1A La Prensa Panamá, viernes 4 de julio de 2025 El medio libre de Panamá 75¢ Viernes 4 de julio de 2025 - Año 44 - Nº 15067 Hoy por hoy En un solo día, el país conoció tres hechos que no deben verse por separado: la captura del alcalde electo de Pocrí por presunto peculado; la desarticulación de una red de blanqueo dentro del MEF y el Minsa; y la toma de posesión de Senén Mosquera como presidente del Concejo capitalino, tras gestionar más de $4 millones de la llamada descentralización paralela y estar bajo investigación. Estos casos no son casualidad, ni simples errores administrativos. Reflejan un patrón que atraviesa municipios, ministerios y juntas comunales: el uso del Estado como botín. Que el MEF haya denunciado el fraude bancario es una señal de que aún hay instituciones que reaccionan. Pero es también prueba de lo frágil que es ese escudo cuando la corrupción opera desde adentro. Mientras se desvían fondos públicos, comunidades enteras siguen sin agua, salud o transporte digno. Urge actuar: investigar, sancionar y reformar. Porque si el poder solo sirve para enriquecerse, no hay democracia que resista ni ciudadanía que confíe. Aquí se construirán las estaciones del teleférico 6A Panorama ‘Nunca caminarás solo’: El mundo se despide de Diogo Jota La frase utilizada por el entrenador del Liverpool, Arne Slot, en una carta de condolencias dirigida a la familia de Diogo Jota, recoge el profundo afecto y respeto hacia el delantero portugués, quien fallecido a los 28 años, junto a su hermano. VEA 1B Contralor amenaza con publicación de ‘dossier’ Eliana Morales Gil [email protected] Diputados como Roberto Zúñiga acusaron al contralor Anel Bolo Flores de intentar influir en la elección de la junINSTITUCIONALIDAD Luego de que diputados lo señalaran por presiones políticas, Anel Flores dijo que revelaría currículos y solicitudes enviadas por los propios diputados. ta directiva de la Asamblea Nacional el pasado 1 de julio. Flores lo negó ayer, pero respondió que posee currículos y solicitudes de nombramiento enviadas por legisladores. El exmagistrado Edgardo Molino Mola fue contundente: la intervención de Flores en un proceso legislativo es una violación clara a la separación de poderes. A su juicio, lo más grave no es el episodio puntual, sino la normalización de una lógica transaccional en el sistema político, donde todo se negocia y el poder se ejerce como moneda de cambio. En tanto, la exmagistrada Esmeralda Arosemena advirtió que lo ocurrido refleja una presión institucional inaceptable, contraria a la ética democrática y agravada por la crisis social que exige responsabilidad y respeto a la institucionalidad. VEA 2A Cumbre del Mercosur Mulino pidió apoyo para proyecto de río Indio El presidente José Raúl Mulino pidió apoyo a sus colegas del Mercorsur para de proyecto de río Indio, una obra vital para el Canal de Panamá. El mandatario sostuvo encuentros bilaterales con presidentes como Javier Milei (Argentina) y Lula Da Silva (Brasil). Milei prometió cooperación agrícola y Lula confirmó que asistirá al Foro Económico de América Latina, que se celebrará en enero de 2026 en Panamá. Cortesía Senén Mosquera Cortesía Senén Mosquera, representante de Curundú, asumió la presidencia del Concejo de Panamá pese a estar denunciado por su papel en la gestión de más de $4 millones provenientes de la cuestionada descentralización paralela durante la administración pasada. Su elección ha generado críticas por la falta de transparencia y rendición de cuentas. La llegada de Mosquera a la presidencia del Concejo se da en un contexto de creciente escrutinio sobre el uso de fondos públicos por parte de gobiernos locales. Aunque la denuncia en su contra no ha derivado aún en una investigación formal, su rol en la distribución de recursos bajo el esquema de descentralización paralela plantea dudas sobre los criterios de asignación y el uso político de estos fondos. VEA 5A GOBIERNO LOCAL Gasoducto del Canal generaría 45 mil empleos Concejo de Panamá , en manos de edil denunciado El Canal de Panamá prevé licitar entre 2026 y 2027 un gasoducto valorado entre $4 mil y $8 mil millones, para transportar gas licuado y liberar capacidad en las esclusas. También proyecta nuevos puertos, un hub logístico y más zonas de almacenamiento. El proyecto generaría unos 10,000 empleos diPROYECTOS La condena al cierre de la agencia de ayuda USAID ordenado por Trump y que unió a Obama y a Bush www.prensa.com/bbc/ rectos, 16,000 indirectos y 19,000 inducidos durante su construcción, para un total estimado de 45,000 puestos de trabajo. Además, el Canal planea retomar y desarrollar cinco terminales clave: el Puerto de Corozal en el Pacífico; Isla Telfers, Bahía Limón y Rodman en el Caribe; y una terminal de contenedores en Palo Seco. VEA 3B
2A La Prensa Panamá, viernes 4 de julio de 2025 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Mario De Gracia [email protected] Equipo de la Defensoría del Pueblo durante la visita a personas aprehendidas en un centro de detención improvisado durante el estado de Urgencia. Cortesía Defensoría emite ‘informe de alerta’ por aprehensiones en Bocas del Toro DERECHOS HUMANOS La Defensoría del Pueblo rindió un informe de alerta sobre “detenciones y derechos humanos” durante el Estado de urgencia decretado en Bocas del Toro entre el 20 y el 30 de junio de 2025: la data revela 137 posibles víctimas de violencia. A través de 186 entrevistas hechas en sitio a personas detenidas durante el estado de Urgencia, la Defensoría del Pueblo recopiló indicios de abusos que podrían representar vulneraciones a lo derechos humanos, informó el defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, en una rueda de prensa, ayer. Entre las observaciones, entrevistas y un informe preliminar de la Unidad para la prevención de la tortura de la Defensoría, se filtraron 104 entrevistas que dieron indicios de abusos, detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, tratos crueles e inhumanos y negación de atención médica. Unos 50 entrevistados reportaron situaciones de violencia o abuso durante su aprehensión y el traslado a un centro de reclusión por parte de la autoridad responsable; nueve lo reportaron durante la permanencia en un centro de detención y 68 lo reportaron en ambos casos. El ombudsman reportó que por el uso excesivo de la fuerza, golpes, esposamiento prolongado y exposición a gases lacrimógenos 101 personas reportaron afectaciones. Asimismo, señaló que unas 99 personas reportaron tratos inhumanos, 92 reportaron represalias