2A La Prensa Panamá, viernes 4 de julio de 2025 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Mario De Gracia [email protected] Equipo de la Defensoría del Pueblo durante la visita a personas aprehendidas en un centro de detención improvisado durante el estado de Urgencia. Cortesía Defensoría emite ‘informe de alerta’ por aprehensiones en Bocas del Toro DERECHOS HUMANOS La Defensoría del Pueblo rindió un informe de alerta sobre “detenciones y derechos humanos” durante el Estado de urgencia decretado en Bocas del Toro entre el 20 y el 30 de junio de 2025: la data revela 137 posibles víctimas de violencia. A través de 186 entrevistas hechas en sitio a personas detenidas durante el estado de Urgencia, la Defensoría del Pueblo recopiló indicios de abusos que podrían representar vulneraciones a lo derechos humanos, informó el defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, en una rueda de prensa, ayer. Entre las observaciones, entrevistas y un informe preliminar de la Unidad para la prevención de la tortura de la Defensoría, se filtraron 104 entrevistas que dieron indicios de abusos, detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, tratos crueles e inhumanos y negación de atención médica. Unos 50 entrevistados reportaron situaciones de violencia o abuso durante su aprehensión y el traslado a un centro de reclusión por parte de la autoridad responsable; nueve lo reportaron durante la permanencia en un centro de detención y 68 lo reportaron en ambos casos. El ombudsman reportó que por el uso excesivo de la fuerza, golpes, esposamiento prolongado y exposición a gases lacrimógenos 101 personas reportaron afectaciones. Asimismo, señaló que unas 99 personas reportaron tratos inhumanos, 92 reportaron represalias o amenazas verbales, 78 reportaron negación de la atención médica, 92 reportaron detenciones arbitrarias y 26 reportaron presión para la coacción. Julio De Gracia, director de protección de los derechos humanos de la Defensoría, explicó que entre las presuntas violaciones a los derechos que se investigan, están quejas contra la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y el Servicio Nacional Aeronaval. Por otro lado, la directora de asesoría legal de la Defensoría presentaría ayer una denuncia ante el Ministerio Público por los hallazgos de la entidad, informó Leblanc. Leblanc instó a las autoridades a “reforzar controles internos que prevean abusos en situaciones de tensión social y operativos de seguridad”, apuntando lo anterior como un “compromiso ético a la democracia”. El presidente de la República, José Raúl Mulino, en el pleno de la Asamblea Nacional. Cortesía El contralor, los ‘dossieres’ y los votos: radiografía de una advertencia institucional Eliana Morales Gil [email protected] FISCALIZACIÓN Y PODER POLÍTICO ¿Hasta dónde puede llegar el contralor? La controversia por presuntas presiones durante la elección de la nueva directiva de la Asamblea abre un debate sobre la separación de poderes, el uso de información institucional y los límites del rol fiscalizador. El 1 de julio, mientras la Asamblea Nacional intentaba instalar su nueva junta directiva, el contralor general de la República, Anel Flores, según varios diputados, no era un espectador cualquiera. Su nombre y el de sus colaboradores comenzaron a circular entre pasillos, curules y salones legislativos como supuestos operadores en la pugna por imponer a Shirley Castañedas, la abogada personal del expresidente Ricardo Martinelli, como nueva presidenta del Legislativo. La maniobra fracasó. Ganó Jorge Herrera, del Partido Panameñista. Pero las secuelas del episodio todavía ensombrecen la institucionalidad panameña. Entre las voces que han advertido el peligro de lo ocurrido se encuentra la del exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Edgardo Molino Mola. Consultado por La Prensa, fue claro al afirmar que la intervención del contralor y otros funcionarios en un proceso legislativo representa una violación a los principios de separación de poderes. “No hay la menor duda de que eso sí ha ocurrido. Y eso no es correcto, porque es evidente que es una intervención de un órgano del Estado en la formación de otro. Eso está muy mal”, señaló Molino Mola, al comentar los señalamientos que hicieron los diputados de Vamos, Roberto Zúñiga y Janine Prado, entre otros, sobre la presencia de emisarios del Ejecutivo y la Contraloría en el recinto parlamentario. A los ojos del jurista, lo más preocupante no es solo el hecho puntual de una presión, sino lo que revela del sistema político panameño. “La lección que deja esto es que aunque la Constitución habla de independencia de funciones, en la práctica son dependientes. Es como se dice aquí, favor con favor se paga. Tú me pides una cosa y yo te pido otra”, dijo. Esa lógica, añadió, ha contaminado históricamente la