4A La Prensa Panamá, martes 24 de junio de 2025 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] APUESTA. En la Asamblea ha surgido una inesperada candidatura a la presidencia de ese órgano: la de la panameñista Ariana Coba, quien contaría con el apoyo de la bancada de Vamos. En tanto, en Realizando Metas (RM), Dana y Shirley siguen empeñadas en sus respectivas candidaturas. Quien ya renunció a sus aspiraciones es Jamis Acosta. Se ha dado cuenta de que Camacho no cuenta con él. CSN. El ministro de Seguridad, Frank Ábrego, ha dicho que una “organización” estaría detrás de los disturbios en Bocas del Toro, reuniendo a las distintas pandillas y aprovechando el momento propicio para “estallar”. ¿Una organización? Eso puede ser un partido político, un sindicato o hasta una ONG. ¿Quién será? ¿Cómo es posible que, en 40 días, el Consejo de Seguridad Nacional (CSN) no haya sido capaz de proveer al Ejecutivo de información que parecía evidente a los ojos de la población? CNRE. En la Comisión Nacional de Reformas Electorales, sus miembros rechazaron una propuesta para hacer un “censo electoral” dos años después de cada elección y otra para establecer que toda persona debe pernoctar un mínimo de cuatro días a la semana en su residencia electoral. La comisión también aplazó la discusión de modificaciones a artículos sobre la inhabilitación de los funcionarios que deben renunciar a sus cargos antes de las primarias. ¿Por qué posponen ese tema? ¿Para discutirlo a la carrera, en la recta final? SIN SEÑAL. La Defensoría del Pueblo anunció que recibirá las quejas por posibles vulneraciones de derechos humanos en Bocas del Toro a través de redes sociales (Instagram, X) y por WhatsApp (66702222). ¿Será que en esta entidad no saben que no hay señal de internet ni de telefonía móvil? ¿O acaso esperan que los afectados se desplacen hasta David para presentar el reclamo? REPUDIO. Lo del apellido debe ser mera coincidencia, porque el contralor Anel Flores ha demostrado tener muy poco afecEl pasado 6 de mayo, el rector de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores, lideró una marcha contra el gobierno de José Raúl Mulino en reclamo de la autonomía universitaria. LP Contraloría refrenda compras y espera la lista de alumnos con más de 10 años en la UP Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] FONDOS PÚBLICOS El contralor Anel Flores exigió transparencia, denunció estructuras clientelistas, criticó a “falsos estudiantes” y anunció auditorías por posibles irregularidades presupuestarias. La Contraloría General de la República anunció que refrendará las compras destinadas al funcionamiento de las cafeterías y la adquisición de papel para diplomas en la Universidad de Panamá (UP), ante el reinicio de las clases presenciales. El contralor general, Anel Flores, señaló que esta decisión responde al compromiso de asegurar el uso oportuno, eciente y transparente de los recursos públicos, especialmente en sectores clave como la educación superior. “La válvula de refrendo se abre en la medida en que se cumpla con lo que establece la ley. La Universidad de Panamá debe ser un ejemplo nacional de integridad, prestigio y responsabilidad institucional”, armó. Recientemente, una resolución rmada por el contralor modicó las facultades de refrendo sobre los gastos scalizados por los funcionarios asignados a la Universidad de Panamá. Mediante la Resolución No. 1510-DNFG, del 23 de abril de 2025, se dejó sin efecto un acuerdo anterior —la Resolución No. 345-DNFG, del 4 de febrero del mismo año— que permitía a coordinadores y supervisores de scalización en la Universidad de Panamá refrendar compras o gastos de hasta 50 mil dólares. Esto implica que, a partir de abril, todos los gastos deben ser aprobados por la Dirección Nacional de Fiscalización General, una ocina central de la Contraloría. Los estudiantes Además, Flores instó a las autoridades universitarias a rendir cuentas sobre diversos temas que generan preocupación en la ciudadanía. Entre ellos mencionó el deterioro de la infraestructura, el presunto uso indebido de bienes estatales para nes ajenos a la educación y la existencia de estructuras clientelares que inuyen en la administración del presupuesto universitario. La Contraloría también reveló que está a la espera de una lista ocial de estudiantes con más de una década de estar inscritos sin haber obtenido un título. Según la entidad, algunos de ellos continúan matriculando materias únicamente para permanecer dentro del sistema y aprovechar recursos que deberían destinarse a quienes aspiran a graduarse y contribuir profesionalmente