1A La Prensa Panamá, sábado 5 de julio de 2025 El medio libre de Panamá 75¢ Sábado 5 de julio de 2025 - Año 44 - Nº 15068 Hoy por hoy La huelga es un derecho humano, sí. Pero usarla como arma política, afectando a los únicos inocentes en esta historia —los estudiantes— es inaceptable. Ya basta de convertir a nuestros niños y jóvenes en rehenes de luchas que nada tienen que ver con su aprendizaje. En los últimos años, los estudiantes han perdido casi 500 días de clase. Esa cifra habla por sí sola. ¿Quién les devolverá ese tiempo? ¿Quién les repondrá las oportunidades que perdieron por no recibir a tiempo las herramientas para desarrollarse? Los maestros y profesores son clave en el proceso educativo, pero muchos han perdido el rumbo. Defender los derechos laborales no puede hacerse a costa del derecho superior a la educación. La ministra de Educación ha sido firme: quien no trabaja, no cobra. Y tiene razón. Así funciona para todos los que trabajamos en el sector privado. Es hora de repensar el rol de los gremios docentes. La huelga dejó de ser un instrumento de dignidad para convertirse en castigo colectivo. Ellas.pa Margot Robbie, ‘Barbie’ regresa a Hollywood 5B Arrancan las semifinales de Kiwanis ‘flag football’ 4B Deportes Meduca sostiene línea de no negociar Yaritza Mojica [email protected] La titular del Ministerio de Educación (Meduca), Lucy Molinar, reiteró ayer que no firmará ningún finiquito de huelga solicitado por los gremios magisteriales, quienes condicionaron su regreso a clases el lunes 7 de julio a que se les garantice el pago de sus salarios durante el paro. Molinar argumentó que no se trata de una huelga legal, sino de un paro unilateral, y que no puede autorizar pagos sin prestación de servicios, ya que eso violaría la CRISIS EDUCATIVA El Meduca rechaza firmar un finiquito exigido por los gremios para volver a clases. Los docentes insisten en garantías laborales y sentarse a negociar. normativa vigente. Añadió que las demandas del gremio no están relacionadas con la educación y lamentó el daño emocional que el paro ha causado a los estudiantes. En respuesta, Fernando Ábrego, de Asoprof, sostuvo que toda huelga es una acción unilateral y que su legalidad debe ser determinada por los tribunales o instancias internacionales, no por el Meduca. Reiteró que los docentes están dispuestos a volver a clases si se respetan sus derechos y propuso que, si Molinar no está dispuesta a negociar, se nombre a otra figura del Ejecutivo para avanzar en el diálogo. El gremio exige una mesa de advenimiento y responsabiliza al Ejecutivo de cerrarse al diálogo. VEA 4A Votación será el miércoles 9 de julio. EFE Un grupo de eurodiputados presentó una moción para frenar la propuesta de la Comisión Europea que busca retirar a Panamá y a otros siete países de la lista de alto riesgo en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. La moción, impulsada por cuatro bloques políticos, cuestiona que las decisiones se basen únicamente en informes del GAFI, y plantea que la evaluación debe ser más rigurosa, autónoma e independiente. Aunque la moción no representa una decisión definitiva, forma parte del proceso previo a la votación oficial prevista para el 9 de julio. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá aclaró que, hasta el momento, el Parlamento Europeo no ha tomado una decisión al respecto. VEA 5A OBJECIÓN Legalizan aprehensión del alcalde de Pocrí Presidente de la Asamblea niega acusaciones del contralor Eurodiputados intentan frenar salida de Panamá de lista de alto riesgo La juez de garantías Clara Montenegro legalizó la aprehensión del alcalde de Pocrí, Manuel Soriano, y de otras cuatro personas acusadas por la Fiscalía Anticorrupción de peculado en perjuicio de Conades. Soriano, quien fue secretario ejecutivo de esa entidad hasta 2018, enfrenta siete expedientes por obras inconclusas del programa de sanidad básica en provincias como Coclé, Los Santos, Veraguas, Colón y Herrera, que habrían generado lesiones patrimoniales millonarias. La defensa cuestionó la aprehensión por tratarse de una figura pública. VEA 5A El nuevo presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, rechazó las acusaciones del contralor Anel Flores, quien lo vinculó con un empresario lechero supuestamente involucrado en pagos a diputados para influir la votación del 1 de LEGISLATIVO julio. Herrera negó haber ofrecido favores o dinero y sostuvo que su candidatura fue respaldada por una coalición multipartidista. Afirmó que nunca conversó con el contralor sobre la elección y que su agenda incluye reformar el reglamento interno, depurar planillas y atender temas sociales. VEA 2A La ministra Lucy Molinar. Alexander Arosemena El momento en que la policía francesa raja una lancha inflable llena de migrantes www.prensa.com/bbc/ El dirigente Fernando Ábrego. Archivo
2A La Prensa Panamá, sábado 5 de julio de 2025 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Eliana Morales Gil [email protected] Patsy Lee, diputada por el Partido Popular. Alexander Arosemena Patsy Lee: ‘No podemos arrodillarnos ante el Ejecutivo’ ENTREVISTA En los pasillos de la Asamblea Nacional, donde se supone que la voluntad popular debe decidir el rumbo del país, la atmósfera del 1 de julio se pareció más a un escenario de presión y maniobras políticas que a una sesión democrática. LadiputadaPatsyLee,una ingeniera de sistemas, electa por el Partido Popular, describió un panorama donde asesores del presidente José Raúl Mulino y otros altos funcionarios parecían custodiar cada movimiento de los diputados, con el objetivo de condicionar sus votos en la elección de la nueva junta directiva. Ese día, el pulso político se daba entre Shirley Castañedas, respaldada por Realizando Metas (RM) y el Partido Revolucionario Democrático (PRD), y Jorge Herrera, apoyado por una coalición opositora multipartidista. “Yo sí te puedo decir por comentarios que surgían en los pasillos y de colegas diputados que sí estaban recibiendo mucha presión a lo interno”, aseguró Lee en entrevista con La Prensa. “Tengo un colega que me decía: ‘Hoy no me atrevo a ir al baño… tú ves ahí a asesores del presidente Mulino, y vas al salón Chanchoré y encuentrasaotrosministrosydirectores’”. Lee relató que incluso se habrían ofrecido favores políticos y dinero para dividir votos o evitar que se respaldara la nómina opositora. “Se escuchó de que estaban como quien dice ofreciendo dinero para las personas que quisieran postular a otra candidatura con el fin de poder separar los votos o dividirlos”, afirmó. El ambiente descrito por la diputada de La Chorrera contrasta con el mensaje del Ejecutivo, que ha negado cualquier tipo de injerencia. El contralor general, Anel Bolo Flores, negó el pasado miércoles haber ejercido presión sobre diputados y anunció que posee “dossiers” con solicitudes de nombramientos por parte de legisladores. Prometió revelar esa información. Lee respondió con dureza a estas declaraciones. “El contralor Bolo Flores ha estado desde hace muchos meses queriendo distorsionar las cosas, solamente se la pasa amenazando”, dijo. “Si él está seguro de lo que está diciendo, que ponga las denuncias”, manifestó. Cuestionó además la selectividad con la que el contralor presentó recientemente una denuncia por presunta corrupción relacionada con las planillas legislativas. “Quiero saber qué hizo él con respecto a las planillas abultadísimas de los