI) de la Asamblea o proyectos relacionados a la amnistía, respectivamente, son temas que se discuten en las comisiones; algunos cruciales para las agendas de las bancadas. También se perlan otras comisiones que, subestimadas, son cruciales en asuntos puntuales, como la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos, de la que un asesor legislativo comentó a este medio que será crucial si llegará a discutirse en la Asamblea la cuestión minera. A esa lista se suma la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, que jugó un rol decisivo en la discusión de la más reciente reforma a la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social (CSS). Poder: las presidencias Quien preside las comisiones, tiene parcial control sobre las discusiones, su premura o su demora. Es por ello que las bancadas centran sus esfuerzos en algunas para avanzar sus temas de agenda. La reforma al RORI de la Asamblea fue un compromiso al que accedieron las bancadas que apoyaron la presidencia del diputado panameñista, Jorge Herrera, a saber: la Coalición Vamos, el Partido Panameñista, cinco diputados de Cambio Democrático (CD) y la bancada ‘Seguimos’ —del Movimiento Otro Camino (Moca) y el libre postulación Betserai Richards—. Fuentes legislativas informaron que la coalición Vamos busca presidir la Comisión de Credenciales. El colectivo tiene entre sus prioridades la reforma del reglamento legislativo. Vamos también pretende liderar la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos. Aún no se han revelado los nombres de los candidatos. Por otro lado, este medio ha podido conocer que la Comisión de Presupuesto sería presidida por el CD, en la gura del diputado Julio De la Guardia. Esa comisión es la única con 15 sillas para los diputados. De las 15, la coalición Vamos aspira a tener 5 sillas, algo que estará sobre la mesa en las reuniones de la junta directiva ampliada. No obstante, en una entrevista del domingo 6 de julio con Telemetro, el diputado Roberto Zúñiga, jefe de bancada de Vamos, dijo que aspiran a presidir la mayoría de las Comisiones, dejando la puerta abierta al control de Presupuesto. El Partido Panameñista, que ya controla la presidencia de la Asamblea, y la bancada ‘Seguimos’, con apenas cuatro diputados, tendrían menos opciones de encabezar la mayoría de las comisiones, según fuentes legislativas. Sin embargo, el reparto aún está en proceso de ajustes, y se pudo conocer que sobre la mesa permanece el pulseo para que ‘Seguimos’ obtenga la presidencia de la Comisión de Comercio. Las conversaciones formales que arrancan este lunes podrían despejar el panorama en los próximos días. El método Para elegir miembros de una comisión, el método principal es a través de nóminas consensuadas de candidatos. También hay un procedimiento alternativo: la división del número total de diputados de la Asamblea entre el número de miembros de la comisión que se va a elegir, cuyo resultado se denomina “cociente de elección”. En este último caso, cada diputado debe votar en una papeleta por su candidato a formar parte de una determinada comisión. Para lograr la silla, el candidato debe recibir un número de votos mayor al cociente de elección. En los casos de empate, decide la suerte. Una vez la comisión esté conformada, se procederá a votar quién la preside, teniendo más posibilidades quien más diputados tiene en la comisión o quién mejores acuerdos haga con la mayoría de diputados miembros, que en algunos casos, incluye el ofrecimiento de las vicepresidencias de cada comisión.
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6A La Prensa Panamá, lunes 7 de julio de 2025 Dirigentes de los gremios docentes se reunieron el pasado 3 de julio con la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional. Elysée Fernández Meduca empieza a notificar a docentes por ‘abandono del cargo’ Aleida Samaniego C. [email protected] EDUCACIÓN OFICIAL El paro docente sigue sin solución, con maestros exigiendo un finiquito que garantice sus pagos y que no habrá represalias. Miles de estudiantes enfrentan pérdidas educativas graves. Lo que comenzó el pasado 23 de abril como una protesta por la derogación de la Ley 462 —reforma al sistema de jubilaciones de la Caja de Seguro Social (CSS)— ha evolucionado hacia una nueva exigencia del gremio docente: la rma de un acuerdo de niquito de huelga que garantice un regreso a clases sin represalias ni sanciones administrativas. Aunque la Asamblea Nacional no se ha comprometido a derogar la Ley 462, sí ha aceptado revisar al menos 52 artículos objetados por los gremios magisteriales. Sin embargo, los educadores advierten que, sin un documento formal que cierre la huelga, siguen expuestos a procesos disciplinarios injusticados. Sostienen que los más de 70 días de paro están protegidos por la Constitución Nacional como un derecho legítimo de los trabajadores. En la práctica, sin embargo, algunos docentes