1A La Prensa Panamá, jueves 26 de junio de 2025 El medio libre de Panamá 75¢ Jueves 26 de junio de 2025 - Año 44 - Nº 15059 Hoy por hoy El contrato portuario en Isla Margarita debía cancelarse desde 2021, pero fue salvado por una adenda exprés tras una reunión entre el expresidente Cortizo y los nuevos actores del proyecto. Hoy, la empresa aún ocupa el fondo de mar, sin fianzas ni avances. Lo grave es que lo hace amparada por recursos admitidos en la Corte Suprema, mientras las promesas incumplidas se acumulan y la opacidad persiste. El presidente Mulino anunció su cancelación, pero la realidad no ha cambiado. ¿Quién intercedió para sostener una concesión fallida durante tantos años? ¿Quién protege ahora ese contrato desde el órgano judicial? Los panameños tienen derecho a saber por qué no se aplica la ley con la misma firmeza con que se exigió desde la AMP en 2021. No se trata solo de Isla Margarita. La historia se repite en otras concesiones estratégicas. Es hora de romper el patrón. Lo que está en juego no es un contrato: es la soberanía sobre nuestros activos más valiosos. Ellas.pa Panama Fashion Week regresa con diseño y arte 4B Plaza Sub-13 brilla en su debut en Punta Cana 8A Deportes Panorama El Ifarhu promete saldar las becas de Oratoria 5A Economía Así avanza el cuarto puente sobre el Canal 3B El fallido puerto que la Corte aún ampara Mónica Palm [email protected] Pese al incumplimiento contractual, la Corte admite amparos que protegen al proyecto portuario de Isla Margarita, cuestionado por el propio Mulino. El proyecto portuario de Isla Margarita, en Colón, permanece sin avances, aunque el presidente José Raúl Mulino anunció el 24 de abril de 2025 que se convocaría a una nueva licitación. El 8 de mayo, afirmó que la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) ya había cancelado la concesión. Sin embargo, Panama Colon Container Port (PCCP), titular de una de las concesiones de fondo de mar, continúa ocupando el terreno. La empresa presentó cuatro amparos de garantías constitucionales entre el 2 y el 6 de junio para frenar la cancelación de los contratos. Todos fueron admitidos por la Corte Suprema de Justicia. Las concesiones —81.51 hectáreas en total— fueron adjudicadas en 2013 y renovadas hasta 2047. En abril de 2025, el administrador de la AMP, Luis Roquebert, emitió las resoluciones 046 y 047 para rescindirlas por incumplimiento. La Contraloría ya había reportado atrasos en 2021: apenas un 15% del proyecto ejecutado y tres años de paralización. Actualmente, hay disputas legales entre los antiguos socios de PCCP, demandas civiles y un arbitraje en curso. La AMP no ha ofrecido nuevas declaraciones sobre el caso. VEA 2A La mina de Donoso en debate: ¿cierre definitivo o reactivación? Dina Ochy, condenada en el caso New Business La mina de Donoso fue eje central del ForoMinero2025 organizado por La Prensa, que reunió a seis panelistas destacados: AmaliaToro (McKinsey), JuanCamiloNariño (Asociación Colombiana de Minería), HarleyMitchell (abogado ambientalista), RodrigoNoriega (analista y jurista), JoanaÁbrego (CIAM) y Ramón Varela (MorEl Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales condenó a Dina Mar Ochy a 80 meses de prisión por blanqueo de capitales en el caso New Business, vinculado a la compra de Epasa. Está prófuga y con alerta roja de Interpol, al igual gan&Morgan). Debatieron si la mina de Donoso debe permanecer cerrada, debido a sus riesgos legales y ambientales, o si conviene reactivarla por su potencial para generar empleo, evitar arbitrajes y contribuir al desarrollo sostenible, en un contexto de reformas al marco regulatorio y una apuesta por una minería más responsable. VEA 6A Y 1B Las periodistas de ‘La Prensa’ Eliana Morales y Katiuska Hernández; los panelistas Juan Camilo Nariño, Ramón Varela, Joana Ábrego, Harley Mitchell y Rodrigo Noriega; así como Yolanda Sandoval y Anette Planells, del equipo editorial de Corprensa. (La panelista Amalia Toro no aparece en la imagen). Elysée Fernández Pruebas ERCE : Lectura mejora, matemáticas en rojo Panamá logró avances en lectura y matemáticas en tercer grado, según el ERCE pospandemia, pero más de la mitad de los estudiantes sigue sin alcanzar los niveles mínimos. En sexto grado, la situación empeora. VEA 4A La Prensa les asegura a todos que este será el primero de varios foros. Este es un lugar seguro para debatir, compatir ideas y reflexionar (…) Nos despedimos con la convicción de que el intercambio de ideas y perspectivas es clave para construir decisiones informadas, respetuosas, responsables y sostenibles”. Yolanda Sandoval moderadora que dos ciudadanas italianas, Pía María e Isabelle Bruno Tolomei Friguerio. En este caso también fue condenado el expresidente Ricardo Martinelli, asilado en Colombia, a 128 meses de prisión y multa millonaria. VEA 2A UI UNIDAD INVESTIGATIVA
2A La Prensa Panamá, jueves 26 de junio de 2025 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Aleida Samaniego C. [email protected] Lucy Molinar y Anel Flores LP Docentes activos figuran con licencias sin sueldo: Contraloría y Meduca abren revisión EDUCACIÓN La Contraloría General de la República y el Ministerio de Educación (Meduca) anunciaron una revisión conjunta de los registros de licencias sin sueldo asignadas a docentes que, según reportes, continuaron laborando con regularidad durante el reciente paro magisterial. El contralor de la República Anel Flores y la ministra de Educación, Lucy Molinar, sostuvieron una reunión para coordinar acciones tras detectarse casos en los que maestros aparecen en el sistema como beneficiarios de “licencia sin sueldo por investigación”, pese a que siguieron prestando sus servicios. Ambas instituciones explicaron que la verificación se realiza con base en los listados oficiales que Meduca remite de forma progresiva, donde se certifica qué educadores se mantuvieron en sus funciones. Con esa información validada, se actualiza el sistema de planillas y se ejecutan los pagos o ajustes que correspondan. La Contraloría aclaró que en la plataforma pública de consulta, por limitaciones técnicas, el sistema resume todas las categorías de licencia sin sueldo bajo un mismo concepto. Sin embargo, en su sistema interno se detalla el tipo específico de licencia asignada a cada docente. “Esta diferencia de visualización no representa una falta de transparencia, sino una limitación técnica del sistema público de consulta”, aseguraron ambas entidades en un comunicado conjunto. Tanto Meduca como la Contraloría reiteraron que todo docente que haya cumplido