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1A La Prensa Panamá, viernes 27 de junio de 2025 El medio libre de Panamá 75¢ Viernes 27 de junio de 2025 - Año 44 - Nº 15060 Hoy por hoy La renovación de la junta directiva de la Asamblea Nacional, prevista para el próximo 1 de julio, es mucho más que una elección interna. Es una prueba pública del tipo de liderazgo que se impone: el que construye acuerdos con transparencia o el que maniobra en la sombra para preservar cuotas de poder. Hoy, con bancadas fragmentadas y sin una mayoría clara, el ajedrez legislativo se juega más en los pasillos que en el pleno. Y eso no es menor, sobre todo cuando el Órgano Legislativo carga con el peso de su desprestigio, alimentado por años de abusos en el uso de planillas, nombramientos opacos y la negativa a reformarse a sí mismo. La figura que resulte electa —sea por mérito o por aritmética— tendrá un mandato bajo vigilancia ciudadana. El país no solo espera gobernabilidad. Espera señales de cambio, transparencia y compromiso con la rendición de cuentas. Ellas. pa Morat y su reencuentro con Panamá 6B Atevo Cup: Inauguración llena de goles y buen fútbol 5B Deportes Reemplazo de docentes podrá hacerse en 2 días Yaritza Mojica [email protected] HUELGA Gremios magisteriales advierten que no hay vacantes reales y preparan recursos legales. El Ministerio de Educación (Meduca) implementará un nuevo procedimiento para reemplazar a docentes en huelga, que permitirá hacer nombramientos interinos en apenas dos días, una vez confirmada la vacante legalmente. Así lo establece el Decreto Ejecutivo N.° 17 del 24 de junio de 2025, firmado por el presidente José Raúl Mulino y la ministra Lucy Molinar, que estará vigente hasta el 31 de diciembre de este año. La medida busca restablecer la continuidad del servicio educativo en medio del paro nacional docente que inició el pasado 23 de abril. Sin embargo, los gremios rechazan el decreto, alegando que viola la Ley Orgánica de Educación y la Constitución, al usar la figura de “sustituto” sin que existan vacantes reales. Además, la tensión creció Ajedrez en el Legislativo: nadie gana sin hacer alianzas La elección de la nueva directiva de la Asamblea avanza entre alianzas frágiles, vetos cruzados y cálculos estratégicos. Sin una mayoría clara, cada bancada mueve sus fichas con cautela. El resultado definirá no solo el liderazgo legislativo, sino también el tono político del quinquenio. VEA 2A Esposados, descalzos y sin camiseta, así fueron trasladados varios detenidos durante el Estado de urgencia en Bocas del Toro. Las imágenes evocaron los métodos del presidente salvadoreño Nayib Bukele, según expertos en seguridad. Mientras el Gobierno justifica la medida por presunto pandillerismo, sectores sociales advierten sobre excesos, detenciones sin orden judicial y la suspensión del habeas corpus entre el 20 y el 25 de junio. VEA 8A Eliana Morales Gil [email protected] $5.9 millones adicionales para limpieza hospitalaria Aprehendidos sin camisa en Bocas: la imagen que remite al método de Bukele Ereida Prieto-Barreiro [email protected] La Asamblea Nacional aprobó un traslado de $5.9 millones al Misterio de Salud para pagar limpieza en hospitales. Los fondos irán a Hombres de Blanco, contratista en seis centros médicos. VEA 4A Feria de la Cámara de Comercio Miles de panameños buscan empleo Una numerosa fila, en su mayoría de jóvenes, esperó durante el 24 y 25 de junio en la feria de empleo de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá. Al menos 2,000 personas acudieron en busca de las 500 vacantes ofrecidas —una señal clara de la creciente preocupación laboral en el país. VEA 1B tras conocerse que docentes activos aparecían con “licencia sin sueldo” en el sistema. La ministra Lucy Molinar ofreció disculpas públicas y responsabilizó a la Contraloría, señalando que no hubo espacio para registrar a todos. El caso del colegio de Volcán, donde todos los docentes quedaron sin salario el 26 de junio, ilustra el impacto directo del error administrativo, que ahora ambas instituciones intentan corregir con urgencia. VEA 6A Cortesía/Cciap UI UNIDAD INVESTIGATIVA Quién es quién Hombres de Blanco, cuyo representante legal es Rubén Daniel Argüelles Sánchez, ha recibido numerosos contratos públicos en los últimos años. Su hermano, Rubén Darío Argüelles, es cónsul de Panamá en Río de Janeiro, Brasil, y cercano al expresidente Ricardo Martinelli, lo que ha generado críticas por un presunto conflicto de intereses.