ya han comenzado a recibir noti- caciones por “abandono de cargo”, lo que ha encendido las alarmas en los gremios. Diógenes Sánchez, dirigente de la Asociación de Profesores de Panamá (Asoprof), denunció que fue buscado en su propio domicilio para ser noticado, cuando el procedimiento correcto es hacerlo en el centro educativo. “Esto es una forma de presión psicológica contra el docente y su familia. Los carniceros de hoy serán las reses de mañana”, declaró. En el Instituto América, el también dirigente de Asoprof, Armando Barrios, reportó supuestas irregularidades en la distribución de resoluciones disciplinarias. Según él, las autoridades escolares no tienen las noti- caciones en su poder, lo que sugiere que el Ministerio de Educación (Meduca) estaría acelerando procesos de reemplazo sin cumplir con el debido proceso. Desde la Asociación de Maestros Independientes Auténticos (AMIA), su vocero Armando Espinosa ha sido enfático en que la falta de voluntad del Meduca para rmar el niquito está afectando directamente a los estudiantes. “El niquito no es para ayudar a los docentes, es para que los estudiantes recuperen sus clases”, subrayó. Según Espinosa, este acuerdo permitiría extender legalmente el calendario escolar, establecer el compromiso de no aplicar represalias y garantizar el pago de los días no laborados. Aseguró que los educadores están dispuestos a extender el año escolar hasta enero o febrero, si es necesario, pero cuestionó la lógica de exigir recuperación sin ofrecer compensación: “Si no se paga ese tiempo, ¿cómo se imparten esas clases? ¿Quién pierde? Los estudiantes”, mencionó. Además, denunció que el Meduca está entregando noticaciones directamente en los domicilios de los docentes, una práctica que calicó como “acoso psicológico”. Espinosa también rechazó los señalamientos de abandono de cargo, reiterando que la huelga está amparada por la Constitución. “No hemos dejado de ser docentes. Estamos ejerciendo un derecho legítimo”, armó. A pesar del clima de tensión, sostuvo que los gremios están listos para regresar a las aulas si se garantiza un retorno sin represalias. “No tiene que ser con la ministra Lucy Molinar. Puede ser con cualquier funcionario del Ejecutivo que tenga disposición al diálogo”, agregó. En medio de esta tensión entre educadores y el Gobierno están los estudiantes del sector ocial, quienes en los últimos cinco años solo han tenido un año escolar regular: el 2024. En 2020 y 2021, la pandemia mantuvo las escuelas cerradas y las clases se dictaron de forma virtual; en 2022 y 2023 se registraron nuevos paros por protestas sociales y, ahora, en 2025, el paro magisterial ha afectado nuevamente el calendario escolar. Las protestas de 2022, una de las mayores movilizaciones sociales, incluyeron a gremios docentes, sindicatos, pueblos indígenas, transportistas y grupos cívicos. Se originaron por el alto costo de la vida, el incremento en el precio del combustible, la corrupción y la falta de transparencia. Posteriormente, en 2023, las manifestaciones se intensicaron tras la aprobación del contrato minero con la empresa canadiense First Quantum Minerals para explotar la mina Cobre Panamá. Lo que piden los docentes El pasado 3 de julio, representantes de los 23 gremios docentes se reunieron con el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Luis Herrera, a quien solicitaron que el Legislativo actúe como mediador. Hasta el momento, el Órgano Ejecutivo no ha accedido a establecer una mesa de negociación. En ese encuentro, los educadores presentaron una lista de demandas concretas: eliminar las licencias sin sueldo aplicadas durante la huelga, restituir su estatus laboral activo, retirar cualquier intento de judicialización contra quienes participaron del paro y garantizar que no habrá sanciones económicas ni administrativas. También exigen el pago de los salarios retenidos. A cambio, se comprometieron a recuperar todos los contenidos académicos no impartidos y a extender el calendario escolar si es necesario. Sin embargo, insisten en que sin un acuerdo que respalde ese compromiso, el con¡icto seguirá estancado. “No podemos regresar con las manos vacías. Tenemos que volver con algo seguro, con un documento rmado que garantice el pago de nuestros salarios y el respeto a nuestros derechos”, expresó Luis Sánchez, secretario general de la Asociación de Educadores Veragüenses. Mientras tanto, el paro continúa y miles de estudiantes permanecen sin clases en todo el país. La ministra de Educación, Lucy Molinar, ha sostenido una postura in¡exible. “Esto no es una huelga, esto es un paro unilateral. Yo no puedo rmar un niquito de huelga porque esto no es una huelga legal”, armó. Molinar también ha reiterado que las demandas de los docentes no guardan relación con asuntos del sistema educativo, ya que la protesta surgió en rechazo a la Ley 462. En cuanto al aspecto económico, subrayó: “Si no trabajas, no