5A La Prensa Panamá, sábado 5 de julio de 2025 Panorama Un grupo de eurodiputados presentó esta semana una moción de resolución que busca objetar la propuesta de la Comisión Europea de retirar a Panamá y a otros siete países de la lista de naciones consideradas de alto riesgo en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Aunque la moción aún no representa una decisión oficial del Parlamento Europeo, forma parte del proceso previo a la votación que está prevista para el próximo miércoles al mediodía, hora de Estrasburgo. La moción fue promovida por cuatro grupos políticos dentro del Parlamento y se enmarca en el análisis del reglamento delegado que la Comisión Europea presentó el 10 de junio. En dicho documento, la Comisión propone incluir en la lista a países como Argelia, Angola, Costa de Marfil, Kenia, Laos, Líbano, Mónaco, Namibia, Nepal y Venezuela. Al mismo tiempo, plantea eliminar de la lista a Barbados, Gibraltar, Jamaica, Panamá, Filipinas, Senegal, Uganda y Emiratos Árabes Unidos, al considerar que ya han corregido las deficiencias detectadas en sus sistemas de prevención, tras haber presentado compromisos políticos y planes de acción con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). No obstante, los eurodiputados que respaldan la moción advierten que el proceso de evaluación de la Comisión debe ser más autónomo, riguroso e independiente. Subrayan que las decisiones no deben basarse únicamente en los informes del GAFI, sino que deben considerar también los riesgos específicos que cada país representa para la estabilidad y seguridad del mercado interior de la Unión Europea. Los proponentes también criticaron el mecanismo actual de votación en bloque, que implica que todos los países propuestos en el reglamento delegado se evalúan y votan en un solo acto. Según argumentan, esta práctica puede distorsionar el proceso, ya que un desacuerdo sobre un solo país podría llevar al rechazo completo de la propuesta. Esto, a su juicio, permitiría que naciones que siguen incumpliendo los estándares internacionales queden fuera de la lista, mientras que otras que ya han demostrado avances continúen siendo catalogadas como de alto riesgo. En paralelo, los parlamentarios remarcaron la necesidad de adaptar el marco de prevención al dinamismo de las amenazas actuales, en un contexto donde las redes criminales y extremistas continúan utilizando nuevas tecnologías, como las criptomonedas, para eludir los controles financieros y mover fondos ilícitos. Por su parte, mediante un comunicado de prensa, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá, aclaró que “al dia de hoy, el Parlamento Europeo no ha llevado a cabo ninguna votación en relación con el acto delegado que propone la exclusión de Panamá (...) de la lista de países de alto riesgo en materia de prevención de blanqueo de capitales”. La votación formal sobre esta propuesta de resolución se espera para el miércoles 9 de julio a las 12 del medio día, hora de Estrasburgo (5:00 a.m. hora de Panamá). Solo en ese momento se conocerá si el Parlamento Europeo, en su conjunto, adopta o rechaza la posición que ya defienden varios de sus grupos políticos. Salida de Panamá de la lista de alto riesgo de UE, en duda PARLAMENTO EUROPEO Los diputados Crispiano Adames y Jairo Salazar el 2 de julio, en el hemiciclo. Elysée Fernández Adames y ‘Bolota’ impulsan derogar la reforma a la CSS Mario De Gracia [email protected] Yolanda Sandoval [email protected] ASAMBLEA NACIONAL En medio de señalamientos por presentar propuestas casi idénticas, Crispiano Adames y Jairo Salazar buscan derogar la Ley 462, pese a la negativa del Ejecutivo y el enfrentamiento físico que protagonizaron dentro del Legislativo. A pesar de un altercado descrito por los presentes como “de puños y patadas” en el Salón Chanchoré de la Asamblea Nacional el miércoles 2 de julio, ese mismo día los diputados perredistas Jairo Bolota Salazar y Crispiano Adames presentaron dos anteproyectos de ley similares para derogar la Ley 462 de 2025, que reformó la Caja de Seguro Social (CSS). Las propuestas se diferencian únicamente por su exposición de motivos, título y oraciones particulares. “Sí hubo coincidencias, pero responden al clamor de la ciudadanía”, justificó Adames al referirse a la similitudes entre ambos documentos. La armónica colaboración entre los diputados tuvo sus matices, al ser señalada como una de las causales de la “discrepancia” que protagonizaron en el Palacio Legislativo, no obstante, esta versión fue calificada como “invento” por parte de Adames y Salazar, que luego posaron abrazados en un video. Pero más allá del altercado, los anteproyectos de ley fueron criticados tan pronto llegaron al pleno. En palabras del diputado Ernesto Cedeño, “fue hecho por la misma persona. Solo cambia en uno, el considerando y el título, pero todos los artículos son los mismos. Algo inexplicable. La misma normativa repetida dos veces”. “A mi juicio, lo presentado no procede”, dijo el integrante de la bancada Seguimos —que componen el Movimiento Otro Camino (Moca) y el libre postulación Betserai Richards—. Adames luego criticó a Cedeño. “Eso no es de ahí”, le dijo durante las incidencias del jueves 3 de julio. “Tenemos que evitar hacer sustentos en las redes, obviando la función legislativa y criticándola de antemano, porque eso no es de ahí. Porque si la cosa es así, entonces usted honorable Cedeño tendrá mi fiscalización”, dijo Adames. Consecuentemente, explicó su anteproyecto, e implícitamente, el de Salazar. Todo, además, al tiempo que llegaba a