2A La Prensa Panamá, jueves 26 de junio de 2025 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Aleida Samaniego C. [email protected] Lucy Molinar y Anel Flores LP Docentes activos figuran con licencias sin sueldo: Contraloría y Meduca abren revisión EDUCACIÓN La Contraloría General de la República y el Ministerio de Educación (Meduca) anunciaron una revisión conjunta de los registros de licencias sin sueldo asignadas a docentes que, según reportes, continuaron laborando con regularidad durante el reciente paro magisterial. El contralor de la República Anel Flores y la ministra de Educación, Lucy Molinar, sostuvieron una reunión para coordinar acciones tras detectarse casos en los que maestros aparecen en el sistema como beneficiarios de “licencia sin sueldo por investigación”, pese a que siguieron prestando sus servicios. Ambas instituciones explicaron que la verificación se realiza con base en los listados oficiales que Meduca remite de forma progresiva, donde se certifica qué educadores se mantuvieron en sus funciones. Con esa información validada, se actualiza el sistema de planillas y se ejecutan los pagos o ajustes que correspondan. La Contraloría aclaró que en la plataforma pública de consulta, por limitaciones técnicas, el sistema resume todas las categorías de licencia sin sueldo bajo un mismo concepto. Sin embargo, en su sistema interno se detalla el tipo específico de licencia asignada a cada docente. “Esta diferencia de visualización no representa una falta de transparencia, sino una limitación técnica del sistema público de consulta”, aseguraron ambas entidades en un comunicado conjunto. Tanto Meduca como la Contraloría reiteraron que todo docente que haya cumplido con su jornada laboral recibirá su salario conforme a la ley, y que cualquier inconsistencia detectada será corregida respetando los derechos laborales del personal educativo. Los docentes están en paro indefinido desde el pasado 23 de abril en rechazo a la Ley 462, que realizó cambios al sistema de jubilaciones de la Caja de Seguro Social. Juan Manuel Díaz [email protected] Condena a Dina Mar Ochy a 80 meses NEW BUSINESS Dina Mar Ochy fue condenada a una pena de 80 meses de prisión por el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales por el delito de blanqueo de capitales a través de la sociedad New Business utilizada para la adquisición de Editora Panamá América (Epasa). A través del edicto No.693 colgado en la sede de ese juzgado, se notifica a las partes de la decisión de rechazar un recurso de nulidad presentado por la defensa de Ochy y declararla penalmente responsable por el delito de blanqueo de capitales. A la vez el tribunal la inhabilitó para ejercer actividades del comercio por el mismo período, pero una vez cumplida la pena de prisión. Contra Dina Mar Ochy, hermana de David y Daniel Ochy, el juzgado emitió una orden de captura luego de que no compareciera en la primera fecha de juicio convocada para el resto de los procesados en mayo de 2023. En esa ocasión, el juzgado también emitió órdenes de captura para las italianas Pía María Tolomei Friguerio e Isabelle Bruno Tolomei Friguerio. Las tres fueron declaradas prófugas, y se emitieron alertas rojas de Interpol para su localización, detención y traslado. AloshermanosOchyseles atribuye haber recibido fondos provenientes de contratos con el Estado, que posteriormente fueron usados para adquirir Epasa. Su hermano David Ochy está pendiente de extradición pedido por Panamá a Costa Rica, en el proceso por el caso New Business. No obstane, Ochy alega que debe ser juzgado por la Corte Suprema de Justicia por ser diputado el Parlamento Centroamericano. Construcción del puerto y patio de contenedores en isla Margarita, Colón. Foto: Cortesía PCCP acude a la Corte para frenar la cancelación de sus concesiones Mónica Palm [email protected] El presidente Mulino prometió cancelar la concesión portuaria en Isla Margarita, pero la empresa PCCP sigue operando gracias a amparos admitidos por la Corte Suprema, pese a incumplimientos y resoluciones administrativas en su contra. El 24 de abril de 2025, el presidente José Raúl Mulino se refirió por primera vez públicamente al puerto de contenedores que se construye en Isla Margarita, provincia de Colón. No ocultó su inconformidad con el contratista. “Isla Margarita, bajo mi gobierno, no tiene la menor oportunidad tal como está estructurado. Se llamará a una nueva licitación en su momento y se tomarán las decisiones necesarias para limpiar la mesa de todos esos escollos”, prometió el presidente. Mulino volvió a abordar el tema dos semanas después. “La junta directiva de la AMP [Autoridad Marítima de Panamá] ya canceló esa concesión”, comunicó el 8 de mayo. Pero el tiempo ha transcurrido