puedes recibir pago. Eso no se puede permitir”. Esa misma posición ha sido respaldada por el presidente de la República, José Raúl Mulino, y por el contralor general, Anel Flores. Apertura de procesos disciplinarios por parte del Meduca En medio de esta etapa crítica para el sistema educativo nacional, el Meduca anunció ayer la apertura de procesos disciplinarios contra docentes que persisten en actividades políticas y no se han reincorporado a sus funciones. “Estamos viviendo momentos cruciales para el futuro de la educación del país”, señaló la ministra de Educación. Explicó que la postura adoptada responde a la necesidad de devolver el sistema educativo a su misión fundamental: centrarse en el estudiante y fortalecer su formación integral. “Hemos invertido una década en aventuras políticas que nos han desviado de la misión más importante que tiene la institución, que es ocuparnos del estudiante y formar mejores ciudadanos para el país”, manifestó Molinar. Por ello, el Meduca sostiene que es momento de sentar un precedente que rearme el compromiso de los docentes con la tarea educativa. El Meduca celebró el retorno de miles de maestros a las aulas y expresó su respaldo a los directores que requieren personal comprometido con la enseñanza. “Todo el que ha vuelto está dando clases, y todo el que se quiera reintegrar será recibido con los brazos abiertos”, armó la ministra. Sin embargo, enfatizó que aquellos que insistan en actividades políticas en lugar de regresar a sus funciones enfrentarán procesos disciplinarios, pues consideran vital normalizar el sistema y priorizar el bienestar y el aprendizaje de los estudiantes. “El sistema educativo tiene que estar al servicio de la educación, no de otros intereses”, concluyó. Los más afectados El escenario sigue sin un horizonte claro de solución y, mientras se mantienen las posturas encontradas, los más perjudicados siguen siendo los estudiantes panameños. Este paro docente ha tenido consecuencias graves en la educación pública de Panamá, especialmente para los 800,000 estudiantes del sector ocial. Desde 2020 hasta 2025, los estudiantes han perdido casi 550 días de clases presenciales, lo que representa la interrupción educativa más larga registrada en el país y una de las más graves a nivel mundial. Según un reciente estudio titulado Sexenio perdido: Efectos económicos y sociales de las interrupciones educativas consecutivas en Panamá, elaborado por la Fundación para el Desarrollo Sostenible de Panamá y Jóvenes Unidos por la Educación, esta interrupción educativa tendrá un impacto negativo a largo plazo en el futuro académico, laboral y social de los estudiantes panameños. El estudio señala que la pérdida de clases afectará la preparación académica de las futuras generaciones y pondrá en peligro su inserción en el mercado laboral. Los efectos podrían ser devastadores, con un aumento en la desigualdad educativa y una disminución de las oportunidades para los jóvenes en el futuro. A medida que el paro se prolonga, la presión aumenta tanto sobre el Gobierno como sobre los gremios docentes para que encuentren una solución. Los docentes han enfatizado que el regreso a clases está condicionado a una respuesta clara del Ejecutivo, a quien acusan de mantener las puertas cerradas al diálogo. Aleida Samaniego C. [email protected] Diógenes Sánchez Archivo Campaña contra el virus sincitial comienza el 15 de julio SALUD PÚBLICA Panamá se convierte en el primer país de la región en aplicar la vacuna del virus sincitial respiratorio (VSR) a embarazadas y adultos mayores. El Ministerio de Salud (Minsa) anunció que el lanzamiento ocial de la campaña nacional se realizará el próximo 15 de julio, en respuesta al aumento de casos respiratorios. Itzel de Hewitt, coordinadora del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) del Minsa, informó que la vacunación ya comenzó de manera anticipada en mujeres embarazadas, con el objetivo de proteger a los recién nacidos de complicaciones respiratorias graves. Hasta la fecha, se han aplicado 230 dosis de la vacuna contra el VSR en todo el país, de las cuales 208 fueron colocadas en instalaciones del Minsa y 22 en policlínicas de la Caja de Seguro Social. La vacuna está dirigida principalmente a dos grupos de alto riesgo: •Mujeres embarazadas entre las 32 y 36 semanas de gestación, para que los anticuerpos se transeran al bebé a través de la placenta y lo protejan tras el nacimiento. •Adultos mayores de 60 años, quienes también son vulnerables a desarrollar complicaciones pulmonares. Las dosis están disponibles en todos los centros de salud pública del país, tanto en el Minsa como en la Caja de Seguro Social, de manera gratuita. El VSR es una enfermedad altamente contagiosa que afecta principalmente a lactantes y personas mayores. Se transmite a través del aire, por el contacto con gotículas respiratorias de personas infectadas. Puede causar infecciones graves como bronquiolitis y neumonía. Según el Minsa, el objetivo de la campaña es reducir hospitalizaciones, complicaciones y muertes relacionadas con el VSR, especialmente en poblaciones vulnerables. Armando Espinosa Archivo Luis Sánchez Archivo Fernando Ábrego Archivo Panorama