2A La Prensa Panamá, viernes 27 de junio de 2025 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Juan Manuel Díaz [email protected] El programa pretende llevar servicios sanitarios a comunidades rurales con alto nivel de pobreza. Cortesía Juez imputa cargos a contratista del Estado en caso de Conades PRESUNTO PECULADO La Fiscalía Anticorrupción logró la imputación de cargos y la aplicación de la detención preventiva a un contratista por la presunta comisión del delito de peculado en perjuicio del proyecto de sanidad básica adelantado por el Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible (Conades). Fuentes del Ministerio Público (MP) revelaron que un juez de garantías del Segundo Distrito Judicial (Coclé y Veraguas) acogió la solicitud de la fiscalía e imputó cargos al contratista por incumplir la construcción de 196 unidades sanitarias en la comunidad de Viguí, corregimiento de La Palma, provincia de Veraguas, lo que ocasionó una lesión patrimonial por $114 mil. Durante la audiencia, la fiscalía presentó un informe de auditoría elaborado por la Contraloría General de la República, el cual confirmó la existencia del contrato asignado al imputado, pero señaló que las obras nunca fueron concluidas. El informe también destacó que las unidades sanitarias estaban destinadas a las zonas más pobres de la provincia, donde se debía dotar a las comunidades de servicios básicos. Esta es la primera imputación realizada en 2025 relacionada con irregularidades en el manejo de más de $8 millones asignados al programa de sanidad básica, cuya ejecución estaba prevista en distintas regiones del país. Las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción se extienden por las provincias de Colón, Veraguas, Coclé, Darién, Herrera y Los Santos, donde, entre 2014 y 2019, debían ejecutarse obras del programa promovido por Conades, muchas de las cuales no se concluyeron o se realizaron parcialmente. En Los Santos, la fiscalía practicó diligencias en las comunidades de Bajo Guera, Corozal, Bahía Honda, La Mesa y Llano de Piedra. También realizó una inspección ocular en la sede de Conades en Las Tablas, en busca de documentación sobre los proyectos programados en ese distrito. Mientras tanto, en la provincia de Herrera se efectuaron inspecciones en Ocú, donde se comprobó que ninguna de las obras previstas fue terminada. Uno de los contratos contemplaba la construcción de 279 unidades sanitarias en el corregimiento de Llano Grande, por un monto de $1 millón. Sin embargo, según la auditoría, se otorgó un anticipo del 20% sin que la obra fuera ejecutada, lo que generó un perjuicio económico al Estado estimado en $166,457. Palacio Justo Arosemena, sede de la Asamblea Nacional. Isaac Ortega Asamblea en disputa: poder, pactos frágiles y cuentas por saldar Eliana Morales Gil [email protected] LEGISLATIVO La presidencia de la Asamblea Nacional se disputa entre alianzas inestables, cálculos políticos y pugnas internas. Sin mayoría clara, las negociaciones avanzan entre presiones desde distintos frentes. La ruta hacia el 1 de julio, fecha en que se renovará la directiva de la Asamblea Nacional, está lejos de ser una simple negociación de bancadas. Es, más bien, un tablero en ebullición donde cada movimiento, una llamada, un café entre pasillos o una ausencia en una reunión, puede inclinar la balanza. Por ahora, no hay una mayoría clara ni un acuerdo cerrado. Pero lo que sí está sobre la mesa son múltiples estrategias, alianzas aún en construcción y líneas rojas que anticipan una contienda reñida y posiblemente impredecible. Realizando Metas: una candidata, un peso incómodo Realizando Metas (RM), con 14 diputados y el liderazgo aún orbitando en torno a Ricardo Martinelli, desde su asilo en Colombia, fue el primer colectivo en mover ficha formalmente. Su candidata es Shirley Castañedas, diputada que presidió la poderosa Comisión de Credenciales este último año y abogada personal del expresidente. Su postulación no solo consolida el peso simbólico de Martinelli en el Legislativo, sino que activa resistencias dentro y fuera del hemiciclo. Castañedas representa mucho más que una opción interna: es el rostro de una bancada que aún responde, en gran medida, al liderazgo de un condenado por blanqueo de capitales en el caso New Business, y eso no pasa desapercibido. Bancadas como “Seguimos” ya han trazado una línea clara. “No vamos a votar por nada que huela a RM”, sentenció el diputado Ernesto Cedeño, dejando claro que, con ellos, ese camino está cerrado. El bloque Panameñista-CD: aún sin carta, pero con fuerza negociadora En la acera del frente, Cambio Democrático y el Partido Panameñista, cada uno con ocho curules, apuestan por una decisión conjunta. Tienen, en conjunto, dos votos másqueRM,peroaúnnotienen candidato. No obstante, suenan algunos nombres: Jorge Herrera, actual jefe de bancada, y Ariana Coba, diputada chiricana que se estrenó en la Asamblea el 1 de julio de 2024. Su reto no es menor: ofrecer una alternativa viable y seductora para otras bancadas que no quieren sumarse a RM, pero que tampoco están dispuestas a regalar su voto. La reunión entre ambas bancadas está prevista para este viernes. La bancada panameñista aspira a a ir con candidato propio. Vamos: la fuerza más grande, pero aún sin decisión Con 18 diputados, Vamos es la bancada más numerosa del Legislativo. No obstante, el número no garantiza el liderazgo si no se traduce en consensos. El grupo tiene contemplado reunirse mañana sábado para definir su estrategia, aunque ya hay señales de interés en algunos puestos: los diputados Augusto Tuto Palacio y Alexandra Brenes suenan como aspirantes a alguna de las dos vicepresidencias. Vamos, por ahora, es visto como un actor impredecible pero influyente, cortejado por varios bloques. Por ahora lo que se sabe es que tampoco apoyará a Shirley Castañedas ni a ningún candidato que represente a lo que llaman “la vieja política”. Sin embargo, sin una postura definida, corre el riesgo de pasar de ser una fuerza decisiva a una espectadora del juego de mayorías. Por estos días, mientras las demás bancadas afinan cálculos y negocian cuotas, Vamos se prepara para algo más que la disputa por la directiva. El próximo lunes a las 8:30 a.m., en un hotel capitalino, celebrarán un evento público de rendición de cuenPRD: la maquinaria que sobrevive a todo El Partido Revolucionario Democrático (PRD), con 13 diputados, es otro bloque importante. Se reunió el pasado miércoles, pero no definió aún una postulación concreta. El nombre de Raphael Buchanan circula como posible candidato, pero por ahora es solo eso: un nombre. El PRD se enfrenta al dilema de si jugar solo, aliarse con sus viejos amigos o convertirse en árbitro entre bloques. El 1 de julio de 2024, este colectivo que tiene como presidente al diputado Benicio Robinson votó a favor de Dana Castañeda, actual presidenta de la Asamblea. No se descarta que en esta ocasión respalden a Shirley Castañeda. Sin embargo, incluso con los 13 votos del PRD, a la candidata respaldada por Martinelli no le alcanzan los números. Una elección en tiempo real Con tantos actores y tan pocos acuerdos cerrados, la presidencia de la Asamblea se perfila como una elección que no se definirá hasta último minuto. Las negociaciones seguirán este fin de semana, y cada bloque mide sus cartas con cautela. Nada garantiza que los pactos que hoy se tejen sobrevivan hasta el lunes o hasta el martes 1 de julio. En la Asamblea Nacional, el ajedrez político nunca se juega solo sobre el tablero. Las piezas se mueven también en los pasillos, en las llamadas al filo de la noche, en las promesas implícitas. El 1 de julio, como tantas veces, no solo se elige una presidencia: se mide el pulso político del país. Y el resultado puede marcar el tono de lo que viene. Por lo pronto tienen el reto de responder a demandas urgentes como la lucha contra las irregularidades en las planillas, el debate del presupuesto del Estado y la posible reforma del reglamento interno. tas donde presentarán los principales resultados de su primer año en el Legislativo y delinearán los próximos pasos de su agenda de transformación política. Los independientes y mixtos: rechazo a RM y fragmentación La bancada mixta, que suma cinco diputados tras la incorporación de Manuel Cheng (ex Vamos), ya avisó que tendrá candidatura propia y que no apoyará a RM. Esto es significativo: aunque sus votos son pocos, podrían inclinar la balanza en una votación apretada, o bien reforzar un tercer bloque emergente. Su decisión deja a RM más solo de lo que aparenta en los números. La bancada Seguimos, que incluye a tres diputados de MOCA y al independiente Betserai Richards, también ha hecho pública su posición: ningún acuerdo con RM. “Hemos decidido que no vamos a votar por nada que huela a RM”, dijo el diputado Ernesto Cedeño a este medio . Esta postura refuerza el cerco que enfrenta Shirley Castañedas y evidencia que los 14 votos de RM pueden no alcanzar si el resto del hemiciclo se coordina. Patsy Lee, del Partido Popular,semantienealmargen. Aseguró a La Prensa que no se unirá a ninguna bancada. Tampoco ha definido su voto. Su decisión puede ser clave si la elección llega a una segunda vuelta cerrada.

