1A La Prensa Panamá, miércoles 18 de junio de 2025 El medio libre de Panamá 75¢ Miércoles 18 de junio de 2025 - Año 44 - Nº 15051 Hoy por hoy Después de casi dos meses de paro docente, el Ministerio de Educación aún no puede responder una pregunta básica: ¿cuántas escuelas están funcionando y cuántos docentes están dando clases? No es solo una cuestión de cifras; es el síntoma de una gestión opaca y errática, en medio de una de las crisis educativas más prolongadas del país. Pero la negligencia no es solo oficial. Del lado de los gremios, también hay cuentas pendientes. Utilizar el derecho a la protesta para suspender indefinidamente el acceso a la educación pública ha sido, de facto, convertirla en moneda de cambio. Hoy, mientras se discute una posible negociación para el retorno a clases, el país merece algo más que promesas. Se requiere un compromiso serio de ambas partes. Del Ministerio, transparencia, liderazgo y cumplimiento de su deber institucional. De los gremios, el abandono de estrategias que sacrifican el futuro de miles de jóvenes en nombre de la presión política. La educación no puede seguir secuestrada por la desconfianza, la improvisación y el oportunismo. La política debe salir de las aulas. Y los estudiantes, volver al centro del debate. Ellas.pa De Veraguas a la pasarela italiana: José Lim Ng 6B Mundial de Clubes 2025: Gran apuesta, arranque tibio 10A Deportes Panorama Trump y Netanyahu mantienen conversaciones 7A Economía Panamá ratifica acuerdo de OMC contra sobrepesca 2B Operación Omega deja 48 detenidos; Ministerio de Seguridad confirma una muerte Durante la Operación Omega, desplegada en Bocas del Toro, el Ministerio de Seguridad reportó 48 detenciones y confirmó que se investiga la muerte de una persona cuyo cuerpo fue hallado con una herida en la espalda. VEA 6A Docentes buscan un acuerdo con el gobierno Aleida Samaniego S. [email protected] Por primera vez desde que inició la huelga docente el pasado 23 de abril, la dirigencia nacional de los gremios magisHUELGA Los asesores presidenciales Jorge Ricardo Fábrega, Aníbal Galindo y Ventura Vega se reunieron ayer con la dirigencia docente, en un encuentro mediado por la Iglesia. teriales se sentó a conversar con representantes del Gobierno para explorar una posible salida al conflicto. La reunión se llevó a cabo el martes 17 de junio en la sede de la Arquidiócesis de Panamá y contó con la mediación del arzobispo José Domingo Ulloa. Durante el encuentro, los docentes reiteraron su rechazo a la Ley 462 — que reformó el sistema de jubilaciones— y expresaron su disposición a establecer una mesa de diálogo. Aunque aún no hay un acuerdo, los líderes calificaron el encuentro como un primer paso importante. Aseguraron que el regreso a clases dependerá de avances reales y de un compromiso formal por escrito. El dirigente Edy Pinto aseguró quieren un acuerdo, pero que no les pase lo de Francisco Smith, el dirigente bananero detenido por denuncias penales. VEA 2A Y 6A Alianza informativa Corporación La Prensa y ‘BBC’ La BBC y Corporación La Prensa firmaron un acuerdo que permitirá publicar en español contenido internacional de calidad, incluyendo reportajes y coberturas especiales. El convenio fue anunciado ayer 17 de junio en la Residencia del Reino Unido en Panamá. En la imagen James Dauris, embajador de su majestad británica; Annette Planells, presidente de Corprensa; y Carlos Villalobos, senior business development manager, para América Latina, Estados Unidos y el Caribe de BBC. Richard Bonilla Francisco Smith LP Juan Manuel Díaz [email protected] El Ministerio Público mantiene abiertas 22 denuncias y cuatro querellas por presuntas irregularidades en proyectos ejecutados por el Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades), con un posible perjuicio de $8.2 millones. Las investigaciones se centran en contratos adjudicados entre 2014 y 2019, particularmente en ela Programa de Sanidad Básica, que prometía construir 300 mil baños. Auditorías revelaron anticipos sin justificar, obras sin ejecutar y posible peculado. Tres personas ya fueron imputadas, y continúan las diligencias en varias provincias, incluida Colón. Las denuncias y querellas abarcan un total de 22 proyectos realizados por Conades en diversos puntos del país, VEA 4A MINITERIO PÚBLICO Francisco Smith quedó detenido; su defensa apela decisión de juez Conades bajo la lupa: 22 denuncias y 4 querellas por contratos irregulares Eliana Morales Gil [email protected] Francisco Smith, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria Bananera (Sitraibana), quedó detenido ayer por la presunta comisión de cuatro delitos: contra la administración pública, apología del delito, afectación al servicio público de transporte y asociación ilícita para delinquir. La decisión la tomó una juez de garantías de la provincia de Bocas del Toro durante una audienBLOQUEOS cia. La defensa legal del sindalista apeló la medida por lo que habrá una audiencia el próximo lunes. VEA 6A
2A La Prensa Panamá, miércoles 18 de junio de 2025 Un grupo de docentes marchó el pasado lunes 16 de junio por las calles de la capital. Itzaly Pérez Las contradicciones de Lucy Molinar Aleida Samaniego C. [email protected] EDUCACIÓN El año escolar está en riesgo por un paro docente prolongado, falta de cifras claras, funcionamiento parcial de escuelas y una auditoría que impedirá pagar salarios a más de 30 mil educadores ausentes. Durante el paro indefinido de docentes iniciado el 23 de abril, en rechazo a la Ley 462 que reformó el sistema de jubilaciones de la Caja de Seguro Social, la ministra de Educación, Lucy Molinar, emitió una serie de declaraciones públicas. Aunque defendió la institucionalidad y el derecho a la educación, sus afirmaciones no siempre coincidieron con la realidad que vivían los centros educativos del país. El lunes 16 de junio, Molinar sorprendió al admitir que “el año escolar está en riesgo de perderse si los docentes no regresan el próximo lunes 23 de junio”. Esta declaración contrasta con su insistente narrativa de que la mayoría de las escuelas operaban con normalidad y que se garantizaría la recuperación del tiempo perdido. Molinar advirtió que el año escolar podría estar en peligro si los docentes que aún se mantienen en huelga no regresan a las aulas el próximo lunes, cuando inicia el segundo trimestre del calendario académico. “A partir del lunes, ya tenemos que comenzar a tomar medidas, que es lo que no queremos hacer. Hubiéramos querido que la conciencia imperara, pero nos toca tomar medidas. Tenemos que asegurarnos de que cada niño tenga en su aula un docente. Es nuestra responsabilidad y tenemos que hacerla cumplir porque, a partir del lunes, entra en peligro el año escolar”, enfatizó. La ministra subrayó que la educación es un derecho y que el compromiso del Gobierno es garantizar que todos los estudiantes tengan acceso a sus clases. A finales de abril y comienzos de mayo, Molinar aseguró en entrevistas en medios televisivos que la mayoría de los centros educativos estaban operando con normalidad, mencionando incluso cifras como un 87% de asistencia en distritos como San Miguelito. Sin embargo, gremios magisteriales y varios reportes señalaron que la mayoría de los planteles se encontraban cerrados o funcionando parcialmente. El 6 de mayo, la ministra afirmó públicamente que no