11A La Prensa Panamá, martes 1 de julio de 2025 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. otras posiciones. De darse esta situación, sería una gaznatada de marca mayor para el convicto ausente, que volvería a perder otra elección. Esta coyuntura podría beneficiar al actual presidente de la República, pues le daría un espacio de negociación y evitaría verse sometido al chantaje que a veces se le presenta. Otra posibilidad es que todos los que no comulgan con la bancada “oficialista” (entre comillas, pues es oficialista de nombre) lancen un nuevo “arroz con pollo” con condimentos que hasta ahora no se podían combinar. Este “lado” podría recibir algún tipo de apoyo individual de algunos que, en la vuelta anterior, se alinearon con la nómina ganadora. Si esta última opción se materializa, podría abrirse una oportunidad de negociación tanto entre bancadas como con el Órgano Ejecutivo, lo que quizás permitiría fortalecer la desgastada imagen de un Legislativo que no termina de salir del fango donde ha estado por mucho más tiempo del que quisiéramos. Hasta cierto punto, fortalecería la democracia y podríamos, quizás, ver un verdadero Primer Órgano del Estado. Sin descartar algún “almojábano” que pudiera surgir, podría darse la discusión de temas de mayor importancia y trascendencia para las grandes mayorías. Procedo a esbozar algunos de estos temas, no necesariamente en orden de prevalencia: La reforma al reglamento interno de la propia Asamblea (RORI), cambios que han sido solicitados no solo por algunos diputados de forma individual, sino por imporLas colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. Sustituir maestros Autoritarismo Los ministros de Educación de Panamá han sido —y por partida doble, la actual ministra Lucy Molinar— tradicionalmente ineficaces frente al verdadero problema de este país: la ignorancia. Todos los gobiernos se han dedicado a destruir la educación panameña para convertirla en un negocio: partidas para mejorar infraestructuras que no llegan, venta de comida de pésima calidad para niños desfavorecidos, y gastos recurrentes en fiestas patrias y otras celebraciones que nada tienen que ver con educar. La misma ministra de la brillante idea de las computadoras portátiles es ahora quien cree que se pueden sustituir, de la noche a la mañana, a los maestros. Algo habrá que hacer, claro, pero no se puede esperar que esta sea una solución viable, cuando alumnos y nuevos docentes tendrían que adaptarse a una situación de por sí muy tensa. De diálogo y búsqueda de soluciones, ni hablamos, porque ya han decidido —ambas partes— que todo sea un desastre, a ver quién resiste más. Y mientras tanto, los estudiantes siguen sin educación. De lo que estoy seguro —y ojalá me equivoque— es que llegarán las fiestas patrias y todos exigirán sus días libres y sus desfiles, para gastar tiempo y dinero celebrando una patria que, ahora mismo, no respetan. Nuestros estudiantes van camino de ser los que más tiempo de clases han perdido desde 2020. Y habrá algún zoquete que piense que eso no importa, o que pretenda minimizar el impacto sobre nuestro futuro. Este gobierno está haciendo todo lo necesario para seguir pareciendo el país menos fiable del continente: un lugar propicio para la mano de obra barata y el trapicheo económico. Autoritarismo, servilismo y falta de criterio son buenos ingredientes para ir a Sevilla a abrazar a un presidente socialista que promete cooperar con el tren y ayudarnos a salir de las listas grises en las que aún seguimos. Puro humo: un balón de oxígeno para ambos, que no saben qué hacer con el caos que tienen en sus respectivos patios. La verdad, la gran víctima Ley 462 con la vieja ley del Subsistema Exclusivamente de Beneficio Definido (SEBD) recibe una pensión de $660 (tasa de reemplazo de 60%); bajo la Ley 462 recibirá una pensión de $677.44 (tasa de reemplazo de 61.6%). Y en el caso de los asegurados bajo el sistema mixto, su jubilación aumentará aún más, en virtud de que el aporte a su cuenta individual aumenta del 10 al 15% por encima de los $500 de salario mensual. Además, se reconoce este incremento de forma retroactiva hasta el momento en que el trabajador comenzó a cotizar. Mejor aún, bajo la Ley 462, a medida que aumenta el número de cuotas, también aumenta la tasa de reemplazo con respecto a la que regía con igual número de cuotas bajo la Ley 51. Por