1A La Prensa Panamá, martes 1 de julio de 2025 Hoy por hoy Una propuesta que buscaba dar alivio al sistema de seguridad social terminó siendo el punto de partida de semanas de paralización y confrontación. La Ley 462 fue discutida y aprobada, pero su contenido fue desplazado por una oleada de desinformación que generó miedo y rechazo. ¿Qué se logró? La salida de la principal empresa de una provincia históricamente marginada. Miles de empleos perdidos, tanto en agricultura como en turismo. Infraestructura pública y privada destruida. Rutas bloqueadas. Y una población golpeada, no solo en su economía, sino también en su esperanza. ¿Quién paga los platos rotos? Inevitablemente, los mismos ciudadanos que, con o sin razón, quedaron atrapados en medio de este conflicto. Hoy, superada la etapa más crítica, el país enfrenta el reto de reconstruir lo perdido. Y más difícil aún: recomponer la confianza. Para avanzar se necesitará trabajo duro, diálogo honesto y memoria activa. Porque lo que no se aprende, se repite. Y Panamá no puede darse el lujo de volver a tropezar con los mismos errores. Ellas.pa Omaris Mariñas y el impulso de Iberescena 11B AIP se corona en la Sub-18 tras penales ante La Salle 13A Deportes Recipientes de comida y árboles quemados la vía, las huellas del conflicto. Cortesía Contraloría: Desfalco por $20 millones en nueve juntas comunales FONDOS PÚBLICOS Getzalette Reyes [email protected] La Contraloría General de la República informó que ha realizado auditorías en diversas juntas comunales del país, específicamente en las de Colón, Barrio Norte, Belisario Porras, Salud, Las Garzas, Ancón, San Francisco, Río Hato y Pacora. Como resultado de estas auditorías, se identificó un perjuicio económico al Estado panameño por un monto aproximado de 20 millones de dólares, debido a presuntas irregularidades en la administración de fondos públicos. Así lo precisó la institución en un comunicado divulgado este lunes 30 de junio. Según la Contraloría, los hallazgos serán remitidos en los próximos días al Ministerio Público, al Tribunal de Cuentas y a las juntas comunales involucradas, “en cumplimiento de nuestras responsabilidades de rendición de cuentas”. “Es importante resaltar que esta cifra no solo refleja una afectación económica, sino también representa una oportunidad para fortalecer los mecanismos de control y mejorar la gestión de los recursos del Estado”, destacó la entidad fiscalizadora. Acuerdo final despeja las vías en Bocas del Toro Eliana Morales Gil [email protected] BLOQUEOS Tras semanas de protestas por la Ley 462, se restableció el tránsito y las actividades productivase de esa provincia. Tras casi dos meses de bloqueos y tensión social en Bocas del Toro, un acuerdo entre dirigentes comunitarios y autoridades puso fin a los cierres que mantenían incomunicada la región, en rechazo a la Ley 462 sobre la Caja de Seguro Social. El pacto, firmado en Pueblo Nuevo, Chiriquí Grande, garantiza el libre tránsito en al menos siete sectores clave y prohíbe represalias contra quienes participaron en las protestas. La reapertura del último tramo bloqueado se logró tras intensas negociaciones, en las que participaron el director del Senafront, Larry Solís, y líderes religiosos y locales. La medida marca el cierre de la fase más crítica del conflicto, durante la cual se activó la Operación Omega, se suspendieron garantías constitucionales y se reportaron saqueos y enfrentamientos en Changuinola. El Gobierno ha señalado a pandillas locales y a actores políticos como instigadores de los disturbios, mientras grupos de derechos humanos denuncian abusos policiales. VEA 2A Minsa pagará $5.4 millones a Hombres de Blanco sin refrendo El Ministerio de Salud (Minsa) destinará $5.4 millones a Hombres de Blanco por servicios de limpieza en hospitales, pese a que los contratos no han sido refrendados por la Contraloría. La Asamblea arranca entre promesas y desconfianza La Asamblea Nacional inicia un nuevo periodo con promesas de cambio, bajo la mirada crítica de una ciudadanía exigente. Entre reformas pendientes y escándalos vigentes, el periodo legislativo arranca con expectativas altas. VEA 4A El medio libre de Panamá 75¢ Martes 1 de julio de 2025 - Año 44 - Nº 15064 UI UNIDAD INVESTIGATIVA
2A La Prensa Panamá, martes 1 de julio de 2025 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Aleida Samaniego C. [email protected] Se estabiliza el río La Villa, pero todavía hay que hervir el agua que ofrece el Idaan EMERGENCIA AMBIENTAL La calidad del agua del río La Villa, provincia de Los Santos, se ha estabilizado, tras cinco semanas de intervención técnica por parte del Ministerio de Ambiente (Miambiente), en coordinación con el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), el Ministerio de Salud (Minsa) y autoridades locales. Así lo confirmó el titular de la cartera, Juan Carlos Navarro, quien afirmó que las últimas mediciones reflejan una mejora en los niveles de oxígeno y una reducción de organismos contaminantes. No obstante, las autoridades reiteraron que el agua aún no es apta para consumo humano directo y debe hervirse antes de su uso doméstico, debido a los altos niveles de turbiedad derivados de la deforestación en la cuenca. Aunque el agua sigue siendo tratada conforme a la normativa COPANIT 212019, el Idaan no puede garantizar la ausencia total de nemátodos, por lo que se ha recomendado hervir el agua antes de consumirla o utilizarla para higiene bucal y preparación de alimentos. “El agua no está contaminada con desechos peligrosos, ni es perjudicial para el baño o la limpieza. El problema es exclusivo para el consumo humano directo, por precaución ante la posible presencia de nemátodos”, puntualizó hace unas semanas Edgardo Velásquez, jefe del departamento de Agua Potable del Idaan . Azuero, prioridad nacional La región de Azuero ha sido declarada como zona prioritaria para el gobierno del presidente de la República José Raúl Mulino. Por esta razón, el ministro Navarro se ha instalado temporalmente en la zona para coordinar la respuesta ambiental. “La crisis ambiental del río La Villa ya ha causado problemas graves con el suministro de agua y la salud de la población”, advirtió Navarro. Durante cinco semanas, más de 24 técnicos de Miambiente identificaron al menos 14 focos de contaminación, entre ellos granjas porcinas, el