diputados del PRD que fueron presidentes de la Asamblea, incluyendo también a la propia expresidenta, la diputada Dana Castañedas”, declaró. La diputada también manifestó decepción por la gestión de Castañedas al frente del legislativo, alegando que incumplió su promesa de debatir reformas al reglamento interno. “Ella decía que éramos la nueva Asamblea, pero al final éramos nuevos diputados queriendo hacer las cosas diferentes. Muchos diputados de partidos tradicionales no lo permitían”, dijo. A pesar de mantenerse oficialmente fuera de cualquier bancada, Lee ha trabajado en alianza con grupos como Vamos y el Movimiento Otro Camino (Moca). Sin embargo, aclaró que no se unirá a la recién conformada bancada Seguimos, en la que participan tres diputados de Moca y el independiente Betserai Richards “Por el momento aún me mantengo sola en alianza con ellos y con las cosas que sean buenas, o sea los buenos proyectos para el país”, aseguró. Pulseo por las comisiones La diputada también se refirió al incierto proceso de conformación de las comisiones legislativas, un asunto que aún se encuentra en negociación. Indicó que aspira a repetir en las comisiones de Asuntos Agropecuarios y de Salud. Sobre la poderosa Comisión de Presupuesto, señaló: “La política es el arte de lo posible… cada minuto que pasa estas negociaciones van cambiando el escenario”. Respecto a la reciente ola de iniciativas que buscan derogar o reformar la Ley 462 de la Caja de Seguro Social, Lee expresó reservas. Aunque votó en contra de la norma original, no apoya su derogación total. A su juicio, “estas iniciativas de ley me parecen más politiquería barata de estos partidos como PRD”, y acusó a sus promotores de haber “reinado la corrupción a otro nivel” duranteelúltimoquinquenio. El pasado 2 de julio, en el primer día de trabajo del segundo periodo de sesiones, los diputados del PRD Jairo Bolota Salazar y Crispiano Adames presentaron, por separado, anteproyectos de ley para derogar la norma mencionada. En marzo, cuando el Legislativo aprobó la reforma, el PRD votó en contra. Lee cerró la entrevista con unllamadoalaseparaciónde poderes y al rol fiscalizador de los diputados. “Nosotros tenemos que hacer lo propio, no podemos ser sumisos”, dijo. “La Constitución dice que tenemos que trabajar en armónica colaboración, pero no arrodillarnos ante el Ejecutivo”. Juan Manuel Díaz [email protected] Fiscalía acusa a 12 personas por presunta corrupción y lavado de dinero CASO SALUD PANAMÁ La fiscal anticorrupción María Araúz presentó ayer ante el juez de garantías José Monfante una solicitud formal de imputación contra 12 personas, entre funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y del Ministerio de Salud (Minsa), por la supuesta comisión de los delitos de corrupción de funcionarios, falsificación de documentos y blanqueo de capitales. La audiencia reveló los detalles de un complejo entramado que habría desviado $556 mil de fondos públicos. Según la fiscalía, el esquema surgió desde la Dirección de Salud del Minsa en la provincia de Herrera, donde se emitieron instrucciones para cambiar las cuentas bancarias originalmente destinadas a la empresa China Construcción, hacia cuentas vinculadas al Instituto Internacional para el Tratamiento de Enfermedades Inmunodepresoras. Con esta operación, el MEF efectuó los desembolsos a estas cuentas alteradas. Posteriormente, se emitieron 18 cheques que, en lugar de cumplir con sus fines legítimos, fueron repartidos entre funcionarios públicos y particulares involucrados en el fraude. La fiscal detalló que los fondos circularon hacia la sociedad Salud Panamá, una de las entidades fachada que sirvió para redistribuir el dinero a terceros. Entre los funcionarios implicados, algunos recibieron depósitos que variaron entre $300, $2,000 y hasta $5,000, mientras que ciertos particulares fueron beneficiados con transferencias de hasta $280,000. Para sustentar la acusación, la Fiscalía presentó un informe elaborado por la Dirección de Investigación Judicial de los movimientos financieros que evidenció el desvío del dinero. Más temprano, el juez Monfante declaró ilegales las órdenes de aprehensión emitidas por la fiscalía, fundamentado en que a los aprehendidos no se les entregó copia de las órdenes ni se les leyeron sus derechos constitucionales, lo que vulneró garantías básicas del debido proceso. El juez deberá ahora resolver si admite o no la imputación contra los 12 investigados. Jorge Herrera tras ser electo el 1 de julio, en la sesión de instalación de la primera legislatura del segundo año de gobierno. Elysée Fernández Presidente de la Asamblea Nacional desmiente presunta compra de votos Eliana Morales Gil [email protected] PODER LEGISLATIVO Jorge Herrera niega acusaciones del contralor Anel Flores sobre una supuesta donación privada para influir en los votos durante la elección legislativa del 1 de julio. El nuevo presidente de la Asamblea Nacional, el panameñista Jorge Herrera, rechazó ayer las acusaciones del contralor general, Anel Flores, quien vinculó a un empresario lechero de Aguadulce con supuestos pagos a diputados de Vamos y Cambio Democrático para inclinar la votación del 1 de julio. El pasado jueves, Flores declaró que, aparentemente, un empresario lechero, amigo de Herrera, dio “un dinero importante” para cambiar votos en favor del nuevo presidente del Legislativo, y apuntó a cuatro diputados de la bancada Vamos y tres de Cambio Democrático. No mencionó nombres. “Que se investigue quién es ese empresario que tiene una lechería en Aguadulce; creo que es muy amigo de Herrera”, dijo el funcionario encargado de fiscalizar las finanzas públicas. Herrera le devolvió el golpe: “El pueblo panameño ya habló y escogió a 71 diputados… nosotros no tuvimos nada que ofrecerle a nadie”, dijo. Recordó que su candidatura se apoyó en una coalición conformada por el colectivo al que pertenece, el Partido Panameñista; Vamos, Cambio Democrático, la bancada Seguimos y en los votos de Patsy Lee y Eliecer Castrellón, del Partido Popular. El diputado detalló que jamás conversó con Flores sobre la escogencia de la directiva. “En ningún momento existió comunicación con el contralor sobre la elección”, afirmó. El contralor también contó que, hace poco, se reunió con Herrera. Agenda inmediata El nuevo jefe del Legislativo, abordado por los medios de comunicación luego de un encuentro con la Asociación de Reservistas de Coclé, agrupación conformada por jubilados de la Policía Nacional y del Cuerpo de Bomberos de Panamá, también habló de los retos que enfrenta al frente del poder Legislativo. Su agenda inmediata, explicó, incluye revisar el retensión: Herrera obtuvo 37 votos frente a los 34 que sumó la oficialista Shirley Castañedas, candidata de Realizando Metas y el Partido Revolucionario Democrático (PRD). Diputados de la bancada independiente Vamos denunciaron públicamente que ese día varios integrantes del Ejecutivo se pasearon por los pasillos legislativos, ejerciendo presión sobre algunos diputados con el propósito de que votaran por Castañedas. Mencionaron al contralor Flores, así como a Ventura Vega, secretario general de la Contraloría, y a Jorge Ricardo Fábrega, asesor del presidente José Raúl Mulino. Flores lo negó y advirtió que revelará “dossieres” con solicitudes de nombramiento y otros favores que, según él, varios diputados le han llevado a su despacho. El episodio encendió alarmas desde lo jurídico. El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Edgardo Molino Mola, calificó la supuesta intervención de la Contraloría como “una violación a los principios de separación de poderes”. A su juicio, el caso expone la fragilidad de la independencia entre los órganos del Estado. Con el ambiente aún crispado, Herrera aseguró que la nueva mayoría legislativa “abrirá las puertas” a la ciudadanía y actuará “de la mano del Ejecutivo”, siempre que las leyes “den tranquilidad y trabajo al pueblo panameño”. El próximo lunes, adelantó, se reunirá la directiva ampliada para empezar a definir las comisiones de trabajo. glamento interno, impulsar proyectos de ley para reformar la carrera administrativa legislativa, atender los temas de agua potable y sanear las planillas de la Asamblea, que durante años han sido focos de escándalos. La presidencia del Legislativo se definió el pasado 1 de julio tras cinco horas de Oficinas del SPA del primer distrito judicial. LP