o amenazas verbales, 78 reportaron negación de la atención médica, 92 reportaron detenciones arbitrarias y 26 reportaron presión para la coacción. Julio De Gracia, director de protección de los derechos humanos de la Defensoría, explicó que entre las presuntas violaciones a los derechos que se investigan, están quejas contra la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y el Servicio Nacional Aeronaval. Por otro lado, la directora de asesoría legal de la Defensoría presentaría ayer una denuncia ante el Ministerio Público por los hallazgos de la entidad, informó Leblanc. Leblanc instó a las autoridades a “reforzar controles internos que prevean abusos en situaciones de tensión social y operativos de seguridad”, apuntando lo anterior como un “compromiso ético a la democracia”. El presidente de la República, José Raúl Mulino, en el pleno de la Asamblea Nacional. Cortesía El contralor, los ‘dossieres’ y los votos: radiografía de una advertencia institucional Eliana Morales Gil [email protected] FISCALIZACIÓN Y PODER POLÍTICO ¿Hasta dónde puede llegar el contralor? La controversia por presuntas presiones durante la elección de la nueva directiva de la Asamblea abre un debate sobre la separación de poderes, el uso de información institucional y los límites del rol fiscalizador. El 1 de julio, mientras la Asamblea Nacional intentaba instalar su nueva junta directiva, el contralor general de la República, Anel Flores, según varios diputados, no era un espectador cualquiera. Su nombre y el de sus colaboradores comenzaron a circular entre pasillos, curules y salones legislativos como supuestos operadores en la pugna por imponer a Shirley Castañedas, la abogada personal del expresidente Ricardo Martinelli, como nueva presidenta del Legislativo. La maniobra fracasó. Ganó Jorge Herrera, del Partido Panameñista. Pero las secuelas del episodio todavía ensombrecen la institucionalidad panameña. Entre las voces que han advertido el peligro de lo ocurrido se encuentra la del exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Edgardo Molino Mola. Consultado por La Prensa, fue claro al afirmar que la intervención del contralor y otros funcionarios en un proceso legislativo representa una violación a los principios de separación de poderes. “No hay la menor duda de que eso sí ha ocurrido. Y eso no es correcto, porque es evidente que es una intervención de un órgano del Estado en la formación de otro. Eso está muy mal”, señaló Molino Mola, al comentar los señalamientos que hicieron los diputados de Vamos, Roberto Zúñiga y Janine Prado, entre otros, sobre la presencia de emisarios del Ejecutivo y la Contraloría en el recinto parlamentario. A los ojos del jurista, lo más preocupante no es solo el hecho puntual de una presión, sino lo que revela del sistema político panameño. “La lección que deja esto es que aunque la Constitución habla de independencia de funciones, en la práctica son dependientes. Es como se dice aquí, favor con favor se paga. Tú me pides una cosa y yo te pido otra”, dijo. Esa lógica, añadió, ha contaminado históricamente la política panameña y sigue vigente en todos los niveles del poder. El contralor lo niega El contralor Anel Flores negó cualquier presión sobre diputados. Pero al ser cuestionado públicamente, respondió que tenía en su poder currículos y solicitudes de nombramientos enviadas por los mismos legisladores que ahora lo critican. Añadió que estaba dispuesto a hacerlos públicos. Para Molino Mola, ese comentario constituye una amenaza. “Es como decir: tú estás hablando de mí, ahora yo voy a sacar todo lo que yo conozco de ti”, explicó. Según el exmagistrado, la reacción de Flores demuestra un entendimiento transaccional de la política pública, en el que todo se negocia y nadie actúa por convicción. El exmagistrado también se refirió a otra acusación lanzada por el contralor: que un empresario habría donado “un dinero importante” para inclinar los votos a favor de Jorge Herrera. Mencionó a diputados de Vamos y de Cambio Democrático. “Pues entonces que lo diga. ¿Por qué no señala al empresario?”, cuestionó Molino Mola. El criterio del analista Desde otra óptica, el analista político José Stoute advirtió sobre los riesgos de especular sin pruebas directas. Para él, una acusación tan seria requiere respaldo de las personas supuestamente afectadas. “El problema que siempre tenemos aquí es que el afectado, o los afectados, si es que los hay, no son los que declaran. Todo lo demás es suposición”, sostuvo. Stoute reconoció que en este caso el contralor niega las acusaciones, mientras otras figuras lo responsabilizan. Pero subrayó que la clave está en que algún diputado diga con nombre propio: “sí, me presionaron, sí, me llamaron”. Mientras eso no ocurra, sostuvo, el debate se mantendrá en el terreno de la especulación política, no de la evidencia verificable. Respecto a las declaraciones del contralor sobre los currículos y el dinero, Stoute fue tajante: “Pues que lo haga. Que publique todo lo que dice tener. Un funcionario público no puede actuar en privado. Para eso que renuncie y vuelva al sector privado”. A su juicio, la transparencia no puede depender del humor o conveniencia del funcionario de turno. La voz de un constitucionalista El constitucionalista Jorge Giannareas colocó el foco en el bloqueo institucional tivo” porque permitirá una Asamblea con capacidad fiscalizadora. Una advertencia ética El abogado y exdefensor del Pueblo, Juan Antonio Tejada, en la red social X, expresó una preocupación de fondo: “Proteger la independencia y la objetividad de la Contraloría General de la República no solo es un deber legal, sino un imperativo ético. Utilizar su poder fiscalizador como parte del juego político socava su autoridad y legitimidad. Alerta temprana”. Un patrón que persiste Los testimonios convergen en un diagnóstico común: la interacción entre poderes continúa atravesada por intercambios de favores, presiones y amenazas veladas. Molino Mola lo llama “deshonestidad política”. Stoute lo describe como “cultura de opacidad”. Giannareas insiste en que la solución debe comenzar con reglas claras que impidan secuestrar una sesión y con un reconocimiento práctico de la separación de poderes. Mientras tanto, diputados de Vamos le dicen al contralor que presente pruebas y denuncias. Una de ellas la diputada Yamireliz Chong, quien lo cuestionó en X. “Señor Contralor: ¡No más bochinches, exigimos acción y seriedad! Es preocupante observar cómo un funcionario de su altura y con tanta responsabilidad se