10A La Prensa Panamá, viernes 27 de junio de 2025 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. nes están privados de libertad con dignidad, lo que incluye proporcionarles vestimenta adecuada para preservar su intimidad. Es cierto que, en ocasiones, puede ser necesario retirar temporalmente la ropa de un detenido por razones de seguridad o durante los registros para descartar riesgos. Sin embargo, esta medida debe ser breve y privada, y siempre acompañarse de la entrega inmediata de ropa limpia y adecuada. Debe recordarse que la persona detenida goza de la presunción de inocencia y que será un juez quien, en su momento, determine si ha cometido o no un delito. Mantener a un detenido durante largos periodos en ropa interior, sin ofrecer alternativas que garanticen su privacidad y dignidad, no solo es humillante y degradante, sino también una forma de deshumanización. Las autoridades encargadas de la custodia incurren en responsabilidad al contravenir los estándares internacionales de trato humanitario y condiciones mínimas de detención. En México se ha desarrollado el criterio de que cualquier práctica que exponga al detenido a situaciones humillantes o atente contra su intimidad —como el manejo indebido de su vesLas colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. Ciencia para crecer: el papel de las Mipymes Innovación En Panamá, las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) representan más del 95% del total de empresas registradas. Generan empleo, mueven la economía local y sostienen miles de familias. Sin embargo, muchas veces crecen por prueba y error, sin apoyo técnico ni acceso a conocimiento útil. La ciencia no es solo para grandes laboratorios. Busca respuestas a las preguntas a través del método científico, que es el proceso de observar, plantear un problema, formular una hipótesis, recabar datos mediante la experimentación, analizarlos y establecer una conclusión. Este mismo método, adaptado al entorno, también sirve para resolver problemas cotidianos como organizar inventario, calcular costos, elegir al mejor proveedor, diseñar campañas digitales o incluso decidir cuándo abrir un nuevo local. Estos retos pueden abordarse con herramientas científicas, desde modelos matemáticos simples hasta datos sobre el comportamiento del consumidor. El estudio Digitalización y desarrollo sostenible de la Mipyme en Panamá, publicado en 2022 por la Universidad Tecnológica de Panamá y el Centro Nacional de Competitividad, analizó 514 Mipymes panameñas. Concluyó que aquellas que adoptaban tecnologías digitales simples —como hojas de cálculo, aplicaciones de ventas o plataformas de cobro— lograban mayor eficiencia, reducían errores y tomaban decisiones más informadas. La ciencia aplicada tiene un impacto directo y medible en el crecimiento empresarial. Además, la digitalización ya no es una opción. Saber usar plataformas para cobrar, promocionar, analizar o vender es parte de la nueva realidad para cualquier empresa. Es urgente promover el uso de la ciencia como un recurso accesible para todos, no como algo lejano, complicado o exclusivo de un grupo. ¿Pueden una panadería o una barbería beneficiarse del conocimiento científico? La respuesta es sí, pero hace falta difusión, apoyo técnico y políticas públicas que lo faciliten. Hoy, 27 de junio, se celebra a nivel mundial el Día de las Mipymes. En momentos en que nuestro país atraviesa situaciones complicadas, pensemos en cómo acercar más la ciencia a quienes generan valor todos los días, sin mucha visibilidad. Terror Derechos humanos de detención entre el 1 de enero y el 4 de junio no tienen condenas criminales. Aún más: desde el 1 de octubre de 2024 hasta el 14 de junio de este año, el 65% no tenía antecedentes penales y el 93% de los detenidos jamás fue condenado por delitos violentos. El número de personas sin condenas ni cargos pendientes bajo custodia de ICE pasó de 858, el 11 de enero (nueve días antes de iniciarse la era Trump), a 7,781 el pasado 31 de mayo. La promesa de Trump fue arrestar a 3,000 inmigrantes al día para deportarlos. Nunca dijo cómo lo haría. Hasta el 1 de junio —una cifra seguramente muy por debajo de la real— hay 51,302 detenidos, muchos de ellos maltratados por su lengua, su acento o su color de piel. Cuando una secretaria de Justicia justifica el atropello, la persecución y el maltrato por parte de hombres enmascarados —cuyo músculo se emplea para tirar al suelo, torcer brazos, amarrar muñecas a la espalda, arrastrar cuerpos violentados hasta vehículos policiales y golpear rostros o torsos—, cuando ella, repito, califica al inmigrante como criminal y justifica los métodos de su ejército de matones, la lógica resistencia a un arresto antojadizo y violento tampoco puede considerarse obstrucción a la ley. La verdadera obstrucción empieza cuando quienes dicen responder a la ley ignoran el debido proceso. Pedro Ernesto Vargas ¿Trato indigno o necesidad operativa? El delgado límite de la legalidad Garantías En días recientes hemos visto imágenes de personas detenidas — tanto en videos de la televisión local como en redes sociales— en el marco de los disturbios en Bocas del Toro. Se observa a individuos en ropa interior, descalzos, empapados por la lluvia, con el cabello recién rapado, encerrados en cárceles improvisadas y arrodillados en el suelo, con esposas en las muñecas, a la espalda o en posiciones incómodas. Esta práctica, aunque poco debatida, constituye una violación de los derechos humanos de los detenidos. Cualquier persona a la que se le retire la ropa personal durante un tiempo prolongado, se le registre o filme sin su consentimiento y cuya imagen se difunda públicamente, sufre una vulneración de sus derechos fundamentales. Los estándares internacionales —la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, las Reglas Nelson Mandela y los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas— exigen