la Asamblea un grupo de docentes que está en huelga en rechazo a la Ley 462 desde abril pasado, para reunirse con el diputado presidente Jorge Herrera y plantearle sus inquietudes. ¿Qué dicen los anteproyectos? Lo que plantean los anteproyectos presentados por Adames y Salazar es la derogación de toda la Ley 462, como plantea su artículo 1, y restablecer la vigencia de la Ley 51 de 2005, con todo su articulado y legislación conexa. La cercanía con distintos gremios que impulsan la idea de una nueva ley de seguridad social formaría parte de la propuesta de derogación que plantea Adames, tal como indicó en la exposición de Motivos. La materialización de aquello se expresa en el artículo 4 de ambos anteproyectos, que habla del establecimiento de una “Comisión de Alto Nivel” para desarrollar una nueva ley de seguridad social, que incluiría a los ministros de Salud, Economía y Finanzas y al director de la CSS. También a representantes principales de gremios y sus suplentes. La redacción, es prácticamente idéntica, pero en el artículo 4 hay excepciones. La propuesta de Adames incluye mediación de la Iglesia católica o la Defensoría del Pueblo, mientras que la de Salazar, no la incluye. Ambas implicarían la vuelta a la vida jurídica de varias normas que quedaron extintas con la reforma más reciente. Pero para que la propuesta prospere, primero tendría que pasar el escrutinio administrativo legislativo, para que la asigne a una comisión y se evalué su prohijamiento, algo que no ha pasado. No se toca Para el Ejecutivo, la Ley 462 no se toca. Al menos así lo ha repetido en varias ocasiones el propio presidente de la República, José Raúl Mulino, una narrativa que sostuvieron algunos de los ministros y funcionarios gubernamentales en los actos legislativos del 1 de julio, como el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac. Por su parte, Dino Mon, director de la CSS, manifestó que “no tiene sentido” que algunos sectores sigan insistiendo sobre la ley, con modificaciones. Una postura de más apertura a las modificaciones presenta el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, quien mencionó: “Los diputados están en pleno derecho de hacerlo [modificaciones] si así lo desean”. En tanto, la propuesta de Salazar y Adames va en contra de la postura oficialista que se aleja del diálogo por la Ley 462, algo que contrasta con el apoyo que dieron ambos diputados con su voto a la diputada del oficialista partido Realizando Metas (RM) y excandidata a la presidencia de la Asamblea, Shirley Castañedas, el pasado 1 de julio. Las propuestas similares son las primeras que se presentan para modificar la Ley 462, que rige desde el pasado 18 de marzo de 2025. La juez de garantías Clara Montenegro legalizó la aprehensión del Alcalde de Pocrí de Los Santos Manuel Soriano y otras cuatro personas a quienes la Fiscalía Anticorrupción acusa de peculado en perjuicio del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades). Soriano, quien se desempeñó como secretario ejecutivo de Conades hasta el año 2018, mantiene siete expedientes abiertos por el Ministerio Público en los que se le acusa de no haber gestionado la culminación de múltiples proyectos del Programa de sanidad básica que se desarrollaban en las provincias de Coclé, Los Santos, Veraguas y Colón. Durante la audiencia, que inició a las 2:00 p.m., siete fiscales que instruyen expedientes por contratos incumplidos en comunidades del interior del país, explicaron a la juez un cúmulo de irregularidades que llevaron a que muchos de los proyectos quedaran inconclusos. Tal es el caso de la carpetilla de proyectos desarrollados en la provincia de Coclé que fueron asignados a la empresa IF Constructions y que según la fiscalía no se realizaron y ocasionaron una lesión patrimonial por más de $100 mil. En este caso se trataba de la realización de 453 unidades de servicios básicos que se desarrollarían en el Caño, provincia de Coclé, pero que no se concluyeron. También se le atribuye resJuez legaliza la aprehensión del alcalde de Pocrí, Manuel Soriano CONADES ponsabilidad en las obras inconclusas desarrolladas en el programa en Macaracas, provincia de Los Santos por un monto de $3 millones. En este caso se debía construir un total de 1,104 servicios básicos en comunidades como Mogollón, Bajo Guera, Espino Amarillo y El Cedro. También mantiene una investigación relacionada con obras no concluidas en el distrito de Los Santos por un monto de $105 mil. A la vez, otro de los expedientes vincula a Soriano con la falta de ejecución de proyectos de sanidad básica en Los Pozos, provincia de Herrera por la suma de $93 mil 646 que tampoco se construyeron. También en la provincia de Herrera, pero esta vez en el distrito de Ocú, la fiscalía le atribuye participación por la no construcción de servicios sanitarios por un monto de $166,457. Por su parte, los abogados defensores se opusieron a la legalización de la aprehensión, alegando que Soriano es una figura pública que pudo ser notificada por la fiscalía de la existencia de una investigación en su contra. La fiscalía también solicitó la imputación de cargos para Soriano y las otras cuatro personas entre las se encuentran Euclides Deago, director de sanidad básica de Conades, Omar Alexis Arrocha, Vitelio Martínez y Mitzila López. Juan Manuel Díaz [email protected] La fiscalía Anticorrupción practicó allanamientos en la residencia del Alcalde de Pocri. Cortesía Bandera de la Unión Europea en el Parlamento Europeo, en Estrasburgo. EFE
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