3A La Prensa Panamá, viernes 27 de junio de 2025

4A La Prensa Panamá, viernes 27 de junio de 2025 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] ¿FAKE? La Defensoría del Pueblo presentó una denuncia por el presunto fallecimiento de una menor de edad en Bocas del Toro, “hecho dado a conocer a través de las redes sociales de Aldeas Infantiles SOS Panamá”. La Defensoría acudió al Ministerio Público ante la renuencia de Aldeas Infantiles a aportar información que permita confirmar el hecho. El Imelcf tampoco tiene constancia de la muerte de la niña. Si la información divulgada es incorrecta, que la ONG lo diga y ya está. Qué ganas de hacerle perder el tiempo a las autoridades. REVÉS. El Tribunal Electoral suspendió la elección de los primeros delegados del partido en formación Frente Amplio por la Democracia (FAD), en Changuinola, con el fin de salvaguardar la integridad de los electores y del personal de la propia entidad. Parece que el FAD terminó siendo víctima de sus propias tropelías. Falta ver si entre los candidatos estaba alguno de los “líderes” de las protestas. DESDÉN 1. A última hora, la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea canceló una gira a Herrera y Los Santos, que tenía como propósito inspeccionar el río La Villa. A Lenín Ulate, uno de los promotores de esta visita (en la que también participarían las comisiones de Ambiente y de Asuntos Agropecuarios), le comunicaron que no había suficientes diputados interesados en ir a Azuero. Si fuera un año electoral, estarían todos atropellándose por reservar un puesto en el busito que los llevaría hasta allá. En cambio, ahora la mayoría está más ocupada buscando votos para el 1 de julio. Ese día, como gesto de solidaridad, deberían hacer el brindis con agua del río, en lugar de Macallan. DESDÉN 2. Pese a los motivos alegados por la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, sí hay diputados empeñados en conocer la situación de contaminación del río. Así que Ulate (Panamá Oeste) irá a Azuero de todos modos, acompañado por Yamireliz Chong (Colón), Miguel Campos (Veraguas) y Yarelis Rodríguez (Panamá). Los cuatro pertenecen a circuitos electorales que no corresponden al área afectada. En cambio, los diputados que sí lo son prefirieron desaproHospital Nicolás Solano, en La Chorrera. Tomado de internet $5.9 millones para pagar contratos a Hombres de Blanco Ereida Prieto-Barreiro [email protected] La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional le aprobó al Ministerio de Salud un traslado de partida de, al menos, $5.9 millones para efectuar el desembolso. El Ministerio de Salud (Minsa) ya tiene los fondos para pagar al consorcio Salud e Higiene Hospitalaria (que encabeza Hombres de Blanco, SA), para prestar el servicio de limpieza y desinfección en seis hospitales, en los primeros seis meses de 2025. La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó un traslado de partida de, al menos, $5.9 millones a favor del Minsa, destinados a cubrir estos trabajos, que concluyen el próximo 30 de junio. El viceministro de Salud, Manuel Zambrano, indicó que los fondos provienen de recortes presupuestarios al Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA), recomendados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). En diciembre pasado, el consorcio que lidera Hombres de Banco recibió dos contratos de forma directa para la limpieza y desinfección de seis hospitales del Ministerio de Salud, por un monto total de $5.4 millones. Uno de los contratos, por $2.8 millones, es para limpiar los hospitales Nicolás A. Solano y San Miguel Arcángel y el Instituto de Salud Mental Matías Hernández, en Panamá Oeste. El otro es por $2.6 millones y se prestará en los hospitales Anita Moreno, Joaquín Pablo Franco Sayas y Cecilio A. Castillero, en Azuero. El traslado de partida aprobado por los diputados es por un monto mayor al de la suma de los dos contratos a favor del consorcio. El viceministro no explicó qué hará con los $500,000 restantes. Hay un tercer contrato, también por seis meses, para la limpieza de los hospitales Luis Chicho Fábrega, en Santiago (Veraguas), y Aquilino Tejeira, en Penonomé (Coclé), por poco más de $2.4 millones. El Minsa adjudicó estos trabajos al consorcio Bioseguridad Hospitalaria. Bioseguridad Hospitalaria tenía el contrato para la limpieza y desinfección de los ocho hospitales, por $30.8 millones, por 24 meses, hasta el 31 de diciembre de 2024. El Minsa optó por no realizar una adición que prorrogara el contrato. En su lugar, convocó a un proceso de cotización en línea y repartió los ocho hospitales en tres contratos diferentes: dos para el grupo que lidera Hombres de Blanco y uno para Bioseguridad Hospitalaria. En el proceso de cotización en línea también participó Sicarelle Holding, Inc., pero su oferta no fue aceptada. Con Sicarelle ocurre que ya prestó el servicio, incluso antes que Bioseguridad Hospitalaria. Lo hizo a partir de 2017, con un contrato que originalmente era por dos años y $14.9 millones. En la práctica, se le hicieron hasta 10 semanas, lo que extendió la vigencia del contrato hasta el 31 de diciembre de 2022. Al final, a Sicarelle se le pagó casi $53.6 millones. Un proceso fragmentado El Minsa, en lugar de una adenda al contrato de Bioseguridad Hospitalaria (aquel que finalizó el 31 de diciembre de 2024), optó por la modalidad de cotización en línea, un procedimiento considerado excepcional. El plazo de estos tres contratos vence el próximo lunes 30 de junio. Este medio no observó en PanamaCompra una nueva convocatoria para licitar estos servicios, pese a que en marzo pasado, un boletín del Minsa prometía la citada convocatoria. “Debido a que la preparación y publicación de un procedimiento de Licitación Pública lleva un tiempo considerable, se ha decidido adoptar un procedimiento excepcional de contratación por un período de seis meses. Durante este tiempo, se elaborará y preparará la documentación necesaria para el levantamiento del acto de selección de contratista, con el fin de garantizar la transparencia y competitividad en la contratación definitiva”, señalaba el boletín de prensa del Minsa. El pasado 