8A La Prensa Panamá, viernes 27 de junio de 2025 El ministro de Seguridad, Frank Ábrego, y agentes del Senafront en el estadio Calvin Byron. Al lado, los detenidos. Tomado de @senafrontpanama El ‘método Bukele’ y la suspensión de garantías en Bocas del Toro Mario De Gracia [email protected] ESTADO DE URGENCIA El Estado de urgencia decretado en Bocas del Toro, que vio la suspensión del habeas corpus y su posterior restitución, es cuestionado por distintos sectores y expertos, a la vez que los procedimientos de aprehensión —371 detenidos en una semana— rememoran el estado de excepción de Nayib Bukele en El Salvador. Esposados, sin camiseta y descalzos, así trasladaron a varios grupos de aprehendidos durante el fin de semana del 21 de junio de 2025 en Bocas del Toro. Un día antes, la provincia entró en Estado de emergencia y suspensión de garantías constitucionales, a través del Decreto de Gabinete N°27. Las imágenes rememoraron el procedimiento utilizado por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, detalló el abogado y excomisionado de la Policía Nacional experto en pandillas, Carlos Icaza. “Con el respeto de quien dé la orden, yo asemejo la medida a lo que hace el presidente Bukele. Esa misma imagen, cuando la vi, me trasladó a San Salvador”, dijo Icaza. En el vecino país centroamericano se mantiene un régimen de excepción vigente desde 2022 que permite arrestos sin orden judicial para llevar adelante una lucha frontal contra ‘maras’ y pandillas. El vandalismo y el pandillerismo denunciado por el Ministerio de Seguridad la noche del jueves 19 de junio en la provincia de Bocas del Toro, llevó al Gabinete a tomar acciones inmediatas para “retomar el control” de la provincia, incluido el primer decreto de Estado de urgencia el viernes 20 de junio. Para el ministro de Seguridad, Frank Ábrego, tres pandillas propiciaron actos vandálicos en la provincia: los Terroristas, Boys in the Hood y los Branda, además de grupos no reconocidos como pandillas, como los Pachos y Pachucos. Asimismo, aseguró que había una “mano política” detrás que incentivó el descontrol, según dijo en una reciente entrevista a La Prensa. No obstante, el alegado pandillerismo en la provincia de Bocas del Toro llama la atención del investigador criminal Julio Alonso, de la Asociación de Profesionales de Investigación Criminal y Ciencias Forenses. “La estadística no refleja que haya un movimiento intenso de droga interna. No hay lucha por el territorio, no hay guerra entre pandillas. Si bien en todos los lugares hay satélites de pandillas, no tienen la fuerza y actividad para cometer actos delictivos de gran valía. Allá [En Bocas] hay control del territorio para microtráfico y para ciertas rutas pequeñas”, argumenta Alonso. Los actos vandálicos en Bocas del Toro ocurrieron tras más de un mes de manifestaciones y cierres de vías en la provincia, mayoritariamente por las reformas a la ley 462 de la Caja de Seguro Social (CSS), de las que se quejaron trabajadores de la industria bananera. No obstante, el Sindicato de Trabajadores de la Industria Bananrera (Sitraibana), que impulsó la lucha, se desmarcó de los actos violentos en la provincia, que incluyeron el saqueo a comercios y el daño a la infraestructura pública. Para el sociólogo Gilberto Toro, quien ha trabajado en proyectos sociales relacionados a la reinserción social de privados de libertad, hay otras variables a considerar para entender la crisis en la provincia. “Bocas no reportaba presencia fuerte de pandillas en años y un tema clave que marca presencia de pandillas es la pelea por el territorio. De ser así, las pandillas estuvieran controlando Almirante, sectores de Changuinola y la propia isla [Colón], sin embargo, eso en años no ha sucedido”, detalla. Toro explica la crisis de la provincia desde el abandono de sectores como Almirante y Changuinola, que para él, “han ido muriendo” con los años y donde las poblaciones “no tienen nada que perder [con protestas]”. “En una explosión social [tras protestas] la primera acción a la que se recurre es al vandalismo porque es una manifestación de hastío”, detalló. Sin embargo, dijo que de tratarse de pandillerismo, un indicador importante es observar la reacción de los familiares y de las comunidades afectadas. “En El Salvador, donde estaban los ‘pandilleros’ detenidos, afuera estaban todos los familiares protestando y denunciando violación de derechos. Hay que observar quiénes reclaman, la reacción comunitaria, social y de familiares; de lo contrario habría que pensar que fueron personas importadas, llevadas de otras áreas”, acotó Toro. La excepción: garantías suspendidas Hasta el jueves 26 de junio, el Ministerio de Seguridad desplegó al menos 2,000 unidades en Bocas del Toro y reportó la aprehensión de 371 personas, entre ellas 350 adultos y 21 menores de edad, en el marco de la denominada “Operación Omega”. Algunas de las preocupaciones que se han manifestado desde la sociedad civil y sectores políticos, tiene que ver con la suspensión del artículo 23 de la Constitución, sobre el habeas corpus, que es el derecho de una persona detenida a ser escuchada y que un tribunal resuelva la legalidad de su detención. La suspensión estuvo vigente entre el 20 de junio y el 25 de junio, a pesar de que el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, aseguró en rueda de prensa que el derecho se respetó aún existiendo la suspensión. El Gabinete tuvo que revocar la suspensión del artículo 23 el martes 24 de junio. Silencio en Bocas: más dudas que certezas Sabrina, Sin Censura Sabrina Bacal