3A La Prensa Panamá, sábado 14 de junio de 2025 Panorama Un tribunal de juicio dictó un veredicto absolutorio a favor de Alan Moreno excolaborador de la Fundación Chilibre Panamá (Funchipa) a quien se le habían formulados cargos por peculado. Previamente, ese despacho judicial avaló acuerdos de pena de 60 meses de prisión a cuatro personas por los mismos cargos. Durante el juicio, que se desarrolló en el edicio 725 del Sistema Penal Acusatorio (SPA), ubicado en Ancón, el tribunal decidió absolver de los cargos a Moreno por considerar que la scalía anticorrupción no presentó pruebas sucientes sobre su presunta vinculación al ilícito investigado. Al inicio del juicio, el triCuatro condenas y una absolución en caso de albergues SPA El nuevo Centro Regional Universitario (CRU) de San Miguelito, ubicado en la entrada de Chivo Chivo en el corregimiento de Las Cumbres, en Panamá norte. Isaac Ortega ‘La responsabilidad es del contratista’: UP sobre pagos a Pineda y su hijo Mónica Palm [email protected] Juan Manuel Díaz [email protected] PROYECTO DEL CRUSAM ‘Esa responsabilidad recae exclusivamente sobre la empresa adjudicataria, la cual debe regirse por las normativas legales y scales vigentes bajo la supervisión de los entes reguladores’, dice el comunicado de la Vicerrectoría administrativa. La Universidad de Panamá (UP) no puede responder por los fondos que maneja el Consorcio HCG, S.A., contratista del Centro Regional Universitario (CRUSAM) de San Miguelito, el cual realizó pagos al diputado Raúl Pineda y a tres personas detenidas como parte de la operación Jericó (incluido su hijo, Abraham Rico Pineda). Así lo expresó la UP a través de un comunicado emitido el jueves por la Vicerrectoría Administrativa, una semana después de que La Prensa informara que el Ministerio Público maneja informes de transacciones bancarias que indican que, además de beneciar a Pineda, su hijo y las otras dos personas ligadas a Jericó, el Consorcio HCG presuntamente desvió fondos a cuentas personales relacionadas con Juan José Zonta y Luis Alberto Gaitán —socios de la empresa—, con el n de “capitalizar” propiedades, vehículos de alta gama y depósitos a plazo jo. La UP, que reconoce haber pagado ya el 81% del costo total de la obra (adjudicada hace cinco años por $65.9 millones, pero que ya asciende a casi $85 millones), sostiene que no tiene responsabilidad sobre la gestión o uso posterior de los fondos entregados a la empresa para el desarrollo del proyecto. “Esa responsabilidad recae exclusivamente sobre la empresa adjudicataria, la cual debe regirse por las normativas legales y scales vigentes en la República de Panamá, bajo la supervisión de los entes reguladores del Estado”, señala el comunicado, rmado por el vicerrector administrativo, Arnold Muñoz. “Nuestra responsabilidad es asegurar que los fondos públicos asignados a la UP se ejecuten con transparencia, exigiéndose la debida justi cación de cada centavo previo a su desembolso, tanto por nuestro equipo técnico como por la Contraloría General de la República”, agrega. En cuanto a la Contraloría, tanto el rector Eduardo Flores como el vicerrector Muñoz sostienen que se solicitó revisar el procedimiento utilizado para - jar el monto del equilibrio contractual invocado por el contratista, el cual incrementó la obra en $15.6 millones. Originalmente, el consorcio pedía $28 millones. La UP no ha realizado ningún pago ligado al equilibrio contractual, sostiene el vicerrector en el comunicado emitido el jueves. El incremento por equilibrio contractual se encuentra en la sexta y última adenda al contrato, rmada por el rector Flores y por Zonta, en representación del Consorcio HCG. El rector indicó que la soLa Asamblea Nacional aprobó ayer el proyecto de ley 290, que establece un régimen especial para los trabajadores de la industria bananera en lo referente a sus pensiones de invalidez, vejez y muerte. La votación quedó de la siguiente manera: 54 votos a favor, 1 voto en contra y 1 abstención. El proyecto llegó a la Asamblea luego de un mes de cierres de vías en la provincia de Bocas del Toro y de una paralización de labores del Sindicato de Trabajadores de la Industria Bananera (Sitraibana) en la empresa Chiquita Panamá. “La huelga es legal”, aseguró Francisco Smith, secretario de Sitraibana, al terminar el tercer debate del proyecto. “Se demostró que se había tocado la ley bananera [Ley 45 de 2017, sobre pensiones de trabajadores bananeros]”, sentenció el dirigente. La Ley 45 de 2017 sufrió modicaciones con la Ley 462 de 2025, que reformó la Caja de Seguro Social (CSS), algo que mantuvo al sindicato en las calles de Changuinola, Bocas del Toro. En ese sector se levantaron los cierres, pero todavía persisten otros puntos cerrados por personas no sindicalizadas, que rechazan la Ley 462 en sí misma. Smith, por su parte, reconoció que no todo en la Ley 462 “es malo”, pero que había cuestiones que modi- car, como el caso de los trabajadores bananeros. Al tiempo, hizo un llamado al diálogo para que otros sectores busquen la mediación de la Iglesia para acercarse al gobierno. Por otro lado, la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, señaló que “como Estado, cumplieron”, respecto a las peticiones de los trabajadores bananeros. Por tanto, dijo que espera que el sindicato “cumpla” con su parte del Asamblea aprueba proyecto de ley especial