dedique a difundir rumores en lugar de cumplir con su verdadero deber. Si usted tiene información tan grave sobre actos de corrupción, su obligación es actuar conforme a la ley y presentar las denuncias formales, en lugar de esparcir “lo que le dicen por ahí”. Recordemos que, por ley, todo funcionario que conozca de un delito tiene la obligación de denunciar. La ley es muy clara al respecto. El Pueblo Panameño espera que su actuar sea de acuerdo con la seriedad y el compromiso que su cargo demanda“, escribió en X. que mantuvo la sesión paralizada durante cinco horas. “El espectáculo del primero de julio fue lamentable. Producto de ese afán por conseguir votos, la sesión no inició sino hasta cinco horas después”, dijo. Giannareas propuso reformar el reglamento interno de la Asamblea para impedir que la directiva secuestre el inicio de una reunión: “Bastaría con que la mayoría de los diputados decida iniciar la sesión y se inicia”, manifestó. Sobre la intromisión del contralor, fue categórico: “Cualquier intervención o interferencia es sencillamente inapropiada”. Recordó que la Constitución reserva a la Asamblea la potestad exclusiva de elegir su directiva y sus comisiones. “El Ejecutivo no tiene ningún rol. Tampoco otras instituciones”, afirmó. Para Giannareas, el desenlace que llevó a Herrera a la presidencia resulta “posi-
3A La Prensa Panamá, viernes 4 de julio de 2025
4A La Prensa Panamá, viernes 4 de julio de 2025 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] FANTASMAS. Si bien la sesión inaugural se dio el pasado martes, los cuentos de esa cripta están empezando a salir ahora. Y son de terror: amenazas, traiciones y funcionarios de alto rango ofreciendo dádivas son parte de la lápida donde yace la candidatura de Shirley Castañedas. A la diputada de Cambio Democrático (CD), Yesica Romero, le advirtieron que auditarían el período en el que ella fue alcaldesa de la junta comunal de Changuinola (20192024). ¿Quién podría hacer una amenaza como esa y que, además, fuera creíble? TRAPOS 1. Dicen que en política no existen casualidades. Justo ahora han destituido de la Contraloría a la esposa del diputado panameñista Ricardo Vigil. El contralor Anel Flores replicó que él no ha botado a nadie y reveló que contrató a la cónyuge porque Vigil le pidió el “favor”. De paso, el contralor dijo tener “dossiers” de varios diputados. Parece que algunos están añorando las viejas prácticas del gobierno de la locura. TRAPOS 2. El contralor Flores agregó que le “dijeron por ahí” que un “importante” empresario aparentemente hizo “donaciones” para cambiar votos. Según su relato, cuatro diputados de Vamos y tres de CD están “involucrados”. ¿A quién se refiere? Este señalamiento es muy grave. ¿Qué espera para poner la denuncia y aportar más información? Callarse los nombres solo lo convertirá en cómplice. ACOSO. Hay diputados de oposición que afirman que recibieron múltiples mensajes de WhatsApp y decenas de llamadas (que prefirieron no contestar) desde algún punto del territorio colombiano. Cualquiera diría que a nadie en el vecino país le interesaba la elección de la junta directiva de la Asamblea Nacional. Bueno, a casi nadie... La sorpresa de algunos fue tan grande, que hasta le avisaron de esas llamadas y mensajes al presidente de la República, al que seguramente eso le habrá hecho tanta gracia como un dolor en el nervio ciático. MATARIFE. Como si no bastara con las amenazas, el dueño de un matadero de Coclé llamó a Edwin Vergara para echarle en cara que había financiado su campaña y que ahora quería que votara por Shirley. Hay algunos donantes que consideran Soriano (centro) presentó su renuncia al cargo como secretario ejecutivo del Conades en noviembre de 2018. Cortesía Aprehenden a alcalde de Pocrí por presunto peculado Juan Manuel Díaz [email protected] PROCESO De acuerdo con las investigaciones, Soriano, como secretario ejecutivo del Conades durante la administración de Juan Carlos Varela, estaba a cargo de la supervisión del Programa de Sanidad Básica. La Fiscalía Anticorrupción ordenó la aprehensión del exsecretario ejecutivo del Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible (Conades) y actual Alcalde de Pocrí de las Tablas, Manuel Soriano, a quien se vincula con las irregularidades en el manejo del programa de sanidad básica, en el que se calcula una lesión por el orden los $8 millones. La aprehensión de Soriano se produjo en la mañana de ayer en el marco de una operación que involucró allanamientos en los corregimientos de Juan Díaz y San Francisco, en la provincia de Panamá. Mientras, en la provincia de Los Santos se practicaron diligencias en los corregimientos de Guararé y Pocrí. También se realizaron diligencias en el distrito de Arraiján, en la provincia de Panamá Oeste, y en el corregimiento de Monagrillo, distrito de Chitré, en la provincia de Herrera. De acuerdo con las investigaciones, Soriano, como secretario ejecutivo del Conades durante la administración de Juan Carlos Varela (2014-2019) estaba a cargo de la supervisión del Programa de sanidad básica, que incluía la construcción de servicios básicos en área de pobreza extrema en todo el país. Soriano presentó su renuncia al cargo como secretario ejecutivo del Conades en noviembre de 2018 y resultó electo como alcalde en los comicios electorales de mayo de 2024. En las diligencias realizadas se dio con la aprehensión de otras cinco personas, entre los que se encuentran contratistas a los que se les asignó la ejecución de las obras, que nunca fueron concluidas. Las obras inconclusas y las denuncias Las investigaciones realizadas por la fiscalía revelan que, por ejemplo, en Ocú, provincia de Herrera, en el programa de sanidad básica se debían haber ejecutado obras por un monto de $166 mil 457. En tanto, en el Valle de Antón, provincia de Coclé, se destinó la suma de $303 mil 345. Mientras que en el Caño, en el corregimiento de Natá, también en Coclé, las obras ascendían a $186 mil 118. Mientras en la comunidades del distrito de Macaracas como Mogollón, Bajo Guera, Espino Amarillo, El Cedro, y Las Palmas, las obras proyectadas alcanzaban los $718 mil 74. A los contratistas de estos proyectos se les entregaron adelantos para desarrollar las obras, pero la mayoría de ellos nunca se concretaron o se realizaron solo parcialmente. Hasta ahora, el Conades ha presentado 22 denuncias y cuatro querellas, todas relacionadas con contratos no ejecutados, relacionados con el proyecto de sanidad básica. También se han imputado cargos a cuatro personas, entre