3A La Prensa Panamá, sábado 5 de julio de 2025
4A La Prensa Panamá, sábado 5 de julio de 2025 Panorama Nunca, en mis más de 40 años de ejercicio profesional, he visto un matraqueo tan vulgar, obsceno, vergonzoso y, encima de todo, en vivo. Perdió el país y su institucionalidad, pero más que nadie, el presidente de la República. Fue descarada su hipocresía al tratar de negar lo que todos vimos por televisión: el evidente matraqueo que reinó durante cinco horas antes de instalarse la sesión en la que se elegiría un nuevo presidente del Órgano Legislativo. Son varios los diputados que han denunciado las presiones de operadores políticos: cercanos colaboradores del presidente de la República y de altos funcionarios de una institución que debería estar al margen de la política. Pero allí estaban, tratando de torcer brazos en los salones contiguos al hemiciclo legislativo, según denunciaron las mismas fuentes. El contralor, Bolo Flores, negó haber sido parte de ese engranaje articulador de una estrategia para defenestrar la candidatura del hoy nuevo presidente de la Asamblea, el panameñista Jorge Herrera, o para que ganara alguna de las dos Castañedas. Negó, pero también amenazó con chantajes. Dijo tener en su poder cartas de diputados solicitando nombramientos en la Contraloría y que sabía de un “importante empresario” que había “donado” dinero para hacer comprar los votos de diputados de la coalición Vamos. No sé qué espera Flores para hacer las denuncias correspondientes, tal como lo exige su deber. Lo único que se me ocurre para que no lo haga es la carencia de pruebas. En consecuencia, sus palabras automáticamente se convierten en un rumor de pasillo, porque, a decir verdad, es la primera vez que escucho algo semejante. Y, para ser un bocazas, el señor Flores sabía –hasta ahora– guardar muy bien esos secretitos y confidencias de los supuestos diputados que han ido a tocarle la puerta. No sé si fueron a pedirle nombramientos de sus esposas, hijos o hermanos, como él afirma, pero sí que ha recibido llamadas y hasta visitas del propio Herrera, quien está intercediendo –¿cómo por qué?– a favor de proveedores de la Alcaldía de Aguadulce, su antiguo feudo. Pero, volviendo al martes negro, desde el presidente hacia abajo, todos actuaron como rufianes ese martes, no muy distantes de los vándalos de Bocas del Toro, solo que unos destruían bienes materiales y los otros, bienes de mayor valor: institucionalidad y democracia, pero pretendiendo ser respetuosos de eso mismo que querían destruir. Ello se hizo patente en el discurso del presidente: bien escrito, y mucho mejor actuado. Tanto así, que Mulino, en el preámbulo de su mensaje a la Nación, dijo a la faz de todo el país –sin dudarlo y con una desvergüenza abrumadora– que el resultado de esas elecciones legislativas enviaba “un mensaje claro: en esta nueva forma de gobernar no hay presiones, compra de conciencias, ‘maletinazos’ ni matraqueo”. Señor presidente, quizás no sabe que durante cinco horas vimos lo que usted parece no haber visto. La suya, fue una actuación hollywoodense, pero no la de un estadista. La maleantería fue el gran ganador, después de Herrera. Ni siquiera el cuello y la corbata sirvieron para disimular lo que para todo el país fue evidente. Creían que todo se solucionaría antes de que el presidente regresara de España, de donde lo único que trajo fueron fotografías. Fue un descuido imperdonable, pues es quizá el año más importante de su agenda presidencial, pero sus operadores fracasaron. Y no bien perdió, tomó otro avión para ir a recibir homenajes en Argentina, siempre acompañado de sus inseparables compañeros de viaje. Ojalá no regrese al país con otro caballo, como cuando lo hizo de su viaje a Perú, meses atrás. En cuanto a la coalición que llevó a Herrera a la presidencia de la Asamblea, me atrevo a afirmar que es precaria. Herrera se metió en el mismo saco donde conviven en frágil unión fieras legislativas que, al menor atisbo de traición, de querer mantener el statu quo, no dudarán en hacerlo cenizas. Más le vale que cumpla lo prometido o, de lo contrario, su nombre será arrastrado como nunca. Salir del anonimato para ir a las grandes ligas con intenciones de satisfacer codicia o sed de poder sería una pésima idea, dada la ferocidad de sus nuevos socios legislativos. Sábado Picante Rolando Rodríguez [email protected] Lucy Molinar, ministra de Educación. Archivo Molinar reitera que no firmará finiquito de huelga Yaritza Mojica [email protected] PARO INDEFINIDO La ministra de Educación expresó ayer que ‘no puede pagar a quien no trabaja’, en alusión a las expectativas de los docentes que están en paro y que alegan que quieren volver a las aulas con la garantía de que no se atropellen sus derechos. La ministra de Educación, Lucy Molinar, dijo que no firmará ningún finiquito de huelga, en respuesta a la solicitud hecha por los gremios magisteriales, quienes condicionaron su regreso a las aulas el 7 de julio, a que se garanticen sus derechos laborales, incluyendo el pago de su salario a pesar de no estar impartiendo clases. Molinar indicó: “Esta no es una huelga, esto es un paro unilateral. Yo no puedo firmar un finiquito de huelga porque esto no es una huelga legal”. Añadió que “los temas por los que ellos están luchando no tienen nada que ver con la educación”. Durante su llegada a la Expo Vocacional Futuro 360, la ministra enfatizó que debe cumplir con la normativa: “Si tú no trabajas, no puedes recibir pago. Eso no se puede hacer”. Tras concluir la reunión en el Palacio Legislativo — el jueves 3 de julio— con la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional, a cargo de Jorge Herrera, los gremios reiteraron que “desde hace rato están diciendo que quieren volver a las aulas y a las clases; sin embargo, no existe ninguna respuesta ante esa petición, que está respaldada incluso por la empresa privada, la Iglesia y ahora también por el Órgano Legislativo”. Expresaron que el retorno a clases depende de una respuesta del Ejecutivo, al que acusan de mantener cerradas las puertas al diálogo. Han insistido en la necesidad de establecer una mesa de advenimiento que permita alcanzar un acuerdo para reactivar el sistema educativo sin atropellar los derechos adquiridos por concurso de los maestros y profesores del país. Con respecto a las declaraciones de Molinar de no firmar un finiquito de huelga, el secretario general de la Asociación