vertedero de Macaracas y vertidos de aguas negras provenientes de comunidades e instituciones como el hospital de Macaracas y la barriada Santa Eduviges. Vertederos bajo la lupa Uno de los puntos más críticos es la disposición final de los desechos. El ministro calificó como “desastrosa” la situación de los vertederos en Azuero, luego de inspeccionar personalmente siete de ellos en cinco días. Entre los más graves está el vertedero de Macaracas, enclavado en la reserva forestal El Colmón, donde se frenó el vertido de lixiviados al río Estibaná. Navarro anunció que se trabaja en una solución estructural para la gestión de residuos sólidos en la región. Como primer paso, los alcaldes de Herrera y Los Santos serán llevados a visitar el relleno sanitario modelo de La Chorrera. Además, se buscará financiamiento internacional para desarrollar un relleno sanitario regional. “Los alcaldes deben asumir su responsabilidad. Nosotros como gobierno ya estamos haciendo lo propio”, puntualizó. Azuero Verde: un plan a cuatro años Como parte del enfoque de largo plazo, el Gobierno lanzó el proyecto Azuero Verde, que contempla una inversión de más de $100 millones en los próximos cuatro años. Este programa incluye: •Restauración de áreas degradadas en Herrera y Los Santos. •Reforestación de cuencas como la del río La Villa. •Apoyo al desarrollo rural con prácticas sostenibles. •Protección de reservas naturales como El Montoso y Chepo. •Conexión de zonas boscosas mediante corredores biológicos. •Impulso a empleos verdes y economía circular en la región. Paralelamente, se anunció un proyecto de ley para prohibir los pesticidas peligrosos aún permitidos en Panamá, pese a estar vetados internacionalmente. La iniciativa, que ya fue sometida a consulta pública, será presentada al gabinete en las próximas semanas. “La deforestación, los agroquímicos y la mala disposición de la basura han traído consecuencias inaceptables. Este gobierno está enfrentando décadas de abandono ambiental”, concluyó Navarro. La policía usó maquinaria pesada para despejar los obstáculos y rellenar baches que hicieron los que bloqueraron las vías. Cortesía Se restablece la movilidad entre Chiriquí Grande y Gualaca Eliana Morales Gil [email protected] BLOQUEOS Tras semanas de bloqueos por la Ley 462, un acuerdo entre líderes comunitarios y el Gobierno permitió reabrir las vías en Bocas del Toro. Persisten denuncias por abuso policial y señalamientos políticos. Tras intensas negociaciones entre manifestantes y miembros de la fuerza pública, se logró un acuerdo que permitió despejar la vía entre Pueblo Nuevo, comunidad de Chiriquí Grande, Bocas del Toro y Hornito, Gualaca, Chiriquí, el último de los tramos afectados por los cierres en protesta contra la Ley 462, que reformó el sistema de seguridad social en Panamá. De acuerdo con un comunicado del Ministerio de Seguridad Pública (Minseg), con el pacto se garantiza el libre tránsito en los sectores de Pueblo Nuevo, Cañazas, Mali, Alto del Guabo, Alto del Valle, Valle Abajo y Cabello de Ángel. El acuerdo establece, en primer lugar, el compromiso de la dirigencia de Chiriquí Grande de mantener despejadas las vías de forma permanente, garantizar el libre tránsito y respaldar la reactivación de las actividades económicas, sociales y productivas. Además, se acordó que no se aplicarán represalias contra quienes participaron en los cierres. Los negociadores Según el Minseg, la reapertura de las vías se concretó con la firma del acuerdo por parte del director del Servicio Nacional de Fronteras, Larry Solís, en representación del Gobierno Nacional; el alcalde de Chiriquí Grande, Alex Ariel Wright Castillo; el pastor de la Iglesia Jehová Nisi, Ceferino Quintero yelpastordelaIglesiadeDios Mediador, Luis Morales. “La intención de poder dar esta apertura básicamente es para poder conectar los servicios básicos de lo que son luz e internet, y asimismo buscar la viabilidad en esta calle que fue afectada por los disturbios y por los múltiples daños que se ocasionaron a la misma vía”, dijo el pasado domingo Jaime Fernández, director de la Policía Nacional. La Operación Omega El pasado 14 de junio, el Ejecutivo, a través de sus fuerzas de seguridad, Policía Nacional, Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), el Servicio Nacional Aeronaval, entre otros, activó la Operación Omega en la provincia para reabrir las vías, operativo que seguirá. Sin embargo, fue un proceso complejo. En Chiriquí Grande, por ejemplo, han permanecido hasta 16 días sin energía eléctrica y más de dos semanas sin señal telefónica. Mientras tanto, en Changuinola, distrito comercial de la provincia, varias pandillas aprovecharon la tensión social para saquear y vandalizar comercios, así como instalaciones públilentas. También dijo que detrás de las acciones de vandalismo hay una red de apoyo que involucra a actores políticos locales. “Hay un alcalde y dos representantes de corregimiento que han estado llevando comida y víveres a estos pandilleros”, afirmó, sin dar nombres, pero aseguró que los informes ya fueron remitidos al Ministerio Público. Un día después de sus declaraciones, salieron a la luz pública dos nombres: el del alcalde de Changuinola, Fidel Santo Villagra, y el del representante del corregimiento de El Empalme, Emil Castro. Ambos lo negaron. La génesis Las manifestaciones en Bocas del Toro iniciaron el 28 de abril pasado con protestas y cierres parciales, pero escalaron días después, cuando el Sindicato de Trabajadores de la Industria del Banano, Agropecuaria y Empresas Afines (Sitraibana), liderado por Francisco Smith, declaró una huelga indefinida y llamó al cierre total de las vías en Changuinola. Paralelamente, otros grupos conformados por educadores, obreros de la construcción y líderes indígenas, entre otros, bloquearon otros puntos vitales para la movilidad en la zona. Los manifestantes llegaron a bloquear hasta 45 puntos estratégicos en Bocas del Toro. Smith está detenido en la cárcel La Nueva Joya mientras se le investiga por la presunta comisión de cuatro delitos: contra la administración pública, apología del delito, afectación al servicio público de transporte y asociación ilícita para delinquir. El pasado 20 de junio, el consejo de gabinete decretó un estado de urgencia por cinco días, lo que implicó la suspensión temporal de las garantías