con su jornada laboral recibirá su salario conforme a la ley, y que cualquier inconsistencia detectada será corregida respetando los derechos laborales del personal educativo. Los docentes están en paro indefinido desde el pasado 23 de abril en rechazo a la Ley 462, que realizó cambios al sistema de jubilaciones de la Caja de Seguro Social. Juan Manuel Díaz [email protected] Condena a Dina Mar Ochy a 80 meses NEW BUSINESS Dina Mar Ochy fue condenada a una pena de 80 meses de prisión por el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales por el delito de blanqueo de capitales a través de la sociedad New Business utilizada para la adquisición de Editora Panamá América (Epasa). A través del edicto No.693 colgado en la sede de ese juzgado, se notifica a las partes de la decisión de rechazar un recurso de nulidad presentado por la defensa de Ochy y declararla penalmente responsable por el delito de blanqueo de capitales. A la vez el tribunal la inhabilitó para ejercer actividades del comercio por el mismo período, pero una vez cumplida la pena de prisión. Contra Dina Mar Ochy, hermana de David y Daniel Ochy, el juzgado emitió una orden de captura luego de que no compareciera en la primera fecha de juicio convocada para el resto de los procesados en mayo de 2023. En esa ocasión, el juzgado también emitió órdenes de captura para las italianas Pía María Tolomei Friguerio e Isabelle Bruno Tolomei Friguerio. Las tres fueron declaradas prófugas, y se emitieron alertas rojas de Interpol para su localización, detención y traslado. AloshermanosOchyseles atribuye haber recibido fondos provenientes de contratos con el Estado, que posteriormente fueron usados para adquirir Epasa. Su hermano David Ochy está pendiente de extradición pedido por Panamá a Costa Rica, en el proceso por el caso New Business. No obstane, Ochy alega que debe ser juzgado por la Corte Suprema de Justicia por ser diputado el Parlamento Centroamericano. Construcción del puerto y patio de contenedores en isla Margarita, Colón. Foto: Cortesía PCCP acude a la Corte para frenar la cancelación de sus concesiones Mónica Palm [email protected] El presidente Mulino prometió cancelar la concesión portuaria en Isla Margarita, pero la empresa PCCP sigue operando gracias a amparos admitidos por la Corte Suprema, pese a incumplimientos y resoluciones administrativas en su contra. El 24 de abril de 2025, el presidente José Raúl Mulino se refirió por primera vez públicamente al puerto de contenedores que se construye en Isla Margarita, provincia de Colón. No ocultó su inconformidad con el contratista. “Isla Margarita, bajo mi gobierno, no tiene la menor oportunidad tal como está estructurado. Se llamará a una nueva licitación en su momento y se tomarán las decisiones necesarias para limpiar la mesa de todos esos escollos”, prometió el presidente. Mulino volvió a abordar el tema dos semanas después. “La junta directiva de la AMP [Autoridad Marítima de Panamá] ya canceló esa concesión”, comunicó el 8 de mayo. Pero el tiempo ha transcurrido y todo sigue igual. Los cambios anunciados por el presidente no se han materializado, y la empresa contratista, llamada Panama Colon Container Port (PCCP), continúa ocupando la concesión de fondo de mar: sin fianzas vigentes, sin registrar actividad alguna y sin pagar arriendos o cánones a la AMP. ¿Cómo lo logró? Tocando la puerta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Los amparos PCCP ha presentado cuatro amparos de garantías constitucionales en este mes. Todos apuntan a lo mismo: impedir que la AMP cancele los contratos de concesión de fondo de mar sobre los cuales pretende construir un puerto de carga y, eventualmente, un patio de contenedores en Isla Margarita, una de las áreas más privilegiadas para la navegación y el comercio internacional, ubicada en la entrada atlántica del Canal de Panamá, junto a Colon Container Terminal (CCT) y Manzanillo International Terminal (MIT). Los cuatro amparos fueron admitidos y repartidos entre el 2 y el 6 de junio pasado. Cada uno tiene un ponente distinto: quedaron distribuidos entre los despachos de los magistrados Ariadne García, Miriam Cheng, Ángela Russo y Olmedo Arrocha. Uno de los amparos está dirigido contra la Resolución JD No. 028-2024, que en uno de sus artículos señala que la junta directiva de la AMP tendrá acceso a información y documentación relacionada con secretos comerciales o información confidencial obtenida por el Estado, producto de la regulación de actividades económicas, así como notas, correspondencia y documentos vinculados con negociaciones de cualquier índole, incluida información relativa a la seguridad nacional. Por todo ello, el contenido de las actas de la junta directiva es considerado de acceso restringido. La Prensa envió un cuestionario a la AMP con el fin de ampliar la información sobre el tema de Isla Margarita. Al cierre de esta nota, la entidad no había remitido sus respuestas. Anteriormente, la AMP se había negado a proporcionar detalles, alegando que el proceso no se ha finiquitado, precisamente por las apelaciones y reclamos de PCCP. Lo que se sabe hasta ahora es que los contratos para la construcción del puerto y el patio de contenedores fueron rescindidos por el administrador de la AMP, Luis Roquebert, a través de las resoluciones 046-2025 del 10 de abril y 047-2025 del 11 de abril, ambas del año 2025. La explanada El proyecto en Isla Margarita se levanta sobre dos concesiones de fondo de mar que suman 81.51 hectáreas. De ese total, 27.38 hectáreas corresponden al puerto de carga y 54.13 al patio de contenedores. La auditoría de la Contraloría General de la República constató atrasos en el cronograma de ejecución del proyecto (se había ejecutado apenas el 15% de los trabajos). De hecho, se calculó que entonces la construcción llevaba tres años detenida. El 23 de junio de 2021, la junta directiva de la AMP incluso expidió una resolución en la que se ordenaba al entonces administrador Noriel Araúz poner fin al contrato. Lo que salvó a PCCP aquella vez fue que comunicó que un grupo inversionista de Bahamas, llamado Notarc Management Group, había adquirido la totalidad de sus acciones. Araúz, en lugar de romper los contratos, los renovó mediante adendas. La situación no ha cambiado: las razones que existían en 2021 para declarar el incumplimiento de los contratos siguen vigentes cuatro años después y ahora se suman nuevos elementos. Por un lado, Landbridge Port Services (Hong Kong) Ltd. presentó una demanda en tribunales de Delaware, alegando que fue despojada del 51% de las acciones de PCCP; por otro, los antiguos socios están enfrentados en un arbitraje en Panamá. Además, en mayo pasado, Landbridge Port presentó una demanda civil contra PCCP, United Crown Construction Inc. y los socios de Notarc, entre otros, la cual aún no ha sido admitida por el juzgado. La Prensa intentó contactar a Juan Felipe Pitty, quien en su momento se presentó como representante legal de PCCP ante la AMP, pero no respondió los mensajes. primera concesión fue adjudicada a PCCP, mientras que la segunda está a nombre de otra sociedad —United Crown Construction Inc.