7A La Prensa Panamá, lunes 7 de julio de 2025 Panorama Un estudio del Centro de Estudios Multidisciplinarios en Ciencias, Ingeniería y Tecnología (CEMCIT-AIP) de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) reveló que la migración pasajera extrarregional que cruzó el tapón de Darién ha generado transformaciones económicas, sociales y ambientales signicativas en las comunidades receptoras del país. El proyecto, nanciado por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) y liderado por la investigadora Noris Martínez, tuvo como objetivo principal identi- car el impacto del fenómeno migratorio en las poblaciones locales, establecer indicadores cientícos y aportar insumos para la formulación de políticas públicas. Uno de los hallazgos más relevantes del estudio es el aumento repentino de ingresos económicos en comunidades indígenas, especialmente en la comarca Emberá Wounaan, debido a la venta de bienes y servicios a los migrantes. Según los investigadores, muchos hogares duplicaron o triplicaron sus ingresos habituales, superando lo generado por actividades tradicionales como la pesca o la agricultura de subsistencia. Sin embargo, este bene- cio económico vino acompañado de consecuencias negativas. La ruptura en la escolaridad fue una de ellas: niños y adolescentes abandonaron las aulas para dedicarse a actividades comerciales, lo que compromete su desarrollo educativo y sus oportunidades futuras. Otro aspecto señalado fue el abandono de las tareas agropecuarias. Al enfocarse en la atención a migrantes, las comunidades dejaron de cultivar alimentos para el autoconsumo, lo que generó escasez de productos agrícolas y un aumento en los precios locales. Desde una perspectiva más amplia, el estudio también identicó riesgos sanitarios, deterioro ambiental y una creciente inestabilidad política local, derivados de la presión que genera el tránsito masivo de personas. La violencia, tanto como causa de la migración como efecto en las comunidades receptoras, fue otro fenómeno documentado. El equipo de investigación estuvo compuesto por profesionales del CEMCIT-AIP y la UTP, entre ellos, Danilo Toro, Yesslyn Sarmiento, Sidia Moreno y Nuvia Martez, con apoyo internacional de Marilou Sarrut, estudiante doctoral de la Universidad de París. Durante el proyecto, los expertos georreferenciaron las rutas migratorias, aplicaron encuestas tanto a migrantes como a pobladores y realizaron actividades de campo que incluyeron entrevistas a líderes comunitarios, religiosos, autoridades gubernamentales y representantes de organismos de ayuda humanitaria. Además de recopilar evidencia cientíca, el equipo desarrolló un programa de capacitación para fortalecer las capacidades organizativas de las comunidades. Migración por Darién: ganancias rápidas, abandono escolar y presión ambiental ESTUDIO DE LA UTP Aduanas y el Fuerte San Jerónimo de Portobelo. Alexander Arosemena Colón: Seis obras clave para recuperar el patrimonio Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Aleida Samaniego C. [email protected] MEMORIA HISTÓRICA Entre los proyectos figuran iglesias, castillos y fuertes coloniales en Portobelo y San Lorenzo. El Ministerio de Cultura informó sobre los avances de seis proyectos de restauración y conservación patrimonial en la provincia de Colón, especícamente en las áreas de Portobelo y San Lorenzo. Las obras, que incluyen edi- caciones históricas como iglesias y forticaciones coloniales, presentan distintos niveles de ejecución. Entre ellas se encuentran las iglesias de San Felipe y San Juan de Dios, en Portobelo. También guran el Castillo de San Lorenzo Real del Chagres, la adecuación de las laderas de Portobelo, el Castillo de Santiago de la Gloria, el Fuerte San Jerónimo y el Fuerte San Fernando. En el caso de los proyectos para el Castillo de Santiago de la Gloria y el Fuerte de Santiago, se incluyen obras de consolidación de emergencia en estas estructuras del patrimonio militar del Caribe panameño. Este contrato, valorado en 3.97 millones de dólares, recibió su orden de proceder el 28 de octubre de 2024. Entre los avances se reportan estudios preliminares, arqueológicos, estructurales y geotécnicos ya culminados. Fuentes coloniales Otro proyecto en ejecución es la conservación del Fuerte San Fernando, también ubicado en la Bahía de Portobelo. Con una inversión de 6.8 millones de balboas, el contrato fue activado en enero de 2025. Actualmente, se ha completado la limpieza de los muros, se han presentado metodologías técnicas y se desarrollan trabajos arqueológicos, geotécnicos y de topografía. Los planos de anteproyecto se encuentran en revisión