2A La Prensa Panamá, domingo 22 de junio de 2025 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Frank Ábrego, ministro de Seguridad Pública, durante su entrevista con ‘La Prensa’. Richard Bonilla ‘Un alcalde y dos representantes están llevando víveres a los pandilleros’ Eliana Morales Gil Juan Manuel Díaz [email protected] ENTREVISTA Según el ministro de Seguridad, Frank Ábrego, detrás de las acciones de vandalismo hay una red de apoyo que involucra a actores políticos locales. También aclaró que ni Sitraibana ni los docentes que protestan contra la Ley 462 están vinculados con los actos de violencia y saqueo en Changuinola. El ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, aseguró a este medio que la provincia de Bocas del Toro atraviesa una fase de “operaciones de estabilidad” tras los disturbios, saqueos e incendios registrados en Changuinola durante los últimos días. La situación llevó al presidente José Raúl Mulino a decretar el estado de urgencia en la provincia, lo que ha permitido el despliegue de al menos 1,500 miembros de los estamentos de seguridad y la suspensión temporal de varias garantías constitucionales. “Hoy en la mañana [ayer sábado] nuestras unidades han estado desarrollando una serie de operativos en búsqueda de la recuperación de la paz y la tranquilidad”, dijo Ábrego en entrevista concedida a La Prensa. Añadió que estos esfuerzos incluyen detenciones de “vándalos y pandilleros” implicados en actos de violencia y vandalismo. Entre los incidentes recientes, el ministro confirmó que un teniente del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) resultó herido de bala durante una operación de captura en el sector de El Empalme, donde, según dijo, intentaban aprehender a un presunto líder pandillero. “Fue herido en el muslo, ya fue operado y se encuentra fuera de peligro en el hospital de isla Colón”, detalló. Pandillas locales y disturbios organizados Ábrego señaló directamente a varias pandillas locales como responsables de los hechos de violencia: los Terroristas, Boys in the Hood y los Branda. También mencionó a los Pachos y Pachucos, que aunque no son reconocidos formalmente como pandillas por las autoridades, “operan en un sector de Changuinola” y han estado implicados en acciones violentas. Hasta la mañana de ayer, el ministro reportó 140 aprehensiones, en su mayoría hombres, aunque también algunas mujeres, “incluidos líderes pandilleros”. El ministro también aclaró que ni Sitraibana ni los docentes que protestan contra la Ley 462, que reformó el sistema de seguridad social, están vinculados con los actos de violencia y saqueo en Changuinola. Incluso destacó que miembros del sindicato bananero intentaron proteger las instalaciones de Chiquita Panamá frente a los ataques de pandilleros. Según Ábrego, detrás de las acciones de vandalismo hay una red de apoyo que involucra a actores políticos locales. “Hay un alcalde y dos representantes de corregimiento que han estado llevando comida y víveres a estos pandilleros”, afirmó, sin dar nombres, pero aseguró que los informes ya fueron remitidos al Ministerio Público. También denunció que líderes políticos locales les estarían entregando dinero a los grupos violentos. Tampoco mencionó nombres. Operación Omega y corte de comunicaciones El plan de seguridad ha sido denominado Operación Omega, y su eje principal es garantizar la conectividad entre Chiriquí y Bocas del Toro, desde Hornito hasta Guabito, en la frontera con Costa Rica. En ese corredor, las fuerzas de seguridad han retirado unos 180 árboles cortados y lanzados a las vías, además de desactivar trampas como clavos y alambres de púas colocados para dañar vehículos o peatones. Ábrego reconoció que “muchas veces hemos pasado, retiramos los árboles, pero en horas de la noche vuelven los pobladores o los vándalos y los arrojan nuevamente a la vía”. También denunció una nueva modalidad: clavos en la carretera y la apertura de zanjas para bloquear el paso. El corte de comunicaciones En paralelo, el corte del servicio de internet en Bocas del Toro responde, según el ministro, a una solicitud del Ministerio de Gobierno a la Asep, con el objetivo de obstaculizar la organización de los grupos violentos a través de redes sociales. “Muchos de estos grupos realizan los famosos en vivos y se pasan órdenes entre ellos”, explicó. Adicionalmente, el derribo de árboles afectó la infraestructura de fibra óptica, lo que habría interrumpido las comunicaciones desde hace más de una semana. Afectaciones a infraestructura crítica El ministro consideró que los daños a instalaciones corio, se enviarán hasta mil más. Recalcó que los refuerzos enviados están compuestos en su mayoría por agentes en tiempo de franquicia, es decir, fuera de turno regular, lo que ha permitido mantener las operaciones sin debilitar la seguridad en otras zonas del país. “No estamos debilitando las áreas