4A La Prensa Panamá, lunes 30 de junio de 2025 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] TURBA. Uno de los peones colonenses del loco decidió dejar el megáfono con el que se le vio hace unas semanas en los 4 Altos y trasladar la gritería a la Asamblea. Mañana aparecerá con unos autobuses repletos de manzanillos que no vienen precisamente a aplaudir el discurso del presidente, sino a gritar consignas en contra de la Ley 462. El dinero que financia semejante montaje se mueve entre Panamá y Colombia. ¿Será que el crimen sí paga? TRAUMATOLOGÍA. No hay ortopeda que pueda enderezar la candidatura de Shirley Castañedas. Por tanto, toca torcer la voluntad de 36 diputados, la cantidad mínima de votos necesarios para ganar la presidencia de la Asamblea. La mano que ha entrado a dar el último tirón (con la asistencia de algún asesor de San Felipe) trae el aroma inconfundible de la oficina fiscalizadora de Avenida Balboa. Si esta maniobra quirúrgica tiene éxito, el país quedará enyesado, pagando las secuelas de una fractura institucional mal curada. APURO. El presidente Mulino ha regresado a la carrera de España. No participó en la IV Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo de Naciones Unidas, salvo en la cena que ofrecieron anoche los reyes Felipe VI y Letizia en el Real Alcázar de Sevilla. ¿Había que someterse a semejante corredera? Desde que tomó posesión, sabe que cada 1 de julio le toca rendir un informe al país desde la Asamblea. NOMBRE. La nueva bancada conformada por los diputados Grace Hernández, Ernesto Cedeño, José Pérez Barboni y Betserai Richards se llama “Seguimos”. ¿Eso qué significa: que siguen haciendo algo o que siguen a alguien? BYE. La bancada de Vamos se queda, pero el que se va es su mentor. Juan Diego Vásquez se marcha esta semana a Boston a estudiar una maestría. Cuando venga de vuelta, ¿cómo rebautizará al movimiento? ¿“Regresamos”? A LA MAR. La junta direcEn lo que va del año 2025 las autoridades ha decomisado unas 40 toneladas de droga en operativos a nivel nacional. Cortesía/Ministerio Público Panamá instala juzgados contra el delito de blanqueo de capitales Juan Manuel Díaz [email protected] JUSTICIA Entre 2020 y 2025 se registraron 4,756 casos de blanqueo de capitales en Panamá, reflejo del auge de una economía criminal que incluye narcotráfico, pandillas y delitos financieros cada vez más sofisticados. El Órgano Judicial (OJ) instaló los primeros juzgados especializados para la tramitación de juicios por delitos de blanqueo de capitales. La decisión fue adoptada a raíz de la alta incidencia de estos delitos, pues entre enero de 2020 y febrero de 2025 se registraron 4,756 casos. ¿Qué es el blanqueo de capitales y cómo se castiga en Panamá? El blanqueo de capitales, también conocido como lavado de dinero, consiste en dar apariencia legal a fondos, bienes o activos provenientes de actividades ilícitas, como el narcotráco, la corrupción o el contrabando. Este delito permite que recursos obtenidos de manera ilegal ingresen al sistema nanciero sin levantar sospechas sobre su origen. En Panamá, el blanqueo de capitales está tipicado en el Código Penal, particularmente en los artículos 254 y siguientes, y se castiga con penas de 5 a 12 años de prisión, que pueden aumentar si hay agravantes. Además, la Ley N.° 23 de 2015, que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el nanciamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, establece el marco regulatorio para los sujetos obligados —como bancos, abogados, contadores y agentes residentes—, imponiendo obligaciones de debida diligencia y reporte ante operaciones sospechosas. Las cifras del Judicial son reveladoras en cuanto al incremento de los delitos relacionados con el crimen organizado y el tráco de drogas. Las estadísticas indican que, en los tres últimos años, se han reportado un total de 57,000 audiencias vinculadas con causas relacionadas con la delincuencia organizada. De este total, 40,202 fueron por delitos relacionados con drogas, que abarcan desde la posesión simple y agravada de estupefacientes hasta el tráco internacional, la conspiración para tracar drogas y la utilización de precursores químicos para la elaboración de sustancias ilícitas. También se desarrollaron 