— ligada al mismo grupo empresarial. Ambos contratos fueron adjudicados el 18 de junio de 2013 y renovados el 1 de noviembre de 2022 mediante sendas adendas que extendieron la vigencia de las concesiones hasta 2047. Para romper los contratos, el administrador de la AMP invocó la cláusula que permite al Estado dar por terminada la relación si la empresa incumple sus obligaciones. Ese incumplimiento ha sido ampliamente documentado desde la administración del presidente Laurentino Cortizo, cuando PCCP estuvo a punto de quedarse sin proyecto. En ese momento, una UI UNIDAD INVESTIGATIVA
3A La Prensa Panamá, jueves 26 de junio de 2025
4A La Prensa Panamá, jueves 26 de junio de 2025 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] UNIÓN. En la Asamblea está surgiendo una especie de holding accidental entre Vamos, el CD, el Panameñista, la bancada de Moca/Betserai y Patsy Lee (del PP), con el fin de postular a un candidato único a la presidencia del Legislativo. Si es así, se esfumaron las posibilidades de Shirley Castañedas. La cabeza de esta nómina de consenso podría recaer en el Panameñista o en el CD, ya que Vamos estaría más interesado en presidir aquellas comisiones influyentes. A veces, cediendo también se gana. MIX-N-MATCH. Esta candidatura única podría contar con el respaldo de algunos integrantes de la bancada mixta, quienes están renuentes a votar por la ungida de RM. Falta ver qué pedirán a cambio de ese apoyo. Para eso es que sirve una bancadita irrelevante como esa: para negociar espacios y especular con los votos. DISCURSO. Los 12 diputados del PRD se reunieron ayer para definir cómo votarán el próximo 1 de julio. No hubo acuerdo, aunque la bancada transmitió el mensaje de que “reafirma su compromiso con el país y con el fortalecimiento de la democracia, desde una oposición responsable, organizada y comprometida con los intereses del pueblo”. Si uno escuchara estas declaraciones sin saber de quién provienen, difícilmente imaginaría que vienen del PRD y menos en el contexto de una elección. HANDY MANNY. Una vez más, el loco anda de extremo a extremo. Hace poco decía que estaba feliz, “gozando de la vida”, y ahora anuncia que necesita 34 tornillos y 68 tuercas en la espalda. Según él, las tres operaciones que se hizo en Panamá fueron “una gran porquería”. A algunos desquiciados les falta un tornillo, pero… ¿34? VARADO. El defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, y su comitiva no pudieron ingresar a Changuinola debido a los cierres de vías, manifestaciones y árboles talados. Una anécdota más Panamá registra una de las interrupciones escolares más largas del mundo. Elysée Fernández ERCE: este es el diagnótico de la educación pospandemia Aleida Samaniego C. [email protected] BALANCE Panamá mejora en lectura y matemáticas en tercer grado, pero la mayoría de los estudiantes aún no alcanza los niveles mínimos de aprendizaje. Los resultados más recientes del Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE pospandemia), elaborado por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (Llece), de la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), pintan un panorama mixto sobre el estado del sistema educativo panameño. Aunque hay señales de mejora, especialmente en lectura y matemáticas en tercer grado, la realidad es que una gran mayoría de los estudiantes aún no alcanza los niveles de aprendizaje adecuados para su edad. La evaluación, aplicada entre diciembre de 2023 y abril de 2024, incluyó una muestra representativa de 250 escuelas oficiales y particulares de áreas urbanas y rurales. En total, participaron 5,121 estudiantes de tercer grado y 5,333 de sexto grado. El objetivo del estudio fue medir el avance hacia los aprendizajes clave definidos por la Agenda 2030 en dos áreas fundamentales: lectura y matemáticas. Signos de recuperación tras la pandemia Uno de los resultados más alentadores es que, comparado con los obtenidos en el ERCE 2019, Panamá muestra mejoras claras en lectura en ambos grados, así como en matemáticas en tercer grado. Este repunte parece indicar una recuperación parcial del terreno perdido durante la pandemia, cuando miles de niños estuvieron fuera del aula por más de un año. Además, el porcentaje de estudiantes ubicados en el nivel más bajo de desempeño se redujo, mientras que creció el número de quienes alcanzaron los niveles más altos, sobre todo en lectura. Es decir, hay más niños leyendo mejor, y menos que no comprenden lo que leen. Sin embargo, el informe también deja claro que los avances no alcanzan para celebrar demasiado. En tercer grado, el 51% de los estudiantes sigue sin lograr el nivel mínimo esperado en el marco del monitoreo de la Agenda 2030 en lectura y el 56% en matemáticas. En sexto grado, los resultados son aún más preocupantes: el 72% está por debajo del estándar en lectura y un 90% no alcanza los aprendizajes mínimos en matemáticas. Un rezago que se resiste a ceder Estos datos revelan una situación estructural que no se puede atribuir solo a la pandemia. A pesar de los esfuerzos, el rezago es profundo y persistente, especialmente en matemáticas, donde los niveles de logro son muy bajos a medida que se avanza en la escolaridad. Y hay otro dato que llama la atención: las niñas continúan superando a los niños en lectura. Aunque esta tendencia se repite en otros países, no deja de ser una señal de alerta. Según el informe, el género no debería marcar diferencias en los logros educativos, y sugiere que el sistema debe trabajar para reducir esta brecha sin afectar el rendimiento de las niñas. Este desafío implica repensar el diseño de las políticas educativas. Si ser niño o niña todavía marca una diferencia en lo que se aprende, algo no está funcionando bien en el acceso a las oportunidades de aprendizaje. Lo que dejó el cierre de escuelas El contexto en el que se dan estos resultados es crucial para entender el desempeño actual. Panamá fue uno de los países de la región que más tiempo mantuvo