por parte de las autoridades correspondientes. De forma paralela, el Fuerte San Jerónimo, otra forticación emblemática de Portobelo, también está siendo objeto de conservación. Su contrato, por 9.5 millones de dólares, fue activado el 17 de enero de 2025. A la fecha, se han entregado informes preliminares, se ha sometido la metodología de prospección arqueológica y los planos de anteproyecto están en revisión. Un quinto proyecto, de carácter preventivo, se centra en el diagnóstico y diseño para mitigar riesgos de movimientos de ladera o deslizamientos en el área de Portobelo. La obra, que tiene un presupuesto de 589 mil dólares, incluyendo una adenda, registra un avance del 56% y cuenta con informe preliminar, inventario de amenazas y anteproyecto de planos. Los retos Estas obras re¡ejan la diversidad de desafíos en la conservación del patrimonio cultural panameño, que van desde la rehabilitación de museos urbanos hasta la estabilización de estructuras coloniales frente al mar Caribe. Las autoridades insisten en que estos procesos requieren rigurosos estudios previos, el cumplimiento de normas internacionales y una coordinación continua con las comunidades locales. La ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, ha planteado que uno de sus objetivos es rescatar el patrimonio cultural en esta zona. De hecho, Panamá mira hacia París, donde, del 6 al 16 de julio, se celebrará la próxima reunión del Comité del Patrimonio Mundial de la Unesco. En ese escenario internacional, el país aspira a que toda su Ruta Colonial Transístmica sea reconocida como Patrimonio Mundial. Con más de 500 años de historia, esta ruta fue un eje vital para la conexión terrestre entre el Pacíco y el Caribe durante la época colonial. Aunque ya cuenta con sitios inscritos en la lista —como el Sitio Arqueológico de Panamá Viejo, el Casco Antiguo y las forti- caciones de Portobelo y San Lorenzo—, la intención ahora es lograr que el conjunto completo reciba el reconocimiento universal. Por su parte, el presidente José Raúl Mulino, en su reciente discurso por el primer año de gestión, anunció que desde el Ministerio de Cultura se destinarán al menos 41 millones de dólares para restaurar monumentos históricos, entre ellos el Museo Reina Torres de Araúz, el Castillo de Santiago de la Gloria y la Iglesia de Portobelo. Además, subrayó que se retomará la restauración de la Casa Wilcox, también en Colón. El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, atribuyó al exmandatario Ricardo Martinelli (2009– 2014) un papel clave en el ascenso al poder del presidente José Raúl Mulino. “Si no fuera por Ricardo Martinelli, José Raúl Mulino y este que está aquí, posiblemente no estaríamos en nuestros cargos. Yo estoy muy agradecido con Ricardo Martinelli”, declaró Navarro en el programa Debate Abierto de Telemetro, al referirse al papel del exmandatario en las elecciones de 2024. Navarro destacó que Martinelli “ayudó a que el país tuviera una elección democrática y una transición democrática”, pero enfatizó que esa etapa ya se cumplió. A su juicio, lo que corresponde ahora es cerrar las en torno al gobierno. “Es muy importante que él y todas las personas que participaron hace un año en la elección apoyen y respalden a José Raúl Mulino y a su gobierno para resolver los problemas del país. Aquí lo que tiene que haber es unidad de criterio para, todos juntos, echar adelante a Panamá”, insistió. El vínculo El funcionario reiteró que el vínculo entre ambos líderes sigue siendo determinante: “Martinelli es Mulino y Mulino sigue siendo Martinelli. Yo pienso que sin Martinelli no hubiera habido Mulino y sin Mulino no hubiera habido una posibilidad de que Martinelli tuviera un gran gobierno como el que está tratando de hacer, contra viento y marea, el presidente Mulino”. Armó que el mandatario ha recibido un país en desorden y que está tomando “decisiones difíciles”, aunque eso implique un alto costo político. Desde su posición como exlíder partidista, Navarro llamó al n de la confrontación social y al respeto del orden constitucional. “Hay que dejar la gritería, la violencia, los cierres de calle, el desastre, la anarquía; y hay que trabajar juntos para ordenar el país. Ahí me van a encontrar a mí y al presidente Mulino”, expresó. Añadió que el país necesita condiciones para atraer inversión y generar empleo, Navarro le pide a Martinelli cerrar filas en torno al gobierno de Mulino POLÍTICA y que eso comienza —dijo— por “respetar la Constitución y la ley, que ordena e indica que tiene que haber libre circulación”. Finalmente, Navarro condenó los cierres de calles como forma de protesta. “No se pueden aceptar. Los cierres son violencia. No se pueden cerrar calles, eso es violencia”, recalcó. Aclaró que el derecho a manifestarse está garantizado en la Constitución, pero también lo está la libertad de movimiento. “No podemos usar la Constitución cuando nos gusta y desecharla