ejemplo, un pensionado que se jubila con un salario promedio de $1,100 luego de aportar 360 cuotas (equivalente a 30 años), recibirá una pensión mensual de $861.96 (tasa de reemplazo de 78.36%). Bajo el viejo sistema “solidario” habría recibido $825.00 (tasa de reemplazo de 75%). Otra de las falsedades sobre la Ley 462 divulgadas por sus críticos es que la misma acaba con el sistema solidario, perjudicando a los jubilados. Sin embargo, esta ley no toca a los actuales pensionados bajo el SEBD, quienes mantienen sus pensiones. Pero es más solidaria que este, pues no solo cubre el déficit proyectado, sino que garantiza pensiones para más de 300,000 jubilados y medio millón de cotizantes que no tienen un centavo de reservas. Por primera vez, tanto los trabajadores eventuales como los agrícolas e informales están amparados por el sistema de pensiones. Antes de la aprobación de esta ley, estos trabajadores no cotizaban y, por lo tanto, no tenían derecho a una pensión de vejez. Franklin Castrellón Por una ‘nueva Asamblea’ Prioriades legislativas Hoy martes inicia un nuevo período legislativo en la Asamblea Nacional. Como he comentado anteriormente, “desde mi balcón” no veo cambios significativos en el Palacio Justo Arosemena, pues a veces pareciera que seguimos cooptados por las malas influencias del pasado político, que tanto nos ha costado y nos sigue costando. Sin embargo, haré un análisis de algunas posibilidades que pudieran darse, dado el hecho de que algunas ya han sido expresadas públicamente y otras no lo han sido tanto, pero hay quienes comentan que las “negociaciones”, trabajos ortopédicos y demás yerbas similares no se están dando dentro del recinto legislativo, sino más bien afuera y, en algunas ocasiones, bastante lejos de donde deberían darse. En ese sentido, vemos un primer escenario: que todas las fuerzas políticas que llevaron a la actual junta directiva a ser electa se vuelvan a alinear para imponer a una candidata cuya designación, como es de esperarse, no fue hecha en Panamá Oeste ni siquiera en el país. Si esto se da, se necesitaría de mucha “matraca”, en todos los sentidos de la palabra. Otra opción que se está considerando es que esa amalgama lograda en julio de 2024 no se pueda volver a concretar, y que ese lado de la balanza no consiga los votos suficientes para designar la junta directiva. Esto, porque uno de los partidos que votó en esa alianza ha estado considerando seriamente lanzar su propia nómina, encabezada por ellos y con un “pick a side” para las tantes sectores de la vida nacional. Las reglas para el próximo torneo electoral, que regirán las siguientes elecciones y muchas otras decisiones vinculadas a este proceso. Es importante que la representación de las iglesias y clubes cívicos en la comisión del Tribunal Electoral respectiva conserve la preponderancia que siempre ha tenido. El tema de considerar la reapertura de la mina de Donoso, lo cual requeriría que los diputados levanten la veda impuesta por ellos mismos. El Estado podría volver a explotar una concesión, con la diferencia de que esta debería cumplir con los más altos estándares de seguridad y cuidado ambiental. En lo personal, me gustaría que se profesionalizara la carrera pública. Pero esto, desde mi punto de vista, debe incluir una limitante: que no se realice todo de una vez, sino periódicamente, de modo que al finalizar una quinta administración presidencial tengamos servidores públicos capacitados, profesionales, y que no tengan que pertenecer a un partido político para ganarse el pan de cada día. Otro tema que debe comenzar a atenderse —aunque no considero que sea tarea de un solo período— es la revisión de la educación en Panamá. He escrito en múltiples ocasiones sobre esto, pero ha llegado el momento en que no podemos seguir toreando esta responsabilidad ni mucho menos patear la lata para una nueva administración. Considero que hay varios otros temas pendientes en el tintero de los diputados, y que no deberían perder el tiempo en asuntos que más bien deberían ser responsabilidad de las juntas locales y de los representantes de corregimiento. ¡Llegó el momento de asumir las responsabilidades para las que fueron electos! Opinión EL AUTOR es escritor. EL AUTOR es dirigente cívico y analista político. EL AUTOR es periodista. Pedro Crenes A lo largo de este dilatado proceso, los dirigentes de Suntracs y Asoprof