2A La Prensa Panamá, martes 1 de julio de 2025 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Aleida Samaniego C. [email protected] Se estabiliza el río La Villa, pero todavía hay que hervir el agua que ofrece el Idaan EMERGENCIA AMBIENTAL La calidad del agua del río La Villa, provincia de Los Santos, se ha estabilizado, tras cinco semanas de intervención técnica por parte del Ministerio de Ambiente (Miambiente), en coordinación con el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), el Ministerio de Salud (Minsa) y autoridades locales. Así lo confirmó el titular de la cartera, Juan Carlos Navarro, quien afirmó que las últimas mediciones reflejan una mejora en los niveles de oxígeno y una reducción de organismos contaminantes. No obstante, las autoridades reiteraron que el agua aún no es apta para consumo humano directo y debe hervirse antes de su uso doméstico, debido a los altos niveles de turbiedad derivados de la deforestación en la cuenca. Aunque el agua sigue siendo tratada conforme a la normativa COPANIT 212019, el Idaan no puede garantizar la ausencia total de nemátodos, por lo que se ha recomendado hervir el agua antes de consumirla o utilizarla para higiene bucal y preparación de alimentos. “El agua no está contaminada con desechos peligrosos, ni es perjudicial para el baño o la limpieza. El problema es exclusivo para el consumo humano directo, por precaución ante la posible presencia de nemátodos”, puntualizó hace unas semanas Edgardo Velásquez, jefe del departamento de Agua Potable del Idaan . Azuero, prioridad nacional La región de Azuero ha sido declarada como zona prioritaria para el gobierno del presidente de la República José Raúl Mulino. Por esta razón, el ministro Navarro se ha instalado temporalmente en la zona para coordinar la respuesta ambiental. “La crisis ambiental del río La Villa ya ha causado problemas graves con el suministro de agua y la salud de la población”, advirtió Navarro. Durante cinco semanas, más de 24 técnicos de Miambiente identificaron al menos 14 focos de contaminación, entre ellos granjas porcinas, el vertedero de Macaracas y vertidos de aguas negras provenientes de comunidades e instituciones como el hospital de Macaracas y la barriada Santa Eduviges. Vertederos bajo la lupa Uno de los puntos más críticos es la disposición final de los desechos. El ministro calificó como “desastrosa” la situación de los vertederos en Azuero, luego de inspeccionar personalmente siete de ellos en cinco días. Entre los más graves está el vertedero de Macaracas, enclavado en la reserva forestal El Colmón, donde se frenó el vertido de lixiviados al río Estibaná. Navarro anunció que se trabaja en una solución estructural para la gestión de residuos sólidos en la región. Como primer paso, los alcaldes de Herrera y Los Santos serán llevados a visitar el relleno sanitario modelo de La Chorrera. Además, se buscará financiamiento internacional para desarrollar un relleno sanitario regional. “Los alcaldes deben asumir su responsabilidad. Nosotros como gobierno ya estamos haciendo lo propio”, puntualizó. Azuero Verde: un plan a cuatro años Como parte del enfoque de largo plazo, el Gobierno lanzó el proyecto Azuero Verde, que contempla una inversión de más de $100 millones en los próximos cuatro años. Este programa incluye: •Restauración de áreas degradadas en Herrera y Los Santos. •Reforestación de cuencas como la del río La Villa. •Apoyo al desarrollo rural con prácticas sostenibles. •Protección de reservas naturales como El Montoso y Chepo. •Conexión de zonas boscosas mediante corredores biológicos. •Impulso a empleos verdes y economía circular en la región. Paralelamente, se anunció un proyecto de ley para prohibir los pesticidas peligrosos aún permitidos en Panamá, pese a estar vetados internacionalmente. La iniciativa, que ya fue sometida a consulta pública, será presentada al gabinete en las próximas semanas. “La deforestación, los agroquímicos y la mala disposición de la basura han traído consecuencias inaceptables. Este gobierno está enfrentando décadas de abandono ambiental”, concluyó Navarro. La policía usó maquinaria pesada para despejar los obstáculos y rellenar baches que hicieron los que bloqueraron las vías. Cortesía Se restablece la movilidad entre Chiriquí Grande y Gualaca Eliana Morales Gil [email protected] BLOQUEOS Tras semanas de bloqueos por la Ley 462, un acuerdo entre líderes comunitarios y el Gobierno permitió reabrir las vías en Bocas del Toro. Persisten denuncias por abuso policial y señalamientos políticos. Tras intensas negociaciones entre manifestantes y miembros de la fuerza pública, se logró un acuerdo que permitió despejar la vía entre Pueblo Nuevo, comunidad de Chiriquí Grande, Bocas del Toro y Hornito, Gualaca, Chiriquí, el último