y todo sigue igual. Los cambios anunciados por el presidente no se han materializado, y la empresa contratista, llamada Panama Colon Container Port (PCCP), continúa ocupando la concesión de fondo de mar: sin fianzas vigentes, sin registrar actividad alguna y sin pagar arriendos o cánones a la AMP. ¿Cómo lo logró? Tocando la puerta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Los amparos PCCP ha presentado cuatro amparos de garantías constitucionales en este mes. Todos apuntan a lo mismo: impedir que la AMP cancele los contratos de concesión de fondo de mar sobre los cuales pretende construir un puerto de carga y, eventualmente, un patio de contenedores en Isla Margarita, una de las áreas más privilegiadas para la navegación y el comercio internacional, ubicada en la entrada atlántica del Canal de Panamá, junto a Colon Container Terminal (CCT) y Manzanillo International Terminal (MIT). Los cuatro amparos fueron admitidos y repartidos entre el 2 y el 6 de junio pasado. Cada uno tiene un ponente distinto: quedaron distribuidos entre los despachos de los magistrados Ariadne García, Miriam Cheng, Ángela Russo y Olmedo Arrocha. Uno de los amparos está dirigido contra la Resolución JD No. 028-2024, que en uno de sus artículos señala que la junta directiva de la AMP tendrá acceso a información y documentación relacionada con secretos comerciales o información confidencial obtenida por el Estado, producto de la regulación de actividades económicas, así como notas, correspondencia y documentos vinculados con negociaciones de cualquier índole, incluida información relativa a la seguridad nacional. Por todo ello, el contenido de las actas de la junta directiva es considerado de acceso restringido. La Prensa envió un cuestionario a la AMP con el fin de ampliar la información sobre el tema de Isla Margarita. Al cierre de esta nota, la entidad no había remitido sus respuestas. Anteriormente, la AMP se había negado a proporcionar detalles, alegando que el proceso no se ha finiquitado, precisamente por las apelaciones y reclamos de PCCP. Lo que se sabe hasta ahora es que los contratos para la construcción del puerto y el patio de contenedores fueron rescindidos por el administrador de la AMP, Luis Roquebert, a través de las resoluciones 046-2025 del 10 de abril y 047-2025 del 11 de abril, ambas del año 2025. La explanada El proyecto en Isla Margarita se levanta sobre dos concesiones de fondo de mar que suman 81.51 hectáreas. De ese total, 27.38 hectáreas corresponden al puerto de carga y 54.13 al patio de contenedores. La auditoría de la Contraloría General de la República constató atrasos en el cronograma de ejecución del proyecto (se había ejecutado apenas el 15% de los trabajos). De hecho, se calculó que entonces la construcción llevaba tres años detenida. El 23 de junio de 2021, la junta directiva de la AMP incluso expidió una resolución en la que se ordenaba al entonces administrador Noriel Araúz poner fin al contrato. Lo que salvó a PCCP aquella vez fue que comunicó que un grupo inversionista de Bahamas, llamado Notarc Management Group, había adquirido la totalidad de sus acciones. Araúz, en lugar de romper los contratos, los renovó mediante adendas. La situación no ha cambiado: las razones que existían en 2021 para declarar el incumplimiento de los contratos siguen vigentes cuatro años después y ahora se suman nuevos elementos. Por un lado, Landbridge Port Services (Hong Kong) Ltd. presentó una demanda en tribunales de Delaware, alegando que fue despojada del 51% de las acciones de PCCP; por otro, los antiguos socios están enfrentados en un arbitraje en Panamá. Además, en mayo pasado, Landbridge Port presentó una demanda civil contra PCCP, United Crown Construction Inc. y los socios de Notarc, entre otros, la cual aún no ha sido admitida por el juzgado. La Prensa intentó contactar a Juan Felipe Pitty, quien en su momento se presentó como representante legal de PCCP ante la AMP, pero no respondió los mensajes. primera concesión fue adjudicada a PCCP, mientras que la segunda está a nombre de otra sociedad —United Crown Construction Inc.— ligada al mismo grupo empresarial. Ambos contratos fueron adjudicados el 18 de junio de 2013 y renovados el 1 de noviembre de 2022 mediante sendas adendas que extendieron la vigencia de las concesiones hasta 2047. Para romper los contratos, el administrador de la AMP invocó la cláusula que permite al Estado dar por terminada la relación si la empresa incumple sus obligaciones. Ese incumplimiento ha sido ampliamente documentado desde la administración del presidente Laurentino Cortizo, cuando PCCP estuvo a punto de quedarse sin proyecto. En ese momento, una UI UNIDAD INVESTIGATIVA
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