política panameña y sigue vigente en todos los niveles del poder. El contralor lo niega El contralor Anel Flores negó cualquier presión sobre diputados. Pero al ser cuestionado públicamente, respondió que tenía en su poder currículos y solicitudes de nombramientos enviadas por los mismos legisladores que ahora lo critican. Añadió que estaba dispuesto a hacerlos públicos. Para Molino Mola, ese comentario constituye una amenaza. “Es como decir: tú estás hablando de mí, ahora yo voy a sacar todo lo que yo conozco de ti”, explicó. Según el exmagistrado, la reacción de Flores demuestra un entendimiento transaccional de la política pública, en el que todo se negocia y nadie actúa por convicción. El exmagistrado también se refirió a otra acusación lanzada por el contralor: que un empresario habría donado “un dinero importante” para inclinar los votos a favor de Jorge Herrera. Mencionó a diputados de Vamos y de Cambio Democrático. “Pues entonces que lo diga. ¿Por qué no señala al empresario?”, cuestionó Molino Mola. El criterio del analista Desde otra óptica, el analista político José Stoute advirtió sobre los riesgos de especular sin pruebas directas. Para él, una acusación tan seria requiere respaldo de las personas supuestamente afectadas. “El problema que siempre tenemos aquí es que el afectado, o los afectados, si es que los hay, no son los que declaran. Todo lo demás es suposición”, sostuvo. Stoute reconoció que en este caso el contralor niega las acusaciones, mientras otras figuras lo responsabilizan. Pero subrayó que la clave está en que algún diputado diga con nombre propio: “sí, me presionaron, sí, me llamaron”. Mientras eso no ocurra, sostuvo, el debate se mantendrá en el terreno de la especulación política, no de la evidencia verificable. Respecto a las declaraciones del contralor sobre los currículos y el dinero, Stoute fue tajante: “Pues que lo haga. Que publique todo lo que dice tener. Un funcionario público no puede actuar en privado. Para eso que renuncie y vuelva al sector privado”. A su juicio, la transparencia no puede depender del humor o conveniencia del funcionario de turno. La voz de un constitucionalista El constitucionalista Jorge Giannareas colocó el foco en el bloqueo institucional tivo” porque permitirá una Asamblea con capacidad fiscalizadora. Una advertencia ética El abogado y exdefensor del Pueblo, Juan Antonio Tejada, en la red social X, expresó una preocupación de fondo: “Proteger la independencia y la objetividad de la Contraloría General de la República no solo es un deber legal, sino un imperativo ético. Utilizar su poder fiscalizador como parte del juego político socava su autoridad y legitimidad. Alerta temprana”. Un patrón que persiste Los testimonios convergen en un diagnóstico común: la interacción entre poderes continúa atravesada por intercambios de favores, presiones y amenazas veladas. Molino Mola lo llama “deshonestidad política”. Stoute lo describe como “cultura de opacidad”. Giannareas insiste en que la solución debe comenzar con reglas claras que impidan secuestrar una sesión y con un reconocimiento práctico de la separación de poderes. Mientras tanto, diputados de Vamos le dicen al contralor que presente pruebas y denuncias. Una de ellas la diputada Yamireliz Chong, quien lo cuestionó en X. “Señor Contralor: ¡No más bochinches, exigimos acción y seriedad! Es preocupante observar cómo un funcionario de su altura y con tanta responsabilidad se dedique a difundir rumores en lugar de cumplir con su verdadero deber. Si usted tiene información tan grave sobre actos de corrupción, su obligación es actuar conforme a la ley y presentar las denuncias formales, en lugar de esparcir “lo que le dicen por ahí”. Recordemos que, por ley, todo funcionario que conozca de un delito tiene la obligación de denunciar. La ley es muy clara al respecto. El Pueblo Panameño espera que su actuar sea de acuerdo con la seriedad y el compromiso que su cargo demanda“, escribió en X. que mantuvo la sesión paralizada durante cinco horas. “El espectáculo del primero de julio fue lamentable. Producto de ese afán por conseguir votos, la sesión no inició sino hasta cinco horas después”, dijo. Giannareas propuso reformar el reglamento interno de la Asamblea para impedir que la directiva secuestre el inicio de una reunión: “Bastaría con que la mayoría de los diputados decida iniciar la sesión y se inicia”, manifestó. Sobre la intromisión del contralor, fue categórico: “Cualquier intervención o interferencia es sencillamente inapropiada”. Recordó que la Constitución reserva a la Asamblea la potestad exclusiva de elegir su directiva y sus comisiones. “El Ejecutivo no tiene ningún rol. Tampoco otras instituciones”, afirmó. Para Giannareas, el desenlace que llevó a Herrera a la presidencia resulta “posi-
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