6A La Prensa Panamá, jueves 26 de junio de 2025 Panorama Dos visiones distintas sobre el presente y futuro ambiental de la mina de Cobre Panamá, de First Quantum Minerals, fueron planteadas por expertos durante el Foro Minero 2025, organizado por La Prensa. Joana Ábrego, gerente legal del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), y Ramón Varela, socio de la firma Morgan & Morgan — representante legal de la minera—, expusieron sus posturas ayer miércoles 25 de junio. Una de las principales discusiones giró en torno al estado actual del proyecto minero en Donoso, provincia de Colón, y al rol que debe jugar el Estado como auditor y garante en materia ambiental. Se planteó la posibilidad de encontrar un punto medio para la situación minera, considerando que el área donde se ubica el proyecto sigue “abierta”. Ábrego sostuvo que el estatus ambiental de la mina está estrechamente ligado a los principios del Estado de Derecho panameño. “Con el tema minero están en juego los mismos fundamentos del Estado de Derecho. Ha habido un fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que, si bien se ajustaba al contrato de concesión, estableció estándares extraordinarios de protección de derechos humanos que deben ser respetados”, subrayó. Añadió que no es válido asumir que, como los impactos ambientales ya ocurrieron, el país debe ahora aprovechar el mineral disponible. Recordó que hasta 2023 se explotaba apenas un primer tajo —de tres autorizados por el estudio de impacto ambiental de 2011—, y existía un diseño para expandir a tres o cuatro más. Choque de visiones sobre Cobre Panamá “La huella del proyecto continuará creciendo, igual que la instalación de manejo de relave, con un grave riesgo de contaminación”, alertó. En contraste, Varela argumentó que no existen puntos medios: “O hay minería metálica, o no hay”. Recalcó la proporción del yacimiento, que ocupa el 0.1% del territorio nacional, mientras concentra el 1.5% del cobre mundial. “Es una cosa desproporcionada a nuestro tamaño, y el impacto es limitado”, dijo. Reconoció que los estudios de impacto ambiental son documentos vivos, pero sostuvo que las descargas hacia las tinas de relaves cumplen con los permisos y son monitoreadas. Añadió que el estancamiento del proyecto se debió a una situación no contemplada en el estudio, pero que no hay riesgos en las tinas. Auditoría ambiental Ábrego cuestionó la demora del Estado en ejecutar auditorías ambientales. Varela respondió que el fallo de la CSJ impidió algunas acciones del Estado. “La capacidad de auditar existe, pero hay que fortalecerla. El contrato de 2023 contemplaba instalar oficinas del Estado dentro del proyecto para fiscalizar, pero eso no se concretó”, dijo. Ábrego insistió en que se necesita una auditoría adicional y denunció que el proyecto ha incumplido estándares internacionales que debía acatar. Conclusiones No hubo acuerdos ni consensos. Ábrego llamó a tomar una “decisión país” que privilegie el desarrollo sostenible sobre las ganancias efímeras de la minería, y criticó la falta de seguimiento de los gobiernos tras el fallo. Varela, por su parte, defendió el historial de la empresa y pidió una discusión amplia sobre los impactos, la mitigación y los beneficios del proyecto. Juan Camilo Nariño, Ramón Varela, Joana Ábrego, Harley Mitchell y Rodrigo Noriega. Amalia Toro, la sexta panelista, no aparece en esta fototografía. Elysée Fernández Harley Mitchell vs. Rodrigo Noriega: ¿Puede Panamá retomar la minería metálica? Eliana Morales Gil [email protected] Mario De Gracia [email protected] ¿Está cerrada la puerta a la minería metálica? Dos abogados debatieron la Ley 407: uno defiende su prohibición total, el otro propone caminos legales si hay transparencia, licitación y sostenibilidad ambiental. Dos abogados debatieron sobre la legalidad de cualquier intento por reactivar el sector. Lo hicieron en el panel legal del Foro Minero 2025, organizado por La Prensa, una iniciativa que promovió un debate informado, técnico y plural sobre el futuro del modelo de desarrollo nacional. Los abogados Harley Mitchell y Rodrigo Noriega expusieron sus posturas sobre la legalidad de la minería metálica en Panamá, desde marcos constitucionales e interpretaciones divergentes de la Ley 407. El resultado: un contraste de visiones que deja claro que el tema no está resuelto, ni en la ley ni en la política. Harley Mitchell: ‘Hay caminos legales si se actúa con honestidad y transparencia’ Mitchell abrió destacando que el derecho panameño, incluyendo la Constitución, ofrece herramientas para manejar los recursos mineros dentro de un marco de sostenibilidad. “No se puede hablar de desarrollo sin sostenibilidad”, afirmó. Se refirió al régimen ecológico de