15 de mayo, el Consejo Económico Nacional (CENA) –a través de su secretaría técnica y viceministra de Economía, Eida Sáiz– informó que otorgó concepto favorable a la contratación –por procedimiento excepcional– al consorcio Salud e Higiene Hospitalaria, vinculado a Hombres de Blanco. La solicitud la hizo el mismo día el ministro de Salud, Fernando Boyd, de acuerdo a la nota de Sáiz. Vínculos políticos Hombres de Blanco, cuyo presidente, secretario y representante legal es Rubén Daniel Argüelles Sánchez, ha recibido numerosos contratos públicos en los últimos años. Su hermano, Rubén Darío Argüelles, es cónsul de Panamá en Río de Janeiro, Brasil, y cercano al expresidente Ricardo Martinelli, lo que ha generado críticas por un presunto conflicto de intereses. La empresa no solo ha obtenido los citados contratos con el Minsa. El pasado 11 de febrero, el alcalde capitalino Mayer Mizrachi prorrogó –por un monto de $370 millones– el contrato de limpieza del Mercado San Felipe Neri, un favor de Hombres de Blanco, por un período de siete meses. Esto, a pesar de que Mizrachi había denunciado previamente un “desorden tremendo y contratos mal hechos” heredados de su antecesor. También el Aeropuerto Internacional de Tocumen, SA (Aitsa) adjudicó a Hombres de Blanco un contrato por $11 millones en 2022 para limpiar la terminal. No obstante, meses atrás, ambas partes decidieron terminar la relación, tras detectarse serias e innumerables irregularidades en su ejecución y por problemas de cumplimiento del contrato. Yasser Yánez García [email protected] Máquinas perforadoras. Cortesía Contraloría envía auditoría forense por caso de compra de perforadora hidráulica IDAAN La Contraloría General de la República remitió ayer al Ministerio Público el resultado de una auditoría forense que detectó posibles irregularidades en la adquisición de una perforadora hidráulica por parte del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan). El equipo en cuestión, un rotativo hidráulico modelo GEFKO 50k, fue adquirido durante la administración del exdirector Juan Antonio Ducruet y está valorado en 3.5 millones de dólares. Según el Idaan, la máquina estaba destinada a perforar pozos de hasta 1,000 pies de profundidad como parte de una estrategia institucional para enfrentar la escasez de agua potable. La auditoría fue hecha a solicitud del Idaan; el resultado fue enviado a la Fiscalía Anticorrupción para que determine si procede abrir una investigación penal. El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció el 5 de septiembre de 2024, una auditoría por anomalías detectadas en la compra de bombas y perforadoras por más de $10 millones durante la administración del expresidente Laurentino Cortizo (2019– 2024). En marzo pasado se conoció que las perforadoras adquiridas no pueden ser utilizadas y no cumplen con los estándares requeridos. Debido a ello, el Ministerio de Salud solicitó un traslado de partida por $4.3 millones para perforar 122 pozos en 11 regiones del país. Según una investigación de La Prensa, las perforadoras fueron adquiridas a un precio de $234,392 por la empresa Construcciones y Remodelaciones Eurox, S.A., pero vendidas al Estado por más de $1.7 millones. vechar la oportunidad de hacer algo bueno por sus propios electores. APATÍA. RM debe estar buscando un plan B, porque parece que con Shirley no ganan. La abogada no tiene los votos necesarios para presidir la Asamblea a partir del próximo 1 de julio. La bancada mixta (que conforman los dos diputados de Alianza, uno del Popular, el llanero del Molirena y Manuel Chen) ha decidido postular a un candidato propio, mientras que el PRD sigue dividido. La jornada del próximo 1 de julio promete ser larga. UI UNIDAD INVESTIGATIVA

5A La Prensa Panamá, viernes 27 de junio de 2025 Panorama El equipo científico del Crivb-AIP en Perú. Cortesía Centro de Vacunas da salto regional: lleva tecnología a Perú Aleida Samaniego C. [email protected] DESARROLLO CIENTÍFICO El Centro de Vacunas de Panamá (Crivb-AIP) fortalece su proyección regional con una alianza estratégica en Perú para mejorar la detección de virus emergentes. El Centro Regional de Innovación en Vacunas y Biofármacos (Crivb-AIP) de Panamá consolida alianzas estratégicas con países de la región para mejorar la detección y control de enfermedades con potencial pandémico. Como parte de esta misión, un equipo de investigadores viajó recientemente a Perú para compartir conocimientos y explorar mecanismos conjuntos de vigilancia y respuesta ante enfermedades con potencial pandémico. La visita formó parte de la línea de investigación en Epidemiología y Control de Patógenos Zoonóticos Emergentes, liderada por el científico Jean Paul Carrera bajo el enfoque de “Una Sola Salud”. Carrera sostuvo que esta iniciativa busca fortalecer las capacidades nacionales y regionales en vigilancia epidemiológica, diagnóstico, desarrollo de anticuerpos monoclonales y evaluación de potenciales vacunas. Durante su estancia en la ciudad de Tumbes, los epidemiólogos Josefancisco Galué y Carlos Lezcano representaron al Crivb-AIP y a Panamá como instructores en el curso internacional de Epidemiología de Campo (Field Epi), organizado por la Universidad Peruana Cayetano Heredia y Wake Forest University, de Estados Unidos. Los investigadores compartieron técnicas para la captura, análisis y vigilancia de vectores como mosquitos y roedores a nivel comunitario, contribuyendo al fortalecimiento de capacidades locales en zonas vulnerables al dengue. Además, visitaron el Hospital Regional “José Alfredo Mendoza Olavarría” II-2 para conocer las estrategias clínicas implementadas frente a la enfermedad. Posteriormente, en Lima, el equipo sostuvo una reunión con César Munayco, director del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú), y otros altos funcionarios del área de control de brotes. En el encuentro, se presentaron los avances de Panamá en la vigilancia de arbovirus como el dengue, zika, chikungunya, encefalitis equina venezolana y el virus de oropouche. Como resultado, se acordó avanzar hacia una alianza estratégica que incluye la transferencia tecnológica de un panel