habría represalias para los docentes que retomaran las clases, buscando incentivar el retorno a las aulas. No obstante, desde el inicio del paro (23 de abril), Molinar había anunciado que el Meduca “haría cumplir la ley sin excepciones”. En varias intervenciones, Molinar indicó que estaba dispuesta a dialogar con los gremios. Sin embargo, el 29 de mayo acusó a algunos grupos docentes de estar “manipulados por intereses desestabilizadores” y señaló que muchos argumentos del paro estaban “diseñados para infundir miedo con información falsa”. Estas declaraciones tensaron aún más las relaciones con los gremios, que interpretaron el señalamiento como una falta de voluntad real para negociar. Molinar denunció el 21 de mayo que varios docentes habían sido intimidados por sus propios compañeros por no sumarse al paro, afirmando que “no es justo sacrificar a los estudiantes por causas que no les pertenecen”. En uno de los episodios más tensos del conflicto, registrado en video por televisoras y redes sociales, Molinar tuvo que abandonar por una puerta trasera una escuela, el Instituto Profesional y Técnico (IPT) México-Panamá, en Panamá este. Las múltiples declaraciones de la ministra Lucy Molinar durante el paro docente dejaron en evidencia una narrativa oficial marcada por contradicciones. Desde la minimización del impacto del paro hasta acusaciones de manipulación sin pruebas claras, su manejo comunicacional fue cuestionado por carecer de coherencia y sensibilidad frente a una de las crisis educativas más prolongadas del país en años recientes. La admisión de que “el año escolar está perdido” no solo refuerza el argumento de los gremios sobre la gravedad del conflicto, sino que también evidencia una desconexión entre las afirmaciones iniciales del Gobierno y la evolución real del escenario educativo. A pesar de sus esfuerzos por retomar la normalidad en las aulas, las inconsistencias en su discurso contribuyeron a la desconfianza entre los gremios y la comunidad educatide cuarto y quinto grado, cubriendo temporalmente la ausencia del resto del personal. Por otro lado, la viceministra de Educación, Agnes De León, mencionó que, de las 3,112 escuelas públicas en el país, algunas operaban al 100%, otras al 40% o al 60%, pero todas mantenían sus puertas abiertas. Esta información sugiere que, aunque la mayoría de las escuelas permanecieron abiertas, el nivel de funcionamiento varió considerablemente entre ellas. Mientras tanto, la Contraloría General de la República adelanta una de las decisiones más controvertidas del año: más de 30 mil docentes no recibirán salario en la próxima quincena. La medida, sin precedentes en su escala, es el resultado de una extensa auditoría que busca frenar el pago de salarios a docentes del sector oficial que no han asistido a sus puestos de trabajo en medio de una paralización que mantiene al sistema educativo al borde del colapso. “Hoy son más de 17 mil. Pero la próxima quincena serán más de 30 mil los docentes que no cobrarán”, señaló el contralor Anel Flores en una entrevista con La Prensa. “Este proceso no se detiene. Seguimos auditando escuela por escuela”, agregó. A pesar del descontento de los gremios magisteriales, Flores expresó que es una obligación legal. “No se puede pagar por un trabajo que no se ha hecho. Y la ley me prohíbe malgastar fondos públicos”, explicó. “El que no trabaja, no cobra”, remarcó. En resumen, el paro docente y la respuesta gubernamental, marcada por contradicciones y medidas controvertidas, reflejan la complejidad de un sistema educativo al borde del colapso. La transparencia en cifras, un diálogo abierto y una comunicación coherente serán fundamentales para avanzar hacia una solución que respete los derechos tanto de docentes como de estudiantes. va, alejando más una solución efectiva y sostenible al conflicto. Falta de cifras claras y sanciones masivas Hasta el momento, no existen cifras oficiales actualizadas que detallen con precisión el número total de escuelas cerradas ni la cantidad exacta de docentes que no han estado brindando clases durante el paro nacional iniciado el 23 de abril de 2025. El Ministerio de Educación (Meduca) había reportado que, en general, las clases se desarrollaba con regularidad en la mayoría de los centros educativos del país. Sin embargo, se han observado variaciones significativas en la asistencia tanto de docentes como de estudiantes, dependiendo de la región y el nivel educativo. Por ejemplo, en la provincia de Panamá Oeste, se informó que el 60% de los docentes continuaron impartiendo clases, mientras que la asistencia estudiantil fue del 50%, especialmente en el nivel primario. En el Centro Educativo de Las Uvas, en el distrito de San Carlos, solo cuatro docentes voluntarios atendieron a estudiantes Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Aleida Samaniego C. [email protected] Lucy Molinar, ministra de Educación. Archivo Ante la Iglesia, la cúpula de los docentes pide un acuerdo para regresar a clases HUELGA Los dirigentes de los gremios docentes sostuvieron ayer, martes 17 de junio, una primera reunión con representantes del Gobierno en la Arquidiócesis de Panamá, para plantear sus solicitudes sobre la Ley 462 —que introdujo cambios en el sistema de jubilaciones— y evaluar la posibilidad de establecer una mesa de diálogo. Humberto Montero, dirigente magisterial y vocero del Frente Nacional de Educadores Independientes, calificó la reunión como positiva, ya que representa un primer paso para resolver un tema que mantiene a los educadores en paro desde el 23 de abril. Afirmó que los representantes del Gobierno escucharon y tomaron nota de sus planteamientos. Además, el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, compartió algunas reflexiones sobre el conflicto. Por su parte, Edy Pinto, de la Asociación de Educadores de San Miguelito, señaló que el siguiente paso será consultar con las bases para tomar decisiones conjuntas, pues no quieren repetir lo ocurrido con el dirigente de Sitraibana, Francisco Smith, quien fue detenido por el Ministerio Público tras alcanzar acuerdos con el Gobierno. Smith tenía en su contra denuncias penales por varios delitos. Pinto agregó que los representantes gubernamentales presentaron algunas propuestas, las cuales serán evaluadas antes de emitir una respuesta definitiva. Subrayó que el retorno a clases dependerá del avance de las negociaciones y aclaró que no es posible levantar el paro sin un acuerdo formal que lo establezca. En la reunión participaron los asesores presidenciales Jorge Ricardo Fábrega, Aníbal Galindo y Ventura Vega. El lunes pasado, la ministra de Educación, Lucy Molinar, advirtió que “a partir del lunes el año escolar está en peligro” y aseguró que deberá garantizar que “cada estudiante tenga un docente en el aula”, aunque no precisó cómo lo logrará. Recientemente, la Contraloría General de la República anunció que más de 30,000 docentes del sector público, que tiene unos 54,000 maestros, no cobrará su salario la próxima quincena porque no han trabajado al estar en paro indefinido desde el pasado 23 de abril. El contralor Anel Flores dijo que su despacho está auditando una por una las poco más de 3,000 escuelas públicas que tiene Panamá y está “corroborando dónde hay personas trabajando, dónde hay gente que va al trabajo y se sienta y no da clases”.