de Profesores de la República de Panamá (Asoprof), Fernando Ábrego, argumentó que todas las huelgas son, por definición, acciones unilaterales de los trabajadores y que corresponde a los tribunales de justicia, no al ministerio, determinar su legalidad. “La legalidad o no de la huelga, serán los tribunales, la Corte Suprema de Justicia la que puede decidir esa situación y en su defecto la Organización Internacional del Trabajo y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero no es la ministra la que va a determinar si es legal o ilegal, y mucho menos Bolo Flores —refiriéndose al contralor Anel Flores—”, dijo el dirigente. Ábrego reiteró que los docentes en paro están dispuesto a regresar a las aulas el lunes, siempre y cuando se garanticen los derechos. Sin embargo, “si la ministra de Educación no quiere sentarse, entonces el gobierno nacional que designe a alguien que sí quiera que las clases se regularicen a partir del lunes”, indicó. Según el dirigente “no se puede negociar con alguien que no quiere, entonces hay que sentarse con alguien que sí quiere que las clases se reinicien el lunes 7, y listo, problema resuelto”. En tanto, Molinar manifestó que se ha solicitado en reiteradas ocasiones a los docentes que regresen a las aulas, recordando que su función principal es atender a los estudiantes. Criticó que algunos sectores utilicen a los alumnos como instrumento de presión, señalando que se ha amenazado con no entregar notas como medida de protesta. Sumado a esta situación, la ministra lamentó el impacto emocional que el paro ha generado en los estudiantes, indicando que el daño no solo es académico, sino también psicológico, según reportes de los gabinetes psicopedagógicos. Con respecto al retorno a clases esta semana, el Ministerio de Educación (Meduca) informó que en varias regiones educativas se ha regresado a las aulas, como es el caso de Bocas del Toro. La ministra reiteró a los gremios docentes en paro que no tiene competencia para negociar temas como la ley 462 de la Caja de Seguro Social, que reformó las jubilaciones en el país, y pidió a los docentes que dejen de usar a los estudiantes como rehenes de sus luchas. También, hizo un llamado a los padres de familia y a toda la sociedad a defender el derecho a la educación como una prioridad nacional. Sobre la Ley 462, Ábrego reiteró que los gremios han presentado propuestas para modificar artículos que consideran lesivos y espera que el Consejo Nacional de la Empresa Privada —que está actuando en calidad de mediador— actúe con responsabilidad en la discusión. Señaló que la Asamblea Nacional, la Iglesia Católica, algunos diputados y empresarios están de acuerdo con la revisión de la norma y con la firma de un acuerdo para el retorno a clases. Ereida Prieto-Barreiro [email protected] Mayer Mizrachi, alcalde del distrito de Panamá. Archivo Mizrachi asigna de forma directa $95 mil para organizar la feria de empleo CONTRATACIÓN Por un monto cercano a los $95 mil, el Municipio de Panamá contratará de forma directa a Soluciones LML Group, S.A. para organizar la Feria de Empleo 2025, luego de que el Consejo Municipal aprobara la solicitud presentada por el alcalde Mayer Mizrachi. La contratación incluye los servicios de organización, logística y realización del evento. Soluciones LML Group, S.A. fue constituida recientemente (el 17 de agosto de 2023, según consta en el Registro Público) y su presidenta, secretaría y apoderada es Iveth Loo, mientras que Jinhui Luo aparece como tesorero de la sociedad. Este medio verificó que, entre abril y mayo de este año, la Alcaldía de Panamá le adjudicó dos contratos menores por un total de $4,485, relacionados con la colocación de letreros. No se encontraron registros de que la empresa haya prestado servicios a otras entidades estatales. La Prensa intentó contactar a los representantes de la empresa, pero los tres números registrados a su nombre corresponden a otra compañía y a un particular, sin relación con Soluciones LML Group. De acuerdo con el artículo 80 del reglamento interno del Consejo Municipal, los acuerdos y resoluciones requieren un período de publicación de 10 días tras su sanción para entrar en vigencia. Sin embargo, el Consejo Municipal de Panamá aprobó la contratación el pasado jueves 3 de julio, dos días antes de la celebración de la feria, que será este sábado 5 de julio. Este medio consultó al alcalde Mizrachi para conocer quién recomendó a la empresa, cuál es su experiencia en este tipo de eventos, qué otras compañías fueron consideradas para ofertar y cómo se sustenta legalmente la contratación, pero no se obtuvo respuesta. En declaraciones previas, Mizrachi anunció que contará con un equipo que brindará asesoramiento a los aspirantes, con el fin de digitalizar y fortalecer sus hojas de vida. No está claro si se trata de personal municipal o de contrataciones adicionales.
5A La Prensa Panamá, sábado 5 de julio de 2025 Panorama Un grupo de eurodiputados presentó esta semana una moción de resolución que busca objetar la propuesta de la Comisión Europea de retirar a Panamá y a otros siete países de la lista de naciones consideradas de alto riesgo en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Aunque la moción aún no representa una decisión oficial del Parlamento Europeo, forma parte del proceso previo a la votación que está prevista para el próximo miércoles al mediodía, hora de Estrasburgo. La moción fue promovida por cuatro grupos políticos dentro del Parlamento y se enmarca en el análisis del reglamento delegado que la Comisión Europea presentó el 10 de junio. En dicho documento, la Comisión propone incluir en la lista a países como Argelia, Angola, Costa de Marfil, Kenia, Laos, Líbano, Mónaco, Namibia, Nepal y Venezuela. Al mismo tiempo, plantea eliminar de la lista a Barbados, Gibraltar, Jamaica, Panamá, Filipinas, Senegal, Uganda y Emiratos Árabes Unidos, al considerar que ya han corregido las deficiencias detectadas en sus sistemas de prevención, tras haber presentado compromisos políticos y planes de acción con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). No obstante, los eurodiputados que respaldan la moción advierten que el proceso de evaluación de la Comisión debe ser más autónomo, riguroso e independiente. Subrayan que las decisiones no deben basarse únicamente en los informes del GAFI, sino que deben considerar también los riesgos específicos que cada país representa para la estabilidad y seguridad del mercado interior de la Unión Europea. Los proponentes también criticaron el mecanismo actual de votación en bloque, que implica que todos los países propuestos en el reglamento delegado se evalúan y votan en un solo acto. Según argumentan, esta práctica puede distorsionar el proceso, ya que un desacuerdo sobre un solo país podría llevar al rechazo completo de la propuesta. Esto, a su juicio, permitiría que naciones que siguen incumpliendo los estándares internacionales queden fuera de la lista, mientras que otras que ya han demostrado avances continúen siendo catalogadas como de alto riesgo. En paralelo, los parlamentarios remarcaron la necesidad de adaptar el marco de prevención al dinamismo de las amenazas actuales, en un contexto donde las redes criminales y extremistas continúan utilizando nuevas tecnologías, como las criptomonedas, para eludir los controles financieros y mover fondos ilícitos. Por su parte, mediante un comunicado