4A La Prensa Panamá, miércoles 18 de junio de 2025 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] RASTA. ¿Ya están investigando al exembajador en Jamaica, Pedro Sittón? Si el procurador no se ha enterado, ha circulado ampliamente la posible razón por la que fue cesado del servicio exterior. Lo último es que dos abogados de una misma firma mantenían una estrecha relación con el exdiplomático, participando “de manera reiterada y presencial” en la emisión de visas de tránsito para ciudadanos haitianos. ¿Qué están esperando en el Ministerio Público? ¿Que venga uno de los haitianos a declarar? Y esos haitianos, ¿para dónde iban? Porque si están “en tránsito”, es porque su destino final está en otro lado. Después no entienden por qué nos señalan como punto de paso de migrantes irregulares. OPEN HOUSE. Betserai Richards ha abierto las puertas de la nueva bancada a Patsy Lee y a aquellos diputados de Vamos que — según él— lo contactaron después de divulgarse su video con Grace Hernández, Ernesto Cedeño y Pérez Barboni. Si el que se quiere unir es un PRD, ¿también lo reciben? TRÉBOL. El Municipio de Panamá pretende extender un contrato de limpieza y jardinería de parques, plazas, cementerios e isletas, adjudicado en el año 2016. El contrato original era por $21.6 millones, por 36 meses. Nueve años y $75.9 millones después, sigue vigente. La nueva adenda (que sería la quinta) elevaría el monto a $79.2 millones. ¿Acaso es tan difícil convocar a una nueva licitación para fomentar la competencia, actualizar la prestación del servicio y renegociar el precio? ¿O es que las necesidades del distrito no han cambiado en nueve años? WIFI. En medio de la huelga docente, el Meduca firmó el contrato para proveer internet a todas las escuelas del país, por $44.7 millones. El proveedor tiene seis meses para implementar y poner en marcha el servicio. En 2024 la Fiscalía Anticorrupción imputó cargos a dos personas por el manejo de fondos del Programa de Sanida Básica. Cortesía La sombra de Varela y Cortizo sobre el Conades Juan Manuel Díaz [email protected] INVESTIGACIÓN POR PECULADO El Ministerio Público adelanta 26 procesos por presuntas irregularidades en contratos del Programa de Sanidad Básica. La Fiscalía Anticorrupción imputa peculado a tres personas por malversar fondos públicos; las pérdidas podrían superar $16 millones. El Ministerio Público mantiene en trámite un total de 22 denuncias y cuatro querellas relacionadas con el manejo de fondos del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades), que involucran afectaciones por un monto de $8,239,422. Las denuncias y querellas abarcan un total de 22 proyectos realizados por Conades en diversos puntos del país, relacionados con irregularidades en la asignación de contratos y en la terminación de las obras. Ayer el Ministerio Público realizó una inspección ocular en varios proyectos de Conades que se desarrollan en la provincia de Colón y sobre los cuales se presentaron acciones legales por presuntas irregularidades en el manejo de los fondos. En esa provincia se diligencian tres investigaciones: una por denuncia de Conades y otras dos de oficio, luego de que la Contraloría General de la República enviara al Ministerio Público informes de auditoría por anomalías en el manejo de fondos asignados para obras en esa provincia. Se trata de contratos relacionados con el Programa de Sanidad Básica que se desarrollaron en esa provincia entre los años 2014 y 2019. En abril de 2024, la Fiscalía Anticorrupción imputó cargos a tres personas por la presunta comisión de peculado, y un juez de garantías les aplicó las medidas cautelares de notificación periódica e impedimento de salida del país. Según la fiscalía, los imputados malversaron fondos entregados para el Programa de Sanidad Básica. En noviembre de 2024, el director de Conades, Antonio Tercero González, quien compareció ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional por una serie de traslados de partidas, denunció que su despacho investigaba varios contratos de adelanto relacionados con el Programa de Sanidad Básica. En esa ocasión, Tercero precisó que uno de los puntos más críticos era el monto total estimado de las pérdidas para el Estado: aproximadamente $16 millones en anticipos no justificados y desembolsados en contratos cuyo avance fue nulo. En 2019, la Fiscalía de Cuentas también pidió investigar el destino de los fondos entregados al Programa de Sanidad Básica, por lo que la Contraloría inició una serie de auditorías sobre este programa. Ese mismo año se presentaron una