2A La Prensa Panamá, sábado 21 de junio de 2025 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Juan Manuel Díaz [email protected] Otra jornada de vandalismo en Changuinola Una nueva espiral de violencia se vivió este viernes 20 de junio de 2025 en Changuinola, provincia de Bocas del Toro cuando vándalos atacaron nuevamente el aeropuerto, la sede del Instituto de Medicina Legal (Imelcf) e incendiaron un bus de la empresa Chiquita Panamá. Los incidentes se registraron poco después que el Consejo de Gabinete anunció la aplicación de un estado de urgencia en el que se ordenó la suspensión de las garantías fundamentales por un término de cinco días. El aeropuerto de Changuinola fue objeto por segundo día consecutivo de actos vandálicos cuando sujetos encapuchados incendiaron varios autos que se encontraban en la parte externa. La sede del Imelcf, donde se realizaban diligencias para esclarecer delitos, también fue atacada ayer viernes por un grupo de personas que intentaron forzar sus puertas de acceso. El personal logró bloquear las puertas y alertar a la Policía Nacional. Los agentes policiales debieron sacar al personal del Imelcf y llevarlo a un sitio seguro. Allí fueron incendiados dos vehículos de la institución que son usados para las diligencias de recolección de evidencias en los casos judiciales que deben ir a juicio. Así mismo, los vándalos se apoderaron de un bus de la empresa Chiquita Panamá al que luego prendieron fuego. Términos judiciales En medio de la situación que se vivió este viernes, el Órgano Judicial ordenó la suspensión de los términos judiciales en toda la provincia de Bocas del Toro hasta el próximo lunes 23 de junio. En un comunicado que lleva la firma de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López, se informa que la medida obedece a la situación de inestabilidad que se vive en esa provincia. Sitraibana se desliga del vandalismo Mientras, el Sindicato de Trabajadores de la Industria Bananera (Sitraibana) se desligó de los incidentes violentos que se han registrado en los últimos días en Changuinola. A través de un comunicado hecho público este viernes, 20 de junio, Sitraibana sostiene que, desde el inicio de la mesa de negociaciones con el Gobierno, —que concluyó con la aprobación de la Ley 45—, los trabajadores de ese sindicato despejaron las vías. Los trabajadores bananeros aseguran que durante estos eventos se han resguardado en locales y casas comunales en espera del cumplimiento de las siguientes fases de los acuerdos alcanzados con el Gobierno. Defensoría del Pueblo estará ‘vigilante’ En tanto, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado urgente a la tranquilidad social y anunció que tras la declaratoria del estado de urgencia estará vigilante para que las autoridades actúen dentro del marco del derecho internacional, garantizando el uso legal, necesario y proporcionado de la fuerza. Un grupo de manifestantes se enfrenta con agentes de la Unidad de Control de Multitudes este miércoles, en Valle de Agua Abajo en Bocas del Toro (Panamá). EFE/ Bienvenido Velasco Estado de urgencia por ‘actos criminales y terrorismo urbano’ Eliana Morales Gil [email protected] ORDEN PÚBLICO En la tarde de ayer, con la provincia de Bocas del Toro ya bajo estado de urgencia, la violencia continuó. Grupos de saqueadores incendiaron vehículos estacionados frente al aeropuerto de Changuinola y vandalizaron las instalaciones del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Con la publicación del Decreto de Gabinete 27, el gobierno del presidente José Raúl Mulino ha declarado el estado de urgencia en toda la provincia de Bocas del Toro, suspendiendo temporalmente las garantías constitucionales en Bocas del Toro, entre ellas la libertad de tránsito, el derecho a reunión y el derecho a la defensa. La decisión llega después de semanas de protestas lideradas por el Sindicato de la Industria Bananera (Sitraibana), en rechazo a la Ley 462 de 2025, y luego de que las manifestaciones derivaran en lo que el Ejecutivo calificó de “actos de vandalismo y terrorismo urbano” durante la noche del jueves 19 de junio, particularmente en Changuinola. Los argumentos del Ejecutivo En una rueda de prensa efectuada ayer, el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, señaló a los grupos violentos que atentan contra el orden público y la democracia. “El día de ayer [jueves 19 de junio] grupos violentos protagonizaron actos criminales y de terrorismo urbano que atentan contra el orden público, la seguridad ciudadana y la institucionalidad democrática”, expresó el ministro. Hasta el momento de la presentación ante los medios de comunicación, de acuerdo con el ministro de seguridad, Frank Ábregó, habían 12 personas heridas entre funcionarios de la Policía Nacional, del Senan y del Senafront. Además, detalló que los hechos vandálicos afectaron al menos 12 locales, incluyendo estaciones de combustible, expendios de