6A La Prensa Panamá, lunes 23 de junio de 2025 Los docentes se encuentran en paro desde el pasado 23 de abril. Cortesía Lunes decisivo: ¿salvarán o condenarán el año escolar 2025? Aleida Samaniego C. [email protected] PARO INDEFINIDO El paro docente en Panamá, motivado por el rechazo a la Ley 462 sobre jubilaciones, mantiene a miles de estudiantes sin clases. Mientras, el Gobierno advierte a los docentes en paro que serán reemplazados. La crisis educativa en Panamá ha llegado a uno de sus momentos más críticos. Desde el inicio del segundo trimestre del año escolar 2025, este 23 de junio, miles de estudiantes siguen sin clases debido al paro docente indenido que ya supera los dos meses. La huelga, motivada principalmente por el rechazo a la Ley 462, ha paralizado una parte signicativa del sistema educativo nacional. Dicha ley, aprobada en marzo, introdujo reformas al sistema de jubilaciones de la Caja de Seguro Social (CSS). Los gremios docentes aseguran que la normativa vulnera derechos adquiridos y pone en riesgo su estabilidad económica futura. En contraste, el Gobierno sostiene que los benecios de los educadores no se verán afectados. Frente a este escenario, el presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció que evaluará, junto con la ministra de Educación, Lucy Molinar, las decisiones necesarias para resolver la situación. En declaraciones públicas, Mulino responsabilizó a la dirigencia magisterial de haber “tirado” el primer trimestre escolar, y los culpó de las consecuencias negativas que esta huelga ha provocado en el sistema educativo. El mandatario reiteró que la Ley 462 no afecta los benecios de los docentes, especialmente en lo relacionado con sus jubilaciones, las cuales —según indicó— están garantizadas desde mucho antes que las del resto de la población panameña. Mulino sostuvo que los intereses políticos e ideológicos no deben imponerse sobre el bienestar colectivo, y subrayó que el paro docente debe cesar de inmediato. Advertencia del Meduca Por su parte, la ministra de Educación, lanzó una advertencia directa a los educadores: aquellos docentes que no se presenten al inicio del segundo trimestre serán reemplazados. Así lo declaró el 21 de junio, durante la nal de los Juegos Intercolegiales 2025, donde también reconoció que esta no es la solución ideal, pero insistió en que quienes decidan no retornar a sus puestos deberán afrontar las consecuencias. Molinar enfatizó que el derecho a la educación de los estudiantes debe estar por encima de cualquier diferencia política o ideológica. En sus palabras, la paciencia del Gobierno ha llegado a su límite. “Es momento de defender el derecho de nuestros estudiantes a una educación de calidad”, armó con rmeza. El paro ha tenido un impacto profundo en distintas regiones del país. Se estima que la pérdida de un trimestre completo de clases ha generado gran preocupación entre padres de familia, estudiantes y autoridades locales. Aunque algunos docentes han retomado sus funciones, un número signicativo continúa en huelga, dejando a miles de niños y adolescentes sin acceso al aula. Escuelas cerradas y falta de información Hasta la fecha, el Ministerio de Educación (Meduca) no ha publicado cifras ociales detalladas sobre la cantidad exacta de escuelas afectadas por la huelga. Sin embargo, el presidente Mulino mencionó que aproximadamente el 30% de los centros escolares en el país sigue sin operar, lo que representaría alrededor de 930 escuelas de las 3,102 existentes en el país. La ausencia de información ocial actualizada ha generado críticas sobre la falta de transparencia por parte de las autoridades educativas. Diversos sectores han reclamado una mayor claridad sobre el alcance del paro y sobre las medidas que el Ejecutivo piensa implementar. Molinar reiteró que aquellos docentes que regresen a sus puestos serán bien recibidos, pero advirtió que quienes se mantengan en huelga y participen en actividades de carácter político deberán asumir las consecuencias legales y administrativas que eso conlleva. La posición de los gremios A pesar de la presión ejercida desde el Gobierno, los gremios docentes insisten en mantener el paro inde- nido. Aunque han existido intentos de diálogo con asesores del Ejecutivo, representantes del sector empresarial y de la Iglesia católica, el magisterio considera inaceptable la permanencia de la Ley 462 y exige su derogación o modicación sustancial. Fernando Ábrego, secretario general de la Asociación de Profesores de Panamá, expresó que el gremio está dispuesto a dialogar, pero acusó al Gobierno de actuar con poca voluntad política. “No hay disposición para modicar la ley, y así es difícil avanzar en una solución negociada”, declaró. Ábrego también alertó sobre la creciente polarización política alentada desde el Ejecutivo. Según el dirigente, esta actitud podría conducir al país a una crisis más profunda. Insistió en que el diálogo