cuando no nos gusta. Se cumple la Constitución y la ley”, concluyó. Participación política Navarro ha sido una gura de la política panameña durante más de dos décadas. Inició su carrera pública como el primer ambientalista elegido al cargo de alcalde de Panamá, puesto que ocupó entre 1999 y 2009, postulado por el Partido Revolucionario Democrático (PRD). Tras su paso por la alcaldía, Navarro dio el salto al escenario presidencial. Fue candidato a la presidencia de la República en dos ocasiones: en 2009 como compañero de fórmula de Balbina Herrera, y en 2014 como candidato presidencial del PRD, aunque sin éxito electoral. En 2024 reapareció en la esfera pública al ser nombrado ministro de Ambiente, en una movida que marcó su retorno al gabinete nacional desde una posición alineada con el ocialismo y en medio de una coyuntura de alta con¡ictividad socioambiental. Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Juan Carlos Navarro. Archivo Los resultados del estudio serán publicados en los próximos meses en un libro. Cortesía Fuerte Santiago de la Gloria, en Portobelo. Alexander Arosemena
8A La Prensa Panamá, lunes 7 de julio de 2025 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. ducir aquellos bienes en los que tienen un menor costo de oportunidad. El libre comercio, facilitado por reglas como la NMF, permite a las naciones maximizar su eciencia y bienestar colectivo. Y la evidencia empírica lo demuestra, desde la creación de la OMC el comercio se disparó mejorando la condición de vida de miles de millones de seres humanos en todo el globo. Sin embargo, la política comercial de Trump desaó abiertamente este paradigma. La imposición de aranceles a productos chinos, la renegociación del NAFTA (ahora USMCA), y las críticas constantes a la OMC marcaron un retorno al nacionalismo económico. Estas medidas generaron una ola de tensiones comerciales, amenazas de represalias y una creciente incertidumbre en los mercados. La razón de la actuación de Trump, en parte, es porque tanto China como la Unión Europea han adoptado, desde hace años, prácticas (permitidas en el marco de los acuerdos internacionales) que limitan el acceso de productos estadounidenses a sus mercados, ya sea mediante subsidios estatales, barreras no arancelarias o normativas ambientales y técnicas que dicultan la competencia externa. Las consecuencias no se hicieron esperar. Las cadenas de suministro globales comenzaron a recongurarse, con empresas buscando diversicar su producción fuera de China. La conanza en el sistema multilateral se erosionó, y muchos países optaron por acuerdos bilaterales o regionales como alternativa. La historia nos ofrece lecciones valiosas con políticas similares. La Ley Las colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. Audiencias orales: el reto del nuevo proceso civil Justicia La reforma del Código Procesal Civil, aprobada en 2023, implica un cambio profundo. Pasamos de un sistema mayormente escrito a uno oral, adversarial y dinámico. Este cambio no es solo normativo, sino también cultural, enfrentando la resistencia natural tanto de jueces como de abogados. Los principios rectores —oralidad, inmediación, contradicción y concentración— son las joyas de la corona del nuevo sistema. La oralidad abre la puerta a un diálogo directo y espontáneo entre el juez y las partes. Ya no se trata de quién redacta el mejor escrito, sino de quién convence en audiencia. La magíster Delia A. De Castro, al referirse a la oralidad en el sistema penal acusatorio, destaca que “la inmediación no es más que la intervención directa del juez tanto en la recepción de los argumentos que expresen las partes en audiencia durante las distintas fases procesales”. Aunque su análisis se enfoca en el proceso penal, esta denición nos ayuda a comprender el principio también en el proceso civil, evidenciando una valiosa comparación entre ambos sistemas. La contradicción permite a las partes confrontar directamente los argumentos y pruebas del contrario. Sin ella, el proceso sería un monólogo. Gracias a la contradicción oral, el debate ¡uye y el juez aprecia con mayor claridad los méritos de cada posición. La concentración busca que las actuaciones se realicen en el menor número posible de audiencias, evitando dilaciones y permitiendo al juez mantener el hilo completo del caso. El artículo 251 del Código Procesal Civil establece que las audiencias deben ser dirigidas por el juez, cuya ausencia injusticada implica nulidad. Limita las intervenciones a 30 minutos para evitar monopolios, exige puntualidad y obliga a registrar las actuaciones en medios audiovisuales para garantizar transparencia. Pero el éxito de esta reforma no está asegurado. Es fundamental superar la mentalidad del documento escrito. Jueces y abogados deben capacitarse en litigación oral, manejo de pruebas y dirección de audiencias. La infraestructura también debe modernizarse, con