molecular desarrollado por el Crivb-AIP, capaz de detectar múltiples arbovirus en un solo análisis. Esta herramienta permitirá al CDC Perú mejorar sus tiempos de diagnóstico y ampliar la cobertura en regiones descentralizadas. La cooperación busca fortalecer la capacidad de respuesta temprana ante brotes y promover la integración regional frente a enfermedades emergentes y reemergentes, en un contexto de creciente riesgo por el cambio climático y la globalización. “Esta alianza marca un paso decisivo en la preparación de nuestros países para futuros desafíos sanitarios. La ciencia debe estar al servicio de la acción y de la salud pública”, expresó Carrera. Un proyecto que tomó forma El Crivb-AIP, impulsado por la Senacyt, nació como una respuesta estratégica a las lecciones aprendidas durante la pandemia de la covid-19. Su objetivo es fortalecer las capacidades nacionales en la investigación, desarrollo y producción de vacunas y biofármacos, posicionando a Panamá como un referente regional en innovación científica. Este centro de investigación no solo cuenta con el apoyo local de instituciones clave, como la Fundación Ciudad del Saber, el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud y el Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología (Indicasat- AIP), sino que también ha logrado forjar alianzas internacionales para maximizar su impacto. El memorando de entendimiento firmado entre la Senacyt, el Instituto Internacional de Vacunas (IVI) de Corea y el Baylor College of Medicine de Texas (Estados Unidos) establece una colaboración estratégica para fortalecer las capacidades en ciencia de vacunas y en la industria biofarmacéutica en Panamá y América Latina. En su momento, Jerome Kim, director general del IVI, indicó que esta alianza tripartita representa un paso fundamental para transferir tecnología y formar recursos humanos en el campo de las vacunas. “Esperamos combinar la diversa gama de conocimientos entre nuestras organizaciones para desarrollar la fuerza laboral y la industria biofarmacéutica a través de la capacitación y los planes para futuras instalaciones de fabricación de vacunas en Panamá”, señaló Kim. El Crivb no solo se perfila como un centro de innovación científica, sino también como un motor económico para la región. Su enfoque en la biotecnología y la producción de vacunas podría posicionar a Panamá como un centro de referencia en la fabricación y distribución de medicamentos vitales, no solo para el país, sino también para toda América Latina.

6A La Prensa Panamá, viernes 27 de junio de 2025 La ministra de Educación, Lucy Molinar, ofreció una disculpa pública a los docentes que, pese a estar activos y cumpliendo con sus responsabilidades en las aulas, figuran oficialmente en los registros con el estatus de “licencia sin sueldo”. Esta irregularidad, explicó la ministra, se debe a un problema administrativo ocurrido en la Contraloría General de la República, donde no hubo espacio suficiente para registrar correctamente a todos los educadores en el sistema. “Pido perdón porque hay docentes que no debían estar en este estatus. No han perdido su condición ni su vínculo como docentes activos, sino que simplemente no había espacio en la Contraloría para registrarlos, tal como me lo explicaron recientemente”, declaró Molinar durante una entrevista, reconociendo la preocupación y el malestar que esta situación ha generado entre el sector docente y sus familias. El error administrativo, aunque pueda parecer un simple trámite burocrático, ha tenido un impacto tangible y profundo en la vida de muchos educadores que dependen de su salario para sostener a sus familias y cubrir sus necesidades básicas. Uno de esos casos es el de Carlos Del Cid, docente del colegio secundario de Volcán, en la provincia de Chiriquí, quien compartió su experiencia con gran preocupación. “Nosotros no estamos en huelga, seguimos dando clases de manera responsable y comprometida, pero en nuestras proformas de trabajo aparecemos con licencia sin sueldo”, relató Del Cid. “Se envió información a Meduca para informar esta anomalía, y nos aseguraron que se procedería a corregir la situación. Sin embargo, el día 26 de junio de 2025 amanecimos sin sueldo todos en el colegio.” El docente detalló además la difícil situación personal que enfrenta: “Tengo a mi mamá en casa con Alzheimer y debo comprarle sus medicamentos y comida. Tengo compromisos con el banco hipotecario, préstamos personales y debo pagar transporte diario desde David hasta Volcán para cumplir con mis labores. ¿Qué voy a hacer? Dependo únicamente de este salario y tengo 50 años. Esto de la Contraloría y Meduca ha sido una maldad; nos han castigado a todos por igual, sin importarles nada. ¿Por qué la ministra no ha dado solución? Así como en un día nos pusieron licencia Error de la Contraloría deja sin pago a docentes que trabajaron durante paro sin sueldo, en un día pueden arreglar esta tragedia monetaria.” Este problema no solo afecta a los docentes a nivel laboral, sino también en su relación con entidades financieras. En ese sentido, la Caja de Ahorros emitió ayer un comunicado informando que ha identificado atrasos en los compromisos financieros por parte de algunos clientes del sector educativo, reflejando la presión económica que enfrentan varios educadores afectados por la irregularidad administrativa. Regularizar el proceso Frente a este panorama, la ministra Molinar aseguró que el Ministerio de Educación (Meduca) está trabajando de manera estrecha con la Contraloría General de la República para regularizar los registros y garantizar que todos los docentes afectados sean reconocidos correctamente en sus cargos y reciban sus salarios pendientes a la brevedad posible. “Estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para corregir esta situación lo más rápido posible. Nuestro compromiso es con los docentes, con su estabilidad laboral y administrativa, y con el fortalecimiento del sistema educativo panameño”, añadió la ministra. El contralor de la República, Anel Flores, y la ministra de Educación, Molinar, sostuvieron una reunión para coordinar acciones tras detectarse