ESPECIAL PARA LA PRENSA Escenas que parecían de un país en guerra sorprendieron a los panameños el 19 de junio. Encapuchados vandalizaron, incendiaron y saquearon a sus anchas instituciones públicas y locales privados en Changuinola. El aeropuerto, el estadio, la sede del Sinaproc y hasta el depósito de medicamentos de la CSS cayeron en manos de los maleantes. Una población desprotegida tuvo que salir a defenderse con machetes y pistolas a pesar del enorme despliegue policial que había en la provincia por la “Operación Omega” lanzada días antes. La declaración de estado de urgencia la mañana siguiente acaparó la atención ciudadana, dejando enormes vacíos de información. ¿Dónde estaba la policía cuando la violencia se apoderó de la ciudad? ¿Cómo se pasó de un escenario de protestas y cierres a uno en el que -según la versión oficial- pandilleros tomaron el control de las calles? ¿Cómo se estableció la supuesta colaboración de algunos políticos locales con estas pandillas? ¿Cuándo conoceremos los nombres, detalles y evidencias de acusaciones tan serias? Las respuestas a estas preguntas son esenciales pues la dramática escalada de violencia precedió -y en alguna medida justificó- la suspensión de garantías constitucionales en la provincia. Dos semanas antes del violento desenlace hubo una apertura al diálogo que se descarriló. El dirigente de Sitraibana que negoció con la Asamblea una nueva ley para el sector bananero y se abrazó con la ministra de trabajo, fue detenido y trasladado a La Joya por presuntos delitos relacionados a los cierres. Será labor de los jueces determinar su inocencia o culpabilidad, pero es válido preguntarse de qué manera esa acción tan veloz de la justicia impactó los ánimos en la provincia. El interrogante es especialmente importante a la luz de las declaraciones del ministro Frank Ábrego a La Prensa. El titular de Seguridad aseguró que ni los miembros del sindicato bananero ni los docentes que protestaban contra la ley 462 participaron del vandalismo y los saqueos. Trataron incluso, según sus palabras, de defender las instalaciones de la empresa Chiquita. Esa claridad con la que el ministro diferenció las protestas legítimas de los actos delictivos, es la que requiere el país para entender la conveniencia, efectividad y legalidad de las medidas que se están aplicando en Bocas del Toro. Y es que con el corte de las comunicaciones los bocatoreños han quedado más aislados y desprotegidos, situación que generó una condena del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ). El Centro de Iniciativas Democráticas (CIDEM) considera que la medida “se erige como un velo para encubrir violaciones a los derechos humanos” . La organización pidió que se investigue la muerte de una bebé a consecuencia de los gases lacrimógenos, así como graves denuncias de abuso policial. Con la extensión del Estado de urgencia creció el monto de contrataciones directas de $10 millones a $40 millones. Aumentó el presupuesto de inversión para la golpeada provincia pero también la discrecionalidad (y con ella las posibilidades de favorecer a amigos del poder). A pocos días de que se cumpla el primer año del gobierno, cabe preguntarse si será Bocas del Toro, el manual con el que manejarán las crisis futuras. Esperemos que no, pues el balance actual es devastador. Ojalá se conozca toda la verdad de lo ocurrido, se castigue a los culpables de los actos de violencia y se comprenda que el verdadero secuestro de la provincia, como dijo un joven bocatoreño en las redes sociales, es la vergonzosa pobreza en la que está sumergida gracias el abandono sistemático del Estado. Para el abogado y constitucionalista Jorge Giannareas, presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional (IIDC), el habeas corpus hay que entenderlo en el contexto de los convenios internacionales de protección de derechos humanos, particularmente la Convención Americana de Derechos Humanos. De acuerdo con Giannareas, la Convención “no incluye el habeas corpus entre los artículos que se pueden suspender”. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) explicó en una opinión consultiva de 1987, que el habeas corpus es un derecho fundamental para no contravenir otros derechos de los aprehendidos, sin embargo, en ocasiones estas opiniones no son tomadas como vinculantes por los Estados. No obstante, Giannareas explica que la opinión de la CIDH señala en síntesis que la garantía del habeas corpus refleja que “no puede utilizarse el mecanismo del decreto de urgencia para desaparecer a la gente (...) El decreto de urgencia tiene límites en la razón de proteger los derechos de los detenidos”, añadió. Mientras el Estado de urgencia se mantiene hasta el próximo 29 de junio en Bocas del Toro, con la restitución por decreto del habeas corpus, el Ministerio de Seguridad ha reportado hasta el miércoles que 303 personas permanecían bajo custodia del Ministerio Público y 56 habían sido remitidas ante un Juez de Paz. Sobre el procedimiento de trasladar aprehendidos sin camiseta y descalzos, la Policía Nacional no ha dado mayores detalles. El excomisionado Icaza señaló que si bien “las requisas se pueden hacer al desnudo”, no ve con agrado el procedimiento por “asemejarlo a lo que hace el presidente Bukele”. “Al final, pareciera ser que quieren exhibir o mandar un mensaje de cómo van a ser tratados, pero nosotros tenemos que recordar (...) que hay que guardar y respetar las garantías y los derechos de cada uno de los aprehendidos”, concluyó Icaza. Panorama
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