ellas contratistas a los que se habían asignado la construcción de los servicios básicos, pero no concluyeron. El Programa de Sanidad Básica fue una de las promesas de campaña del expresidente Juan Carlos Varela, con el cual se pretendía entregar 300 mil unidades sanitarias, pero solo se alcanzó la entrega de unas 215 mil, y era gestionado por Conades y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot). Al Conades le correspondía gestionar la construcción de unos 85 mil baños (servicio sanitario y ducha), con una inversión de al menos $238 millones, en función de un costo unitario estimado de $3 mil. Al Miviot le correspondía el resto del programa (215 mil baños). Sin embargo, el programa enfrentó una serie de dificultades como la falta de agua potable para la instalación de servicios básicos y dificultades de logística para el acceso a algunas poblaciones. Juan Manuel Díaz [email protected] La Fiscalía Anticorrupción realizó allanamientos en Panamá, Panamá Oeste y Azuero. Cortesía Desmantelan red de funcionarios del MEF, Minsa y particulares PRESUNTO BLANQUEO DE CAPITALES Una red integrada por funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), del Ministerio de Salud (Minsa) y particulares fue aprehendida por la Fiscalía Anticorrupción, como parte de un presunto esquema de corrupción y blanqueo de capitales mediante la simulación de cobros a empresas privadas. Los operativos se realizaron en las provincias de Panamá, Panamá Oeste y la región de Azuero, donde fueron aprehendidos dos funcionarios del MEF, dos del Minsa y seis particulares. Según las investigaciones, el grupo habría logrado desviar $556,543 pertenecientes a una empresa privada. De acuerdo con la fiscalía, los funcionarios enviaban correos electrónicos a distintas instituciones anunciando un supuesto “cambio” en el número de cuenta de empresas con las que el Estado mantenía compromisos financieros. Con ello, lograban que se hicieran desembolsos a cuentas personales de los miembros de la red, quienes luego distribuían el dinero en otras cuentas. Además, los implicados habrían falsificado documentos públicos para respaldar los pagos fraudulentos y desviar los fondos a cuentas del grupo criminal. La investigación se originó tras una denuncia presentada por el MEF el pasado 18 de enero, luego de detectar la irregularidad. Esto dio paso a la Operación Acrópolis, en la que el Ministerio Público logró ubicar y detener a los presuntos responsables. La fiscalía ha solicitado información bancaria de los 10 implicados para establecer la trazabilidad del dinero y determinar si existen más personas involucradas. En paralelo, la Fiscalía Anticorrupción ha ejecutado diligencias relacionadas con denuncias de presunto peculado en otras instituciones como el Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades). En este caso, ya se han imputado cuatro personas por peculado dentro del programa de Sanidad Básica, con una posible lesión patrimonial estimada en $8 millones. También se investigan posibles actos de corrupción en la Autoridad Nacional de Descentralización, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu), el Ministerio de Educación (Meduca) y nuevamente el Minsa. Los 10 detenidos serán presentados ante un juez de garantías para la formulación de cargos y la aplicación de medidas cautelares. que la política es para hacer negocios. Afortunadamente, hay diputados que piensan que no. ‘CASH BACK’. En medio de su desesperación y afanada por conseguir dos votos adicionales, la candidata perdedora habría prometido a sus colegas que reactivaría la planilla 172. ¿Eso lo sabían el contralor y Ventura Vega? ¿Acaso participaron de un plan? Ojalá que lo de los auditores, los relojes para marcar y la retención de cheques en abril y mayo no haya sido un acto preparatorio para arrodillar diputados el día de la elección. Autoridades descartan hallazgo de restos humanos La Procuraduría General de la Nación informó que, pese a las diligencias realizadas, no se ha localizado hasta el momento ningún cadáver en el área de San San, provincia de Bocas del Toro, como fue denunciado a través de redes sociales. Según un comunicado publicado ayer, han iniciado una investigación de oficio que busca determinar la veracidad de la información que alertaba sobre restos humanos en una zona cercana a un cementerio, con el objetivo de garantizar la paz y tranquilidad de la población. Horas antes, el Cuerpo de Bomberos confirmó haber recibido, el pasado 29 de junio, la solicitud formal por parte de la Fiscalía Adjunta de la Sección Primaria de Bocas del Toro, a cargo de la fiscal Vielka Salinas, el apoyo de la entidad para conformar un equipo de búsqueda en el área del bananal donde se presumía la presencia de los cuerpos. “En este caso específico, nuestra participación se limita a prestar colaboración operativa, apegados única y exclusivamente a lo que establece el documento oficial. El desarrollo y esclarecimiento de la investigación corresponde al Ministerio Público”, precisó la entidad. BOCAS DEL TORO Yasser Yánez García [email protected]
5A La Prensa Panamá, viernes 4 de julio de 2025 Panorama El edil de San Felipe, Mario Kennedy, junto al diputado Raphael Buchanan y el representante de Curundú, Senén Mosquera. Cortesía Edil investigado por corrupción lidera Concejo de Panamá Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] GOBIERNO LOCAL Senén Mosquera, edil de Curundú, fue electo presidente del Concejo Municipal de Panamá con 18 votos, pese a estar denunciado por gestionar $4 millones de la descentralización paralela durante el gobierno pasado. El representante del corregimiento de Curundú, Senén Mosquera, asumió este jueves 3 de julio la presidencia del Concejo de Panamá, en medio de cuestionamientos por su vinculación con el programa de descentralización paralela, señalado tanto por la Autoridad Nacional de Descentralización como por la Contraloría General de la República, por el presunto uso político de fondos públicos. Durante su primer encuentro con medios, tras la toma de posesión, Mosquera reconoció que la junta comunal que dirige recibió cerca de $4 millones provenientes de dicho programa. “Bueno, a la junta comunal le llegaron $4 millones, que ahí están, y se usaron de la forma en que se necesitaban”, afirmó el nuevo presidente del Concejo al ser consultado sobre las transferencias recibidas. Según dijo, los recursos fueron invertidos en obras comunitarias, aunque no especificó cuáles. “Nosotros nos sentimos satisfechos y contentos con el trabajo que se