constitucionales y de las comunicaciones en la provincia. Esta medida fue extendida el martes 24 y se mantuvo vigente hasta la medianoche del domingo siguiente. cas y privadas. Ante este escenario, las fuerzas de seguridad desplegaron un férreo operativo para recuperar el control del área, lo que implicó masivas detenciones, patrullajes constantes y el establecimiento de puestos de control en puntos estratégicos. Agrupaciones de la sociedad civil y varios abogados han denunciado exceso de fuerza y violaciones a los derechos humanos. En medio de los disturbios en Changuinola, el ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, señaló directamente a varias pandillas locales como responsables de los hechos de violencia: los Terroristas, Boys in the Hood y los Branda. También mencionó a los Pachos y Pachucos, que aunque no son reconocidos formalmente como pandillas por las autoridades, “operan en un sector de Changuinola” y han estado implicados en acciones vioRío la Villa en Azuero. Alexander Arosemena El estrechón de manos de la paz. Cortesía
3A La Prensa Panamá, martes 1 de julio de 2025
4A La Prensa Panamá, martes 1 de julio de 2025 Panorama Palacio Justo Arosemena, sede de la Asamblea Nacional. Isaac Ortega Retos de una Asamblea atrapada entre la urgencia y la reforma Eliana Morales Gil [email protected] LEGISLATIVO Uno de los compromisos más antiguos y a la vez más postergados es modificar el Reglamento Orgánico, la norma que define el ritmo, los procedimientos y los límites del poder dentro del pleno. Mientras los reflectores apuntan a la disputa por el control de la directiva legislativa, en las profundidades del Palacio Justo Arosemena, un edificio cargado de historia y desconfianza pública, se instala la Primera Legislatura del Segundo Período de Sesiones Ordinarias con un peso mayor que el de la elección de una mesa directiva: el de demostrar que la Asamblea puede, y quiere, cambiar. El reloj legislativo comienza a correr en medio de una ciudadanía cada vez más exigente y un sistema político que arrastra décadas de déficit institucional. De acuerdo con analistas y políticos consultados, el reto está en transformar promesas en reformas tangibles, y diagnósticos conocidos en acción efectiva. Un reglamento obsoleto en una democracia que pide oxígeno Uno de los compromisos más antiguos y a la vez más postergados es la reforma del Reglamento Orgánico del Régimen Interno (RORI), la norma que define el ritmo, los procedimientos y los límites del poder dentro del pleno. Modificarlo no es solo un ajuste técnico: es una declaración de principios sobre el tipo de Asamblea que se quiere construir. En la Comisión de Credenciales reposan más de una decena de propuestas que buscan modernizar el reglamento, muchas de ellas presentadas por la bancada independiente Vamos. Entre los cambios planteados están la eliminación de privilegios históricos, la racionalización de los tiempos de debate, y la remoción de las llamadas “botellas”, esas plazas que ocupan los que cobran pero no trabajan. Las prioridades de Vamos La coalición Vamos llegó a esta nueva legislatura con una hoja de ruta clara: reformar la carrera administrativa, empujar cambios en el sistema educativo y legislar con firmeza sobre el servicio de agua potable, uno de los temas que más golpea la calidad de vida de la población. El exdiputado Juan Diego Vásquez, presidente de la directiva de este grupo político, lo dijo este lunes en un acto de rendición de cuentas: “Buscaremos una reforma integral a la ley de carrera administrativa y cambios concretos en educación, con el acompañamiento de todos los sectores del país”. Augusto Tuto Palacios, también de Vamos y aspirante a un puesto en la directiva, añadió a esa lista una vieja exigencia ciudadana: transparentar la Asamblea, desde su reglamento hasta su planilla. Roberto Zúñiga, quien será el próximo jefe de bancada de esta agrupación, por su parte, recordó otra deuda: retomar proyectos olvidados, como la iniciativa que busca impedir la prescripción de delitos contra la administración pública. La batalla invisible: el presupuesto del Estado Más allá del ruido político, el otro gran termómetro del desempeño legislativo será el tratamiento del presupuesto general del Estado para 2026. Después del accidentado proceso del año pasado, marcado por errores de forma, devoluciones al Ejecutivo y enfrentamientos entre bancadas, esta legislatura está obligada a elevar el nivel del debate presupuestario. No se trata solo de cifras, sino de prioridades: educación, salud, seguridad social, infraestructura y, sobre todo, austeridad. Economistas y centros de análisis ya han advertido que el país no puede sostener un gasto público inflado por clientelismo y subsidios sin revisión. Advierten que la Asamblea tiene la responsabilidad, y la oportunidad, de colocar el debate fiscal en el plano técnico, transparente y participativo. El elefante en el pleno: planillas, botellas y desconfianza Mientras se discuten reformas y leyes, hay un ruido de fondo que no se apaga: el escándalo permanente de las planillas infladas y los nombramientos clientelistas. Las llamadas “botella” son otro símbolo de estas prácticas. Por estos días la Contraloría audita las planillas y presentó presentó ante el Ministerio Público una denuncia penal por la presunta comisión de delitos contra la administración pública en perjuicio de laAsamblea, luego de detectar el pago de salarios a funcionarios que presuntamente no cumplían con sus jornadas laborales. Panameñistas piden ‘rol firme’ Mientras tanto, la bancada del Partido Panameñista, que cuenta con ocho diputados, apuesta a que en el periodo que inicia este 1 de julio la Asamblea juegue “un rol firme y transparente, siendo un verdadero puente de unidad y no un espacio capturado por intereses particulares”. Así lo comunicaron en una nota de prensa divulgada recientemente. Hasta el momento de redactar esta nota, el Partido Panameñista, junto a Cambio Democrático (ocho diputados), Vamos (18 diputados) y la agrupación Seguimos (cuatro diputados), buscaban alcanzar un consenso para presentar una terna opositora a la junta directiva. El objetivo es enfrentar la candidatura de Shirley Castañedas, postulada por el oficialista Realizando Metas (RM), que cuenta con 14 diputados, y respaldada por el Partido Revolucionario Democrático (PRD), que