sus escuelas cerradas por la pandemia: 386 días sin clases presenciales y otros 256 con cierres parciales. Prácticamente, los estudiantes estuvieron casi dos años con acceso limitado o nulo a una educación continua y estructurada. A esto se suma una inversión en educación históricamente baja. En 2019, el país destinó apenas un 3.1% del Producto Interno Bruto (PIB) al sector educativo, muy por debajo del promedio regional, que fue de 4.3%. Aunque en 2020 hubo un incremento, el presupuesto volvió a caer en 2021 (3.7%) y 2022 (3.4%). Estos factores no solo explican parte del rezago, sino que también ponen en evidencia la urgente necesidad de priorizar la educación en la agenda nacional. La recuperación del sistema no será posible sin una inversión sostenida y estratégica. Habilidades que también cuentan Además del desempeño académico, el estudio midió habilidades socioemocionales, como la autorregulación escolar y la apertura a la diversidad. En este apartado, Panamá mostró una ligera caída en sexto grado en comparación con 2019. Aunque la disminución no es dramática, sí importa, ya que estas habilidades están fuertemente ligadas al éxito escolar. Estudiantes con mayor capacidad para autorregularse y que valoran la diversidad tienden a rendir mejor, según confirma el informe. En otras palabras, no basta con enseñar a leer y resolver problemas: también hay que formar estudiantes emocionalmente preparados para aprender y convivir. ¿Y ahora qué? Pese a los desafíos, Panamá logró mejorar en tres de las cuatro pruebas aplicadas en esta edición del ERCE, en comparación con los resultados de 2019. Esto demuestra que hay experiencias educativas que están funcionando, y que podrían servir de modelo para otras escuelas del país. El informe de la Unesco recomienda identificar estas estrategias exitosas, entender qué las hace efectivas y promover su adaptación en distintos contextos. La clave está en compartir lo que funciona y replicarlo donde más se necesita. Sin embargo, el porcentaje de estudiantes en el nivel más bajo de desempeño sigue siendo preocupante. En matemáticas de sexto grado, un 66.3% de los estudiantes aún no logra los aprendizajes esperados; en lectura de tercer grado, el 51% permanece rezagado. Esto exige acciones urgentes, sostenidas y bien orientadas. Intervenciones pedagógicas tempranas, acompañamiento docente, recursos adecuados y políticas de equidad no pueden seguir esperando. La mejora parcial no puede ser motivo de conformismo. Si se quiere cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible y garantizar una educación de calidad, hay que actuar desde los primeros grados y sin pausa. para el informe sobre violaciones a los derechos humanos en la provincia. LIVE. En la Alcaldía de Panamá se dice que la actual secretaria general encargada, Nelly Grimaldo, renunciará al cargo. Grimaldo reemplazó al actual vicealcalde (en licencia) Roberto Ruiz Díaz, quien había asumido las funciones de secretario hasta octubre pasado. ¿Por qué nadie dura en ese puesto? El alcalde debería dar explicaciones, aunque sea en un post. Avalan medidas cautelares contra sobrino de diputado Un tribunal de apelaciones confirmó la medida cautelar de reporte periódico y ordenó el retiro del pasaporte al ex jefe de personal de Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) José Ruiloba Pineda, sobrino del diputado del Partido Revolucionario Democrático Raúl Pineda, y dispuso que el investigado no podrá acercarse a la Contraloría ni al Miviot dentro de un caso por la presunta comisión de peculado. Las medidas le fueron aplicadas por el Tribunal Superior de Apelaciones durante una audiencia pedida por la Fiscalía Anticorrupción, al sostener que Ruiloba Pineda podía abandonar el país y no hacerle frente a la investigación que se le sigue. Los magistrados Raúl Leonel Urriola Caballero, Yilis Pittí y Gustavo De Gracia consideraron que las medidas aplicadas en primera instancia por un juez de garantías son cónsonas con las necesidades del proceso. Sobre Ruiloba Pineda pesa una medida cautelar de reporte periódico los días 15 y 30 de cada mes. Esto le fue impuesto por un juez de garantías el pasado 17 de junio cuando se le imputó cargos a Ruiloba Pineda por la presunta comisión del delito de peculado en perjuicio del Miviot. La pesquisa se inició tras la detección en la duplicidad en el cobro de cheques dentro del Miviot relacionadas con el Programa de Ayudas, que presuntamente fue usado para el pago de planillas. En este proceso existen otras 14 personas bajo investigación que presuntamente habrían recibido cheques de esa entidad, pero que no ejercían funciones concretas. La planilla estaba directamente relacionada con el Programa de Ayudas que reflejó inconsistencias por fuertes sumas de dinero. Algunos de los implicados aparecían como funcionarios del Miviot, pero laboraban en juntas comunales. JUSTICIA Juan Manuel Díaz [email protected] Raúl Pineda y su sobrino José Ruiloba Pineda. Cortesía Resultados de pruebas y comparación con promedio regional Infografía: LP - Fuente: ERCE Pospandemia GRADO ÁREA CURRICULAR Tercer grado Lectura 682 659 697 A favor de las niñas Matemáticas 676 654 698 No hay diferencia Sexto grado Lectura 681 652 696 A favor de las niñas Matemáticas 652 645 697 No hay diferencia ERCE POSPANDEMIA ERCE 2019 ERCE 2019 REGIONAL BRECHAS DE GÉNERO EN RESULTADOS
5A La Prensa Panamá, jueves 26 de junio de 2025 Panorama El instituto afirma haber honrado su compromiso con los ganadores becados. Cortesía del Ifarhu Ifarhu promete pagar las becas de Oratoria Gia Urriola [email protected] SALDO DE BECAS Las autoridades y los organizadores del certamen atendieron los casos de becas pendientes correspondientes a los años 2021 a 2024. El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) se comprometió a saldar la deuda pendiente por concepto de becas a los ganadores del Concurso Nacional de Oratoria, que en algunos casos data del año 2021. Para completar el proceso, los estudiantes deberán presentar la documentación que los acredita como beneficiarios. En conjunto con la organización del certamen, el Ifarhu se reunió con 60 jóvenes ganadores de las últimas cuatro ediciones (2021, 2022, 2023 y 2024). A través de una nota de prensa, redactada de forma conjunta entre el Ifarhu y la Organización del Concurso Nacional de Oratoria, se informó que durante el encuentro se atendieron casos relacionados con pagos efectuados en 2023 y 2024, así como aquellos que ya están listos para ser retirados en 2025. A los participantes se les brindó información sobre