la Carta Magna y a principios del derecho internacional ambiental que Panamá ha suscrito, como los convenios sobre biodiversidad y humedales. Según Mitchell, la Ley 407 de 2023 prohíbe nuevas concesiones, pero no todas las formas de actividad minera. Argumentó que la concesión es solo una de las vías que contempla la Constitución para explotar recursos minerales. Mencionó tres opciones adicionales: la gestión directa por el Estado, empresas estatales o mixtas, y la contratación pública bajo criterios de transparencia. Aclaró que, si el Estado decide contratar a un operador privado sin recurrir a un contrato ley, tendría que hacerlo mediante licitación o justificar legalmente una excepción. Advirtió que ignorar estas opciones genera vacíos de gobernanza, especialmente en operaciones ya existentes como la de Minera Panamá. Recordó que la infraestructura en Donoso no puede quedar sin gestión ambiental y que el Estado sigue teniendo obligaciones legales y ambientales activas. Señaló que herramientas como el plan de gestión segura o los estudios de impacto ambiental siguen vigentes y deben respetarse o actualizarse conforme a la normativa. Concluyó que el país tiene bases jurídicas para permitir actividades mineras, siempre que se hagan bajo supervisión estatal efectiva, dentro del marco legal y con transparencia. “Lo que no se puede es improvisar”, dijo. Rodrigo Noriega: ‘La minería metálica está legalmente prohibida hoy en Panamá’ Noriega sostuvo que la minería metálica está prohibida por ley. Indicó que su análisis parte del respeto al Estado de Derecho, base de la democracia. Repasó antecedentes como la creación del Código de Recursos Minerales en 1963 y la anulación del contrato ley 406 por la Corte Suprema en 2023. Afirmó que la Ley 407 no establece una moratoria, sino una prohibición expresa, aplicable incluso al propio Estado. “Si el gobierno quiere crear una empresa minera estatal, tiene que pasar por la Asamblea Nacional. No puede hacerlo sin ley”, recalcó. Noriega mencionó la posibilidad de arbitrajes internacionales, pero consideró que el Estado puede defenderse bien si actúa con buena fe. Enfatizó que el foco debe estar en el saneamiento ambiental de la mina en Donoso y cuestionó el uso de los fondos recibidos. “El Estado recibió 562 millones de dólares y no ha iniciado la limpieza. Ya deberían haberse hecho avances”, sostuvo. Al cerrar, cuestionó la capacidad institucional para regular esta industria. “Un Estado que no puede evitar el robo de tapas de alcantarilla no está listo para supervisar una mina”, dijo. Llamó a considerar modelos de desarrollo más sostenibles y menos dependientes del producto interno bruto. Dos visiones, una encrucijada Ambos juristas coinciden en algo: la Constitución permite la minería, pero bajo condiciones. La diferencia central radica en la interpretación de la Ley 407. Para Noriega, es una veda absoluta que solo puede revertirse mediante reforma legislativa. Para Mitchell, aún existe un margen legal si se aplica la contratación directa con criterios estrictos y respeto a la normativa ambiental. El foro concluyó con un llamado a la información, al análisis técnico y a un debate público honesto. En palabras de Harley Mitchell: “No hay temas tabú cuando se actúa con cabeza fría y dentro del orden jurídico”. Y en las de Rodrigo Noriega: “Sin Estado de Derecho, no hay democracia posible”. Las luces del panel se apagaron. Pero en la sala, algunas ideas seguían resonando: información técnica, debate jurídico abierto y decisiones ajenas a la improvisación. El Estado puede explotar sus propios recursos minerales. El asunto es que la vía tiene que ser una vía jurídica, una vía honesta, una vía compartida, una vía que no sea inventada ahora, sino que se base en instrumentos preexistentes”. Harley Mitchell Sí, el tajo está allí, pero no es correcta la noción de que, porque los impactos ambientales son finitos y ya están ahí, ahora tenemos que aprovechar el potencial del mineral (...) La huella del proyecto continuará creciendo, la instalación de manejo de relave continuará creciendo con el grave riesgo de contaminación”. Joana Ábrego Un Estado que no es capaz de evitar que se roben las tapas de las alcantarillas, un Estado que no es capaz de recoger la basura, un Estado que no es capaz de preservar el río La Villa para doscientas mil personas, ese Estado no es capaz de supervisar la minería”. Rodrigo Noriega Yo estoy de acuerdo en que estos estudios de impacto ambiental son documentos vivos (...) pero la realidad es que las descargas que van a las tinas de relaves, todas cumplen con sus permisos ambientales. Eso está monitoreado y comprobado”. Ramón Varela FORO MINERO 2025
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