tiene 13 curules. Celebraron su alianza con una foto en la que se les ve juntos, sentados alrededor de una mesa que bien podría ser la de un restaurante de comida china. Sonríen, celebran, como si desde ya pudieran palpar el triunfo. Pero más allá de la imagen, la aritmética parlamentaria sigue abierta: sin mayoría clara, cada voto cuenta, y los acuerdos de última hora pueden redefinir el tablero político dentro del Palacio Justo Arosemena. Castañedas es una figura estrechamente vinculada al expresidente Ricardo Martinelli Berrocal, condenado a 10 años y 8 meses de prisión por blanqueo de capitales en el caso New Business. Martinelli está asilado en Colombia. También es la abogada de Jorge Camargo Clarke, alias “Cholo Chorrillo”, condenado a 70 meses de prisión por blanqueo de capitales y acusado en Estados Unidos de conspirar para introducir cocaína, tras ser extraditado en 2023 desde Costa Rica. ¿UnaAsambleaalaaltura de la crisis? Panamá enfrenta una encrucijada institucional profunda. La crisis derivada del rechazo de algunos sectores a la Ley 462, que reformó la seguridad social; el descontento popular con la clase política; la desconfianza en las instituciones, y la polarización creciente son síntomas de un sistema que exige transformaciones de fondo. En medio de este escenario la pregunta de fondo no es quién preside el Legislativo, sino qué Asamblea se quiere construir. Mario De Gracia [email protected] Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. Cortesía Más allá de la directiva de la AN: las comisiones entran en juego y Vamos revela aspirantes LEGISLATIVO El Mientras la atención se centra en los candidatos que buscan presidir la Asamblea Nacional (AN) de cara al segundo periodo de sesiones ordinarias (2025-2026), que arranca este martes 1 de julio, las negociaciones por las comisiones legislativas no pasan desapercibidas. En las conversaciones, llamadas y cafés para esbozar el rumbo de los colectivos políticos en el Legislativo, también tienen cabida los acercamientos para definir el rumbo particular de los diputados. Algunas bancadas ya lo han hecho. Particularmente, la Coalición Vamos, que ha definido una lista con candidatos para cada comisión, incluida la Comisión de Presupuesto, para la que ya adelantó a Manuel Samaniego, Janine Prado, Neftalí Zamora y Carlos Saldaña, como aseguraron fuentes de ese colectivo este martes 25 de junio. El colectivo no repetiría diputados en esa comisión, que suele ser de las más cortejadas por los diputados: tiene 15 asientos, mientras el resto de comisiones tienen nueve. Por otro lado, en otros colectivos, resuenan algunos aspirantes a repetir sus posiciones: Sergio “Chello” Gálvez, de Realizando Metas, o Raphael Buchanan, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), según señalan fuentes legislativas. ¿Cómo se eligen comisionados? Pero las negociaciones para ser miembro de una comisión tienen base en el Reglamento Orgánico del Régimen Interno (RORI) de la Asamblea, que establece en sus artículos 42 y 43 la forma en la que pueden elegirse miembros de las comisiones. El método principal es a través de nóminas consensuadas de candidatos. También hay un procedimiento alternativo: la división del número total de diputados de la Asamblea entre el número de miembros de la comisión que se va a elegir, cuyo resultado se denomina “cociente de elección”. En este último caos, cada diputado debe votar en una papeleta por su candidato a formar parte de una determinada comisión. Para lograr la silla, el candidato debe recibir un número de votos mayor al cociente de elección. En los casos de empate, decide la suerte. Todas las alternativas son contempladas por los negociadores, que barajan con los números de votos que pueden obtener. Para ello, en ocasiones intercambian votos a candidatos en la junta directiva por votos en las comisiones, según detallan conocedores del ajedrez legislativo, particularmente sobre las negociaciones que hasta este 30 de junio seguían en curso. De la directiva y sus antecedentes En la búsqueda de un puesto en la junta directiva del Legislativo, Vamos, particularmente, apuesta por la figura del diputado Augusto ‘Tuto’ Palacios, un escenario que, de concretarse, podría abrir las puertas a mayores oportunidades de presidir comisiones para el colectivo. Por otro lado, Realizando Metas busca lo propio con la candidatura a la presidencia de la junta directiva del Legislativo con Shirley Castañedas, quien cuenta con el respaldo de los 13 diputados del PRD. Las comisiones son importantes para el colectivo de RM, que bajo la presidencia de la diputada Dana Castañeda en el primer periodo de sesiones ordinarias (2024-2025), logró presidir 8 de 15 comisiones posibles en el Legislativo. Es decir, el 53.3% de las comisiones eran controladas por RM. Tanto el Partido Cambio Democrático (CD) como el Partido Panameñista, que respaldaron la candidatura de Castañeda, obtuvieron la presidencia de 3 comisiones, respectivamente. También hubo espacio para que los aliados de RM, del Partido Alianza, lograran presidir una Comisión. Vamos, que entonces postuló a Walkiria Chandler para buscar la presidencia del legislativo, quedó relegado a la vicepresidencia de algunas comisiones. En esta ocasión, las comisiones vuelven a ser pieza importante de las negociaciones. La elección de la junta directiva puede ser un abrebocas del futuro, pero nada está escrito en piedra hasta este 1 de julio, cuando se tendrán señales más claras del devenir Legislativo. ¡Volvieron las vallas! Otra vez la cerca y estalla la controversia José González Pinilla [email protected] Las vallas de seguridad volvieron a rodear la Asamblea Nacional ayer lunes, en vísperas del inicio del nuevo periodo legislativo. La instalación de las cercas metálicas, ejecutada por la Policía Nacional, fue duramente cuestionada por varios diputados, quienes la ven como un retorno a prácticas del pasado que alejaban al órgano del pueblo. Legisladores como Roberto Zúñiga, Betserai Richards, Grace Hernández y Ernesto Cedeño expresaron su rechazo, mientras que la presidenta saliente, Dana Castañeda, aclaró que no autorizó la medida. Richards lamentó el regreso de una barrera “que dividía y distanciaba a la ciudadanía”. Cedeño afirmó que se pensaba superada esa etapa. Hernández pidió una Asamblea “sin miedo y más cercana a la gente”.