el proceso de trámite de pagos, el estado de los contratos firmados y los refrendos o subsanaciones pendientes, gestionados ante la Contraloría General de la República. Carlos Godoy, director general del Ifarhu, recalcó el compromiso de la institución con cada ganador: “Estamos dando la cara y honrando la promesa adquirida por la institución para con los ganadores del Concurso Nacional de Oratoria. Siéntanse tranquilos jóvenes finalistas, vamos a honrarles con sus pagos como lo estamos haciendo”. Los estudiantes deben presentar la documentación requerida para gestionar los siguientes desembolsos, como parte del procedimiento indispensable para la continuidad del apoyo económico. En el caso de los ganadores de 2024 y aquellos de 2023 que aún no iniciaron su trámite, el Ifarhu informó que tienen hasta el 31 de julio de 2025 para entregar los documentos correspondientes y activar el proceso, lo que garantizará que los pagos se realicen dentro de los tiempos establecidos. “Desde hace dos años, el Ifarhu ha iniciado el proceso de pagos para los estudiantes que ingresaron sus trámites de beca. Esta coordinación ha sido clave para identificar los casos pendientes y asegurar que todos los estudiantes reciban el beneficio prometido de manera justa y oportuna, tal como se les indicó en la gran final de cada edición.” señaló Edgar Alderete, coordinador general del Concurso Nacional de Oratoria. De acuerdo con el instituto, los participantes expresaron su gratitud por el respaldo recibido, el cual ha sido fundamental para avanzar en sus estudios universitarios. En Panamá, en 2024 hubo 36 mil accidentes de tránsito. LP Lanzan campaña para reducir siniestros de tránsito en Panamá COLISIONES Yaritza Mojica [email protected] En Panamá, cada día se reportan entre 25 y 100 accidentes de tránsito, debido a diversas causas como el uso del celular al conducir, el exceso de velocidad, la imprudencia al volante y la conducción bajo los efectos del alcohol, entre otros factores peligrosos. Estas circunstancias han dejado un saldo de 144 personas fallecidas en lo que va del año, según reportes de la Dirección de Operaciones del Tránsito. Solo en siniestros viales, más de 145,000 personas perdieron la vida en las Américas en 2021, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), lo que representa el 12% de las muertes viales globales de ese año. Estos siniestros continúan siendo la principal causa de muerte entre niños y jóvenes de 5 a 29 años, generando una carga social y económica considerable. En el caso de Panamá, en 2024 se han registrado más de 36,000 accidentes de tránsito, con más de 300 reportes de personas fallecidas. Los datos del país estiman una tasa de 7.3 muertes por cada 100,000 habitantes, lo que representa la cuarta más baja del continente. Para enfrentar esta situación, autoridades panameñas como la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) y el Ministerio de Obras Públicas (MOP), en conjunto con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y en colaboración con la empresa JCDecaux, lanzaron la campaña mundial #HazUnaDeclaraciónDeSeguridad. Esta iniciativa busca promover la seguridad vial y fomentar calles seguras, inclusivas y sostenibles en todo el mundo. El objetivo es concienciar a la población sobre la importancia de prevenir percances, muertes y lesiones que pueden dejar a las víctimas con discapacidades permanentes, destacó Jean Todt, enviado especial de la ONU para la Seguridad Vial.
6A La Prensa Panamá, jueves 26 de junio de 2025 Panorama Dos visiones distintas sobre el presente y futuro ambiental de la mina de Cobre Panamá, de First Quantum Minerals, fueron planteadas por expertos durante el Foro Minero 2025, organizado por La Prensa. Joana Ábrego, gerente legal del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), y Ramón Varela, socio de la firma Morgan & Morgan — representante legal de la minera—, expusieron sus posturas ayer miércoles 25 de junio. Una de las principales discusiones giró en torno al estado actual del proyecto minero en Donoso, provincia de Colón, y al rol que debe jugar el Estado como auditor y garante en materia ambiental. Se planteó la posibilidad de encontrar un punto medio para la situación minera, considerando que el área donde se ubica el proyecto sigue “abierta”. Ábrego sostuvo que el estatus ambiental de la mina está estrechamente ligado a los principios del Estado de Derecho panameño. “Con el tema minero están en juego los mismos fundamentos del Estado de Derecho. Ha habido un fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que, si bien se ajustaba al contrato de concesión, estableció estándares extraordinarios de protección de derechos humanos que deben ser respetados”, subrayó. Añadió que no es válido asumir que, como los impactos ambientales ya ocurrieron, el país debe ahora aprovechar el mineral disponible. Recordó que hasta 2023 se explotaba apenas un primer tajo —de tres autorizados por el estudio de impacto ambiental de 2011—, y existía un diseño para expandir a tres o cuatro más. Choque de visiones sobre Cobre Panamá “La huella del proyecto continuará creciendo, igual que la instalación de manejo de relave, con un grave riesgo de contaminación”, alertó. En contraste, Varela argumentó que no existen puntos medios: “O hay minería metálica, o no hay”. Recalcó la proporción del yacimiento, que ocupa el 0.1% del territorio nacional, mientras concentra el 1.5% del cobre mundial. “Es una cosa desproporcionada a nuestro tamaño, y el impacto es limitado”, dijo. Reconoció que los estudios de impacto ambiental son documentos vivos, pero sostuvo que las descargas hacia las tinas de relaves cumplen con los permisos y son monitoreadas. Añadió que el estancamiento del proyecto se debió a una situación no contemplada en el estudio, pero que no hay riesgos en las tinas. Auditoría ambiental Ábrego cuestionó la demora del Estado en ejecutar auditorías ambientales. Varela respondió que el fallo de la CSJ impidió algunas acciones del Estado. “La capacidad de auditar existe, pero hay que fortalecerla. El contrato de 2023 contemplaba instalar oficinas del Estado dentro del proyecto para fiscalizar, pero eso no se concretó”, dijo. Ábrego insistió en que se necesita una auditoría adicional y denunció que el proyecto ha incumplido estándares internacionales que debía acatar. Conclusiones No hubo acuerdos ni consensos. Ábrego llamó a tomar una “decisión país” que privilegie el desarrollo sostenible sobre las ganancias efímeras de la minería, y criticó la falta de seguimiento de los gobiernos tras