está haciendo en mi comunidad”, añadió. Mosquera sostuvo que la Contraloría es la instancia encargada de fiscalizar el uso de esos fondos y que él ha estado dispuesto a colaborar con los procesos de auditoría en curso. “Ese es un trabajo de la Contraloría y nosotros siempre hemos estado anuentes a que ellos hagan su trabajo”, indicó. También afirmó que su papel como representante se ha centrado en atender las necesidades locales. Al ser interrogado sobre las denuncias por el manejo discrecional de fondos en el programa de descentralización, Mosquera evitó profundizar, pero invitó a los periodistas a visitar su corregimiento. “Trabajar, y si ustedes quieren, yo los invito para que hagamos un recorrido y vean las obras que se hicieron con ese dinero”, dijo. En cuanto a su agenda como presidente del Concejo, anunció que desde la próxima semana iniciará conversaciones con los demás representantes para reactivar las comisiones de trabajo del municipio. “A partir del lunes vamos a tener una conversación con los compañeros para ver cómo retomamos el funcionamiento de todas esas comisiones”, adelantó. Las denuncias La junta comunal que dirige Mosquera fue una de las señaladas por la Autoridad de Descentralización por el presunto mal manejo de fondos de la descentralización paralela, programa mediante el cual unos 350 millones de dólares fueron transferidos a representantes y alcaldes —en su mayoría del Partido Revolucionario Democrático— durante el gobierno anterior (20192024). De hecho, el presidente José Raúl Mulino, en su discurso del pasado 1 de julio, informó que hasta el momento se han congelado cuentas de este programa por alrededor de $130 millones. En el caso específico del edil de Curundú, el contralor Anel Flores dijo este año que se trata de una de las primeras juntas comunales en ser investigadas en el distrito de Panamá. La Junta Comunal de Curundú ocupa el segundo lugar del distrito en recepción de fondos provenientes de la descentralización paralela, con un monto total de $3 millones 679 mil 500. Además de Mosquera, también fue juramentado Mario Kennedy, edil de San Felipe, como vicepresidente del Concejo de Panamá. En el caso de Kennedy, el representante había sido condenado inicialmente a seis años, en 2012, por mal manejo de recursos de la junta comunal; pero al acogerse a un juicio abreviado, la sentencia fue reducida a cuatro años. Eso le permitió postularse nuevamente y ser reelecto. Entre los ediles que se opusieron a la elección de Mosquera y Kennedy estuvieron los representantes de Betania, Humberto Enrique Echeverría; de Juan Díaz, David Bernal; de Pueblo Nuevo, Luis Pérez; de Bella Vista, César Kiamco; de San Francisco, Serena Vamvas; de Tocumen, Arielis Barría; y de Ernesto Córdoba, Ismael Atencio. La mayoría forma parte de la coalición Vamos. Por su parte, Mosquera fue apoyado por los ediles de RealizandoMetas,elPartido Revolucionario Democrático, el Partido Panameñista y el Movimiento Otro Camino. Alcalde Mizrachi rinde un informe de gestión ante los concejales Un año después de asumir el cargo, el alcalde del distrito de Panamá, Mayer Mizrachi, presentó su primer informe de gestión ante el Concejo de Panamá. Durante su intervención, ofreció un balance de las medidas adoptadas por su administración, con énfasis en el manejo financiero, la modernización institucional y los programas sociales. Explicó que su equipo ejecutó un recorte presupuestario significativo, reduciendo el gasto anual de 325 millones a 230 millones de dólares. Se eliminaron los viajes, gastos no prioritarios y otros desembolsos que calificó como innecesarios. Reportó que la planilla pasó de 6 mil funcionarios a 3,400.
6A La Prensa Panamá, viernes 4 de julio de 2025 Panorama La Alcaldía de San Miguelito y el Miviot realizaron un recorrido por puntos del distrito donde se tiene previsto ubicar estaciones del teleférico. Cortesía Inspeccionan futuras estaciones del teleférico Yaritza Mojica [email protected] SAN MIGUELITO Los planes de ordenamiento, que incluyen implementar una red de espacios públicos, acompañarán el desarrollo del proyecto del teleférico. Las autoridades de la Alcaldía de San Miguelito y del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) realizaron esta semana un recorrido por varios puntos estratégicos del distrito, donde se tiene previsto construir estaciones del sistema de transporte por cable conocido como teleférico. Irma Hernández, alcaldesa del distrito, y Frank Osorio, viceministro de Ordenamiento Territorial, visitaron el sector conocido como El Lago, en Los Andes, ubicado entre los corregimientos de Amelia Denis de Icaza y Omar Torrijos. En esta área, la Alcaldía de San Miguelito busca cambiar la imagen urbana mediante la elaboración de un Plan Local de Ordenamiento Territorial, que incluye la implementación de una red de espacios públicos, entre ellos un parque de uso comunitario. Otro punto inspeccionado fue el sector del Valle de Urracá, en el corregimiento Arnulfo Arias Madrid, donde se proyecta la construcción de una estación del teleférico. En esta comunidad, el movimiento de usuarios en busca de transporte público es constante. Según el Miviot, estas visitas tienen como objetivo avanzar en los planes de ordenamiento vial que acompañarán el desarrollo del proyecto del teleférico en San Miguelito, así como brindar asistencia técnica para la planificación urbana en coordinación con las autoridades municipales. Durante el recorrido, Osorio destacó que contarán con el apoyo institucional para la elaboración del plan de ordenamiento territorial vinculado al teleférico. De hecho, este proyecto está en lo más alto de la agenda del presidente José Raúl Mulino, quien lo introdujo en su dicurso a la Nación, el pasado 1 de julio. “El teleférico de San Miguelito, cuyo proceso de licitación está próximo a concretarse, conectará a miles de residentes con estaciones del Metro”, aseguró el presidente. Por su parte, la directora de Planificación Urbana del Municipio, Diana Xie, informó sobre los avances en las gestiones administrativas para dar continuidad al proyecto y señaló la conformación de una mesa de trabajo con la empresa Metro de Panamá S.A., entidad encargada de la construcción del teleférico. Esta mesa se reunirá mensualmente. Xie también adelantó que solicitarán la inclusión del Plan Parcial del Teleférico en el Plan Local de Ordenamiento Territorial de San Miguelito. El proyecto contempla seis estaciones: dos ubicadas en la ciudad de Panamá y cuatro en el distrito de San Miguelito. La primera