han acuñado la falsa premisa de que se ha reemplazado una ley solidaria por una que no lo es. Cabe preguntarse: ¿a qué llaman “solidaria” esos líderes?, si tomamos en cuenta que bajo el antiguo sistema los cotizantes con salarios bajos subsidiaban las pensiones de aquellos con mayor salario. Ahora es a la inversa. Al respecto, un experto en estudios actuariales me comentó: “La Ley 462 es lo más solidario con sostenibilidad que ha existido en Panamá”. Además, la nueva ley indexa anualmente las jubilaciones en base al Índice de Precios al Consumidor, lo que asegura futuros aumentos en línea con la inflación. Cuando se aprobó la Ley 462 el 18 de marzo de 2025, Suntracs y los líderes de los educadores arreciaron su campaña de desinformación. Curiosamente, esta ley no afecta a los educadores, pues su sistema de pensiones está regulado por la Ley No. 54 de 2000, que crea el Plan de Retiro Anticipado Autofinanciable (PRAA), lo que sugiere que el apoyo de Asoprof al movimiento es más por razones ideológicas que profesionales. Esta irracional posición solo está contribuyendo a ampliar la brecha entre ricos y pobres en Panamá. La semilla sembrada por esos dirigentes y sus seguidores provocó el caos que ha llevado a la ruina a Bocas del Toro, y la salida de Panamá de Chiquita Panamá. La relativa calma que reina desde que el gobierno dictó el Decreto de Gabinete No. 27 del 20 de junio, que declara el estado de urgencia en Bocas del Toro, no significa que el problema producido por la campaña de desinformación haya desaparecido. Resulta oportuno y necesario que el gobierno revise lo actuado y corrija las fallas en su gestión informativa y docente sobre la Ley 462. Incluso, el Ejecutivo debería estar abierto a la posibilidad de corregir parte de las posibles deficiencias que señalan algunos de sus críticos durante el periodo legislativo que se inicia este 1 de julio de 2025. Desde mi perspectiva, y después de un análisis comunicacional de los temas que originaron los injustificados paros de educadores y activistas del Suntracs, la gran víctima de ese diferendo ha sido la verdad. La victimización de la verdad la facilitó el propio gobierno cuando, después de aprobada la Ley 462, que reforma la ley orgánica de la Caja de Seguro Social (CSS), dejó de informar y hacer docencia en los medios de comunicación y las redes sociales, un vacío que llenaron los enemigos de dicha ley para divulgar falsedades que fueron aceptadas como “verdad absoluta” por gran parte de la población. Pero, ¿qué es la verdad? De las varias acepciones que da el diccionario de la Real Academia Española, la que más se aplica al debatido diferendo es la que define la verdad como “juicio o proposición que no se puede negar racionalmente”. A manera de ejemplo, la Ley 462 no aumentó la edad de jubilación, pero Suntracs y los líderes de los educadores organizados bajo Asoprof alegan que sí la aumentó, y gran parte de la población asimiló esta mentira. La verdad es que la Ley 462 no aumentó la edad de jubilación; lo que sí aprobó es que, al sexto año de su vigencia, el gobierno contrate a tres firmas internacionales de reconocido prestigio para el estudio actuarial que determinará la necesidad, o no, de cambiar la edad de jubilación. De recomendarse un aumento en la edad de jubilación, este deberá ser considerado por la Asamblea Nacional. Otra mentira que ha tenido gran acogida es que la Ley 462 reduce el monto de las jubilaciones. En realidad, la nueva ley aumenta la pensión con respecto a la antigua Ley 51. A manera de ejemplo, un empleado que alcanzaba al jubilarse un salario promedio de $1,100 (mil cien dólares) y que ha pagado el mínimo de 240 cuotas (20 años), Otro tema que debe comenzar a atenderse —aunque no considero que sea tarea de un solo período— es la revisión de la educación en Panamá. Juan B. Mckay Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente Ejecutiva y Directora Editorial Annette Planells Gerente Comercial Sudy S. de Chassin Subdirectora y Editora de la Unidad de Investigación Mónica Palm Editora Digital Yolanda Sandoval Editor del Impreso Juan Luis Batista ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com Aviso sobre el uso de Inteligencia Artificial Este periódico emplea inteligencia artificial (IA) para asistir en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. 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