casos en los que maestros aparecen en el sistema como beneficiarios de “licencia sin sueldo por investigación”, pese a que siguieron prestando sus servicios. Ambas instituciones explicaron que la verificación se realiza con base en los listados oficiales que Meduca remite de forma progresiva, donde se certifica qué educadores se mantuvieron en sus funciones. Con esa información validada, se actualiza el sistema de planillas y se ejecutan los pagos o ajustes que correspondan. El Meduca informó que al docente que permanezca en huelga se le abrirá un proceso administrativo, se le notificará que está suspendido y se procederá al nombramiento de un nuevo docente. Richard Bonilla Meduca activa proceso expedito de nombramientos Yaritza Mojica [email protected] Aleida Samaniego C. [email protected] EDUCACIÓN OFICIAL El nuevo procedimiento permitirá realizar nombramientos interinos en un plazo de apenas dos días tras surgir una vacante que será solicitada legalmente por el director del centro educativo. Un proceso ágil y expedito para cubrir vacantes docentes, mediante el Decreto Ejecutivo N.° 17 del 24 de junio de 2025, será implementado por el Ministerio de Educación (Meduca) en los próximos días. Este nuevo procedimiento permitirá realizar nombramientos interinos en un corto plazo y asignar a los docentes en aquellas escuelas donde el personal permanente se mantiene en paro. Aunque las autoridades no han revelado la cantidad de docentes que podrían ser reemplazados, la ministra de Educación, Lucy Molinar, indicó que unos 10 mil docentes desempleados —que forman parte del Registro Permanente de Elegibles— han estado actualizando su información en las oficinas de las 16 regiones educativas del país. La titular de Educación manifestó que al docente que permanece en huelga se le abre un proceso administrativo, se le notifica que está suspendido y se procede al nombramiento de un nuevo docente. En el caso del docente suspendido, este tendrá todo el tiempo necesario para presentar los recursos que la ley le permita. Proceso para nombrar Jaime Castillo, asesor legal del despacho superior del Meduca, explicó que el nuevo procedimiento permitirá realizar nombramientos interinos en un plazo de apenas dos días tras surgir una vacante. Precisamente son los directores de las escuelas quienes solicitarán las vacantes. Actualmente, los directores de los centros educativos están evaluando la situación jurídica del personal docente. A medida que se confirmen las vacantes legalmente, se procederá con los reemplazos. Castillo reiteró que, una vez determinada la necesidad, el reemplazo se concretará en un plazo aproximado de dos días. “Desde que el director remite la solicitud, el trámite se completa en ese periodo”, indicó. Los docentes seleccionados provendrán del Registro Permanente de Elegibles, creado mediante el Decreto Ejecutivo 236 de 2005. Este registro contiene la información de los profesionales que cumplen con los requisitos para ejercer funciones en dirección, docencia y supervisión, y se revisa anualmente durante los concursos. La selección se realizará estrictamente por orden de puntuación, y el nombramiento será formalizado por la ministra de Educación, quien deberá elegir al docente con el puntaje más alto, señaló Castillo. Una vez firmado el contrato de nombramiento, el docente iniciará de inmediato sus funciones en el centro educativo correspondiente. El proceso también incluye la validación por parte de la Contraloría General de la República y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), con el fin de garantizar la legalidad y la disponibilidad presupuestaria. Castillo destacó que, en la mayoría de los casos, los nombramientos serán interinos, conforme a la normativa vigente, y se financiarán con la misma partida presupuestaria del docente reemplazado. Si el docente titular regresa tras un proceso de reclamo, el interino deberá dejar el cargo, en cumplimiento de la ley. Con respecto a los contratos, Castillo explicó que, conforme a lo establecido por la ley, los docentes están siendo evaluados como personal en periodo probatorio, con nombramientos permanentes o temporales. Agregó que se utilizarán las mismas posiciones presupuestarias de los docentes que están siendo reemplazados. No obstante, “en situaciones excepcionales, ya hemos hecho las evaluaciones necesarias para garantizar el financiamiento”. En caso de que un docente reemplazado gane el reclamo durante el año escolar 2025 y se ordene su reincorporación, el docente interino deberá ceder la posición, ya que, por ley, su nombramiento es temporal hasta que el titular retome su puesto. Según el Meduca, el proceso estará vigente durante todo el año 2025, ya que el Decreto N.° 17, que regula este procedimiento, tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025, considerando la situación excepcional del sistema educativo. Respecto a si existe un plazo estimado para el proceso de contratación excepcional, el asesor legal indicó que dependerá de cómo evolucione la situación del país. “Por eso no hay un límite definido. El decreto es transitorio y estará vigente hasta fin de año, previendo cualquier escenario en lo que resta del año”, afirmó el abogado. Este decreto, que establece el procedimiento especial, transitorio y expedito para la selección y nombramiento de docentes, se basa en la Ley Orgánica de Educación (Ley 47 de 1946), la Ley 285 de 2022 sobre protección de la niñez y adolescencia, y el artículo 91 de la Constitución. Castillo concluyó que ya se coordinan esfuerzos interinstitucionales para agilizar al máximo los trámites y garantizar el reinicio oportuno del servicio educativo. Docentes en huelga Por su parte, Fernando Ábrego, secretario general de la Asociación de Profesores de Panamá (Asoprof), indicó que los puestos de maestros y profesores en las distintas especialidades los ocupan quienes ejercen un derecho legítimo: la huelga. Alegó que el Meduca utiliza la figura de “sustituto”, la cual —según sostiene— no está contemplada en la Ley Orgánica de Educación, base del Decreto 17. Ábrego indicó que los gremios docentes rechazan el Decreto Ejecutivo que permite el