4A La Prensa Panamá, sábado 5 de julio de 2025 Panorama Nunca, en mis más de 40 años de ejercicio profesional, he visto un matraqueo tan vulgar, obsceno, vergonzoso y, encima de todo, en vivo. Perdió el país y su institucionalidad, pero más que nadie, el presidente de la República. Fue descarada su hipocresía al tratar de negar lo que todos vimos por televisión: el evidente matraqueo que reinó durante cinco horas antes de instalarse la sesión en la que se elegiría un nuevo presidente del Órgano Legislativo. Son varios los diputados que han denunciado las presiones de operadores políticos: cercanos colaboradores del presidente de la República y de altos funcionarios de una institución que debería estar al margen de la política. Pero allí estaban, tratando de torcer brazos en los salones contiguos al hemiciclo legislativo, según denunciaron las mismas fuentes. El contralor, Bolo Flores, negó haber sido parte de ese engranaje articulador de una estrategia para defenestrar la candidatura del hoy nuevo presidente de la Asamblea, el panameñista Jorge Herrera, o para que ganara alguna de las dos Castañedas. Negó, pero también amenazó con chantajes. Dijo tener en su poder cartas de diputados solicitando nombramientos en la Contraloría y que sabía de un “importante empresario” que había “donado” dinero para hacer comprar los votos de diputados de la coalición Vamos. No sé qué espera Flores para hacer las denuncias correspondientes, tal como lo exige su deber. Lo único que se me ocurre para que no lo haga es la carencia de pruebas. En consecuencia, sus palabras automáticamente se convierten en un rumor de pasillo, porque, a decir verdad, es la primera vez que escucho algo semejante. Y, para ser un bocazas, el señor Flores sabía –hasta ahora– guardar muy bien esos secretitos y confidencias de los supuestos diputados que han ido a tocarle la puerta. No sé si fueron a pedirle nombramientos de sus esposas, hijos o hermanos, como él afirma, pero sí que ha recibido llamadas y hasta visitas del propio Herrera, quien está intercediendo –¿cómo por qué?– a favor de proveedores de la Alcaldía de Aguadulce, su antiguo feudo. Pero, volviendo al martes negro, desde el presidente hacia abajo, todos actuaron como rufianes ese martes, no muy distantes de los vándalos de Bocas del Toro, solo que unos destruían bienes materiales y los otros, bienes de mayor valor: institucionalidad y democracia, pero pretendiendo ser respetuosos de eso mismo que querían destruir. Ello se hizo patente en el discurso del presidente: bien escrito, y mucho mejor actuado. Tanto así, que Mulino, en el preámbulo de su mensaje a la Nación, dijo a la faz de todo el país –sin dudarlo y con una desvergüenza abrumadora– que el resultado de esas elecciones legislativas enviaba “un mensaje claro: en esta nueva forma de gobernar no hay presiones, compra de conciencias, ‘maletinazos’ ni matraqueo”. Señor presidente, quizás no sabe que durante cinco horas vimos lo que usted parece no haber visto. La suya, fue una actuación hollywoodense, pero no la de un estadista. La maleantería fue el gran ganador, después de Herrera. Ni siquiera el cuello y la corbata sirvieron para disimular lo que para todo el país fue evidente. Creían que todo se solucionaría antes de que el presidente regresara de España, de donde lo único que trajo fueron fotografías. Fue un descuido imperdonable, pues es quizá el año más importante de su agenda presidencial, pero sus operadores fracasaron. Y no bien perdió, tomó otro avión para ir a recibir homenajes en Argentina, siempre acompañado de sus inseparables compañeros de viaje. Ojalá no regrese al país con otro caballo, como cuando lo hizo de su viaje a Perú, meses atrás. En cuanto a la coalición que llevó a Herrera a la presidencia de la Asamblea, me atrevo a afirmar que es precaria. Herrera se metió en el mismo saco donde conviven en frágil unión fieras legislativas que, al menor atisbo de traición, de querer mantener el statu quo, no dudarán en hacerlo cenizas. Más le vale que cumpla lo prometido o, de lo contrario, su nombre será arrastrado como nunca. Salir del anonimato para ir a las grandes ligas con intenciones de satisfacer codicia o sed de poder sería una pésima idea, dada la ferocidad de sus nuevos socios legislativos. Sábado Picante Rolando Rodríguez [email protected] Lucy Molinar, ministra de Educación. Archivo Molinar reitera que no firmará finiquito de huelga Yaritza Mojica [email protected] PARO INDEFINIDO La ministra de Educación expresó ayer que ‘no puede pagar a quien no trabaja’, en alusión a las expectativas de los docentes que están en paro y que alegan que quieren volver a las aulas con la garantía de que no se atropellen sus derechos. La ministra de Educación, Lucy Molinar, dijo que no firmará ningún finiquito de huelga, en respuesta a la solicitud hecha por los gremios magisteriales, quienes condicionaron su regreso a las aulas el 7 de julio, a que se garanticen sus derechos laborales, incluyendo el pago de su salario a pesar de no estar impartiendo clases. Molinar indicó: “Esta no es una huelga, esto es un paro unilateral. Yo no puedo firmar un finiquito de huelga porque esto no es una huelga legal”. Añadió que “los temas por los que ellos están luchando no tienen nada que ver con la educación”. Durante su llegada a la Expo Vocacional Futuro 360, la ministra enfatizó que debe cumplir con la normativa: “Si tú no trabajas, no puedes recibir pago. Eso no se puede hacer”. Tras concluir la reunión en el Palacio Legislativo — el jueves 3 de julio— con la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional, a cargo de Jorge Herrera, los gremios reiteraron que “desde