3,664 audiencias por delitos de asociación ilícita vinculados al narcotráco. En estos casos, se ha identicado la participación de pandillas y grupos organizados que colaboran con redes internacionales dedicadas al tráco de narcóticos. A su vez, se reportaron 2,576 casos de delitos nancieros, en su mayoría cometidos contra bancos, nancieras y entidades dedicadas a transacciones y criptomonedas. Si bien no se tienen estadísticas recientes de condenas, entre 2018 y junio de 2023 en el Órgano Judicial se recibieron 385 casos de blanqueo de capitales, de los cuales 222 fueron resueltos, y se investigó a un total de 927 personas. La expectativ a La magistrada presidenta de la Corte, María Eugenia López, en un acto realizado la semana pasada durante la inauguración de las primeras instalaciones que albergan estos juzgados, señaló que: “Con la construcción de los tribunales especializados contra el crimen organizado, continuaremos fortaleciendo y robusteciendo la administración de justicia, elevando la credibilidad del sistema y brindando seguridad a nacionales y extranjeros que aspiran a que se combatan estos §agelos que tanto afectan a la sociedad”. La unidad especializada contra el blanqueo de capitales quedó sustentada mediante el Acuerdo N.° 174 de 14 de marzo de 2025, suscrito por los nueve magistrados del Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Los tribunales entraron en operación el 19 de mayo pasado en el Primer Distrito Judicial, compuesto por las provincias de Panamá, Colón, Panamá Oeste y la comarca Guna Yala. Los juzgados estarán integrados por 12 jueces de garantías, 9 jueces de juicio, 10 jueces de cumplimiento y 9 magistrados del Tribunal de Apelaciones. Desde 2022, las autoridades han ejecutado seis grandes operaciones antidrogas —Jericó, Éxodo, Ballena, Fisher, Alpes y Náufrago— en las que se han decomisado más de $11 millones, se ha detenido a 223 personas y se han incautado más de 30 toneladas de drogas. Estas operaciones revelaron la estrecha colaboración entre pandillas y redes locales con estructuras transnacionales que utilizan el territorio nacional como punto de tránsito para el envío de drogas hacia Europa y Estados Unidos. El trabajo de scales y jueces ha alcanzado a políticos —algunos con casos pendientes de calicación en la propia Corte Suprema de Justicia—, así como a funcionarios judiciales y de los estamentos de seguridad. En lo que va del año, las autoridades han incautado unas 40 toneladas de drogas en operaciones realizadas en todo el país. Antes de la vigencia de jueces especializados en blanqueo de capitales, estas causas eran ventiladas por jueces ordinarios, que también atendían procesos por otros delitos. Juan Manuel Díaz [email protected] Escenas de lo ocurrido en Chiriquí. Cortesía Incendio en una embarcación en Remedios, Chiriquí, deja un muerto SUCECOS Un incendio se registró en la mañana de este domingo 29 de junio, en Remedios, provincia de Chiriquí en una embarcación cuando se le despachaba combustible, que dejó como saldo una persona fallecida y otra con lesiones de consideración. La explosión que se registró a eso de las 8:00 a.m. afectó a dos personas que se encontraban a bordo de la embarcación Niño Chavo. Miembros de la comunidad dieron apoyo a los afectados, que luego fueron socorridos por unidades del Cuerpo de Bomberos, la Policía Nacional, el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) y el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), que acudieron al lugar del incidente. El Ministerio Público y la Autoridad Marítima Nacional (AMP) iniciaron las investigaciones para determinar las causas del accidente y establecer posibles responsabilidades. tiva de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) volvió a excluir de su agenda de reunión la decisión de no renovar la licencia de Sea Energy, una empresa vinculada a varios problemas durante la administración pasada. La indiferencia de la junta directiva representa una victoria para la empresa, ya que automáticamente obtiene una extensión que le permite seguir operando. ¿Por qué no les abren una investigación penal a todos los directivos? ¿Acaso el incumplimiento de deberes no es un delito?
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