nombramiento de sustitutos durante la huelga, argumentando que no existen vacantes reales según la ley, ya que estas solo se generan por fallecimiento, licencias o renuncias formales. “La ministra de Educación está violando la Constitución (artículo 69) y la Ley Orgánica de Educación (artículos 220 y otros), al reemplazar a docentes en huelga y al usar indebidamente la figura del “sustituto”, que no está contemplada en la normativa vigente. Además, señalan que usar las mismas partidas presupuestarias para estos nombramientos representa otra infracción legal, por lo que presentarán una amparo de garantía ante la Corte Suprema de Justicia del Decreto 17 de junio de 2025. El dirigente de Asoprof señaló que están trabajando con abogados especialistas para presentar demandas y querellas legales contra la ministra y funcionarios responsables. Indicaron que el documento legal estará listo posiblemente para el martes o miércoles de la semana siguiente, y que será presentado por todos los gremios involucrados en la lucha, no por una sola confederación. Lucy Molinar, ministra de Educación. Isaac Ortega Panorama

7A La Prensa Panamá, viernes 27 de junio de 2025

8A La Prensa Panamá, viernes 27 de junio de 2025 El ministro de Seguridad, Frank Ábrego, y agentes del Senafront en el estadio Calvin Byron. Al lado, los detenidos. Tomado de @senafrontpanama El ‘método Bukele’ y la suspensión de garantías en Bocas del Toro Mario De Gracia [email protected] ESTADO DE URGENCIA El Estado de urgencia decretado en Bocas del Toro, que vio la suspensión del habeas corpus y su posterior restitución, es cuestionado por distintos sectores y expertos, a la vez que los procedimientos de aprehensión —371 detenidos en una semana— rememoran el estado de excepción de Nayib Bukele en El Salvador. Esposados, sin camiseta y descalzos, así trasladaron a varios grupos de aprehendidos durante el fin de semana del 21 de junio de 2025 en Bocas del Toro. Un día antes, la provincia entró en Estado de emergencia y suspensión de garantías constitucionales, a través del Decreto de Gabinete N°27. Las imágenes rememoraron el procedimiento utilizado por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, detalló el abogado y excomisionado de la Policía Nacional experto en pandillas, Carlos Icaza. “Con el respeto de quien dé la orden, yo asemejo la medida a lo que hace el presidente Bukele. Esa misma imagen, cuando la vi, me trasladó a San Salvador”, dijo Icaza. En el vecino país centroamericano se mantiene un régimen de excepción vigente desde 2022 que permite arrestos sin orden judicial para llevar adelante una lucha frontal contra ‘maras’ y pandillas. El vandalismo y el pandillerismo denunciado por el Ministerio de Seguridad la noche del jueves 19 de junio en la provincia de Bocas del Toro, llevó al Gabinete a tomar acciones inmediatas para “retomar el control” de la provincia, incluido el primer decreto de Estado de urgencia el viernes 20 de junio. Para el ministro de Seguridad, Frank Ábrego, tres pandillas propiciaron actos vandálicos en la provincia: los Terroristas, Boys in the Hood y los Branda, además de grupos no reconocidos como pandillas, como los Pachos y Pachucos. Asimismo, aseguró que había una “mano política” detrás que incentivó el descontrol, según dijo en una reciente entrevista a La Prensa. No obstante, el alegado pandillerismo en la provincia de Bocas del Toro llama la atención del investigador criminal Julio Alonso, de la Asociación de Profesionales de Investigación Criminal y Ciencias Forenses. “La estadística no refleja que haya un movimiento intenso de droga interna. No hay lucha por el territorio, no hay guerra entre pandillas. Si bien en todos los lugares hay satélites de pandillas, no tienen la fuerza y actividad para cometer actos delictivos de gran valía. Allá [En Bocas] hay control del territorio para microtráfico y para ciertas rutas pequeñas”, argumenta Alonso. Los actos vandálicos en Bocas del Toro ocurrieron tras más de un mes de manifestaciones y cierres de vías en la provincia, mayoritariamente por las reformas a la ley 462 de la Caja de Seguro Social (CSS), de las que se quejaron trabajadores de la industria bananera. No obstante, el Sindicato de Trabajadores de la Industria Bananrera (Sitraibana), que impulsó la lucha, se desmarcó de los actos violentos en la provincia, que incluyeron el saqueo a comercios y el daño a la infraestructura pública. Para el sociólogo Gilberto Toro, quien ha trabajado en proyectos sociales relacionados a la reinserción social de privados de libertad, hay otras variables a considerar para entender la crisis en la provincia. “Bocas no reportaba presencia fuerte de pandillas en años y un tema clave que marca presencia de pandillas es la pelea por el territorio. De ser así, las pandillas estuvieran controlando Almirante, sectores de Changuinola y la propia isla [Colón], sin embargo, eso en años no ha sucedido”, detalla. Toro explica la crisis de la provincia desde el abandono de sectores como Almirante y Changuinola, que para él, “han ido muriendo” con los años y donde las poblaciones “no tienen nada que perder [con protestas]”. “En una explosión social [tras protestas] la primera acción a la que se recurre es al vandalismo porque es una manifestación de hastío”, detalló. Sin embargo, dijo que de tratarse de pandillerismo, un indicador importante es observar la reacción de los familiares y de las comunidades afectadas. “En El Salvador, donde estaban los ‘pandilleros’ detenidos, afuera estaban todos los familiares protestando y denunciando violación de derechos. Hay que observar quiénes reclaman, la reacción comunitaria, social y de familiares; de lo contrario habría que pensar que fueron personas importadas, llevadas de otras áreas”, acotó Toro. La excepción: garantías suspendidas Hasta el jueves 26 de junio, el Ministerio de Seguridad desplegó al menos 2,000 unidades en Bocas del Toro y reportó la aprehensión de 371 personas, entre ellas 350 adultos y 21 menores de edad, en el marco de la denominada “Operación Omega”. Algunas de las preocupaciones que se han manifestado desde la sociedad civil y sectores políticos, tiene