5A La Prensa Panamá, martes 1 de julio de 2025 Panorama Casos Fisher y Fusión revelan redes de lavado en Panamá Juan Manuel Díaz [email protected] JUDICIAL Los juicios, que se desarrollan en las oficinas de Ancón y vía España, buscan condenas para todos los imputados, con apoyo de fiscales de drogas. Un total de 39 personas detenidas en las operaciones Fisher y Fusión, señaladas de ser parte de redes dedicadas al blanqueo de capitales procedente del tráfico de drogas, enfrentan juicios en los que podrían recibir penas de hasta 12 años de prisión. Los juicios, que se desarrollan de forma paralela en el edificio 725 de Ancón y en la oficina judicial contra la delincuencia organizada, ubicada en vía España, cuentan con la participación de fiscales de drogas que buscan obtener sentencias condenatorias para la totalidad de los imputados. En el juicio contra 23 personas detenidas en la operación Fusión, el fiscal de drogas Joseph Díaz anunció la presentación de un cúmulo de escuchas telefónicas, diligencias de seguimiento y vigilancias, que demostrarían la vinculación de exfuncionarios del Aeropuerto Internacional de Tocumen con una red de tráfico de drogas que envió varios cargamentos de estupefacientes hacia Europa y Estados Unidos. Díaz alegó que esta red criminal era liderada por Fernando Sixto Mendoza, quien presuntamente coordinaba la logística de las drogas que llegaban desde Colombia por vía marítima a las provincias de Panamá y Darién. Luego, la droga era introducida en maletas que llegaban a Tocumen, para ser enviadas como carga hacia países europeos. El fiscal detalló que esta red contaba con la cooperación de una funcionaria de la Policía Nacional, encargada de brindar protección a los autos que transportaban la droga, así como testaferros encargados de recibir el dinero producto de su venta. En tanto, el juicio del caso Fisher fue suspendido hasta mañana, debido a la presentación de una recusación y a la ausencia de uno de los abogados particulares, quien fue reemplazado por un defensor público. En este caso, la Fiscalía de Drogas, a cargo de José Leyva, tiene previsto solicitar sentencia condenatoria para los 23 imputados que actualmente enfrentan juicio, ya que previamente 28 de los procesados alcanzaron acuerdos de pena. El fiscal Leyva tiene previsto presentar 240 pruebas documentales, 13 periciales y cinco evidencias materiales para sustentar su teoría del caso. Como parte de esta investigación, la fiscalía logró incautar 10 millones de dólares en una residencia ubicada en el área de Costa Abajo, provincia de Colón. Según las pesquisas, ese dinero pertenecía a miembros del Clan del Golfo, quienes lo mantenían oculto ante la ofensiva desplegada por Colombia contra esa organización criminal. Las autoridades identificaron a Jorge Luis General como el presunto cabecilla de la red. De acuerdo con las investigaciones, era el encargado de coordinar la logística para el trasiego de drogas y dinero. Además, era propietario de la empresa Magna Pesca, utilizada para justificar el movimiento de fondos provenientes del narcotráfico. Según el Registro Público,estacompañíatienecomo presidente al propio Jorge Luis General. En la residencia del imputado se encontraron 44 mil dólares en efectivo, mientras que cuatro embarcaciones vinculadas a él, valoradas en 400 mil dólares, también fueron decomisadas. Las autoridades sostienen que estas eran utilizadas para movilizar tanto drogas como dinero. Eljuiciohasidosuspendido en dos ocasiones anteriores por la falta de comparecencia de abogados defensores y de uno de los imputados. Tal Cual Mónica Palm [email protected] BOCAZAS. Hace poco más de un año, Camacho no ocultaba su desprecio por el PRD. “Seríamos demasiado ‘ahuevaos’ si hiciéramos una alianza con la gente que ha inhabilitado a Ricardo Martinelli, que lo persigue a él y a su familia. Eso no es ser pendejo. ¡Eso es ser ‘ahuevao’!”, dijo aquella vez. Pues ahora habrá que llamarles así, porque se han aliado y el PRD ha anunciado el apoyo “unánime” de su bancada a la candidata de RM. Todos estaban felices cuando hicieron el anuncio, desde un restaurante. En agradecimiento, solo faltó que Shirley le entregara a cada diputado del PRD un vale redimible en un supermercado. CLICK. Raúl Pineda aclaró que Benicio sí estaba en la reunión de la bancada del PRD con Shirley. Benicio no aparece en la foto porque, supuestamente, fue él quien la tomó. ¿Acaso no sabe hacer un selfie? THE BEST. Por cierto, el embajador y rock star José Miguel Alemán considera que Camacho es “el mejor diputado, lejos”. Si así son sus apreciaciones, muchos desaciertos de nuestra relación reciente con Estados Unidos empiezan a tener explicación. Pero los 27 votos (15 de RM y 12 del PRD) que tendría Shirley bajo el brazo no son suficientes para ganar, a menos que el bloque conformado por CD, el Panameñista, Vamos, Seguimos y Patsy Lee no se ponga de acuerdo y surjan dos candidaturas en lugar de una. En ese caso, se impone Shirley, ya que esta elección es por mayoría simple. Que no se diga que nadie se los advirtió. NECIOS. Lo que ha trabado la conformación de una nómina en el bloque opositor es la renuencia de algunos diputados de Vamos a votar por un candidato que sea miembro de un partido político. Los más reacios serían Walkiria, Yamireliz, Alexandra Brenes y Luis Duke. Por no querer votar por el candidato de un partido aliado, van a beneficiar a la candidata que representa los intereses de un convicto. BOSS. Bolota ha sido escogido como jefe de la bancada del PRD. ¿Acaso no había más nadie apto para ese puesto? Sin duda, ese colectivo está viviendo los últimos días de Pompeya. INDECISOS. La bancada mixta (donde hay cinco diputados) sigue sin exteriorizar sus preferencias. Cualquiera que haga una movida para fragmentar está favoreciendo los intereses de RM, quieran o no.
6A La Prensa Panamá, martes 1 de julio de 2025 Panorama Autoridades locales, diputados y dirigentes de la colación encabezada por Juan Diego Vásquez y Gabriel Silva. Richard Bonilla Vamos rinde cuentas y fija prioridades legislativas Mario De Gracia [email protected] POLÍTICA Entre los temas que la agrupación política impulsará figuran la carrera administrativa, formas al sistema educativo y agua potable. Tras un año de estrenarse en el poder, la coalición Vamos realizó un acto de rendición de cuentas este lunes 30 de junio. Allí también hizo el lanzamiento oficial de su ‘Panel de Transparencia Ciudadana’, una plataforma digital que registra las acciones y resultados de sus autoridades electas. Cinco leyes de la República y 180 proyectos comunitarios se encuentran entre los principales resultados de gestión que ponderó el colectivo en el evento. Al tiempo, anunció sus prioridades para el segundo periodo de sesiones ordinarias en la Asamblea Nacional: presentar reformas a la carrera administrativa, reformas educativas y abordar la legislación y fiscalización del servicio de agua potable a nivel nacional. “Vamos a trabajar en una visión clara en garantizar que el trabajo que se ha realizado la coalición se materialice en una reforma integral a la ley de carrera administrativa. Buscaremos la manera de, en conjunto con todos los sectores del tejido educativo del país, presentar reformas educativas concretas (...)”, anunció en su discurso el presidente de la coalición, Juan Diego Vásquez. Aunque no detalló la forma en que abordarán las principales prioridades, Vásquez enfatizó que se empujarían desde el Legislativo, donde el colectivo busca un puesto en la junta directiva a través de la figura del diputado, Augusto Tuto Palacios. Seguimiento a promesas En cuanto a los gobiernos locales, el diseño de la carrera administrativa