tecnología para grabar audiencias y sistemas digitales que permitan administrar expedientes de forma eciente. El control de convencionalidad es clave: las decisiones judiciales deben respetar los derechos humanos y las garantías constitucionales, re¡ejándose en sentencias con motivaciones claras, no en letra muerta. La resistencia al cambio también se maniesta en el refugio en escritos extensos, que limitan la oralidad que el nuevo código busca promover. Para avanzar, propongo un sistema de monitoreo continuo, con un comité multidisciplinario —integrado por jueces, abogados, académicos y miembros de la sociedad civil— que evalúe, proponga mejoras y rinda cuentas mediante informes públicos, fortaleciendo así la conanza ciudadana. La experiencia del sistema penal acusatorio demuestra que, aunque la transición toma tiempo, con voluntad y esfuerzo es posible superar los obstáculos. Este Código Procesal Civil puede ser el impulso que modernice la justicia civil panameña. Si los principios de oralidad, inmediación, contradicción y concentración se aplican en la práctica, lograremos una justicia más eciente, cercana y legítima. Este no es solo un cambio legal; es una invitación a transformar la manera en que entendemos la justicia en Panamá. Volver al mar Espacios azules son tan importantes para el bienestar humano como los parques y áreas verdes. No pude dejar de pensar en como Panamá, un país privilegiado con costas sobre dos océanos y una capital abrazada por el Pacíco, nos hemos alejado de este importante recurso. Si bien hay diferentes factores in¡uencian esta cultura de pasar tiempo junto al agua en Europa, por ejemplo las largas horas de luz solar en el verano, permitiendoafamiliasdisfrutardeeste recurso natural después de los horarios laborales, infraestructura que está diseñada para facilitar el acceso a la playa, adicionales espacios verdes de ocio, incluso me sorprendióenterarmequelassillasdeplaya de uno de los restaurantes a lo largo del río eran de uso gratuito. En la ciudad de Panamá tenemos espacios“cerca”delmar,comolacintacostera ylacalzadadeAmador,loscualessonfrecuentadosdiariamente.Sinembargo,llegar a estas áreas no es tan accesible por transporte público, mucho menos caminable; también hay problemas de inseguridad, limitando el uso de estas a ciertas horas del día o los nes de semana. La mayor barrera al uso de la bahía de Panamá como espacio de esparcimiento hasidosutratamientohistóricocomoun vertedero:víctimadeldescuidoinstitucional, la contaminación y la desidia política. Esta desconexión no es solo ambiental, sino también cultural. Mientras que en otras ciudades costeras del mundo los ciudadanos se apropian de sus playas, muelles y bordes marítimos, en Panamá seguimos sin fomentar una cultura de vida costera urbana. Y lo más preocupante: fuera de la ciudad, en nuestras costas más limpias, el acceso a muchas playas se ha ido restringiendo, ya no por la falta de infraestructura, sino por la privatización. Casos como Coronado, Buenaventura y muchas otras playas del Pacíco re¡ejan una tendencia alarmante: grandes desarrollos turísticos y residenciales de lujo que Andrea Melgar Nueva política comercial de Estados Unidos y sus implicaciones globales Lecciones históricas Con el cambio de administración en Estados Unidos, el mundo ha sido testigo de un giro signicativo en su política comercial. Bajo el lema de “America First”, la administración del presidente Donald Trump rompió con décadas de liderazgo multilateral, optando por una estrategia más proteccionista y bilateral. Este cambio no solo alteró el equilibrio del comercio global, sino que también puso a prueba los principios fundamentales que han regido el sistema internacional desde la posguerra. Uno de esos principios es el de la “Nación Más Favorecida” (NMF), consagrado en el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) de 1947 y mantenido por la Organización Mundial del Comercio (OMC). Este principio establece que cualquier ventaja comercial otorgada a un país debe extenderse a todos los miembros de la OMC, promoviendo así la igualdad de trato y la previsibilidad en las relaciones comerciales. La teoría económica que respalda este enfoque es la de las ventajas comparativas, formulada por David Ricardo en el siglo XIX. Según esta teoría, los países se benecian del comercio internacional cuando se especializan en proSmoot-Hawley de 1930, que elevó los aranceles estadounidenses a niveles récord, provocó represalias internacionales y contribuyó al colapso del comercio mundial durante la Gran Depresión. Más recientemente, la guerra comercial entre Estados Unidos y China (2018–2020) demostró que el proteccionismo puede tener costos signicativos tanto para consumidores como para productores. Sin embargo, es de menester señalar que, en esta ocasión, la medida se ha anunciado más como uno de trato igualitario bilateral y que dichas medidas solo serán permanentes