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4A La Prensa Panamá, miércoles 18 de junio de 2025 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] RASTA. ¿Ya están investigando al exembajador en Jamaica, Pedro Sittón? Si el procurador no se ha enterado, ha circulado ampliamente la posible razón por la que fue cesado del servicio exterior. Lo último es que dos abogados de una misma firma mantenían una estrecha relación con el exdiplomático, participando “de manera reiterada y presencial” en la emisión de visas de tránsito para ciudadanos haitianos. ¿Qué están esperando en el Ministerio Público? ¿Que venga uno de los haitianos a declarar? Y esos haitianos, ¿para dónde iban? Porque si están “en tránsito”, es porque su destino final está en otro lado. Después no entienden por qué nos señalan como punto de paso de migrantes irregulares. OPEN HOUSE. Betserai Richards ha abierto las puertas de la nueva bancada a Patsy Lee y a aquellos diputados de Vamos que — según él— lo contactaron después de divulgarse su video con Grace Hernández, Ernesto Cedeño y Pérez Barboni. Si el que se quiere unir es un PRD, ¿también lo reciben? TRÉBOL. El Municipio de Panamá pretende extender un contrato de limpieza y jardinería de parques, plazas, cementerios e isletas, adjudicado en el año 2016. El contrato original era por $21.6 millones, por 36 meses. Nueve años y $75.9 millones después, sigue vigente. La nueva adenda (que sería la quinta) elevaría el monto a $79.2 millones. ¿Acaso es tan difícil convocar a una nueva licitación para fomentar la competencia, actualizar la prestación del servicio y renegociar el precio? ¿O es que las necesidades del distrito no han cambiado en nueve años? WIFI. En medio de la huelga docente, el Meduca firmó el contrato para proveer internet a todas las escuelas del país, por $44.7 millones. El proveedor tiene seis meses para implementar y poner en marcha el servicio. En 2024 la Fiscalía Anticorrupción imputó cargos a dos personas por el manejo de fondos del Programa de Sanida Básica. Cortesía La sombra de Varela y Cortizo sobre el Conades Juan Manuel Díaz [email protected] INVESTIGACIÓN POR PECULADO El Ministerio Público adelanta 26 procesos por presuntas irregularidades en contratos del Programa de Sanidad Básica. La Fiscalía Anticorrupción imputa peculado a tres personas por malversar fondos públicos; las pérdidas podrían superar $16 millones. El Ministerio Público mantiene en trámite un total de 22 denuncias y cuatro querellas relacionadas con el manejo de fondos del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades), que involucran afectaciones por un monto de $8,239,422. Las denuncias y querellas abarcan un total de 22 proyectos realizados por Conades en diversos puntos del país, relacionados con irregularidades en la asignación de contratos y en la terminación de las obras. Ayer el Ministerio Público realizó una inspección ocular en varios proyectos de Conades que se desarrollan en la provincia de Colón y sobre los cuales se presentaron acciones legales por presuntas irregularidades en el manejo de los fondos. En esa provincia se diligencian tres investigaciones: una por denuncia de Conades y otras dos de oficio, luego de que la Contraloría General de la República enviara al Ministerio Público informes de auditoría por anomalías en el manejo de fondos asignados para obras en esa provincia. Se trata de contratos relacionados con el Programa de Sanidad Básica que se desarrollaron en esa provincia entre los años 2014 y 2019. En abril de 2024, la Fiscalía Anticorrupción imputó cargos a tres personas por la presunta comisión de peculado, y un juez de garantías les aplicó las medidas cautelares de notificación periódica e impedimento de salida del país. Según la fiscalía, los imputados malversaron fondos entregados para el Programa de Sanidad Básica. En noviembre de 2024, el director de Conades, Antonio Tercero González, quien compareció ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional por una serie de traslados de partidas, denunció que su despacho investigaba varios contratos de adelanto relacionados con el Programa de Sanidad Básica. En esa ocasión, Tercero precisó que uno de los puntos más críticos era el monto total estimado de las pérdidas para el Estado: aproximadamente $16 millones en anticipos no justificados y desembolsados en contratos cuyo avance fue nulo. En 2019, la Fiscalía de Cuentas también pidió investigar el destino de los fondos entregados al Programa de Sanidad Básica, por lo que la Contraloría inició una serie de auditorías sobre este programa. Ese mismo año se presentaron una serie de denuncias ante la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información contra funcionarios de Conades por violación de la conducta ética como servidores públicos dentro del Programa de Sanidad Básica. El Programa de Sanidad Básica fue una de las promesas de campaña del expresidente Juan Carlos Varela, con el cual se pretendía entregar 300 mil unidades sanitarias, pero solo se alcanzó la entrega de unas 215 mil, y era gestionado por Conades y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot). A Conades le correspondía gestionar la construcción de unos 85 mil baños, con una inversión de al menos $238 millones, en función de un costo unitario estimado en $3 mil. Al Miviot le correspondía el resto del programa (215 mil baños). Sin embargo, el programa encontró dificultades con el suministro de agua potable para la instalación de los baños. Conades es un organismo adscrito a la Presidencia de la República, creado por el Decreto Ejecutivo No. 163 del 25 de noviembre de 1996, del Ministerio de la Presidencia. Conades trabaja en tres niveles: local, nacional e internacional. Su modalidad de cooperación es descentralizada y promueve las relaciones entre las comunidades locales y sus contrapartes en otros países. Este mecanismo brinda la oportunidad de intercambiar soluciones novedosas y de crear redes de intereses comunes, incluidas, entre otras, la sostenibilidad de los servicios y la protección del ambiente. En septiembre de 2020, durante la administración del expresidente Laurentino Cortizo, a través del Decreto Ejecutivo No. 588 del 23 de septiembre de ese año, Conades y la Unidad Coordinadora y Ejecutora de los Programas de Desarrollo Sostenible (UCEP) quedaron bajo el paraguas del Ministerio de Ambiente. Juan Manuel Díaz [email protected] José Ruiloba Pineda y su tío el diputado Raúl Pineda. LP Sobrino de