de policía del resto del país”, afirmó. “Tenemos que continuar con la tarea hasta que se recupere la paz y la tranquilidad”. Crímenes imputables y procedimiento legal El secretario general del Ministerio de Seguridad Pública, Juan Carlos Rodríguez, añadió que las personas aprehendidas podrían enfrentar cargos por delitos contra la propiedad, el ambiente, crímenes organizados y lesiones personales. Explicó que, bajo el estado de urgencia, el plazo para presentar a los detenidos ante el Ministerio Público se extiende más allá de las 24 horas regulares. Consultado sobre si se podría aplicar la figura de terrorismo, Rodríguez aclaró que “la calificación corresponde al Ministerio Público”. Sobre el uso de armas y denuncias públicas Finalmente, Ábrego respondió a imágenes divulgadas en redes sociales donde se observa a un policía portando un arma en Changuinola, lo cual contradice el discurso oficial de que no se han empleado armas letales. Según el ministro, se trata de unidades de la Policía de Investigación que acudieron ante una posible amenaza a un banco, y no forman parte de las unidades antidisturbios. “Yo no le puedo decir a usted que el policía que está en su trabajo de ronda en algún lugar de Bocas del Toro no va a cargar armas. Eso lo faculta la ley”, puntualizó. mo la planta potabilizadora de Changuinola, el estadio Calvin Byron y el aeropuerto local constituyen hechos de “lesa humanidad”. En particular, destacó que el aeropuerto, actualmente inactivo, ha dejado incomunicadas a personas que requieren traslados médicos urgentes, especialmente pacientes de hemodiálisis. Aseguró que el aeropuerto sufrió daños a sus sistemas de comunicación, así como a las oficinas del Sinaproc, la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, la Autoridad para la Innovación Gubernamental y una empresa de alquiler de autos, a la que le vandalizaron al menos 40 vehículos. “No es un daño pequeño”, subrayó. “Esto afecta la parte turística y comercial de la provincia”, añadió. Pie de fuerza y presencia sostenida Ábrego informó que en Changuinola operan actualmente entre 700 y 800 policías y que, si es necesaLa junta comunal de Playa Leona, en el distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste, es nuevamente objeto de investigación por presunto uso irregular de fondos. El viernes, la Fiscalía Anticorrupción practicó un allanamiento en sus instalaciones en busca de documentos y evidencias. La investigación de la fiscalía se fundamenta en una denuncia presentada por la supuesta comisión del delito de peculado en perjuicio de los fondos de esa organización, tras la pérdida de documentos que sustenten compras y pagos realizados entre los años 2019 y 2024. Tras las elecciones de mayo de 2024, las nuevas autoridades de la Junta Comunal de Playa Leona denunciaron no haber recibido informes financieros, bienes patrimoniales y cuentas por pagar por parte de la administración anterior, por lo que procedieron a presentar una denuncia ante el Ministerio Público. En septiembre de 2019, la Fiscalía Anticorrupción inició una investigación por el uso irregular de $6 millones durante el período 20142019. La investigación surgió luego de que el Ministerio Público recibiera de la Contraloría General de la República 186 auditorías de Junta comunal de Playa Leona, de nuevo bajo la lupa INVESTIGACIÓN Juan Manuel Díaz [email protected] Sede de la junta comunal de Playa Leona, en La Chorrera. Archivo los fondos manejados a través de la juntas comunales entre 2013 y 2014, a las que se transfirieron $76 millones. Los fondos fueron transferidos de la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas a la Junta Comunal de Playa Leona. Esta investigación se dividió en dos grandes procesos, las investigaciones relacionadas con 11 juntas comunales de Panamá y Panamá Oeste siguieron en manos de la Fiscalía Anticorrupción de Panamá, mientras que el resto fue investigado por las regionales de cada provincia. En 2022, este caso fue declarado como causa compleja y se concedió un año más de investigación, pero luego se han presentado otros recursos legales. Incluso,elTribunalElectoral ordenó una investigación a la Junta Comunal de Playa Leona, por el presunto uso de recursos del Estado en proselitismo político durante el torneo electoral de 2024. Allí se denunció que grandes sumas de dinero fueron enviadas a dicha junta para gestionar ayudas a políticos que participaban en esa contienda electoral para diversos cargos de elección popular. La Autoridad Nacional de Descentralización también ha presentado unas 54 denuncias ante el Ministerio Público contra juntas comunales y municipios que no han podido justificar el uso de los recursos transferidos a sus predecesores a través del Programa de Desarrollo de Interés Social (PDIS), conocido también como descentralización paralela.
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