de prensa, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá, aclaró que “al dia de hoy, el Parlamento Europeo no ha llevado a cabo ninguna votación en relación con el acto delegado que propone la exclusión de Panamá (...) de la lista de países de alto riesgo en materia de prevención de blanqueo de capitales”. La votación formal sobre esta propuesta de resolución se espera para el miércoles 9 de julio a las 12 del medio día, hora de Estrasburgo (5:00 a.m. hora de Panamá). Solo en ese momento se conocerá si el Parlamento Europeo, en su conjunto, adopta o rechaza la posición que ya defienden varios de sus grupos políticos. Salida de Panamá de la lista de alto riesgo de UE, en duda PARLAMENTO EUROPEO Los diputados Crispiano Adames y Jairo Salazar el 2 de julio, en el hemiciclo. Elysée Fernández Adames y ‘Bolota’ impulsan derogar la reforma a la CSS Mario De Gracia [email protected] Yolanda Sandoval [email protected] ASAMBLEA NACIONAL En medio de señalamientos por presentar propuestas casi idénticas, Crispiano Adames y Jairo Salazar buscan derogar la Ley 462, pese a la negativa del Ejecutivo y el enfrentamiento físico que protagonizaron dentro del Legislativo. A pesar de un altercado descrito por los presentes como “de puños y patadas” en el Salón Chanchoré de la Asamblea Nacional el miércoles 2 de julio, ese mismo día los diputados perredistas Jairo Bolota Salazar y Crispiano Adames presentaron dos anteproyectos de ley similares para derogar la Ley 462 de 2025, que reformó la Caja de Seguro Social (CSS). Las propuestas se diferencian únicamente por su exposición de motivos, título y oraciones particulares. “Sí hubo coincidencias, pero responden al clamor de la ciudadanía”, justificó Adames al referirse a la similitudes entre ambos documentos. La armónica colaboración entre los diputados tuvo sus matices, al ser señalada como una de las causales de la “discrepancia” que protagonizaron en el Palacio Legislativo, no obstante, esta versión fue calificada como “invento” por parte de Adames y Salazar, que luego posaron abrazados en un video. Pero más allá del altercado, los anteproyectos de ley fueron criticados tan pronto llegaron al pleno. En palabras del diputado Ernesto Cedeño, “fue hecho por la misma persona. Solo cambia en uno, el considerando y el título, pero todos los artículos son los mismos. Algo inexplicable. La misma normativa repetida dos veces”. “A mi juicio, lo presentado no procede”, dijo el integrante de la bancada Seguimos —que componen el Movimiento Otro Camino (Moca) y el libre postulación Betserai Richards—. Adames luego criticó a Cedeño. “Eso no es de ahí”, le dijo durante las incidencias del jueves 3 de julio. “Tenemos que evitar hacer sustentos en las redes, obviando la función legislativa y criticándola de antemano, porque eso no es de ahí. Porque si la cosa es así, entonces usted honorable Cedeño tendrá mi fiscalización”, dijo Adames. Consecuentemente, explicó su anteproyecto, e implícitamente, el de Salazar. Todo, además, al tiempo que llegaba a la Asamblea un grupo de docentes que está en huelga en rechazo a la Ley 462 desde abril pasado, para reunirse con el diputado presidente Jorge Herrera y plantearle sus inquietudes. ¿Qué dicen los anteproyectos? Lo que plantean los anteproyectos presentados por Adames y Salazar es la derogación de toda la Ley 462, como plantea su artículo 1, y restablecer la vigencia de la Ley 51 de 2005, con todo su articulado y legislación conexa. La cercanía con distintos gremios que impulsan la idea de una nueva ley de seguridad social formaría parte de la propuesta de derogación que plantea Adames, tal como indicó en la exposición de Motivos. La materialización de aquello se expresa en el artículo 4 de ambos anteproyectos, que habla del establecimiento de una “Comisión de Alto Nivel” para desarrollar una nueva ley de seguridad social, que incluiría a los ministros de Salud, Economía y Finanzas y al director de la CSS. También a representantes principales de gremios y sus suplentes. La redacción, es prácticamente idéntica, pero en el artículo 4 hay excepciones. La propuesta de Adames incluye mediación de la Iglesia católica o la Defensoría del Pueblo, mientras que la de Salazar, no la incluye. Ambas implicarían la vuelta a la vida jurídica de varias normas que quedaron extintas con la reforma más reciente. Pero para que la propuesta prospere, primero tendría que pasar el escrutinio administrativo legislativo, para que la asigne a una comisión y se evalué su prohijamiento, algo que no ha pasado. No se toca Para el Ejecutivo, la Ley 462 no se toca. Al menos así lo ha repetido en varias ocasiones el propio presidente de la República, José Raúl Mulino, una narrativa que sostuvieron algunos de los ministros y funcionarios gubernamentales en los actos legislativos del 1 de julio, como el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac. Por su parte, Dino Mon, director de la CSS, manifestó que “no tiene sentido” que algunos sectores sigan insistiendo sobre la ley, con modificaciones. Una postura de más apertura a las modificaciones presenta el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, quien mencionó: “Los diputados están en pleno derecho de hacerlo [modificaciones] si así lo desean”. En tanto, la propuesta de Salazar y Adames va en contra de la postura oficialista que se aleja del diálogo por la Ley 462, algo que contrasta con el apoyo que dieron ambos diputados con su voto a la diputada del oficialista partido Realizando Metas (RM) y excandidata a la presidencia de la Asamblea, Shirley Castañedas, el pasado 1 de julio. Las propuestas similares son las primeras que se presentan para modificar la Ley 462, que rige desde el pasado 18 de marzo de 2025. La juez de garantías Clara Montenegro legalizó la aprehensión del Alcalde de Pocrí de Los Santos Manuel Soriano y otras cuatro personas a quienes la Fiscalía Anticorrupción acusa de peculado en perjuicio del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades). Soriano, quien se desempeñó como secretario ejecutivo de Conades hasta el año 2018, mantiene siete expedientes abiertos por el Ministerio Público en los que se le acusa de no haber gestionado la culminación de múltiples proyectos del Programa de sanidad básica que se desarrollaban en las provincias de Coclé, Los Santos, Veraguas y Colón. Durante la audiencia, que inició a las 2:00 p.m., siete fiscales que instruyen expedientes por contratos incumplidos en comunidades del interior del país, explicaron a la juez un cúmulo de irregularidades que llevaron a que muchos de los proyectos quedaran inconclusos. Tal es el caso de la carpetilla de proyectos desarrollados en la provincia de Coclé que fueron asignados a la empresa IF Constructions y que según la fiscalía no se realizaron y ocasionaron una lesión patrimonial por más de $100 mil. En este caso se trataba de la realización de 453 unidades de servicios básicos que se desarrollarían en el Caño, provincia de Coclé, pero que no se concluyeron. También se le atribuye resJuez legaliza la aprehensión del alcalde de Pocrí, Manuel Soriano CONADES ponsabilidad en las obras inconclusas desarrolladas en el programa en Macaracas, provincia de Los Santos por un monto de $3 millones. En este caso se debía construir un total de 1,104 servicios básicos en comunidades como Mogollón, Bajo Guera, Espino Amarillo y El Cedro. También mantiene una investigación relacionada