Raúl Pineda enfrenta investigación por peculado IMPUTACIÓN La Fiscalía Anticorrupción imputó cargos a José Ruiloba Pineda, exjefe de personal del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) y sobrino del diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Raúl Pineda, por la presunta comisión del delito de peculado en perjuicio de esa entidad. Fuentes del Ministerio Público (MP) confirmaron que la semana pasada el Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial confirmó la medida cautelar de notificación periódica los días 15 y 30 de cada mes, así como el impedimento de salida del país a Ruiloba. Previamente, un juez de garantías acogió la imputación presentada por la Fiscalía Anticorrupción al sostener que Ruiloba participó, junto a otros funcionarios del Miviot, en actividades que ocasionaron una grave lesión patrimonial. Ruiloba se presentó ante la Fiscalía Anticorrupción el pasado 30 de mayo, tras conocer que existía una investigación en su contra por la presunta comisión del delito de peculado. La investigación se inició tras la detección de una duplicidad en el cobro de cheques dentro del Miviot, relacionada con el Programa de Ayudas, que presuntamente fue usado para el pago de planillas. En este proceso existen otras 14 personas bajo investigación, que presuntamente habrían recibido cheques de esa entidad sin ejercer funciones concretas. La planilla estaba directamente relacionada con el Programa de Ayudas, el cual presentó inconsistencias por sumas significativas de dinero. Ruiloba también fue denunciado en 2024 por la exdiputada del PRD Zulay Rodríguez por supuestas irregularidades en el manejo de fondos del Programa Techos de Esperanza, dentro del cual se manejaron $2.5 millones y se nombró a 2,288 personas. En el año 2020, Ruiloba también fue sancionado por la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) por incurrir en una conducta que afectó la buena marcha del servicio público. La sanción a Ruiloba fue aplicada luego de que la Antai abriera un proceso administrativo, a raíz de un audio en el que el entonces funcionario exigía a sus colaboradores darle “likes” a publicaciones del exministro de esa cartera, Rogelio Paredes, pidiendo posteriormente disculpas por lo realizado. Ojalá que, cuando llegue el internet, también haya quien lo use. SAVE THE DATE. La embajada estadounidense ya se ha comunicado con los invitados a la recepción por el día de su independencia, para avisarles cuándo será el festejo. Estos son tiempos complicados, en los que no se sabe si la simple presencia en un evento social debe interpretarse como un respaldo irrestricto a las acciones de alguien.
5A La Prensa Panamá, miércoles 18 de junio de 2025
6A La Prensa Panamá, miércoles 18 de junio de 2025 Panorama El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, brindó detalles sobre los hallazgos en la cuenca del río La Villa, fuente de agua para más de 200 mil personas en la península de Azuero, la cual se encuentra en estado crítico. Según explicó el titular de MiAmbiente, las causas del deterioro van desde la deforestación en las riberas hasta el vertido directo de aguas negras y desechos porcinos en los cauces. “Como saben todos, hemos estado viviendo una grave problemática en Azuero por la contaminación ambiental, a su vez de la cuenca del río La Villa y su afluente, el río Estibaná”, declaró Navarro al presentar un informe técnico. Imágenes satelitales, análisis de laboratorio y giras de campo revelan un desastre acumulado durante al menos dos décadas. ElMinisteriodeAmbiente ha identificado 36 puntos de vertimiento, de los cuales 23 son considerados críticos. Entre las fuentes de contaminación más agresivas está la porcinocultura. El ministro detalló que se hallaron 16 granjas que no ‘Estas son prácticas salvajes e ilegales’, afirma Navarro sobre el río La Villa CONTAMINACIÓN cumplían con las normas ambientales, de las cuales ocho ya están en proceso de adecuación. “Se obligaba y se exigía al porcinocultor tomar medidas inmediatas para mitigar el daño que se estaba haciendo, permitiendo que fluyeran aguas contaminadas directamente al río La Villa”, señaló. Una de esas granjas fue cerrada de forma definitiva. Las imágenes comparativas de 2003 y 2025 muestran cómo algunas lagunas de oxidación, construidas sobre el mismo cauce natural, se desbordan durante las lluvias. “Esa quebrada crece... y lleva el contenido de la laguna de oxidación directamente al río Estibaná o al río La Villa. O sea, esta es una receta para el desastre ambiental”, advirtió Navarro. Otro factor que ha agravado el panorama es la descarga ilegal de aguas negras domésticas. El ministro apuntó directamente a barriadas cuyos residuos “se están vertiendo aguas arriba, la totalidad de sus aguas servidas al cauce del río La Villa”. También mencionó un vertedero a cielo abierto en Macaracas, cuyos lixiviados llegan sin tratamiento al Estibaná. “Esto es lo que hemos encontrado. Es importante que todos tomemos conciencia de que este problema existe y ha existido durante los últimos 20 años”. Las consecuencias han alcanzado a las plantas potabilizadoras del Idaan. Navarro fue enfático: “Esto, aguas arriba de las tomas de agua de las dos potabilizadoras del Idaan... son prácticas salvajes, ilegales, absolutamente inaceptables en cualquier país civilizado del mundo”. Operación Omega: 48 detenidos y se investiga un fallecimiento Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] PROTESTAS Uno de los hechos más graves ocurrió en Rambala, donde fue hallado el cuerpo de un ciudadano con una herida en la espalda, cerca del área de los enfrentamientos. La Operación Omega, desplegada por el Ministerio de Seguridad Pública para restablecer el orden en Bocas del Toro, cumplió su cuarto día con un saldo de al menos 48 personas aprehendidas y una investigación en curso por la muerte de un ciudadano hallado cerca del área de los enfrentamientos entre manifestantes y estamentos de seguridad. Así lo informó el viceministro de Seguridad, Luis Felipe Icaza, en una conferencia de prensa desde la Presidencia de la República. “Tenemos 48 personas aprehendidas durante las manifestaciones: 34 por el Ministerio Público y 14 por el juez de paz”, precisó Icaza. Solo en los corregimientos de Almirante y Chiriquicito se detuvo a 16 y 18 personas, respectivamente, mientras que 17 manifestantes —incluido Francisco Smith, dirigente bananero— permanecen bajo detención preventiva. Uno de los hechos más graves