municipal, la participación ciudadana y la recolección y distribución de recursos financieros en los corregimientos, se encuentran entre las prioridades en las que se enfocarían las autoridades de Vamos. A las promesas que hace Vamos de cara a su segundo año de gestión se les podrá dar seguimiento a través de su plataforma digital. “Acciones realizadas, iniciativas legislativas, proyectos municipales, actividades comunitarias (...), todo lo que ellos [autoridades] están día a día trabajando, la ciudadanía puede saber en tiempo real lo que están haciendo”, dijo Gabriel Silva, vicepresidente de Vamos. Vamos agrupa un total de 15 autoridades en gobiernos locales, de ellas, 13 representantes de corregimiento y dos alcaldes de distrito. En la Asamblea, el colectivo agrupa en su bancada a 18 diputados, tras las salidas de Manuel Cheng y Betserai Richards antes de la reconfiguración legislativa que se consolida este 1 de julio. Un nuevo escándalo de corrupción sacude al Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida), luego de que la Fiscalía Anticorrupción imputara cargos por peculado a la exjefa de la sección de suministro y control de combustible, quien permanece detenida provisionalmente. La audiencia tuvo lugar el domingo 29 de junio, cuando la fiscalía sustentó la imputación tras establecer que la exfuncionaria provocó una lesión patrimonial de $641,241. La imputada era responsable de administrar los cupones de combustible y supervisar la recepción de combustible para los vehículos del Mida, distribuidos en distintas regionales. Según las pesquisas, manipulaba registros y documentos para encubrir irregularidades en el uso del combustible destinado a la flota institucional. Las investigaciones también alcanzan a otros funcionarios y particulares que podrían haber sido beneficiados por el desvío de combustible, mientras el Ministerio Público busca establecer el grado de responsabilidad de cada implicado. Este caso se da en un contexto más amplio de acciones de la Fiscalía Anticorrupción, que la semana pasada desplegó a 73 funcionarios para realizar diligencias en varias instituciones públicas. Entre estas, figuran el Ministerio de Comercio e Industrias, el Ministerio de Salud, la Caja de Ahorros y el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), todas bajo investigaciones activas por presunta malversación de fondos públicos. Se robaron $641 mil en combustible del MIDA POSIBLE PECULADO Juan Manuel Díaz [email protected] Nueva sede de las fiscalías anticorrupción. Cotesía
7A La Prensa Panamá, martes 1 de julio de 2025
8A La Prensa Panamá, martes 1 de julio de 2025
9A La Prensa Panamá, martes 1 de julio de 2025
10A La Prensa Panamá, martes 1 de julio de 2025 Panorama Los docentes están en paro indefinido desde el pasado 23 de junio, es decir, más de 60 días. Alexander Arosemena ‘El Meduca amenaza, los bancos llaman, pero seguimos firmes’ Aleida Samaniego C. [email protected] PARO DOCENTE Los docentes en huelga enfrentan presión económica y amenaza de reemplazo, pero preparan propuesta para reformar la Ley 462. Los docentes panameños que se mantienen en huelga desde el pasado 23 de abril reconocen que atraviesan uno de los momentos más críticos desde que inició el paro. La presión económica de los bancos y las advertencias de reemplazo por parte del Ministerio de Educación (Meduca) se han intensificado en las últimas semanas. Sin embargo, el movimiento magisterial insistió ayer lunes en que resistirá hasta alcanzar una salida negociada a la crisis desatada por la aprobación de la Ley 462, que reformó el sistema de jubilaciones de la Caja de Seguro Social (CSS). Durante un encuentro realizado en los alrededores de la iglesia del Carmen, vía España, los dirigentes magisteriales hicieron un llamado a sus bases a mantenerse firmes “unos días más”, mientras afinan una propuesta que presentarán a la próxima directiva de la Asamblea Nacional. “Hay mucha desesperación. Los bancos están llamando, y los directores también. Nos advierten que si no regresamos a clases, enviarán los papeles al direcciones regionales Meduca para comenzar el proceso de reemplazo”, advirtió Edy Pinto, dirigente de la Asociación de Educadores de San Miguelito. A pesar de ello, pidió a sus agremiados no rendirse y “seguir dando la milla extra en este paro”. Según cifras del propio Meduca, más de 10 mil educadores se han inscrito en el Registro Permanente de Elegibles como posibles reemplazos de los docentes en huelga. No obstante, los líderes del movimiento han pedido a sus colegas no participar en este proceso. “Que esperen su momento, este no es el camino”, insistió Pinto. En el encuentro también se anunció que el movimiento docente ha entablado conversaciones con organizaciones sociales y empresariales para estructurar una propuesta de reforma a la Ley 462. Aunque la derogación ya no es viable, los gremios plantean modificar al menos 52 artículos del texto aprobado en marzo de 2025, el cual consideran lesivo para los derechos adquiridos de los trabajadores. Los dirigentes reconocen que el proceso legislativo será lento, debido a que la conformación de nuevas comisiones en la Asamblea Nacional tomará tiempo. Aun así, reiteraron su compromiso de mantenerse movilizados y en unidad, a pesar de las presiones institucionales y financieras. Respuesta institucional del Meduca Mientras continúa el paro, el Meduca confirmó que los nuevos nombramientos docentes realizados en respuesta a la huelga tendrán vigencia hasta diciembre de 2025, coincidiendo con el cierre del calendario escolar. El proceso de contratación se está ejecutando mediante un procedimiento especial, transitorio y expedito que permite designaciones rápidas tomando en cuenta los méritos profesionales, condiciones físicas y antecedentes morales de los aspirantes. Las direcciones regionales de Educación son las encargadas de identificar las necesidades urgentes de personal docente, en coordinación con las direcciones nacionales correspondientes. Según la institución, esta contratación temporal se apega a los marcos legales vigentes y tiene como objetivo asegurar que los estudiantes no pierdan el segundo semestre del año escolar. Los nuevos docentes seleccionados provienen del Registro Permanente de Elegibles del Meduca, priorizando a quienes hayan concursado previamente para ocupar esas vacantes. Los candidatos deben cumplir con los requisitos de salud física y mental, además de presentar certificaciones de antecedentes personales. Adicionalmente, los maestros nombrados bajo este procedimiento recibirán un reconocimiento adicional de 10 puntos por servicio, que será incorporado a su historial profesional, según informó el ministerio. Una lucha prolongada con incertidumbre La prolongada huelga ha dejado a miles de estudiantes sin clases durante más de dos meses, mientras se agudiza el clima de incertidumbre en el sector educativo. Aunque la tensión entre los docentes y el gobierno no muestra signos de resolverse de forma inmediata, ambas partes parecen prepararse para una nueva fase del conflicto, esta vez en el plano legislativo. Los docentes, por su parte, insisten en que la lucha no es solo por ellos, sino por el futuro de la seguridad social en el país. “Esta batalla no es individual, es por todos los trabajadores que van a jubilarse en condiciones dignas”, expresó uno de los oradores durante la asamblea. Mientras tanto, el tiempo avanza, los compromisos económicos asfixian y la amenaza de reemplazos se cierne sobre los huelguistas. La resistencia magisterial está siendo puesta a prueba, y aunque el desenlace aún está por escribirse, los más perjudicados siguen siendo los estudiantes, que continúan sin recibir clases.