con obras no concluidas en el distrito de Los Santos por un monto de $105 mil. A la vez, otro de los expedientes vincula a Soriano con la falta de ejecución de proyectos de sanidad básica en Los Pozos, provincia de Herrera por la suma de $93 mil 646 que tampoco se construyeron. También en la provincia de Herrera, pero esta vez en el distrito de Ocú, la fiscalía le atribuye participación por la no construcción de servicios sanitarios por un monto de $166,457. Por su parte, los abogados defensores se opusieron a la legalización de la aprehensión, alegando que Soriano es una figura pública que pudo ser notificada por la fiscalía de la existencia de una investigación en su contra. La fiscalía también solicitó la imputación de cargos para Soriano y las otras cuatro personas entre las se encuentran Euclides Deago, director de sanidad básica de Conades, Omar Alexis Arrocha, Vitelio Martínez y Mitzila López. Juan Manuel Díaz [email protected] La fiscalía Anticorrupción practicó allanamientos en la residencia del Alcalde de Pocri. Cortesía Bandera de la Unión Europea en el Parlamento Europeo, en Estrasburgo. EFE
6A La Prensa Panamá, sábado 5 de julio de 2025 El director general de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Simón Henríquez, informó que la reciente Gran Jornada de Arreglo de Pago, que culminó el 2 de julio, permitió recuperar casi $4 millones. Originalmente, la deuda que mantenían los conductores morosos era de unos $59 millones. De este monto, $47,611,533.72 correspondían a lo adeudado en juzgados de tránsito, infracciones menores y arreglos de pago. A esta cifra se sumaban $11,839,273.19 acumulados por desacato a lo largo de los años. El director de la ATTT destacó que “gracias a la responsabilidad de 5,119 usuarios, logramos formalizar acuerdos de pago que nos han permitido recuperar casi 4 millones de dólares”. En total, la ATTT recaudó $3,970,970, de los cuales $2,546,659.49 corresponden al pago inicial del 10% requerido para acogerse al plan de arreglo. Henríquez anunció una nueva fase de fiscalización con controles más estrictos. “A partir de ahora, intensificaremos los operativos junto con el Juez Ejecutor. ATTT recupera casi $4 millones en jornada de arreglo de pago INFRACCIONES Aquellos conductores con morosidad elevada o en desacato legal enfrentarán la retención de sus vehículos hasta presentar el paz y salvo correspondiente”, dijo. Además, adelantó que ya se han iniciado acciones legales para incautar bienes a deudores reincidentes, como parte de una estrategia para fomentar el cumplimiento de las obligaciones y promover una cultura de responsabilidad en la conducción. Las declaraciones de Henríquez se dieron durante la presentación oficial de la tarjeta conmemorativa para el transporte público, diseñada para promover la movilidad segura y responsable en el país. Esta iniciativa fue desarrollada en alianza entre la ATTT y Sonda. Se trata de una edición limitada de 20,000 tarjetas, disponibles en las principales zonas pagas del sistema de transporte. La tarjeta podrá utilizarse tanto en el Metro de Panamá como en el Metrobús, y cuenta con las mismas funcionalidades que las tarjetas regulares. Las inspecciones fueron efectuadas en 2024. Cortesía Tras inspección, solo 10 escuelas de manejo obtienen certificación Yaritza Mojica [email protected] Yaritza Mojica [email protected] SERVICIO REGULADO De las 96 escuelas de manejo operativas en el país, solo 10 han obtenido la resolución de certificación y un 20% del total está pendiente de inspección. Una actualización e inspección de 96 escuelas de manejo que operan en el país adelanta la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), como parte de un proceso de supervisión que busca garantizar una formación adecuada para los nuevos conductores. La evaluación se realiza luego de que, en septiembre de 2024, se detectó que varias escuelas de manejo no cumplían con los documentos establecidos por la normativa. Tampoco tenían la certificación de inspección que dicta el Resuelto No. 380 del 4 de diciembre de 2000, el cual regula la enseñanza vial y la capacitaciónenelmanejodevehículosamotorenelpaís. Las inspecciones fueron realizadas el año pasado por el Departamento de Inspección de Escuelas de Manejo de la ATTT, iniciando con una jornada de actualización de documentos legales y técnicos. Durante este proceso se detectó que en la administración del presidente Laurentino Cortizo no realizó las inspecciones como corresponde,esdecir,unavezalaño. En Panamá, el Estado ha delegado en las escuelas de manejo privadas la obligación de capacitar a quienes aspiran a conducir y portar una licencia de manejo. Para poder presentarse al examen de licencia, es indispensable contar con un certificado teórico y práctico emitido por una escuela de manejo autorizada por la ATTT. Este certificado cuesta alrededor de 300 dólares y, cubre apenas 36 horas de instrucción, repartidas en aproximadamente cinco días. Cualquiera que haya pasado por ese proceso —o simplemente use las calles del país— sabe que nadie aprende a conducir responsable ni conscientemente en tan poco tiempo. Lo que sucede en la práctica es que muchos deben buscar cómo aprender por su cuenta, con familiares o conocidos, antes de siquiera acercarse a una escuela. Osiris Gratacós de Alvarado, directora de Educación Vial y Defensa del Usuario de la ATTT, informó que, con las nuevas evaluaciones de las escuelas, ya se ha completado el 80% del proceso de inspección de las 96 escuelas de manejo operativas en el país. El 20% restante, ubicado mayormente en el interior, se espera completar en los próximos dos o tres meses. Con respecto a la certificación, se han emitido 10 nuevos resueltos que certifican el funcionamiento de las escuelas conforme a los requisitos legales. “Hemos logrado ya presentar alrededor de unos 10 nuevos resueltos de escuelas de manejo, es decir, que han terminado un proceso positivamente. El resto está en la oficina legal de la institución para que siga el procedimiento correspondiente y, si tienen alguna subsanación que hacer, se les dé la oportunidad de corregir cualquier pendiente”, indicó. Gratacós explicó que, si bien la Resolución 380 permite a las escuelas continuar operando sin una resolución nueva, el objetivo de la entidad es asegurar que todas cumplan con los estándares establecidos. Entre los aspectos a verificar en las escuelas de manejo están que sus facilitadores sean idóneos, que su temario sea correcto y que estén impartiendo las 20 horas de teoría y las 16 horas de práctica requeridas, con el fin de “tener un conductor capacitado y, sobre todo, que conozca la norma y entienda por qué debe respetarla”, advirtió. Precisamente, una de las debilidades detectadas es el incumplimiento por parte del estudiante de las horas mínimas de capacitación, deficiencias en la documentación administrativa y problemas con los vehículos utilizados,loscualesdebencontar con pólizas vigentes y estar en condiciones óptimas. Además, Gratacós hizo un llamado a la ciudadanía a tomar conciencia sobre su responsabilidad al volante. Indicó que muchos aspirantes a licencias rechazan completar la formación por falta de tiempo, lo cual representa un riesgo para la seguridad vial. La funcionaria recordó que Panamá está comprometido a reducir en un 50% las víctimas de accidentes de tránsito para 2030, una meta respaldada por organismos internacionales como las