debe ser el mecanismo principal para resolver el conicto, y aseguró que su postura cuenta con el respaldo de distintos sectores de la sociedad, incluyendo empresarios y diputados. Cuestionamientos legales por las sanciones Humberto Montero, dirigente del Frente Nacional de Educadores Independientes, también se pronunció sobre las medidas del Gobierno, calicándolas de ilegales. Según explicó, decisiones como la retención de salarios o el intento de reemplazar a los docentes en paro exceden las facultades tanto del Ministerio de Educación como de la Contraloría General de la República. “El derecho a la huelga está protegido por la Constitución panameña. No se puede sustituir a los docentes sin un proceso legal válido”, subrayó Montero. Armó que cualquier medida tomada sin un procedimiento formal constituye un acto arbitrario y carente de sustento legal. Asimismo, criticó enérgicamente los comentarios del presidente Mulino y otros funcionarios, quienes han calicado a los docentes como “vagos” y han dicho que deben seguir marchando hasta que “se les rompan los zapatos”. Según Montero, estas expresiones no solo descalican la labor del educador, sino que ignoran completamente las propuestas presentadas por los gremios y el trasfondo social de su lucha. Además, desmintió los señalamientos de que la huelga esté siendo - nanciada por grupos externos. “Nuestra lucha es genuinamente social. No hay agendas ocultas ni intereses externos. La crisis actual es consecuencia directa de las decisiones equivocadas del Gobierno”, aseguró. Disposición al diálogo y un futuro incierto Pese al ambiente de confrontación, los líderes gremiales mantienen su disposición al diálogo. Aseguran que han intentado en múltiples ocasiones establecer puentes con las autoridades, la empresa privada y otros actores relevantes para encontrar una solución viable al conicto. “No estamos en las calles por capricho. Es el Gobierno el que ha cerrado la puerta a un diálogo sincero. La Ley 462 no solo perjudica a los docentes, sino también a miles de trabajadores que merecen condiciones de retiro justas y dignas. Estamos defendiendo el futuro de la educación en Panamá”, concluyeron. Con las escuelas cerradas, el calendario escolar alterado y las posturas cada vez más polarizadas, la incertidumbre persiste. Mientras no se logre un acuerdo entre las partes, miles de estudiantes seguirán siendo los principales afectados de este prolongado conicto. Panamá exhortó ayer a un cese inmediato de hostilidades, durante una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, convocada a petición de Irán tras el ataque de Estados Unidos contra instalaciones nucleares iraníes. Durante su intervención, el embajador de Panamá ante la ONU, Eloy Alfaro De Alba, armó: “Panamá, país pequeño, pero dueño responsable de un canal interoceánico estratégico, siempre apelará al derecho internacional como vía para dirimir controversias internacionales que podrían tener repercusiones a nivel global”. El diplomático subrayó que un cese de hostilidades podría abrir la oportunidad para un “diálogo genuino que permita construir soluciones verdaderas y pací- cas a los conictos”. Alfaro De Alba también habló sobre el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares, al que calicó como “un pilar esencial del derecho internacional que ha contribuido de manera decisiva precisamente a la no proliferación de armas nucleares y al fomento del desarme”. Añadió que, a través de este tratado, “la comunidad internacional ha procurado mayores garantías de estabilidad y seguridad, reduciendo el riesgo de que las armas nucleares se conviertan en motivo de confrontación oportuna”. El embajador reconoció que “la desconanza es un Panamá pide cese inmediato de hostilidades en el Consejo de Seguridad NACIONES UNIDAS factor agravante en esta situación”, pero expresó su esperanza de que “aún pueda existir algún espacio para el diálogo y que este Consejo puede desempeñar un papel constructivo para fomentarla”. Finalmente, enfatizó: “Para lograrlo, todos debemos, desde nuestras perspectivas, exhortar a las partes a encontrar una solución que evite que las poblaciones civiles se conviertan en víctimas de un conicto aún mayor”. Esta fue la tercera sesión solicitada por Irán desde que Israel lanzó ataques contra las instalaciones nucleares iraníes. La primera se realizó el viernes 13 de junio y la segunda, siete días después. En la misma sesión, Irán declaró que serán las fuerzas armadas del país las que decidirán “el momento, la naturaleza y la escala de la respuesta proporcional de Irán”, según dijo su embajador ante el Consejo de Seguridad, Amir Saeid Iravani, máxima autoridad iraní en suelo estadounidense. Su tono fue moderado y se abstuvo de lanzar amenazas más concretas. Getzalette Reyes [email protected] El Consejo de Seguridad fue convocado ayer a petición de Irán. EFE
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