estará en Santa Marta, corregimiento de Panamá Norte (Torrijos Carter), punto de partida del sistema. Le seguirán las estaciones Valle de Urracá, Mano de Piedra y Samaria. Otra estación será la Cincuentenario, que se integrará con la estación homónima de la Línea 2 del Metro, ubicada en terrenos de la Caja de Seguro Social, conocidos como “La Roca”. La última estación estará en Balboa, cerca de la zona paga. La Alcaldía de San Miguelito se mantiene atenta a que las cuatro estaciones dentro del distrito cumplan con las necesidades mínimas de sus respectivas comunidades. “Aunque el teleférico es comúnmente visto como una solución de transporte, nosotros lo visualizamos también como una oportunidad para el desarrollo urbano y comunitario”, indicó Xie. Se espera que el proyecto genere entre 1,500 y 2,000 empleos directos durante al menos dos años de construcción, y que impulse la creación de nuevos espacios públicos en torno a sus estaciones. El teleférico de San Miguelito contempla una extensión de 6.6 kilómetros y proyecta transportar a más de 3 mil personas por hora. En cuanto a su licitación, actualmente Metro de Panamá S.A. avanza en la conformación del pliego de condiciones para la convocatoria pública, proceso que se espera concluir en julio. Ya se cuenta con la lista de empresas precalificadas, seleccionadas entre enero y abril de 2025. Entre ellas figuran dos consorcios internacionales: el Consorcio Teleférico SPE y el Consorcio Teleférico de San Miguelito. Lo que enseña la derrota Sabrina Sin Censura Sabrina Bacal [email protected] tralor presuntamente negociando votos como si fuese un operador político más. Aunque los vicios del clientelismo y la politiquería no son nuevos, en esta ocasión se exhibieron sin pudor ante el país. Se cayó el velo. Una cosa es sospechar que hay injerencia del Ejecutivo en el Legislativo y otra es verla en vivo por las pantallas de celulares y televisores. Es diferente saber que el contralor es cercano al Presidente y otra es verlo desdibujar por completo su rol de vigilante de las finanzas públicas, que exige al menos la apariencia de independencia. Fue un desprecio público y notorio por la institucionalidad democrática, que paradójicamente y al haber fracasado, puede acabar fortaleciéndola. No estoy forzando un final feliz a esta decadante historia. Solo destaco que el desenlace puede ser positivo para el país. Por distintas razones y motivaciones hubo una mayoría de diputados que se resistió a las presiones, abriendo la posibilidad de ejercer un rol de contrapeso al Ejecutivo. Eso ya es ganancia, como también lo es, el hecho de que Shirley Castañedas (abogada de Cholo Chorrillo y Ricardo Martinelli) no presida el Legislativo. No hay que tener mucha imaginación para entender el daño reputacional e institucional que esto hubiese ocasionado. Con su derrota ganó el país. Hay otras ganancias que están por verse. La primera de ellas es el papel que jugará la nueva mayoría legislativa. Hay pocos indicios de que se mantenga como un bloque unificado que resista las presiones políticas y económicas. El reto más grande, tanto por el tamaño de la bancada cómo por las expectativas creadas, lo tiene “Vamos” y en menor medida “Seguimos”. La conformación de las Comisiones de Presupuesto y Credenciales y los perfiles de quienes las presidan, darán pistas sobre si veremos un rol riguroso de fiscalización o un mero concurso de protagonismos. Por ahora hay una buena señal: el nuevo presidente Jorge Herrera anunció que reactivarán las reformas al reglamento interno, indispensables para un verdadero cambio en el Legislativo. Por el lado del Ejecutivo, el haber perdido el control de las comisiones claves, exigirá un cambio de estrategia para asegurar la gobernabilidad. Hay evidencias de sobra de que el estilo presidencial de imposición y confrontación no ha funcionado. Por más que sus asesores lo aplaudan y los aduladores hagan maniobras para desmarcarlo de la derrota del 1 de julio, la imagen de Castañedas saliendo de la Presidencia lo coloca en el centro de la debacle. Su credibilidad quedó lesionada y su debilidad política expuesta. Se dice que se aprende más de las derrotas que de las victorias. Ojalá que el bochorno que marcó el inicio del segundo año de José Rául Mulino motive un giro de timón. “En esta nueva forma de gobernar no hay presiones, compra de conciencias, maletinazos ni matraqueos. Respeto profundamente la separación de poderes”. Con estas palabras Mulino cerró una vergonzosa jornada en la que la ciudadanía fue testigo de todo lo contrario: presiones, matraqueos y una inexplicable reunión en el Palacio de la Garzas que echa por tierra el respeto que el mandatario dice tener por la separación de poderes. Una tremenda demostración de cinismo que empañó el resto del discurso presidencial. Y es que el mensaje que recibió el país no estaba en las palabras que leyó Mulino, sino en los hechos que marcaron la agónica derrota: la candidata oficialista saliendo de la Presidencia, funcionarios del Ejecutivo paseando por los pasillos de la Asamblea, la presidenta saliente del Legislativo dilatando por horas la sesión y el con-
7A La Prensa Panamá, viernes 4 de julio de 2025 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. forma imparcial sobre los presuntos incumplimientos de las leyes, y a dirimir los conflictos entre partes privadas o entre los ciudadanos y el poder público. En resumen, pasamos de un estado de anarquía, donde se imponía la voluntad del más fuerte, a un sistema donde existen condiciones de igualdad entre las personas y se protegen sus vidas, libertades y el fruto de sus esfuerzos. Tenemos conciencia de que solo cuando existe el Estado de derecho y el orden público que este provee, así como la protección de los derechos fundamentales y los acuerdos contractuales, pueden generarse las condiciones socioeconómicas que incentivan a sus habitantes a trabajar, ahorrar, consumir e invertir: motores necesarios para una economía sana que otorgue acceso a oportunidades de desarrollo y a una buena calidad de vida. La paradoja es que el Estado, como entidad generadora de normas de convivencia y de autoridades con poder coactivo para hacerlas cumplir e implementar, está conformado por seres humanos que a su vez también son presa de sus deseos y ambiciones. De no contar con una fibra ética de fuertes convicciones, se sirven de los mecanismos del poder público para satisfacer sus pretensiones personales en detrimento de la población a la que deben servir. Para impedir o disminuir las