Naciones Unidas. Solo el último fin de semana de junio se registraron cinco víctimas fatales por accidentes de tránsito y se colocaron 3,499 boletas por infracciones, la mayoría relacionadas con exceso de velocidad. Escuelas buscan la certificación Grecia Medina, representante de la Escuela de Manejo ACC II, confirmó que, luego de varios años sin contar con un resuelto, se ha logrado entregar el documento que certifica el trabajo que realizan. Esta escuela es una de las 10 que obtuvo la certificación este año. La empresaria indicó que “en años anteriores sí se realizaron inspecciones, pero nunca entregaban las certificaciones ni daban seguimiento formal”. Destacó que ahora las evaluaciones han sido más organizadas; incluso la ATTT brindó asesoría directa sobre aspectos técnicosyadministrativos. Con respecto al cumplimiento de las 20 horas teóricas y 16 horas prácticas obligatorias, Medina reconoció que muchos usuarios intentan acortar los tiempos del curso, pero insistió en que es responsabilidad de las escuelas mantener la calidad del proceso, ya que el tiempo del curso es obligatorio. En el caso de su escuela, Medina explicó que han optado por reforzar el contenido, adaptar horarios, ofrecer clases presenciales atractivas y usar recursos visuales para educar también a los padres que acompañan a sus hijos. La administradora subrayó que obtener una licencia no debe verse como un trámite o un derecho automático, sino como un privilegio que conlleva una gran responsabilidad. “Nosotros no somos un supermercado de licencias”, afirmó, haciendo referencia a la competencia desleal de centros que emiten certificaciones sin cumplir con los requisitos legales. Otra escuela de manejo ubicada en Los Pueblos confirmó que este año la ATTT sí está haciendo las evaluaciones y que, en su caso particular, está en proceso de subsanación de las rotulaciones de algunos vehículos utilizados por los estudiantes. Aunque no reveló el nombre de la escuela, debido a que está en proceso legal de subsanación, indicó que espera que, con la evaluación y certificación anual, queden fuera del mercado aquellas escuelas que venden de forma irregular los diplomas a quienes desean obtener la licencia de conducir. El Consejo Interinstitucional de Certificación Básica en Medicina del Ministerio de Salud (Minsa) estableció un nuevo puntaje mínimo,del45%,paraquelosgraduados en medicina puedan ingresar al internado médico. Esta medida, formalizada mediante la Resolución No. 1 y publicada el 4 de junio de 2025 en la Gaceta Oficial, aplicará para la próxima prueba, en agosto. Anteriormente, el puntaje mínimo era del 41.5%, según la Resolución No. 3 de 2020. Este ajuste tiene como objetivo elevar los estándares de formación de los futuros médicos, asegurando que los aspirantes cuenten con los conocimientos necesarios para ejercer la medicina de manera competente y segura. Sin embargo, este cambio es un reto, especialmente al observarse disparidades significativas en los resultados de los exámenes anteriores, donde el rendimiento varió considerablemente entre las universidades de origen. A través de la Resolución No. 2, también se han fijado las fechas para los exámenes de certificación en 2026: 16 de enero,16demayoy22deagosto. Resultados de la prueba de mayo de 2025 En la má reciente convocatoria, efectuada el 10 de ma45% será el puntaje mínimo del examen de certificación médica desde agosto EDUCACIÓN SUPERIOR yo, se presentaron 602 aspirantes, de los cuales solo el 55% aprobó el examen. El 45% no alcanzó el puntaje mínimo requerido. Además, entre aquellos que intentaron el examen más de una vez, la tasa de reprobación aumentó a 56%, lo que subraya las dificultades persistentes para algunos estudiantes. El análisis de los resultados por universidad revela disparidades notables. Por ejemplo, la Universidad Columbus presentó un bajo desempeño, con solo el 52% de los estudiantes aprobando. En la Universidad Latina, la tasa de aprobación fue del 44%. En contraste, la Universidad de Panamá destacó con una tasa de aprobados del 98%. La Universidad Americana reportó una tasa de reprobación del 71%. El examen de certificación básica, administrado desde 2014 en colaboración con la Universidad de Panamá y el Consejo de Evaluación Médica de Estados Unidos (NBME), tiene como propósito garantizar que los futuros internistas cuenten con los conocimientos esenciales para ejercer la medicina con calidad. Este examen está respaldado por la Ley 43 de 2004, que regula los requisitos para el ejercicio de la medicina en Panamá y establece que todos los médicos deben presentar una certificación de competencia profesional básica para obtener la idoneidad y poder ejercer en el sistema de salud público y privado. Aleida Samaniego C. [email protected] La carrera de Medicina es una de las más solicitadas en la Universidad de Panamá. Archivo Área de pago en las instalaciones de la ATTT. Cortesía Panorama
7A La Prensa Panamá, sábado 5 de julio de 2025 Panorama La ciudad de Doral, al sur de Florida, alberga la mayor comunidad de migrantes venezolanos en EUA. Getty Images Doral, la ciudad mas venezolana de EUA Los venezolanos apoyaron a Donald Trump en su campaña y ahora sufren el impacto de sus políticas migratorias. Viviana Ferrer trabajaba en un restaurante entre 8 y 12 horas al día. Cuando volvía a casa se entregaba a dos sensaciones: el dolor de sus pies cansados y las ganas de abrir un negocio propio. Aquel era su primer empleo. Por primera vez vivía lejos de su familia y fuera de Venezuela. Ferrer emigró en 2018, cuando tenía 23 años y acababa de graduarse de abogada, un título que no tendría validez en Estados Unidos, su destino migratorio. Había escuchado sobre una ciudad en el sur de Florida llamada Doral, donde vivían tantos venezolanos que era conocida como “Doralzuela”. Parecía el lugar ideal para alguien como ella, que no hablaba inglés y no conocía a nadie. “En Doral te sientes como en Venezuela. Es una comunidad tranquila y segura que está llena de venezolanos y te facilita el proceso de migrar porque uno se siente como en un pedacito de su tierra”, dice. Doral forma parte del conglomerado urbano de Miami y ha sido uno de los destinos principales de la comunidad venezolana que abandonó el país en la última década debido a la crisis política y económica. Y esa comunidad es la más afectada ahora por las decisiones del gobierno del presidente Donald Trump sobre las deportaciones de migrantes y el fin de programas de protección migratoria que beneficiaban a muchos venezolanos. En 2020, dos años después de instalarse en la ciudad y en plena pandemia, Ferrer abandonó el restaurante y se asoció con Andrea Cabrera para invertir sus ahorros en un Freightliner MT45, un camión mediano del año 1997, diseñado para entregas y transporte de mercancías. Apenas recibieron las llaves de aquel camión blanco, aprendieron de mecánica para hacer el mantenimiento ellas mismas. Instalaron una cocina y mandaron a pintar el camión de negro. Desde entonces lo llaman “El Negrito”. “Soy fan de la arepa y mi sueño era tener un camión para vender las mejores arepas de Miami”, dice Ferrer entre risas desde la cocina de Arepa Point, el food truck que aparca cada noche en un estacionamiento de Doral para ofrecer comida venezolana desde las 7:00 pm hasta la medianoche. “Despachamos unas 200 arepas cada noche”, dice Ferrer mientras abandona el camión por la puerta trasera