si no se llega a un acuerdo que haga el comercio “más justo” en la mente de Estados Unidos. Aunque sí viola todos los tratados comerciales existentes de los que es parte Estados Unidos. Hoy, el mundo se encuentra en una encrucijada. ¿Volveremos a un sistema basado en reglas y cooperación multilateral, o avanzaremos hacia un orden fragmentado y competitivo? La respuesta dependerá no solo de la política estadounidense, sino también de la capacidad de otros actores —como la Unión Europea, China y América Latina— de defender y reformar el sistema comercial global. En un mundo interconectado, el aislamiento no es una opción sostenible. La cooperación, aunque compleja, sigue siendo el camino más ecaz para enfrentar desafíos comunes a nivel global, así como para asegurar el crecimiento económico, como ha demostrado la evidencia empírica. La política comercial debe ser una herramienta para construir puentes, no muros. Opinión LA AUTORA es estudiante de Derecho. EL AUTOR es director de la Fundación Libertad. LA AUTORA es investigadora del Cieps. Imalay Medina Ledezma bloquean el acceso libre a las playas. Aunque legalmente las playas son bienes públicos, en la práctica están siendo apropiadas por élites económicas. Los ciudadanos comunes se enfrentan a portones cerrados, guardias privados y limitaciones para disfrutar de lo que les pertenece por derecho. Esto no debería ser normal. El acceso a las playas debe ser garantizado por el Estado como parte del derecho a un entorno sano, a la recreación y al uso equitativo de los recursos naturales. La falta de regulación efectiva y la complicidad de autoridades locales permiten que este derecho sea vulnerado una y otra vez. Es necesario un compromiso político rme para recuperar estos espacios, crear accesos públicos reales y hacer cumplir las leyes existentes. No se trata de expropiar, sino de equilibrar el interés privado con el bien común. En la ciudad, el problema no es la falta de costa. De Punta Pacíca a Amador, pasando por San Felipe, Bella Vista y el Casco Antiguo, el litoral urbano tiene un potencial extraordinario. El problema está en las prioridades. Nuestros gobernantes rara vez ven el mar como una oportunidad para mejorar la calidad de vida urbana. Aunque se han desarrollado iniciativas puntuales como el proyecto de Saneamiento de la Bahía o la construcción de franjas costeras recreativas, invertir sostenidamente en el acceso público al mar, en deportes acuáticos o en actividades recreativas en playas urbanas sigue sin ser una prioridad clara en la agenda política. Necesitamos cambios en nuestra infraestructura urbana para facilitar el acceso al mar. También debemos invertir en educación temprana para la conservación de este valioso recurso. Aspirar a tener una población más conectada con su entorno azul resultará en un Panamá más saludable, más activo y más consciente del cuidado ambiental. La ciudad de Panamá —y sus playas en todo el país— tiene todo lo necesario para ser un espacio de bienestar y ciudadanía. Solo falta que decidamos mirar al mar. La semana pasada visité el norte de Serbia para un congreso cientí- co. Después de un largo día de simposios decidí hacer una caminata hasta una playa urbana ubicada a las orillas del río Danubio. Inmediatamente, sentí cómo el peso del día se esfumaba. Esta sensación no es algo nuevo, y de hecho es una reacción que ha sido extensamente estudiada. Pasar tiempo cerca de cuerpos de agua, como ríos, lagos, pero sobre todo el mar, tiene benecios comprobados para la salud. Diversos estudios muestran que la exposición a espacios costeros mejora signi- cativamente la salud mental. Un metaanálisis que incluyó 18 países demostró que las visitas recreativas a espacios azules se relacionan con mayor bienestar positivo y menor malestar mental. En adultos mayores, una revisión sistemática del 2024 señala una correlación entre la proximidad a estos espacios azules y mejoras en salud mental, física y calidad de vida . Además, un análisis sistemático de 50 estudios identicó mecanismos clave: mayor actividad física, restauración psicológica y mejora en el entorno ambiental, todos potenciados por la cercanía al agua. Otro importante benecio de estos espacios azules públicos es el de reforzar el sentido de comunidad. Estas playas urbanas brindan un espacio sano para familias y amigos de distintos grupos etarios. En mi visita observé muchos grupos de adultos mayores, manteniéndose física y mentalmente activos. Estos espacios azules Carlos González 7A LaPrensa Panamá, jueves 16 de enero de 2025 Opinión Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión deLa Prensase expresa únicamente en el Hoy por Hoy. [email protected] Las colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensase reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión deLa Prensase expresa únicamente en el Hoy por Hoy. 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