11A La Prensa Panamá, martes 1 de julio de 2025 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. otras posiciones. De darse esta situación, sería una gaznatada de marca mayor para el convicto ausente, que volvería a perder otra elección. Esta coyuntura podría beneficiar al actual presidente de la República, pues le daría un espacio de negociación y evitaría verse sometido al chantaje que a veces se le presenta. Otra posibilidad es que todos los que no comulgan con la bancada “oficialista” (entre comillas, pues es oficialista de nombre) lancen un nuevo “arroz con pollo” con condimentos que hasta ahora no se podían combinar. Este “lado” podría recibir algún tipo de apoyo individual de algunos que, en la vuelta anterior, se alinearon con la nómina ganadora. Si esta última opción se materializa, podría abrirse una oportunidad de negociación tanto entre bancadas como con el Órgano Ejecutivo, lo que quizás permitiría fortalecer la desgastada imagen de un Legislativo que no termina de salir del fango donde ha estado por mucho más tiempo del que quisiéramos. Hasta cierto punto, fortalecería la democracia y podríamos, quizás, ver un verdadero Primer Órgano del Estado. Sin descartar algún “almojábano” que pudiera surgir, podría darse la discusión de temas de mayor importancia y trascendencia para las grandes mayorías. Procedo a esbozar algunos de estos temas, no necesariamente en orden de prevalencia: La reforma al reglamento interno de la propia Asamblea (RORI), cambios que han sido solicitados no solo por algunos diputados de forma individual, sino por imporLas colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. Sustituir maestros Autoritarismo Los ministros de Educación de Panamá han sido —y por partida doble, la actual ministra Lucy Molinar— tradicionalmente ineficaces frente al verdadero problema de este país: la ignorancia. Todos los gobiernos se han dedicado a destruir la educación panameña para convertirla en un negocio: partidas para mejorar infraestructuras que no llegan, venta de comida de pésima calidad para niños desfavorecidos, y gastos recurrentes en fiestas patrias y otras celebraciones que nada tienen que ver con educar. La misma ministra de la brillante idea de las computadoras portátiles es ahora quien cree que se pueden sustituir, de la noche a la mañana, a los maestros. Algo habrá que hacer, claro, pero no se puede esperar que esta sea una solución viable, cuando alumnos y nuevos docentes tendrían que adaptarse a una situación de por sí muy tensa. De diálogo y búsqueda de soluciones, ni hablamos, porque ya han decidido —ambas partes— que todo sea un desastre, a ver quién resiste más. Y mientras tanto, los estudiantes siguen sin educación. De lo que estoy seguro —y ojalá me equivoque— es que llegarán las fiestas patrias y todos exigirán sus días libres y sus desfiles, para gastar tiempo y dinero celebrando una patria que, ahora mismo, no respetan. Nuestros estudiantes van camino de ser los que más tiempo de clases han perdido desde 2020. Y habrá algún zoquete que piense que eso no importa, o que pretenda minimizar el impacto sobre nuestro futuro. Este gobierno está haciendo todo lo necesario para seguir pareciendo el país menos fiable del continente: un lugar propicio para la mano de obra barata y el trapicheo económico. Autoritarismo, servilismo y falta de criterio son buenos ingredientes para ir a Sevilla a abrazar a un presidente socialista que promete cooperar con el tren y ayudarnos a salir de las listas grises en las que aún seguimos. Puro humo: un balón de oxígeno para ambos, que no saben qué hacer con el caos que tienen en sus respectivos patios. La verdad, la gran víctima Ley 462 con la vieja ley del Subsistema Exclusivamente de Beneficio Definido (SEBD) recibe una pensión de $660 (tasa de reemplazo de 60%); bajo la Ley 462 recibirá una pensión de $677.44 (tasa de reemplazo de 61.6%). Y en el caso de los asegurados bajo el sistema mixto, su jubilación aumentará aún más, en virtud de que el aporte a su cuenta individual aumenta del 10 al 15% por encima de los $500 de salario mensual. Además, se reconoce este incremento de forma retroactiva hasta el momento en que el trabajador comenzó a cotizar. Mejor aún, bajo la Ley 462, a medida que aumenta el número de cuotas, también aumenta la tasa de reemplazo con respecto a la que regía con igual número de cuotas bajo la Ley 51. Por ejemplo, un pensionado que se jubila con un salario promedio de $1,100 luego de aportar 360 cuotas (equivalente a 30 años), recibirá una pensión mensual de $861.96 (tasa de reemplazo de 78.36%). Bajo el viejo sistema “solidario” habría recibido $825.00 (tasa de reemplazo de 75%). Otra de las falsedades sobre la Ley 462 divulgadas por sus críticos es que la misma acaba con el sistema solidario, perjudicando a los jubilados. Sin embargo, esta ley no toca a los actuales pensionados bajo el SEBD, quienes mantienen sus pensiones. Pero es más solidaria que este, pues no solo cubre el déficit proyectado, sino que garantiza pensiones para más de 300,000 jubilados y medio millón de cotizantes que no tienen un centavo de reservas. Por primera vez, tanto los trabajadores eventuales como los agrícolas e informales están amparados por el sistema de pensiones. Antes de la aprobación de esta ley, estos trabajadores no cotizaban y, por lo tanto, no tenían derecho a una pensión de vejez. Franklin Castrellón Por una ‘nueva Asamblea’ Prioriades legislativas Hoy martes inicia un nuevo período legislativo en la Asamblea Nacional. Como he comentado anteriormente, “desde mi balcón” no veo cambios significativos en el Palacio Justo Arosemena, pues a veces pareciera que seguimos cooptados por las malas influencias del pasado político, que tanto nos ha costado y nos sigue costando. Sin embargo, haré un análisis de algunas posibilidades que pudieran darse, dado el hecho de que algunas ya han sido expresadas públicamente y otras no lo han sido tanto, pero hay quienes comentan que las “negociaciones”, trabajos ortopédicos y demás yerbas similares no se están dando dentro del recinto legislativo, sino más bien afuera y, en algunas ocasiones, bastante lejos de donde deberían darse. En ese sentido, vemos un primer escenario: que todas las fuerzas políticas que llevaron a la actual junta directiva a ser electa se vuelvan a alinear para imponer a una candidata cuya designación, como es de esperarse, no fue hecha en Panamá Oeste ni siquiera en el país. Si esto se da, se necesitaría de mucha “matraca”, en todos los sentidos de la palabra. Otra opción que se está considerando es que esa