hace rato están diciendo que quieren volver a las aulas y a las clases; sin embargo, no existe ninguna respuesta ante esa petición, que está respaldada incluso por la empresa privada, la Iglesia y ahora también por el Órgano Legislativo”. Expresaron que el retorno a clases depende de una respuesta del Ejecutivo, al que acusan de mantener cerradas las puertas al diálogo. Han insistido en la necesidad de establecer una mesa de advenimiento que permita alcanzar un acuerdo para reactivar el sistema educativo sin atropellar los derechos adquiridos por concurso de los maestros y profesores del país. Con respecto a las declaraciones de Molinar de no firmar un finiquito de huelga, el secretario general de la Asociación de Profesores de la República de Panamá (Asoprof), Fernando Ábrego, argumentó que todas las huelgas son, por definición, acciones unilaterales de los trabajadores y que corresponde a los tribunales de justicia, no al ministerio, determinar su legalidad. “La legalidad o no de la huelga, serán los tribunales, la Corte Suprema de Justicia la que puede decidir esa situación y en su defecto la Organización Internacional del Trabajo y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero no es la ministra la que va a determinar si es legal o ilegal, y mucho menos Bolo Flores —refiriéndose al contralor Anel Flores—”, dijo el dirigente. Ábrego reiteró que los docentes en paro están dispuesto a regresar a las aulas el lunes, siempre y cuando se garanticen los derechos. Sin embargo, “si la ministra de Educación no quiere sentarse, entonces el gobierno nacional que designe a alguien que sí quiera que las clases se regularicen a partir del lunes”, indicó. Según el dirigente “no se puede negociar con alguien que no quiere, entonces hay que sentarse con alguien que sí quiere que las clases se reinicien el lunes 7, y listo, problema resuelto”. En tanto, Molinar manifestó que se ha solicitado en reiteradas ocasiones a los docentes que regresen a las aulas, recordando que su función principal es atender a los estudiantes. Criticó que algunos sectores utilicen a los alumnos como instrumento de presión, señalando que se ha amenazado con no entregar notas como medida de protesta. Sumado a esta situación, la ministra lamentó el impacto emocional que el paro ha generado en los estudiantes, indicando que el daño no solo es académico, sino también psicológico, según reportes de los gabinetes psicopedagógicos. Con respecto al retorno a clases esta semana, el Ministerio de Educación (Meduca) informó que en varias regiones educativas se ha regresado a las aulas, como es el caso de Bocas del Toro. La ministra reiteró a los gremios docentes en paro que no tiene competencia para negociar temas como la ley 462 de la Caja de Seguro Social, que reformó las jubilaciones en el país, y pidió a los docentes que dejen de usar a los estudiantes como rehenes de sus luchas. También, hizo un llamado a los padres de familia y a toda la sociedad a defender el derecho a la educación como una prioridad nacional. Sobre la Ley 462, Ábrego reiteró que los gremios han presentado propuestas para modificar artículos que consideran lesivos y espera que el Consejo Nacional de la Empresa Privada —que está actuando en calidad de mediador— actúe con responsabilidad en la discusión. Señaló que la Asamblea Nacional, la Iglesia Católica, algunos diputados y empresarios están de acuerdo con la revisión de la norma y con la firma de un acuerdo para el retorno a clases. Ereida Prieto-Barreiro [email protected] Mayer Mizrachi, alcalde del distrito de Panamá. Archivo Mizrachi asigna de forma directa $95 mil para organizar la feria de empleo CONTRATACIÓN Por un monto cercano a los $95 mil, el Municipio de Panamá contratará de forma directa a Soluciones LML Group, S.A. para organizar la Feria de Empleo 2025, luego de que el Consejo Municipal aprobara la solicitud presentada por el alcalde Mayer Mizrachi. La contratación incluye los servicios de organización, logística y realización del evento. Soluciones LML Group, S.A. fue constituida recientemente (el 17 de agosto de 2023, según consta en el Registro Público) y su presidenta, secretaría y apoderada es Iveth Loo, mientras que Jinhui Luo aparece como tesorero de la sociedad. Este medio verificó que, entre abril y mayo de este año, la Alcaldía de Panamá le adjudicó dos contratos menores por un total de $4,485, relacionados con la colocación de letreros. No se encontraron registros de que la empresa haya prestado servicios a otras entidades estatales. La Prensa intentó contactar a los representantes de la empresa, pero los tres números registrados a su nombre corresponden a otra compañía y a un particular, sin relación con Soluciones LML Group. De acuerdo con el artículo 80 del reglamento interno del Consejo Municipal, los acuerdos y resoluciones requieren un período de publicación de 10 días tras su sanción para entrar en vigencia. Sin embargo, el Consejo Municipal de Panamá aprobó la contratación el pasado jueves 3 de julio, dos días antes de la celebración de la feria, que será este sábado 5 de julio. Este medio consultó al alcalde Mizrachi para conocer quién recomendó a la empresa, cuál es su experiencia en este tipo de eventos, qué otras compañías fueron consideradas para ofertar y cómo se sustenta legalmente la contratación, pero no se obtuvo respuesta. En declaraciones previas, Mizrachi anunció que contará con un equipo que brindará asesoramiento a los aspirantes, con el fin de digitalizar y fortalecer sus hojas de vida. No está claro si se trata de personal municipal o de contrataciones adicionales.
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