al país. Recientemente, el contralor reveló a La Prensa que han detectado datos preocupantes. “Hay 96,000 estudiantes y hemos constatado que hay más de 20,000 que tienen más de 15 años de ser estudiantes. Gente de 50 y 60 años de edad que jamás se ha graduado de nada”, señaló. A su juicio, esas personas no calican como estudiantes reales: “Esos no son estudiantes, esos son facinerosos”. Además, Flores se ha referido a los “clanes familiares” dentro de la universidad. “La universidad se ha convertido en una nca de alguien o de varias [personas]. Hay varias familias que heredan los puestos y tienen a todos los parientes ahí: los yernos, las nueras, los hijos, las hijas. Eso no puede ser”, sentenció. También mencionó que están en curso auditorías que podrían develar irregularidades en el uso de fondos públicos. “Creo que las cosas más interesantes van a salir del Centro Regional de San Miguelito”, advirtió. Según dijo, ese proyecto pasó de costar unos $50 millones a más de $90 millones, sin justi- cación clara. La Contraloría mantiene auditorías y revisiones en distintas entidades del Estado, incluida la Universidad de Panamá, como parte de su función de scalización. Por su parte, el rector de la Universidad de Panamá ha manifestado que el funcionamiento de la institución enfrenta serias dicultades debido al retraso en los trámites de refrendo por parte de la Contraloría. Getzalette Reyes [email protected] Traslado de los detenidos a raíz de los actos vandálicos en Changuinola. Cortesía Estado de urgencia en Bocas deja 304 aprehendidos, incluidos menores de edad TENSIÓN SOCIAL Hasta la fecha, la Fuerza Pública ha aprehendido a 304 personas durante el estado de urgencia decretado por el Gobierno en la provincia de Bocas del Toro. De esta cifra, 18 son menores de edad, informó el viceministro de Seguridad Pública, Luis Felipe Icaza, en una conferencia de prensa. El funcionario detalló que gran parte de las detenciones están relacionadas con actos de vandalismo y saqueo, que afectaron 13 estructuras públicas, 3 instalaciones industriales y 20 comercios o establecimientos de servicio. Además, se reportan 47 vehículos vandalizados, 26 incendiados y 10 hurtados. Por su parte, el director general de la Policía Nacional, Jaime Fernández, señaló que se ha reforzado la presencia policial en la zona, con más de 2,500 unidades desplegadas. También informó que se han iniciado diálogos con líderes comunitarios con el objetivo de garantizar una paz duradera en la región. Fernández añadió que se han presentado 110 denuncias en las provincias de Veraguas, Chiriquí y Bocas del Toro para determinar responsabilidades por los daños ocasionados a la propiedad pública y privada. Ayer continuó el traslado de detenidos relacionados con los disturbios en Changuinola. Sobre este tema, el director Fernández aclaró que el traslado de personas hacia la provincia de Chiriquí es completamente legal, ya que se mantiene dentro del mismo circuito judicial y se realizaron las consultas correspondientes con las instancias legales de la Fuerza Pública. En relación con las operaciones del Puente Aéreo Humanitario, el director del Servicio Nacional Aeronaval, Luis De Gracia, informó que hasta el momento se han transportado 1,030 pasajeros por razones de asistencia médica, ayuda humanitaria y laborales. También se mantiene el traslado de insumos médicos, alimentos y otros recursos logísticos. En la conferencia las autoridades destacaron que las unidades de la Fuerza Pública lograron restablecer la comunicación terrestre entre Changuinola y Almirante, luego de casi 30 días de cierre, provocado por protestas, actos vandálicos y destrucción de bienes, encabezados por grupos delictivos. Cabe recordar que el pasado viernes 21 de junio, el Consejo de Gabinete declaró el estado de urgencia en la provincia de Bocas del Toro, como respuesta a los hechos de violencia ocurridos entre la noche del jueves 19 y la madrugada del viernes 20 de junio. La medida tendrá una vigencia inicial de cinco días. to por el rector Eduardo Flores. Ayer, en Eco TV, el contralor dijo que el rector vive “en su mundo de maravilla” y que debería ir pensando en su retiro, ya que su gestión al frente de la Universidad de Panamá (UP) ha sido “la peor en muchos años”. Dudoso honor, teniendo en cuenta quién era el otro aspirante a ese título. El contralor también afirmó que “no hay manera” de que la UP pueda justificar el presupuesto de $395.3 millones que tiene para el año 2025. Parece que lo único que florece entre estos dos es la enemistad.
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