posibilidades de que los funcionarios transgredan su deber supremo de servir al pueblo, es imperativa la existencia de institucioLas colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. Defensor del Pueblo: un llamado a la acción Instituciones En el gobierno del presidente Ernesto Pérez Balladares, durante el período 1994–1997, se inició una campaña para promover la creación de las figuras del Ente Regulador y la Defensoría del Pueblo. El 27 de julio de 1997 escribí un artículo titulado “¿Defensor del Pueblo para qué?”, mediante el cual expresé mi disconformidad con la creación de estas entidades, postura que en ese momento coincidía con el sentir popular. Expresé que lo que se percibía era el interés de favorecer a amigos o allegados al gobierno de turno con un salario de diez mil dólares al mes, además del salario que tendría el personal adicional y los gastos administrativos de esa entidad. En ese momento consideré que esa figura del defensor del pueblo no traería mayores beneficios para el pueblo panameño, porque al ser nombrado por el gobierno de turno y depender económicamente de él, sería muy difícil lograr éxitos en el desempeño de sus funciones. Eltiempomehapermitidoapreciarqueteníatoda la razón. Por ejemplo, en el gobierno del presidente Pérez Balladares se realizaron reformas al Código de Trabajo, la eliminación de la ley de jubilaciones especiales, el fondo complementario y las privatizaciones. A pesar de estas imposiciones injustas, que el defensor del pueblo trató de mediar, no logró que el gobierno desistiera, y estas decisiones han afectado indefinidamente al pueblo panameño. A través de los diferentes funcionarios que han ocupado la Defensoría del Pueblo se han podido apreciar muy pocos logros y resultados del desempeño de esta función. Es como si tuvieran una camisa de fuerza que no les permite actuar y lograr los resultados que sin duda alguna quisiera el pueblo panameño. Pienso que esta situación se da por la dependencia económica que tienen del gobierno de turno. Hemos visto un desempeño tímido, con muy pocos resultados cuando las leyes son impuestas por el gobierno. La Defensoría del Pueblo es una institución fundamental en la protección y promoción de los derechos humanos en nuestro país. Sin embargo, en más de tres décadas hemos observado una falta de logros importantes en su gestión, lo que ha generado preocupación y frustración ciudadana. A pesar de las numerosas denuncias presentadas ante el defensor del pueblo, muchos casos no han sido resueltos de manera efectiva y oportuna. Esto ha llevado a una percepción de ineficacia en la protección de los derechos humanos. Los defensores han sido criticados por la forma tímida con la que han atendidolosproblemasqueafectanagrandessectores de la población, como la corrupción y la falta de transparencia. Es hora de que reflexionen sobre su gestión y tomen medidas concretas ante los recientes acontecimientos que hemos vivido en el país, donde se ha visto el atropello a quienes han protestado a nivel nacional, y en especial en la provincia de Bocas del Toro, donde se ha denunciado que se han dado violaciones a los derechos humanos durante las protestas contra la Ley 462, el memorándum de entendimiento con los Estados Unidos y la posible intención de reabrir la mina. El pueblo panameño aspira a que el defensor del pueblo priorice la protección de los derechos humanos y promueva la transparencia en el país. Obscenidad Desinformación tituir los estamentos gubernamentales de salud con elementos de estas calificaciones, va a traer resultados onerosos y muertes. Pero, no hay por qué extrañarse cuando, para esta desafortunada administración, hay “gente que no importa”, como dijo el Dr. Mehmet Oz al referirse a 10 o 12 millones de personas que dejarán sin atención médica ni alimentos. Al inaugurar la primera reunión, el presidente del ACIP, Martin Kulldorff, ex profesor de medicina de la Universidad de Harvard, despedido por rechazar una vacuna contra la covid-19, comité donde también pertenece Robert W. Malone, activista antivacunas reconocido, anunció que revisarán los efectos acumulativos de los programas de vacunación recomendados hasta ahora. Esto es repetir lo que por muchos años las tropas antivacunas vienen clamando y que, a primera vista, parece loable, pero es engañoso y con el claro propósito de crear desconfianza en la ciencia, en la vacunación y en la medicina. La primera víctima es la vacuna contra la hepatitis B. Esta vacuna se da pronto al nacimiento porque la infección se transmite por la leche materna. El bebé que adquiere hepatitis B tiene un 90% de desarrollar hepatitis crónica y un 25% de ellos morirá por la enfermedad. Desde que se vacuna al recién nacido con hepatitis B, la infección adquirida en el período perinatal ha caído severamente. En el año 2022, se reportaron solo 13 casos en los Estados Unidos. La segunda víctima ha sido el eterno caballito de batalla, el timerosal en las vacunas. Para ello, el nuevo ACIP punPedro Ernesto Vargas El Estado: una espada de doble filo Convivencia La génesis del Estado, garantía del orden público, yace en la naturaleza misma del ser humano. Más allá de la impresionante evolución cognitiva y tecnológica de nuestra especie, seguimos siendo animales. La mayoría actúa para satisfacer sus necesidades y deseos, sin considerar los perjuicios que sus actuaciones puedan ocasionar a otras personas o a sus pertenencias. Con el transcurso del tiempo, el animal humano comprendió que trabajar en grupo era la mejor estrategia para protegerse de peligrosos depredadores, construir infraestructuras y obtener mayores presas. Alcanzar estos fines en común exigía unas condiciones mínimas de convivencia. Debido a que por naturaleza las personas carecen de virtudes éticas, había que establecer un sistema donde todos los miembros se obligaran al cumplimiento de un código de conducta –con sus respectivas sanciones por incumplir alguna de sus normas– para fomentar la estabilidad social. La moralidad individual y colectiva, en otras palabras, va formándose con la vida en sociedad y a través de las normas, las costumbres y la educación. Es así como, desde la antigüedad, las personas asumen la necesidad de no solo renunciar a ciertas libertades personales y egoístas, sino también de obedecer a las autoridades que aplican y hacen respetar las leyes, para lo cual el Estado debe tener el monopolio legítimo de la fuerza. Como secuencia lógica de esto, los individuos también quedan sujetos a instituciones llamadas a impartir la