tratar a quietimenta íntima— es incompatible con los derechos humanos. Asimismo, en los casos Tristán Donoso vs. Panamá (2009) y Vélez Loor vs. Panamá (2010), la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado panameño por violar la dignidad e integridad de personas detenidas, subrayando que toda medida de seguridad que implique exposición o humillación excesiva debe ser proporcional y necesaria. Estos precedentes obligan a los Estados a contar con protocolos de detención actualizados, que establezcan límites claros a las prácticas susceptibles de vulnerar la integridad del detenido. Toda medida debe ser justificada, necesaria, proporcional y ejecutada respetando la intimidad de la persona. Además, es imprescindible capacitar a los agentes de custodia en derechos humanos y trato digno, e implementar mecanismos independientes de supervisión, monitoreo y sanción para erradicar prácticas degradantes. En conclusión, la protección de la dignidad de las personas privadas de libertad exige que cualquier acción estatal que pueda inducir humillación — como dejar a un detenido solo en ropa interior por un período prolongado— esté estrictamente controlada y, de no ajustarse a los estándares internacionales, sea objeto de sanción por los tribunales competentes. La seguridad y la urgencia nunca justifican tratos degradantes. Opinión EL AUTOR es consultor de empresas con MB A en Finanzas Corporativas e integrante de Ciencia en Panamá. EL AUTOR es abogado, investigador y doctor en Estudios Avanzados en Derechos Humanos. EL AUTOR es médico. Franklin Ward Cuando una secretaria de Seguridad del Estado justifica todo lo anterior, y goza el espectáculo de hombres hacinados y semidesnudos en los pisos húmedos y fríos de las cárceles salvadoreñas, o en la pista de despegue del aeropuerto de Howard —donde aún no se sabe si fue invitada o se autoinvitó por derecho propio—, cuando dice no haber reconocido al ciudadano que hace leyes y que fue doblegado con brutalidad por ejercer su derecho, se convierte en testigo y cómplice del abuso y de la vulgaridad de una gendarmería que recuerda a la disciplinada soldadesca prusiana, a la cruenta policía chilena de los tiempos de Pinochet o al Ejército Popular de Corea del Norte. Pero la primera pregunta es: ¿qué es el terror? El terror es lo que se siembra para cosechar obediencia. Es el uso de la fuerza, el secuestro y el asesinato para doblegar la moral y la dignidad de la persona humana. Es el holocausto de la libertad y la democracia. El país que califica el terrorismo no se autocalificará jamás como terrorista. El país que utiliza el secuestro como herramienta de presión y venganza tampoco se declarará terrorista. El país que persigue los colores de piel que no acepta, las creencias ajenas, las costumbres de otras ricas tradiciones e historias, no solo actúa como terrorista, sino que se revela como un burdo cafre discriminador. “Esos que en un país se toman el papel redentor de juiciosos desalmados... No son patriotas, son patrioteros”, ha escrito Luis Miguel Cárdenas Villada, recordando la definición de cafres que diera magistralmente el colombiano Darío Echandía. Hasta para castigar al delincuente se deben honrar los derechos. Esos derechos son los derechos humanos. Nadie está por encima de ellos, y quien cree estarlo también cree estar por encima de la ley. No importa si se tiene una sonrisa descarnada, una figura joven, un traje de pasarela, un verbo altisonante o uno indignado: quien actúa en nombre de la justicia debe honrarla. Es su primer prisionero. Los espectáculos recientes —y preelectorales— caracterizados por actuaciones policíacas, escuadrones de la muerte y ejecuciones extrajudiciales, los protagonizó el presidente Rodrigo Duterte, en Filipinas, a quien “las mujeres hermosas… lo curaron de su homosexualidad”. La excusa de la seguridad pública para silenciar a sus opositores también la usó Jair Bolsonaro, el “Trump brasileño”. Luego, Nayib Bukele en El Salvador repitió el libreto con arrestos masivos y el desconocimiento sistemático de los derechos de los detenidos. Pero los más recientes y execrables episodios —con detenciones por delitos administrativos, descalificados como criminales por las propias autoridades, y arrestos arbitrarios inspirados en un racismo rancio como política de Estado— los encarna el gigantesco ogro del Norte. El Instituto Cato revela que más del 70% de los inmigrantes arrastrados por ICE (el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) a centros Cualquier persona a la que se le retire la ropa personal durante un tiempo prolongado, se le registre o filme sin su consentimiento y cuya imagen se difunda públicamente, sufre una vulneración de sus derechos fundamentales. Tomás Cristóbal Alonso S. Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente Ejecutiva y Directora Editorial Annette Planells Gerente Comercial Sudy S. de Chassin Subdirectora y Editora de la Unidad de Investigación Mónica Palm Editora Digital Yolanda Sandoval Editor del Impreso Juan Luis Batista ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com Aviso sobre el uso de Inteligencia Artificial Este periódico emplea inteligencia artificial (IA) para asistir en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. Utilizamos la IA como herramienta de apoyo para asegurar la precisión y calidad de la información que entregamos a nuestros lectores. Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción, sin la autorización escrita de su titular. Presidente fundador Roberto Eisenmann Jr. Director emérito Guillermo Sánchez Borbón El Instituto Cato revela que más del 70% de los inmigrantes arrastrados por ICE (el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) a centros de detención entre el 1 de enero y el 4 de junio no tienen condenas criminales.
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