ocurrió en Rambala, donde fue hallado el cuerpo de un ciudadano con una herida en la espalda, cerca del área de los enfrentamientos. “La persona, quien presentaba una herida en la espalda, fue atendida por paramédicos de las fuerzas públicas y trasladada al hospital, donde los médicos confirmaron su deceso”, informó Icaza. El funcionario agregó que se abrió una investigación y que “la Fuerza Pública no usa armas letales” en este tipo de operativos, guiándose por protocolos de las Naciones Unidas. Por su parte, la Policía Nacional amplió detalles sobre el incidente: “En la intersección de Rambala se utilizaron gases irritantes para dispersar a la ciudadanía. Luego de consolidar el área, a unos 100 o 200 metros del punto, se observó a una persona tirada en el piso, con una herida en la espalda”, explicaron las autoridades policiales, sin brindar más detalles. La tensión en la provincia ha obligado a las autoridades a movilizar recursos extraordinarios. Más de 1,350 unidades policiales han sido desplegadas en dos ejes operativos, desde Hornitos hasta Changuinola. Según Icaza, se han intervenido 22 puntos de cierre, aunque la mitad de ellos permanece bloqueada. “Aún tenemos 22 puntos cerrados y uno parcialmente abierto”, indicó. Las armas Durante estas intervenciones, las fuerzas de seguridad han incautado 116 bombas molotov, 14 armas blancas y 55 galones de combustible, además de biombos utilizados por los manifestantes como barricadas. “También se han talado 98 árboles para bloquear la vía”, denunció el funcionario, señalando los riesgos que esto representa tanto para la seguridad como para el medioambiente. La situación también ha comprometido seriamente el acceso a servicios básicos en las comunidades más aisladas. Según el Servicio Nacional Aeronaval, la única forma de hacer llegar medicamentos, personal médico e insumos a los hospitales ha sido por vía aérea o mediante embarcaciones como la multipropósito 403. Frente a los cuestionamientos sobre el fallecido en Rambala, las autoridades admitieron que aún no tienen información precisa. “Fue en Rambala. No tenemos mayor información en este momento sobre la víctima”, respondió el viceministro Icaza ante la insistencia de los periodistas. Las autoridades insisten en que no se reabrirán las vías, hasta tener control total de los puntos conflictivos. “Hasta que la Fuerza Pública no pueda garantizar el control completo de los lugares, no se abrirán las vías”, recalcó el viceministro, quien pidió comprensión a la ciudadanía. Una juez de garantías de la provincia de Bocas del Toro ordenó la detención provisional para el dirigente Francisco Smith, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria Bananera (Sitraibana). La decisión se tomó en una audiencia de garantías que concluyó este martes a las 5:45 p.m. De acuerdo con lo que narró Néstor Palacios, abogado del dirigente sindical, Smith fue imputado por la presunta comisión de cuatro delitos: contra la administración pública, apología del delito, afectación al servicio público de transporte y asociación ilícita para delinquir. Palacios anunció que apeló la decisión del tribunal. La audiencia de apelación fue programada para el próximo lunes 23 de junio a las 2:15 p.m. El dirigente sindical compareció de forma virtual desde la sede de la Policía Nacional en Isla Colón, donde permanece bajo custodia tras su aprehensión el domingo 16 de junio en ciudad de Panamá. Durante la diligencia, que se desarrolló en la sede del Sistema Penal Acusatorio de Changuinola, Bocas del Toro, el Ministerio Público estuvo representado por los fiscales superiores Julio Vergara y Joseph Navas. Aunque Smith enfrenta al menos ocho denuncias penales, entre ellas una interpuesta por el abogado y periodista Senén Briceño, su abogado explicó que este proceso surge a raíz de denuncias interpuestas por “señores” del distrito. No dio a conocer nombres. Añadió que entre los señalamientos de la fiscalía figuran daños a la propiedad, como la quema de un taxi y la rotura de vidrios de vehículos, entre otros. Además de Smith, tamDecretan detención provisional para el dirigente FranciscoSmith AUDIENCIA bién fue detenido Gilberto Guerra, secretario de organización de Sitraibana, quien enfrenta cargos similares y permanece bajo custodia en Changuinola. Francisco Smith, en su rol de secretario general de Sitraibana, se convirtió en el rostro visible de la huelga bananera que derivó en el cierre de operaciones de la empresa Chiquita Panamá. La medida fue acompañada por masivos bloqueos de carreteras que, según residentes de Bocas del Toro, llevaron a la provincia al borde del colapso. El sindicato argumenta que la Ley 462, que reformó el sistema de jubilaciones del país, trastocaba la Ley 45, que rige las prestaciones sociales de los trabajadores de la industria bananera. El pasado lunes, el presidente José Raúl Mulino sancionó la Ley Especial 471, que les restituye sus derechos. Sin embargo, Bocas del Toro sigue en crisis, con cierres de calles y disturbios a lo largo de la carretera que conecta a la provincia con el resto del país. Las fuerzas de seguridad pública activaron la operación Omega para despejar las vías. No obstante, al momento de redactar esta noticia existían al menos 22 puntos de cierres, de acuerdo con datos proporcionados por el Ministerio de Seguridad Pública. Eliana Morales Gil [email protected] Francisco Smith, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria Bananera. Captura de pantalla Agentes de la Unidad de Control de Multitudes UCM de la Policía Nacional de Panamá abren una vía cerrada por manifestaciones en Almirante, en Bocas del Toro. EFE/Bienvenido Velasco