el fallo. Varela, por su parte, defendió el historial de la empresa y pidió una discusión amplia sobre los impactos, la mitigación y los beneficios del proyecto. Juan Camilo Nariño, Ramón Varela, Joana Ábrego, Harley Mitchell y Rodrigo Noriega. Amalia Toro, la sexta panelista, no aparece en esta fototografía. Elysée Fernández Harley Mitchell vs. Rodrigo Noriega: ¿Puede Panamá retomar la minería metálica? Eliana Morales Gil [email protected] Mario De Gracia [email protected] ¿Está cerrada la puerta a la minería metálica? Dos abogados debatieron la Ley 407: uno defiende su prohibición total, el otro propone caminos legales si hay transparencia, licitación y sostenibilidad ambiental. Dos abogados debatieron sobre la legalidad de cualquier intento por reactivar el sector. Lo hicieron en el panel legal del Foro Minero 2025, organizado por La Prensa, una iniciativa que promovió un debate informado, técnico y plural sobre el futuro del modelo de desarrollo nacional. Los abogados Harley Mitchell y Rodrigo Noriega expusieron sus posturas sobre la legalidad de la minería metálica en Panamá, desde marcos constitucionales e interpretaciones divergentes de la Ley 407. El resultado: un contraste de visiones que deja claro que el tema no está resuelto, ni en la ley ni en la política. Harley Mitchell: ‘Hay caminos legales si se actúa con honestidad y transparencia’ Mitchell abrió destacando que el derecho panameño, incluyendo la Constitución, ofrece herramientas para manejar los recursos mineros dentro de un marco de sostenibilidad. “No se puede hablar de desarrollo sin sostenibilidad”, afirmó. Se refirió al régimen ecológico de la Carta Magna y a principios del derecho internacional ambiental que Panamá ha suscrito, como los convenios sobre biodiversidad y humedales. Según Mitchell, la Ley 407 de 2023 prohíbe nuevas concesiones, pero no todas las formas de actividad minera. Argumentó que la concesión es solo una de las vías que contempla la Constitución para explotar recursos minerales. Mencionó tres opciones adicionales: la gestión directa por el Estado, empresas estatales o mixtas, y la contratación pública bajo criterios de transparencia. Aclaró que, si el Estado decide contratar a un operador privado sin recurrir a un contrato ley, tendría que hacerlo mediante licitación o justificar legalmente una excepción. Advirtió que ignorar estas opciones genera vacíos de gobernanza, especialmente en operaciones ya existentes como la de Minera Panamá. Recordó que la infraestructura en Donoso no puede quedar sin gestión ambiental y que el Estado sigue teniendo obligaciones legales y ambientales activas. Señaló que herramientas como el plan de gestión segura o los estudios de impacto ambiental siguen vigentes y deben respetarse o actualizarse conforme a la normativa. Concluyó que el país tiene bases jurídicas para permitir actividades mineras, siempre que se hagan bajo supervisión estatal efectiva, dentro del marco legal y con transparencia. “Lo que no se puede es improvisar”, dijo. Rodrigo Noriega: ‘La minería metálica está legalmente prohibida hoy en Panamá’ Noriega sostuvo que la minería metálica está prohibida por ley. Indicó que su análisis parte del respeto al Estado de Derecho, base de la democracia. Repasó antecedentes como la creación del Código de Recursos Minerales en 1963 y la anulación del contrato ley 406 por la Corte Suprema en 2023. Afirmó que la Ley 407 no establece una moratoria, sino una prohibición expresa, aplicable incluso al propio Estado. “Si el gobierno quiere crear una empresa minera estatal, tiene que pasar por la Asamblea Nacional. No puede hacerlo sin ley”, recalcó. Noriega mencionó la posibilidad de arbitrajes internacionales, pero consideró que el Estado puede defenderse bien si actúa con buena fe. Enfatizó que el foco debe estar en el saneamiento ambiental de la mina en Donoso y cuestionó el uso de los fondos recibidos. “El Estado recibió 562 millones de dólares y no ha iniciado la limpieza. Ya deberían haberse hecho avances”, sostuvo. Al cerrar, cuestionó la capacidad institucional para regular esta industria. “Un Estado que no puede evitar el robo de tapas de alcantarilla no está listo para supervisar una mina”, dijo. Llamó a considerar modelos de desarrollo más sostenibles y menos dependientes del producto interno bruto. Dos visiones, una encrucijada Ambos juristas coinciden en algo: la Constitución permite la minería, pero bajo condiciones. La diferencia central radica en la interpretación de la Ley 407. Para Noriega, es una veda absoluta que solo puede revertirse mediante reforma legislativa. Para Mitchell, aún existe un margen legal si se aplica la contratación directa con criterios estrictos y respeto a la normativa ambiental. El foro concluyó con un llamado a la información, al análisis técnico y a un debate público honesto. En palabras de Harley Mitchell: “No hay temas tabú cuando se actúa con cabeza fría y dentro del orden jurídico”. Y en las de Rodrigo Noriega: “Sin Estado de Derecho, no hay democracia posible”. Las luces del panel se apagaron. Pero en la sala, algunas ideas seguían resonando: información técnica, debate jurídico abierto y decisiones ajenas a la improvisación. El Estado puede explotar sus propios recursos minerales. El asunto es que la vía tiene que ser una vía jurídica, una vía honesta, una vía compartida, una vía que no sea inventada ahora, sino que se base en instrumentos preexistentes”. Harley Mitchell Sí, el tajo está allí, pero no es correcta la noción de que, porque los impactos ambientales son finitos y ya están ahí, ahora tenemos que aprovechar el potencial del mineral (...) La huella del proyecto continuará creciendo, la instalación de manejo de relave continuará creciendo con el grave riesgo de contaminación”. Joana Ábrego Un Estado que no es capaz de evitar que se roben las tapas de las alcantarillas, un Estado que no es capaz de recoger la basura, un Estado que no es capaz de preservar el río La Villa para doscientas mil personas, ese Estado no es capaz de supervisar la minería”. Rodrigo Noriega Yo estoy de acuerdo en que estos estudios de impacto ambiental son documentos vivos (...) pero la realidad es que las descargas que van a las tinas de relaves, todas cumplen con sus permisos ambientales. Eso está monitoreado y comprobado”. Ramón Varela FORO MINERO 2025