para trabajadores bananeros RECHAZO A LA LEY 462 acuerdo, que es levantar los cierres en distintos sectores de la provincia. Reacciones en el debate El diputado Ernesto Cedeño, se mostró contrario a la idea de que se apruebe el proyecto, puesto que lo consideró inconveniente, señalando que contraviene el Reglamento Orgánico del Régimen Interno (RORI) del Legislativo. “Ese proyecto llegó antes de ayer y la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, que no citó a la Caja de Seguro Social (CSS) y esta es una ley que compete a la CSS”, explicó Cedeño. Por otro lado, el diputado Benicio Robinson, de la provincia de Bocas del Toro, agradeció a la Asamblea haber dado trámite al proyecto. En tanto, la diputada Yamireliz Chong, dijo que se había evidenciado que la Ley 462 afectó de alguna manera la Ley 45, de los trabajadores del sector bananero, por lo que se hacia imperativo aprobar el proyecto 290. El proyecto tuvo un trámite expedito luego de la reunión entre Sitraibana y los diputados. El miércoles 11 de junio se logró el acuerdo entre ambas partes. Ese mismo día, por la noche, se aprobó en primer debate el proyecto en la Comisión de Salud. Mario De Gracia [email protected] La ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, abraza a Francisco Smith, tras la aprobación del proyecto de ley especial. Elysée Fernández bunal validó cuatro acuerdos de pena con sanciones de 60 meses de prisión por el manejo irregular de fondos entregados por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) a Funchipa que administraba un albergue en el área de Tocumen. Entre los imputados que alcanzaron acuerdos de pena se encuentran Xenia Moreno e Ilka Moreno. También fueron sancionados con 60 meses de prisión Diosmar Porras y Oscar Sánchez. Moreno fue el único de los procesados que se rehusó a aceptar los acuerdos de pena, y estuvo presente durante todo el juicio. Por este caso también se habían imputado cargos a la exdirectora del albergue Xenia Medina, pero en su caso se declaró extinguida la acción de la causa penal, tras su fallecimiento. En este proceso, dos de las excolaboradoras de Funchipa aceptaron devolver la suma de $9 mil cada una, lo que fue tomado en cuenta por el juez al momento de la validación de los acuerdos de pena. La Fiscalía Anticorrupción atribuyó a los imputados una lesión patrimonial de $111 mil 310, monto revelado tras una auditoría de la Contraloría General de la República. La investigación se inició el 29 de julio de 2019, tras una denuncia presentada por el Mides, tras detectar anomalías en el manejo de fondos y asignación de vehículos en el albergue. La auditoría del Mides –que denunció el caso en 2020– encontró que entre abril y noviembre de 2019 hubo gastos no presupuestados y no autorizados por esa entidad. El albergue también estuvo envuelto en un escándalo por maltratos y abusos a menores que se encontraban bajo su custodia. Varios de sus excolaboradores fueron imputados por la comisión de delitos de maltrato al menor. En agosto de 2020, la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) presentó un informe sobre hallazgos de maltrato y situaciones irregulares en perjuicio de menores que se encontraban bajo la responsabilidad de ese y otros albergues que operaban en el país, lo que originó varias investigaciones del Ministerio Público. licitud fue enviada mediante una nota al contralor Anel Flores el pasado 2 de enero, y ya recibió una respuesta. “No pueden adelantar criterio al respecto, pues la Contraloría tendrá que scalizar las correspondientes gestiones de cobro”, reveló Flores. ¿Por qué se solicitó revisar el monto del equilibrio contractual apenas cuatro meses después de haber rmado la adenda? “A nales de 2024 se estableció el equilibrio contractual con la aprobación del contralor del gobierno anterior, pero para vericar que todo estuviera conforme a la norma, en los primeros días del nuevo contralor se le solicitó, si lo consideraba oportuno, revisar este proceso”, respondió. Anel Flores asumió como contralor el 2 de enero pasado (el mismo día en que la UP envió la nota), en reemplazo de Gerardo Solís. El reclamo que presentó la empresa a la UP, reclamando un incremento en el precio de la obra por equilibrio contractual, fue gestionado por la rma forense de Odila Castillo, una abogada que fue asesora de Solís en su etapa como contralor. En tanto, el Ministerio Público solicitó información a la UP sobre los pagos realizados al Consorcio HCG, tras conocer que el contratista desvió fondos a sociedades y cuentas ligadas al diputado Pineda y los tres investigados por presunto blanqueo de capitales, como parte de la operación Jericó. El diputado ha cuestionado las publicaciones y niega haber recibido cualquier pago “indebido”. “La Prensa, en notas sesgadas y malintencionadas, pretende vincular a mi hijo y a mí con supuestos pagos indebidos relacionados con uno de los proyectos más importantes para San Miguelito: el Centro Regional Universitario (CRU). Rechazo categóricamente tales insinuaciones, que son totalmente falsas”, dijo en su cuenta de X. Pineda fue presidente del club de fútbol Sporting de San Miguelito hasta el año 2020, cuando fue reemplazado por Zonta. Zonta, por su parte, ha dicho que los documentos que maneja el Ministerio Público tienen información “manipulada”.
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