alimentos, oficinas de Acodeco, Sinaproc, arrendadoras de autos. Añadió que 22 vehículos fueron hurtados y posteriormente recuperados. No obstante, en la tarde de ayer, con la provincia ya bajo estado de urgencia, la violencia no se detuvo. Saqueadores incendiaron vehículos estacionados frente al aeropuerto de Changuinola y también vandalizaron la sede del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. En cuestión de minutos, las llamas envolvieron los autos, mientras grupos encapuchados se movían con rapidez entre los restos humeantes, desafiando la presencia de la Fuerza Pública. Vidrios rotos, oficinas saqueadas: el descontrol se apoderó de zonas clave de la población. En el decreto que dispone el estado de urgencia, se detalla de cómo el Gobierno intentó canalizar el conflicto a través del diálogo. No obstante, varios sectores han criticado al presidente Mulino por su discurso confrontativo. Señala que ministros y equipos técnicos sostuvieron múltiples reuniones con los manifestantes, incluso con la participación de la Iglesia católica y del Órgano Legislativo. Producto de esas negociaciones se aprobó la Ley 471, que establece un régimen especial para los trabajadores bananeros, con el objetivo de dar respuesta a las exigencias sindicales. No obstante, el Ejecutivo sostiene que, pese al cumplimiento de esos compromisos, los cierres de vías persistieron y, lo más grave, añaden, que durante la noche del jueves 19 de junio se registraron los hechos que rebasaron los límites de la protesta social. El documento hace referencia al incendio parcial del estadio Calvin Byron, saqueos a oficinas públicas, ataques a instalaciones privadas como Chiquita Panamá, la toma del aeropuerto de Changuinola, el robo de vehículos y la puesta en riesgo de unidades de la Fuerza Pública. “Estos hechos son inaceptables y no representan una protesta legítima, pues se trata de acciones criminales que amenazan la paz social, afectan a los ciudadanos y perjudican gravemente la economía de la provincia”, justifica el Consejo de Gabinete. El Gobierno argumenta además que la continuidad de los bloqueos ha afectado el libre tránsito, particularmente de adultos mayores y poblaciones vulnerables, y •El derecho a la intimidad y al honor. •El derecho de defensa. •La prohibición de detenciones arbitrarias. La vigencia del estado de urgencia será hasta el 25 de junio de 2025, y el Ejecutivo está obligado a informar a la Asamblea Nacional si la medida se extiende por más de 10 días. En ese caso, la Asamblea puede confirmar o revocar la decisión. El trasfondo político y social La decisión representa un punto de inflexión en la crisis que se vive en Bocas del Toro desde hace más de un mes. Aunque el decreto subraya que el Gobierno ha actuado con “paciencia y mesura”, desplegando 1,500 uniformados sin armas letales, también marca un giro hacia una respuesta más firme y autoritaria, en defensa, según la versión oficial, del orden y la institucionalidad democrática. El decreto advierte que ceder ante la intimidación llevaría al “estancamiento y deterioro institucional”, y llama a restablecer el orden como condición para que la provincia “retome el camino del desarrollo, la legalidad y la paz”. Reacciones En paralelo, abogados y miembros de la sociedad se han pronunciado sobre la medida. Algunos cuestionamientos el uso de esta herramienta excepcional, que si bien es legal, implica la restricción de libertades fundamentales. “La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que la Acción de Habeas Corpus es de carácter inderogable, por lo tanto no debe suspenderse este derecho constitucional. Los fallos de la Corte Interamericana forman parte del bloque constitucional”, escribió en X la abogada Magaly Castillo, quien formó parte de la Alianza Ciudadana Pro Justicia. Antes de que el Ejecutivo emitiera el decreto, el abogado y diputado Ernesto Cedeño había sugerido que se invocara esa herramienta. “No veo otra opción en estos momentos. Las autoridades deben proteger la vida y bienes de los panameños, de acuerdo a la Constitución”, escribió. que el país “no puede ni debe avanzar por el camino de la violencia y la anarquía”. ¿Qué implica el estado de urgencia? Aunque en el lenguaje oficial se usa el término “estado de urgencia”, la figura está contemplada en la Constitución como suspensión de garantías constitucionales, específicamente regulada en el artículo 55. Este artículo faculta al Órgano Ejecutivo a adoptar esta medida en caso de guerra o perturbación interna que amenace la paz y el orden público. El Decreto de Gabinete 27 suspende los artículos 21, 22, 23, 26, 27, 29, 37 y 38 de la Constitución, que abarcan, entre otros: •La inviolabilidad del domicilio. •La libertad de tránsito. •La libertad de reunión. Destrozos causados por grupos de delincuentes en las oficinas de Sinaproc en Bocas del Toro. Cortesía/Sinaproc
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