7A La Prensa Panamá, jueves 26 de junio de 2025 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. quemando, y el fuego se puede propagar, le prestas una manguera sin exigir pago”. Ahora la premisa es otra: “No más donaciones de ahora en adelante; solo damos préstamos”. En 1947, el secretario de Estado George Marshall, mediante un discurso en la Universidad de Harvard, lanzó su plan para ayudar a una Europa Occidental devastada por la guerra. Marshall dijo: “Nuestra política no va contra ninguna nación, sino contra la pobreza, el hambre, la desesperación y el caos”. Muchos recordaron que en 1961 el entonces presidente Kennedy lanzó la Alianza para el Progreso, para promover el desarrollo social y económico de América Latina. Y qué decir de los Cuerpos de Paz, una agencia federal independiente que envía voluntarios a diversos países para ayudar en salud, educación y hasta en agricultura. No soy tan ingenuo como para no reconocer que gran parte de esa política también buscaba frenar el avance del Las colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. Responsabilidad compartida: más allá de la protesta Madurez democrática En Panamá nos hemos acostumbrado a señalar. A buscar un culpable. A indignarnos con facilidad y exigir soluciones inmediatas desde una sola dirección: el gobierno. “El Estado no me da”, “las autoridades son responsables”, “si hubiera más apoyo yo podría…”. Y aunque en muchos casos esto es cierto, no deja de ser menos inquietante cómo, como sociedad, nos desligamos de nuestra propia cuota de responsabilidad. ¿Dónde empieza el deber ciudadano y dónde termina la queja? Vivimos repitiendo que los cierres de calle son culpa de las autoridades, que la mala educación es culpa del gobierno, que la inseguridad es culpa del sistema. Pero no basta con señalar. En cada protesta que impide el paso de ambulancias, que retrasa a trabajadores o cierra escuelas, también hay una decisión individual: una mano que lanza la piedra, una voz que incita, una conciencia que calla. ¿Y si fuéramos nosotros los que, tras meses de esfuerzo, perdiéramos lo poco que hemos logrado por culpa de esa misma rabia mal dirigida? ¿Qué pensaríamos si la estufa que compramos con sacrificio terminara siendo usada como barricada porque “era necesario”? ¿Justificamos ese daño solo porque “los de arriba también lo hacen”? ¿Hasta dónde nos lavamos las manos mientras exigimos justicia con los pies metidos en el lodo? No se trata de defender la ineficiencia del Estado ni de invisibilizar la injusticia estructural. Se trata de preguntarnos, con honestidad: ¿qué estamos construyendo como sociedad cuando optamos por destruir lo poco que tenemos? ¿Hay o no hay formas de hacerse escuchar sin sabotear lo que también nos pertenece? Nuestro país no se construye únicamente desde el poder. Se edifica en las pequeñas decisiones diarias: en el respeto al espacio público, en la solidaridad con el vecino, en el rechazo frontal al clientelismo, en la ética con que ejercemos incluso los trabajos más sencillos. El civismo no es un accesorio de la democracia. Essucolumnavertebral. En este proyecto llamado Panamá, todos jugamos un papel clave. Las autoridades tienen una responsabilidad enorme —y muchas veces fallan—, pero eso no nos exime a los ciudadanos de actuar con coherencia. No basta con indignarse. También toca actuarconsentidocomún,conrespetoporelotro,con una mirada de país que no se agota en la protesta, sino que también construye desde el ejemplo. Porque el país no es solo lo que hacen o dejan de hacer quienes gobiernan. También es lo que nosotros permitimos, toleramos o repetimos. El caos institucional muchas veces se sostiene sobre la apatía ciudadana. Y en la ausencia de autocrítica, terminamos reproduciendo lo mismo que decimos combatir. No se trata de callar ni de aceptar con resignación lo injusto. Se trata de ejercer la ciudadanía con madurez. Exigir, sí. Pero también proponer. Señalar, sí. Perotambiéndarejemplo.Latransformaciónque buscamos no vendrá solo desde arriba. Vendrá cuando dejemos de preguntarnos quién tiene la culpa y empecemos a preguntarnos: ¿qué parte de esto es mía? Es hora de hacernos cargo. La responsabilidad es mía.Ytambiénestuya. El Tío Sam y la injerencia canalera Relaciones con EUA ño del canal— permite que los Estados Unidos, haciendo gala de su poderío militar y geopolítico, consideren que estas estipulaciones del artículo III no son justas, equitativas, razonables ni limitadas por parte de Panamá a lo necesario para la navegación segura y el funcionamiento eficiente del canal. Pudiendo considerar, por lo tanto, que la neutralidad permanente ha quedado sin efecto. Como se puede advertir, al quedar establecido un régimen de neutralidad permanente para el Canal de Panamá sujeto a condiciones y restricciones que nada tienen que ver con la estricta neutralización del canal, no solo se desnaturaliza dicho régimen, sino que, además, los Estados Unidos quedan empoderados para señalar violaciones al Tratado de Neutralidad por parte de la República de Panamá (tal cual está sucediendo hoy), a pesar de que esta haya cumplido a cabalidad con todo lo relacionado con el pago de peajes u otros derechos por el tránsito y servicios conexos. No en balde, ahora pretenden imponernos el no pago de peajes (tránsito gratuito) para sus naves de guerra y auxiliares, a pesar de que esto violaría el Tratado de Neutralidad. Las reglas que la República de Panamá aplica para que los fines de seguridad interior, eficiencia y mantenimiento del canal sean apropiados, además, debieron estar ajenas al Tratado de Neutralidad por ser cuestiones que han debido ser objeto de jurisdicción exclusiva de Panamá. Al ser incluidas, se convierten también en causas de conflicto con los Estados Unidos, al considerar que la República de Panamá no está manejando eficientemente el canal, que no está proveyendo los servicios conexos para el tránsito a través del mismo, o que los peajes y otros derechos por estos servicios no son justos, razonables, equitatiJulio Ernesto Linares La nueva política exterior de Estados Unidos Liderazgo moral Por décadas —si no por mucho más—, Estados Unidos simbolizó la moralidad, la democracia y el poder de las leyes. La inscripción en la Campana de la Libertad, en Filadelfia, dice: “Proclamad la libertad en toda la Tierra a todos sus habitantes”. Como escribe el rabino Lord Jonathan Sacks, la nación norteña fue fundada por puritanos que escaparon de las persecuciones en Europa y crearon comunidades inspiradas en la política de la Biblia hebrea, especialmente el libro de Deuteronomio. El periodista Brad Stone publicó un artículo titulado “América se autoproclama como el líder moral del mundo. Ya no”, en la revista Businessweek, donde recuerda que el lema de la política exterior de la Unión Americana era: “Nos va a ir bien si hacemos el bien”. Menciona al autor de la estrategia “lend-lease” (presta y alquila), que Roosevelt utilizó para ayudar a Gran Bretaña, cuando luchaba sola contra el poderío nazi durante la Segunda Guerra Mundial. “Si la casa de tu vecino se está comunismo. Estados Unidos también tiene su historia oscura. La esclavitud en los estados sureños solo terminó cuando el Norte ganó la Guerra Civil en 1865, con el presidente Abraham Lincoln a la cabeza (lo que le costó ser asesinado). Pero no fue suficiente: el tratamiento “Jim Crow” continuó sometiendo a los afrodescendientes en el sur. Y qué decir de los dictadores que la nación norteña apoyó en América Latina y el resto del mundo con el lema: “Es un hijo de p..., pero es nuestro hijo de p...”