amalgama lograda en julio de 2024 no se pueda volver a concretar, y que ese lado de la balanza no consiga los votos suficientes para designar la junta directiva. Esto, porque uno de los partidos que votó en esa alianza ha estado considerando seriamente lanzar su propia nómina, encabezada por ellos y con un “pick a side” para las tantes sectores de la vida nacional. Las reglas para el próximo torneo electoral, que regirán las siguientes elecciones y muchas otras decisiones vinculadas a este proceso. Es importante que la representación de las iglesias y clubes cívicos en la comisión del Tribunal Electoral respectiva conserve la preponderancia que siempre ha tenido. El tema de considerar la reapertura de la mina de Donoso, lo cual requeriría que los diputados levanten la veda impuesta por ellos mismos. El Estado podría volver a explotar una concesión, con la diferencia de que esta debería cumplir con los más altos estándares de seguridad y cuidado ambiental. En lo personal, me gustaría que se profesionalizara la carrera pública. Pero esto, desde mi punto de vista, debe incluir una limitante: que no se realice todo de una vez, sino periódicamente, de modo que al finalizar una quinta administración presidencial tengamos servidores públicos capacitados, profesionales, y que no tengan que pertenecer a un partido político para ganarse el pan de cada día. Otro tema que debe comenzar a atenderse —aunque no considero que sea tarea de un solo período— es la revisión de la educación en Panamá. He escrito en múltiples ocasiones sobre esto, pero ha llegado el momento en que no podemos seguir toreando esta responsabilidad ni mucho menos patear la lata para una nueva administración. Considero que hay varios otros temas pendientes en el tintero de los diputados, y que no deberían perder el tiempo en asuntos que más bien deberían ser responsabilidad de las juntas locales y de los representantes de corregimiento. ¡Llegó el momento de asumir las responsabilidades para las que fueron electos! Opinión EL AUTOR es escritor. EL AUTOR es dirigente cívico y analista político. EL AUTOR es periodista. Pedro Crenes A lo largo de este dilatado proceso, los dirigentes de Suntracs y Asoprof han acuñado la falsa premisa de que se ha reemplazado una ley solidaria por una que no lo es. Cabe preguntarse: ¿a qué llaman “solidaria” esos líderes?, si tomamos en cuenta que bajo el antiguo sistema los cotizantes con salarios bajos subsidiaban las pensiones de aquellos con mayor salario. Ahora es a la inversa. Al respecto, un experto en estudios actuariales me comentó: “La Ley 462 es lo más solidario con sostenibilidad que ha existido en Panamá”. Además, la nueva ley indexa anualmente las jubilaciones en base al Índice de Precios al Consumidor, lo que asegura futuros aumentos en línea con la inflación. Cuando se aprobó la Ley 462 el 18 de marzo de 2025, Suntracs y los líderes de los educadores arreciaron su campaña de desinformación. Curiosamente, esta ley no afecta a los educadores, pues su sistema de pensiones está regulado por la Ley No. 54 de 2000, que crea el Plan de Retiro Anticipado Autofinanciable (PRAA), lo que sugiere que el apoyo de Asoprof al movimiento es más por razones ideológicas que profesionales. Esta irracional posición solo está contribuyendo a ampliar la brecha entre ricos y pobres en Panamá. La semilla sembrada por esos dirigentes y sus seguidores provocó el caos que ha llevado a la ruina a Bocas del Toro, y la salida de Panamá de Chiquita Panamá. La relativa calma que reina desde que el gobierno dictó el Decreto de Gabinete No. 27 del 20 de junio, que declara el estado de urgencia en Bocas del Toro, no significa que el problema producido por la campaña de desinformación haya desaparecido. Resulta oportuno y necesario que el gobierno revise lo actuado y corrija las fallas en su gestión informativa y docente sobre la Ley 462. Incluso, el Ejecutivo debería estar abierto a la posibilidad de corregir parte de las posibles deficiencias que señalan algunos de sus críticos durante el periodo legislativo que se inicia este 1 de julio de 2025. Desde mi perspectiva, y después de un análisis comunicacional de los temas que originaron los injustificados paros de educadores y activistas del Suntracs, la gran víctima de ese diferendo ha sido la verdad. La victimización de la verdad la facilitó el propio gobierno cuando, después de aprobada la Ley 462, que reforma la ley orgánica de la Caja de Seguro Social (CSS), dejó de informar y hacer docencia en los medios de comunicación y las redes sociales, un vacío que llenaron los enemigos de dicha ley para divulgar falsedades que fueron aceptadas como “verdad absoluta” por gran parte de la población. Pero, ¿qué es la verdad? De las varias acepciones que da el diccionario de la Real Academia Española, la que más se aplica al debatido diferendo es la que define la verdad como “juicio o proposición que no se puede negar racionalmente”. A manera de ejemplo, la Ley 462 no aumentó la edad de jubilación, pero Suntracs y los líderes de los educadores organizados bajo Asoprof alegan que sí la aumentó, y gran parte de la población asimiló esta mentira. La verdad es que la Ley 462 no aumentó la edad de jubilación; lo que sí aprobó es que, al sexto año de su vigencia, el gobierno contrate a tres firmas internacionales de reconocido prestigio para el estudio actuarial que determinará la necesidad, o no, de cambiar la edad de jubilación. De recomendarse un aumento en la edad de jubilación, este deberá ser considerado por la Asamblea Nacional. Otra mentira que ha tenido gran acogida es que la Ley 462 reduce el monto de las jubilaciones. En realidad, la nueva ley aumenta la pensión con respecto a la antigua Ley 51. A manera de ejemplo, un empleado que alcanzaba al jubilarse un salario promedio de $1,100 (mil cien dólares) y que ha pagado el mínimo de 240 cuotas (20 años), Otro tema que debe comenzar a atenderse —aunque no considero que sea tarea de un solo período— es la revisión de la educación en Panamá. Juan B. Mckay Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente Ejecutiva y Directora Editorial Annette Planells Gerente Comercial Sudy S. de Chassin Subdirectora y Editora de la Unidad de Investigación Mónica Palm Editora Digital Yolanda Sandoval Editor del Impreso Juan Luis Batista ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com Aviso sobre el uso de Inteligencia Artificial Este periódico emplea inteligencia artificial (IA) para asistir en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. 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