7A La Prensa Panamá, miércoles 18 de junio de 2025 Panorama Los recientes cierres y bloqueos de vías podrían afectar la entrega de los Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas (PTMC) o incluso poner en riesgo el pago de los mismos en las áreas de difícil acceso de las provincias de Bocas del Toro, Chiriquí y las regiones comarcales, advirtió el Ministerio de Desarrollo Social (Mides). La institución tiene previsto realizar los pagos de las transferencias monetarias entre el 23 y el 27 de junio, para lo cual se movilizarán más de 230 personas, incluidos pagadores, supervisores y unidades de los estamentos de seguridad. Estos se encargarán de cubrir 26 rutas con 155 puntos de pago ubicados en zonas remotas. La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, hizo un llamado a la colaboración ciudadana para garantizar la logística de los pagos a unos 27,000 panameños en situación de pobreza y pobreza extrema. “Estos pagos representan una forma en que el Gobierno Nacional ofrece un apoyo crucial para que estas personas puedan satisfacer sus necesidades básicas”, destacó Carles. “Solicito a todos que pongan de su parte para continuar brindando esta ayuda”, reiteró. Para estos pagos, el Gobierno Nacional, a través del Mides, desembolsará $5,595,030, los cuales corresponden a los programas Ángel Guardián, 120 a los 65, Red de Oportunidades y el Bono Alimentario Nutricional del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Senapan). Además, el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), en colaboración con el Mides, llevará a cabo ferias en 13 puntos de pago, beneficiando a más de 6,000 personas en 10 distritos de las comarcas Emberá y Ngäbe Buglé. Puntos como Bisira, Bahía Azul, Kusapín y Tobobe, en Bocas del Toro, contarán con estas ferias del IMA, donde se ofrecerán alimentos a bajos costos. Peligran pagos de programas sociales como 120 a los 65 y Ángel Guardián Roxana Méndez, administradora de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND). Cortesía ¿Y la descentralización? La AND apuesta por el ferrocarril Mario De Gracia [email protected] Aleida Samaniego C. [email protected] GOBIERNOS LOCALES Ante el desprestigio por el uso opaco de fondos entre 2019 y 2024, la AND impulsa un nuevo modelo de desarrollo local, centrado en proyectos como el tren Panamá–Chiriquí y con mayor fiscalización. Tras el escándalo de la llamada “descentralización paralela” en distintos municipios y juntas comunales del país, cuyas investigaciones continúan en curso, la Autoridad Nacional de Descentralización (AND) cambia el rumbo de las inversiones en gobiernos locales y apuesta por la inyección de dinero a través de proyectos [públicos y privados]. El proyecto del ferrocarril Panamá–Chiriquí es uno de los principales objetivos para desarrollar localidades fuera del área metropolitana, según informó la entidad este martes 17 de junio en una conferencia de prensa conjunta con autoridades locales y miembros del gabinete. Allí se explicó el rol que busca jugar la AND para llevar desarrollo a los gobiernos locales, no necesariamente con los fondos de descentralización. El ferrocarril se lleva todos los reflectores entre los proyectos que prometen desarrollo local, y en los que la AND impulsa a las autoridades locales a participar. Entre ellos, oportunidades logísticas alrededor de las 14 estaciones anunciadas en 5 provincias. La Asamblea Nacional ya aprobó un traslado de $11.1 millones a la Secretaría Nacional del Ferrocarril, adscrita al Ministerio de la Presidencia, para realizar los primeros estudios técnicos del proyecto, incluido el estudio de impacto ambiental —estimado en categoría 3—, así como los estudios de prefactibilidad de ingeniería y la contratación de personal especializado. “Diferentes empresas trabajarán paralelamente, coordinadas con un gestor de proyecto. Esas diferentes empresas estarán entre 30, 40 o 50 kilómetros cada una, lo que va a crear puestos de trabajo a lo largo de la primera fase [del ferrocarril]”, explicó Henry Faarup, secretario del ferrocarril. La primera etapa a la que hace referencia Faarup abarca unos primeros 210 kilómetros, aproximadamente, pero no hay todavía una fecha para el inicio de la obra de construcción. Nuevo esquema Ese nuevo esquema de inversiones de las que se podrían beneficiar los gobiernos locales, apunta a dejar atrás el halo de opacidad en la descentralización durante el periodo entre 2019 y 2024. “Una historia triste”, es como lo define Roxana Méndez, administradora de la AND, que ha asegura haber interpuesto 238 denuncias por el escándalo. Las fiscalías anticorrupción califican esta investigación como una causa compleja debido al gran volumen de documentos requeridos a cada una de las juntas comunales y al hecho de que algunas de ellas se encuentran en sitios de difícil acceso, lo que se convierte en un obstáculo para acceder a las distintas obras a la que se destinaron fondos. ¿Fin de la opacidad? Una de las primeras medidas que tomó el actual gobierno (2024-2029) para evitar el mal uso de fondos en gobiernos locales fue reducir el presupuesto destinado a la descentralización en el año 2024, una medida a la que las autoridades locales se opusieron y que finalmente se abandonó. Consecuentemente, la AND interpuso las denuncias y exigió a las autoridades locales la rendición de cuentas de los fondos entregados. Hasta el momento, se ha avanzado en un 50% de la revisión de informes de renEl presidente de Estados Unidos, Donald Trump y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, hablaron por teléfono la tarde de ayer, en medio de la escalada del conflicto entre Irán e Israel, según reportaron medios estadounidenses. Un funcionario de la Administración Trump confirmó al New York Times la llamada entre los dos líderes. Sin embargo, no está claro cuáles temas específicos fueron tratados. El mandatario estadounidense convocó una reunión del Consejo de Seguridad Nacional (NSC) en la Casa Blanca, donde se estarían evaluando las opciones para la intervención de Estados Unidos en los esfuerzos de Israel por dañar la capacidad nuclear de Irán. Ayer Trump negó haber iniciado contactos con Irán para propiciar “conversaciones de paz” con Israel y advirtió a Teherán que conocen las vías para dialogar si desean hacerlo. “No he contactado a Irán para ‘conversaciones de paz’ de ninguna manera. ¡Esto son solo noticias falsas y totalmente inventadas! Si quieren hablar, saben cómo contactarme. Deberían haber aceptado el acuerdo que estaba sobre la mesa. ¡Habría salvado muchas vidas!”, escribió el mandatario esta madrugada en su red Truth Social. El mandatario ya había confirmado anteriormente que el régimen iraní expresó a través de intermediarios su voluntad de desescalar el conflicto con Israel, que hoy llega a su quinto día de un fuego cruzado que ha provocado cientos de muertes en ambos países. Trump, quien abandonó abruptamente la cumbre del G7 en Canadá el lunes, desmintió las afirmaciones de su homólogo francés, Emmanuel Macron, de que había regresado a Washington para trabajar en un cese el fuego entre Irán e Israel. La Embajada de Estados Unidos en Jerusalén se mantendrá cerrada desde este miércoles debido a la situación de seguridad que enfrenta la zona. El mandatario también ha estado