de los tramos afectados por los cierres en protesta contra la Ley 462, que reformó el sistema de seguridad social en Panamá. De acuerdo con un comunicado del Ministerio de Seguridad Pública (Minseg), con el pacto se garantiza el libre tránsito en los sectores de Pueblo Nuevo, Cañazas, Mali, Alto del Guabo, Alto del Valle, Valle Abajo y Cabello de Ángel. El acuerdo establece, en primer lugar, el compromiso de la dirigencia de Chiriquí Grande de mantener despejadas las vías de forma permanente, garantizar el libre tránsito y respaldar la reactivación de las actividades económicas, sociales y productivas. Además, se acordó que no se aplicarán represalias contra quienes participaron en los cierres. Los negociadores Según el Minseg, la reapertura de las vías se concretó con la firma del acuerdo por parte del director del Servicio Nacional de Fronteras, Larry Solís, en representación del Gobierno Nacional; el alcalde de Chiriquí Grande, Alex Ariel Wright Castillo; el pastor de la Iglesia Jehová Nisi, Ceferino Quintero yelpastordelaIglesiadeDios Mediador, Luis Morales. “La intención de poder dar esta apertura básicamente es para poder conectar los servicios básicos de lo que son luz e internet, y asimismo buscar la viabilidad en esta calle que fue afectada por los disturbios y por los múltiples daños que se ocasionaron a la misma vía”, dijo el pasado domingo Jaime Fernández, director de la Policía Nacional. La Operación Omega El pasado 14 de junio, el Ejecutivo, a través de sus fuerzas de seguridad, Policía Nacional, Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), el Servicio Nacional Aeronaval, entre otros, activó la Operación Omega en la provincia para reabrir las vías, operativo que seguirá. Sin embargo, fue un proceso complejo. En Chiriquí Grande, por ejemplo, han permanecido hasta 16 días sin energía eléctrica y más de dos semanas sin señal telefónica. Mientras tanto, en Changuinola, distrito comercial de la provincia, varias pandillas aprovecharon la tensión social para saquear y vandalizar comercios, así como instalaciones públilentas. También dijo que detrás de las acciones de vandalismo hay una red de apoyo que involucra a actores políticos locales. “Hay un alcalde y dos representantes de corregimiento que han estado llevando comida y víveres a estos pandilleros”, afirmó, sin dar nombres, pero aseguró que los informes ya fueron remitidos al Ministerio Público. Un día después de sus declaraciones, salieron a la luz pública dos nombres: el del alcalde de Changuinola, Fidel Santo Villagra, y el del representante del corregimiento de El Empalme, Emil Castro. Ambos lo negaron. La génesis Las manifestaciones en Bocas del Toro iniciaron el 28 de abril pasado con protestas y cierres parciales, pero escalaron días después, cuando el Sindicato de Trabajadores de la Industria del Banano, Agropecuaria y Empresas Afines (Sitraibana), liderado por Francisco Smith, declaró una huelga indefinida y llamó al cierre total de las vías en Changuinola. Paralelamente, otros grupos conformados por educadores, obreros de la construcción y líderes indígenas, entre otros, bloquearon otros puntos vitales para la movilidad en la zona. Los manifestantes llegaron a bloquear hasta 45 puntos estratégicos en Bocas del Toro. Smith está detenido en la cárcel La Nueva Joya mientras se le investiga por la presunta comisión de cuatro delitos: contra la administración pública, apología del delito, afectación al servicio público de transporte y asociación ilícita para delinquir. El pasado 20 de junio, el consejo de gabinete decretó un estado de urgencia por cinco días, lo que implicó la suspensión temporal de las garantías constitucionales y de las comunicaciones en la provincia. Esta medida fue extendida el martes 24 y se mantuvo vigente hasta la medianoche del domingo siguiente. cas y privadas. Ante este escenario, las fuerzas de seguridad desplegaron un férreo operativo para recuperar el control del área, lo que implicó masivas detenciones, patrullajes constantes y el establecimiento de puestos de control en puntos estratégicos. Agrupaciones de la sociedad civil y varios abogados han denunciado exceso de fuerza y violaciones a los derechos humanos. En medio de los disturbios en Changuinola, el ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, señaló directamente a varias pandillas locales como responsables de los hechos de violencia: los Terroristas, Boys in the Hood y los Branda. También mencionó a los Pachos y Pachucos, que aunque no son reconocidos formalmente como pandillas por las autoridades, “operan en un sector de Changuinola” y han estado implicados en acciones vioRío la Villa en Azuero. Alexander Arosemena El estrechón de manos de la paz. Cortesía
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