justicia de nes robustas, con los mecanismos legales para una efectiva rendición de cuentas de los gobernantes, y una eficaz estructura de pesos y contrapesos entre los órganos del Estado. Además, los derechos y libertades individuales deben estar consagrados en la Constitución Política de cada país, garantizando las herramientas necesarias para su protección, tales como el debido proceso, el hábeas corpus, la presunción de inocencia y el derecho a contar con la representación de un abogado. En el engranaje del Estado de derecho, es primordial el rol que juega el sistema judicial por ser el encargado de velar por la debida aplicación de las leyes y la protección de los derechos ciudadanos. Debe decidir los casos en estricto apego al derecho; esto significa que, aun cuando los políticos, medios de comunicación y opinión pública deban estar vigilantes, no deben interferir en la evolución de los procesos, cuyos fallos deben apoyarse en estricto apego a la ley y no estar a merced de presiones externas. El sistema judicial debe resolver de forma imparcial, independiente y diligente aquellos casos donde se transgredan derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, aquellos donde existe colisión de derechos y libertades entre distintos actores de la sociedad y también cuando entren en conflicto derechos individuales y actuaciones gubernamentales. Tengamos, entonces, muy presente la dicotomía en la composición intrínseca del Estado: este debe cuidarnos, pero también debemos cuidarnos de él. Es preciso entender que, para lograr un sistema político eficiente y generador de bienestar social, es necesario un equilibrio apropiado entre el poder protector y el poder opresivo del Estado. Opinión EL AUTOR es administrador de empresas. EL AUTOR es abogado. EL AUTOR es médico. Joaquín Carrasquilla tualizó la vacuna contra la gripe que contiene timerosal. ¡Escandaloso! De las vacunas contra la influenza, solamente las de viales con dosis múltiples, contienen algo de timerosal, las de uso individual no contienen timerosal. El timerosal se utiliza para prevenir la contaminación de las vacunas, que puede darse con el uso de viales de múltiples dosis. Ese timerosal no es tóxico. El timerosal se retiró de la fabricación de las vacunas en el 2001, después de un acuerdo de la ACIP con el apoyo de la Academia Americana de Pediatría (AAP), en 1999, para bloquear la desinformación. El mercurio del timerosal, es etilmercurio, que no es neurotóxico. El mercurio tóxico al cerebro humano es el metilmercurio, el que contiene los peces de aguas profundas. Peces que Ud. y yo ingerimos en nuestra alimentación. La narrativa de esta primera reunión, la semana pasada, estuvo plagada de desinformación y la AAP se abstuvo de seguir participando en su rol habitual de enlace, porque considera ilegítima la nueva ACIP y no está dispuesta a poner su nombre y experiencia para el abuso de un grupo de inexpertos e irresponsables individuos sin independencia, políticamente instruidos y científicamente cojos. La Academia seguirá aconsejando sobre vacunas y vacunación, como otros aspectos médicos para la protección de niños y sus familias, de forma independiente y con estricto ceñimiento a la información científica y la evidencia probada. Como dijo Susan J. Kressly, presidenta de la AAP, “Estas propuestas del nuevo ACIP son sencillamente procesos que ya no se les puede dar crédito”. La Sociedad Panameña de Pediatría, seguramente tomará partido para validar la evidencia probada y fortalecer la confianza en las vacunas y la vacunación. La democracia no puede permitir ser asaltada por una autocracia con rasgos totalitarios. La desinformación puede ser por incomprensión o por malicia. Sea su motivo cual sea, es dañina porque falsifica el asunto que se discute o “revela”. Y sea cual sea el tópico, no es irrelevante. Sin embargo, el origen enfermizo de desinformar persigue, como el terrorismo duplicar la moral y la dignidad. El juego lo hizo la prensa libre, bajo democracia mal entendida, cuando comenzó a publicar, con igual valor de certeza, “los dos lados de las opiniones” y, los hechos se anularon, para solo usar aquellos que le dan músculo a mi postura y desechar los que la debilitan. La primera reunión del nuevo Comité Consultivo de Prácticas de Inmunización, de los Estados Unidos (ACIP) ha sido desinformativa, dañina y tiene un propósito: crear desconfianza en la vacunación y la ciencia médica, incrementar el rechazo a la vacunación en las familias de la población pediátrica vulnerable, que podría enfermar y morir por infecciones adquiridas a tan tempranas edades. La ACIP había sido por más de 60 años, el Comité Consultivo de expertos para revisar la evidencia más actual sobre vacunas contra infecciones mortales, para hacer recomendaciones al Centro de Control y Prevención de Enfermedades de los EEUU (CDC), que luego serían autorizadas por la Administración de Drogas y Alimentos (FDA). Después de la destitución de los 17 expertos que lo constituyeron, Robert F. Kennedy Jr., conformó un nuevo Consejo con miembros comprometidos con la divulgación de la desinformación sobre las vacunas y la promoción de su agenda política e ideológica, a expensas de la salud de la población, un crimen de lesa humanidad. ¡Obscenidad moral! ConsCon el transcurso del tiempo, el animal humano comprendió que trabajar en grupo era la mejor estrategia para protegerse de peligrosos depredadores, construir infraestructuras y obtener mayores presas. Iván Rogelio Robles Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente Ejecutiva y Directora Editorial Annette Planells Gerente Comercial Sudy S. de Chassin Subdirectora y Editora de la Unidad de Investigación Mónica Palm Editora Digital Yolanda Sandoval Editor del Impreso Juan Luis Batista ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com Aviso sobre el uso de Inteligencia Artificial Este periódico emplea inteligencia artificial (IA) para asistir en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. Utilizamos la IA como herramienta de apoyo para asegurar la precisión y calidad de la información que entregamos a nuestros lectores. Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción, sin la autorización escrita de su titular. Presidente fundador Roberto Eisenmann Jr. Director emérito Guillermo Sánchez Borbón Sea cual sea su motivo, la desinformación es dañina: falsifica lo que se discute y nunca es irrelevante. Como el terrorismo, busca quebrar la moral y la dignidad.
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