que ver con la suspensión del artículo 23 de la Constitución, sobre el habeas corpus, que es el derecho de una persona detenida a ser escuchada y que un tribunal resuelva la legalidad de su detención. La suspensión estuvo vigente entre el 20 de junio y el 25 de junio, a pesar de que el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, aseguró en rueda de prensa que el derecho se respetó aún existiendo la suspensión. El Gabinete tuvo que revocar la suspensión del artículo 23 el martes 24 de junio. Silencio en Bocas: más dudas que certezas Sabrina, Sin Censura Sabrina Bacal ESPECIAL PARA LA PRENSA Escenas que parecían de un país en guerra sorprendieron a los panameños el 19 de junio. Encapuchados vandalizaron, incendiaron y saquearon a sus anchas instituciones públicas y locales privados en Changuinola. El aeropuerto, el estadio, la sede del Sinaproc y hasta el depósito de medicamentos de la CSS cayeron en manos de los maleantes. Una población desprotegida tuvo que salir a defenderse con machetes y pistolas a pesar del enorme despliegue policial que había en la provincia por la “Operación Omega” lanzada días antes. La declaración de estado de urgencia la mañana siguiente acaparó la atención ciudadana, dejando enormes vacíos de información. ¿Dónde estaba la policía cuando la violencia se apoderó de la ciudad? ¿Cómo se pasó de un escenario de protestas y cierres a uno en el que -según la versión oficial- pandilleros tomaron el control de las calles? ¿Cómo se estableció la supuesta colaboración de algunos políticos locales con estas pandillas? ¿Cuándo conoceremos los nombres, detalles y evidencias de acusaciones tan serias? Las respuestas a estas preguntas son esenciales pues la dramática escalada de violencia precedió -y en alguna medida justificó- la suspensión de garantías constitucionales en la provincia. Dos semanas antes del violento desenlace hubo una apertura al diálogo que se descarriló. El dirigente de Sitraibana que negoció con la Asamblea una nueva ley para el sector bananero y se abrazó con la ministra de trabajo, fue detenido y trasladado a La Joya por presuntos delitos relacionados a los cierres. Será labor de los jueces determinar su inocencia o culpabilidad, pero es válido preguntarse de qué manera esa acción tan veloz de la justicia impactó los ánimos en la provincia. El interrogante es especialmente importante a la luz de las declaraciones del ministro Frank Ábrego a La Prensa. El titular de Seguridad aseguró que ni los miembros del sindicato bananero ni los docentes que protestaban contra la ley 462 participaron del vandalismo y los saqueos. Trataron incluso, según sus palabras, de defender las instalaciones de la empresa Chiquita. Esa claridad con la que el ministro diferenció las protestas legítimas de los actos delictivos, es la que requiere el país para entender la conveniencia, efectividad y legalidad de las medidas que se están aplicando en Bocas del Toro. Y es que con el corte de las comunicaciones los bocatoreños han quedado más aislados y desprotegidos, situación que generó una condena del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ). El Centro de Iniciativas Democráticas (CIDEM) considera que la medida “se erige como un velo para encubrir violaciones a los derechos humanos” . La organización pidió que se investigue la muerte de una bebé a consecuencia de los gases lacrimógenos, así como graves denuncias de abuso policial. Con la extensión del Estado de urgencia creció el monto de contrataciones directas de $10 millones a $40 millones. Aumentó el presupuesto de inversión para la golpeada provincia pero también la discrecionalidad (y con ella las posibilidades de favorecer a amigos del poder). A pocos días de que se cumpla el primer año del gobierno, cabe preguntarse si será Bocas del Toro, el manual con el que manejarán las crisis futuras. Esperemos que no, pues el balance actual es devastador. Ojalá se conozca toda la verdad de lo ocurrido, se castigue a los culpables de los actos de violencia y se comprenda que el verdadero secuestro de la provincia, como dijo un joven bocatoreño en las redes sociales, es la vergonzosa pobreza en la que está sumergida gracias el abandono sistemático del Estado. Para el abogado y constitucionalista Jorge Giannareas, presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional (IIDC), el habeas corpus hay que entenderlo en el contexto de los convenios internacionales de protección de derechos humanos, particularmente la Convención Americana de Derechos Humanos. De acuerdo con Giannareas, la Convención “no incluye el habeas corpus entre los artículos que se pueden suspender”. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) explicó en una opinión consultiva de 1987, que el habeas corpus es un derecho fundamental para no contravenir otros derechos de los aprehendidos, sin embargo, en ocasiones estas opiniones no son tomadas como vinculantes por los Estados. No obstante, Giannareas explica que la opinión de la CIDH señala en síntesis que la garantía del habeas corpus refleja que “no puede utilizarse el mecanismo del decreto de urgencia para desaparecer a la gente (...) El decreto de urgencia tiene límites en la razón de proteger los derechos de los detenidos”, añadió. Mientras el Estado de urgencia se mantiene hasta el próximo 29 de junio en Bocas del Toro, con la restitución por decreto del habeas corpus, el Ministerio de Seguridad ha reportado hasta el miércoles que 303 personas permanecían bajo custodia del Ministerio Público y 56 habían sido remitidas ante un Juez de Paz. Sobre el procedimiento de trasladar aprehendidos sin camiseta y descalzos, la Policía Nacional no ha dado mayores detalles. El excomisionado Icaza señaló que si bien “las requisas se pueden hacer al desnudo”, no ve con agrado el procedimiento por “asemejarlo a lo que hace el presidente Bukele”. “Al final, pareciera ser que quieren exhibir o mandar un mensaje de cómo van a ser tratados, pero nosotros tenemos que recordar (...) que hay que guardar y respetar las garantías y los derechos de cada uno de los aprehendidos”, concluyó Icaza. Panorama

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