serie de denuncias ante la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información contra funcionarios de Conades por violación de la conducta ética como servidores públicos dentro del Programa de Sanidad Básica. El Programa de Sanidad Básica fue una de las promesas de campaña del expresidente Juan Carlos Varela, con el cual se pretendía entregar 300 mil unidades sanitarias, pero solo se alcanzó la entrega de unas 215 mil, y era gestionado por Conades y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot). A Conades le correspondía gestionar la construcción de unos 85 mil baños, con una inversión de al menos $238 millones, en función de un costo unitario estimado en $3 mil. Al Miviot le correspondía el resto del programa (215 mil baños). Sin embargo, el programa encontró dificultades con el suministro de agua potable para la instalación de los baños. Conades es un organismo adscrito a la Presidencia de la República, creado por el Decreto Ejecutivo No. 163 del 25 de noviembre de 1996, del Ministerio de la Presidencia. Conades trabaja en tres niveles: local, nacional e internacional. Su modalidad de cooperación es descentralizada y promueve las relaciones entre las comunidades locales y sus contrapartes en otros países. Este mecanismo brinda la oportunidad de intercambiar soluciones novedosas y de crear redes de intereses comunes, incluidas, entre otras, la sostenibilidad de los servicios y la protección del ambiente. En septiembre de 2020, durante la administración del expresidente Laurentino Cortizo, a través del Decreto Ejecutivo No. 588 del 23 de septiembre de ese año, Conades y la Unidad Coordinadora y Ejecutora de los Programas de Desarrollo Sostenible (UCEP) quedaron bajo el paraguas del Ministerio de Ambiente. Juan Manuel Díaz [email protected] José Ruiloba Pineda y su tío el diputado Raúl Pineda. LP Sobrino de Raúl Pineda enfrenta investigación por peculado IMPUTACIÓN La Fiscalía Anticorrupción imputó cargos a José Ruiloba Pineda, exjefe de personal del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) y sobrino del diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Raúl Pineda, por la presunta comisión del delito de peculado en perjuicio de esa entidad. Fuentes del Ministerio Público (MP) confirmaron que la semana pasada el Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial confirmó la medida cautelar de notificación periódica los días 15 y 30 de cada mes, así como el impedimento de salida del país a Ruiloba. Previamente, un juez de garantías acogió la imputación presentada por la Fiscalía Anticorrupción al sostener que Ruiloba participó, junto a otros funcionarios del Miviot, en actividades que ocasionaron una grave lesión patrimonial. Ruiloba se presentó ante la Fiscalía Anticorrupción el pasado 30 de mayo, tras conocer que existía una investigación en su contra por la presunta comisión del delito de peculado. La investigación se inició tras la detección de una duplicidad en el cobro de cheques dentro del Miviot, relacionada con el Programa de Ayudas, que presuntamente fue usado para el pago de planillas. En este proceso existen otras 14 personas bajo investigación, que presuntamente habrían recibido cheques de esa entidad sin ejercer funciones concretas. La planilla estaba directamente relacionada con el Programa de Ayudas, el cual presentó inconsistencias por sumas significativas de dinero. Ruiloba también fue denunciado en 2024 por la exdiputada del PRD Zulay Rodríguez por supuestas irregularidades en el manejo de fondos del Programa Techos de Esperanza, dentro del cual se manejaron $2.5 millones y se nombró a 2,288 personas. En el año 2020, Ruiloba también fue sancionado por la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) por incurrir en una conducta que afectó la buena marcha del servicio público. La sanción a Ruiloba fue aplicada luego de que la Antai abriera un proceso administrativo, a raíz de un audio en el que el entonces funcionario exigía a sus colaboradores darle “likes” a publicaciones del exministro de esa cartera, Rogelio Paredes, pidiendo posteriormente disculpas por lo realizado. Ojalá que, cuando llegue el internet, también haya quien lo use. SAVE THE DATE. La embajada estadounidense ya se ha comunicado con los invitados a la recepción por el día de su independencia, para avisarles cuándo será el festejo. Estos son tiempos complicados, en los que no se sabe si la simple presencia en un evento social debe interpretarse como un respaldo irrestricto a las acciones de alguien.
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