publicando mensajes cada vez más subidos de tono en su red Truth Social, en los que ha dicho que Trump y Netanyahu mantienen conversaciones en medio de la guerra MEDIO ORIENTE EUA tiene el “control total de los cielos de Irán” dado que cuenta con mejores rastreadores aéreos que la República Islámica y ha pedido el “¡RENDIMIENTO INCONDICIONAL!” del liderazgo iraní. “Sabemos exactamente dónde se esconde el llamado ‘Líder Supremo’. Es un blanco fácil, pero allí está a salvo. No vamos a eliminarlo (¡matarlo!), al menos no por ahora”, señaló el republicano en otro mensaje en la plataforma, donde también advirtió que su “paciencia se está agotando”. Habla el hijo del sha En tanto, Reza Pahlaví, hijo del último sha de Irán, instó al pueblo iraní a protagonizar un “levantamiento”, al considerar que la República Islámica atraviesa un proceso de “colapso”, y aseguró contar con un plan para establecer un gobierno nacional y democrático. “La República Islámica ha llegado a su fin y se encuentra en proceso de colapso”, afirmó Pahlaví en un video difundido en redes sociales, en el que también sostuvo que el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jameneí, “se ha ocultado en la clandestinidad como una rata asustada”. El hijo mayor de Mohammad Reza Pahlaví, que reinó Irán hasta la revolución islámica de 1979, aseguró que “el aparato represivo del régimen se está desmoronando” y que “solo falta un levantamiento nacional para acabar con esta pesadilla de una vez por todas”. “Ahora es el momento de alzarse; el momento de recuperar Irán”, declaró. EFE. WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS Donald Trump y la primera ministra italiana Giorgia Meloni en el marco de su asistencia a la cumbre del G7 en Kananaskis. EFE dición de cuentas a lo interno de la AND, según informó Méndez. La Contraloría General de la República, por su parte, ha realizado hasta 40 auditorías, y el Ministerio Público mantiene sus investigaciones. La entidad, ahora, apuesta por brindar herramientas a las autoridades locales, a través de un foro el próximo 26 de junio, para que se beneficien de la inversión del propio gobierno central, con proyectos como el del tren Panamá-Chiriquí. Para evitar nuevos escándalos, Méndez detalló que han intentado reforzar los controles en el otorgamiento de fondos de descentralización. Asegura que se han implementado sistemas de seguimiento de proyectos en línea, supervisión en campo y planificación alineada con las prioridades de cada distrito. A la fecha, la entidad informa la destinación de fondos para proyectos en gobiernos locales por un monto de $30.8 millones, enfocados en vialidad, deporte, agua e infraestructura pública. De momento, no se han alertado irregularidades. A pesar del avance en las investigaciones, no hay condenados aún por las presuntas irregularidades de la “descentralización paralela”. Entre los casos que se investigan está el de Seren Mosquera, edil de Curundú y actual presidente del Concejo Municipal de Panamá [representante de Curundú 2019-2024]. También se presentaron denuncias contra los exrepresentantes de los corregimientos de San Francisco, Ernesto Córdoba Campos y Pacora: Carlos Pérez Herrera, Rubén Medina y Hugo Henriquez respectivamente.
8A La Prensa Panamá, miércoles 18 de junio de 2025 Integrantes de la expedición que atravesó la cordillera de Talamanca que divide Chiriquí y Bocas del Toro. Cortesía Los trocheros: 50 años de una travesía histórica Joaquín González ESPECIAL PARA LA PRENSA [email protected] HAZAÑA En 1975, un grupo de chiricanos atravesó a pie la selva de la cordillera de Talamanca, desde Caldera (Chiriquí) hasta Chiriquí Grande (Bocas del Toro), en defensa de la soberanía y la integración nacional. Fueron 33 días de selva, lodo y voluntad. El 12 de julio de 1975, un grupo de entusiastas chiricanos, conocido como los trocheros, emprendió una travesía histórica desde Chiriquí hasta Bocas del Toro, haciendo llegar por primera vez un vehículo (jeep), atravesando la selva virgen en la cordillera de Talamanca, desde la población de Caldera (Chiriquí) hasta las costas de Chiriquí Grande (Bocas del Toro). La expedición duró 33 días, durante los cuales los expedicionarios tuvieron que superar vicisitudes de todo tipo, desde lidiar con los mosquitos, aguaceros y víboras, hasta el cansancio impuesto por la propia selva, que en todo momento amenazaba con tragárselos, como en La vorágine, de José Eustasio Rivera. El objetivo de esta singular proeza fue demostrar a las autoridades del gobierno y al país entero la factibilidad de construir una carretera por este sector, que lograría terminar con el aislamiento terrestre de las dos provincias hermanas. De esta forma, los trocheros chiricanos, provistos de un inclaudicable espíritu rebelde, independiente y emprendedor, prefirieron enfrentar la bravura de la selva antes que tener que utilizar los tradicionales atajos de la adulación política para llamar la atención y conseguir así la realización del anhelado proyecto por parte de los gobiernos históricamente centralistas. En esta odisea participó cerca de 80 ciudadanos de todos los sectores de la sociedad chiricana: médicos, ingenieros, mecánicos, profesores, agricultores, obreros, campesinos y bocatoreños residentes en las mantener canalizada la atención de los trocheros en el objetivo trazado. Lo cierto es que el objetivo final de los trocheros se alcanzó la mañana del 14 de agosto de 1975, cuando por fin llegaron a Punta Peña, en Chiriquí Grande (Bocas del Toro), luego de 33 días de agobiante esfuerzo. Allí, frente a las aguas del Atlántico, chiricanos y bocatoreños se abrazaron fraternalmente, exteriorizando su emoción reprimida: lanzando sombreros al aire, unos; dejando escapar una lágrima, otros. Han transcurrido 50 años de aquella fecha histórica y, en el contexto de la grave e incongruente situación de zozobra e incertidumbre que vive hoy el país, y la provincia de Bocas del Toro en especial — producto del aislamiento forzado por razones que parecen reñir con el más elemental sentido común—, sin duda, la ocasión es propicia para reflexionar, reconocer y valorar todavía más la proeza de aquellos trocheros: hombres y mujeres visionarios, que abandonaron a sus familias y, abrigados por un ideal desinteresado, se internaron en la selva en una aventura quijotesca, pero llena de patriotismo, que se constituyó finalmente en el motor definitivo que generó la inspiración necesaria para que la carretera Chiriquí-Bocas