. Afirma Robert Keohane, profesor de Princeton, que el pueblo norteamericano siempre creyó que el liderazgo de sus dirigentes en el mundo era moral y valía la pena. Resulta curioso que, en una encuesta reciente, por primera vez los encuestados opinaron que China tendrá una mejor influencia global. Mientras escribo estas líneas, el presidente Donald Trump —que fue elegido proclamando una política de aislamiento— decidió intervenir en el conflicto Israel-Irán y destruir tres reactores nucleares en territorio persa, logrando luego un cese al fuego de todas las hostilidades. Aunque esto es material para otro artículo, las consecuencias de esta guerra y la intervención de Trump están por verse. Opinión EL AUTOR es odontólogo. EL AUTOR es internacionalista. EL AUTOR es abogado. Manuel Vega Guevara vos y consistentes con los principios del Derecho Internacional. Frente a esta disyuntiva, el Tratado de Neutralidad estaría impidiendo a Panamá disponer libremente de su recurso natural más importante (su posición geográfica). No solo porque el propósito de los literales (a), (b) y (c) de la sección 1 del artículo III le dan a los Estados Unidos injerencia en la forma como Panamá manejará el canal, proveerá los servicios conexos para el tránsito a través del mismo y fijará los peajes y otros derechos por servicios de tránsito y conexos, sino también porque el Entendimiento 1 establece cinco exigencias que la República de Panamá debe tomar en consideración antes de proceder a cualquier ajuste en los peajes por el uso del canal. Y esas exigencias implican que Panamá y Estados Unidos deberán cooperar en el intercambio de información necesaria para su consideración. Bajo esta premisa es que ambos países firmaron aquella declaración conjunta para el tránsito de los buques de guerra y auxiliares, para implementar un confuso “costo neutral”; supuestamente para compensar esos costos de los buques de guerra y naves auxiliares con servicios que recibe Panamá. Cuyo ajuste parece inclinarse hacia un reembolso de sus peajes a los Estados Unidos, con la intención de darle la vuelta o esconder el ilícito paso gratuito. A pesar de todo lo anterior, Estados Unidos carece de argumentos técnicos o jurídicos para imponernos absolutamente nada en el marco del establecimiento de peajes u otros derechos por el tránsito y servicios conexos, aparte del uso de la fuerza, el dolo, la amenaza y la coacción. Acciones que ha ejercido contra nosotros para forzarnos la firma del Memorando de Entendimiento (MoU). Porque resulta que la República de Panamá, a través de la Autoridad del Canal de Panamá, ha cumplido a cabalidad estas obligaciones tanto innecesarias como escabrosas, no obstante su equivocada inclusión en el Tratado de Neutralidad. El fundamento y soporte del Tratado concerniente a la neutralidad permanente y al funcionamiento del Canal de Panamá (Tratado de Neutralidad) lo constituye el mantenimiento de un régimen de neutralidad permanente o de neutralización, a efecto de que el canal permanezca siempre neutral. De manera que las naves de todas las naciones del mundo transiten de forma abierta, neutral, segura y accesible, en términos de entera igualdad, tanto en tiempos de paz como en tiempos de guerra. A pesar de lo anterior, el Tratado de Neutralidad contiene disposiciones que desvirtúan el régimen de neutralización establecido, porque parte de su redacción parece estar inspirada en el comercio y la seguridad de Estados Unidos de América. Lo anterior se comprueba en el artículo II, cuando los principios de neutralidad permanente de que trata su párrafo primero son condicionados al cumplimiento de los requisitos consignados en los literales (a) y (b) de ese mismo artículo, que más que ver con la estricta neutralización del Canal de Panamá, guardan relación con su funcionamiento. Es decir, que la neutralidad permanente del canal queda sujeta al “pago de peajes u otros derechos por el tránsito y servicios conexos, siempre que fueren fijados según lo estipulado en el artículo III, literal (c)”, y “al cumplimiento de los reglamentos pertinentes, siempre que los mismos fueren aplicados según las estipulaciones del artículo III”. A pesar de que la República de Panamá está cumpliendo a cabalidad con lo establecido en el Tratado de Neutralidad respecto al pago de peajes u otros derechos por el tránsito y servicios conexos, la inclusión de estos temas —que le corresponden exclusivamente a Panamá como soberano territorial y dueEl periodista Brad Stone publicó un artículo titulado ‘América se autoproclama como el líder moral del mundo. Ya no’, en la revista ‘Businessweek’, donde recuerda que el lema de la política exterior de la Unión Americana era: “Nos va a ir bien si hacemos el bien”. Ezra Homsany Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente Ejecutiva y Directora Editorial Annette Planells Gerente Comercial Sudy S. de Chassin Subdirectora y Editora de la Unidad de Investigación Mónica Palm Editora Digital Yolanda Sandoval Editor del Impreso Juan Luis Batista ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com Aviso sobre el uso de Inteligencia Artificial Este periódico emplea inteligencia artificial (IA) para asistir en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. Utilizamos la IA como herramienta de apoyo para asegurar la precisión y calidad de la información que entregamos a nuestros lectores. Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción, sin la autorización escrita de su titular. Presidente fundador Roberto Eisenmann Jr. Director emérito Guillermo Sánchez Borbón Ahora pretenden imponernos el no pago de peajes (tránsito gratuito) para sus naves de guerra y auxiliares, a pesar de que esto violaría el Tratado de Neutralidad.
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