para darle espacio a los cocineros. “Y sentimos que esto apenas comienza”. Ferrer es un ejemplo del empuje emprendedor de los venezolanos en Doral. El crecimiento de Doral Doral es uno de los 34 municipios del condado de Miami-Dade, con una población de 79,359 habitantes en 2023, de los cuales 32.3% era de origen venezolano, según la encuesta anual del Censo de Estados Unidos. La palabra Doral combina los nombres de Doris y Alfred Kaskel, una pareja de migrantes polacos judíos que invertía en bienes raíces y compró un extenso terreno, a finales de la década de 1950, para construir un campo de golf y un hotel desde donde luego creció la ciudad. Los Kaskel inauguraron el Doral Hotel and Country Club en 1962. Dos años después, esta propiedad hospedó el Doral Open Invitational, el campeonato de golf profesional más importante de Florida. En 2012, Trump compró el club por $150 millones y lo convirtió en el Trump National Doral Golf Club, que no sólo alberga torneos internacionales sino que recibe al mandatario cuando visita sus propiedades en Florida. Doral ha figurado en la lista de las ciudades más pujantes de Florida e incluso de Estados Unidos, una posición reforzada por la inversión de un empresario como Trump. Entre 2002 y 2014, la economía local creció 21% mientras que la tasa de empleo aumentó 2,6 veces más rápido que el resto del condado de Miami-Dade, indica un estudio de la Universidad Internacional de Florida. En 2017, Doral conquistó el hito de ser la ciudad de más rápido crecimiento de Florida y la undécima del país, según datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos. Uno de los factores que ha influido en este crecimiento es su cercanía con el Aeropuerto Internacional de Miami, por donde transitaron 56 millones de pasajeros en 2024, y que alimenta una amplia red de empresas de logística y servicios para el terminal aéreo. Y en esa expansión tuvo mucho que ver la creciente población de origen venezolano, que acumula un estimado de 903,000 personas en Estados Unidos, de acuerdo al censo de 2021, y es el grupo hispano que creció más rápidamente en los últimos años, con un aumento de 181,5% entre 2010 y 2020. Por eso se dice que Doral es la ciudad más venezolana de Estados Unidos. La prosperidad económica atrajo nuevos migrantes, quienes contribuyeron al crecimiento de 42,3% de la población de Doral entre 2015 y 2023. Este período coincide con la llamada emergencia humanitaria en Venezuela, en la que 7.9 millones de personas emigraron del país debido a la crisis económica, el colapso de los servicios públicos y la violencia, de acuerdo con la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados. Los venezolanos que emigraron a Doral buscaban aprovechar la conexión que siempre hubo entre Venezuela y Miami. “Hemos visto diferentes olas de migrantes en Doral”, asegura Christi Fraga, alcaldesa de la ciudad. Descendiente de una familia cubana, Fraga observa un patrón que se repite entre los migrantes venezolanos y cubanos: cuando la situación en sus países de origen se agrava, aumenta la llegada de migrantes a Doral. “Al principio, los (venezolanos) que emigraron fueron los que estuvieron en contra del gobierno de (Hugo) Chávez, empresarios que querían sacar sus inversiones y traerlas a Estados Unidos”, dice Fraga. “Pero en los últimos años vimos personas que no tenían recursos y arriesgaron todo para venir, hasta sus propias vidas. Eso realmente pone un estrés en los recursos de cada ciudad, en la infraestructura, en los colegios. La migración es un tema muy sensible”. “¿A qué me voy a ir yo a Miami?” Frank Carreño, presidente de la Cámara Venezolana Americana de Comercio, ha presenciado ese proceso desde que llegó a Doral en el año 2003. “Al principio esto era monte y culebra, estaba prácticamente despoblado. Lo que había era grandes extensiones de terreno con vacas y dos calles principales”, recuerda sentado en una mesa en El Arepazo, un restaurante de comida venezolana que sirve como punto de referencia en Doral. “Los venezolanos cabíamos todos en El Arepazo, pero la comunidad fue creciendo en la medida en que Venezuela se complicaba política, económica y socialmente. La gente se frotaba las manos porque eso significaba que iban a venir más inversionistas y más dinero”. Cuando Carreño regresaba a Venezuela de visita entre 2004 y 2008, sus conocidos le decían: “¿A qué me voy a ir yo a Miami? ¿A limpiar piscinas o a limpiar pocetas (lavabos)?”. Pero esa perspectiva cambió. “A partir de 2017, la gente me decía: ‘Yo quiero irme a Miami, así sea a limpiar piscinas o a limpiar pocetas’. Desde entonces, empezó a venir una ola migratoria que era más fuerza laboral, gente que venía dispuesta a trabajar en lo que fuese”. En 2012, los habitantes de Doral eligieron al empresario Luigi Boria como el primer alcalde de origen venezolano de Estados Unidos. Entre antiguos empresarios y nuevos emprendedores, la comunidad de Doral supone 40% de los afiliados de la cámara que Carreño preside y agrupa a un variado portafolio de compañías: desde bancos y restaurantes hasta locales de envíos y academias de artes marciales. El voto por Trump Durante el gobierno del presidente Joe Biden, la entrada irregular de migrantes por la frontera sur de Estados Unidos alcanzó niveles históricos y muchos de ellos fueron venezolanos que recibieron medidas migratorias especiales por las condiciones en Venezuela, como el Estatus de Protección Temporal (TPS) o permisos humanitarios (parole). Trump llegó a la Casa Blanca con la promesa de iniciar las deportaciones con los migrantes indocumentados que tuvieran antecedentes criminales. Y convenció a sus “vecinos” de Doral: ganó con alrededor de 60% de los votos en los precintos electorales de la ciudad, según cifras del condado de Miami-Dade. Lo que resultó inesperado en “Doralzuela” fue que el esfuerzo por expulsar a los migrantes se enfocara en los venezolanos, especialmente en los beneficiarios de TPS y parole, así como la insistencia del gobierno de Trump en asociar a los migrantes venezolanos con la peligrosa banda de crimen organizado Tren de Aragua. “Voté por Trump pensando que nos iba a ayudar a salir del gobierno de (Nicolás) Maduro y resulta que ahora negocia con él y ataca a los venezolanos”, dijo a BBC Mundo una residente de Doral que pidió no dar su nombre para evitar represalias contra su familia en Venezuela. El viernes 31 de enero, dos días después de asumir su segundo mandato, un emisario de Trump se reunió con Maduro en Caracas para obtener el compromiso de que su gobierno recibiría los vuelos de migrantes deportados y liberaría a estadounidenses presos en Venezuela. María Alejandra Longobardi, una venezolana que se hizo ciudadana estadounidense después de obtener asilo, votó a favor de Trump para un segundo mandato. “Mi esperanza con él era el florecimiento de la economía. Pero el problema mayor que he visto es el miedo de la gente a ser deportada”, asegura mientras despacha paquetes para Venezuela desde su negocio de envíos en Doral. “Lo he sentido como una persecución hasta cierto punto. Y no me veo afectada, pero soy inmigrante, trabajo en este país y ésta es mi casa”. Para más información e historias personasles de este artículo, escanee el QR Andrea Cabrera y Viviana Ferrer abrieron un camión de venta de arepas en Doral durante la pandemia. Valentina Oropeza/BBC Mundo
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