fuese una realidad a partir de abril del año 2000, cuando se inauguró oficialmente por el gobierno de turno, constituyéndose así en el segundo canal panameño o canal seco para esta región del país. Un 24 de junio de 1902, hace casi 123 años, el presidente estadounidense Theodore Roosevelt firmó la ley Spooner, proyecto aprobado apenas ocho días antes por el Senado. Su contenido: proceder con la construcción del canal en Panamá. Existían múltiples factores que hacían imperiosa la necesidad de lograr la comunicación interoceánica; la nación del norte crecía vertiginosamente tras haber superado la Guerra Civil y la crisis económica de 1893. El espléndido desarrollo del oeste y la costa occidental, además del dominio total sobre el Caribe, Hawái y las Filipinas, resultante de la victoria contra España en 1898, hacían evidente la conveniencia de la construcción de un canal. Roosevelt, fanático del dominio de los mares, convirtió el tema en la prioridad de su gestión. Las opciones, claramente definidas a lo largo de múltiples estudios y exploraciones habidas en el curso del siglo XIX, eran Nicaragua y Panamá. Existía experiencia acumulada; vale la pena mencionar antecedentes como los rotundos fracasos habidos en ambas rutas: el muy conocido de los franceses (1880 a 1897) y el poco conocido intento de los americanos (1890 a 1893), en el cual se utilizaron dragas, residuos del proyecto galo, en el río San Juan. El 9 de enero de 1902, con baseenelamplioestudioylas recomendaciones de la Segunda Comisión Walker, la Cámara de Representantes aprueba la ruta nicaragüense. Fue presentada por WilliamHepburnyapoyadapor el senador John T. Morgan, ambos fanáticos defensores de dicha ruta. Esto, nada menos que mediante una abrumadora mayoría de 309 contra 2. Poco tiempo después, la comisión del Senado reconfirma esta opción mediante una votación de 9 contra 4. ¿Y cómo fue que cambió el asunto? Las opciones eran ampliamente favorables a Nicaragua. Nada se hablaba ya de Panamá, vocablo convertido en Francia en sinónimo de desastre y corrupción. Como veremos, las cosas fueron mucho más complejas y difíciles que lo del cuento de la estampilla del volcán Momotombo humeante… En primer lugar, Philippe Bunau-Varilla, quien a principios del año 1901 había efectuado un extenso recorrido por las principales ciudades de Estados Unidos divulgando las bondades y superioridad de la ruta istmeña, logra en París, en una acalorada sesión de la Compañía Nueva del Canal, la rebaja del precio de sus haberes en Panamá, inicialmente de 109 a 40 millones, el precio que, en opinión del almirante Walker, favorecería la opción Panamá. El otro evento que cambió nuestro destino ocurrió el 18 de enero de 1902. Procedamos a detallarlo: desde años antes, el abogado William La Ley Spooner y el nacimiento del canal SPOONER ACT Nelson Cromwell, contratado como cabildero, hacía esfuerzos para promover la ruta panameña. Cromwell, con fondos de la Compañía del Ferrocarril, hizo una cuantiosa donación política y estableció amistad con el senador Mark Hanna, muy cercano a Roosevelt. El presidente, influenciado por este y basado también en la opinión del reconocido ingeniero George Morrison, destacado miembrodelacomisiónWalker,logra unánimemente la reversión de la recomendación, ahora en favor de Panamá. ¡La ruta istmeña tiene el apoyo del Ejecutivo! Los detalles de las sesiones del Senado en junio de 1902 son poco conocidos y merecen una revisión. Se enfrentaron el senador Morgan, sureño, demócrata, defensor de la alternativa nicaragüense, y el senador Hanna, norteño, republicano, defensor de la panameña. Morgan tenía un arma muy poderosa: la aprobación por parte de la Cámara de Representantes. Su presentación fue erudita, mencionando factores geográficos, climáticos y geopolíticos. Enfatizó el fracaso francés, la inestabilidad política de Colombia y restó importancia al asunto de los volcanes, tema ya analizado en el estudio Walker. Incluso mencionó el terremoto ocurrido en Panamá en 1882. Pero las circunstancias ya habían cambiado en favor de Panamá: el veterano senador Hanna, apoyado por Roosevelt, presentó la alternativa. Fue asesorado por Cromwell, quien había intervenido en la redacción de la propuesta Spooner. Hizo énfasis en las ventajas: los puertos, el ferrocarril, el conocimiento de la ruta y los avances obtenidos por los franceses. Se aludió al desastre del Monte Pelée en Martinica y se presentó un enorme mapa que señalaba los volcanes activos de Centroamérica, ninguno en Panamá. Las discusiones siguieron por varios días, con apasionadas intervenciones por parte y parte. Se trataba del proyecto más importante de la historia del país. Por supuesto que existían grandes intereses económicos ocultos, como los de Bunau-Varilla y, más aún, los del grupo de inversionistas organizado por Cromwell, como también los de los millonarios que habían invertido en el fracasado proyecto de Nicaragua. La pintoresca intervención de Bunau-Varilla con la estampilla fue importante, aunque el asunto de los volcanes había sido ya ampliamente discutido. En nuestra opinión, sirvió de excusa para que algunos senadores inicialmente a favor de Nicaragua “se le voltearan” a Morgan. El 19 de junio de 1902, Panamá ganó estrechamente 42 a 34, con pocas abstenciones. La opción nicaragüense quedó sepultada después de casi 100 años. Tanto William Nelson Cromwell como Philippe Bunau-Varilla estuvieron presentes y asesoraron a los proponentes de la ruta istmeña. Aquello de que trabajaron cada uno por su lado es un mito absurdo. Una vez más, de no ser por los intereses ocultos de estos personajes: inteligentes, audaces, intrigantes y ambiciosos, el canal probablemente estaría en Nicaragua y Panamá podría haber continuado como departamento de Colombia. Percy Núñez J. [email protected] (q.e.p.d.), todos ellos de la Sociedad Amigos de la Naturaleza (SANAT). Las difíciles condiciones de trabajo, la inclemencia del clima, el sofocante calor y las lluvias constantes, además de la presión negativa del lento avance, requirieron, sin duda, de un liderazgo y una capacidad de motivación encomiables por parte de los dirigentes, a fin de áreas circunvecinas, que fueron sumándose con el avance de la expedición. El grupo fue organizado y dirigido por el ingeniero Carlos Enrique Landau (q.e.p.d.), el profesor Heberto Anguizola (q.e.p.d.), el periodista Ramón Guerra (q.e.p.d.) y el doctor Franklin Anguizola
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